El técnico de Movilidad enfrentado al otro técnico de Movilidad (¿o fue al revés?) ha cantado la gallina en la Comisión de Investigación al revelar ingenuamente (¿o no?) que las 22 cámaras instaladas en plan gran hermano por Monteseirín siguen captando todo lo que se mueve por el Centro. ¿No dijo el PP que estaban escacharradas y su destino era el desguace? Pues no estaban muertas, sino vivitas, y grabando. Pillados en el tonto (¿o no?) renuncio por aquello de querer demostrar hasta a la Agencia de Protección de Datos que las imágenes eran borrosas, salieron por la tangente diciendo que usan las cámaras para contar coches, como otros cuentan ovejas o -el personaje de la novela de Burgos- sombras. ¿Y para éso hace falta gastar este dineral en vez de devolver el material a la fábrica, ahora que aún está en garantía? Bastaría con encargarle un baratito simulador numérico mediante algoritmos a la UPO o a la Hispalense. Al fin y al cabo, hasta Google no es más que un algoritmo matemático. El problema de fondo de este Ayuntamiento es que allí todos son de Letras.
El contador de coches
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Los relucientes pivotes de diseño bajo las ‘setas’ de la Encarnación han sido desplazados para que el espacio así recortado a los peatones lo ganen los vehículos y, en especial, los autobuses. Lo más llamativo es que la medida se ha adoptado no porque la pidiera la Delegación de Movilidad o Tussam, sino Aprocom. Voy a tener que darle la razón a Espadas cuando se hace la clásica pregunta de la Roma antigua: “qui prodest? (¿a quién beneficia?”. Sí, porque buena parte de las decisiones del gobierno local del PP benefician en último extremo a los comerciantes del Centro, desde la eliminación del Plan ídem de tráfico hasta la reinstauración de los autobuses a la Encarnación, el Duque y la Magdalena, pasando por el gasto de 300.000 euros en flores de Pascua para exornar las plazas y calles del Casco Antiguo. Alien era el octavo pasajero; Aprocom parece el concejal número 21 de Zoido, con más poder que los otros 20 porque gobierna desde la sombra. Si en el Betis de antaño era “lo que diga don Manué”, en la Sevilla de hogaño se hace “lo que diga don José. (Cañete)”.
Juan Ignacio Zoido aún no ha levantado todas las alfombras como alcalde de Sevilla y ya se conocen algunos de los numerosos despilfarros de la dupla Alfredo Sánchez Monteseirín-Manuel Jesús Marchena Gómez, que tanto gastan, gastan tanto. El valido del ex ha dilapidado 1,2 millones de euros en el agua de grifo embotellada que usó como pantalla para sus maratones allende Sevilla; 10 millones de euros en un sistema de (in)comunicación cuya factura intentó luego endosarle a otros servicios y departamentos municipales para blanquear así su paso por la empresa municipal de aguas (Emasesa) y 15 millones en patrocinios para comprar complicidades de los mismos que se vendieron al antiguo régimen (por ejemplo, cobrando 600.000 euros por el paripé de cierto alumbrado coincidiendo con las fiestas de Navidad) y ahora le hacen la pelota a Zoido, Arenas, Montoro, Soraya y hasta el sha de Persia si hace falta con tal de seguir trincando y figuroneando a pesar de su ruina y de los muchos millones que deben a los bancos. Decía el canciller prusiano Bismarck que España era el país más poderoso del mundo porque llevaba siglos intentando destruirse a sí misma y aún no lo había logrado. Emasesa es la empresa modelo según Bismarck, pues pese a que Manuel Marchena ha estado allí varios años de gerente y ha hecho lo imposible por cargársela (hasta cobró 44.477 euros como liquidación por el contrato blindado que le había hecho Monteseirín a su medida) , tampoco ha podido conseguirlo. Con razón Emasesa es la joya de la corona entre las empresas municipales. Por sobrevivir, ha sobrevivido a las peores sequías en la historia de Sevilla y a ese manirroto con dinero ajeno disfrazado de dandi llamado Manuel Marchena.
El neófito delegado de Urbanismo, Max Vílchez, afirma que el PGOU frena el desarrollo “cuando te viene una empresa que necesita tantos metros y tú le tienes que decir que no cabe”. Max confunde el desarrollo con la especulación. En el PGOU cabe un desarrollo digamos civilizado, pero no los pelotazos generalizados (algunos en particular sí se han propiciado) de antaño, cuando todo se sacrificaba al becerro de oro del ladrillo en beneficio de los de siempre y de algunos recién llegados. Por definición, el especulador lo quiere todo y ahora. Si por él fuera no habría cesiones de terreno para parques, escuelas, bibliotecas, equipamientos… ni empresas diversificadas con una volumetría razonable, sino uso exclusivo para él, colmatación del suelo y 100% de edificabilidad que supongan dinero rápido en beneficio únicamente de su bolsillo y traslado de costes a la ciudad. Por éso hay un Plan General, para marcar las reglas. Antes, a Sevilla le cabía todo. El objeto del PGOU, señor delegado, es justamente eso que usted dice sin comprenderlo: que no le quepa todo.
El nuevo delegado de Urbanismo, Max Vílchez, ha contado que cuando llegó a la Gerencia encontró que, aparte de jefes de Departamento y otros carguetes, Monteseirín y Marchena tenían en el organigrama 33 jefes de servicio para 450 empleados. La media era de un jefe por cada 13 indios, un número éste de tan mal fario que a buen seguro el antiguo régimen tendría ‘in mente’ prevenir el gafe, bien nombrando más jefes aún, bien enchufando más gente. Dentro de la amplia fauna de cargos, carguetes y carguillos hallada en el frondoso árbol de Urbanismo figuraban jefes que no podían tomar decisiones porque la responsabilidad era compartida. Osea, que eran como las águilas bicéfalas del escudo de Carlos V. Pero lo mejor era el jefe que sólo lo era de sí mismo porque no tenía a nadie a su cargo: una categoría unipersonal ‘ad hominem’. Sergio Fernández escribió el ‘best seller’ ‘Vivir sin jefe’ sin reparar en que la evolución darwinista, de la que la Gerencia es su avanzadilla, va justo en sentido contrario: ¡todos jefecitos! Como Mascherano en el Barça de Guardiola.
Al igual que en el Parlamento andaluz, la mayoría socialista en la Diputación ha tumbado una iniciativa de la Oposición en defensa del proyecto original de la SE-40 y contraria al recorte de dos de los cuatro túneles que deben salvar el Guadalquivir entre Coria y Dos Hermanas, acordado por Fomento para ahorrarse un dinero a costa, una vez más, de Sevilla. Al PSOE le parece de perlas que nos metan las tijeras porque –argumenta- la Administración “debe optimizar sus recursos”. Igual de bien lo ha acogido uno de los alcaldes afectados por la poda (aunque sarna con gusto no pica), el de Dos Hermanas. Este Toscano que aplaude que el Gobierno le deje un cuello de botella en la SE-40 que puede crear aún más embotellamientos que el puente del Centenario, es el mismo que se opuso a que se inaugurara la línea 1 del Metro hasta que no se remataran las tres últimas estaciones (Montequinto, Europa y Olivar de Quintos), sitas en su término municipal, y aunque el suburbano estuviera siete meses más parado. Supongo que a ese parón lo llamaba él “optimización de los recursos”.
La nueva articulación del transporte en Europa a partir del año 2030, plazo en el que se espera esté concluida, es una cuestión estratégica que condicionará el futuro de las ciudades que se queden fuera de su área de influencia, de ahí la vital importancia que tiene para Sevilla su inclusión tanto en el corredor central (Barcelona-Zaragoza-Madrid-Córdoba-Sevilla-Antequera-Algeciras) como en el mediterráneo (Barcelona-Valencia-Almería-Granada-Antequera/Sevilla-Algeciras). Y como minicorredor específico para nuestra ciudad, el fluvial del río Guadalquivir, reconocido por vez primera por Bruselas.
Por eso la naviera ‘China Shipping Container Lines’ (CSCL) ha iniciado este verano sus actividades en Algeciras y el segundo operador de terminales portuarias del mundo, la china Hutchison Port Holding (HPH) está invirtiendo 500 millones de euros en una terminal de contenedores de 100 hectáreas ganadas en el puerto de Barcelona tras el desvío del río Llobregat, con una capacidad inicial para mover 2,65 millones de contenedores/año.
El Ayuntamiento, basándose en un informe “interno” sobre la situación económica (agujero de 1,5 millones de euros) y laboral (pesebre para enchufados) de la fundación DeSevilla en la era Monteseirín, ha decidido elevarlo a la Fiscalía por haber detectado indicios de hasta cinco delitos. Nada que objetar, sino todo lo contrario. Se ha comprobado que se borraron datos informáticos contables el 28 de julio a las 22 horas, en vísperas de la llegada del nuevo gerente. Muy grave tendría que ser el asunto como para que alguien dependiente del Ayuntamiento estuviese trabajando a tales horas en pleno período estival. Me llama la atención que tratándose de un informe “interno” sobre una fundación municipal aparezca en las referencias que lo ha elaborado una consultora privada y externa como Garrigues, no barata precisamente, ignorándose (al menos yo, por torpe), cuándo se sacó el contrato a concurso público y a qué precio pese a contar el Consistorio con sus propios Servicios Jurídicos y Financieros. ¿No decía Zoido que éste iba a ser el gobierno de los funcionarios?
Cuando estalló la polémica sobre Ikea y Max Vílchez pretendió darle lecciones de Urbanismo a Espadas diciendo que el tema lo despachaba él con una mera modificación puntual del PGOU, el portavoz municipal del PSOE le reconvino con argumentos de autoridad y justificó sus conocimientos de los procedimientos administrativos por su condición de exconsejero de la Junta. Ahora, Espadas recoge firmas entre los vecinos de Pino Montano para que insten a Zoido a que concierte cita con la consejera de Obras Públicas y le pida que las obras del Metro empiecen ya y por ese barrio. ¿Y por qué tiene que mover ficha el alcalde si la competencia sobre el Metropolitano es de la Junta? Espadas no puede ignorar con el Metro los procedimientos sobre los que alardeaba con Ikea, pero, listillo él, se hace el tonto (útil) para que a ojos de los sevillanos parezca que la culpa de que no se reanude el Metro es de Zoido y no de Griñán o la Villalón. Espadas, como Monteseirín, se pliega a su partido y a la Junta. Sigue pensando en clave de consejero antes que como concejal de Sevilla.