El vertido global al Guadalquivir autorizado por la Junta a Minera Los Frailes equivale a la suma de los embalses del Gergal y la Minilla

Ecologistas en Acción critica duramente el Dictamen Ambiental favorable emitido por el Gobierno de Juanma Moreno

El Dictamen Ambiental favorable de la Junta de Andalucía para la reapertura del complejo minero de Aznalcóllar por la empresa Minera Los Frailes incluye un volumen global de vertidos al río Guadalquivir a lo largo de 18,5 años y cargado de tal cantidad de metales pesados en dilución que a juicio de Ecologistas en Acción no puede ser considerado como admisible para el medio ambiente.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha elaborado un Dictamen Ambiental favorable al proyecto de la empresa Minera Los Frailes (MLF), de reapertura de la explotación minera de Aznalcóllar. Esta explotación minera fue cerrada tras la catástrofe ambiental de abril de 1998, que se produjo como consecuencia de la rotura de la balsa de la empresa Boliden, desde la cual, por su negligencia, se vertieron 6,5 hm3 de lodos tóxicos al río Guadiamar, afluente del Guadalquivir.

El Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre (2023) propone autorizar durante la fase preoperacional previa al reinicio de la actividad minera el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados de la Corta de Los Frailes (CLF) y el vaciado parcial de la Corta de Aznalcóllar (CAZ). Esta última alberga gran cantidad de los lodos tóxicos que se recogieron tras el vertido de 1998.

Corta de Los Frailes

El vaciado inicial se realizaría durante 18 meses mediante una tubería de 30
kilómetros que conduciría el vertido desde una Planta de Tratamiento de Aguas (PTA)
situada en el recinto minero hasta el Estuario del Guadalquivir a su paso por Sevilla,
enfrente del estadio olímpico. En total se verterían en esta fase 15 hm3 procedentes de la Corta de Los Frailes y 2,52 hm3 de la Corta de Aznalcóllar. Posteriormente, durante la operación de la nueva mina subterránea (fase operacional) se pretende autorizar un vertido continuo, calificado de tóxico por los Verdes, de 4 Hm3/año durante 17 años.

En total, según Ecologistas en Acción, «la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 hm3 en Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana».

Estos 85,52 hm3 superan individualmente el volumen de agua que son capaces de almacenar tres de los pantanos que abastecen a Sevilla capital y parte de su área metropolitana: El Gergal (35,04 hm3), La Minilla (57,80 hm3) y Cala (58,80 hm3). Asimismo, supera por poco la suma de los pantanos del Gergal y la Minilla (92,84 hm3 entre los dos), y la de los pantanos del Gergal y Cala (93,84 hm3 entre ambos).

Corta de Aznalcóllar

Fuentes de Ecologistas en Acción reconocen que no se superan los límites legales de metales pesados y sustancias contaminantes en el vertido previsto. El problema radica en que estos límites se fijan en miligramos por litro (mg/l) y en que no se establecen límites para los vertidos al dominio público marítimo-terrestre, como ocurre en este caso. Como se autoriza un volumen tan ingente de vertido a lo largo de 18,5 años, cuando se hacen las cuentas y se multiplican los miligramos por litro el resultado son unas cantidades de metales pesados que a juicio de los Verdes son inasumibles, por mucho que se consideren dentro de los parámetros legales.

A pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada en los
18 años y medio que se propone autorizar tiene un alto contenido en metales como
Arsénico (2.709,12 kg), Cadmio (677,28 Kg), Cobre (5.577,60 Kg), Cromo (717,12 kg)
Mercurio (23,90 kg), Níquel (5.577,60 Kg), Plomo (796,80 kg), Selenio (796,80 kg) y Zinc
(26.294,40 kg), entre otros contaminantes, tal como se muestra en la siguiente tabla, en la que se destacan en rojo los metales pesados muy tóxicos y con efectos de bioacumulación a lo largo del tiempo:

En ese tramo del río se localizan las tomas de riego de las 36.000 ha de arrozales, por lo que según los Verdes «se pondrá en cuestión su seguridad alimentaria», ya que es ahí donde se crían los alevines del caladero del golfo de Cádiz, «con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona -afirman- estará asegurada».

El vertido propuesto ha contado con el visto bueno de la Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que en opinión de Ecologistas ha antepuesto «los intereses de Minera Los Frailes a los intereses de los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud general de sus consumidores».

Hay que tener en cuenta que este vertido se acumulará con el que ya tiene autorizado
la empresa minera Cobre Las Cruces para su proyecto polimetalúrgico PMR, cuyo
punto de vertido se sitúa también en el Estuario del Guadalquivir, unos 4 km aguas
arriba, junto al puente viejo de La Algaba, con un volumen total autorizado de 2,34
Hm3 durante un periodo aproximado de 14 años, es decir, un total de 32,76 Hm3 de
vertido igualmente tóxico y altamente contaminante de los mismos metales pesados.

Ecologistas destaca que el Dictamen Ambiental se otorga a Minera Los Frailes, participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México, a pesar del juicio oral que se va celebrar entre marzo y julio de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía acusadas de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental.

«Allí se juzgará -subrayan los Verdes- la sospechosa adjudicación de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar, que acabaron en 2015 en manos de Minera
Los Frailes (MLF). También se juzgará a los hermanos López Magdaleno, socios
minoritarios de MLF que actuaron como conseguidores de esos derechos, y la propia
MLF consta como posible responsable civil subsidiaria en ese juicio».

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