El anuncio de Susana Díaz de reactivar el sector de la construcción llegó al tiempo que la Gerencia de Urbanismo anulaba el convenio con Noga, que ha dejado sin hacer 2.110 viviendas en Sevilla Este
La juez Alaya cree que la prórroga en 2006 del acuerdo con Noga fue para compensarlo por no haberle adjudicado los suelos de Mercasevilla pese a que ofertó 158 millones de euros por los 106 millones de Sanma
El anuncio parlamentario de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que va a constituir una Mesa de Trabajo para activar la construcción sostenible en la comunidad autónoma (en realidad, existe una Mesa de la Construcción desde hace un par de años al menos, sin que se le conozca actividad o utilidad) por el hecho de que la mitad de los parados proviene del estallido de la burbuja inmobiliaria coincidió con la decisión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de anular el convenio con el grupo Noga para la erección de 2.100 viviendas en Sevilla Este.
Volvemos a movernos en la cernudiana dicotomía entre la realidad y el deseo, en un contexto socioeconómico en el que se dejan sentir las presiones de quienes abogan por potenciar la economía del ladrillo como método expeditivo de rebajar las altas tasas de paro en Andalucía y, por extensión, de Sevilla en cuanto provincia con mayor número de desempleados en la región.
En este marco venimos escuchando desde el advenimiento de Zoido a la Alcaldía las voces de quienes propugnan una reforma del Plan General de Ordenación Urbana con el argumento de que falta suelo para atender la demanda de nuevas viviendas, cuando resulta que en el PGOU vigente hay aún terreno calificado para poder alzar aún decenas de miles de pisos, pero a la hora de la verdad no aparecen los promotores y constructores que -dicen- estarían llamando a las puertas del Ayuntamiento para levantar nuevas promociones inmobiliarias.
ANULACIÓN
Un nuevo ejemplo palmario lo hemos tenido con la anulación del convenio urbanístico suscrito el 16 de febrero de 2006 con varias empresas del grupo Noga (Inmobiliaria Osuna) para la construcción de 2.161 viviendas en Sevilla Este, el mismo barrio en el que la Fundación de la CEA ha sido incapaz de terminar y entregar 583 VPO a sus compradores, pese a que éstos habían adelantado el dinero. Un escándalo que ha acabado con la imputación de Santiago Herrero y varios directivos más de la patronal y, a la postre, provocando la dimisión de aquél como presidente.
En el caso del grupo Noga, llueve sobre mojado, porque mucho antes de 2006 ya arrastraba el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la erección de viviendas, un incumplimiento cuya consecuencia obligada era la retirada de los permisos por parte del Ayuntamiento y la imposibilidad de construir. ¿Por qué, entonces, se le prorrogó esa potestad en 2006?
La juez Mercedes Alaya, en virtud de un informe redactado por la Guardia Civil en 2013, estima que esa prórroga acordada durante el mandato de Monteseirín como alcalde tenía como objetivo encubierto compensar al grupo Noga por la adjudicación a su rival Sanma (filial del grupo Sando) de los suelos de Mercasevilla, pese a que ésta había ofrecido por los mismos 106 millones de euros y aquél, 158 millones. El Consistorio dio los terrenos a Sanma aun perdiendo 52 millones de euros (casi 9.000 millones de las antiguas pesetas) en la operación.
Y siendo tan ostensible la diferencia económica entre una oferta y otra, la pregunta que se hizo la juez Alaya era cómo entonces el grupo Noga no había planteado ningún recurso contra la decisión adoptada en Mercasevilla.
COMPENSACIÓN
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a la conclusión en un informe elevado a la juez de que la posterior firma del convenio con Inversiones Noga, Inonsa e Inmobiliaria 
Osuna, mediante el cual se ampliaba el plazo para edificar en Sevilla Este durante ocho años más y se dejaba sin efecto la inclusión de las 36 parcelas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas suponía un gran beneficio, que cabía entender como una compensación por no recurrir el concurso sobre los suelos de Mercasevilla.
Sin embargo, el grupo Noga tampoco ha aprovechado esta segunda oportunidad, ya que se comprometió en 2006 a edificar en Sevilla Este 2.161 pisos y en los ocho años transcurridos desde entonces sólo ha terminado 51 (el 2,36% del total planificado), pese a que en este periodo todavía se ha beneficiado de dos prórrogas más. Ha dejado sin iniciar 2.110 viviendas y tampoco ha hecho efectivo el aval de 221.963 euros como garantía económica ante el posible incumplimiento del deber urbanístico de edificar, como finalmente ocurrió.
EN BLANCO
Los casos de Noga y de la Fundación de la CEA no son las excepciones. Recuérdese que, anteriormente, la Gerencia de Urbanismo tuvo que declarar desierto el concurso público que convocó para construir 220 viviendas protegidas en una parcela de la Hacienda del Rosario porque no se presentó empresa alguna. Las condiciones no eran aparentemente demasiado gravosas: adelanto del 5% de un importe total de 3,8 millones de euros.
A ello hay que sumar otros concursos desiertos relacionados con la construcción, como el del chalé de Villa Encarnita en Nervión, pese a la libertad total de usos dada por Urbanismo a quien se quedara con el inmueble; los relativos a la construcción de sendos parkings en el Prado de San 
Sebastián y la plaza de San Martín de Porres; la imposibilidad de sacar adelante por falta de interesados y/o de financiación 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, y el encefalograma plano de la Empresa Municipal de la Vivienda, incapaz de lanzar una sola promoción en lo que va de mandato de Zoido.
En el balance hay que incluir la decisión política adoptada en su día por la Gerencia de Urbanismo de suspender en toda la ciudad el plazo para cumplir el deber de edificar en fincas declaradas en ruinas y en solares destinados a otros usos diferentes al residencial, con carácter retroactivo hasta el 10 de mayo de 2010 porque -se argumentaba- “lo que inicialmente se consideró una circunstancia aislada para las fincas de uso residencial se ha convertido en una tónica general”.
REHABILITACIÓN
En este panorama, por lo que a Sevilla y en materia de viviendas se refiere, la idea de Susana Díaz de reanimar el sector de la construcción cuidando de despojarla de sus connotaciones especulativas y transformando su actividad en sostenible devuelve al primer plano de la actualidad aquel plan en el que coincidieron en el Senado dos políticos de signo ideológico opuesto, como 
son la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), y el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, lo cual demuestra que si se recuperara el espíritu de la Transición sería posible lograr consensos en políticas básicas en vez de perder el tiempo en estériles confrontaciones que dejan al margen las necesidades y demandas de los ciudadanos.
Ana Pastor y Juan Espadas coincidieron en apostar por la rehabilitación y la dotación de eficiencia energética -máxime tras el continuo incremento de la factura de la luz- del envejecido parque de viviendas actual.
En la propuesta de Espadas, orillada luego por el partido en el Gobierno, se tomarían como proyecto piloto los 3.500 pisos del Polígono de San Pablo para, mediante su readaptación con financiación público-privada, relanzar la construcción en Sevilla capital, crear empleo, ahorrar una energía cada vez más cara y mejorar las condiciones de vida de miles de sevillanos.
Mellet, pues, lanza la pelota no hacia arriba, sino hacia abajo cuando menciona a sus subordinados por pasarle las facturas a la firma, como si entre sus funciones como director-gerente no hubiera estado la supervisión de los papeles que llegaban hasta su mesa y no debiera haberle llamado la atención la acumulación de facturas de un mismo proveedor en tan corto espacio de tiempo (algunas se sucedían mes tras mes) y por unas magnitudes desproporcionadas. Y es que con esos 112.064 kilos de pintura se habrían rellenado 5.603 latas de 20 kilos o 4.482 latas de 25 kilos, los formatos profesionales más habituales. ¿Cómo es que Mellet ni nadie recuerda haber visto un solo recipiente de una carga digna de un tráiler?
El jurado ha declarado culpable de cohecho en el caso Mercasevilla al exdelegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, una sentencia pendiente de ratificación por el juez y por las instancias judiciales superiores en la hipótesis de que sea recurrida. Si se confirmara, sería el primer alto cargo condenado por corrupción en los 30 años de historia de la Junta y se desmontaría el argumento de Griñán en contrario, eso de que jamás se había producido tal circunstancia. Lo significativo es que ahora tanto la Junta como el PSOE reniegan de Rivas y subrayan que ya no vive allí: dimitió de su puesto de alta responsabilidad y entregó el carné de militante, cuando su condena deriva justamente de sus actuaciones cuando era director general de la Consejería afectada por el escándalo de los EREs (Griñán lo mantuvo en el puesto aun estando imputado, en contra de su doctrina al respecto) y hombre fuerte del partido en Camas y de confianza de Viera cuando éste ocupaba la Secretaría General. A Rivas quiere hacerle el PSOE lo mismo que la UCI a Armstrong: borrarlo de la historia.
Si no fuera verídico, como habría dicho Paco Gandía, parecería un chiste del serio humorista sevillano o de Gila: Mellet, el exgerente de Mercasevilla, se ha querellado contra los empresarios del grupo La Raza que, por indicación de un alto cargo de la Junta al que acudieron a contarle lo que les estaba pasando, grabaron la conversación en que aquél, presuntamente, les exigió el pago de comisiones ilegales. Saltó así el escándalo Mercasevilla, que en sus distintas ramificaciones, cual cerezas entrelazadas saliendo de un cesto, ha acabado destapando el de los ERE, los intrusos, los falsos prejubilados…. Sostiene Mellet que los empresarios han incurrido en un delito contra la intimidad y de violación de secretos. Pero, ¿qué quería, que le hubieran avisado de que le iban a poner una grabadora por delante para que les repitiera eso de que les pagara 450.000 euros en comisiones? ¿Y que hubieran guardado un silencio cómplice porque la exigencia, obviamente, era secreta? Si no fuera cierto la presentación de la querella, parecería un chiste, el chiste de Mellet.
Zoido, juez de profesión, alcalde y palangana confeso, declaró el otro día que no tendrá inconveniente alguno en acudir al palco del Sevilla F. C. (equipo del que creo recordar presidió hasta una especie de peña) y sentarse junto a Del Nido, ya que, en su opinión, “no hay que precipitarse, porque la presunción de inocencia es para todos y hay que respetarla”. Recordemos que Del Nido ha sido condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación y pago de 2,7 millones de indemnización por cooperación necesaria en los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque haya recurrido luego la sentencia. Tiremos de hemeroteca. Abril de 2011. Torrijos es imputado en el caso Mercasevilla. Reacción de Zoido: “Estar imputado es, de por sí, algo muy grave, pero por una venta irregular de unos terrenos, por pura especulación, es más grave todavía”. El hoy alcalde mostró entonces su “asombro” por que “no suceda nada”, y dijo del político de IU lo siguiente: “No pregona con el ejemplo. De una vez por todas tiene que asumir su responsabilidad”.
Antonio Pardal, dueño de Larena 98, reveló que le impusieron el patrocinio del Patín Macarena para entrar en Mercasevilla. Ahora se descubre que Monteseirín adjudicó el Plan Centro a una empresa que financiaba al equipo de fútbol del Cerro del Aguila, el barrio del delegado de Movilidad, Fran Fernández. La beneficiaria alega que no hay caso porque su patrocinio – “una acción social sin ánimo de lucro”, dice- se inició seis años antes del contrato. Sí, pero seis años antes el Cerro era tan coto de Fran Fernández como seis años después, y será casualidad, pero entre todos los equipos de Sevilla el patrocinado fue el del Cerro y no otro. Y también fue casualidad que justo en la temporada pasada, a finales de la cual se adjudicó el Plan, el patrocinio se firmó a través del Ayuntamiento “para darle oficialidad a la colaboración”. ¿Por qué, si era una acción social sin ánimo de lucro? Aunque daba la casualidad de que así la empresa permitía a Fran trasladar la imagen de que el barrio le debía a él la financiación del equipo. ¿No habrá alguna casualidad más?
¿Se puede ser gerente sin tener ni idea de la normativa que debe aplicarse en función del cargo y de la responsabilidad que ello entraña? Sería imposible en una empresa que se precie, porque el interfecto habría acabado de patitas en la calle al evidenciarse su ignorancia, pero en el Ayuntamiento de Monteseirín el desconocimiento de la ley no era un impedimento para ser alto cargo, ya que la ‘condición sine qua non’, como ha demostrado la deposición de su valido, Manuel Marchena, ante la juez Alaya era ser amiguete y paño de lágrimas del (ex) alcalde. Del interrogatorio de la magistrada al otrora gerente de Urbanismo ha trascendido que el cienmileurista (170.000 euros de sueldo) confesó desconocer el Reglamento de Gestión Urbanística y el expediente urbanístico relacionado con las empresas Larena y Sanma (a pesar de que estaban en juego 158 millones de euros), y que dijo tan campante que las firmas en los documentos eran “puramente procedimentales”.De todo lo cual se colige que a Marchena le tocó el cargo de gerente en una tómbola, la tómbola de Monteseirín.
Manuel Marchena, el valido de Monteseirín, sufría tal impaciencia por declarar ante la juez Alaya tras su imputación en el caso Mercasevilla que otrora se presentó en los Juzgados sin cita previa. Tuvieron que echarlo de allí porque, fiel a sus despóticas maneras, ni siquiera había pedido la vez. Ahora, tras ocho meses en el corredor de los imputados, ha comparecido al fin ante su señoría. Cuentan las primeras crónicas que se quedó tan demudado al conocer que lo era por cuadruplicado, que lo único que se le ocurrió fue pedir un vaso de agua. De Emasesa, naturalmente, no de las de marca a que acostumbraba en los restaurantes para acompañarse las pinceladas al centro. Repuesto del susto, el geógrafo se mostró más bien filósofo, en concreto socrático ateniense, al sostener: “Yo sólo sé que no sé nada”. El valido ha confesado ante la magistrada que él ni daba instrucciones en la Gerencia, ni sabía de expedientes, ni ná de ná. Osea, que lo único que sabía como gerente de Urbanismo era cobrar. Para eso era un lince: 170.000 euros por no tener ni p..ajolera idea.
¿Qué es Mercasevilla? Una sociedad anónima mercantil, aunque el Ayuntamiento sea su accionista principal. No es una ONG ni una asociación benéfica, sino una empresa que, como tal y por definición, tiene ánimo de lucro: se crea para ganar dinero, no para regalarlo ni perderlo. Esta empresa recibió dos ofertas por su suelo: una de 158 millones y otra de 106. Lo vendió a la oferta que era un 33% más barata y perdió así 52 millones de euros. ¿No suena raro? Tanto que la juez Alaya le ha pedido explicaciones a Torrijos, su vicepresidente por entonces. Según Torrijos, el suelo se vendió al peor postor para evitar la especulación. Quédense con la copla de la doctrina Torrijos y aplíquenla al resto de las empresas municipales. ¿Qué van a comprar un bonobús de Tussam? Paguen un 33% menos. ¿La factura de Emasesa? Ordenen al banco un descuento del 33%. ¿La letra del piso de Emvisesa? Ídem de ídem. Y si alguien les exige responsabilidades o les acusan de insumisión u objeción fiscal, respondan con la doctrina de Torrijos: estamos contribuyendo a evitar la inflación.
