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Paralelismos

pineda2Pinedita, uno de los ‘enfants terribles’ socialistas  junto con Alfonsito (en su casa, el señor Celis) habría enchufado a diez directivos de su cuerda en Lipasam y despedido a 85 barrenderos. No se sabe bien qué fue antes: si despidió a los 85 de infantería para engordar la cúpula de primeras nóminas (¿crisis? ¿qué crisis?), o porque se le infló la nómina y algo más dejó  85 calles sin barrer o barriéndolas de uvas a peras. Pregúntese cuándo fue la última vez que vio a un barrendero en la suya. Acusan a Pinedita (en su casa, el señor Pineda) de, con tal de darle por saco a Susana y a Viera, haber nombrado a dedo como directivos a afines del sector crítico, sin  proceso selectivo. En su empresa municipal, como el valor en la mili, el mérito no es demostrable: sólo se supone. Es más, el único mérito valorable es ser amigo de Pinedita, pues también le acusan en los papeles de haber colocado a algún colega de agrupación que estaba en el paro. Plutarco y las vidas paralelas: unos colocaban a sus amigos parados en los ERE del ‘fondo de reptiles’, y otros, en Lipasam.

Chungos de lectura

Celis

Celis

El entonces delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, arguyó allá por 2008 que el escándalo de las facturas falsas en el Distrito Macarena se había producido porque los concejales firmaban de manera habitual los documentos sin leérselos previamente. Para evitar la repetición de nuevos casos como aquél, Celis propugnó que buena parte de las competencias de los ediles fueran asumidas por los técnicos municipales. La consecuencia de tal propuesta era obvia: los políticos podrían eludir siempre cualquier tipo de responsabilidad (la política, valga la redundancia, y la jurídica) al invocar la delegación de sus facultades en los tecnócratas.

Esta filosofía en plan ‘reina pero no gobierna’ fue resumida por Monteseirín en su famosa frase de por qué nunca se enteraba de ningún escándalo en el Ayuntamiento: “Yo soy médico”.

SÓLO UNO DE CUATRO

Parafraseando a ‘Salvi’ Domínguez (aquel director general de Canal Sur que, obligado a comparecer ante el Parlamento, se salió por la tangente con una frase memorable por su descaro: “Señorías, estoy chungo de papeles”), el gerente de Urbanismo, Miguel Angel Millán, se ha confesado, al igual que Celis, chungo de lectura.

Miguel Angel Millán

Miguel Angel Millán

Citado por la juez Alaya como imputado en la rama urbanística del caso Mercasevilla, el gerente ha declarado que él “no puede estudiar los expedientes”, y que aunque disponía de cuatro informes sobre el asunto sólo se leyó uno de carácter recopilatorio, cuya existencia, para colmo, niegan los técnicos de Urbanismo.

Ahora, ha testificado que “si hubiera conocido tales informes sobre la ausencia de obras e infraestructuras eléctricas, hubiera ordenado la caducidad de la licencia”. Pero, ¿acaso no deben constar todos los informes en el expediente? Con lo cual cabe darle la vuelta al argumento del gerente: si se hubiera leído el expediente y todos los informes…..

Millán es uno de los ‘cienmileuristas’ municipales, con unos emolumentos anuales que en aquellas fechas rondaban los 170.000 euros, pero, al parecer, leerse los papeles no entra dentro de su sueldo.

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LECTURA ENOJOSA

La consejera de Hacienda y mano derecha de Griñán desde hace años, Carmen Martínez Aguayo, en su afán de colocarse como escudo humano de su jefe en el escándalo de los EREs, tuvo la ocurrencia de fotografiarse hace unos días ante una pila de archivadores que supuestamente contendrían los ciento y pico de informes que anualmente envía a su Departamento la Intervención General.

Carmen Martínez Aguayo

Carmen Martínez Aguayo

Recordarán que Intervención alertó en  2005, 2006 y 2007 a la Consejería, cuyo titular era por entonces Griñán, de que la de Empleo y el IFA/IDEA tramitaban  subvenciones excepcionales –a cuenta del ‘fondo de reptiles’ de los 647 millones de euros- prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido por la Ley de Subvenciones. En al menos uno de esos informes, según ha denunciado el PP, se hacía constar expresamente que se le diera traslado al consejero, hoy presidente, José Antonio Griñán, conforme a lo estipulado por la ley (ese tipo de documentos han de dirigirse al titular de la Consejería). Aguayo, por entonces viceconsejera, ha tratado de actuar de cortafuegos de Griñán diciendo que era ella la que los recibía “de oficio”; que nunca se los entregó ni comentó porque no alertaban de ninguna irregularidad (¿?) y que ni siquiera ella misma  se los leyó al detalle, porque eran demasiados: ese centenar.

Osea, que la hoy consejera con fama entre las filas socialistas de altamente eficaz desde sus tiempos de gerente del SAS, también confiesa estar chunga de lectura y desbordada por el papeleo. Cien informes al año suponen uno cada tres días y aún sobran 65 jornadas. Un folio de esos informes redactados con un procesador de textos Microsoft Word –el más habitual- está compuesto por unas +/- 682 palabras según el número de párrafos, en familia tipográfica Times New Roman, cuerpo 12.

Un universitario normal lee al ritmo de 240 palabras/minuto. Una persona entrenada en la lectura de  papeles, como es el caso de Martínez Aguayo, debe ser capaz de leer a un ritmo de entre 800 y 1.500.

Suponiéndole tan sólo un ritmo de un folio por minuto, la consejera debería poder leerse en un día de trabajo 420 folios, pues para eso le pagan los contribuyentes. Dedicando sólo un día de cada tres a examinar documentos (el 27% de su tiempo laboral), podría leer al cabo del año 42.000 folios, y a buen seguro que habría tenido tiempo y capacidad sobrados para abarcar todos los informes, aunque fueran cien, de la Intervención, los más importantes para un alto cargo de la Hacienda autonómica.

‘CÓDIGO ROJO’

En línea con Celis y Millán, Aguayo también sostiene que en la Junta sólo se leen los documentos de Intervención si los técnicos los marcan con una especie de ‘código rojo’ o ‘informe de actuación’ sobre fraude o irregularidades contables, y que como no venían marcados con esa clave por tratarse sólo de una cuestión de procedimiento, acabaron en el Archivo.

Esa omisión del procedimiento a la que Aguayo no dio la más mínima importancia es la que, de momento, ha propiciado el escándalo de los EREs, con su secuela de prejubilaciones falsas y un desfalco de millones a la Hacienda andaluza.

Cabe preguntarse:

Si los informes de la Intervención no se los leen los consejeros que han de gobernar, ¿para qué sirve ese Departamento?

Si los consejeros sólo se leen los informes que expresamente tienen que indicarles los interventores y demás funcionarios en cada campo para que adopten decisiones de gobierno, ¿por qué no gobiernan los técnicos  y nos ahorramos a los políticos?

Remembranzas de Juan Guerra

Segundas acotaciones al escándalo de los EREs, del que, por lo que se vislumbra, sólo ha emergido la punta del iceberg:

Los “discordantes” de Recio: El consejero de Empleo ha acuñado un nuevo palabro eufemístico y se ha referido a los intrusos y/o falsos prejubilados en los EREs como “discordantes”.

Recio, tras investigar las prejubilaciones de 1.569 trabajadores en 35 empresas, dice que le salen 70 discordancias, osea, “un 0,04% frente al total”.

Manuel Recio

Manuel Recio

La Junta sólo ha investigado a 35 empresas de las 196 beneficiadas por el ‘fondo de reptiles’ (Guerrero dixit), osea, apenas el 17,85%. Asimismo, ha escrutado a 1.569 de los 25.000 trabajadores acogidos a los EREs en estos diez años. Suponen, pues, sólo el 6,27% del total. Y de los investigados, el 4,46% han cometido presuntas irregularidades. Si esta proporción se mantuviera en todos los EREs, las “discordancias” podrían ascender a  nada menos que 1.115.

Romería al despacho: Coincidiendo  con la comparecencia de Recio, El País publicó una entrevista con el director general de Trabajo durante nueve años, Francisco Javier Guerrero. Como dijo Valderas en el Parlamento, la entrevista no tenía desperdicio, porque a su manera Guerrero hacía su particular ‘Yo acuso’.

En la entradilla/síntesis, el diario afín hacía una descripción demoledora para el Gobierno andaluz: “Consejeros, delegados de la Junta, alcaldes, concejales, sindicalistas, empresarios….Al despacho de Javier Guerrero acudieron durante nueve años cargos de todo rango a pedir dinero del fondo para empresas en crisis”.

De golpe y porrazo parece como si nos hubiésemos retrotraído a los tiempos en que había otro despacho al que, con la excusa de los cafelitos, también acudían en peregrinación quienes buscaban intercesión para conseguir los favores del Poder: el de Juan Guerra.

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Como Lopera, pero en la Junta: Guerrero afirma que los intrusos en los EREs no son tales, sino “criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas”. Las criaturas acogidas al seno de la Junta recuerdan a las ‘criaturitas’ de que hablaba Lopera en sus tiempos en el Betis, una denominación que denota una concepción paternalista, populista y clientelar.

El exdirector general olvida que el fin no justifica los medios y que si esas personas necesitaban auxilio, la Junta contaba con la Consejería de Asuntos Sociales. Llevando al extremo estas prácticas, ello equivaldría a solucionar el problema de los parados andaluces colándolos como intrusos en EREs. ¿Por qué esas ‘criaturas’ tenían que beneficiarse de un ERE y los demás desempleados andaluces no?

Normas reducidas a caprichos: Empleo acuñó en la práctica su propio principio: ‘Cuando se te interponga un obstáculo administrativo, sáltatelo’. Guerrero ha contado: “Como no podíamos estar al pairo de los caprichos del interventor”, el cual se negó a autorizar un pago equivalente a 900.000 euros de ahora, se decidió saltarse el procedimiento establecido, previa consulta con un bufete jurídico externo, Garrigues.

Lo lógico habría sido elevar una consulta a los Servicios Jurídicos centrales de la Junta, pero se habría corrido el riesgo de que su dictamen hubiera sido negativo y en tal caso ya no habría habido coartada para arbitrar un sistema fuera de control. Y esto era justamente de lo que se trataba, como denotan las palabras del exdirector general al calificar a la Intervención como un capricho en vez de cómo un fiscalizador del dinero público.

Sin coartada: Pensemos por un momento con lógica. ¿Es creíble la versión de la Junta de que un mero director general manejó 647 millones de euros a espaldas de los consejeros a cuyas órdenes estuvo y que éstos no supieran nada de ese fondo y sus manejos? En su testimonio, Guerrero desmonta en al menos cinco ocasiones  la coartada política de la Junta, cuando dice:

-Viera y Fernández nunca dijeron lo contrario. Nadie puso pegas a que una criatura solicitara lo mismo que los sindicatos o un colectivo.

-Teníamos consejo de dirección y siempre he dado cuenta de lo que hacía, como cualquier director general, porque no había nada ilegal.

-Ellos (Viera y Fernández) han tenido más interés o menos en función de la relación que tenían con las empresas. (Este aserto es toda una carga de profundidad, calificada por el PP en el Parlamento como “tráfico de influencias”).

Francisco Javier Guerrero

Francisco Javier Guerrero

-Hubo una segunda propuesta de Dhul que se habló con Fernández y éste dijo que no se daba más dinero.

-Los informes (negativos de la Intervención sobre el procedimiento de las ayudas) no me acuerdo cómo eran porque le llegan al consejero.

La contradicción de Griñán: Cuando Arenas sacó a colación en el Parlamento estas declaraciones, Griñán le reprochó que diera “más credibilidad a un imputado que a personas honorables”. ¿Acaso no es eso mismo lo que han hecho Griñán y el PSOE con Antonio Rivas, darle credibilidad,  pese a su imputación en una variante del caso Mercasevilla? Griñán ha defendido que permaneciera en su alto cargo de la Junta durante casi un año y luego lo ha mantenido otro año en cargos orgánicos, y a la hora de la verdad el PSOE no ha presentado ninguna acusación contra él.

Como en ‘Rebelión en la granja’, de Orwell, para Griñán y el PSOE todos los imputados son iguales, pero algunos son menos imputados que otros.

El autoERE

ERE_expediente_regulacion_empleoNo es para darme autobombo como el (sin) alcalde con la campaña  ‘Sevilla se ve (lo mal que está)’, pero debo recordar aquí y ahora que fue este francotirador el que, medio en broma medio en serio, pergeñó la posibilidad de presentar un expediente de regulación de empleo de uno mismo para acogerse a la doctrina de la Junta de que los EREs pecaminosos no son en realidad para las empresas, sino ayudas a las personas, en línea con lo que pregona Monteseirín de Sevilla pero elevado al rango de toda Andalucía. Y…..¡bingo! ¡Resulta que esa figura laboral imaginaria existía en la Junta! El carguete socialista en Camas que dicen que aparece como intruso en el ERE de Intersur ha contado que cuando el PSOE perdió las elecciones en su pueblo y él se quedó a dos velas, el director general del ‘fondo de reptiles’ le dijo que lo iba a prejubilar “a título individual, por supuesto”. Por tanto, el camero perjura que él no cobraba a cuenta de empresa textil alguna en Morón, y que pensaba que la paga era por  sí mismo. ¿Ven cómo es verdad que la realidad supera a la ficción?

Oficinistas camuflados como mineros en Almagrera

El exdirector general de MRT dice que se hizo lo mismo en Riotinto, Aznalcóllar y Tharsis

Estévez  revela que la Junta sabía que la mina interior de Riotinto se cerró en 1987 y que  en el ERE figuró como abierta hasta 2001

Administrativos y personal que no trabajaba en el interior de la mina de Almagrera, sita en el término de Calañas (Huelva), fueron camuflados como mineros en el ERE que se pactó a mediados de diciembre de 2002 para poner fin a la actividad de la compañía. El exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, ha declarado que esta práctica fue habitual en el sector y que se hizo en Riotinto, Almagrera y Aznalcóllar.

La dirección de la empresa Minas de Almagrera, ubicada en Calañas (Huelva), alcanzó a mediados de diciembre de 2002 un acuerdo con el comité de empresa para la extinción de los contratos de los 324 empleados de la plantilla. El pacto preveía el paso del expediente de regulación de empleo que existía desde un año antes a otro de extinción. Según declaró entonces un responsable de UGT, esta medida era un requisito indispensable “para poder acogerse a las ayudas estatales y autonómicas que ambas Administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno central) han puesto a disposición”.

El sindicato dijo tras el cierre del acuerdo que ya había enviado a la Seguridad Social la lista de los 324 trabajadores de la plantilla “para poder determinar cuántos de éstos podrán acogerse a las prejubilaciones; cuántos a las recolocaciones y cuántos a las indemnizaciones según prevé la legislación vigente”. El responsable de UGT también expresó su deseo de que “ningún trabajador se quede fuera de las ayudas”.

Fuentes conocedoras de aquel proceso han revelado ahora que en el ERE de Almagrera pasó lo mismo que en el de Riotinto: a los administrativos y otro personal les adjudicaron el mismo coeficiente que si hubieran trabajado en la mina subterránea, un 0,3.

PRÁCTICA HABITUAL

Por su parte, el exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, considera que el aumento de los coeficientes reductores en las prejubilaciones era habitual en la minería andaluza, y ha puesto como ejemplo de ello a Riotinto, Almagrera y Boliden (Aznalcóllar), si bien en su opinión no puede hablarse de ilegalidad..

Carlos EstévezEn unas declaraciones a ‘Viva Huelva’, Carlos Estévez dice que en el caso de Riotinto hubo dos concepciones enfrentadas. Por un lado, la empresa ofrecía una solución puente, que fue abortada por la Seguridad Social, dependiente del Gobierno central, y por el poco interés de las otras partes en esta solución. Y, por otro lado, los sindicatos y la Junta de Andalucía, que querían cerrar para siempre las minas.

Según Estévez, los sindicatos exigían una solución no traumática, sin un solo trabajador dejado sin amparo, por lo que el Gobierno autónomo y las centrales sindicales acordaron la siguiente solución, “con el visto bueno de Madrid”: los trabajadores de más de 65 años de edad compensada se iban directamente a la jubilación; los de más de 52 años de edad compensada iban a prejubilación a través de las correspondientes pólizas pagadas por la Junta de Andalucía; y a los de menos de 52 años de edad compensada se les ofrecía o bien una indemnización y el (subsidio) de paro o bien su entrada en una bolsa de trabajo que la Junta se comprometía a mantener activa hasta que encontraran un trabajo fijo.

FECHAS FALSEADAS

El exdirector general de MRT revela que para que el número de trabajadores con menos de 52 años de edad compensada fuera el menor posible se decidió aumentar al máximo los coeficientes reductores propios de la actividad minera “por los procedimientos que ya son de dominio público”. A su juicio, esta práctica ha sido usual en todos los EREs de empresas mineras en crisis y en nada diferente a lo hecho en la minería del carbón, en las minas de hierro de Granada y en las otras minas de la  Faja Pirítica, como Almagrera, Boliden y Filón Sur (Tharsis).

Estévez se extraña de que nadie haya dicho que las vidas laborales deben ser aprobadas por la Administración central: “Sin su consentimiento, las soluciones arbitradas no son viables”.

La empresa minera de Riotinto se negó a firmar los documentos del ERE porque, dice Estévez, “no podíamos aceptar sin incurrir en graves responsabilidades como gestores que la mina subterránea Pozo Alfredo había estado en funcionamiento hasta el año 2001, cuando en realidad su actividad cesó en 1987, y así constaba en los archivos de la Dirección General de Minas de la Junta”.

El cierre de la crisis de la minería en la Faja Pirítica del Suroeste habría costado a la Junta a principios de este siglo unos 120 millones de euros e implicó prejubilaciones de 1.300 mineros entre Riotinto, Almagrera, Aznalcóllar y  Tharsis (Nueva Tharsis y Filón Sur), financiadas al 50% por el Gobierno autonómico y el central.

El precursor

El derrumbamiento del muro del antiguo Bazar España causó la muerte de cinco personas en Sevilla

El derrumbamiento del muro del antiguo Bazar España causó la muerte de cinco personas en Sevilla

La Junta trata de justificar la falta de luz y taquígrafos  de los EREs a cuyo amparo se han falsificado prejubilaciones con el pretexto de que sólo eran ayudas individuales. Por ironías del destino, este escándalo coincide con el juicio por la demanda de una de las familias de las víctimas del Bazar España contra el Ayuntamiento. Monteseirín se empeñó en indemnizarlas por supuesta responsabilidad patrimonial, lo que suponía una acusación implícita a Urbanismo, en manos de sus socios del PA. Aquello provocó una crisis municipal y la dimisión de Mariano Pérez de Ayala. El (sin) alcalde, para aparentar que no daba su brazo a torcer, camufló entonces la indemnización (72.200 euros) como ayuda individual (subvención) a las familias pero sin explicarles su alcance. Cuando algunas de ellas se habían gastado ya el dinero, vino Hacienda exigiéndoles impuestos por el IRPF. Ahora, alguna debe al Fisco 43.000 euros. Monteseirín, el precursor en camuflar el procedimiento muchos años antes que la Junta, ha acabo llevando a las víctimas del Bazar de España a la ruina.

El ‘EREgate’

Mar Moreno

Mar Moreno

La Junta de Andalucía, por boca de Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz, ha tratado de reducir el escándalo de las falsas prejubilaciones según el ‘modus operandi’ de Mercasevilla (39 detectadas hasta ahora), a una mera discrepancia en el procedimiento para el reparto de 647 millones de euros en casi un decenio. Conforme a su tesis, “si alguien se salta los controles no es una falta de control”.

El procedimiento, esa discrepancia aparentemente menor, es justamente la cuestión, como el ser o no ser shakesperiano. Si no fuera así, no existiría una ley de Procedimiento Administrativo que hunde sus raíces en la de 1958, aún en plena Dictadura.

Según una definición de perogrullo  y de manual universitario, el procedimiento es el modo en que deben producirse los actos de la Administración y su importancia no es menor, sino esencial.

La Consejería de Empleo omitió la primera norma del Derecho Administrativo, salvo que me corrija el profesor Clavero: la Administración debe adecuar su actuación a unas reglas preestablecidas para, por una parte, evitar posibles conductas arbitrarias y, por otra, conseguir una mayor eficacia. De esta forma, el procedimiento supone una doble garantía: para la recta consecución de los intereses generales del modo más eficaz y para los derechos e intereses de los administrados.

BURLA

Si el procedimiento fuera una cuestión al albur del consejero de turno no merecería hasta un artículo de nuestra Constitución, que establece: la ley regulará “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos”. Y entre los principios generales por los que debe regirse destacan los de transparencia, publicidad y participación.

En esencia, ¿qué hizo la Consejería de Empleo a partir de 2001? Dotarse de una pauta al margen del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública, sin transparencia (la mayoría del dinero se repartió a espaldas del Consejo de Gobierno), ni publicidad (sus acuerdos, totalmente discrecionales a la hora de favorecer a unas empresas y no a otras, con lo que incluso pudo distorsionar el mercado, no se publicaban en el Boja).

BojaSabemos de casos en que era la propia Consejería la que, para agradable sorpresa del empresario estratégicamente ‘tocado’, ofrecía subvencionar un expediente de regulación de empleo, ERE camuflado como ayuda individual a los trabajadores. Esta calificación fue defendida a capa y espada por Mar Moreno para justificar que no aparecieran en el Boletín Oficial. Y por eso el informe de la Policía Judicial  refleja que gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y el IFA (ahora IDEA), este último se convirtió en el pagador de las subvenciones, con lo que se evitaron los controles y fiscalización de este tipo de libramientos.

Mediante esta vulneración del procedimiento se burló, a juicio de la Policía Judicial,  la ley de Hacienda. Prueba de ello es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiadas. Si no había solicitud alguna, eso significa que se creó el instrumento para repartir arbitrariamente 647 millones de euros.

LA ‘AGILIDAD’

La coartada  para prescindir del procedimiento administrativo la dio Mar Moreno en su  comparecencia pública sobre los 37 nuevos falsos prejubilados: “aportar agilidad”. El mismo pretexto usado para la creación de la llamada ‘Administración paralela’ de la Junta: como por los controles garantistas que impone el Derecho Administrativo las Consejerías son lentas y burocráticas, se monta una red de empresas ‘agiles’ que permita tener manos libres y, de paso, ‘cementerios de elefantes’ donde colocar a los afines. De esos polvos vienen estos lodos.

Pese al escándalo que estamos viviendo, Mar Moreno ha dicho, impertérrita, que con el método arbitrario ideado por la Consejería de Empleo “se favorecía el adelanto de recursos sin esperar a los Presupuestos, y que (atención) se va a seguir haciendo”.

¿Y qué recursos había que adelantar, si según la Policía Judicial no consta solicitud de ayuda por empresa alguna? ¿Dónde está la urgencia? ¿Por qué saltarse entonces el procedimiento y el Derecho Administrativo?

DECISIÓN ‘POLÍTICA’

Se da la circunstancia de que con el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de consejero de Economía y Hacienda (2004-2008), la Intervención General cuestionó por tres veces (años 2005, 2006 y 2007) el arbitrario método implantado por la Consejería de Empleo pero, como ha reconocido la propia Mar Moreno en su rueda de prensa, aquél se mantuvo “por una decisión técnica y política”.

Más claro, agua. La Intervención General de la Junta, a las órdenes por entonces de Griñán, dio la voz de alarma, pero hubo una decisión “política” (¿quién la avaló?) de mantener un sistema ajeno al procedimiento administrativo y que ha propiciado tal cantidad de falsas prejubilaciones.

Richard Nixon

Richard Nixon

Cuando Nixon dimitió por el caso Watergate, dijo que más que por el asunto puntual del intento de espionaje al partido rival por los falsos fontaneros en el hotel del mismo nombre, lo hacía por haber permitido que se crearan las condiciones para que se produjera aquel escándalo que puso fin a una era de la política norteamericana.

En Andalucía, pese a que con el ‘EREgate’ se han dado también las condiciones propicias para el escándalo de las falsas prejubilaciones por una decisión política (Mar Moreno ‘dixit’) de ‘sostenella y no enmendalla’, ni siquiera se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento.

Será que Andalucía es diferente.

De 4 a casi 40

MarMoreno141210Mar Moreno anunció que la Consejería de (Des)Empleo ha detectado 37 nuevos casos de falsos prejubilados conforme al ‘modus operandi’ de Mercasevilla, cuya isocrona llegaría hasta el ayuntamiento de El Pedroso, de donde salió el director general que cantó lo del ‘fondo de reptiles’. La Junta, que decía tenerlo todo controlado, sólo ha inspeccionado ahora (¿qué inspección hizo antes?) una treintena de empresas acogidas a los EREs tramitados sin luz ni taquígrafos. Sumados estos casos a los dos de Mercasevilla, ya van 39. El promedio es de 1,3 falso prejubilado por cada ERE que, según la Junta, no eran EREs, sino ayudillas individuales, como aquellas que al margen de Hacienda dio Monteseirín por las víctimas del Bazar España y luego vino el Fisco reclamando su parte. Recordarán que el ‘griñanini’ portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, despachó este escándalo diciendo que era cosa de “cuatro sinvergüenzas”. Los cuatro son ya  casi 40. Diez veces más. ¿Cuántos sinvergüenzas necesita el PSOE para crear una comisión de investigación en el Parlamento?

Almas muertas, almas vivas

Nikolai Gogol

Nikolai Gogol

Ivanovich Chichikov (Pavel)  es el protagonista de ‘Almas muertas’, obra de Nikolai Gogol, considerado el precursor de la gran novela rusa moderna. En este libro,  en el que los críticos  encuentran reminiscencias del Quijote, Chichikov piensa que carecer de suficientes siervos a su servicio, por falta de dinero y de tierras para mantenerlos,  le resta categoría en el mundo burgués en el que se desenvuelve.

Y se le ocurre una solución: ya que muchos terratenientes poseedores de ‘esclavos’ no los dan de baja del censo cuando mueren, porque la notificación del deceso les obliga al pago de impuestos, él compraría los títulos de propiedad de estas almas muertas para así poder lucirlos como signo de estatus social.

A tal efecto va recorriendo Rusia en su destartalado coche de caballos. Los grandes propietarios, aunque extrañados al principio por la índole del negocio que les propone, acaban aceptando, encantados de ahorrarse un dinero ante el Fisco. El viaje de Chichikov  por las heladas estepas es convertido por Gogol en una excusa para hacer una radiografía social de ese inmenso país a caballo entre Europa y Asia.

FALSOS PENSIONISTAS

Una pluma como la del gran autor ruso hallaría hoy motivo de inspiración para otra novela que fuera el retrato de una época y la radiografía de Andalucía a partir del caso Mercasevilla, donde, al contrario que en ‘Almas muertas’, se engordan las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo con almas aún vivas  y pese a que jamás han tenido relación laboral alguna con la empresa municipal hispalense.

En el ERE del año 2003 fue incluida Carmen González, que nunca tuvo vinculación con Mercasevilla. Y ahora se descubre que la misma señora aparece como por arte de magia en el expediente promovido en 2005 por el restaurante Río Grande, pese a que tampoco trabajó allí nunca. Por tanto, alguien ha percibido en su nombre durante 8 y 6 años, respectivamente, una falsa prejubilación a cuenta del erario público.

Son 14 años, justamente los mismos que un vecino de Sanlúcar la Mayor, detenido hace cuatro días por la Policía, llevaba cobrando la pensión de un ‘alma muerta’: la de la tía de su esposa., aparentemente viva para la cuenta del banco donde ingresaba los pagos la Seguridad Social porque nunca notificó su muerte, como los terratenientes de la novela de Gogol pero por motivos opuestos: no para no pagar al Fisco, sino para que el Fisco le pagara a él. La picaresca andaluza incluso supera a la fabulación del gran escritor ruso.

INSPECCIONES INEFICACES

Volviendo a Mercasevilla, a la falsa prejubilada Carmen Fontela hay que unir el nombre de un dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido, también incluido en un ERE cuando jamás trabajó en la empresa municipal sevillana, y el de cinco operarios más que ni siquiera tenían la edad reglamentaria.

Tal como ha planteado en su brillante investigación el compañero Sebastián Torres, resulta cuando menos sorprendente que ni la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo detectaran estas irregularidades, pese a que las vidas laborales de los prejubilados deben incorporarse a los informes de los ERE.

Viera y, a su derecha, Fernández

Viera y, a su derecha, Fernández

Es evidente, pues, la existencia de, como mínimo, un descontrol administrativo, laxitud favorecida por la firma en 2001 de un convenio entre la Consejería de Empleo, cuyo titular era por entonces José Antonio Viera –hoy secretario provincial del PSOE-, y el IFA, dirigido por Antonio Fernández, posterior titular del Departamento –acogido a otro ERE en una bodega de Jerez cuando aún era consejero-.

Un convenio que permitió soslayar la normativa imperante en materia de subvenciones, con lo que los más de 600 millones de euros destinados por la Junta en el último decenio a EREs de empresas en crisis no habrían pasado por el Consejo de Gobierno ni sido publicados en el BOJA. De facto se otorgó un poder discrecional para manejar esa ingente cantidad de dinero, de ahí que la juez Alaya haya exigido ahora al Gobierno autónomo información sobre los criterios que ha seguido en la concesión de ayudas sociolaborales desde 2002.

CONSEJERÍA BAJO SOSPECHA

Parafraseando a Monteseirín en su famosa campaña electoral sobre el Urbanismo, toda la política laboral de la Junta está bajo sospecha, por lo que el PP no ha dudado en poner en su punto de mira al líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, al que ha calificado como el inventor del sistema con el que se habrían burlado los procedimientos reglados, esenciales en una Democracia, tal como sostenía Olivencia frente a Pellón cuando era el comisario general de la Exposición Universal de 1992 y el ingeniero cántabro quería regirse sólo por el principio de eficacia al margen de cualquier fiscalización.

El caso Mercasevilla demuestra que ni siquiera hace falta gobernar a golpe de Boletín Oficial, porque hasta el Boja ha sido omitido en el manejo de cantidades multimillonarias. La Junta de Andalucía no sólo ha creado una Administración paralela mediante una trama de sociedades y empresas ajenas a las luces y los taquígrafos del Parlamento, sino también unas pautas paralelas y ajenas a la norma digamos, aunque sea redundante, legal.

Una pauta en la que el descontrol es la norma, porque sólo así es posible asignar en EREs como el de Mercasevilla y el de Río Grande cientos de miles de euros a ‘almas’ que, al contrario de las de la novela de Nikolai Gogol, no estaban precisamente muertas, sino demasiado vivas.

A plena luz

Calles del Centro como Tetuán cuentan con alumbrado especial aunque Torrijos las había excluido del plan municipal con tal de  fastidiar a Aprocom. Se publica que la AIE que dirige Marchena  apoquinará 30.000 euros, pese a la quiebra de Tussam y Lipasam,  para que no ocurra como el año pasado, cuando el Centro se salvó ‘in extremis’ de quedarse sin luces de Navidad. Sin novedad en el frente. Pocos saben que el Ayuntamiento ya pagó, imputándolo a otras partidas o mediante el consorcio municipal, el alumbrado en 2009, camuflado como parte de un aniversario en la Fleet Street local de quienes no podían permitirse tal alarde por sus deudas multimillonarias y sus EREs encubiertos. La estratagema preveía que el camuflaje de este año lo asumiera el otro medio marchenero con la coartada de su traslado de sede, luego abortado por la crisis. Como a Monteseirín lo defenestraron mediante el teletipo de Europa Press, que no el de las amapolas, ya da igual todo y el Consistorio no necesita de sus lacayos externos. Lo que ayer hizo bajo cuerda hoy puede hacerlo a plena luz.