Para tratar de justificar la mentira de que el parking de la Alameda figuraba en el programa de Zoido para las elecciones municipales cuando aquél sólo hablaba de ubicarlos en el perímetro del Casco Antiguo, el gobierno del PP, creyéndonos tontos al contrario que Media Markt, dice ahora que el bulevar puede considerarse en la periferia del Centro. O sea, que para este Ayuntamiento la Alameda está extramuros, cuando dista de la Plaza Nueva lo mismo que la calle San Fernando, la plaza Ponce de León y la Casa de las Dueñas, con lo que San Luis, San Julián, Santa Marina, Omnium Sanctorum, San Clemente y la Macarena deben de ser a su vez la periferia de la periferia del Centro. Lo mismo cabrá decir del Espacio Santa Clara, andurrial por tanto al que Zoido llevó a los Príncipes a la exposición sobre ‘Las Santas de Zurbarán’. Curiosamente, el programa del PP para el Casco Antiguo también incluía la reurbanización de la Plaza de Armas y del Paseo Juan Carlos I que, dada la singular concepción geográfica existente en el gobierno local, deben de estar allá por el Aljarafe.
….los políticos acaban siendo iguales. Lo primero que hicieron el PP y Zoido tras ganar las elecciones municipales de 2011 por mayoría absoluta fue retirar de la página web el programa con las numerosas promesas a los sevillanos, distrito por distrito, no fueran a recordárselas luego. Por deformación profesional tuve la precaución de descargármelo antes de que lo escamotearan. Por éso ahora no salgo de mi asombro al comparar lo que declara el alcalde sobre que el parking de la Alameda figuraba entre sus promesas electorales y lo que realmente dice su programa: “dotación de aparcamientos en el perímetro” del Casco Antiguo. Perímetro, según el Diccionario de la Academia, significa contorno de una cosa; o sea, en este caso concreto, lo que rodea y está fuera del Centro, no dentro del mismo. No hace mucho se cumplió el 300 aniversario del clásico libro de Jonathan Swift o John Arbuthnot (los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la autoría) titulado ‘El arte de la mentira política’. Hay obras que, con conductas como la de Zoido, nunca pierden su vigencia.
preocupado hasta ahora de medir. El segundo, objeto de la controversia, es el denominado “de profundización”. Su objetivo consiste en incrementar el calado del canal de navegación para los barcos que remontan el río hasta Sevilla en 1,5 metros, con lo cual se pasaría de los 6,5 metros actuales a 8. Asimismo, se incrementaría la anchura del canal en 30 metros y se pasaría de los 60 metros actuales a 90.
Por de pronto, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, alarmado por las presiones en pro de un dragado que podría tener graves consecuencias para este paraíso andaluz, ha decidido analizar la situación de Doñana en su reunión en Camboya dentro de quince días, con lo que se corre un riesgo similar al ya sufrido por Sevilla con motivo de la construcción de la torre Pelli: incluirlo en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y, llegado al extremo, retirarle su condición de Patrimonio de la Humanidad, lo que supondría un golpe al prestigio de la ‘marca España’.
La Autoridad Portuaria se escuda además en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que data del año 2003 pero -y he aquí otro motivo de controversia- que la Administración central habría condicionado entonces o después a los resultados de un posterior estudio científico, en previsión de sus posibles efectos negativos sobre Doñana y porque, aunque no parezca lógico, no existían apenas investigaciones sobre la dinámica del Guadalquivir y, sobre todo, del estado real de su estuario.
Como el río transporta cada vez menos agua dulce (63 m3/segundo de media, cuando lo ideal serían al menos 1.000 m3/s) y ha perdido cada vez más llanuras mareales y marismas, las mareas van incrementando la salinidad -el mayor enemigo del arroz- y la turbidez, y se desemboca en un círculo vicioso: se colmata el cauce y hay que dragar más para mantener el actual canal de navegación. Si se ejecutara el dragado de profundización, no sólo entraría más agua salada en el cauce poniendo así en peligro las 35.000 Has. de arrozales, que generan 432.000 peonadas anuales y una facturación bruta superior a los 145 millones de euros, sino que también la mayor fuerza de las mareas -unidas al oleaje causado por el tránsito de barcos mucho más grandes- erosionarían aún más las márgenes a lo largo de 80 kilómetros de cauce. Se ha estimado que sólo el coste de estabilizarlas y defenderlas mediante escolleras triplicaría el del propio dragado.
Por ello, en los últimos meses ha convertido el dragado en el ‘leit motiv’ de su mandato, se ha alineado públicamente con el ‘lobby’ de los constructores y los consignatarios de buques, que serían sus grandes beneficiarios, y ordenó a uno de sus lugartenientes, Javier Landa, que organizara encuentros reservados y sin difusión pública, pese a sus promesas de “luces y taquígrafos”, con los agricultores y arroceros, opuestos al dragado, a fin de sumarlos a la causa y de cara a una ‘cumbre’ que gestionó en Madrid con el ministro Arias Cañete. A este encuentro en la sede del Ministerio de Medio Ambiente no invitó ni a los científicos, ni a los ecologistas, ni al Consejo de Doñana ni a la Junta de Andalucía.
Al regreso del encuentro en Madrid, sólo tras ver que Arias Cañete no está dispuesto a poner en peligro Doñana, los arrozales y el Guadalquivir por un dragado bajo vigilancia internacional y que probablemente precise de una nueva DIA, Zoido ha pedido públicamente un pacto a Griñán, cuando unos días antes había ignorado por completo a la Junta de Andalucía al organizar la reunión con el ministro y despreciado por “no vinculante” el voto en contra del Consejo de Doñana.
El PSOE ha exigido la retirada inmediata del cartel de una campaña promovida por el eléctrico delegado del Distrito Sur, Pepelu García (sí, el mismo en quien usted está pensando), en que junto a una figura humana en ademán de recoger con una bolsa la caquita (con perdón) de su perro aparece esta leyenda: “Se busca civismo. Recompensa: Calles limpias. Vecinos contentos. Dignidad para su mascota’. A mí me parece magnífico, pero los sociatas creen que el cartel es ofensivo para los vecinos del Distrito en comparación con el resto de sevillanos, porque se ven retratados como incívicos. ¿Y quién no lo es en esta ciudad de nuestras cuitas? Entono también el ‘Yo pecador’, aunque no por caninas razones. A la vista de la carrera de salvar obstáculos en forma de infinidad de heces de perro en que se convierte el paseo por tantas de nuestras calles, empezando por la mía, la solución es muy fácil: en vez de retirar los carteles del Distrito Sur, hacer una tirada general y empapelar toda Sevilla. Y con Pepelu, el del alto voltaje, en plan Proust: a la busca del civismo perdido.
Han pasado lista y repasado la foto de la celebración por Zoido y su gente del segundo aniversario de la victoria electoral aquel 22-M, en busca de adhesiones inquebrantables y desafectos, y ahora señalan que entre los ausentes estuvo el Defensor del Ciudadano, José Barranca. Lo escandaloso habría sido que estuviera en la foto con Zoido, no que haya faltado a la conmemoración, por más que sea un cargo nombrado por el dedo del alcalde. Mutatis mutandi, sería inconcebible que Soledad Becerril, pese o justamente por su condición de Defensora del Pueblo, apareciera públicamente proyectando la imagen de que es un miembro más del equipo de Rajoy; o ver a Chamizo en una escalinata de San Telmo junto a la chica de Presidencia y a Griñán, el que ya no le coge el teléfono ni le contesta a sus cartas de petición de cita. Así pues, Barranca acertó de pleno al no acudir a la efemérides de Zoido, porque, independientemente de quien lo haya nombrado para el puesto, desde ese momento pasó a convertirse en el Defensor de todos los sevillanos, no en el concejal número 21 del PP.
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha autorizado a la empresa concesionaria de su tranvía a que alquile los tres trenes existentes a una ciudad cercana a Sidney (Australia) por 200.000 euros anuales ante la imposibilidad de mantener una infraestructura cuya construcción costó 40 millones de euros y que genera un insoportable déficit para las arcas municipales superior a los 800.000 euros/año. En contraste, el Ayuntamiento de Sevilla, sin título siquiera para tal prerrogativa, vetó sistemáticamente durante la era Monteseirín los intentos de Agesa de ceder a otras ciudades españolas interesadas el telecabina o el tren monorraíl (Zaragoza, Benalmádena…) de la Expo-92, pese a que habían dejado de utilizarse desde hacía años y años en la isla de la Cartuja por antieconómicos. Mientras que el tranvía de Vélez-Málaga presta servicio aunque sea en las antípodas, el telecabina y el tren monorraíl de la Muestra Universal han devenido en pura chatarra, sin utilidad alguna ni para Sevilla ni para ninguna otra ciudad. Monteseirín, la moderna versión del perro del hortelano.
Vílchez ha anunciado un ‘lifting’ del PGOU en forma de ‘actualizaciones’ pero que pueden derivar en una completa cirugía estética y, entre sus argumentos, ha afirmado que durante la elaboración del Plan vigente “en ningún caso la oposición -entonces el PP- tuvo acceso a poder participar; nunca se le dio oportunidad para participar”.
áreas de interés en que se dividió la Biblia urbanística de la ciudad. Luego se formaron 14 mesas más en los barrios, se distribuyeron CD entre los sevillanos y se creó una página web específica, por lo que al final los ciudadanos presentaron 7.000 alegaciones. ¡Si hasta el PP votó a favor del Metaplán, aunque al final del proceso lo hiciera en contra!
¿Y quién ha sido el primero en dejar de construir viviendas, en su caso de protección oficial, y ha ralentizado al máximo, incluso con despidos de personal, la actividad de Emvisesa? El propio Ayuntamiento, que alega que no hay demanda o que la escasa existente ya no es para compra, sino para alquiler, debido a que la banca no concede créditos. Vílchez no pretenderá que los promotores privados hagan lo que él tampoco hace como delegado de Urbanismo.
Si mi memoria no me falla, los PGOUs anteriores datan de 1946, 1964, 1987 y 2006. El periodo de vigencia de cada uno ha oscilado entre 18 y 23 años, y si no hubiera mediado la Expo-92 alguno incluso habría durado más tiempo. Habida cuenta de estos precedentes y de que por la crisis nos hallamos en recesión, iniciar un cambio del PGOU por la tesis de su desfase en sólo un septenio es poco convincente.
Vílchez debe cambiar de argumentario. Que diga claramente que en realidad pretende cambiar el modelo de ciudad de PSOE e IU, volver a construir aparcamientos rotatorios en el casco antiguo -como el de la Alameda- y recalificar para uso comercial la Gavidia, pero ni un comercio ni varios parkings más en el Centro van por sí solos a reactivar la economía ni acabar con los 90.000 parados sevillanos como trata de sugerirnos el delegado cuando dice que el PGOU “impide el desarrollo de la ciudad”.
El título no se refiere a la British Broadcasting Corporation, la Radiotelevisión británica, sino al calificativo de Torrijos a Zoido por el segundo aniversario de la apabullante victoria electoral que, con 20 ediles, le llevó a la Alcaldía: “un alcalde de bodas, bautizos y comuniones”. Espadas ha abundado en la misma idea al decir que Zoido no tiene agenda de gobierno, sino agenda social, por estar en todas las fiestas con tal de salir más en las fotos que en su época Gregorio Conejo, apodado el inevitable. Ignoro si Zoido es consciente de la imagen pública que está proyectando aunque sea por un afán de agradar a todo el mundo y no parecer descortés, pero lo cierto es que ha devenido en personaje fijo de la Sevilla del canapé y hasta ha llegado a cortar la cinta inaugural de un bar. ¿Se imaginan eso mismo en el alcalde de Barcelona, por ejemplo? En el ecuador de su mandato, Zoido debe reflexionar sobre si no está dando pie a que Torrijos le diga eso de “alcalde BBC” y a que la gente piense que es más fácil verlo en cualquier sarao antes que en el Ayuntamiento.
El 22 de mayo no se conmemoraba el segundo aniversario de la toma de posesión de Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla, efemérides que no se cumplirá hasta el próximo 11 de junio, sino el de la victoria del Partido Popular en las elecciones municipales de 2011. El matiz, aunque parezca insignificante, no lo es, ni mucho menos: es la diferencia que separa lo meramente partidista (PP) de lo estrictamente institucional (Alcaldía). Por éso Zoido no actuó correctamente al utilizar la sede del Ayuntamiento para celebrar la victoria de su partido y repartir un informe-balance de 142 páginas con el sello del NO8DO y la leyenda ‘Ayuntamiento de Sevilla’. El Zoido presidente del PP (A) debió haber elegido para tal ocasión la sede provincial de su partido en la calle Rioja o la regional en la calle San Fernando; el Zoido alcalde sí podía haber elegido de pleno derecho el Ayuntamiento en la Plaza Nueva para su conferencia de prensa, pero a partir del 11 de junio, nunca antes. Demasiadas prisas. En Democracia hay que ser escrupuloso hasta en los más mínimos detalles.
importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.
Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?
Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.
En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.
base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.
Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.