La mitad se encuentran en Zalamea la Real, pero ninguno en Minas de Riotinto
Veinticuatro bienes situados en seis municipios de la Cuenca Minera han formado parte de lo que El Periódico de España calificó como «el mayor escándalo inmobiliario» de la historia de nuestro país: En 1998, con José María Aznar en la Moncloa, el Gobierno aprobó un real decreto que permitía a los obispos registrar como propios, mediante su sola palabra y sin necesidad de aportar ningún documento, los templos de culto. Ni siquiera Francisco Franco había llegado tan lejos: la dictadura facultaba a las diócesis para hacer lo mismo con el resto de bienes inmuebles, un acto que se denominó inmatriculación, pero no con los templos. Así que los prelados, entre finales del siglo pasado y 2015, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy derogó lo que su antecesor en el PP había aprobado, se entregaron a un pantagruélico ‘me lo quedo’ que incluyó iglesias, ermitas, catedrales, el arte mudéjar, la Giralda de Sevilla y la mezquita de Córdoba.
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