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Franklin y los impuestos

El inventor del pararrayos, periodista y diplomático estadounidense Benjamín Franklin, que como firmante de la Declaración de Independencia está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, acuñó una frase que suelen repetir en su descargo los ministros de Hacienda cuando adoptan medidas impopulares: “En este mundo sólo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos”.

Por ese permanente recordatorio de la inevitabilidad de habérselas con el Fisco que supone su aforismo, el Gobierno norteamericano eligió su efigie para ilustrar el billete de curso legal con más valor, el de 100 dólares (hasta mediados del siglo pasado los hubo también de 500 dólares, 1.000, 5.000 y ¡hasta de 10.000 dólares!).

A la frase de Franklin podría añadírsele una coda en el sentido de que pocos quieren enfrentarse a la muerte y al abono de los impuestos, sea al gobierno que sea y se llamen como se llamen. Y en Sevilla no íbamos a ser la excepción, de ahí la rebelión suscitada entre los empresarios tras la presentación de las primeras Ordenanzas Fiscales del gobierno de Espadas.

EL LÍMITE DEL MILLÓN DE EUROS

Como es sabido, el alcalde ha plasmado en el texto su promesa de congelación de los impuestos y/o tasas que afecten de forma más directa a las familias y pequeñas y medianas empresas sevillanas (el IBI, el sello del coche, las tasas de Tussam..) y también ha materializado el anuncio que hizo en aquel desayuno periodístico de que pediría un sobreesfuerzo a los que más tienen o más facturan subiendo los impuestos a las empresas con una cifra de negocio igual o superior al millón de euros anualmente.

Al igual que a nadie le gusta pagar más a Hacienda, a ningún gobernante le suele gustar arrostrar la impopularidad que supone incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas (sociedades), y menos en tiempos de una crisis económica que dura ya siete años y ha dejado más de 84.000 parados en la ciudad.

Sin embargo, Espadas ha llegado a la Alcaldía con una previsión de ingresos por la participación en la ciudad en los fondos del Estado inferior en 6 millones de euros a la cantidad que percibió el Ayuntamiento durante el último año del mandato de Zoido. A esos -6 millones se unen mayores gastos por la subida del 1% en las nóminas a los funcionarios  y el abono de la paga de Navidad, que las Administraciones Públicas están recuperando tras el sacrificio impuesto anteriormente.

En resumen, para lograr el principio de suficiencia financiera del Ayuntamiento y no incurrir en un mayor endeudamiento, que tampoco permitirían la ley de Estabilidad Presupuestaria y un vigilante Ministerio de Hacienda al que el interventor municipal está obligado legalmente a comunicar cualquier desviación presupuestaria del Consistorio, Espadas necesita recaudar 8 millones de euros más.

IBI E IAE

Su previsión, contenida en las Ordenanzas Fiscales para 2016, es que ese dinero salga de la subida del IBI (5,5 millones de euros) a 4.604 inmuebles de uso no residencial con los valores catastrales más altos (entre los que están 2.422 comercios, 603 industrias y hasta los estadios del Sevilla y del Betis) y de la subida del Impuesto sobre Actividades Económicas (2,5 millones de euros) a 3.615 empresas que facturan un millón de euros o más.

Obviamente, dada la natural aversión al pago al Fisco, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que preside Miguel Rus, ha descalificado el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Espadas, al que ha tachado de “populista”.

Según la CES, la decisión de subir impuestos “en momentos tan delicados de incipiente recuperación económica y con tan altas tasas de desempleo no ayudan en nada a la necesaria atracción de inversiones productivas e industriales que tanto necesita Sevilla. Decisiones políticas y populistas como las propuestas en estas Ordenanzas Fiscales -añade- ponen en riesgo los proyectos de inversión, continuidad y crecimiento de nuestras pocas grandes empresas y, sin duda, sus consecuencias sobre el empleo”.

No se recuerda una reacción similar de la patronal cuando era Zoido el que subía los impuestos aún en mayor medida que Espadas, aunque fuera forzado por el Ministerio de Hacienda para incrementar la recaudación de las Administraciones Públicas.

SUBIDAS MAYORES

Pese a la leyenda urbana y a la propaganda municipal en aquel tiempo en el sentido de que con Zoido en la Alcaldía se rebajaron los impuestos, los datos anuales de previsión de ingresos sólo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) demuestran lo contrario.

Así, en el último año de gobierno de Monteseirín, 2010, la previsión de ingresos por el IBI fue de 170.450.437 euros. A partir de 2011, ejercicio que se reparten a medias Monteseirín y Zoido, los ingresos por este tributo, el principal que pagan los sevillanos, se disparan y no se moderarán hasta los dos últimos años del mandato, cuando se van aproximando las elecciones municipales. Aun así serán superiores a los calculados en la época de Monteseirín.

Esta es la evolución de los ingresos por IBI en los últimos seis años: 2010, 170,4 millones de euros; año 2011, 178,2 millones; año 2012, 183,1 millones; año 2013, 201,9 millones; año 2014, 173,5 millones; y 2015, 173,5 millones de euros. Se aprecia que en los dos primeros años completos  de Zoido se recaudan por el IBI 5 millones y 23,7 millones más que en 2011, el ejercicio a medias con Monteseirín (Zoido llega a la Alcaldía a mediados de junio). Y todo ello en plena crudeza de la crisis económica, cuando en la ciudad se pasa de 76.600 parados a 91.600.

INCENTIVOS

Nada dijo entonces la patronal sevillana sobre que esas elevadas subidas del IBI pese al enorme ascenso del paro eran decisiones políticas y populistas que ponían en riesgo los proyectos de inversión de las grandes empresas y tendrían consecuencias negativas sobre el empleo.

La CES pone el acento en el incremento de la presión fiscal por Espadas sobre las grandes empresas como si por esta subida del IBI se pusiera en peligro la implantación de la segunda tienda de Ikea en Sevilla y omitiendo que, por ejemplo, pueden mitigar el incremento del IAE deduciéndoselo  en el impuesto de sociedades, y la existencia de lo que podríamos llamar el cheque de Espadas.

Y es que en estas primeras Ordenanzas de la nueva Corporación Municipal, las empresas que se creen quedarán exentas del pago de algunos tributos en los dos primeros años de su existencia y gozarán de una bonificación del 50% del IAE en los tres años siguientes.

Asimismo, para fomentar el empleo, se crea un cheque fiscal de 250 euros multiplicado por el incremento medio de la plantilla (contratos indefinidos en jornada completa), que en función de diversos factores puede permitir significativos ahorros en el IAE, IBI y hasta en la tasa de basuras (y hay que recordar que ahora se elimina la tasa de basuras a los locales vacíos que implantó Zoido).

Así pues, hay instrumentos en las Ordenanzas para incentivar los proyectos de inversión y la creación de empleo, pese a los temores en sentido contrario expresados por una patronal que fue demasiado complaciente con la política fiscal municipal en el anterior mandato y se muestra demasiado alarmista al inicio del actual.

Ahora bien, la CES tampoco puede darle un cheque en blanco a Espadas y debe estar vigilante para que el incremento de recaudación que se va a lograr con estas Ordenanzas no se pierda en un sumidero de iniciativas estrambóticas como la compra de lubricantes para uso vaginal y anal con destino a talleres municipales que se ha conocido esta semana.

Espadas no tocará el bolsillo de las familias en las nuevas Ordenanzas Fiscales

El gobierno local dio ayer por finalizadas las reuniones que ha celebrado con los portavoces de los grupos políticos municipales para avanzarles las líneas maestras de las nuevas Ordenanzas Fiscales, encuentros en los que sólo ha faltado Zoido, que delegó su representación. Espadas ha declarado intocables a las familias, considera inviable la rebaja del 10% en el IBI preconizada por el PP y Ciudadanos y aplicará una mayor presión fiscal a las grandes empresas, que reducirá si éstas demuestran un mayor compromiso con la ciudad con, por ejemplo, el incremento de sus plantillas.

Las familias y las pequeñas y medianas empresas sevillanas no se verán afectadas, en líneas generales, por el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2016 que el gobierno local ha avanzado a los portavoces de los grupos políticos y que remitirá hoy al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para someterlas a su dictamen previo.

Según las primeras impresiones recogidas, ante la actualización de los valores catastrales, en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el coeficiente pasa de 0,8067 que tiene en 2015 a 0,7334. Con esta medida, los recibos quedarán completamente congelados para los hogares y las pymes.

El gobierno de Espadas ha rechazado, por inviable, la rebaja del 10% preconizada desde la oposición por PP y Ciudadanos, ya que tendría una repercusión de 17,3 millones de euros en las cuentas municipales, a lo que hay que sumar el recorte en 6 millones de euros decretado por el Gobierno de la nación en la participación de la ciudad en los ingresos del Estado.

Con este escenario, una rebaja en el IBI provocaría que el Consistorio no pudiera afrontar una mínima subida salarial siquiera a los funcionarios, ni el abono de la paga extra. Hay que tener en cuenta que la previsión de ingresos por el IBI para el año en curso es de 173 millones de euros tras las fuertes subidas realizadas en los primeros años del mandato de Zoido, cuando ascendió a 183 millones (año 2012) y 201 millones (año 2013). Por tanto, una rebaja de esa cuantía supondría esos 17 millones de menos en la principal fuente de ingresos del Consistorio.

Por otra parte, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como el impuesto sobre las plusvalías, se reducen los coeficientes que aplica el Ayuntamiento hasta en un 32% en el caso de las plusvalías a corto plazo: cinco años. La cuota de este impuesto pasa de 29,5 a 36,8 con carácter general para que no tenga incidencia la actualización de los valores catastrales. En las transmisiones, además, de 1 a 5 años pasa del 3,7% al 2,5%.

En esta línea de no tocar el bolsillo de la inmensa mayoría de los sevillanos, se congelará el sello del coche y hasta se rebajará en un 4% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que pasa de 3,85 a 3,70.

La mayoría de las tasas con incidencia en familias y pequeñas y medianas empresas se congelan, desde la tasa de basuras hasta la de Tussam, y se suprime también la tasa de la basura a los locales vacíos que había aprobado el gobierno de Zoido.

En este escenario de congelaciones generalizadas, a salvo de conocer en profundidad el proyecto de Ordenanzas, la presión fiscal se incrementará para las grandes empresas, conforme al discurso del alcalde de que “otros tienen que hacer un esfuerzo: quienes más beneficio obtiene por su actividad, los grandes contribuyentes con grandes instalaciones en la ciudad”.

Ahora bien, el Ayuntamiento introducirá medidas correctoras para aliviar esa presión fiscal destinada a recaudar los 6 millones de euros menos que transferirá el Gobierno de la nación, siempre que las grandes corporaciones adopten un mayor compromiso con Sevilla, con medidas como, por ejemplo, la creación de empleo, habida cuenta de que la ciudad tiene en el paro (84.483 desempleados en septiembre) el mayor de sus problemas.

 

Indigestión de Setas (de la Encarnación)

Apenas conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocadora en gran parte de la dictada el pasado 10 de abril por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Sevilla y por la que finalmente el Ayuntamiento, gracias al recurso interpuesto por  los Servicios Jurídicos municipales por orden de Zoido, sólo queda obligado a indemnizar a Sacyr con 2,59 millones de euros por los incumplimientos y ocurrencias de última hora de Monteseirín en vez de con los 36,5 millones de euros del primer fallo judicial, apenas conocerse la sentencia, decía, Espadas ha anunciado su propósito de reorientar la gestión de las Setas de la Encarnación y de convertirlas en el “epicentro” de la próxima Navidad.

El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Se lo voy a dejar muy claro a Sacyr. Ellos son una constructora, pero yo necesito un buen gestor para este espacio público”.

De entrada, el alcalde comete dos errores, porque Sacyr es mucho más que una constructora. Tiene una filial o división de concesiones y, por tanto, con un perfil puramente de gestión, con más de 20 años de antigüedad y que está especializada en el diseño, financiación, construcción y gestión de activos. Actualmente, según reza en su página web, cuenta con una cartera de 35 concesiones, distribuidas en siete países, de las cuales 23 están en explotación y el resto, en desarrollo. Entre sus concesiones figuran 24 autopistas que suman casi 3.000 Kms., entre la UE y América; 7 hospitales, con más de 3.000 camas (3 en Madrid, 3 en Portugal y 1 en Chile); 2 intercambiadores de transporte en Madrid; una línea de Metro en Tenerife y un aeropuerto en Murcia.

Por tanto, Sacyr es, además de constructora, gestora, pero cuando el alcalde habla de que necesita un buen gestor para el Metropol Parasol está diciendo de forma implícita que Sacyr es un mal gestor, ante lo cual podría preguntarle a su antecesor y correligionario Monteseirín por qué entonces le adjudicó la construcción y gestión, por 40 años, de las Setas.

ESPACIO PRIVATIZADO

La segunda aseveración de Espadas ya no se compadece con la realidad, porque la Encarnación es un espacio público privatizado “de facto” por Monteseirín en beneficio de Sacyr por ese periodo de 40 años al otorgarle la explotación de las Setas y de lo que está debajo (con la excepción del Antiquarium) y a su alrededor. A la constructora aún le quedan 36 años de disfrute de la privatización de ese espacio público realizada por un alcalde que se declaraba socialista como Monteseirín. Dicho de otro modo, Monteseirín privó a los sevillanos de la plaza de la Encarnación con tal de que Sacyr le construyera las Setas como icono de su mandato.

Desde aquel momento, como concesionaria y explotadora del complejo Metropol-Parasol y del espacio Encarnación, Sacyr puede desarrollar allí, siempre que cumpla la normativa municipal, las actividades que considere más adecuadas o rentables para sus intereses, aunque sea la colocación de tiovivos y el paseo de camellos por Navidad y que tanto parecen haber disgustado a Espadas. Nada, por otra parte, muy alejado de lo que permitió el gobierno de Zoido en la cercana Alameda.

Lo más insólito de las declaraciones del alcalde es su aceptación de que el proyecto de las Setas ha sido hasta ahora “económicamente poco rentable”, siguiendo las tesis de la compañía en su afán de devolverlas al Ayuntamiento; que “tiene que revisarse en su conjunto” y que todo pasa por una “renovación comercial, con proyectos potentes, donde el Ayuntamiento invierta y haga actividades que conviertan la Encarnación en un punto focal de la ciudad”.

DATO OCULTO

El coste real del proyecto de reurbanización y reutilización de la Encarnación sigue sin ser aclarado por el Ayuntamiento, ni por el anterior gobierno municipal ni por el nuevo. También depende de que se contabilice el coste del abandono del proyecto inicial que Monteseirín desarrollaba con sus socios del PA (se dio una estimación de 14,6 millones de euros) hasta que se zafó de ellos para coligarse con IU.

En la sentencia del TSJA se lee que el proyecto de las Setas tenía un presupuesto total de 51.206.918,25 euros, que el Ayuntamiento se comprometió a financiar con 25.421.166,29 euros. El resto del dinero debía aportarlo Sacyr, que lo compensaría y obtendría un beneficio por la explotación comercial durante 40 años. Sin embargo, según el fallo judicial, del presupuesto total se detrajeron 5.326.690,22 euros, que no tuvieron que ser financiados por el adjudicatario de la concesión. De ello se colige que la aportación de Sacyr se redujo a 20.459.061,74 euros.

Posteriormente hubo dos modificaciones de obra que asumió el Ayuntamiento, el cual, según el TSJA, ha acabado pagando el 82% de la inversión en metálico. Por tanto, si el 18%, la parte de Sacyr,  eran 20,4 millones de euros, el Consistorio habría desembolsado 93.202.392,37 euros y el coste total de las Setas sólo en esta segunda fase habría ascendido a 113.661.454 euros en números redondos.

Espadas dice ahora que el proyecto ha sido poco rentable. Será que no escuchó el discurso de Monteseirín durante la inauguración de las Setas, donde dijo: “Según los análisis de los expertos, los beneficios económicos, directos e indirectos, que el Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Y añade Espadas que “hay que revisar” el contrato con Sacyr y que el Ayuntamiento debe invertir en las actividades que en las Setas se hagan porque es un icono a nivel internacional. ¿Un icono con tiovivos y camellos y bares low-cost?

¿Por qué hay que revisar el contrato? ¿Lo revisaría acaso Sacyr para repartir sus ganancias con la ciudad? El riesgo es consustancial a la actividad empresarial. Se supone que una multinacional con 20 años de experiencia en concesiones y ejecutora hasta de la ampliación del canal de Panamá debió hacer bien sus cuentas cuando se presentó al concurso de las Setas, salvo que hiciera una oferta temeraria a la baja para que se lo adjudicaran. Si ahora, supuestamente, no le salen las cuentas, ¿le va a trasladar sus presuntas pérdidas también a los sevillanos?

¿No le bastan a Espadas los casi 108 millones de euros (contando los 14,6 millones iniciales) que del dinero de los sevillanos habría  enterrado ya el Ayuntamiento en las Setas como para anunciar nuevas inversiones municipales allí, en vez de dedicar el dinero a los barrios más desfavorecidos?

Al final, el alcalde, para regocijo de Sacyr, puede acabar aplicando en las Setas el principio capitalista de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

Taifas verdes

El Ayuntamiento ha presentado hace unos días el Inventario/Diagnóstico de los 178.000 árboles de la ciudad, según el cual hay 2.477 ejemplares con defectos estructurales y/o morfológicos graves o muy graves que suponen un riesgo estático bastante elevado para los viandantes, por lo que es aconsejable su sustitución a corto o medio plazo. De hecho, el Centro de Coordinación Operativa municipal atiende unas 900 incidencias anuales relacionadas con los árboles (a una media diaria de 2,5).

A raíz de que el pasado 10 de agosto se desplomaran en la Macarena partes de un árbol sobre dos personas, que sufrieron heridas de gravedad, el nuevo gobierno de Juan Espadas encargó una inspección del arbolado de la ciudad, que ha sido concluida en 40 días, con lo que en cada jornada se habrían inspeccionado 4.450 ejemplares. El dato ha sido cuestionado por inverosímil, dada la falta de suficientes especialistas y de instrumentos de diagnóstico avanzados tanto en el Servicio de Parques y Jardines como en las empresas del macrocontrato de las zonas verdes.

No obstante, éste es otro de los problemas heredados por Espadas, que al menos ha reaccionado de inmediato para contar con una aproximación sobre el estado del arbolado. El Inventario/Diagnóstico es en realidad un “yo me acuso” de los pecados verdes cometidos hasta ahora por el conjunto de la Corporación Municipal, ya que ¿a quién si no imputar la responsabilidad por los cinco grandes problemas detectados?

Son los siguientes. 1) Selección inadecuada de especies; 2) Mala calidad de las plantas; 3) Malas condiciones de plantación; 4) Falta de coordinación; 5) Inadecuada organización.

DEMASIADOS ACTORES

En la ciudad falta una Autoridad Única sobre los árboles y hay demasiados reinos de taifas al margen del Servicio de Parques y Jardines, que queda orillado en muchas de las actuaciones que se acometen y que teóricamente deberían ser de su competencia. Por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo es responsable de que las contratas que ejecutan los proyectos de urbanización y/o de reparaciones en la vía pública planten árboles según su propio criterio. ¿Quién tomó la decisión de sembrar fresnos en la Alameda de Hércules, donde históricamente predominaban álamos?

El recinto de la Feria de Abril es otro hecho exógeno a Parques y Jardines, donde sus especialistas no tienen arte ni parte. Allí se podan los árboles a destiempo y sus ramas quedan reducidas a muñones no por criterios de jardinería, sino para que luzcan más los farolillos. Entonces, ¿para qué plantar árboles, si luego estorban? Después, si aparecen pudriciones en los troncos o los árboles, debilitados, son atacados por plagas, la culpa se achaca al departamento que no ha intervenido en el campo de Los Remedios.

Hasta las asociaciones de vecinos, con la mejor de las intenciones, plantan ejemplares e incluso aprovechando las subvenciones municipales. Y qué decir de los constructores de urbanizaciones privadas: generalmente las terminan con siembra de árboles en las aceras, la mayoría de las veces sin conocimiento del Servicio de Parques y Jardines (¿acaso las inspecciona?) e incumpliendo las normas de Urbanismo sobre el tamaño de las especies.

ALCORQUES MÍNIMOS

Asimismo, los alcorques de dimensiones mínimas los ha tolerado hasta ahora el Ayuntamiento en las obras de urbanización de calles, donde confluyen otras para la canalización subterránea de la red de agua potable, red eléctrica, red telefónica, red semafórica, el alcantarillado…. que realizan distintas compañías. En una reciente avería en la vía pública, los técnicos de Emasesa tuvieron que levantar prácticamente un plano de situación del subsuelo de entremezclados que estaban todo tipo de cables y conductos.

¿Quién pone orden en este caos, que como en el caso de la calle Almirante Lobo fue esgrimido luego por el gobierno de Zoido para tratar de justificar la tala de los grandes plataneros de la Exposición del 29 para que así se viera mejor la Torre del Oro?

Esta descoordinación y existencia de reinos de taifas verdes es la causa principal de la situación a la que hemos llegado, pero de momento el Consistorio ha anunciado doce medidas para abordar sólo las consecuencias. Una de ellas, con buen criterio, consiste en la formación y certificación en arboricultura tanto de los operarios como de los técnicos implicados en la gestión del arbolado, con lo cual se pone de manifiesto todavía más el dislate que ha supuesto el cierre de la Escuela de Jardinería Romero Murube en el parque de María Luisa después de la quiebra de la Fundación Forja XXI, sin que el gobierno de Zoido se atreviera a rescatarla. Ahora parece más necesaria que nunca y debería ser una de las prioridades de Espadas, también para crear empleo.

LA TÍPICA MESA

La implantación de un sistema de información geográfica del arbolado es una magnífica iniciativa, pero de poco servirá si no se mantiene en permanente actualización y revisión, para lo cual se necesita personal especializado y medios en un Ayuntamiento maniatado por la tasa de reposición.

Como en cada problema que surge (zona azul, botellonas, polígonos industriales…), el gobierno de Espadas reacciona anunciado la creación de una mesa ciudadana. También lo ha hecho en este caso. No están de más, pero recuérdese que Monteseirín anunció otra similar que no sirvió más que de pantalla tras su arboricidios, ya que no se hizo nada de lo que allí se preconizó.

¿Será esta vez diferente?

El melón de la Gavidia

Espadas está en proceso de abrir un peligroso melón en la antigua comisaría de la Gavidia al plantear primero una rebaja en el nivel de protección patrimonial de este Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de facilitar su venta a esos potenciales compradores que Zoido decía tener y que, al igual que con las cien empresas interesadas en instalarse en la Zona Franca, todavía estamos esperando que aparezcan; y, en segundo lugar, al sugerir que se encuentra en un lamentable estado de conservación y encargar a la Gerencia de Urbanismo un informe técnico tras el que podría dictaminarse su declaración de ruina y posterior demolición, con lo que en vez de un BIC representativo de un estilo arquitectónico y de una época de la ciudad nos quedaríamos con un solar en pleno corazón del Casco Antiguo.

Aun subrayando que Espadas llegó ayer por la tarde, como quien dice, al Ayuntamiento y que ha heredado esta situación de Monteseirín y de Zoido, ¿acaso la Gerencia de Urbanismo no debería conocer de sobra el estado del inmueble sin necesidad de que el alcalde le haga un encargo especial?

Porque el Pleno de la Corporación aprobó el 25 de mayo de 2000 la Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios  (ITE), que fue modificada el 20 de mayo de 2004 y, luego, el 28 de septiembre de 2011 (texto refundido en el BOP de Sevilla, 16-XI-2011).

 

OBLIGACIONES DE LA ITE

 

La Ordenanza de la ITE regula (Art. 1º) la obligación de los propietarios de construcciones y edificaciones de efectuar una inspección periódica, dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas y el cumplimiento del deber (atención) de conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen del suelo. Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, están afectadas por la obligación de someterse a la inspección (Art. 2).

La Disposición Transitoria Única de la Ordenanza establece los plazos máximos generales para la presentación del primer informe de inspección técnica. Considerando el texto de 2011 en vez de los anteriores (2000 y 2004) y dado que la antigua comisaría de la Gavidia tenía por entonces unos 47 años (se construyó entre 1962 y 1964), en el mejor de los casos el Ayuntamiento, su propietario, debió haber presentado el primer informe de ITE hasta la fecha límite del 6 de julio de 2011, ya con Zoido en la Alcaldía. Esa inspección debió determinar el estado de conservación del edificio, y en caso de amenaza de ruina o mal estado de conservación, el Ayuntamiento tendría que haber actuado de inmediato para preservarlo, tanto por ser un bien municipal como -no se olvide- un Bien de Interés Cultural.

NO CONSTA

La Ordenanza obligaba a la constitución de un Registro informatizado de carácter público en Urbanismo y en el que deben constar como mínimo, la identificación de cada inmueble mediante su referencia catastral, dirección y número de gobierno; año de construcción; protección asignada en el planeamiento; número de expediente asignado e informe de la ITE presentado con una serie de parámetros.

Al ser de acceso público, cualquier ciudadano puede verificar la ITE de cualquier edificio de Sevilla desde el siguiente enlace a la página web de la Gerencia de Urbanismo:

http://www.sevilla.org/urbanismo/test2012/Menu08.asp

Se puede buscar por la dirección del inmueble, que en el caso de la Gavidia es Plaza de la Concordia Nº 2, o por su referencia catastral, que es  4730702TG3443B0001PF.

No hemos podido constatar informáticamente que la Gavidia haya pasado la ITE, aunque dados los conocidos ‘agujeros’ de la página web municipal cualquier sorpresa sería posible. En la más que probable hipótesis de que no haya sido inspeccionada, se consideraría en virtud del Art. 8 de la Ordenanza una infracción muy grave, que sería sancionada con una multa de mínima de 6.000 euros por tratarse de un edificio catalogado.

¿Puede el Ayuntamiento acreditar la ITE de la Gavidia? En caso de que no la haya inspeccionado, ¿va a cumplir la Ordenanza, se va a sancionar a sí mismo con 6.000 euros -de todos los sevillanos- y va a exigir responsabilidades por tal omisión? ¿Con qué autoridad moral puede el Consistorio exigir el cumplimiento de la ITE a los sevillanos y sancionarlos?

Veamos un reciente caso paralelo. La iglesia de los Terceros, otro Bien de Interés Cultural, se encuentra cerrada parcialmente desde mayo por riesgo de desprendimiento de su cúpula. Pues bien, ha sido sometida a la ITE y los inspectores exigen que en un plazo determinado se realicen obras por valor de 500.000 euros para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

CONVENIO INCUMPLIDO

Cuando el Ministerio del Interior cerró en el año 2003 la comisaría de la Gavidia por el traslado de la Jefatura de la Policía al nuevo edificio en Blas Infante ya se apuntó el mal estado en que, supuestamente, aquélla se hallaba, lo cual no fue óbice para que, con Monteseirín como alcalde, el Ayuntamiento le comprara el edificio al Ministerio a cambio de 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas valoradas en 2,3 millones. En total, una operación de 12,2 millones en que, como contrapartida, el Gobierno de la nación se comprometía a reinvertir el dinero conseguido en la construcción de cinco comisarías en barrios de Sevilla y en el plazo máximo de cinco años (2010). Estamos en 2015 y es obvio que el Ministerio ha incumplido su compromiso, sin que el Consistorio haya denunciado el convenio pese a la teórica posibilidad de recuperar el dinero y devolverle el inmueble a Interior.

Una de dos: o Monteseirín compró un edificio ya ruinoso al Ministerio aquel 21 de noviembre de 2005, o, presuntamente según los temores de Espadas, entre él y Zoido se lo han dejado arruinar en el decenio transcurrido desde entonces (seis años de gestión del primero; cuatro del segundo).

Otro de los motivos alegados en aquel entonces para justificar la compra del inmueble -comisarías de barrio aparte- era que así se dispondría de un sitio (7.462 m2 de superficie construida) para dotar de equipamientos públicos al Centro, donde prácticamente no había ni hay espacios libres. En tal sentido, en el PGOU de 2006 la Gavidia fue calificada como Sistema General/S.I.P.S.-Sociocultural. Sin embargo, Monteseirín (al igual que luego Zoido) no invirtió en convertir la antigua comisaría en sede de equipamientos para los vecinos del Casco Antiguo y la dejó abandonada a su suerte mientras que en paralelo gastaba del orden de 120 millones de euros en levantar a 700 metros las Setas de la Encarnación y a costa del dinero destinado en el PGOU a las infraestructuras de los futuros barrios de la ciudad.

PÉSIMO EJEMPLO

Si el Ayuntamiento demuele un Bien de Interés Cultural tras haber propiciado con su abandono de diez años su hipotético estado de ruina, ¿acaso su conducta no sería equivalente a la de esos ‘asustaviejas’ que no invierten un euro en conservación para así librarse a la larga de sus inquilinos y poder construir de nueva planta sobre el solar una vez consumados el reconocimiento de la ruina y la posterior demolición?

El BOP de Sevilla ha publicado bastantes acuerdos por los que la Gerencia de Urbanismo expropia de forma forzosa a propietarios de viviendas en ruinas porque sus propietarios han incumplido el deber de conservación. Pero, claro, ¿se va a expropiar a sí mismo el Ayuntamiento en la Gavidia?

El Consistorio está obligado no a demoler, sino a conservar la antigua comisaría en virtud del PGOU de 2006, del Plan Especial de San Martín y de la Ordenanza de la ITE. Y al tratarse de un BIC, esa obligación añadida se la imponen la ley del Patrimonio Histórico, la de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y hasta la ley del Suelo. ¿Cómo explicar que se libren un millón de euros para Artillería y 300.000 para Santa Catalina, que ni es municipal, y cero euros para la Gavidia?

Si el gobierno local omite el deber de conservación al que, por ejemplo, le obliga la ley del Patrimonio (Artículo 14), la Junta de Andalucía tiene la potestad de ordenar la ejecución de las obras necesarias (Art. 15), ejecutarlas de forma subsidiaria con cargo a las arcas municipales (Art. 16) o incluso expropiar la antigua comisaría (Art. 18) para acometer un proyecto de conservación (Art. 21).

Ni siquiera puede Espadas decretar unilateralmente un estado de ruina en este caso, al tratarse de un BIC, u ordenar la demolición sin la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura. Si tal ocurriera tras abrir Espadas este melón, supondría un rotundo fracaso económico (12,2 millones a la basura) y cultural, con el que se mandaría el mensaje de que desde la Administración se pueden descatalogar BIC por capricho de un alcalde o dejarlos arruinarse y demolerlos porque es más importante hacer caja con el patrimonio (su liquidación) que conservarlo.

Adiós a San Fernando

A lo largo de mi vida profesional he leído infinidad de cartas enviadas a directores de periódico. Entre tantas y tantas hubo una, publicada hace bastantes años, que me llamó poderosamente la atención y que en líneas generales todavía recuerdo hoy. La escribió un directivo español a un medio de Madrid para comunicar el cumplimiento de una promesa personal: acudir a su vuelta a España a Granada para postrarse ante la tumba de los Reyes Católicos y expresarles su gratitud por haber culminado la Reconquista y liberado definitivamente a nuestro país de la dominación musulmana.

El remitente había trabajado para diversas compañías en países árabes y había tenido por tanto la ocasión de comprobar ‘in situ’ la diferencia sideral de vivir bajo los regímenes teocráticos y totalitarios imperantes en esas naciones -donde se oprimía a la mujer y se imponían penas medievales como lapidaciones, latigazos, amputaciones de miembros, decapitaciones…a capricho ante cualquier heterodoxia- y la de vivir en un país perteneciente a la civilización cristiana y cultura occidental y en un régimen democrático y de libertades.

Y eso que entonces aún faltaban bastantes años para que surgiera el denominado Estado islámico y el mundo viera con horror sus prácticas de cortar la cabeza a periodistas, quemar vivo a un piloto jordano enjaulado, despeñar desde lo alto de los edificios a los homosexuales, exterminar a las minorías cristianas y de cualquier otra religión en las ciudades tomadas a sangre y fuego, secuestrar y violar mujeres como botín de guerra, destruir obras de arte patrimonio de la humanidad para que no exista ninguna memoria histórica antes de su paso por esos lugares….

SEVILLA FUE ANTES

El firmante de la carta daba las gracias a los Reyes Católicos por culminar la incorporación de España a lo que hoy llamamos Occidente, en 1492. Pues bien, casi dos siglos y medio antes de esa fecha fue otro rey, San Fernando, el que hizo lo propio respecto de la ciudad de Sevilla, al liberarla de la dominación musulmana el 23 de noviembre de 1248.

Uno de los mayores expertos en la época fernandina, Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Hispalense y de reconocido prestigio, dijo una vez que “con Fernando III y su hijo Alfonso X el Sabio empieza la época de la universalidad de Sevilla”.

Por tanto, cada vez que la ciudad conmemora el 30 de mayo la fiesta de su patrón protector y de su rey conquistador está recordando mucho más que un episodio militar y/o religioso (habría que situarse en la mentalidad de la época), ya que San Fernando, además de poner los cimientos de la edad de oro de Sevilla, que sobrevendría trescientos años después, estableció la corte real en el Alcázar, decisión que equivalía a la designación de la urbe como la capital de su reino unificado; impuso el castellano como lengua oficial en lugar del latín, con lo que propició el auge cultural que encarnaría su hijo Alfonso, y se identificó hasta tal punto con la ciudad que dispuso ser inhumado aquí de la forma más humilde, para que fuera Sevilla donde descansaran sus restos para siempre.

LOS FESTIVOS LOCALES

¿Merece o no merece San Fernando que Sevilla le dedique una de las dos fiestas locales (la otra es, por ahora, el Corpus Christi) a las que por ley tiene derecho decretar? O, por el contrario, ¿es más conveniente y/o lógico dejar al rey conquistador y santo patrón sin día festivo y trasladarlo a la Feria de Abril, para equiparar Sevilla a esos municipios, desde pueblos hasta capitales de provincia, en los que es natural disfrutar de un festivo con motivo de su Feria o fiestas patronales?

Sin debate previo, pero tratando de enlazarlo con el ya tradicional sobre el inicio de la Feria de Abril y si se ha de convertir la Preferia en Feria, el nuevo gobierno municipal presidido por Juan Espadas ha decidido elevar a Pleno una propuesta para eliminar en 2016 el carácter festivo del Día de San Fernando y otorgárselo en su lugar al miércoles de Feria.

De materializarse esta propuesta, que previamente ha contado en comisión con el apoyo de PSOE, Ciudadanos e IU y con la abstención del PP y de Participa (esta formación consultará a sus militantes y simpatizantes antes de votar en el Pleno), sería, que se recuerde, la primera vez en que se adoptaría una decisión en tal sentido sin que el día de San Fernando ‘cayera’ en sábado o domingo (días no laborables), circunstancia que, cuando se producía, aprovecharon otros alcaldes, como Monteseirín y Zoido, para decretar un festivo en la Feria sin menoscabar el día del patrón de la ciudad.

CUATRO ARGUMENTOS

El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha dado varios argumentos para tratar de justificar esta propuesta, lanzada tan sólo cinco semanas después de la constitución de la nueva corporación y cuando aún faltan nueve meses para la Feria y diez para el Día de San Fernando:

  1. Que la Junta de Andalucía necesita conocer ya los festivos locales para organizar el calendario del próximo curso escolar, el cual se inicia en septiembre.

  2. Que el próximo año, 2016, el Corpus Christi se celebrará el jueves 26 de mayo, y el Día de San Fernando, el 30, será lunes, con lo que habría una sucesión de festivos que propiciarían un ‘puente’ de cinco días que se antoja demasiado largo.

  3. Que poner un festivo en Feria supone el cumplimiento de una promesa electoral de Juan Espadas, el cual es partidario de que las familias disfruten de un día libre en pleno festejo al margen del fin de semana.

  4. Que un sondeo realizado entre los empresarios del sector turístico indica que la celebración de un día festivo durante la Feria supone un mayor impacto económico para la reactivación de la ciudad.

 

EL REFERÉNDUM

Sorprende la preocupación del gobierno municipal por que los sevillanos se pudieran tomar demasiados días de supuesto ‘puente’ con motivo del Corpus y San Fernando (el viernes sería laborable, aunque en la mentalidad funcionarial de los ediles del gobierno no le otorgan tal consideración) cuando al mismo tiempo hablan de adelantar el dispositivo municipal a la Preferia, lo que equivale a dar tratamiento festivo a una decena de días (el lunes del pescaíto sería equiparable al viernes entre el Corpus y San Fernando).

En el ambiente quedó flotando este año la idea de que la promesa de Espadas sobre la Feria consistía en someter a referéndum la fecha de inicio del festejo para ‘legalizar’ la Preferia, no que tuviera un festivo en medio que podría acabar ‘de facto’ con la Feria en tal fecha, por el riesgo de que los sevillanos dejen de frecuentar, por cansancio, el real y dejen a los forasteros el tramo final. De atenernos a la versión oficial y no a la realidad, la suma de la Preferia, el festivo del miércoles y el último fin de semana nos llevarían a diez días de fiesta, el doble que los cinco que el Ayuntamiento quiere evitar suprimiendo el festivo de San Fernando, el cual, así, quedaría erradicado, al menos durante este mandato.

El argumento que parece definitivo es el último: el sector turístico quiere el festivo en Feria en vez de en el Día de San Fernando porque así hace más caja y obtiene más beneficio. Es el mismo argumento con que se justificó durante el mandato de Zoido la Feria del calor: se retrasó hasta bien entrado mayo, en función del calendario festivo de Madrid (fiestas del 2 de mayo y de San Isidro) y no de la tradición de Sevilla para que hicieran su particular negocio los hoteleros y hosteleros.

No importa que durante el mandato de Espadas se cumplan los 770 años de la conquista de Sevilla por San Fernando y los 349 de su canonización; ni que la festividad del rey sea 176 años más antigua que la fundación de la Feria y esté declarada por el propio Ayuntamiento como el Día de Sevilla, en que se entregan las medallas de oro de la ciudad…

Prevalece el negocio del sector turístico, lo mismo ahora con Espadas que antes con Zoido, de lo que se colige que el Ayuntamiento se sigue plegando a idénticos intereses en la sombra y que Sevilla, al contrario de su leyenda, no es tan tradicional como pretenden ciertos sectores siempre que la tradición estorbe a un interés crematístico considerado superior. Si hace falta, se inventa otra tradición: la del festivo en Feria.

 

Moverse por Sevilla

El nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha iniciado su mandato como es tradicional en los nuevos alcaldes de Sevilla en los últimos tiempos, anunciando un plan de tráfico que afecta al Centro de la ciudad (aunque no quiere que se llame del mismo modo que el aplicado por Monteseirín), y los comerciantes han reaccionado inicialmente como es tradicional que reaccione el comercio, alarmado y temiendo por una caída de sus ventas en caso de que se restrinja el acceso de vehículos privados al casco antiguo más extenso de Europa.

Si el Plan Centro de Monteserín suponía en esencia una limitación en la penetración de vehículos particulares al corazón de la ciudad el no-Plan Centro de Espadas, que prefiere llamarlo Plan Integral, persigue el mismo objetivo con, en principio, otros métodos que no recuerden a las cámaras de vigilancia que grababan las matrículas de los coches y actuando no sólo en el Casco Antiguo, sino también sobre el conjunto de la urbe para conseguir un cambio en el modelo de movilidad de Sevilla.

Recuérdese que el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), en su dictamen sobre Movilidad Sostenible aprobado el 17 de octubre de 2014 por unanimidad y con tan sólo un voto particular del PP en relación con las inversiones en la red de carriles bici pero no sobre el resto del contenido, calificó de insostenible el modelo vigente y propuso otro basado en la potenciación del transporte público, tanto en infraestructuras como en servicios de transporte; la mejora de la red viaria y el fomento de los modos más sostenibles: a pie y en bicicleta.

EL ENSAYO DE NAVIDAD

Como el modelo es insostenible y siguen sin acometerse la inmensa mayoría de las recomendaciones contenidas en el dictamen del CESS, no es extraño que Espadas, en línea con los alcaldes anteriores -unos en un sentido y otros, en otro- haya desembarcado en el Ayuntamiento anunciando de forma genérica su propio plan para arreglar el tráfico en el Centro y, por extensión, en el resto de la ciudad frente al bloque formado por los comerciantes y por el PP. Por cierto, el presidente de la asociación Alcentro, Enrique Arias, participó como asesor en el dictamen del CESS. Por su parte, el PP, a través de Gregorio Serrano, ha calificado el anuncio de Espadas de “ocurrencia” que puede poner en peligro, a su juicio, el repunte de ventas del comercio en el Casco Antiguo.

Aunque Sevilla no es Bérchules (Granada), donde se celebra la Nochevieja en verano, hay que recordar a efectos informativos en este mes de julio el Plan de Tráfico que se aplica en Navidad en la capital hispalense. El de 2014/2015, con Zoido aún de alcalde, duró desde el 19 de diciembre de 2014 hasta el 7 de enero de 2015, como es costumbre en la ciudad.

En ese periodo de tres semanas en números redondos sólo se permitió el acceso al Centro a los residentes o titulares de plazas de garaje, vehículos de servicio público u oficiales, vehículos de carga y descarga en los horarios estipulados y clientes de los hoteles, mientras que los vehículos privados sólo podían entrar hasta que se llenaran las plazas de aparcamiento en superficie de la zona azul y los aparcamientos subterráneos de uso público.

Además, por causa del ‘mapping’, de 18:45 a 22 horas se cortaba el tráfico en la confluencia de la plaza de la Alfalfa con la calle Jesús de las Tres Caídas y en la de la Pescadería con la Cuesta del Rosario. Asimismo, se aplicaban medidas especiales en los accesos y/o salidas de los aparcamientos subterráneos de los centros comerciales de Nervión y Los Arcos.

El Plan de Tráfico de Navidad podría definirse como una especie de Plan Centro circunscrito a tres semanas del año y con tales restricciones al tráfico privado que cabría imaginar, conforme a los planteamientos que suelen hacer los comerciantes, la ruina del comercio en el Casco Antiguo por falta de compradores ante las dificultades de accesibilidad y para el aparcamiento de coches particulares.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El Centro se ponía de bote en bote de gente gracias al transporte público y en los últimos años los comerciantes, abonados al ‘quejío’ por sistema, no han tenido empacho en reconocer un incremento de ventas en el periodo navideño, cuando más difícil es circular y aparcar en el Centro. En enero de 2014, Enrique Arias, presidente de la asociación de comerciantes de esta zona de la ciudad, reconoció que la facturación en los establecimientos había subido en un 7%.

SIN CAUSA-EFECTO

Por tanto, no existe una relación causa-efecto entre la restricción del tráfico en el Centro y las ventas del comercio. Antes al contrario: la peatonalización de calles como Tetúa, Velázquez y O´Donnell ha contribuido a revitalizar el corazón de la ciudad y a revalorizar los comercios establecidos en el mismo, como demuestra su inclusión en el ranking de las calles con mayor cotización comercial de España, la presión de las grandes cadenas textiles por instalarse en esta zona de la ciudad y los precios al alza que se pagan por alquileres y traspasos.

El respuesta al alcalde, el presidente de los comerciantes del Centro ha pedido la construcción de las tres líneas restantes del Metro y más plazas de aparcamiento. Son dos medidas caras de materializar en las actuales circunstancias de crisis económica, ya que su  su día se estimó que la ampliación del Metro costaría al menos 3.706 millones de euros, mientras que la construcción de aparcamientos tendría un efecto llamada sobre el tráfico privado en vez de al contrario, tal como analiza el CESS en su dictamen: “El aparcamiento es un factor de enorme importancia en la regulación del uso del coche. La experiencia indica que la expectativa positiva de aparcar en destino es el factor que más alienta el uso del automóvil. Si el aparcamiento en destino es fácil y accesible, es casi seguro que el ciudadano optará por la utilización del coche, con independencia de la disponibilidad y calidad de otros medios de transporte puestos a su disposición”.

MENOS CARAS

Hay medidas mucho más baratas y que podrían tener un efecto inmediato en la mejora de la movilidad en la ciudad. Mientras Espadas y/o su delegado de Movilidad hablan de construir un aparcamiento subterráneo en Torneo, en el borde del Casco Antiguo, el CESS aboga con buena lógica por lo que denomina Areas Verdes: aparcamientos en las entradas a la ciudad, junto a las principales vías de acceso por carretera, cuyo uso debe comportar un bajo o nulo coste para el usuario y conectados al centro urbano mediante transporte público y carriles-bici.

Otra medida preconizada en el dictamen del CESS son los autobuses de tránsito rápido, que ya funcionan en el extranjero y en Barcelona: los viajeros validan el billete antes de acceder a autobuses articulados de gran capacidad por cualquier puerta y que circulan por plataformas reservadas.

El dictamen del CESS es un catálogo de incumplimiento de medidas propugnadas en los últimos años, e incluso recogidas en el PGOU, cuya aplicación podría provocar la doble función de aliviar el tráfico privado en el Centro y de allegar clientes a los comerciantes al captar mayor flujo de viajeros en otras zonas de la ciudad y del área metropolitana: extensión del tranvía más allá de San Bernardo y del Cercanías hasta enlazar con el Metro en Blas Infante; creación de una red de intercambiadores de transporte en Plaza de Armas, la UPO, Puerta de Jerez, Puerta Osario y la Macarena, además de las ya conformadas a trancas y barrancas en el Prado y San Bernardo; mantenimiento y ampliación de la red de carriles-bici y conexión del Metro con el tranvía de Alcalá de Guadaíra y el nonato del Aljarafe.

Hay tanto por hacer en materia de movilidad que Espadas sólo tiene por delante margen de mejora con su anuncio de un Plan Integral de Tráfico que aborde no sólo el Centro sino el conjunto de Sevilla.

La Iglesia incumple el convenio de Santa Catalina

Hoy, 22 de junio de 2015, se cumple un mes desde que en vísperas de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo el consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, y el arzobispo, monseñor Asenjo, firmaron junto con el entonces alcalde en funciones, Juan Ignacio Zoido, un controvertido contrato de patrocinio por el que la empresa metropolitana de aguas se comprometió a patrocinar la restauración integral de la iglesia de Santa Catalina con 423.500 euros (IVA incluido).

Como contrapartida, la Archidiócesis de Sevilla se obligaba a realizar en favor de Emasesa una campaña publicitaria equivalente en términos económicos al importe del patrocinio recibido.

Según el convenio, Emasesa adquirió el compromiso de entregar la mitad del dinero (211.750 euros, IVA incluido) a los 15 días de la firma del mismo, plazo que se cumplió el pasado 6 de junio, una semana antes de la toma de posesión de Espadas como nuevo alcalde. Los 211.750 euros restantes los debe abonar la empresa metropolitana cuando la Archidiócesis haya acreditado la ejecución de la campaña publicitaria por valor equivalente en favor de Emasesa.

Entre las acciones publicitarias se incluyeron, según las fuentes consultadas, acciones como una cartelería especial en la iglesia de Santa Catalina donde quedaría expresamente de manifiesto ante los sevillanos que la restauración está patrocinada por Emasesa; la inserción en la publicación semanal de la Archidiócesis de la actividad desarrollada por la empresa y de los servicios que presta en la ciudad y en su área metropolitana, y el nombre y el logotipo de la misma en cualquier actividad que realice la Archidiócesis.

Sin embargo, la Archidiócesis todavía no ha cumplido al 100% los términos del acuerdo, como, por ejemplo, demuestra el hecho de que la publicación Iglesia en Sevilla correspondiente a la semana del 21 al 27 de junio no incluye ni anuncio ni logotipo ni referencia alguna a las actividades de Emasesa.

Ello no ha sido óbice para que el pasado jueves, con motivo de la presentación de la encíclica en defensa de la Naturaleza del Papa Francisco, el arzobispo declarara lo siguiente: “Espero que se cumplan los compromisos adquiridos cuando con el anterior alcalde firmamos, con cierta solemnidad, un protocolo en el que nos obligábamos a terminar las obras compartiendo el presupuesto. Espero que el Ayuntamiento se comprometa en la conservación de este edificio”.

Monseñor Asenjo hizo un llamamiento a las instituciones para que ayuden a mantener el patrimonio, ya que de no ser de esa manera “nos vamos a tener que acostumbrar -dijo- a ver iglesias en ruinas”.

El convenio con Emasesa ha sido muy polémico, por entenderse que escapa al objeto social de la empresa el patrocinio de restauraciones arquitectónicas y por su elevada cuantía en tiempos de crisis y de vigilancia de quienes no pueden pagar el recibo del agua. El comité de empresa lo ha criticado duramente y ha acusado a la dirección de usar ese dinero tras haber recortado el sueldo a los trabajadores con el argumento del ahorro de costes, mientras que la asociación vecinal del casco antiguo La Revuelta lo puso directamente en conocimiento de la Fiscalía.

Espadas, por su parte, ha declarado que analizará el convenio, al que ha calificado de “extraño”, para ver si está ajustado a Derecho y si es necesario acometer alguna modificación “para hacer bien las cosas”. El nuevo alcalde quiere reunirse esta misma semana con monseñor Asenjo para abordar el polémico asunto.

 

El Ayuntamiento de Espadas costará dos millones menos que el de Zoido

La nueva corporación municipal, presidida por Juan Espadas, costará a los sevillanos 5,3 millones de euros, frente a los 7,4 millones que costaba en el anterior mandato bajo la presidencia de Juan Ignacio Zoido, según las primeras estimaciones tras las grandes líneas maestras que van perfilándose en las reuniones mantenidas hasta ahora por el alcalde con todos los grupos políticos.

La corporación emanada de las urnas el pasado 24-M está condicionada por la aplicación de la ley promovida por el Gobierno del PP de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sólo permite retribuir con un sueldo fijo a 22 de los 31 ediles del Ayuntamiento. Además hay que tener en cuenta otros factores condicionantes, como los compromisos electorales de los partidos políticos, los pactos de la investidura de Espadas, la inexistencia de ediles de libre designación (los conocidos como ‘dediles’) que puedan desempeñar tareas de gobierno y que este gobierno local es el de menos concejales (11) de la historia (el de Manuel Del Valle en 1987, también en minoría, tuvo 13).

Conforme a la RTP del Ayuntamiento y sin tener en cuenta trienios y casuísticas particulares, aparte del alcalde (sueldo de 59.831 euros, aunque a la hora de la verdad cobraba 10.000 euros más por sus trienios como funcionario, como le ocurría a Asunción Fley, exdelegada de Hacienda), había 19 ediles (los del PP) y los dos portavoces de la oposición con sueldos de concejales de gobierno (50.629 euros), y once capitulares sin responsabilidad de gobierno pero con dedicación exclusiva que cobraban cada uno 34.604 euros. El coste total, pues, era de 1.503.684 euros anuales.

El planteamiento actual es que, alcalde aparte, haya 10 ediles (del PSOE), más cuatro portavoces (PP, Participa, Ciudadanos e IU) y 7 concejales que cobren un sueldo del Ayuntamiento, con lo que el coste total sería de 1.010.865 euros, con un ahorro respecto al mandato anterior de 492.865.

REDUCCIÓN DE EVENTUALES

En el caso de los eventuales (desde directores de distrito hasta miembros del gabinete de prensa), había 60 asignados al gobierno de Zoido y 48 a la oposición (total, 108), con unas retribuciones de entre 22.000 y 50.000 euros por lo general (con excepciones de 60.221 euros), y a una media de 33.000 euros, por lo que el coste total estimado es de 3.564.000 euros.

Ahora, la idea es que se queden 62 eventuales a repartir entre el gobierno y la oposición y con la misma escala retributiva, por lo que el coste total será de 2.046.000 euros, con un ahorro de 1.518.000 euros.

En el caso de los gerentes de las empresas municipales, sin contar el de Aussa ni el de Mercasevilla, sus sueldos ascendían en conjunto a 1.200.000 euros en números redondos, que se quedarán ahora en 660.000 euros, debido a que ninguno podrá cobrar más de los 59.831 euros del alcalde. El ahorro sería de 540.000 euros en este capítulo.

Los directores generales deben ser funcionarios de carrera del grupo A o titulados superiores y se perfilan como el gran soporte del gobierno de Espadas. Hasta ahora había 15, con unas retribuciones muy dispares, que oscilaban entre los 63.364 euros como mínimo y los 102.712 como máximo. El coste total con Zoido era de 1.136.994 euros.

El criterio ahora es incrementar su número, pese a lo cual costarán menos que en el anterior mandato. Habrá tres coordinadores generales con el mismo sueldo que el alcalde (59.831 euros) y 18 directores generales con sueldos equivalentes a los de los concejales de gobierno (50.629 euros). Así, ahora el coste total queda en 1.090.815 euros, con un ahorro de 46.179.

Por último, los distritos serán gestionados por once directores generales (anteriormente eran personal eventual), que cobrarán como tales (56.629 euros), por lo que sus emolumentos ascenderán a 556.919 euros en total. 

El coste del Ayuntamiento

 

                                   Con Zoido                   Con Espadas              Diferencia

 

-Corporación              1.503.684                  1.010.865                    – 492.819

 

-Eventuales                3.564.000                  2.046.000                  – 1.518.000

 

-Gerentes*                  1.200.000                      660.000                  – 540.000

 

-Dtores. Grales.          1.136.994                  1.090.815                    –    46.179

 

-Directores

Grales. Distritos**                      0                    556.919                  +   556.919

 

Total                           7.404.678                  5.364.599                  -2.040.079

Notas: Entre los gerentes no están incluidos los de Aussa ni Mercasevilla. Los directores generales de distrito en el mandato de Zoido estaban incluidos en el personal eventual. Las cifras son ‘grosso modo’ y no incluyen casuísticas particulares de concejales ni del resto de personal.

Cuerda al reloj

 

El reloj es la metáfora política más usada por los últimos alcaldes sevillanos. Zoido, para contraponer su gestión a la improvisación de que acusaba a Monteseirín, acuñó la imagen de que Sevilla funcionaría en su mandato con la precisión y regularidad de un reloj suizo.

En el programa con el que se se presentó a las elecciones, bajo el lema ‘gobernar para la mayoría’, el nuevo alcalde, Juan Espadas, se preguntaba: ¿Qué se ha hecho en Sevilla en estos cuatro años? Y se daba él mismo la respuesta: “Desgraciadamente, en la mayoría de los asuntos cruciales de esta ciudad, no hemos avanzado nada. El reloj se ha parado y los que prometieron todo ahora están disculpándose porque no han podido o no han tenido tiempo y siguen buscando culpables para eludir su responsabilidad con argumentos peregrinos o manidos….. Hay que recuperar el tiempo perdido…”.

Esa recuperación del tiempo perdido pasa por dar cuerda al simbólico reloj de Sevilla en los tres ejes prioritarios de su discurso de investidura: políticas que fomenten el empleo y la vivienda y que palien la situación de emergencia social en que se encuentran muchos colectivos ciudadanos, empezando por los 85.694 sevillanos en paro.

A todos ellos lanzó un mensaje especial el pasado sábado, tras ser elegido alcalde: “A quienes llevan años buscando un puesto de trabajo; a esos hogares que tienen que recurrir a ayudas sociales urgentes porque carecen de recursos; a quienes no pueden pagar la luz, el agua o el gas; a quienes no pueden mantener una vivienda. Sois mi prioridad. Sois la prioridad de este gobierno. Y sois la prioridad de esta nueva corporación municipal”.

LA VIVIENDA

¿En qué medidas concretas se va a plasmar esa prioridad? Preguntado en un coloquio periodístico en vísperas de las elecciones sobre cuál sería la primera medida que adoptaría en caso de que fuera elegido alcalde, Espadas contestó que entregar todas las viviendas vacías en el parque de Emvisesa, una medida que tiene fecha límite en su programa electoral y que además le han exigido cuanto antes en los pactos de investidura tanto IU como Participa: el 31 de diciembre de 2015. A tal fecha, que muy probablemente se adelantará en el reloj político del nuevo alcalde, no debe quedar ninguna vivienda municipal desocupada.

La vivienda se convertirá además en un instrumento de reactivación económica para crear empleo y atender a los 17.000 demandantes que había inscritos en el Registro de Emvisesa, la cual no ha construido una sola nueva VPO en los cuatro años del mandato de Zoido, pese a que éste prometió 1.000 anuales, hasta un total de 4.000.

Conforme a su programa electoral, Emvisesa recuperará el liderazgo perdido, con dos grandes líneas de actuación: la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Vivienda, que sirva también de orientación a los promotores privados, y la rehabilitación de barriadas en colaboración con la Junta de Andalucía. Aquí, el nuevo alcalde podrá añadir el plan que defendió en el Senado de rehabilitación energética para propiciar el ahorro de energía y, de paso, impulsar todo el tejido productivo especializado en este campo.

EMPLEO PÚBLICO

Sevilla tiene en esta corporación municipal 31 concejales, dos menos que en las anteriores porque por primera vez desde las elecciones municipales de 1991 su población ha bajado de los 700.000 habitantes, en otro síntoma de los efectos de la crisis y de su estancamiento como ciudad. Según el diagnóstico del equipo de Espadas, a esta caída demográfica ha contribuido la emigración de 9.000 jóvenes en los últimos años, de ahí que la juventud fuera destinataria de otra parte de su discurso de investidura, en estos términos: “No podemos seguir así. Tenemos que encontrar oportunidades para vosotros, porque Sevilla os necesita… La ciudad del futuro la vais a construir vosotros”.

Independientemente del empleo privado que pudiera crearse, el nuevo gobierno local va a procurar impulsar el empleo público, empezando por el propio Consistorio. El mandato de Espadas en su programa es que “todo el patrimonio y todos los recursos deben ponerse al servicio de la generación de empleo, y el Ayuntamiento debe empezar por el empleo público, que se ha reducido sensiblemente en estos cuatro años, causando un grave deterioro a los servicios municipales y la pérdida de cientos de puestos de trabajo”.

El equipo de Espadas ha evaluado en más de 120 millones de euros los recortes realizados en el anterior mandato en gastos de personal, y en más de 800 las plazas vacantes, muchas de ellas pertenecientes a servicios declarados esenciales.

REVISIÓN

El nuevo gobierno va a revisar cuanto antes la plantilla municipal, con el fin de proceder a la cobertura progresiva de las plazas vacantes, priorizando los servicios esenciales, y a activar las bolsas de empleo. La apuesta por un carácter público en la prestación de los servicios va a implicar la revisión de la política de privatizaciones y de reducción de plantilla municipal, fundamentalmente en el ámbito de las instalaciones deportivas y del macrocontrato de jardinería como el firmado con Fitonovo, para fomentar la economía social mediante su adjudicación a pymes y cooperativas.

Espadas va a hacer lo que tampoco hizo Zoido en su mandato alegando que carecía de competencias pese a haber prometido convertirse en el alcalde del empleo: un Plan Municipal de Empleo, con la participación de los agentes económicos y sociales, a través de contrataciones directas, bolsa de empleo e incentivos a la contratación de parados en asociaciones y empresas y bonificaciones fiscales.

Asimismo, va a contar con el sector de la Construcción para reformar y adecuar locales municipales vacíos para alquilarlos a precios asequibles a emprendedores y autónomos mediante una convocatoria pública a través de Emvisesa. El nuevo gobierno local va a aprovechar también las posibilidades de la ley de Cooperativas para fomentar este tipo de entidades creadoras de empleo y utilizar espacios públicos como laboratorios de innovación por parte de jóvenes emprendedores.

En esta línea, el Ayuntamiento va a crear una red de ‘coworking’ (espacios de trabajo en común) por los distritos y completar la red de centros permanentes de formación y empleo, y reactivar los existentes, como el del Polígono Sur.

PUERTO, CARTUJA Y US

El nuevo alcalde ha repetido por activa y por pasiva que considera esenciales para la reactivación económica de la ciudad y la creación de puestos de trabajo el puerto y el parque científico y tecnológico de la Cartuja, con el apoyo de las universidades sevillanas.

La Zona Franca, que Zoido fue incapaz de materializar en cuatro años, será impulsada como espacio de desarrollo industrial, mientras que Altadis será replanteado como un espacio de servicios vinculado a la innovación, lo que supondrá la liquidación del convenio firmado en el anterior mandato con la multinacional tabaquera.

La incertidumbre también se cierne sobre Sevilla Park y el dragado del río, dos proyectos que no están expresamente apoyados, sino más bien todo lo contrario, por IU y Participa, con cuyos votos ha logrado Espadas la Alcaldía. Quizás previendo tal posibilidad, el programa con el que el alcalde se presentó a las elecciones no los cita por su nombre, sino sólo con expresiones eufemísticas: “apoyaremos proyectos estratégicos como el nuevo auditorio para grandes espectáculos … (alusión a Sevilla Park); la mejora de los accesos marítimos al puerto… (alusión al dragado del río)”, si bien en otro punto se afirma, en línea con el pacto firmado con Participa, que el dragado sólo se podrá ejecutar si se cumplen todas las cautelas ambientales previstas en la declaración de impacto ambiental.

Con un nuevo impulso al Polígono Arte Sacro y al PTC de la Cartuja, el desårrollo urbanístico del Higuerón Sur y San Nicolás Oeste (Ikea) y la puesta en carga de al menos parte de los dos millones de m2 de suelos productivos del PGOU, el nuevo gobierno local confía en que las manecillas del reloj de Sevilla echen a andar, para que así la ciudad se suba al tren de la recuperación en vagones de primera y no en el furgón de cola.