Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo, ha vuelto a recordarnos la vigencia de aquella frase de Manuel Fraga, el fundador del PP, de que “la política hace extraños compañeros de cama”. 
Vílchez ha anunciado un ‘lifting’ del PGOU en forma de ‘actualizaciones’ pero que pueden derivar en una completa cirugía estética y, entre sus argumentos, ha afirmado que durante la elaboración del Plan vigente “en ningún caso la oposición -entonces el PP- tuvo acceso a poder participar; nunca se le dio oportunidad para participar”.
El delegado podría preguntar a su antecesor en el cargo, el diputado y coordinador del Área de Política Económica del PP (A) Rafael Carmona, que en aquella época, cuando aún era militante del PA, impulsó la redacción del PGOU y alardeaba de haber convertido el proceso, desde el Metaplán inicial, en el más participativo de la historia de Sevilla. Se constituyeron nueve mesas de participación ciudadana abiertas al público durante 100 días y referidas a cada una de las nueve 
áreas de interés en que se dividió la Biblia urbanística de la ciudad. Luego se formaron 14 mesas más en los barrios, se distribuyeron CD entre los sevillanos y se creó una página web específica, por lo que al final los ciudadanos presentaron 7.000 alegaciones. ¡Si hasta el PP votó a favor del Metaplán, aunque al final del proceso lo hiciera en contra!
FALTA DE ARGUMENTOS
El gobierno de Zoido, y máxime con su mayoría absoluta, está legitimado para cambiar el PGOU, como cualquier ayuntamiento democrático. Su problema es el argumentario -o más bien su falta- que emplea para tratar de justificarse, como cuando para derogar el Plan Centro se inventó el pretexto de que las cámaras de grabación no funcionaban, cuando ocurría lo contrario.
Para empezar, no existe el concepto jurídico o urbanístico de ‘actualización’ de un Plan General. El PGOU se modifica puntualmente (este Consistorio ya ha tramitado ocho modificaciones), se revisa parcialmente o se cambia por uno nuevo, pero como el gobierno local quiere aparentar que no trata de alterar el modelo de ciudad existente para así no propiciar una posible reacción en contra de los sectores más beligerantes contra su política (recuérdese el movimiento ciudadano surgido en la Alameda a causa del parking), evita utilizar el concepto de cambio del Plan y lo sustituye por el eufemismo de la ‘actualización’.
LA CAUSA CONTRARIA
Vílchez argumenta en pro de la misma que tras la aprobación del PGOU de 2006 “no se ha iniciado la construcción de las más de 45.000 viviendas previstas en suelo urbanizable, debido a la falta de financiación para las actuaciones de urbanización y a la escasez de suelo urbanizado y en curso de urbanización”.
¿Y quién ha sido el primero en dejar de construir viviendas, en su caso de protección oficial, y ha ralentizado al máximo, incluso con despidos de personal, la actividad de Emvisesa? El propio Ayuntamiento, que alega que no hay demanda o que la escasa existente ya no es para compra, sino para alquiler, debido a que la banca no concede créditos. Vílchez no pretenderá que los promotores privados hagan lo que él tampoco hace como delegado de Urbanismo.
La causa que justificaría un cambio del PGOU sería justamente la contraria de la invocada por Vílchez: que se hubiera agotado el suelo para construir viviendas y parques empresariales en Sevilla. Pero, no, el delegado confirma que el suelo prácticamente no se ha tocado pese a los siete años transcurridos. El Plan preveía la ocupación de 38 millones de m2 (todo el término debe de tener unos 141 millones) para llegar a cubrir el 90% del suelo y satisfacer las necesidades de 870.000 habitantes.
SIETE AÑOS NO SON NADA
Si en siete años y por el estallido de la crisis nos hemos estancado o apenas crecido en población y no se construyen nuevas viviendas ni siquiera por el Ayuntamiento, todo el andamiaje verbal levantado por Vílchez para decir que el PGOU está desfasado por el tiempo transcurrido desde su aprobación difícilmente se sostiene: ¡si el PGOU está prácticamente virgen y por desarrollar!
Si mi memoria no me falla, los PGOUs anteriores datan de 1946, 1964, 1987 y 2006. El periodo de vigencia de cada uno ha oscilado entre 18 y 23 años, y si no hubiera mediado la Expo-92 alguno incluso habría durado más tiempo. Habida cuenta de estos precedentes y de que por la crisis nos hallamos en recesión, iniciar un cambio del PGOU por la tesis de su desfase en sólo un septenio es poco convincente.
MODELO DE CIUDAD
Por que Zoido cambie el Plan General e inicie así un periodo de inseguridad jurídica no significa que vaya a cambiar automáticamente el contexto económico, vayamos a salir de la crisis y se abra el grifo del crédito bancario. El PGOU no es la causa del problema sino, en todo caso, la consecuencia. No es el PGOU, sino la falta de dinero en el mercado y en la Administración y el elevado paro los que impiden que se construyan las 45.000 viviendas, las infraestructuras y los sistemas viarios programados, ya que hay suelo calificado de sobra para bastantes años por delante.
Vílchez debe cambiar de argumentario. Que diga claramente que en realidad pretende cambiar el modelo de ciudad de PSOE e IU, volver a construir aparcamientos rotatorios en el casco antiguo -como el de la Alameda- y recalificar para uso comercial la Gavidia, pero ni un comercio ni varios parkings más en el Centro van por sí solos a reactivar la economía ni acabar con los 90.000 parados sevillanos como trata de sugerirnos el delegado cuando dice que el PGOU “impide el desarrollo de la ciudad”.
A lo mejor impide otros desarrollos, que no están encima de la mesa, sino debajo de la falda camilla.
importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.
Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?
Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.
En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.
base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.
Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.
Los premios de arquitectura contemporánea ‘Mies van der Rohe’ de la Unión Europea, así denominados en honor al arquitecto alemán que erigió el pabellón de su país en la Exposición Internacional de Barcelona 1929, distinguen cada dos años la mejor obra por su calidad conceptual, técnica y constructiva, y reservan una mención especial a un arquitecto emergente. En la edición recién fallada, la XIII, ha sido galardonado el Centro de Conciertos y Conferencias ‘Harpa’, de Reykjavik (Islandia), diseñado por Henning Larsen, el artista (que no arquitecto) Olafur Eliasson y el estudio Batreríio; y la mención especial ha recaído en la Nave de Música del Matadero de Madrid, de María Langarita y Víctor Navarro. Así pues, no han pasado de la condición de finalistas las ‘Setas’ de la Encarnación, diseñadas por Jürgen Mayer pero cuya autoría intelectual es de Monteseirín & Marchena. Si le hubieran dado el premio Van der Rohe al Metropol Parasol ello habría equivalido a elevar a Monteseirín a la misma categoría que el Cid: lograr una victoria después de muerto políticamente.
Tras las sentencias del Tribunal Supremo que ratifican el carácter no urbanizable de Tablada, Torrijos, con memoria de elefante, le ha recordado a Zoido su promesa de que él resolvería la cuestión de la dehesa en 15 días. Tiro de hemeroteca y entresaco una entrevista que le hicieron al alcalde en El Correo tan sólo cuatro días después de su toma de posesión y donde le mentaron lo mismo que ahora el portavoz de IU. He aquí su cuca respuesta: “Sí, pero yo estableceré cuándo empiezan a contar los 15 días. Hay otras prioridades, otros problemas. Si alguien quiere hacer ver que Tablada es una prioridad, le digo que no lo es. Como tampoco lo es cambiar farolas del Centro”. El alcalde que iba a poner a funcionar la ciudad como un reloj suizo se dedica a hacer trampas con el cronómetro a su conveniencia y acaba por contradecirse a sí mismo, ya que ha aprobado un gasto de 150.000 euros para sustituir las farolas del proyecto ‘La piel sensible’ pese a no ser -y menos en tiempos de crisis- una prioridad para él. En el Centro cambia las farolas y en Tablada iba de farol.
Los poderes fácticos de la ciudad, con sus habituales connivencias políticas, creyeron fácil cambiar con el devenir del tiempo esta calificación urbanística, por todo el enorme negocio que supondría. Por eso, las ya extintas Cajas sevillanas, El Monte y San Fernando, le compraron la dehesa, contra el derecho del pueblo de Sevilla al que debió haber revertido, al Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros.
Naturalmente, los señores del ladrillo, que se habían gastado 82 millones de euros en ese suelo rústico con la idea de multiplicar ‘ad infinitum’ cada euro llenando de pisos y más pisos Tablada (¿cuál habría sido en tal caso la magnitud del estallido de la burbuja inmobiliaria en Sevilla si se hubieran satisfecho sus pretensiones?), no han estado ni están dispuestos a entregársela al Ayuntamiento por los 7 millones de valoración realizada por este último.
En el actual escenario de crisis y recortes hasta en servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte metropolitano, etcétera, es inoportuno plantear el parque periurbano en Tablada, que abriría otra vez la vía de la expropiación.
Hace días se coló en la prensa una carta que reflejaba la realidad que percibo en mi deambular por la ciudad. Un sevillano contaba cómo llevaba a diario en moto a su hija al colegio y ello le permitía comprobar el progresivo y avanzado deterioro de la feble capa asfáltica existente en las calles y avenidas por las que circulaba, incluyendo el entorno del Parlamento de Andalucía, en las Cinco Llagas. Y, consciente de que el también alcalde de Sevilla es diputado autonómico, se preguntaba si Zoido no se percataba de que muchas vías de comunicación están como un queso gruyère, con el riesgo que ello supone para conductores y viandantes, o era que ya no se baja del coche oficial ni se patea la ciudad. Al leer la misiva me vino a la memoria cómo el pueblo soberano, ante una situación similar a ésta, acabó rebautizando a Manuel Del Valle, finalmente sustituido por Luis Yáñez. Como Zoido no espabile y no invierta pronto los 9 millones de euros presupuestados para reparaciones en las calles, corre el riesgo de que lo equiparen a su antecesor en plan ‘Zoidobache’.
clientes en sus tiendas; la implantación de líneas de autobuses que rindieran viaje en puntos neurálgicos para el comercio como las plazas del Duque y la Magdalena, pasando también por la Encarnación; la organización de la final de la Copa Davis en Sevilla; las proyecciones tridimensionales sobre la fachada de las Casas Consistoriales durante la Navidad y la profusión de luces en el alumbrado navideño del Centro; el proyecto del parking en la Alameda, pensado no para los residentes en el bulevar, sino para prestar servicio de apoyo al comercio aquende las estatuas de Hércules y Julio César, e incluso la eliminación del sentido único en la avenida Luis Montoto.
euros y que provocaron, siempre según Aprocom, el cierre de 44 comercios. Sin apenas tiempo de recuperarse de aquel zafarrancho, Aprocom teme que el parking y las obras consiguientes supongan la puntilla para los comerciantes que a duras penas han sobrevivido al levantamiento anterior, el sentido único de Monteseirín y la crisis económica.
En el caso de la Alameda, la Comisión de Patrimonio entiende que la modificación puntual altera el modelo de accesibilidad al Conjunto Histórico de Sevilla, máxime cuando ni siquiera se ha completado la red de aparcamientos en su corona que se preconiza en el PGOU vigente, redactado durante el mandato de Monteseirín.
Para el Consistorio, debido a la crisis económica actual, se está retrasando ‘sine die’ la ejecución del Plan de Transporte Metropolitano, como prueban el aplazamiento del Metro, el tranvía de Alcalá de Guadaira, las plataformas reservadas y los intercambiadores, a lo que habría que añadir la reciente limitación de la oferta de autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes.
También abunda en esta dirección la empresa municipal de aparcamientos urbanos Aussa (51% en manos de Tussam), que una semana antes de la Feria firmó un acuerdo con los comerciantes de Aprocom y de Alcentro por lo que éstos subvencionarán el aparcamiento en zona azul a los clientes del Centro, Arenal, Viapol y Los Remedios.
El informe del Defensor del Ciudadano se hace eco de los parcheos que aplica el Ayuntamiento en calles de la ciudad, donde ataca baches y socavones (impresionante el que para mi sorpresa me encontré en una esquina de la Plaza de la Gavidia) esparciendo asfalto no sólo sobre los adoquines donde éstos aún perviven, caso de la calle Cuna, sino también sobre las aceras, allí donde hasta ahora se reponían las losetas desaparecidas o rotas. He visto extenderse el chapapote municipal por sitios tan distintos y distantes como las aceras de la calle Baños, la Plaza del Duque y la avenida de Holanda, aunque no sé si las continuas lluvias habrán tenido un efecto disgregador sobre estas tortas de capa asfáltica. Mientras que durante la Transición Queraltó liberó del asfalto con que, para uso y abuso del automóvil, habían sido sepultadas plazas como la de San Francisco y les devolvió su aspecto original, con Zoido ha resurgido la marea negra como efecto colateral de su Plan Centro. Al final va a resultar que la micropolítica no eran más que unas cuantas manos de alquitrán.
los medios de comunicación del pasado viernes tras el Consejo de Ministros. El motivo no era otro que la presentación al Gabinete por parte de la ministra del proyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Plan Estatal de la Vivienda 2013-2016, iniciativas dotadas con un total de 2.241 millones de euros y que tienen por objeto reanimar el hundido sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Este programa de mejora de la eficiencia energética es aún más significativo si se tiene en cuenta que, por exigencia de Bruselas, España deberá implantar a partir del 1 de junio la certificación energética de los edificios. Todo ciudadano o empresa que quiera alquilar o vender una vivienda deberá presentar al arrendador o comprador un certificado -se estima que su expedición por un profesional acreditado costará en torno a 200 euros- sobre el consumo de energía del inmueble, de forma que este indicador pueda ser comparado con el resto de las viviendas colocadas en el mercado inmobiliario. De esta manera, en caso de viviendas equiparables, el potencial comprador o arrendador se decidirá por la más eficiente energéticamente, ya que logrará un ahorro en el gasto de energía.
El proyecto del PSOE insistía en rehabilitar de manera integral las 3.500 viviendas del Polígono de San Pablo, cuyos bloques fueron construidos a finales de los años 60: se mejorarían las fachadas con un envolvente térmico y acústico, además de las terrazas y balcones, las canalizaciones y cubiertas y las zonas comunes con instalación de ascensores, nueva iluminación y cambio de instalaciones eléctricas. Las reformas no implicaban que los vecinos tuvieran que irse de sus casas, ya que todas se producían en las fachadas y en las zonas comunes, y tenían como consecuencia la creación de empleo en el sector de la construcción, un ahorro de al menos un 30% en la factura de la luz y la revalorización de las viviendas así mejoradas.
La rehabilitación energética del Polígono de San Pablo era sólo el proyecto-piloto socialista para Sevilla, en que se había venido trabajando durante dos años y para el que ya se contaba con empresas interesadas en su ejecución. El PSOE estimó que si este modelo se aplicaba en toda la ciudad y se reformaban 100.000 viviendas se generaría una actividad económica superior a los 3.600 millones de euros (equivalente o superior a la construcción de todas las líneas de Metro pendientes), se podrían crear 58.000 empleos y evitar la emisión a la atmósfera de 1,8 millones de toneladas de CO2. Este programa también fue presentado ante la patronal sevillana de la construcción, en el Foro Gaesco, y propuesto, con alguna variante, por el grupo municipal Socialista en las conversaciones que se vienen manteniendo a lo largo del mandato de Zoido para tratar de alcanzar un Pacto por el Empleo en la Sevilla de los 91.000 parados.
El nuevo Consistorio gobernado por el PP pregonaba que el alcalde se había limitado a cumplir su promesa electoral de derogar el Plan Centro para, una vez retrotraídos a la situación anterior, partir de cero y tratar de lograr un consenso participativo en el diseño de las políticas de movilidad en la ciudad, de forma que nadie se sintiera excluido, como había ocurrido en la etapa de Monteseirín como alcalde.
El Grupo Municipal Socialista ha logrado que en la Junta Municipal del distrito Casco Antiguo se apruebe la comparecencia del delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, para que explique de una vez por todas sus planes de tráfico para el Centro, ya que cuando se acerca el ecuador del mandato de Zoido el único plan existente es, justamente, la ausencia de plan alguno y la mera adopción de medidas puntuales cuando llegan las fechas señaladas de Semana Santa y Navidad. O sea, lo mismo que se ha hecho durante toda la vida. En puridad, las novedades aplicadas son los dos coches ponemultas en servicio, cuando antes había uno solo, y la mayor actuación de la Policía Local y de la grúa multando y retirando vehículos para cumplir el objetivo recaudatorio de los 25 millones de euros en sanciones a final de año.
Igualmente, la Plataforma ciudadana considera que la construcción de un aparcamiento subterráneo y rotatorio en la Alameda plantearía problemas geotécnicos y de destrucción del arbolado y que su posterior explotación provocaría la saturación de los accesos y limitaría el amplio uso que ahora tiene este espacio.
El Consistorio subraya la existencia de varios aparcamientos públicos en el intercambiador de transportes de la estación Plaza de Armas, los carriles-bici, los itinerarios peatonales, las paradas de autobuses en la citada plaza amén de las del Duque y Magdalena, más la del tranvía en la Plaza Nueva, para llegar a la conclusión de que la mitad de los 1.605 desplazamientos se realizarían en transporte público; el 40%, de forma no motorizada (a pie o en bicicleta) y sólo un 10% en automóvil privado.