El gobierno de Sanz los recalifica en la Hacienda del Rosario para más viviendas y con más edificabilidad
La sexta recalificación en este sentido en los últimos años, en este caso acordada en el ámbito de la Hacienda del Rosario por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que se celebró el pasado 30 de abril (2025), elevará en 19.083 m2 los suelos calificados previamente como productivos en el Plan General de Ordenación Urbana vigente y que acabará perdiendo la ciudad de Sevilla.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado un «nuevo capítulo» de «urbanismo a la carta» con el que el gobierno del PP «está beneficiando a unos pocos en detrimento del interés general de la ciudad». En concreto, Muñoz se refiere a una actuación urbanística en la avenida Vía Apia, en la Hacienda del Rosario, entre los distritos Este-Alcosa-Torreblanca y Cerro Amate, «donde se ha aprobado un cambio de uso de suelo».
«Originalmente, esta parcela estaba calificada como industrial mixto y se ha pasado a un uso residencial y terciario, compatible con un incremento de la edificabilidad y una drástica reducción del destino industrial mixto, según se recoge en la Junta de Gobierno Local del pasado 30 de abril», señala el grupo Socialista en una nota de prensa. El equipo de gobierno de Sanz, que de inmediato sale al paso de cualquier crítica o acusación de la oposición, ha guardado esta vez un significativo silencio.
El PSOE destaca que el Gobierno local ha reducido el uso industrial mixto «de 30.294 metros cuadrados a sólo 11.211» para aprobar una «calificación lucrativa de vivienda libre y terciario compatible: 226 viviendas libres y 1.805 metros cuadrados de terciario, para uso comercial y hotelero». Y, además, «se ha aumentado la edificabilidad total de 30.294 a 34.500 metros cuadrados».

La avenida Vía Apia
«Esto no es una operación para facilitar vivienda asequible o protegida, ni para revitalizar la zona: es una operación para sacar el máximo rendimiento económico al suelo, construyendo viviendas libres dirigidas a un mercado de alto poder adquisitivo, en una zona donde precisamente no residen sevillanos con esas rentas», apunta Muñoz.
Desde el Grupo Socialista se indica que la promotora, Caralca Solar, ha presentado «hasta cinco versiones del estudio de ordenación» -la primera data de julio de 2024, y la aprobada, del pasado mes abril-. «En ella, solicita el cambio de uso de este suelo urbano, con obras de urbanización recepcionadas y con unas estructuras de cinco edificaciones inacabadas en la manzana y un sótano de aparcamientos, con el objetivo de lograr «una mejora urbana» y evitar «problemas de seguridad, ornato y salubridad» en la parcela y en el entorno.
Una justificación que un informe del secretario general de septiembre de 2024 -afirma el portavoz municipal del PSOE- «considera insuficiente y pide subsanar, pues cree que debe tener también su reflejo en informes técnicos que incorporen un juicio de contraste entre la situación actual y la futura, cumpliendo así con lo exigido por la ley». Algo que en el expediente «se limita a un informe del gerente de Urbanismo, en el que escuetamente considera suficientemente justificada la mejora urbana».

«Posteriormente, no se emite ningún informe particular por parte del nuevo secretario general y se acepta la justificación propuesta por la promotora». «Este concepto de mejora urbana que permite la denominada Ley autonómica LISTA se está utilizando «como un coladero para justificar recalificaciones arbitrarias: se eliminan los controles técnicos y políticos que tenía una modificación puntual del PGOU y se simplifica el procedimiento para facilitar la recalificación y eliminar garantías», alerta Muñoz, que advierte que este «urbanismo bajo sospecha» no es un caso aislado.
«Es la misma lógica especulativa que ya hemos visto con el cambio de uso de Servicios Avanzados a terciario en el Canal de la Expo, o la recalificación de suelo dotacional para vivienda libre en San Bernardo. El Gobierno de Sanz está utilizando la LISTA y los estudios de ordenación como herramientas para alterar deliberadamente el planeamiento aprobado del PGOU, favoreciendo intereses privados muy concretos», ha concluido Muñoz.
Por otra parte, Caralca Real State ha acordado la creación de una empresa filial denominada CRE Bellavista, cuyas operaciones se iniciaron el pasado 3 de abril (2025). Constituye el objeto de la sociedad la adquisición, gestión, explotación, y enajenación de toda clase de terrenos, su urbanización y venta; la construcción, en su más amplio sentido, de edificios de toda clase y el uso, arrendamiento y venta de los mismos.
En el Consejo de Administración aparecen, entre otros, Manuel Fernández Candáu, Carlos Arenas Gómez-Pando y Nicolás Álvarez-Cervera Domínguez.
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