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Emvisesa permuta su joya de la corona

Una parcela en Ramón Carande valorada en 7 millones de euros

Quiere convertir las 68 viviendas edificables en 400 en otras zonas

Admite a cambio inmuebles ya edificados, suelo y solares de empresas

 

La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) abre oficialmente a partir de hoy, 25 de julio, y hasta el 6 de octubre un plazo de dos meses y medio en números redondos para que las empresas interesadas le presenten ofertas de entrega de viviendas ya construidas, suelos y solares en distintos sectores del término municipal a cambio del que se considera su activo de mayor valor: una parcela de uso residencial cercana a la milla de oro de Sevilla.

El terreno en cuestión está situado en la Avenida de Ramón Carande, cercano por tanto a uno de los campus de la Universidad Hispalense, la línea del Metro y la del tranvía, la estación de San Bernardo y otros equipamientos importantes de la ciudad.

Tiene una superficie de 1.838,09 m2 y una edificabilidad de 7.352 m2, que permite la construcción de 68 viviendas en un máximo de siete plantas de altura sobre rasante. Está valorado en los libros de Emvisesa en 7.003.865,30 euros, si bien fuentes del sector inmobiliario estiman que su valor comercial es muy superior, por su estratégica ubicación y, especialmente, por el repunte que está experimentando el sector tras casi nueve años de crisis económica, como demuestra el creciente número de licencias otorgadas por la Gerencia de Urbanismo y la promoción de nuevos conjuntos residenciales.

Con la convocatoria de este concurso, Emvisesa pretende dotarse de inmuebles ya edificados, suelos y solares en distintos sectores de la ciudad que le permitan, por una parte, obtener un mayor número de viviendas terminadas que satisfagan la demanda existente actualmente en el municipio y, por otra, hacerse con suelos destinados a la construcción de viviendas en el menor tiempo posible.

La idea de la empresa pública es pasar de las 68 viviendas que podría construir en la parcela de la calle Ramón Carande a unas 400, repartidas por distintas zonas de la ciudad: casi seis veces más.

DEPÓSITO

El conjunto de inmuebles y suelos a entregar en permuta (en principio se barajó también la posibilidad de aportaciones en metálico, hasta un máximo de 3.485.000 euros, si bien este extremo podría ser revisable) debe estar valorado en, como mínimo, esos 7 millones de euros de referencia, impuestos aparte. La empresa municipal no abonará ninguna cantidad en metálico.

Las compañías interesadas en participar en el concurso de la permuta deberán acreditar como garantía una cantidad de 350.193,27 euros.

Emvisesa lleva meses preparando esta operación y sondeando el mercado inmobiliario para comprobar el grado de receptividad del mismo. El significativo número de empresas “a priori” interesadas ha despejado cualquier tipo de duda al respecto y se espera que se presenten bastantes ofertas, especialmente de firmas locales con larga trayectoria en el sector y con recursos propios, que no dependan en último extremo del grifo de la banca.

Este es, probablemente, el concurso más complejo redactado por los técnicos de la empresa municipal, ya que no se trata de una simple permuta de un suelo por otro. En la operación pueden entrar de todo, desde inmuebles ya edificados hasta suelo y solares y, eventualmente, dinero en metálico.

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/