Afirman que afectará negativamente a la calidad de vida y a la sostenibilidad

Las asociaciones de vecinos Bermejales 2000, Bermejales Activa, Foro Heliópolis, Heliópolis Las Siete Calles, Los Andes, Pedro Salvador, Pisos Sector Sur (Inquilinos Corazón de María de los Pisos Municipales de Heliópolis de Sevilla), Puerto de Sevilla, Reina Mercedes y el AMPA Torre de Babel del CEIP La Raza, más la asociación Parque Vivo del Guadaíra, rechazan la inminente aprobación del ARI-DBP-08 en el Pleno municipal del Ayuntamiento. La oposición a la modificación del PGOU de Las Razas, que afecta a la Avenida del mismo nombre, y el Plan Maestro del Puerto, suscita el consenso de la práctica totalidad de entidades vecinales del entorno afectado.

Los vecinos piden formalmente la suspensión cautelar de la modificación del PGOU hasta que no se realicen las evaluaciones de impacto que permitan un desarrollo urbano que no invada la ciudad existente, sino que se integre en ella. Otra de las demandas es el uso responsable y beneficioso del suelo público, en referencia tanto a este suelo como a la posible concesión para un nuevo uso comercial junto al estadio Benito Villamarín, entre otros muchos espacios del área portuaria.

Entre las principales carencias, los firmantes alertan de la falta de análisis y estudios sobre la afluencia masiva de vehículos, así como de la nueva población flotante compuesta por trabajadores y clientes del nuevo entorno comercial del Puerto. La ausencia de estas mediciones es una “omisión significativa”, advierten las entidades firmantes, ya que a su juicio afectará negativamente a la sostenibilidad del área y a la calidad de vida de los actuales vecinos.

Otra valoración alude al diseño urbano que, hasta el momento, se ha dado a conocer. Para estos vecinos del Distrito Bellavista-La Palmera, el nuevo Plan es una proyección que desatiende la cohesión urbana con la infraestructura ya existente. La “falta de permeabilidad” de las nuevas construcciones -afirman- compromete la integración espacial y social de los barrios del entorno. Los vecinos alegan que es “imperativo analizar y planificar adecuadamente la infraestructura y servicios necesarios
para atender las necesidades de la población”.

CARENCIAS

Otra de las principales objeciones que esgrimen los vecinos es el uso del suelo público, que afirman desatiende el interés general de la ciudadanía, siendo “difícil de entender cómo la actual propuesta del PGOU no contempla de manera efectiva el retorno de este valioso suelo público”.

Esta carencia se ejemplifica en la falta de dotaciones vecinales, como aparcamientos para residentes, zonas deportivas o sanitarias, que aseguren un entorno urbano que propicie la salud y el bienestar de la comunidad. No solo eso. Estiman que en la modificación del Plan General se imponen mayoritariamente usos lucrativos sobre el uso público del espacio y, además, se ha incluido parte del Parque Guadaíra como zona verde, es decir, un equipamiento ya existente computa como si fuese de nueva creación adscrito al proyecto, tal como se ha hecho con los centros educativos
o sanitarios.

Proyecto del distrito urbano-portuario

Por ello, las once entidades vecinales plantean a Urbanismo, Ayuntamiento y a todas
las agrupaciones políticas la imperiosa necesidad de revisar y aumentar los equipamientos públicos.

Igualmente, afirman que en el proyecto del distrito urbano-portuario no se contempla ningún tipo de dotación para los centros educativos ya existentes, como el CEIP la Raza o el I.E.S. Punta del Verde, que permita que dichos centros puedan ampliar sus infraestructuras para acoger más líneas, en consonancia con el incremento
residencial propuesto.

Las asociaciones lamentan la falta de transparencia y la ausencia de participación ciudadana en una reforma urbana que se inserta en un vecindario heterogéneo, en el que ya conviven más de cuarenta mil personas.

Hasta el momento, ninguna de las alegaciones presentadas por los vecinos residentes ha sido integrada en la modificación del PGOU que permite el desarrollo del nuevo barrio portuario. La modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha sido aprobada por la comisión de Urbanismo, por lo que llegará a Pleno el viernes 22 de marzo (2024). Finalmente, la Junta de Andalucía deberá dar su aprobación para que los suelos de titularidad pública sean subastados por la Autoridad Portuaria.

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