La Administración estima que percibiría una media anual de 6,97 millones de euros en concepto de canon
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, declaró tras su entrevista con el subdelegado del Gobierno para pedirle una reunión con la vicepresidenta María Jesús Montero sobre su proyecto de cierre de la Plaza de España para cobrar una entrada a los turistas, que está dispuesto a escuchar alternativas. Sólo tiene que mirar a Madrid, cuyo Ayuntamiento (PP) ingresa al menos 4 millones de euros anuales por la concesión de los autobuses turísticos, y a Barcelona, cuya Área Metropolitana licitó el pasado diciembre (2023) un concurso similar por el que espera obtener una media de 6,97 millones de euros anuales durante doce años, prorrogables. Sin embargo Sanz, al igual que sus predecesores, no quiere ver la alternativa que tiene delante de sus ojos. Habrá que preguntarse por qué.
El Consejo del Área Metropolitana de Barcelona publicó el pasado 5 de diciembre (2023) en la Plataforma de Contratación Pública de Cataluña un anuncio para la concesión de la explotación de un servicio de autobús turístico durante 12 años (prorrogables) y con un presupuesto base de licitación superior a los 284 millones de euros (284.655.721,04 euros). Todos los datos, en lengua catalana, del concurso público pueden consultarse en el siguiente enlace: https://contractaciopublica.cat/es/detall-publicacio/8caefae9-4f54-48c6-8399-60feb12a09aa/300025242
Debido a una compleja historia, Barcelona, al igual que Sevilla, dispone de dos servicios de autobuses turísticos.
Por un lado está el Bus Turístic, que depende de Transportes Metropolitanos de Barcelona (más conocido por sus siglas, TMB). Éste, a su vez, engloba a tres empresas públicas, dos del Ayuntamiento (Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona, que opera el Metro, y Transportes de Barcelona, equivalente a nuestra Tussam, que gestiona las líneas de autobuses urbanos de la capital catalana) y una del Área Metropolitana de Barcelona (Proyectos y Servicios de Movilidad).
Y por otro lado está el Barcelona City Tour, otro servicio de autobuses turísticos dependiente en este caso del Área Metropolitana de Barcelona (más conocida por sus siglas, AMB) y operado mediante concesión por la unión temporal (UTE) de dos empresas privadas, Julià Travel y Moventis, aunque en principio fueron tres (Grupo Trapsa).
La convocatoria del nuevo concurso se justificó por el agotamiento del plazo contractual del servicio actual y la insuficiencia de medios de AMB para prestar el servicio. El valor del contrato se calcula conforme al artículo 101 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y por las siguientes cantidades año a año:
En total, pues, 284.655.721,04 euros.
La invocación del artículo 101 de la ley de Contratos del Sector Público para la estimación del valor de la concesión y del correspondiente canon por parte del Área Metropolitana de Barcelona contrasta con la posición de los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, que según dijo Antonio Muñoz en el Pleno del 23 de abril de 2023, se decantaban por la aplicación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por ocupación de dominio público. ¿Cuál sería la diferencia de aplicar en Sevilla la ley, como en Barcelona, o la Ordenanza? La diferencia puede consistir en importantes cantidades de dinero.
Un autobús de Barcelona City Tour, circulando ante la Pedrera, de Gaudí
Según las cifras publicadas por El Periódico de Catalunya, en el año 2017 se vendieron 958.114 billetes para el bus turístico Barcelona City Tour; en el año 2019, 833.374, y en 2022, 664.720. Ya antes de la pandemia se notó una caída de la demanda, que se acentuó después, debido a la disminución del turismo por causa del coronavirus, de ahí que en el nuevo concurso se hayan introducido algunas novedades, con el fin de reactivar el número de viajeros.
Actualmente hay seis tipos distintos de billetes, siendo el más común el pase de 24 horas, que tiene un precio (varía en función de la temporada) en estos momentos de 29,70 euros para adultos y de 16,20 euros para niños. A una media de 23 euros, la empresa concesionaria habría facturado en 2017 una cantidad de 22.036.622 euros. En tal hipótesis, la facturación en 2022 habría sido de 15.288.560 euros. Esta cantidad, la más baja en la estimación, prácticamente duplicaría el canon más elevado que espera cobrar el Área Metropolitana de Barcelona con este nuevo concurso.
El AMB estima que como mínimo (en caso de que no se mejore la oferta de salida, que en Madrid fue triplicada) percibirá el siguiente canon anual por parte de la empresa adjudicataria y teniendo en cuenta que el primer año empezaría el 1 de julio de 2024, con la entrada en vigor del nuevo contrato:
La cantidad total sería al menos 83.702.063,14 euros, a una media anual en los doce años considerados de 6.975.171,92 euros. Se da un periodo de 12 años, prorrogable, justamente para que la empresa adjudicataria tenga tiempo suficiente de recuperar la inversión que realice.
Se ha estimado que no sería conveniente la división del contrato en lotes, ya que su división dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico y económico, con una repercusión directa sobre la utilización eficiente de los fondos públicos destinados a ese objeto.
Se considera que el licitador tiene suficiente solvencia económica y financiera cuando su volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles, haya sido igual o superior a 7.500.000 € (50% del volumen estimado de negocio el primer año).
Por otra parte, se considera que el licitador tiene suficiente solvencia técnica o profesional cuando el número de kilómetros útiles anuales recorridos en dos de los últimos cinco años en el ámbito de los servicios públicos de transporte colectivo urbano con finalidad cultural y turística es, como mínimo, de 175.000 (25% de la estimación de km recorridos el primer año), sumando los km útiles producidos en uno o más contratos.
NOVEDADES
Según El Periódico de Catalunya, la licitación tiene como objeto mantener el servicio tal cual está, es decir, la explotación de las rutas diurnas naranja y verde, junto con las nocturnas (Llums de Nadal, durante la campaña de Navidad, y Ruta Nit, de mayo a septiembre).
El concurso trae novedades en cuanto a las líneas, con el objetivo de llegar a más puntos de la ciudad. Descentralizar el turismo, lo llaman. La verde sumará la Mar Bella, el Fòrum, Glòries, el Parque Güell y el paseo de Gracia, una arteria que ahora forma parte del trazado naranja, que, en cambio, incorporará la Sagrada Familia, que ahora cubre su propuesta hermana.
Ruta nocturna por Navidad cerca de la Sagrada Familia
La compañía adjudicataria, además de mantener el personal de la explotación actual, deberá cumplir con toda la normativa ya vigente en cuanto a horarios, gestión de colas y tarifas, y además tendrá que comprar nuevos vehículos que pasarán a ser propiedad de AMB. También se le permite que parte de la flota no sea nueva, con un mínimo de 30 unidades al empezar el contrato, cifra que deberá ascender a 44 a partir del cuarto año.
Todos los vehículos tendrán que ser dos pisos, con la parte superior descubierta; facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, y estar dotados de wifi, dos USB por cada dos asientos y una megafonía individualizada con al menos 16 idiomas. El ganador también podrá modificar, si así lo considera, la imagen exterior de los autobuses, que deberán incluir, además, un mínimo de tres cámaras de videovigilancia.
RECURSO
El Consejo Metropolitano se vio obligado a adoptar el pasado 30 de enero (2024) el acuerdo de suspender temporalmente el procedimiento de la concesión del Servicio Público de transporte colectivo urbano de viajeros en autobús con finalidad cultural y turística.
La razón se debe a un recurso interpuesto ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público contra los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas que rigen el concurso.
El Tribunal acordó como medida provisional suspender el concurso «sin perjuicio de la valoración sobre el fondo del asunto y sin que la adopción de dicha medida comprometa el sentido final de la resolución del recurso de referencia».
Esta medida tampoco ha extrañado en demasía, ya que lo habitual, tanto en Barcelona como en Madrid especialmente, es que se desencadene una guerra de impugnaciones ante los organismos administrativos e incluso posteriormente ante los tribunales de justicia por discrepancias de las empresas interesadas con las decisiones de la Administración convocante del concurso o tras la adjudicación del contrato, dados los intereses en juego y el número de sociedades que aspiran a hacerse o a continuar con este negocio. Recuérdese que al concurso de Madrid se presentaron nueve ofertas, dos en solitario y siete en Uniones Temporales de diversas compañías.
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