El Ayuntamiento de Carmona reconoció en 2017 que en el municipio había 120 explotaciones con un total de 450.000 cabezas
Una versión recortada y difundida en redes sociales de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian sobre la carne española han provocado una enorme polémica y están siendo utilizadas políticamente no sólo por el PP y Vox, sino también por presidentes autonómicos del PSOE, de comunidades donde abundan las macrogranjas de animales señaladas por Garzón y cuyo impacto se había venido denunciando desde hace años, aunque estas denuncias en los medios no alcanzaron similar eco. La existencia de este tipo de explotaciones industriales e intensivas también ha suscitado polémica en la provincia de Sevilla.
En las redes sociales sólo se destacó que el ministro había afirmado que desde España se exporta carne «de mala calidad» y que las macrogranjas contaminan «el suelo y el agua». Sin embargo, se omitió que previamente Garzón había alabado nuestra ganadería extensiva, de la que dijo que es «ambientalmente sostenible» y que tiene «mucho peso» en algunas zonas de nuestro país.
Ante la polémica suscitada, el ministro de Consumo ha usado la red social Twiter para publicar «la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio -afirma- el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados».
La transcripción puede leerse en el siguiente enlace: https://twitter.com/agarzon/status/1478483509987708930
DENUNCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA
El 8 de noviembre de 2018, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por «insuficiente protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias», o sea fundamentalmente por el vertido de purines de macrogranjas de animales.
Tres años después, el pasado 6 de diciembre (2021) se conoció que la Comisión Europea (CE) llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber adoptado medidas suficientes para combatir la contaminación por nitratos. Este compuesto es ampliamente utilizado tanto en la agricultura como en la ganadería y está en el origen de numerosos problemas ambientales. La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas hasta la fecha han sido “insatisfactorios e insuficientes”, según un comunicado.
Bruselas recordó que ya envió una carta de notificación formal a España en noviembre de 2018 y un dictamen motivado en junio de 2020 por el incumplimiento de los requisitos de la Directiva sobre nitratos.
“Pese a algunos limitados avances, España aún debe tomar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las medidas establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva”, señaló la CE.
Además, las autoridades españolas deberían “revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana)”.
Asimismo, Bruselas pide incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción para cinco regiones (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid) y adoptar medidas adicionales para las cuatro regiones donde las medidas implantadas han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva de Nitratos (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia).
NORMATIVA COMUNITARIA
La Directiva sobre nitratos, de 1991, obliga a los Estados miembros a controlar sus aguas e identificar a las poblaciones afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación causada por nitratos de origen agrícola.
El objetivo es evitar que los nitratos de fuentes agrícolas contaminen las aguas subterráneas y superficiales y promoviendo el uso de buenas prácticas agrícolas.
Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar el agua dulce y el medio ambiente marino mediante un proceso conocido como “eutrofización”, que promueve el crecimiento excesivo de algas que ahoga otras formas de vida y mata a los peces en lagos y ríos. Los países están también obligados a designar áreas de tierra que desembocan en estas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y establecer programas de acción apropiados para prevenir y reducir la contaminación por nitratos. Bruselas recordó que el Pacto Verde Europeo tiene por objetivo alcanzar la contaminación cero, en beneficio de la salud pública, el medio ambiente y la neutralidad climática.
Un ejemplo de los daños que causan los nitratos es el Mar Menor, en Murcia, donde el gran número de cultivos ilegales situados en el entorno de la laguna utilizan fertilizantes ricos en nitratos que terminan yendo a parar al medio marino, contaminándolo gravemente y alterando el hábitat.
Sin embargo, no es el único caso, puesto que muchos otros emplazamientos con fuerte explotación agrícola experimentan la misma situación. Las grandes granjas ganaderas son también el origen de nitratos que contaminan el subsuelo.
REACCIÓN ECOLOGISTA
Ante esta situación, las entidades ecologistas WWF y Asociación Naturalista del Sureste (ANSE), han instado al Gobierno español a adoptar medidas rápidas para terminar con la proliferación incontrolada de nitratos.
«La contaminación por nitratos es un gran problema olvidado y generalizado en España, causado por prácticas agrarias de abonado incorrectas. Un hecho que se agrava porque la ganadería industrial elimina sus estiércoles y purines, muy ricos en nitrógeno, a través del vertido directo sobre los campos de labor», señalan en un comunicado conjunto ambas organizaciones.
«Por el momento, ninguna administración ha querido ponerle freno, pues exige acciones para evitar la contaminación en origen. Entre ellas, establecer un plan de desmantelamiento de macrogranjas, en vez de propuestas enfocadas a la depuración del agua contaminada», añaden.
Además, esta problemática afecta directamente a la salud humana, pues los nitratos se acumulan en los acuíferos, que son reservas estratégicas de agua para las poblaciones en momentos de sequía, así como la fuente principal de suministro para muchos pueblos y ciudades, alertan.
Por otra parte, un gran número de humedales dependen para su buen estado ambiental de las aportaciones de aguas subterráneas. La contaminación por nitratos de estas aguas los degrada mediante un proceso de eutrofización que consume el oxígeno y afecta a todo el ecosistema. De hecho, puede llegar a provocar la muerte masiva de peces, tal y como ha sucedido en la laguna del Mar Menor.
Esto está afectando a otros humedales protegidos de alto valor, como Las Tablas de Daimiel y los ríos que se alimentan del acuífero de los Arenales en la cuenca media del Duero, por ejemplo. Todos estos sistemas se nutren de acuíferos sobreexplotados y contaminados en la actualidad, y en ellos la presión por parte de la expansión de la agricultura intensiva va en aumento.
EL CASO ANDALUZ
Según un informe de eldiario.es, entre 2007 y 2020 los sacrificios de cerdos crecieron un 36% en España. De 41 millones de animales se pasó a 56 millones sacrificados. Se saltó de producir 3,4 millones de toneladas de carne porcina a 5,02 millones, conforme a los indicadores del Ministerio de Agricultura.
Al mismo tiempo, desde 2010 a 2019 se ha emitido a la atmósfera una media del 27% por encima del techo establecido para el amoniaco, que estaba en 353 kilotoneladas al año. ¿La fuente de este salto? «El incremento de la cabaña ganadera y el uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos», según el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera del Gobierno.
Aunque no existe una definición técnica de qué es una macrogranja, se sobreentiende que se trata de grandes instalaciones para la cría intensiva, en plan industrial, de millares de animales, fundamentalmente cerdos. Se estima que en España hay al menos unas tres mil de este tipo, a las que la normativa obliga a informar de sus emisiones de metano al Ministerio para la Transición Ecológica, a fin de que las incluya en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes.
Una investigación de eldiario.es ha permitido conocer que la macrocranja más contaminante de toda España se encuentra en Andalucía, concretamente en el término municipal de Castilléjar (provincia de Granada), que por su gran número de animales emitió 590 toneladas de metano en 2020. Más información al respecto y sobre la situación general de Andalucía puede leerse en los siguientes enlaces: https://vivasevilla.es/sevilla/1006811/andalucia-alberga-la-macrogranja-mas-contaminante-del-pais/
https://www.elplural.com/economia/trabajador-por-cada-100-cerdos-realidad-macrogranjas_281919102
SITUACIÓN EN SEVILLA
Ecologistas en Acción tiene en su página web toda una sección dedicada al impacto ambiental y social de las macrogranjas de explotación intensiva e industrial de ganado, en la que pueden encontrarse numerosos casos al respecto: https://www.ecologistasenaccion.org/temas-y-lugares/agroecologia-grupo-temas/macrogranja/
Uno de ellos, publicado en agosto de 2021, se refiere al municipio sevillano de Carmona, con el significativo título de ‘¿Cuántos cerd@s hay en Carmona?’.
Ecologistas en Acción ha pedido información a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre el número de explotaciones porcinas de tipo intensivo y su respectiva capacidad realmente existentes en el término municipal de esta localidad sevillana.
En 2017, el Ayuntamiento de Carmona reconoció que su municipio contaba con más de 120 explotaciones porcinas de tipo intensivo y una cabaña de 450.000 cabezas. En ese momento y actualmente, hay muchas menos granjas porcinas oficialmente registradas con su Autorización Ambiental Otorgada, según los verdes.
Asumiendo como reales las cifras aportadas por el secretario del Ayuntamiento, una de las principales consecuencias es, en opinión de Ecologistas, el elevado consumo de agua de esas granjas que se abastecen del acuífero Sevilla-Carmona, declarado en mal estado cuantitativo y cualitativo, es decir que se encuentra sobreexplotado y contaminado.
Incluso aplicando todas las Mejores Técnicas Disponibles, 450.000 cabezas, a 15 litros/plaza/día, consumen 2,5 hectómetros cúbicos anuales de un recurso que irá menguando cada vez más, atendiendo a las previsiones relacionadas con el cambio climático en el que estamos inmersos que pronostican disminuciones importantes en el régimen de lluvias en el sur peninsular.
Pero lo peor, según Ecologistas, es que la calidad del agua va a seguir empeorando, ya que la producción industrial de carne de cerdo en estas instalaciones intensivas produce unas cantidades ingentes de estiércol, que contienen antibióticos y nitratos muy contaminantes para el agua y que se esparcen en el campo sin precauciones. La Ley regula estrictamente su aplicación: 450.000 cabezas necesitan unas 25.000 hectáreas anuales de tierras agrícolas con cubierta vegetal para aplicar sus purines, de las 92.400 hectáreas que mide Carmona en total.
«Desgraciadamente, esa gran superficie y el escaso personal dedicado a labores de vigilancia hacen que sea muy difícil controlar que los purines se curen y se apliquen conforme a los estrictos requisitos de la normativa aplicable. De ahí que el panorama a corto plazo de la comarca sea poco esperanzador», afirmaban los verdes.
Y añadían: «El acuífero de Carmona, de excelente calidad durante siglos y hasta el año 1993, va a resultar inservible para abastecimiento humano en el caso muy probable de que haya que echar mano de él por sequía prolongada que imposibilite el abastecimiento habitual a día de hoy de los embalses de la sierra.
De hecho, el borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir del tercer ciclo de planificación para el periodo 2022-2027, ya prevé la prohibición de instalar industrias porcinas en zonas protegidas para abastecimiento que estén afectadas por contaminación difusa, es decir, declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos y en mal estado químico».
LÍMITE PARA EL VACUNO
El Ministerio de Agricultura quiere limitar las granjas de ganado vacuno a un máximo de 850 cabezas. Un decreto que regula esta materia está ya en información pública, desde el pasado otoño y su publicación en el BOE sería inminente, según Efe.
Establece un límite a la capacidad máxima que pueden tener las granjas de bovinos y lo fija en 850 unidades de ganado mayor, es decir, 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.
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