El Supremo ha anulado la decisión adoptada en 2004 por la Junta de Andalucía de reclamarle 89.867.545 euros a la multinacional sueca Boliden, propietaria de las minas de Aznalcóllar, por los gastos de limpieza del vertido tóxico causado por la rotura de la balsa de residuos el 25 de abril de 1998.
Entiende el Alto Tribunal que la Junta carece de competencias  de “autotutela” y que la Ley de Minas en la que se basó para reclamar el dinero no la facultaba a exigir directamente ese resarcimiento sin necesidad de acudir a los tribunales.
Apenas conocida la sentencia, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, declaró que el Gobierno andaluz “se peleará hasta el final para que se haga Justicia” y que, “como evitó una catástrofe ecológica pero costó mucho dinero, es justo que las arcas andaluzas se vean resarcidas con una sentencia que nos dé la razón”.

DENUNCIAS DESOÍDAS

No es cierto que la Junta evitara la catástrofe, sino que, con el dinero de los contribuyentes, palió luego sus efectos haciendo de la necesidad (62 kilómetros de cauce contaminados y casi 5.000 Has. arrasadas por la riada de 7 millones de m3 de metales pesados) virtud (con la creación del corredor verde en una zona muerta para siempre para la agricultura).
Resulta sarcástico que la Junta invocara la Ley de Minas para, como Administración competente, exigirle 89,8 millones a Boliden y que, sin embargo, no ejerciera esas competencias para haber evitado la catástrofe de haber atendido las denuncias sobre las deficiencias de la balsa, tal como recopiló la asociación ecologista Agaden.
Tan sólo dos años y medio antes del 25-4-1998, el ingeniero de Minas Manuel Aguilar Campos denunció ante la Agencia de Medio Ambiente de la Junta (hoy, Consejería de Medio Ambiente), la Consejería de Industria, el Ministerio de Obras Públicas y el Patronato de Doñana, con fotografías, planos y análisis de los vertidos, el alarmante estado de la presa.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Asimismo, advirtió que la apertura de la corta de Los Frailes, que duplicaría la producción de mineral, incrementaría la evacuación de vertidos  contaminantes a la balsa, la cual no estaba en condiciones de recibirlos. Conclusión: si no se clausuraba, se corría el riesgo de provocar un desastre de incalculables consecuencias en Doñana, vía río Guadiamar.
‘ENEMIGO DEL PUEBLO’

Ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, ni el Patronato de Doñana, hicieron el menor caso a la denuncia del ingeniero. Cuando trascendió a la opinión pública, la fachada de su casa en Aznalcóllar amaneció llena de pintadas amenazadoras de algunos de los que temían perder su empleo en Boliden si se le daba crédito; se le hizo el vacío en el pueblo, como si fuera un apestado; sus hijos fueron acosados en el colegio; se pidió al Ayuntamiento que lo declarara persona ‘non grata’ y, finalmente, la presión social consiguió que se fuera del municipio.
Este fue el altísimo precio pagado por un andaluz de Puente Genil  por decir la verdad, un drama personal similar a ‘Un enemigo del pueblo’, del nobel noruego Ibsen, cuya lectura debería ser obligatoria en Aznalcóllar y absolutamente recomendable para todo el mundo en este panorama de cobardía social y relativismo moral imperante.
Manuel Aguilar murió en el año 2000, dos después de la catástrofe que había augurado, sin haber recibido ninguna reparación moral por parte de los mismos que, instalados en sus poltronas, ni se molestaron en certificar la veracidad de su denuncia. No sólo Boliden, sino también la Administración española –la que con afectada indignación lleva 13 años rasgándose las vestiduras- se ha hecho la sueca en esta vergonzosa historia. Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria.

DIEZ MÁS

La de Manuel Aguilar no fue la única denuncia. Agaden refleja que los ecologistas interpusieron al menos diez más: ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Sanlúcar la Mayor, la Audiencia Provincial de Sevilla, el Consejo Provincial del Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo y hasta a la UE, a la que el Gobierno español tranquilizaba con informes que descartaban cualquier tipo de peligro (¡!). Según los ecologistas, antes del vertido, Boliden –por acción- y la Administración –por omisión- incumplieron al menos diez leyes aplicables a la mina de Aznalcóllar y a los vertidos de la balsa.
Han pasado 13 años del desastre y a la incompetencia técnica de la Junta para haberlo evitado se une la jurídica de no haber sabido hallar la vía para resarcirse por el daño causado. Ha fracasado por la vía penal, la civil y la contencioso-administrativa.
El Supremo le ha recordado que ya hace 7 años el TSJA le señaló el camino que debía seguir: El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. Caso omiso.
A este paso, como ha dicho Trillo, la Junta seguirá peleando, pero no hasta el final, sino hasta el Juicio Final. Y como además el Supremo la ha condenado a pagar las costas, la Junta ha propiciado que Andalucía sea el único sitio del mundo donde quien contamina no sólo no paga sino que, encima, cobra.