Piden un movimiento de unidad en toda la comunidad autónoma como el que se produjo el 4 de diciembre de 1977

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lanzado mediante un artículo publicado en el diario El País una propuesta para reformar el modelo territorial de España sin necesidad de tocar la Constitución. Su plan, que supuestamente se negociaría de manera bilateral entre los gobiernos central y vasco a través de una llamada “convención constitucional”, permitiría ampliar las competencias de las comunidades históricas —cita expresamente a Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña— y reconocer en todas ellas la “capacidad de decidir pactada”, eufemismo del derecho de autodeterminación. Alejandro Rojas-Marcos y varios antiguos líderes del Partido Andalucista (PA) han reaccionado a la propuesta con un manifiesto titulado ‘Sin Andalucía, no, lehendakari Urkullu’.

La propuesta de Urkullu, expuesta en un artículo publicado en El País, no detalla ni las nuevas competencias que asumirían esas comunidades para ampliar su autogobierno ni aclara si el objetivo final de reconocer “la capacidad de decidir pactada” es celebrar una consulta para la independencia.

El escrito del lehendakari no incluye las palabras “independencia” ni “derecho de autodeterminación”, lo que podría evitar de partida el recelo de PP y PSOE a abrir un diálogo sobre este plan. Urkullu habla solo de reinterpretación de la Constitución para alcanzar esos objetivos políticos y ahuyenta así el fantasma de una reforma de la Ley Fundamental a sabiendas -dice El País- de que sería inviable porque no existe ahora mayoría suficiente para culminar con éxito esa tarea nunca antes emprendida en la etapa democrática, salvo para asuntos muy puntuales.

Según la interpretación del diario madrileño, la propuesta está formulada como un intento de construir un futuro plurinacional sin la tensión territorial que sufre España desde hace años; “un planteamiento novedoso y viable desde el punto de vista de su constitucionalidad”. Salvando las distancias y reconociendo las diferencias, las ideas del lehendakari para un cambio del modelo territorial que amplíe el autogobierno de cuatro comunidades tiene un trasfondo parecido a la propuesta de reforma del Estatuto Político de Euskadi, el llamado plan Ibarretxe, que PSOE y PP tumbaron en el Congreso hace 18 años.

Íñigo Urkullu, presidente del Gobierno vasco

El lehendakari Iñigo Urkullu considera que, ante la «actual encrucijada política», su propuesta de convención constitucional podría constituir «una forma flexible y creativa» para reconocer la realidad plurinacional del Estado.

Urkullu explica que se trata de un recurso utilizado en la cultura política anglosajona y que no conllevaría una modificación previa de la Constitución. En concreto, este foro se limitaría a analizar y actualizar «aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial». Admite el lehendakari que no sería «una fórmula mágica ni un camino expedito», pero podría abrir «nuevas posibilidades de desarrollo futuro».

Según el lehendakari, la actual coyuntura política, con unas elecciones generales que «ratificaron la diversidad y pluralidad en el Estado», abre «una nueva oportunidad». Así, propone «un doble pacto». Por una parte, y en primer lugar, llama a «firmar un acuerdo preliminar de bases para la convocatoria y desarrollo de una convención constitucional sobre el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada».

En segundo lugar, insta a celebrar, en el plazo de un año, dicha convención para analizar «el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución», «el autogobierno de las comunidades de raíz foral» o, incluso, «el autogobierno de las nacionalidades históricas».

RESPUESTA ANDALUCISTA

Alejandro Rojas-Marcos, Miguel-Ángel Arredonda, Pedro Pacheco, Antonio Moreno, Emilio Pérez Ruiz y José Nuñez, históricos exdirigentes del extinto Partido Andalucista (PA), han reaccionado a la iniciativa del político vasco suscribiendo un manifiesto titulado ‘Sin Andalucía, no, lehendakari Urkullu’, que dice textualmente lo siguiente:

«La propuesta de reordenación territorial de España que
acaba de lanzar el Lehendakari Urkullu exige una respuesta
urgente desde Andalucía.
Es lo que pretendemos los abajo firmantes, con la
legitimidad que nos da el haber sido representantes del
pueblo andaluz, en nombre del primer y único partido
andaluz de la Historia, el Partido Andalucista, presente en los
Parlamentos de Andalucía, España y Europa.
La iniciativa de Urkullu es oportuna, por las actuales
circunstancias políticas del Estado español, y legítima, por la
autoridad del máximo representante del pueblo vasco.
Es evidente, que el modelo territorial que diseñó el
constituyente de 1978 ya hace tiempo que viene dando
señales de agotamiento, como es normal en el transcurso del
tiempo, y es hora de explorar nuevos caminos, con
clarividencia y sin dramatismos.

Alejandro Rojas-Marcos, fundador del Partido Andalucista (PA)

Desde Andalucía, que es nuestra prioridad, su iniciativa
no debe ser demonizada porque eso sólo nos conduciría a la
parálisis y al enfrentamiento. Y, lo que es peor, a que el
centralismo siga beneficiándose de ello.
Los andaluces tenemos mucho que decir, porque el
estatus jurídico-constitucional de esta nacionalidad histórica
es idéntico al de Euskadi, Cataluña y Galicia, a las que se
dirige, exclusivamente, la propuesta de Urkullu, con
interesado y expreso olvido de Andalucía.
Estamos convencidos de que una inmensa mayoría de
la sociedad andaluza, así como la práctica totalidad de sus
fuerzas políticas, coinciden en que Andalucía conquistó la
igualdad con las llamadas nacionalidades históricas el 4 de
diciembre de 1977, en las calles, el 28 de febrero de 1980,
en las urnas, y el 21 de octubre siguiente, al acordarse, por
unanimidad el desbloqueo de la autonomía en el Congreso.
Por cierto, a instancia original del Partido Andalucista.

No olvidemos que las Cortes de 1978 diseñaron una
Constitución profundamente discriminatoria, en favor de
esas nacionalidades, que sólo el empeño del pueblo andaluz
y su vanguardia andalucista pudieron quebrar, a duras
penas, al tiempo que escribían una de las más vibrantes
páginas de su historia.
Las actas del Congreso de los Diputados dan fe,
reiteradas veces y con crudeza, de la intención
esencialmente discriminatoria del pacto constitucional en
relación con la organización territorial del Estado, mantenida
en el tiempo y expresiva del pacto que derecha e izquierda
españolistas ahormaron durante la Transición para satisfacer
las reivindicaciones de los nacionalismos vascos y catalán,
también responsables interesados de tal discriminación.
Un pacto que, en un momento inicial, los andaluces
hicimos saltar por los aires, aunque con el paso de los años
los sucesivos gobernantes andaluces lo han ido asumiendo,
atentos prioritariamente a conquistar el gobierno del Estado
con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas y vascas, que,
a cambio, obtenían pingües beneficios políticos y
económicos.

Por cierto, Urkullu hace referencia a Galeuzca, la alianza
constituida por fuerzas políticas gallegas, vascas y catalanas.
Pues bien, es oportuno recordar que, en su día, el Partido
Andalucista pidió la integración en esa alianza y fue
rechazado. Prueba fehaciente de la actitud histórica
discriminatoria de tales fuerzas.
El Lehendakari Urkullu traza la línea roja de la
desigualdad en las comunidades que tuvieron “autogobierno
previo a la Constitución de 1978”. Es cierto que las tres
nacionalidades citadas lo consiguieron durante la República,
pero no es menos cierto que Andalucía lo tenía previsto para
septiembre de 1936. ¿No es el colmo que la línea roja del
señor Urkullu, como en su día de los constituyentes, venga
marcada por el golpe de estado del General Franco?

No debemos sorprendernos si, en el proceso de revisión
de la estructura territorial al que convoca Urkullu, la derecha
y la izquierda estatales estén dispuestas a volver a pactar
una nueva discriminación para volver a satisfacer las
reivindicaciones de los nacionalismos vasco y catalán,
siempre que ello les ayude a conquistar el Gobierno de
España.

Decenas de miles de personas marcharon por la Avenida de la Constitución de Sevilla el 4 de diciembre de 1977 en demanda de una autonomía plena para Andalucía

Si leemos con detenimiento y sin prejuicios el “Plan
Urkullu”, de enorme potencia en el fondo y de extrema
suavidad en la forma, veremos que parece dirigirse tanto al
PP como al PSOE, y si nos apuran al Tribunal Supremo, al
Constitucional y a la Corona, con un elemento nuevo: la
fuerza de estos nacionalismos en 2023 es infinitamente
superior a la que gozaban en 1977, por lo que es razonable
pensar que sus posibilidades de éxito son aún mayores.
Nos atrevemos, por tanto, a lanzar una propuesta que
es de esperar que pueda gozar de un amplio consenso.
Nuestras instituciones públicas (Ayuntamientos,
Diputaciones, Parlamento de Andalucía, Gobierno andaluz) y
los partidos políticos que las conforman deberían hacer como
hicieron el histórico 4 de diciembre, proclamar, unidos todos
desde el primer momento, que Andalucía no aceptará, bajo
ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las
nacionalidades originariamente beneficiadas por la
Constitución.
Y ello, no va a ocurrir con nuestro cómplice silencio y
sin nuestra indignada denuncia».

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