El hierro se ha revalorizado más que el oro desde 2005
La anunciada reapertura de la mina de Aznalcóllar ha empezado a tener un ‘efecto dominó’ en municipios con yacimientos abandonados pero que son hoy rentables por el alza enorme del precio de los metales. Así, el Ayuntamiento de Cala pide a la Junta el mismo trato que a Aznalcóllar y que autorice la actividad en su mina de hierro, famosa en su día por la visita de Felipe González a los mineros encerrados y cuyo impacto económico positivo beneficiaría tanto a las Sierras de Huelva y Sevilla como al Sur de Extremadura.
El alcalde de Cala, Fidel Casilla, ha confirmado que, tras el precedente de la anunciada reapertura de la mina de Aznalcóllar y la existencia de grupos empresariales interesados, ya ha mantenido los primeros contactos formales con la Junta de Andalucía para solicitar oficialmente que se autorice de nuevo la explotación de la mina de hierro de su pueblo, que fue gradualmente abandonada a partir de 2002 con el traslado y/o prejubilación de los mineros, hasta alcanzar esta condición el último de ellos en 2009. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento apoyan esta petición y a tal efecto se ha constituido una Plataforma por la reapertura de la mina.
La evolución del mercado de los metales convierte en rentables yacimientos abandonados como el de Cala, en línea de lo ocurrido con el de Aguas Teñidas, si bien en este caso es una mina de cobre. En el año 2005, la tonelada de hierro se cotizaba a 29,85 dólares; actualmente vale 140,98, casi cinco veces más, tras haberse acercado a los 190 dólares en 2011. Ello se ha debido fundamentalmente a la enorme demanda de China, que todavía crece a un ritmo del 7% anual y que importa el 61% del hierro de todo el mundo, con previsión de llegar al 69% en 2015. Por éso, la revalorización del hierro ha sido de un 430% en los últimos ocho años, superior incluso a la del oro, de un 350%.
El alcalde de Cala ha pedido a la Junta que no desaproveche esta excepcional situación del mercado antes de que pueda variar e impulse la reapertura de la mina, la cual se ha convertido en la única esperanza no sólo para este municipio deprimido del Norte de la provincia de Huelva, sino también para la serranía de Sevilla y el Sur de Extremadura. Cala sufre actualmente una tasa de paro del 30% y más de dos tercios de los parados son jóvenes sin ninguna alternativa viable en una zona dependiente de la agricultura de secano tradicional y en la que el turismo está sin desarrollar. En su última etapa, ya bajo mínimos, la mina de hierro generaba unos 200 empleos, entre directos e indirectos.
Fidel Casillas asevera que ha solicitado a la Junta de Andalucía “el mismo trato que a Aznalcóllar, con la diferencia -añade- de que aquí no se ha producido, ni se producirá, una catástrofe ecológica como la de la rotura de la balsa de residuos mineros; que ya hay grupos empresariales interesados en reabrir la mina que han contactado con el Ayuntamiento y que el transporte del mineral hasta el puerto contribuiría a revitalizar la línea férrea Zafra-Huelva, siempre amenazada de cierre por su escasa utilización”.
Las reservas de mineral de hierro existentes actualmente en Cala como seguras y probadas mediante sondeos con recuperación de testigo son de 35 millones de toneladas, con una ley media en torno al 30%. Constituyen sólo una parte del conjunto del yacimiento, por lo que con nuevas investigaciones son susceptibles de incrementarse.
El día en que Felipe González
bajó a la mina
La mina de Cala alcanzó fama nacional hace 31 años, cuando cinco meses antes de su arrolladora victoria electoral que le convertirían en presidente del Gobierno, el entonces líder de la 
oposición y secretario general del PSOE, Felipe González, acudió a solidarizarse con los 28 mineros que aún permanecían encerrados en el interior de una galería, en demanda de que se asegurara el futuro de la explotación con la instalación complementaria de una planta de prerreducidos en el municipio más una fábrica de pellets (granulado de mineral de hierro) en Fregenal de la Sierra.
En 1983, ya con Felipe González en la Moncloa, fue comprada por el Instituto Nacional de Industria, pero ni con el apoyo oficial alcanzó el umbral suficiente de rentabilidad y con el paso del tiempo y la apertura de otras minas fue languideciendo, debido sobre todo al hundimiento del mercado de los metales, que acabaría provocando también el cierre de otras históricas minas, como la de Riotinto. En su mejor época, la mina de hierro convirtió Cala en el segundo municipio en renta per cápita de Andalucía, sólo superado por la Marbella de la ‘jet’.
reacciones contrapuestas entre los ecologistas (WWF se opone y Ecologistas en Acción es favorable, con matices) y que empiecen a hacerse especulaciones, como que en el yacimiento hay 80 millones de toneladas extraíbles, se van a crear 5.000 empleos y sería necesario trasladar el mineral en bruto para ser tratado en Riotinto.
plata por tonelada. José Manuel Cantó tomó como referencia las cotizaciones en la Bolsa de los Metales de Londres durante julio para ver a qué precio se pagarían hoy los metales contenidos en Aznalcóllar: cobre, 5.287 euros por tonelada; plomo, 1.559 euros; zinc, 1.405 euros por tonelada; plata, 15,30 euros la onza.
balsa de lodos tóxicos. Porque se construyó sobre un suelo inestable geológicamente; se almacenaron los residuos en forma húmeda; se vertieron piritas flotadas, de gran peso específico y se recreció la balsa para que albergara el doble de toneladas de su capacidad inicial. Todo ello contribuyó a acabar con la capacidad de resistencia del terreno, que al deslizarse fracturó la presa y provocó el vertido.
Es el caso de la mina de Aguas Teñidas, en Almonaster (Huelva), cuya compañía extrae anualmente en subterráneo 2,2 millones de toneladas de mineral y va rellenando la explotación con los restos una vez beneficiados los metales existentes y ya secos. No es descartable, pues, un cambio en la metodología de extracción, aunque ‘a priori’ resultara aparentemente más cara: de corta a cielo abierto a galerías subterráneas, al modo tradicional.
Cantó estima que la planta de procesamiento actual de la mina de Gerena deberá ser cambiada en unos años, cuando haya que tratar no el cobre secundario actual y más cercano a la superficie, sino el primario, sito a más profundidad y contenido en un mineral de las mismas características que el de Aznalcóllar, por lo cual podría construirse una planta para el uso compartido de las dos minas sevillanas.
«Las pruebas de cargo que llevan a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a señalar que los sindicatos UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos –imponiendo «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial»– se sustentan, declaraciones de los dueños de las mediadoras aparte, en numerosa documentación. Entre ella, el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que indica que los sindicatos hacía y deshacían a su antojo, eligiendo y excluyendo mediadoras y porcentajes, entre otros conceptos. El protocolo fue redactado de forma manuscrita y posteriormente corroborado con membrete oficial. Este periódico ya avanzó en junio de 2011 los escritos de antiguos mineros de Tharsis en los que se señalaba que algunos prejubilados «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera».
por acuerdo de las partes, será llevado a cabo por don José González Mata, quien coordinará la misma», subraya el documento, en coincidencia con lo declarado por el imputado acerca de que las plataformas sindicales imponían los criterios. El acuerdo está firmado por Daniel Soto, por parte de FIA-UGT; Rafael Varea Nieto, de FM-CC OO; y el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
El entonces secretario general de UGT en Andalucía Manuel Pastrana y el vigente en CC OO, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, que se constituyó el 18 de noviembre de 2003 con la dirección del Estudio Jurídico Villasís. El expediente de la Faja Pirítica fue promovido, según González Mata, por Francisco García Martínez, ex viceconsejero de Empleo, conocido como «Paquillo», del clan de Jaén; por lo que la Administración andaluza tampoco habría estado al margen del papel protagonista de los sindicatos en el presunto fraude. Según el dueño de Uniter, y como ratifican los documentos a los que accedió este diario, eran los sindicatos y la Junta quienes confeccionaban las listas de prejubilados. Las mediadoras, elegidas por las plataformas sindicales en un círculo perverso, «no preguntaban» porque pensaban «que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas». El ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró que las comisiones a CC OO y UGT eran «una auténtica forma de presión» y que si no se les pagaba «no se hacía la operación». «Cuando he estado con los directores generales he visto una relación enormemente fluida con los sindicatos», testificó Albarracín.
El consejero delegado de Cobre las Cruces, Damien Marantelli, ha respondido a la alcaldesa de Gerena con un escrito en el que tacha su resolución de contraria a Derecho, anuncia recursos de reposición y asume la responsabilidad de desobedecerla para evitar las consecuencias catastróficas que tendría la paralización de las instalaciones. Sin embargo, una de las condiciones impuesta por la Administración a la compañía para autorizarle a abrir la mina era la redacción de un Plan de Contingencias ante cualquier riesgo, Plan que CLC presentó el 11 de septiembre de 2008.
-Desactivar la sala eléctrica, la de control, el compresor, caldera, tanque y plantas floculantes sin monitorización ni control alguno dejaría las instalaciones llenas de productos químicos “que -dice- supondrían un tremendo riesgo para el medio ambiente y las personas”.
El empresario señala que “si pincharon mi ordenador, lo más importante que se habrán llevado es el expediente enterito de los ERE falsos de Río Tinto, que me negué a firmar porque aquello era una chapuza. Ya no es que hubiera intrusos [personal ajeno a la empresa], que los había aunque fuesen pocos. Lo más grave es que pretendían dar coeficientes reductores por trabajos en la minería a personas que jamás habían bajado a un pozo. Estos coeficientes reductores se daban por las condiciones de trabajo insalubres de los mineros, pero pretendían aplicarlos a personal de oficinas o de administración. Por negarme a firmar los expedientes, tuve muchos problemas personales y políticos”.
Antonio Salvador y Sebastián Torres, dos de los mejores periodistas andaluces, han publicado el pasado domingo 27 de mayo de 2012 en el diario El Mundo que unos 1.700 prejubilados andaluces no cobrarán ya este mes sus prestaciones debido a los impagos que mantiene la Junta con las aseguradoras con las que se formalizaron sus pólizas, a las que adeuda más de 270 millones de euros. Ambos periodistas, los mayores expertos en el escándalo de los ERE, han podido conocer en fuentes de toda solvencia que Vidacaixa, BBVA y Generali han tomado esta determinación cansadas de las promesas incumplidas por parte de la Consejería de Empleo y por la falta de un interlocutor en la Administración autonómica que afronte el problema para buscar una solución. Se trata de uno de los asuntos que Manuel Recio ha dejado en herencia al nuevo responsable político de Empleo, Antonio Ávila.
El día en que esa “máquina de perder juicios” (Ecologistas en Acción ‘dixit’) llamada Junta de Andalucía encuentre con el candil de Diógenes la vía jurídica para sentar a Boliden en el banquillo de los acusados por el vertido tóxico de Aznalcóllar, los suecos podrán invocar en su defensa la conducta del Gobierno andaluz en un caso similar al suyo y así sería probable que volvieran a librarse de pagar los 89 millones de euros. La multinacional podría alegar que tenía una macrobalsa de residuos, acorde al volumen de la explotación minera, pero que en último extremo su rotura fue accidental. En contraste, los técnicos de la Junta imputados judicialmente ahora por otro vertido tóxico al Guadiamar (vía sus afluentes arroyo Los Frailes y río Agrio) y que mató 753 kilos de peces también en un mes de abril pero doce años después, arrojaron deliberadamente los metales pesados al agua desde la balsa de la mina de Los Frailes. Haciendo abstracción de las magnitudes de cada desastre, ¿qué es éticamente más condenable, el vertido de Boliden o el de la Junta en Aznalcóllar?
Entiende el Alto Tribunal que la Junta carece de competencias de “autotutela” y que la Ley de Minas en la que se basó para reclamar el dinero no la facultaba a exigir directamente ese resarcimiento sin necesidad de acudir a los tribunales.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria.
Cobre las Cruces ha tratado siempre de vincular la causa de sus problemas con el agua dentro de la corta minera a las lluvias extraordinarias caídas en los últimos años en Andalucía Occidental, pero en las informaciones publicadas en El Mundo hemos cuestionado esta versión oficial y sostenido que el problema de fondo al que se enfrentaba el complejo minero era que “los aportes de agua que se acumulan en el fondo de la corta, procedentes del acuífero Niebla-Posadas, supondrían una detracción del mismo mucho mayor que la autorizada y, además, superarían con creces la capacidad de tratamiento del sistema existente”.
Básicamente, la idea que soporta la viabilidad de la explotación es el establecimiento de un Sistema de Drenaje-Reinyección –SDR- del agua del acuífero para rebajar su nivel de forma que la mina, según el Instituto Geológico y Minero de España, “quede en seco”. Teóricamente el objetivo se conseguía mediante un anillo perimetral de 69 sondeos en torno a la explotación minera, que extraen el agua primero y la reinyectan después, a una distancia aproximada de 2,5 kms. de la corta. El sistema descrito, simple conceptualmente, es, sin embargo, muy complejo en su ejecución por la gran cantidad de factores y parámetros que intervienen, y su validez se basaba en un modelo matemático que supuestamente preveía el comportamiento del acuífero.