El Ministerio de Transportes deberá entregar en diez días al Ayuntamiento de Coria el Avance sobre la alternativa puente/túnel en la SE-40

El Consejo de Transparencia estima la reclamación del Consistorio tras la negativa del Gobierno a su solicitud

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado favorablemente una reclamación presentada por el Ayuntamiento de Coria del Río y ha instado al Ministerio de Transportes a que en 10 días entregue al Consistorio el Avance del Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental (alternativa puente o túnel) para el cruce del río Guadalquivir por la ronda de circunvalación exterior SE-40, una solicitud municipal a la que se había negado dicho Departamento.

El Ayuntamiento de Coria del Río, que dirige el andalucista Modesto González Márquez, ha logrado una primera victoria contra el Ministerio de Transportes, cuya titular es Raquel Sánchez, tras siete meses de batalla administrativa, que se inició el 14 de enero (2022), cuando el Consistorio solicitó a dicho Departamento gubernamental el Avance del Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental (alternativa puente o túnel) para el cruce del río Guadalquivir por la ronda de circunvalación exterior SE-40.

Modesto González, alcalde andalucista de Coria del Río

Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la licitación publicada en el
BOE del 15 de diciembre de 2020, el plazo fijado para la redacción del anteproyecto es de 24 meses. Ahora bien, también se disponía que el control y seguimiento del mismo se producirá en los siguientes periodos de tiempo:
-1a Fase (Avance de anteproyecto de alternativas): Una vez transcurridos cuatro meses
desde el inicio de la redacción del anteproyecto. En esta primera fase se realizará un primer tanteo de las posibles alternativas de solución. Para ello se entregarán los trabajos previstos en el apartado 10 del PPTP.

Tras las dilaciones del Ministerio y reclamaciones del Ayuntamiento al Consejo de Transparencia, la tesis del Departamento dirigido por Raquel Sánchez fue que el Avance se encontraba aún en elaboración, por lo que no era posible remitir la documentación solicitada «de acuerdo con la letra a) del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el que se recoge que se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general».

Y ello pese a que el 24 de octubre de 2021 se había cumplido el plazo de cuatro meses para la entrega estipulado en el concurso, un plazo sobrepasado con creces por entonces, aunque el Ministerio sostenía bastantes meses después que la redacción del Avance aún no estaba concluida, afirmación que suponía cuando menos el reconocimiento de un flagrante incumplimiento del contrato, sin que Raquel Sánchez hubiera adoptado medida alguna contra la UTE adjudicataria, compuesta por la sevillana Ayesa y la madrileña Fhecor: https://www.manueljesusflorencio.com/2021/10/ayesa-y-fhecor-deben-entregar-el-24-de-octubre-el-avance-del-nuevo-estudio-sobre-la-se-40/

Tras examinar las razones expuestas por una y otra parte en diversos escritos presentados a lo largo del diferendo ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, este último considera que «no se ha justificado por la Administración de forma suficiente la concurrencia de la causa de inadmisión alegada, pues la simple afirmación de que el Anteproyecto se encuentra en elaboración no constituye argumento suficiente para denegar el acceso a la información solicitada».

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En consecuencia, afirma el Consejo, «la reclamación ha de ser estimada». Por ello, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno insta al Ministerio a que en el plazo de diez días remita tanto al Ayuntamiento de Coria del Río como a dicho organismo copia de la información solicitada.

Está por ver qué hará ahora el Departamento de Raquel Sánchez, que dispone aún de dos meses de plazo para interponer un recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, una hipotética vía de escape que dejaría aún más en evidencia la actitud obstruccionista del Gobierno de Pedro Sánchez. Éste, según un recuento del diario ABC habría infringido al menos 1.200 veces la Ley de Transparencia hasta enero del año en curso.

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