En plena polémica por el rebrote de la movida y/o de las ‘botellonas’ en la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de tratar de contrarrestar las informaciones negativas con la filtración de otros datos aparentemente positivos pero que han tenido un efecto ‘boomerang’, porque sólo han servido para recordar que otro problema sigue irresuelto y para devolverlo al primer plano de la actualidad: las 20.000 multas impuestas a los ‘gorrillas’ durante el mandato de Zoido.
El Consistorio suele reaccionar ante cualquier asunto conflictivo recurriendo a su particular Eurostat estadístico, para arrojar una catarata de cifras con las que demostrar que no ha permanecido de brazos cruzados, sino todo lo contrario, como a su juicio prueban los datos.
La diferencia es que esta vez no había ocurrido nada extraordinario que obligara a tirar de los cuadros de Excel, por lo que se trataba de una maniobra de distracción: frente a la ineficacia, por relajación -admitida públicamente-, ante la movida, imagen de eficacia ante los ‘gorrillas’.
CASCADA DE MULTAS
Y así se filtraron los datos de que desde que se inició el mandato actual se han interpuesto 19.815 denuncias contra los ‘guardacoches’ y se ha detenido a 17 individuos relacionados con estas prácticas vulneradoras de las Ordenanzas, 8 de ellos extranjeros en situación irregular en España. Desde que se activó el plan específico contra los ‘gorrillas’, en febrero de 2012, el número de denuncias ha sido de 13.889 (un 41% de las mismas en Bami y su entorno; casi un 23%, en Nervión; y un 17%, en el distrito Macarena).
El balance estadístico sólo ha servido para remover las estancadas aguas del estanque y generar una onda expansiva de turbulencias, ya que se ha registrado una inusual unanimidad entre los medios de comunicación, fuera cual fuera su espectro ideológico, y la oposición a la hora de apostillar que el problema de los ‘gorrillas’ sigue persistiendo en las calles y que su número es equivalente o incluso superior al que había hace casi cuatro años, al inicio del mandato.
Juan Espadas, el líder de la oposición, lo resumió en una sola frase: “La cuestión es que los ‘gorrillas’ siguen ahí”. Añadió el portavoz socialista que “se dice a cuántos se multa, no a cuántos se consigue cobrar las multas”.
CAMPAÑA ELECTORAL
Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, sobre el que de golpe han vuelto a caer los problemas de las ‘botellonas’ y los ‘gorrillas’, ha reaccionado diciendo que el gobierno de Zoido “es el único que ha actuado con determinación tanto contra los ‘gorrillas’ como contra el ‘botellón’, tras muchos años de permisividad total del anterior gobierno socialista”.
Y ha añadido: “Preferimos que la oposición nos critique porque no hemos conseguido erradicarlo todavía a que los ciudadanos nos digan que no estamos haciendo nada por solucionarlo. Nadie duda hoy en día de que este gobierno le ha plantado cara a ambos fenómenos”.
La tesis de Juan Bueno sería absolutamente irreprochable si no fuera por un gran matiz: Zoido les dijo a los ciudadanos durante la campaña electoral, e incluso antes, que él iba a acabar con los dos problemas, no que fuera únicamente a intentarlo. Ese fue el factor diferencial de Zoido para ganarse la confianza de los sevillanos, que así le otorgaron la mayor mayoría absoluta que se recuerde, 20 ediles: prometer la solución a problemas que llevaban años enquistados y frente a los que habían fracasado sus predecesores, pese a que todos intentaron resolverlos con Ordenanzas o tratando de regularizar la actividad (PM-40).
SIN VARITA MÁGICA
Como hemos dicho en anteriores ocasiones, Zoido levantó tales expectativas al prometerles a los sevillanos prácticamente todo lo que estaban deseando oír (desde ser el alcalde del empleo hasta acabar con los ‘gorrillas’) que corre el riesgo de que esa enorme ilusión que suscitó (recuérdese cómo fue aclamado en su primera procesión del Corpus) se troque en frustración colectiva a la hora de la rendición de cuentas al final del mandato: podría resultar que el alcalde no tenía la varita mágica que tomó forma en el imaginario colectivo.
Ese sentimiento de frustración por los grandes problemas irresueltos (paro, ‘botellonas’, ‘gorrillas’) es el que ya empieza a proyectar la oposición, en palabras de Espadas: “Zoido apuesta por soluciones que no resuelven el problema, como la ampliación de la zona azul, pero no ha planteado una solución integral. Creía tener la varita mágica para las cosas en un par de meses y, ahora, debería reconocer que las cosas no eran tan fáciles ni él ha tenido capacidad para resolverlas. Los ‘gorrillas’ no ha encontrado solución en este mandato tampoco”.
INSOLVENCIA
La elevadísima cantidad de denuncias (casi 20.000) interpuestas es justamente la demostración de la persistencia del problema, prueba de que se puede multar una y otra vez a los miembros de este colectivo de desclasados sin que por ello dejan de acosar a los conductores una y otra vez: sólo han sido pagadas 405 de las 19.815 sanciones (el 2%) cursadas por los agentes de la autoridad.
En otras circunstancias, los datos habrían sido calificados de un gran éxito, porque nunca antes se había logrado por ningún gobierno local cobrarle una multa a un ‘gorrilla’, pero cuando el propio Zoido puso tan alto el listón, con la promesa de erradicar el problema al 100%, ese 2% de sanciones cobradas y la vuelta a las andadas de los ‘guardacoches’ no se considera trascendente.
Generalmente, los ‘gorrillas’ ni pagan ni suplen el importe de la multa (120 euros) con trabajos sociales, por tratarse habitualmente de personas insolventes, excluidos sociales y sin trabajo u oportunidad de tenerlo en una ciudad con casi 90.000 parados.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Nos enfrentamos a un problema social de una compleja solución, que no puede resolverse con miles y miles de multas, enfocadas hacia las consecuencias y no hacia las causas, salvo que se recurra a un despliegue policial disuasorio prácticamente las 24 horas del día en sus zonas de actuación, como Bami.
La decisión de implantar la zona azul en todas y cada una de las calles de este barrio, colindante con la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y cercano a varias consejerías de la Junta y al campus universitario de Reina Mercedes, sólo ha servido para espantar temporalmente a los ‘gorrillas’, que retornan en las horas ‘valle’ en que no está activa, y durante las noches y los fines de semana, y para soliviantar a los empleados del hospital y de las consejerías y a los estudiantes de la Hispalense, más los comerciantes.
En un caso, aquéllos no pueden afrontar el pago cada hora de estacionamiento regulado; en otro, éstos ven cómo los potenciales clientes no se detienen a comprar en sus establecimientos porque tratan de salir cuanto antes de la zona azul para no pagar más por aparcar.
PICARESCA
La zona azul hasta se ha convertido en un negocio para algunos residentes que ya tenían una plaza de garaje y que ahora la alquilan porque se han podido beneficiar del bono anual por aparcar en el estacionamiento regulado en superficie, mientras que para los comerciantes está siendo una ruina, ya que sus ventas han caído en un 40% desde que se implantó la medida antes del verano.
Casi el 73% de los comerciantes de Bami se han adherido ya a la plataforma creada contra la zona azul, en una demostración de que no había tanta unanimidad en el barrio a la hora de pedir esta regulación de los aparcamientos como sostenía el Consistorio.
Y ésa es la peor noticia para el gobierno: ver que su remedio contra los ‘gorrillas’ acabe siendo considerado peor que el problema que trataba de solucionar y que se una contra sus políticas de movilidad uno de los colectivos que han constituido la base electoral de Zoido, los comerciantes.
portavoz socialista, Juan Espadas, informara en rueda de prensa de que habían sido incluidas once calles más en la lista de las declaradas con estacionamiento regulado en superficie sin que hubiera mediado difusión pública por parte del gobierno municipal, el delegado de Movilidad se vio obligado a dar estas explicaciones:
ralelo al río sin obstáculo más allá de algunos semáforos en el itinerario.
de automóviles en el Casco Antiguo: ‘áreas verdes’ de aparcamiento en la periferia, conectadas con la ciudad por lanzaderas de Tussam, sobre todo en horas-punta y siguiendo el exitoso modelo del Charco de la Pava durante la Feria. A esta zona, que junto con la Banqueta del río permitió estacionar 40.000 coches cuando la Expo-92, se le podría unir, según el CESS, el entorno del estadio de la Cartuja. Esta alternativa redundaría además en beneficio de la cuenta de resultados de la empresa municipal de transportes.
En plena crisis económica, con recortes a la inversión en obras públicas por doquier debido a las órdenes del Gobierno de España de reducir como sea el déficit público, el alcalde es perfectamente consciente de que exigir una inversión de 3.700 millones de euros de la Junta en Sevilla capital, cantidad que supera en diez veces el presupuesto de la Consejería de Fomento para las ocho provincias de Andalucía, equivale a pedir la Luna de Valencia. Todo da igual, en aras de mantener el discurso de que la Junta maltrata a Sevilla.
¡Qué casualidad! El oportunismo político de Zoido se demuestra una vez más cuando disfraza de prudencia y paciencia lo que no ha sido más que silencio calculado para no hablar del Metro a lo largo del casi año y medio en que ha ejercido también como presidente regional del PP y con el fin de no malquistarse con los alcaldes de Málaga y Granada, militantes del PP, que aspiran a ver concluidas las obras de sus primeras líneas de Metro. Si tan defensor de Sevilla se proclama ahora, cabe preguntarse cómo no ha tenido arrestos desde julio de 2012 de enfrentarse a Málaga hablando de discriminación a Sevilla por los dineros consignados en los Presupuestos para la capital de la Costa del Sol. Sólo recupera ese discurso una vez que ya se asume por él mismo, su partido y la opinión pública que deja la Presidencia regional del PP para centrarse en exclusiva en la Alcaldía de Sevilla y le da igual lo que puedan pensar en la zona oriental de la comunidad autónoma porque ya no tiene que obrar con disimulo alguno.
Lo que calla el alcalde de Sevilla es que son las partidas necesarias para acabar la primera línea del Metro malagueño, al igual que las destinadas a rematar también la obra de la primera línea del suburbano de Granada, mientras que Sevilla lleva disfrutando de su línea 1 desde el año 2009 y la Junta ha destinado 658 millones de euros a su construcción y 48 millones en cada ejercicio desde entonces (200 millones en números redondos) en subvencionar la explotación para que a los sevillanos les cueste más barato el billete de su Metro.
que se construya en nuestro término municipal. Así se respetó y así se plasmó en el acuerdo de septiembre de 2005 entre el Gobierno central y el autonómico, en virtud del cual el primero pagó el 100% del trazado de la línea 1 del Metro a su paso por Sevilla (176 millones de euros) y el 33% de los tramos que se extienden hasta Dos Hermanas y el Aljarafe (42 millones), sin contar el material móvil.
Tanta confianza suscita el Ayuntamiento entre los inversores privados que Zoido ha sido incapaz de encontrarlos para los concursos públicos que ha tenido que declarar desiertos en los casos de los aparcamientos subterráneos de Martín de Porres y el Prado de San Sebastián (unos 6 millones de euros cada uno), Museo de las Tradiciones (retirado), el Costurero de la Reina (25.000 euros anuales), la Plataforma Digital para Emprendedores (59.290 euros) y 220 VPO en la Hacienda del Rosario (3,8 millones de euros).
Independientemente de su impacto en la ciudad (mírese bajando el Aljarafe) y de la ‘jibarización’ de su icono por excelencia, la Giralda, el rascacielos se colocó en un punto estratégico tal (la entrada/salida a/desde Huelva/Aljarafe) que no podía sino agravar la congestión de tráfico que desde mucho antes ya sufría la urbe, como recuerda Ecologistas en Acción.
Al contrario que Monteseirín, que no dudó en paralizar la obra para un nuevo Ayuntamiento impulsado por Soledad Becerril en el Prado sin que las amenazas de Dragados surtieran efecto en su decisión, Zoido no tuvo agallas, pese a su oposición inicial, de frenar el rascacielos cuando llegó a la Alcaldía y se encontraba aún en sus inicios. Por más que le amenazaran oficiosamente con un pleito de 200 millones, ni por asomo se había producido tal perjuicio (en la nota de la licencia de obras se anunció que la inversión sería de 130 millones) y, por otra parte, ninguna entidad se arriesga a malquistarse con una Administración, máxime si ésta sabe jugar bien sus muchas cartas (recuérdese el precedente de Rojas Marcos paralizando la torre de Plaza de Armas).
Para paliar el caos de (in)movilidad que teme, al alcalde no se le ha ocurrido más que plantearle a la Junta una modificación del PGOU para sustituir la prevista pasarela peatonal entre la Puerta Real y la isla de la Cartuja por un puente de 280 metros y cuatro carriles para el tráfico rodado al servicio de la torre Pelli, entre la isla y la calle Torneo y embutido entre dos bienes protegidos como el monasterio de Santa María de las Cuevas y el Pabellón de la Navegación, con lo que se acrecentaría el impacto paisajístico asociado al rascacielos y se saturaría el tráfico aún relativamente fluido por la calle Torneo, que habría que cortar con rotondas de acceso al puente y semáforos.
Es curioso que el Gobierno local y sus afines se rasguen las vestiduras por la apuesta de la Junta por la bicicleta y el transporte colectivo como medios alternativos para llegar a la Cartuja cuando en su propuesta de modificación del PGOU el Consistorio ofrece la posibilidad de reservar la actual Pasarela de la Cartuja para usos peatonales y ciclistas exclusivamente. O sea, si lo dice la Junta es un escándalo, pero no si esa opción, más el puente para coches, la plantea Zoido, a pesar de que a la Cartuja se puede ir perfectamente andando desde el Centro, como preconiza el arquitecto Juan Ruesga, y de que en Sevilla se mueve ya más gente en bicicleta (72.000 desplazamientos diarios de media) que en el Metro (38.446).
El alcalde ha tardado casi dos años y medio en sacar a la luz la oculta Hoja de Ruta que se había diseñado en el seno del PP para la Gerencia de Urbanismo, desvelada en su momento por el colega y máximo experto en lides urbanísticas Carlos Mármol, y, tras filtrarlo primero al modo y medio habituales para ir preparando el ambiente, confirmó su plan de disolver la Gerencia y recalificar, nunca mejor dicho, a su personal como funcionario a cambio de que se rebajen sus elevados emolumentos (otra pesada herencia de Monteseirín y Marchena, los que decían iban a levantar las alfombras en las caracolas) en un 30%. Mezclando churras con merinas, pasó a continuación a hablar de los parkings en la glorieta del Cid y la plaza de San Martín de Porres y dijo que si no los construye la iniciativa privada lo hará la Gerencia de Urbanismo. Pero, vamos a ver: si la Gerencia va a ser disuelta, ¿cómo está pensando al mismo tiempo en encargarle la ejecución de los parkings? Hay días en que ni Juan Ignacio se pone de acuerdo con Zoido, cual si fueran el doctor Jekyll y míster Hyde.
acabados en 2013. La realidad es que en sus doce años de mandato como alcalde sólo cortó la cinta inaugural de cuatro parkings que hubieran sido promovidos por sus sucesivos gobiernos municipales, ya que los seis que se abrieron hasta el año 2003 venían ya programados de la etapa anterior, la de los gobiernos de coalición PP-PA (Soledad Becerril y Rojas Marcos).
causados y que 1.600 sevillanos que habían anticipado a cuenta al menos 1.000 euros para reservar una plaza se quedaron sin ver ni el aparcamiento ni su dinero. El tema aún colea, porque Zoido, emulando a su predecesor en el caso del Bazar España y pese al dictamen negativo de los Servicios Jurídicos municipales, sigue empeñado en compensar con un dinero equivalente de las arcas públicas a los ciudadanos que habían dado esas señales a las empresas privadas que los dejaron colgados.
portavoz socialista ponía como ejemplo los pliegos de los dos únicos proyectos de construcción de aparcamientos en marcha, los de la plaza San Martín de Porres, en Triana, y la glorieta del Cid, en el Prado de San Sebastián, en los que sólo se había reservado un 15% de las plazas para los residentes tras continuos recortes a lo largo del proceso, con lo que sólo quedarían 70 para el vecindario, mientras que el resto tendría carácter rotatorio, para mayor ganancia de las empresas privadas que aspiraran a su construcción.
Gerencia de Urbanismo reconocía de forma indirecta en una alambicada nota de prensa que el concurso convocado para construir los dos estacionamientos citados (San Martín de Porres y el Prado) había quedado desierto. O sea, que no se había presentado empresa alguna a la convocatoria, lo cual dejaba a Zoido a los pies de los caballos ante la opinión pública y los partidos de la oposición. Prácticamente de la noche a la mañana se había pasado de las “varias empresas interesadas” según la palabra del alcalde a la realidad evidente de que no había oferta alguna. Zoido, pues, había vendido humo.
Director municipal. El entonces candidato del PP presentó en plena vía pública los planos del parking que construiría allí cuando fuera alcalde: uno de carácter mixto, subterráneo, con 476 plazas para propietarios de coches (60 para discapacitados) y 60 para dueños de motos, distribuidas en cuatro plantas, con un plazo de ejecución de 18 meses, por sistema de concesión y con un coste de 5,3 millones de euros.
Para tratar de salvarle la cara al alcalde, Urbanismo ha anunciado crípticamente que ya ha comenzado a negociar de forma directa con empresas que pudieran construir los parkings con, obviamente, otras condiciones distintas a las fijadas en los pliegos del concurso público declarado desierto y mediante otro sistema de adjudicación, de lo cual se colige que, por interés político, se rebajarán ahora las exigencias existentes hasta la fecha. ¿Cómo habría reaccionado Zoido y el PP si Monteseirín hubiera obrado de esta misma manera? ¿Cuánto tiempo habrían tardado en anunciar una demanda judicial por presunto trato de favor encubierto? Cabe preguntarse por qué el Ayuntamiento no ofrece esas nuevas condiciones a todas las empresas por igual mediante la convocatoria de otro concurso público en vez de negociar en una mesa camilla sin luces y taquígrafos con algunas elegidas de las que ni siquiera se revela el nombre.
Tras la inauguración de 4,4 kilómetros más de tercer carril de la A-49 hasta Benacazón, que han costado 24,89 millones de euros, el portavoz de Infraestructuras del PP, Jaime Raynaud, ha avanzado el proyecto de extenderlo hasta la intersección de San Juan del Puerto. Arguye que ahí se produce la madre de todos los atascos al confluir los que vienen de Mazagón con los procedentes de Isla Canela, Islantilla, El Rompido, El Portil, Punta Umbría….. y que esa obra sale por 120 millones. Por mí, encantado de que amplíen el tercer carril hasta Portugal inclusive, pero si 4,4 kilómetros hasta Benacazón han costado casi 25 ‘kilos’, dudo que los 65,7 desde ese punto hasta San Juan cuesten una media de tan sólo 1,82 millones, ni siquiera aplicando la Orden Ministerial de Eficiencia de Ana Pastor, salvo que por la crisis económica se presenten no digo ya bajadas temerarias de presupuesto, sino directamente desesperadas. Me da la impresión de que Jaime ha perdido algo de ojo clínico. Con Raynaud hemos ganado (según se mire) un político, pero hemos perdido un aparejador.