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Vuelva usted el lunes

Larra

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La Agencia Andaluza del Agua ha reconocido en un informe a la juez que tardó tres días en acudir desde Sevilla a Gerena a inspeccionar un vertido accidental en Las Cruces. En su corta existencia, la Agencia ya ha logrado que haya general unanimidad en Andalucía en pedir que vuelva la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A su proverbial ineficacia en el manejo de los pantanos (abre las compuertas cuando debería cerrarlas, y viceversa), une esta velocidad de reacción, inspirada en un principio que supera a lo visto en su tiempo por Larra:“deja para pasado mañana lo que debas hacer hoy”. La notificación del puñetero vertido les llegó un ‘san viernes’ y no era cuestión de que les estropeara el fin de semana. La Naturaleza no tiene horarios, pero los funcionarios, sí. Reservado el derecho de admisión de denuncias de lunes a viernes y de 9 a 3. ¿Hasta dónde habría llegado el vertido de Boliden en Aznalcóllar si entonces hubiera existido la Agencia? A partir de ahora no diga eso de ‘es más lento que el caballo del malo’, sino ‘más lento que la triple A’.

Tres días para inspeccionar un vertido en Las Cruces

La Agencia del Agua tardó tres días en

Inspeccionar un vertido de Las Cruces

La juez une a la causa por el arsénico la extracción ilegal de agua y el fiscal pide el expediente del Garnacha

La Agencia Andaluza del Agua, radicada en Sevilla, tardó tres días en acudir a inspeccionar un vertido contaminante al arroyo Garnacha  de la cercana mina de Cobre Las Cruces, según reconoce en un informe elevado al Juzgado de Instrucción Nº 19. La juez titular  ha decidido, contra el criterio de la compañía minera, incorporar a las diligencias abiertas  por la presunta contaminación con arsénico del acuífero el expediente incoado luego por la extracción ilegal de más de 500.000 m3 de agua.

Tres días para acudir desde Sevilla a los cercanos términos de Gerena, Salteras y Guillena para inspeccionar un vertido contaminante de Las Cruces al arroyo Garnacha, tributario en última instancia del Guadalquivir. Ese es el plazo que tardaron los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua tras recibir el pasado 22 de octubre una comunicación de la compañía minera sobre un derrame, acaecido el día anterior, de aguas del rechazo del tratamiento de la ósmosis inversa al cauce.

Al parecer, y según el informe aportado por la Agencia al Juzgado, el vertido de más de 80 m3 se produjo debido a la rotura, a través de una de las juntas, de la tubería que va desde la balsa de agua de rechazo hasta la planta hidrometalúrgica. Fue la consecuencia de una sobrepresión producida por el cierre accidental de la llave de alimentación al tanque de entrada a la neutralización.

Los técnicos aparecieron por la explotación minera el día 25, cuatro después del vertido, para inspeccionar la zona donde se produjo la rotura y el cauce del Garnacha, y procedieron a la toma de muestras para su análisis. De los resultados del laboratorio se concluía que el vertido presentaba una conductividad elevada debido a la presencia de sales disueltas, características del rechazo del tratamiento de ósmosis inversa, y también  de sólidos en suspensión, arsénico, cadmio, cobalto, níquel, aluminio, molibdeno, plomo, manganeso, hierro, zinc, cobre, bario, estroncio y titanio.

De estos metales, las normas de emisión establecidas reglamentariamente sólo fijan límites para el cadmio y, según la Agencia, no se superó dicho valor. Sí se detectó al cabo de cuatro días un aumento de los sólidos en suspensión aguas abajo, pero al no existir embalses ni tomas de agua autorizadas en el cauce, este organismo de la Junta de Andalucía cree que no hubo perjuicios graves a la salud, y tampoco tuvo noticia de mortandad de peces.

La Fiscalía ha requerido este informe en que se basa el expediente sancionador incoado a Cobre las Cruces y que podría acabar incorporado a las diligencias abiertas  por la presunta contaminación con arsénico del acuífero Niebla-Posadas.

Recientemente, la titular del Juzgado Nº 19 de Sevilla ha atendido la petición de Ecologistas en Acción de incorporar a la causa el segundo expediente sancionador contra la compañía minera y pese a la oposición de los abogados de aquélla. Este expediente fue abierto por la presunta extracción ilegal de más de 530.000 m3 de agua del acuífero, con lo que se incumplía la autorización de modificación del sistema de drenaje y reinyección.

Para los verdes, este expediente tiene directa relación con los presuntos delitos de daños y contra el medio ambiente, objeto de las primitivas diligencias, y en su argumentación ante la juez insistieron en que hay un problema de extracciones ilegales  de un acuífero sobreexplotado que produciría el sistema de drenaje de la mina, lo que a su juicio compromete las reservas hidráulicas de Sevilla ante futuras sequías. También pidieron que el Juzgado decretara medidas cautelares para evitar que se sigan produciendo daños al dominio público hidráulico.

El fiscal comparte esta petición y dice que procede conforme a las competencias de la Agencia del Agua y porque son independientes al procedimiento penal. Por su parte, la Agencia considera suficientes las acciones preventivas adoptadas por Cobre las Cruces para evitar nuevos vertidos al Garnacha, por lo que no cree necesaria la adopción de medidas cautelares.