La ministra de Fomento, la habitualmente eficaz Ana Pastor, fue la invitada-estrella de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comparecencia ante 
los medios de comunicación del pasado viernes tras el Consejo de Ministros. El motivo no era otro que la presentación al Gabinete por parte de la ministra del proyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Plan Estatal de la Vivienda 2013-2016, iniciativas dotadas con un total de 2.241 millones de euros y que tienen por objeto reanimar el hundido sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Ana Pastor dio varios datos esclarecedores en su conferencia de prensa:
-De los 26 millones de viviendas que hay en nuestro país, 15 millones tienen más de 30 años, y casi 6 millones más de medio siglo.
-Cerca del 60% del parque de viviendas se construyó sin ninguna normativa de eficiencia energética, ya que la primera data del año 1979, por lo que España está en una posición difícil de cara al cumplimiento de la Estrategia Europea 2020, acordada en el seno de la UE.
-Además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, 4 millones todavía carecen de ascensor y un porcentaje muy elevado de casas se encuentra en deficiente estado de conservación.
PLAN DE AYUDAS
Ante este panorama, el Ministerio de Fomento proyecta destinar al menos 627 de los 2.241 millones de euros de las futuras actuaciones en materia de vivienda a rehabilitación, regeneración y eficiencia energética de los inmuebles que tengan una antigüedad anterior al año 1981, el 70% de su superficie sea para uso residencial y constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Podrán solicitar las ayudas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y propietarios únicos de edificios.
La cuantía será de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación; 2.000 euros para la mejora de eficiencia energética (5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio) y 4.000 euros para mejora de accesibilidad.
Este programa de mejora de la eficiencia energética es aún más significativo si se tiene en cuenta que, por exigencia de Bruselas, España deberá implantar a partir del 1 de junio la certificación energética de los edificios. Todo ciudadano o empresa que quiera alquilar o vender una vivienda deberá presentar al arrendador o comprador un certificado -se estima que su expedición por un profesional acreditado costará en torno a 200 euros- sobre el consumo de energía del inmueble, de forma que este indicador pueda ser comparado con el resto de las viviendas colocadas en el mercado inmobiliario. De esta manera, en caso de viviendas equiparables, el potencial comprador o arrendador se decidirá por la más eficiente energéticamente, ya que logrará un ahorro en el gasto de energía.
PRECEDENTE EN SEVILLA
Este conjunto de medidas que para el conjunto de España ha aprobado el Gobierno de la nación en este mes de abril de 2013 se inspira claramente o tiene un claro antecedente en la medida-estrella del programa electoral del PSOE de Sevilla para las municipales de 2011 y que defendió entonces -y sigue propugnando desde aquella campaña- el senador y portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento sevillano, Juan Espadas.
Si recurrimos a la hemeroteca, podemos rememorar cómo el 14 de abril de 2011 se presentó en el Polígono de San Pablo, seleccionado como proyecto-piloto para la aplicación del Plan en caso de ganar las elecciones, el programa socialista de rehabilitación energética de viviendas que, se dijo durante aquel acto, “recupera el sector de la construcción, crea empleo, soluciona los problemas del arreglo de las viviendas antiguas y mejora la calidad de vida de los ancianos, sobre todo los de la clase trabajadora, con recursos económicos limitados”.
El proyecto del PSOE insistía en rehabilitar de manera integral las 3.500 viviendas del Polígono de San Pablo, cuyos bloques fueron construidos a finales de los años 60: se mejorarían las fachadas con un envolvente térmico y acústico, además de las terrazas y balcones, las canalizaciones y cubiertas y las zonas comunes con instalación de ascensores, nueva iluminación y cambio de instalaciones eléctricas. Las reformas no implicaban que los vecinos tuvieran que irse de sus casas, ya que todas se producían en las fachadas y en las zonas comunes, y tenían como consecuencia la creación de empleo en el sector de la construcción, un ahorro de al menos un 30% en la factura de la luz y la revalorización de las viviendas así mejoradas.
FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
El coste de rehabilitar todo el Polígono de San Pablo se estimó en 70 millones de euros (a un promedio de 20.000 euros por piso), con cargo a un sistema de financiación público-privada: el Estado, la Junta y el Ayuntamiento aportarían en conjunto el 55% del capital, y el resto la empresa constructora que resultara ganadora de un concurso público convocado a tal efecto y los vecinos (éstos pagarían una cuota media de 24 euros mensuales durante 20 años). Las obras durarían entre 8 y 10 meses.
La constructora adjudicataria debía comprometerse a contratar a desempleados del barrio y de la ciudad y amortizaría en 20 años el coste de la rehabilitación con cargo al ahorro en la factura de la luz que lograrían los vecinos, así como con contraprestaciones como la gestión de aparcamientos y de locales comerciales por acuerdo con el Ayuntamiento.
La rehabilitación energética del Polígono de San Pablo era sólo el proyecto-piloto socialista para Sevilla, en que se había venido trabajando durante dos años y para el que ya se contaba con empresas interesadas en su ejecución. El PSOE estimó que si este modelo se aplicaba en toda la ciudad y se reformaban 100.000 viviendas se generaría una actividad económica superior a los 3.600 millones de euros (equivalente o superior a la construcción de todas las líneas de Metro pendientes), se podrían crear 58.000 empleos y evitar la emisión a la atmósfera de 1,8 millones de toneladas de CO2. Este programa también fue presentado ante la patronal sevillana de la construcción, en el Foro Gaesco, y propuesto, con alguna variante, por el grupo municipal Socialista en las conversaciones que se vienen manteniendo a lo largo del mandato de Zoido para tratar de alcanzar un Pacto por el Empleo en la Sevilla de los 91.000 parados.
PROYECCIÓN NACIONAL
El plan socialista, de posible aplicación a toda España, fue elevado por Espadas al Senado el pasado 19 de marzo mediante una moción en la que se abogaba por rehabilitar 400.000 viviendas en todo el país a partir del nonato modelo del sevillano Polígono de San Pablo. Según sus estimaciones, reduciendo la aportación de dinero público y aumentando la de las empresas de suministro de luz y de agua y de los bancos, se podrían generar entre 9.000 y 14.000 millones de euros de actividad económica y crear entre 140.000 y 290.000 empleos.
Durante dos años, el PP ha hecho oídos sordos al PSOE de Sevilla, promotor de esta iniciativa a todos los niveles, hasta que la ministra de Fomento no ha presentado un plan que se inspira claramente en esta propuesta innovadora con ‘copyright’ socialista.
Se presupone que tanto el gobierno local de Juan Ignacio Zoido como el PP sevillano apoyarán, ahora sí, la medida aprobada por el Ejecutivo nacional a propuesta de Ana Pastor, una medida que podría haberse aplicado ya en el marco del Pacto por Sevilla o por el Empleo (en el Polígono de San Pablo o en cualquier otro barrio) si el alcalde hubiera tenido la altura de miras de haber hecho también suya esta buena idea emanada de la oposición y que habría colocado a nuestra ciudad, con dos años de adelanto, a la vanguardia de España contribuyendo a paliar de paso el drama de los 91.000 parados.
Caixabank ha anunciado que le sobran sólo en Sevilla 491 de los antiguos empleados de Cajasol/Banca Cívica del total de los 864 que quiere amortizar en toda Andalucía. Estos casi 500 trabajadores que van a perder su puesto en Sevilla por la vía de las prejubilaciones, bajas incentivadas y traslados a Cataluña superan la suma de los de Danone (85), Cargill (101) y Roca en Alcalá de Guadaíra (227) por los que se han visto encierros en la catedral, manifestaciones populares, concentraciones ante el Parlamento y hasta llamamientos a no comer más yogur de la multinacional francesa. Y, sin embargo, en este caso es como si no pasara nada. Hasta puede que no se haya enterado casi nadie del espeso manto de silencio que ha cubierto la noticia. Ni siquiera el beligerante Juan Espadas ha incitado a boicot alguno ni ha repetido eso de convertir el carro de la compra en una especie de carro de combate contra el capital. Será que para el portavoz socialista en el Ayuntamiento es más fácil cambiar de marca de yogur que osar molestar a quien le presta los dineros a Griñán.
Durante meses, el gobierno local se ha negado a negociar cambio alguno en las condiciones de los empleados del Ayuntamiento con el argumento del ‘imperativo legal’. Según la interpretación del Consistorio presidido por Zoido y administrado con mano de hierro por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, las normas dictadas por el Ejecutivo de Rajoy para recortar el déficit público -tasa de reposición cero a la hora de cubrir las bajas producidas en la plantilla; supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios- y las condiciones impuestas por el Plan de Ajuste para el pago de la deuda acumulada a los proveedores impedían cualquier concesión ante las demandas de los colectivos municipales.
Esta reducción de personal no es privativa de los limpiadores de los colegios, sino también del Cuerpo de Bomberos, con las agravantes de la especial naturaleza de su labor en situaciones críticas que por causa de un incendio ponen en peligro la vida y el patrimonio de las personas y que a estas alturas sigue pendiente de resolver otra fuente de malestar en los especialistas en la extinción del fuego: la reclasificación de la plantilla.
En resumen, como sostenían los sindicatos, todos los servicios municipales, por una causa o por otra, estaban en pie de guerra contra Zoido, y sobre todo tras a entrada del año 2013 las manifestaciones y actos de protesta se han sucedido cada vez con más frecuencia y virulencia, con el efecto añadido de los once días de la huelga del servicio de recogida de basuras de Lipasam.
Ha quedado así de manifiesto que la conflictividad laboral durante todos estos meses, expresada en concentraciones en la Plaza Nueva y en manifestaciones por distintas zonas de la ciudad, no se debía en el fondo al manido ‘imperativo legal’, sino a una falta de voluntad política por parte del Ayuntamiento para cerrar acuerdos, ya que en cuanto el alcalde dio orden a Asunción Fley de que pactara una solución con los sindicatos, se acabaron los problemas y se alcanzó la tregua en vísperas del Vía Crucis de la Fe y de la maratón del 24 de febrero.
Villalobos es a la política lo que Guardiola al fútbol. Si Guardiola revolucionó con su Barça ese deporte al inventarse un juego de posesión y tiralíneas hasta lo imposible, el presidente de la Diputación ha perfeccionado las rotaciones que practican los entrenadores para dar descanso a sus jugadores y las aplica en política en sentido contrario: dar trabajo en la crisis. El de La Roda ha hecho realidad el dicho de que donde come uno comen tres al rotar hasta tres veces por el puesto de asesor a otros tantos correligionarios nombrados a dedo, para que todos ellos puedan seguir chupando del bote o de la teta públicos. El milagro de los panes y de los peces contemporáneo. En el divertido programa de Radio Sevilla ‘La Cámara de los Balones’, un imitador del entrenador del Betis, Pepe Mel, llama siempre al mismo periodista deportivo para que le dicte a quién debe alinear y a quién dejar en el banquillo o en la grada. Pero la realidad supera a la ficción. A partir de ahora, a quien debería llamar el sosias de Mel es a Villalobos, el verdadero experto en rotaciones.
Considerado el periodo interanual de enero de 2012 a enero de 2013, Sevilla sigue siendo la provincia andaluza con mayor crecimiento de paro, situación que ha afectado a 23.206 personas más (un 9,84%), y en un porcentaje superior en medio punto a la media de Andalucía (9,34%). Tras Sevilla, la provincia con peores registros en el último año ha sido Jaén, donde 16.151 personas se han sumado a las estadísticas del paro, seguida de Cádiz, con 15.163.
La distribución de parados por sectores en la provincia sevillana es la siguiente: el sector Servicios es el que registra más desempleados, 151.127 (el 58,34% del total), seguido de la Construcción, con 42.027 (16,22%); Sin empleo anterior, 28.038 (10,82%); Industria, 23.160 (8,94%) y Agricultura, 14.660 (5,65%).
En el segmento de las personas sin ocupación previa, los estratos de edad más afectados por esta situación son los mayores de 44 años, con 10.678 parados, y los jóvenes de entre 20 y 24 años, donde hay 7.010 demandando su primer puesto de trabajo. Donde hay menos demandantes de primer empleo es entre los 25 y 29 años, con 1.580 personas. Dos tramos de edad ofrecen datos parejos: los menores de 20 años, con 4.188 jóvenes sin empleo anterior, y los de 30 a 34 años, con 4.136 en la misma situación.
El análisis de los datos revela que el paro ha subido en la Industria, con 138 desempleados más (+2,16%) y en los Servicios, con 691 (+ 1,15%), y ha descendido en el colectivo ‘Sin empleo anterior’, con 469 personas que han encontrado trabajo (- 4,06%); Construcción, coin 230 parados menos (-2,24%), y Agricultura, con un descenso de 32 personas (-2,50%).
En aquella reunión de hace siete meses en el polígono El Pino, el delegado de Economía destacó la importancia que los polígonos industriales tienen para Zoido, con estas palabras: “El alcalde tiene un especial interés en los polígonos industriales porque no son sólo realidades urbanísticas, sino también económicas y de convivencia, y son una parte fundamental del desarrollo económico de la ciudad”.
Y ahora, cuando por la crisis la ciudad necesita más que nunca que los polígonos emerjan como focos de dinamización para tratar al menos de contener un paro que afecta a casi 90.000 sevillanos, la situación apenas ha mejorado. Durante su mandato, Monteseirín, a la vista de la marcha de empresas emblemáticas y de la recalificación de sus suelos para su conversión en las mucho más lucrativas viviendas de la época de los ‘pelotazos’ inmobiliarios, prometió una apuesta por la economía productiva en vez de por la especulativa o suntuaria.
Durante un acto celebrado en los Jardines de la Buhaira en marzo de 2011 y en el que estuvo acompañado de la alcaldesa valenciana, Rita Barberá, Zoido defendió la necesidad de aprender de experiencias como las protagonizadas por la capital del Turia en la obtención de fondos comunitarios, sobre todo porque en su opinión el gobierno de coalición PSOE-IU había omitido esta fuente de financiación. El Gobierno municipal que encabezaba Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) había sido «muy poco activo» -dijo- a la hora de buscar y cosechar ayudas derivadas de los fondos comunitarios, y «se ha limitado a recibir los fondos que le han llegado de alguna u otra manera».
El Gobierno amenaza con actuar contra los subterfugios que usan las Administraciones para que más de 80.000 funcionarios cobren paga extra por Navidad burlando el decreto de Rajoy con adelantos y pagos de complementos de productividad, que equiparan a sus beneficiarios a esos futbolistas a los que, al margen de su ficha y/o nómina, se les abona una prima por ganar o empatar los partidos, como si luchar por la victoria no fuera su obligación contractual. Zoido se ha comportado como esos manirrotos presidentes del fútbol que regalan primas a sus jugadores al repartir por Navidad un aguinaldo de 600.000 euros, camuflado como productividad, entre los policías por el mero cumplimiento de su deber. Será que recaudar 25,5 millones en multas para el alcalde debe ser un tarea agotadora. La Intervención ha señalado que esta productividad ‘a posteriori’, pagada linealmente y hasta a los liberados sindicales, es un fraude de ley, palabras mayores en el Ayuntamiento del alcalde-juez. Si en casa del herrero cuchillo de palo, en casa del magistrado Zoido, leyes papel mojado.
El mes de diciembre de 2012 se ha saldado con 3.400 parados menos en la provincia de Sevilla (-1,32%) en línea con el descenso del paro en el conjunto de España, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aunque el balance del año recién concluido sigue siendo enormemente negativo, ya que los 245.855 parados suponen que 27.124 sevillanos han pasado a engrosar las listas del paro a lo largo de los últimos doce meses y de que el desempleo ha crecido en un 11,91%, más aún que en el conjunto de Andalucía (un 11,83%) y de España (un 9,64%).
parados más en la provincia y, además, la inmensa mayoría de las contrataciones registradas son de carácter temporal, que no consolidan por tanto el empleo. Según los datos del Ministerio, de las 60.277 contrataciones registradas en el mes de diciembre, 58.375 (el 96,84%) han sido de carácter temporal y tan sólo 1.902 (el 3,15%) de carácter indefinido. La tendencia es similar a la de todo el año 2012, con un total de 765.086 contrataciones, de las que 735.984 han sido temporales (96,19%) y 29.102 (el 3,80%), indefinidas.
Más de 78.000 sevillanos en paro carecen de cualquier tipo de cobertura social y por tanto no reciben ninguna prestación económica, según se deduce de los datos facilitados al mes de noviembre de 2012 (no se han divulgado los de diciembre y cierre del año) por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De los 254.855 sevillanos desempleados, 176.546 gozan de algún tipo de prestación, lo que significa un 69,27%, proporción superior a la media nacional, que es del 64,30%. Los restantes 78.309 sin cobertura social representan el 30,72% de los parados de la provincia.
La ciudad de Sevilla ha sido la más beneficiada por el descenso del paro en la provincia durante el mes de diciembre de 2012, ya que de los 3.400 parados menos, 2.295 corresponden a la capital de Andalucía (el 67,5% de todos los que han hallado un empleo en el último mes del pasado año). Por tanto, en Sevilla capital se pasa de los 91.627 desempleados a 89.332, por debajo del límite de los 90.000, a modo de barrera psicológica, pues el continuo incremento del paro en los últimos meses hacía presagiar una carrera sin freno hasta los 100.000.
Año nuevo, problemas viejos. El tiempo en Sevilla, al contrario que en la máxima latina, no parece que vuele, sino que marche en sentido inverso, hacia atrás. A la ocupación de edificios, ahora llamados ‘corralas’ como en Madrid, en demanda de una vivienda para los desahuciados o los que carecen de ella, se une el encierro de los trabajadores de la factoría Roca, de Alcalá de Guadaíra, en la catedral en protesta contra el proyectado cerrojazo a la fábrica. Esta pacífica toma del templo metropolitano por turnos de 40 obreros nos retrotrae treinta años en el tiempo, cuando eran tan frecuentes estas formas de protesta en las iglesias que inspiraron al gran Manuel Barrios una de sus obras más celebradas, ‘El encierro de San Serapio’, en la que un sacerdote que no se había visto en otra semejante debía afrontar la ocupación de su templo por unos obreros en conflicto laboral. Tanto éxito tuvo que hubo de ser repuesta en cartelera diez veces en el plazo de seis años. Por éso este 2013, más que un año nuevo semeja un año viejo que nos trae el aroma de lo ya vivido.
El alcalde de la micropolítica es, sin embargo, muy aficionado a la política de grandes gestos, de ahí que este quíntuple pacto ofrecido a Griñán recuerde al ‘Pacto por Sevilla’ resumido en 15 “pilares”, por emplear su expresión, que sugirió a los dos partidos de la oposición municipal, PSOE e IU, apenas tomar posesión de la Alcaldía y cuando aún aparecía ante la opinión pública nimbado por la aureola de su espectacular victoria electoral, con sus 20 concejales, e instalado en el celestial territorio de las buenas intenciones y el propósito de marcar distancias del sectarismo de Monteseirín.
El primero y esencial de los 15 pactos propuestos por Zoido es el mismo primero de los cinco que ha planteado a Griñán: debía versar sobre el empleo y la necesidad de crear las condiciones para que los emprendedores, autónomos y empresas de la economía social invirtieran en Sevilla y generaran empleo de calidad.
Y mientras Zoido emplaza, en calidad de presidente del PP (A), a Griñán a que “baje de la estratosfera, llegue a La Tierra, ponga los pies en Andalucía, se comporte como un político de altura, busque el diálogo lejos de la agitación y la radicalización y aplique las medidas necesarias para resolver los problemas de los demás”, en su condición de alcalde de Sevilla no se aplica ese mismo credo para, dialogando con la oposición, consensuar medidas que resuelvan el principal problema de la ciudad, el paro, que sigue lanzado hacia esa estratosfera a la que alude. Aun habiéndose intitulado ‘el alcalde del empleo’, la flecha de la gráfica del paro en Sevilla no deja de apuntar cada vez más hacia arriba: el número de desempleados ha crecido durante su mandato en un 18,87% y ha pasado de 77.000 a 91.000 en números redondos.
El mensaje de esperanza de ambos era el de que pese a lo crudo y difícil de la situación en Sevilla, había condiciones para “levantar el vuelo y crear empleo, aprovechando para ello la red de desarrollo local y los empleos de futuro”. Según el actual director general de Economía y Empleo del Ayuntamiento hispalense, el 26,42% de los futuribles 76.000 empleos nuevos se crearían en los servicios culturales; un 12,25%, en telecomunicaciones, teletrabajo y tecnologías; un 11,13%, en medio ambiente e iniciativas contra el cambio climático, y un 10,85%, en el sector primario (agricultura y ganadería).
En los nuevos Presupuestos, la Delegación de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo dispondrá de 35 millones de euros, casi diez millones más que en este ejercicio. De esa cantidad global, unos 11 millones se destinan a programas de formación e inserción laboral, conforme a este desglose en números redondos:
La alternativa de Espadas no sólo triplica la dotación que para empleo ha destinado Zoido, sino que también es la demostración de que puede hacerse con ese mismo planteamiento realizado por el alcalde de Sevilla y aún presidente del PP (A) a Griñán para un par de esos cinco pactos por Andalucía: mediante la reducción del gasto superfluo y la racionalización de la Administración Pública y la transparencia y control de la misma. Justamente lo que propugna el alcalde para Andalucía es lo que no practica en el Ayuntamiento, y ha de ser la oposición, a la que no da vela, la que demuestre su viabilidad.