Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.
Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado- de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.
EMPUJADO
Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:
1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.
2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.
3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro para la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.
4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.
PERVERSIÓN POLÍTICA
Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.
Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.
CONTRADICCIONES
En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.
Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.
Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.
UN PRECEDENTE
¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.
El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.
El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.
El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.
Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.
CONDENA PREVIA
Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la 
Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.
Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.
A Rico Lara, el juez víctima inocente del caso Arny, le han rendido un homenaje póstumo en la Casa de la Provincia tras su muerte física a los 82 años, subsiguiente a la muerte civil que mucho tiempo ha le decretó la sociedad sevillana por la simple presunción de una culpabilidad que no fue tal. Pasó a ser un apestado y se le cerraron todas las puertas. Incluso tras su absolución siguió cargando con la cruz y la pena por la injusticia sufrida. En mi diario, que nació mucho después de aquellos tristes episodios, al menos tuvimos la oportunidad de poder acogerle y darle un espacio a sus escritos, que acudía a entregar en persona y casi de puntillas, por temor a molestar en la marabunta de la Redacción. Todos los oradores que en el acto tomaron la palabra coincidieron en destacar la cobardía e hipocresía, marca de la tierra, con que fue tratado en los círculos en que se desenvolvió. La cobardía ha seguido vigente hasta el final, como prueba este mismo homenaje: ha habido que esperar a su muerte para poder tributárselo, sin que se viera desagraviado en vida.
Aquí todos hablan de transparencia y lucha contra la corrupción, pero a la menor oportunidad se tornan misericordiosos con los de su clase (política), pensando en el ‘hoy por ti, mañana por mí’. Aprovechando el verano, el Gobierno del PP ha camuflado entre otros trece el indulto a Dolores Mateos, ex de Política Municipal y Relaciones Vecinales en la Agrupación del PSOE de Sevilla Este en los tiempos bajo el control del diputado autonómico Ramón Díaz, protegido de Viera e imputado en el caso de los ERE. La beneficiaria del indulto había sido condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla a tres años de cárcel, que de esta manera elude, por haberse quedado con un BMW que le había sido entregado en custodia judicial. Primero adujo que el delito había prescrito y luego, pese a las evidencias, que nunca le habían dado coche alguno. Ahora, pese a la que está cayendo con los políticos (o precisamente por éso), Gallardón la libra de la trena. El próximo político que caiga en la tentación ya sabe que con medidas graciables como ésta puede quedarse con un Rolls Royce.
importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.
Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?
Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.
En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.
base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.
Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.
La empleada sevillana que ha visto frustrado el amparo solicitado al Alto Tribunal prestaba servicios como teleoperadora especialista para la compañía Global Sales Solutions Line desde finales del año 2001. En la empresa existía un ordenador de uso indistinto por todos los trabajadores y sin clave para poder acceder a la denominada unidad ‘C’. Sin autorización ni conocimiento previo de la compañía, que lo tenía expresamente prohibido, la teleoperadora y una compañera de trabajo instalaron el programa ‘Trillian’ de mensajería instantánea.
Según reza el fallo del TC, entre ellas mantuvieron diversas conversaciones en las que se vertían comentarios críticos, despectivos o insultantes en relación con compañeros de trabajo, superiores y clientes. Las conversaciones fueron descubiertas, por casualidad, por otro empleado que intentó utilizar la unidad ‘C’ del ordenador y que dio cuenta de las mismas a la Dirección a finales del año 2004.
La suspensión de una de las sesiones del juicio por el escándalo Mercasevilla debido a la imposibilidad técnica de reproducir la famosa grabación en que los acusados habrían exigido, presuntamente, el pago de una ‘mordida’ de 300.000 euros a los empresarios del grupo La Raza es una metáfora de la situación de la Justicia. Para rizar el rizo, tuvo que ser un miembro del Jurado, de profesión informático, el que arreglara el cacharro -nunca mejor dicho- con que cuenta la Audiencia. Al igual que ante una urgencia en un teatro o cualquier otro local público se pregunta por los altavoces si hay un médico en la sala, a partir de ahora los jueces sevillanos deben estar preparados para inquirir si hay un informático entre los presentes, capaz de realizar una chapuza sobre la marcha. Ya que no podemos aspirar a que se construya la Ciudad de la Justicia de la que se viene hablando desde el siglo pasado por ser un tema de ciencia-ficción según el consejero Emilio Llera, roguemos al menos por que en los tribunales funcione el equipo de sonido, que no tiene tanta ciencia.
firmado convenios con su Ayuntamiento, presentado incluso planos de ubicación y distribución de superficies… y que, de la noche a la mañana, hubiera dicho que no había dinero y que todo eso no era más que “ciencia-ficción”.
Naturalmente, en los doce años en que la Junta ha estado mareando la perdiz en Sevilla, le ha dado tiempo de sobra a construir la Ciudad de la Justicia de Málaga, el mayor edificio administrativo de Andalucía, con una inversión de unos 85 millones de euros (¡más barato que las ‘Setas’ de Monteseirín!). Allí no impera la ciencia-ficción, sino el realismo. El Escorial malagueño en plan Torretriana ha permitido concentrar los 88 órganos y siete sedes judiciales hasta entonces dispersos por la ciudad y cuyos alquileres costaban más de un millón de euros.
Zoido, en vez de haber amarrado la inversión para Sevilla tomándole la palabra a la Junta cuando le instaba a que pusiese él el sitio para construir la Ciudad de la Justicia, ahora que no hay dinero esgrime la alternativa de toda la Judicatura, tan comprensiva (Zoido ha protestado con la boca chica) con el Gobierno autónomo. El alcalde-juez propugna derribar el actual edificio de los Juzgados, reformar el de la Audiencia y construir tres más en el entorno, algunos de ellos con diez plantas de altura y hasta varias bajo rasante (trabajar en un sótano), lo que cambiaría el paisaje actual del Prado al meterle casi 110.000 m2 de edificabilidad, equivalente a dos complejos como el de la torre Pelli/edificio Podio o a tres estadios de fútbol, y sin posible ampliación futura de esta Ciudad dispersa, al contrario que en los Gordales.
Zoido hizo muy bien al recibir en el Ayuntamiento y confortar en nombre de los sevillanos a los padres de Marta en el tercer aniversario de su muerte y desaparición. A partir de entonces, el también alcalde de Sevilla, magistrado en excedencia y exdecano de los jueces cometió el garrafal error de ponerse al frente de la manifestación que reprobó la sentencia dictada por sus colegas conforme a la ley existente y a las (falta de) pruebas en el juicio. En la marcha avalada por el también alcalde con su presencia se corearon gritos como ‘¡Aquí no hay Justicia; esto es una mafia!’, ‘¡Esta sentencia es una vergüenza!’ y ‘¡Jueces y abogados, os habéis equivocado!’ ¿Por qué Zoido, todo un juez, se integró entre quienes cuestionaban a gritos a la Justicia en un Estado de Derecho? Decía Agnelli, patrón de la Fiat: “Cuando un peatón se sube a un coche, ya no piensa como peatón, sino como conductor”. Zoido, subido al carro del Poder, no vio 40.000 manifestantes desde las ventanas del Ayuntamiento, sino 40.000 votantes. Zoido ya no piensa como juez, sino como político.
Zoido, juez de profesión, alcalde y palangana confeso, declaró el otro día que no tendrá inconveniente alguno en acudir al palco del Sevilla F. C. (equipo del que creo recordar presidió hasta una especie de peña) y sentarse junto a Del Nido, ya que, en su opinión, “no hay que precipitarse, porque la presunción de inocencia es para todos y hay que respetarla”. Recordemos que Del Nido ha sido condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación y pago de 2,7 millones de indemnización por cooperación necesaria en los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque haya recurrido luego la sentencia. Tiremos de hemeroteca. Abril de 2011. Torrijos es imputado en el caso Mercasevilla. Reacción de Zoido: “Estar imputado es, de por sí, algo muy grave, pero por una venta irregular de unos terrenos, por pura especulación, es más grave todavía”. El hoy alcalde mostró entonces su “asombro” por que “no suceda nada”, y dijo del político de IU lo siguiente: “No pregona con el ejemplo. De una vez por todas tiene que asumir su responsabilidad”.
La izquierda se solivianta por que la ministra Ana Pastor y Javier Landa no hablan de ‘violencia de género’ en los asesinatos de mujeres, sino de ‘violencia en el entorno familiar’. Torrijos le montó un numerito a Landa; Susana Díaz dice indignada que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, y la consejera de Salud, Mª Jesús Montero, proclama que “el lenguaje importa”. De acuerdo al 100% con la consejera. Y como cuando enfermamos vamos al médico, que es el que sabe, en materia de lengua yo la remito a la máxima autoridad, la Real Academia, que ya hizo un esclarecedor dictamen -accesible en Internet- sobre la cuestión. Resumo sus argumentos y la conclusión: la expresión ‘violencia de género’ es una traducción (una más, como ‘piso piloto’ y tantas otras sin ton ni son) del inglés, sin sentido en nuestra maravillosa lengua que todos deberíamos defender y donde las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). Por tanto, lo correcto es decir ‘violencia doméstica’ o ‘por razón de sexo’. Roma locuta, causa finita.