…cuarenta y seis mil empleos? Esta es la pregunta que, parafraseando a Jardiel, cabe hacerse a raíz de la promesa del PP de crearlos si se aceptan sus propuestas para el Pacto por Sevilla.
Cinco días antes, Espadas había presentado su “plan de choque” para generar 3.600. Sin entrar a analizar en profundidad el planteamiento de Espadas, ‘a priori’ esta cifra podría parecer realista, dada la escasa capacidad de maniobra existente.
La reacción inmediata del gobierno de Zoido fue la de descalificar al portavoz socialista con el argumento de que el PSOE debía ser “más serio y menos demagógico”.
Si al PP le parecía poco seria esa propuesta, ¿cómo cabría calificar entonces su promesa de 46.000 nuevos ocupados y reducir la tasa de paro en un 50% desbloqueando los grandes proyectos pendientes, cuando no hay financiación pública ni privada para acometerlos?
Como la confrontación late en cualquier iniciativa, el PP ha tratado de responsabilizar a la Junta de la solución al paro en Sevilla, al vincular la materialización de sus propuestas a decisiones políticas del Gobierno andaluz.
EL SEGUNDO IKEA
Sin embargo, este planteamiento no obedece siempre a la realidad. Por ejemplo, en el caso de la segunda tienda de Ikea. Según las cuentas de la lechera de Juan Bueno, el nuevo complejo comercial de la firma sueca cerca del aeropuerto permitiría crear más de 2.500 puestos de trabajo (se empezó hablando de mil, luego de dos mil y ya vamos por esta cifra) en una primera fase, y un total de 7.000 cuando se desarrolle en una segunda etapa un parque empresarial anejo.
No dice el PP que hasta el pasado 13 de febrero el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo no aprobó la propuesta de deslinde de los dos tramos de la vía pecuaria que discurren por el suelo urbanizable de San Nicolás Oeste, trámite administrativo sin el cual no se podrá aprobar el proyecto de reparcelación de los suelos para la tienda sueca. La ley debe ser aún más estrictamente cumplida en un ayuntamiento presidido por un juez como es Zoido, y si los suecos han elegido para instalarse unos suelos afectados por una vía pecuaria y no otro sin tal hipoteca ganadera, deben atenerse a las consecuencias de su libre elección.
Item más: el Ayuntamiento de Sevilla tiene la potestad para realizar el deslinde desde el verano de 2012 y, sin embargo, ha tardado siete meses en elevar una propuesta a la Consejería de Medio Ambiente. Quedan aún los trámites de la desafectación y el trazado alternativo, con lo cual la apertura del segundo Ikea no podrá producirse en el mejor de los casos hasta 2016, pasado incluso el mandato de Zoido. ¿Es serio y riguroso, por tanto, crear falsas expectativas a corto plazo y tratar de endosarle el supuesto retraso administrativo a la Junta de Andalucía?
GAVIDIA Y ALTADIS
Otra falacia política: la apertura de las Atarazanas, a la que se asignan 100 empleos, cuando La Caixa aún mantiene la concesión otorgada en su día, por lo que el Gobierno autónomo no puede hacer absolutamente nada y el propio Zoido bendijo el traslado del Caixafórum a la torre Pelli. En puridad, Juan Bueno, debería haber evaluado laboralmente este proyecto en la Cartuja, no en el Arenal.
El Ayuntamiento ya ha acordado la recalificación de la Gavidia para centro comercial, que necesita, cierto es, el plácet final de la Junta, aunque Bueno sólo contabiliza 150 empleos posibles de materializarse este proyecto. Si no ha tramitado aún el cambio de uso para la fábrica de Altadis en Los Remedios (a la que el PP asigna un potencial de 550 empleos, sin saberse en base a qué criterios, ni en éste ni en otros casos), técnicamente no puede imputarle bloqueo alguno al Gobierno autónomo. Ahora bien, antes de llegar a esa fase, lo que deberían hacer el Consistorio y la Junta es exigirle a la multinacional que cumpla la promesa que hizo de compensar el cierre de la fábrica de tabacos más antigua del mundo con la instalación de un centro logístico en el área metropolitana de Sevilla.
RED COMPLETA DEL METRO
¿Qué queda imputable a la Junta? El cambio de uso de la estación del Prado, cuyo impacto parece menor, y dos grandes proyectos. La Ciudad de la Justicia, si no se acometió durante las ‘vacas gordas’ menos va a construirse en plena crisis. En cuanto a la ejecución de la red completa de Metro como pide el PP, es otra entelequia en las actuales circunstancias, y en todo caso sería una obra al 33% cada uno de Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.
Si la ministra de Fomento se ha peleado con el alcalde de Granada, Torres Hurtado, de su mismo partido, para sacar del centro de la ciudad la futura estación del AVE con tal de ahorrar 600 millones de euros, ¿con qué fuerza moral puede demandar el Consistorio sevillano que se destinen en esta especial coyuntura al menos 3.000 millones de euros para las líneas de Metro pendientes?
DECISIÓN DE MADRID
Curiosamente, la mayor parte de los futuribles empleos en el plan del PP dependen de decisiones del Ejecutivo central , como el dragado del Guadalquivir (20.000), cuyo proyecto aún está redactándose y puede ser tumbado por Europa o impugnado ante los tribunales por arroceros y ecologistas; el cierre del anillo ferroviario de Cercanías y la carretera SE-35, para la que debe librar 12,5 millones de euros. Sospechosamente, Bueno ha dejado fuera la SE-40, paralizada por Fomento por la misma falta de fondos que el PP pretende haya para las infraestructuras que demanda.
Los revolucionarios del mayo francés acuñaron el lema ‘sed realistas, pedid lo imposible’. Con nuestros políticos es al revés: hay que pedir el imposible de que sean realistas.
Fernando Alonso, al igual que los pilotos de los aviones, se entrena sobre un simulador de un Fórmula-1 para perfeccionarse como conductor delante de una pantalla. Como, según el Guerra, hay gente pa tó, Electronics Arts lanzará el 7 de marzo su videojuego ‘SimCity’, cuyo elemento representativo ante el mundo mundial será la Giralda. Que se fastidien Monteseirín y Marchena: no han elegido ni la torre Pelli ni las ‘Setas’ de la Encarnación, sino el ‘rancio’ icono por excelencia de Sevilla en vez de uno de sus engendros arquitectónicos. ¿Y qué es ‘SimCity’? Pues otro simulador en forma de videojuego que permite a los usuarios convertirse en alcaldes en vez de en reinas por un día, con la misión de gestionar todos los problemas que se les presenten en esta ciudad virtual. Habría sido magnífico que a Electronics Arts, además de la Giralda, le hubiera dado tiempo a meter en el simulador de Ayuntamiento la huelga de Lipasam, y que Espadas y Torrijos hubieran echado una partidita a ver cómo la habrían solucionado. Zoido tiene prohibido jugar: él ya es alcalde de verdad.
El traslado de la producción al Reino Unido fue propiciado además por las centrales sindicales escocesas, que lejos del internacionalismo y la solidaridad proletarios, se comprometieron ante los dueños americanos a trabajar gratis casi una hora más a la semana, no convocar huelgas y hasta que no hubiera aportación alguna al fondo de pensiones durante los dos primeros años de actividad. Pese a las acusaciones cruzadas entre los Gobiernos de Francia y del Reino Unido (el primero llegó a acusar al segundo de “bandido” por “robarle” la empresa) y a la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea, al final las aspiradoras pasaron de llevar el sello de ‘made in France’ al de ‘made in United Kingdom’. Ni siquiera Mitterrand pudo evitarlo.
La situación que se vivió entonces en Alcalá y en Sevilla fue similar a la de ahora con el cierre de la fábrica de Roca, si bien en este caso la multinacional catalana no reconoce beneficios como en 1994 Gillette, sino pérdidas en el conjunto de España por valor de 30 millones de euros.
Gillette acabó yéndose de Alcalá de Guadaíra tras alcanzar un acuerdo de extinción de contratos con sus trabajadores, y la campaña de boicot lanzada desde las Administraciones Públicas para que se dejaran de comprar sus productos en España se reveló inútil. Si cuando cerró la fábrica sevillana tenía una cuota del 75% del mercado nacional de cuchillas de afeitar, trece años después aquélla había crecido hasta el 81% (cinco puntos más que en todo el mundo), más el 71% del mercado de las maquinillas, y logró una facturación de 265 millones de euros.
Si por cada cierre empresarial, por las razones que hayan sido, los sevillanos hubieran tenido que responder con un boicot, entonces llevaríamos años sin comprar colchones Flex, sin consumir yogures de Yoplait, sin desayunar donuts y toda la gama de bollería de Panrico, sin utilizar los productos de Uralita, sin instalar en fábricas y viviendas los contadores eléctricos de Landis, sin comprar en los estancos las labores tabaqueras de Altadis, sin instalar cualquier producto en madera de Polanco, sin adquirir a partir de ahora aceite envasado por Cargill, etcétera, etcétera.
Los informes Nielsen y de Inlac (‘El sector lácteo como paradigma del problema del valor en la cadena agroalimentaria’) reflejan lo que está ocurriendo con los lácteos y sus derivados (yogures) en España, atrapados por la doble pinza de la caída del consumo debido a la gravísima crisis socioeconómica (6 millones de parados) y el auge de las marcas blancas, más baratas aunque no aporten el valor añadido de la innovación. Dicho de otro modo, se consume menos y de lo que se consume cada vez la cuota de las marcas blancas o de los distribuidores es mayor. Danone, como empresa líder cuya política consiste en defender su marca y no fabricar para terceros, pierde cuota de mercado en nuestro país y a su juicio le ‘sobra’ una de sus fábricas en España, por lo que ha optado por sacrificar la de Sevilla. ¿Debe ser la respuesta el boicot a sus yogures para que pierda aún más cuota de mercado y cierre alguna más? ¿U ofrecerle incentivos desde la Junta -una subvención encubierta- para que no cierre la planta sevillana cuando el conjunto de la compañía ha obtenido en todo el mundo un beneficio de 1.672 millones de euros?
Como ha escrito en estas mismas páginas Manuel Alejandro Hidalgo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla no imperativamente debe perder en el juego de las deslocalizaciones, porque igual que existen empresas que se van, otras vienen o expanden su actividad local. “¿Cómo podemos -se ha preguntado- incentivar la localización de empresas en el entorno productivo sevillano? La respuesta -afirmaba- es muy sencilla a la par que complicada: generando ventajas comparativas…. sin el reclamo de bajos salarios, sino de elevadas garantías de un saber hacer cada vez más exigente”. Y es que una empresa que quiera irse acabará yéndose, por más boicots que se le decreten.
Cuando Max Vílchez, neófito en política y recién desembarcado en la Delegación de Urbanismo, quiso saltarse unos cuantos trámites para acelerarle el Ikea del aeropuerto a Zoido, Espadas dejó en evidencia su desconocimiento de la legislación urbanística y alardeó de que él sí se la sabía al dedillo por haber sido cocinero antes que fraile: consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Vílchez se mordió la lengua y aprendió la lección. Tanto ha aprendido en estos casi dos años que el otro día, cuando desde el equipillo de guardia del PSOE le instaron a que destinara parte del sobrante de 20 millones de la Gerencia a revitalizar los polígonos industriales, el delegado se dio el gustazo de recordarle en plan ‘profe’ a los Pavones sin Zidanes de Espadas que “el dinero recaudado por la venta de patrimonio municipal de suelo tiene que dirigirse obligatoriamente a retroalimentar el patrimonio municipal de suelo”. Max dejó a Espadas ‘touché’, nunca mejor dicho, y pasó su particular reválida. Zoido ya tiene en Vílchez delegado de Urbanismo.
A Espadas se le ocurrió para las municipales aplicar en política la misma estrategia que Florentino Pérez en el Madrid: la de los ‘Zidanes y Pavones’, o sea, combinación de fichajes-estrella, denominados ‘galácticos’, y de jugadores de la cantera, baratitos, para equilibrar el presupuesto. Eugenio Suárez Palomares, abogado con ínfulas de periodista, y Mercedes de Pablos, periodista sin ínfulas, fueron, como independientes, los fichajes-estrella de Espadas, y en su calidad de ‘galácticos’ ocuparon los puestos de privilegio en la lista, en detrimento de los canteranos del PSOE, obedientes chicos para todo que lo mismo pegaban carteles que se hacían los puerta-a-puerta pidiendo el voto. Palomares hace ya casi un año que levantó el vuelo; De Pablos ha dado la ‘espantá’ ahora. Espadas declaró tras la más que cantada debacle electoral, por la herencia de tierra quemada legada por Monteseirín y Marchena, que “aquí no hay huidas ni proyectos personales, sino un equipo politico”. Pues tras la huida de los que no huían, Espadas ya se queda solo: el equipo de los Pavones.
A pesar de que, según José Antonio Bosch, el Real Betis Balompié ha obtenido en su último ejercicio económico unos beneficios ordinarios, “sin maquillaje”, de 2,4 millones de euros más 30,8 millones de extraordinarios, la entidad verdiblanca y el Sevilla F. C. son dos de los grandes morosos de la ciudad: entre ambos adeudan al Ayuntamiento, por diversos conceptos tributarios, unos 4 millones de euros. Y, sin embargo, Espadas ha descubierto en los Presupuestos municipales para 2013 que el Ayuntamiento ha reservado 340.000 euros para un convenio con estas dos sociedades anónimas deportivas, que no clubes a la antigua usanza. El portavoz socialista va a presentar una enmienda a las Cuentas para que el Consistorio suprima esta partida y la dedique a programas de apoyo al deporte base y a compensar el efecto que está teniendo sobre las entidades deportivas la subida de tarifas decretada por el gobierno local. Creo que Espadas, con esta iniciativa, le ha metido al populista Zoido, el mismo de las visitas a los barrios y la micropolítica, un gol por toda la escuadra.
El gobierno municipal se ha mostrado sensible a la situación de emergencia social que sufre la ciudad, ya con más de 91.000 parados, y ha dotado con 7 millones un plan para paliar los efectos de la crisis, dinero que se destinará a Cáritas (3 millones), subvenciones directas (2,3 millones), Banco de Alimentos y comedores sociales (un millón) y menores de edad (medio millón). A este dinero hay que añadirle un millón más para el bonobús solidario, a fin de que no ocurra como durante este año, cuando la partida existente se había agotado a la vuelta del verano.
4) Una partida de 5 millones para ‘reestructuración de servicios públicos’, expresión ambigua tras la que se esconde la liquidación de sociedades municipales como Sevilla Global pero también la reactivación, en una especie de ‘operación acordeón’ societaria, de Giralda Televisión mediante la adjudicación de su gestión y/o de la programación, por concurso público redactado de la forma en que suelen redactarse este tipo de concursos, a una productora privada a cambio de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que saldrían de este fondo global de 5 millones. Recuérdese cómo cuando se hallaba en la oposición el PP preconizaba la desaparición de esta emisora municipal de TV, por considerar que era el aparato de propaganda de Monteseirín y que carecía de sentido su existencia por competir con las emisoras privadas. Ahora el discurso ha cambiado por el de que se trata de garantizar “un servicio público de calidad” y de que costará diez veces menos a los contribuyentes, por más que en el espectro haya más de cien canales de televisión.
El gobierno local se ampara en el Real Decreto de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad y que, según su interpretación, prohíbe que se pague premio extraordinario alguno a efectos positivos en aquellos supuestos en que se produzca concurrencia en la percepción de pensiones públicas cuando los beneficiarios superen los topes establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Cierto es que desde 2010 los agentes se consideran agraviados porque como consecuencia de la reclasificación que se les aplicó deberían percibir salarios acordes a la categoría C1 y, en realidad, están cobrando como si pertenecieran al grupo C2, pero también, como en tres ocasiones (la última, el pasado viernes) le ha recordado la Intervención General al alcalde, el archicitado Real Decreto ley de Medidas de Estabilidad Presupuestaria impediría adoptar medidas de este tipo en el actual escenario macroeconómico.
Dice el portavoz municipal socialista, Juan Espadas, en el Foro de El Mundo que el problema del traslado del Caixafórum de Vázquez Consuegra desde las Atarazanas a la torre Pelli es que, previamente, La Caixa había firmado un contrato con la Junta de Andalucía y que los contratos están para cumplirlos: igual que la entidad financiera le pide a sus clientes que paguen la hipoteca en vez de la dación en pago, el Ayuntamiento no debería admitir que salga corriendo. Omite Espadas un detalle sustancial: no sólo ha salido corriendo, sino que en el mismo acto de poner los pies en polvorosa tras haber dispuesto de los antiguos astilleros medievales durante tres años le exigieron al consejero de Cultura, Luciano Alonso, la devolución de los 750.000 euros que había depositado como fianza por la rehabilitación que se había comprometido a realizar y que ni siquiera ha iniciado. O sea, que mientras La Caixa exige, según Espadas, que sus clientes le paguen la letra del piso y no admite su dación en pago, para ella misma se inventa en el caso de las Atarazanas la dación sin pago.
Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.
Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.
Recuérdese que hace unos días el portavoz municipal y senador del PSOE, Juan Espadas, se presentó a las puertas del museo Arqueológico para calificar de “irrisoria” la cantidad de 350.000 euros que le ha destinado el Gobierno de Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado y exigir que debería consignarle una partida de por lo menos 1,5 millones de euros. Pues bien, ahora la Junta de Andalucía de Griñán presenta sus Presupuestos para la comunidad y sólo aparecen 60.000 euros a compartir entre el museo de Bellas Artes (el sempiterno estudio de la siempre pospuesta ampliación) y el Arqueológico (la nunca emprendida rehabilitación). Los sevillanos están ahora expectantes por conocer el calificativo que le otorgará Juan Espadas a la cantidad consignada por la Junta de Andalucía a los museos de la ciudad y la fecha en que, reivindicativo, se plantará en la Plaza de América, no vaya a ser que el senador socialista acabe como la locomotora de la anécdota de Caracol el del Bulto, que sólo hacía alarde de vapor cuando llegaba a Madrid pero nunca en Despeñaperros.