El ex consejero de Medio Ambiente no objetó al traslado de las primeras 40.000 toneladas de residuos desde Montenegro

La presencia del ex consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el onubense José Fiscal, en la manifestación organizada en Sevilla el pasado 10 de marzo (2022) por diversas organizaciones de la Cuenca Minera de Riotinto para pedir ante el Parlamento andaluz la clausura del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva no ha dejado indiferente a nadie. El que fue máximo responsable administrativo del Medio Ambiente regional calificó hace seis años de «necesario» el depósito nervense y además su Consejería no puso objeción alguna al traslado de desechos desde Montenegro hasta Nerva antes de abandonar el cargo en 2019.

El 16 de febrero de 2016, el entonces consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, compareció en la correspondiente comisión del Parlamento andaluz a solicitud del grupo Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-CA) para analizar la situación del vertedero de Nerva.

Por IU-CA llevó la voz cantante el diputado José Antonio Castro Román, el cual terminó su primer turno de intervención con las siguientes palabras: «Necesitamos dónde depositar y tratar los residuos. Es decir, necesitamos vertederos. Ahora bien, necesitamos que esos vertederos actúen según la ley, y nos da la impresión que aquí hay empresas que tienen, en fin, muchas facilidades cuando en otros casos y en otras actividades no. Y, en el caso del vertedero de Nerva, ya debería de estar clausurado».

Fiscal empezó su respuesta del siguiente modo: «Señor Castro: Me ha gustado mucho escuchar su última afirmación. No, no, no. Sí, no dudo que lo haya dicho, de verdad, no lo dudo, pero usted sabe bien que, con este asunto, es muy fácil caer en la demagogia.
Usted no lo hace, ¿eh?, cuidado. Usted no lo hace. Por lo menos, yo no lo he observado hasta ahora. Pero es muy fácil, muy fácil caer en la demagogia.

Por tanto, decir que necesitamos que haya vertederos y que estos actúen conforme a la ley, no puedo estar más de acuerdo con usted. Porque es muy fácil decir que, bueno, los vertederos, pues, son un infierno de problemas y que las cuotas de solidaridad, pues, que las paguen otros. Y, bueno, hay voces que incluso abogan por que, directamente, no haya vertederos, con lo cual, como usted, deduzco de sus palabras, bueno, pues, habría que tirar los residuos a cualquier sitio, y eso, evidentemente, ni usted ni yo lo compartimos».

Posteriormente, en su segundo turno de palabra, Fiscal abundó en esa línea argumental, del siguiente modo: «Yo, desde luego, quiero que usted tenga claro, y lo tiene, ¿no?, que en el momento que yo tuviera una prueba de que el vertedero ha llegado a su capacidad, es evidente que actuaríamos de manera inmediata,
pero es que no podemos hacerlo, puesto que los datos que obran en nuestro poder dicen lo contrario, dicen —insisto una vez más— lo que dije al principio, que vamos a estar muy vigilantes, absolutamente, absolutamente.

Es una instalación necesaria, y lo es, coincidimos en que lo es, que son necesarios este tipo de vertederos, pero también lo es que hay que hacerle un seguimiento exhaustivo, pues para que generen el menor número de problemas y los municipios en los que se asientan, bueno, pues no lo vean, como dije al principio, como un enemigo evidente.

Quiero recordar que este año en los Presupuestos, bueno, pues, en fin, se ha aprobado una tasa, no solo para Nerva, ni muchísimo menos, sino para los municipios en cuyos términos se asienta este tipo de instalaciones, que va a permitir, bueno, pues que los ayuntamientos de una manera somera, pero, desde luego, para alegría de sus alcaldes, al menos así nos lo dicen, se puedan beneficiar, económicamente al menos, de
la existencia de este tipo de instalaciones.

Esto no significa más que lo que significa, esto. Luego, habrá alcaldes que estén más contentos o menos contentos con las instalaciones, y todos, seguro, descontentos con que hay muy poca gente de su pueblo que trabajan en el vertedero, como usted bien sabe.

Pero mi función no es esa, mi función es velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. Y no tenga usted duda de que el día que yo me siente ante una evidencia de que esto no es así, en este vertedero o en cualquier otra instalación industrial de Andalucía, se actuará con la máxima contundencia y con la ley en la mano, como siempre hacemos».

El mismo día de la manifestación en pro de la clausura del vertedero, que también pidió Fiscal secundando así la nueva estrategia del PSOE, la empresa gestora del mismo abundó en la tesis que hasta su cese había mantenido el exconsejero de Medio Ambiente: que cumple con la normativa, de lo cual infiere que no hay motivo para cerrar el depósito.

Diseño de Soluciones Medioambientes (DSM) afirmó que la actividad que realiza está «absolutamente respaldada por las autoridades en materia medioambiental y cuenta con todos los permisos necesarios que la regulan». Además, que el tratamiento que se lleva a cabo en las instalaciones de Nerva «se efectúa con minucioso cumplimiento» de la normativa, justo lo que le exigía Fiscal, pese a lo cual el exconsejero pide ahora su clausura, contradiciéndose a sí mismo.

Fiscal tuvo que ver cómo DMS ha asegurado que su gestión «viene avalada por los más de 700 controles ambientales realizados por empresas acreditadas y las más de 50 auditorías a las que viene sometiendo la planta desde sus inicios», tanto de la Administración como de empresas certificadoras independientes, que «garantizan, entre otros, el estricto cumplimiento de todos los estándares relativos a protección del medio ambiente y la salud de las personas».

MONTENEGRO

Aparte de incurrir en la flagrante contradicción de manifestarse contra el vertedero tras calificarlo en el Parlamento andaluz de «necesario» y de afirmar que cumplía la normativa y no estaba colmatado, Fiscal aprovechó en 2019 sus últimos días como consejero de Medio Ambiente en funciones de la Junta de Andalucía para dar vía libre al envío de residuos tóxicos desde Montenegro al vertedero de Nerva.

El 16 de enero de 2019, obviamente con el conocimiento del consejero por tratarse de la materia de que se trataba, un director general de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular era José Fiscal, envió una carta al Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de su correligionario Pedro Sánchez para comunicarle su «No objeción» al traslado de las primeras 40.000 toneladas de «residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas» al vertedero de Nerva para su gestión por la empresa Dictesa Servicios Ambientales.

Más significativo todavía es que el departamento de José Fiscal, que estaba de consejero de Medio Ambiente en funciones tras el pacto PP-Ciudadanos que dejaba en la oposición al PSOE de Susana Díaz tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, pudo haber optado tranquilamente a que una decisión de tal calibre la adoptara el nuevo Gobierno de la Junta, que tras la toma de posesión de Juanma Moreno el 18 de enero de 2019 lo hizo a su vez el 22 de enero.

Sin embargo, la Consejería de José Fiscal dejó cerrado el traslado a Nerva de 40.000 toneladas de residuos tóxicos seis días antes de que lo relevaran de su cargo, tal como muestra la misiva remitida a Madrid.

El 4 de junio de 2018, aunque no se materializó hasta el 9 de noviembre del mismo año, la empresa francesa Valgo anunció la firma de un contrato por valor de 22 millones de euros, financiado por el Banco Mundial, con el Gobierno de Montenegro para la descontaminación del astillero de Bijela, que había estado dedicado al mantenimiento y reparación de barcos y que era la zona industrial más importante del país. El proyecto consistía en reconvertirlo como parte de un proyecto turístico destinado a incrementar el atractivo de la bahía de Kotor, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Con más de 150.000 toneladas de materiales a tratar (arena, tierra, granalla y residuos diversos) en una superficie aproximada que primero se dijo de 12.000 m2 (1,2 hectáreas) y luego de 18 hectáreas, la empresa Valgo se felicitaba por el contrato conseguido y destacaba su experiencia en el análisis de suelos contaminados y en el tratamiento de residuo «sensibles», como derivados de hidrocarburos, metales e incluso amianto.

El objeto del contrato era la extracción de «un gran stock» de arena contaminada y su traslado a un vertedero, así como la descontaminación de las sustancias que pudieran quedar sobre el terreno.

Según la compañía francesa, existía un riesgo de contaminación tanto para las capas inferiores del suelo como de las aguas subterráneas que fluían hacia el mar, con peligro para la salud de los habitantes que vivían cerca si inhalaban el polvo que se levantaba.

A la hora de describir los tipos de contaminantes existentes en el astillero de Bijela, Valgo elaboró la siguiente lista:

-Presencia de amianto en los materiales almacenados, aunque no se tenía constancia de fibras libres de asbesto en la arena.

-Presencia de TBT (Tributileno), un ecotóxico para los moluscos, procedente de pinturas antiincrustantes, pero sólo se mencionó una concentración máxima (194 mg / kg MS)

-Metales pesados en la arena, salvo mercurio.

-Presencia de hidrocarburos en la arena (principalmente combustible pesado, aceite de motor usado y diésel) y en fase de flotación en más de dos hectáreas y hasta 40 centímetros de profundidad.

Valgo informó de que la arena de granalla (la de acero es un abrasivo usado en numerosas aplicaciones) ni se podía procesar en los Balcanes ni reutilizar «in situ», por lo que se evacuaría por vía marítima para facilitar la logística en el astillero montenegrino.

Ya en 2019 se produjo una primera «evacuación» marítima de 40.000 toneladas que, vía el puerto de Sevilla, acabó en el vertedero de Nerva merced a la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular era José Fiscal, el mismo que hace unos días estuvo en la manifestación para pedir el cierre del vertedero.

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