El fundador y posterior presidente honorario del PP además de uno de los ‘padres’ de la Constitución, Manuel Fraga Iribarne, acuñó en su época de líder de la oposición a los gobiernos de Felipe González una de esas frases que ha perdurado en la memoria colectiva (como el “puedo prometer y prometo”, de Adolfo Suárez) pese al tiempo transcurrido. “Sólo aciertan cuando rectifican”, dijo para calificar los bandazos que de vez en cuando daba el socialista sevillano, pese a que éste gozaba de una mayoría absolutísima en las Cortes.
Si Fraga levantara la cabeza podría llegar a la conclusión de que aquella máxima suya es aplicable cada vez con más frecuencia a un prócer de su propio partido, el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el cual no deja de rectificarse a sí mismo tras negar primero la mayor en temas de tanto calado como la rebaja del IBI (su delegada de Hacienda, Asunción Fley, decía que era imposible legalmente cuando quien lo planteaba era la oposición) y de los alquileres de Emvisesa, pero que luego, con la desenvoltura que lo caracteriza (recuérdese que iba a paralizar la torre Pelli cuando se hallaba en la oposición, para luego convertirse en su paladín una vez en la Alcaldía) pregonar como decisiones originales con el fervor del converso que se pone al frente de la manifestación.
RENTA SOCIAL
El pasado 8 de octubre, Zoido compareció en rueda de prensa junto con la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco; el de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, para anunciar la aprobación de un acuerdo en la empresa municipal de la vivienda en virtud del cual se aplicará una renta social a los inquilinos de promociones en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra que se encuentren en situación de emergencia social, una medida que se desarrollará con carácter “urgente y temporal”, para adaptarse a la situación de quienes tienen menos recursos.
Al día siguiente el alcalde vindicó la paternidad de la medida, ignorando de forma deliberada las reiteradas peticiones de la oposición en tal sentido desde hacía meses y señalando sin inmutarse que había sido un compromiso suyo desde el principio pero sin poder explicar cómo en tal caso llevaba casi dos años y medio sin cumplirlo: “El PP ha sido el único gobierno municipal -afirmó- que ha puesto alquileres gratis para quien acredite que no puedo pagar, pero si el PSOE dice que ha sido idea suya, pues que lo diga, pero no sé a quién van a terminar engañando”.
La hemeroteca, ese depósito de la memoria, pone siempre a cada uno en su sitio. Así, tirando de hemeroteca puede comprobarse que tan sólo una semana antes, en el Pleno municipal de septiembre, los socialistas volvieron a reiterar su solicitud de que se rebajaran los alquileres a los inquilinos en dificultades económicas, tal como luego, el 8 de octubre, acabó anunciando el alcalde.
NEGATIVA
Para rechazar la petición, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, respondió como si el PSOE hubiera planteado una medida de carácter general e independiente de las rentas y circunstancias de cada inquilino para, a partir de ahí, construir su discurso justificatorio de la negativa: “una rebaja general -dijo- del precio del alquiler de viviendas, incluso para aquellos que ahora siguen teniendo los mismos ingresos que cuando firmaron su alquiler, sería injusta y discriminatoria. Esa política, ellos (por los socialistas) no la aplican allí donde gobiernan, porque es pura demagogia, olvidando que Emvisesa la pagan todos los ciudadanos, que quieren que su dinero se administre bien para atender las verdaderas situaciones de necesidad. No podemos saltarnos la ley”.
El anuncio de la rebaja por parte de Zoido se produjo no sólo después de haberlo reiterado la oposición, sin éxito entonces, en el Pleno de septiembre, sino también de la carta que Juan Espadas remitió a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le pidió que abriera una investigación sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y sobre la gestión de la vivienda protegida y vivienda social por parte del Ayuntamiento de Sevilla.
Espadas, entre otras muchas cuestiones, subrayó ante la Defensora del Pueblo que el gobierno local no concedía rebaja alguna de los alquileres a pesar de las circunstancias concretas de cada caso, y que tampoco estaba procediendo a recalificar viviendas sociales de venta para destinarlas a alquiler, a pesar de los acuerdos en tal sentido en el Pleno, de las recomendaciones de la propia Soledad Becerril y de que Emvisesa había reconocido la existencia de 184 viviendas en venta vacías.
Ha sido, pues, la oposición de PSOE e IU la que ha estado prácticamente desde los albores de este mandato insistiendo a Zoido en que modificara su política de vivienda y aplicara las medidas que ha tardado casi dos años y medio en adoptar, pese a lo cual el alcalde trata de aparecer ahora como el abanderado de las mismas. Prueba de esta improvisación es que el Ayuntamiento tardó tan sólo 24 horas en volver a rectificarse a sí mismo.
EL CAMBIO DEL IPREM
En la rueda de prensa con Dolores de Pablo, Maximiliano Vílchez y Miguel Contreras, tal como recogieron los medios de comunicación, el alcalde anunció que las unidades familiares sin ingresos sólo tendrían que afrontar el pago de la comunidad y de suministros como el agua y la luz, mientras aquellas cuyos ingresos no superen en una vez el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) deberán pagar como máximo el 30% de los mismos, con un mínimo de 50 euros.
Dado que una vez el Iprem equivale a 532,51 euros, tanto PSOE como IU calificaron de insuficiente la medida, porque supondría que muchas familias en dificultades económicas no podrían acogerse a la bonificación y porque el límite establecido era aún más restrictivo, a la baja, que para los pisos sociales, donde se toma como indicador de 1,5 veces (796,53 euros) a dos veces el Iprem.
Y de nuevo el gobierno municipal hubo de rectificarse a sí mismo. El delegado de Urbanismo, Vílchez, saltó a la arena pública para sostener, conforme al manido argumento de que los medios habían malinterpretado al alcalde, que Zoido no iba a la zaga de Espadas y Torrijos porque el indicador que en realidad se tomaría como referencia sería 1,5 veces el Iprem (796,53 euros) y no una vez (532,51), con el fin de que el número de beneficiarios fuera mayor.
EL ERROR COMO EXCUSA
Mientras Vílchez enmendaba la plana al mismísimo alcalde culpando a la prensa, la página web 
oficial de Emvisesa le dejaba a su vez en evidencia a él mismo al establecer como condición para las bonificaciones a los alquileres el requisito que había anunciado Zoido: los ingresos familiares no superarían los 532,51 euros. Pillado otra vez en sus contradicciones, a Urbanismo ya sólo le quedaba alegar que se trataba de otro de sus ya clásicos “errores inmateriales”, el tercero de gravedad en el que ha tenido que ampararse desde el inicio del nuevo curso político.
Y con esa desenvoltura que le caracteriza para sostener primero una cosa y luego la contraria, Zoido también ha dicho con motivo de esta polémica sobre vivienda que su gobierno fue el primero de España que tomó la medida de que no iba a haber ningún desahucio en las viviendas de Emvisesa.
En este caso se le olvidó también decir que forzado por las demandas de la oposición y las protestas vecinales tras haber enviado la empresa municipal cartas de desahucio a cien familias en San jerónimo y el suicidio de varias personas desahuciadas en distintos puntos de España.
Y, una vez más, Zoido acertó cuando rectificó.
Como decía Fraga.
Urbanismo ha dado luz verde a la propuesta de incremento en un 10,84% del número total de viviendas permitidas en esa zona por el Plan General, con lo que se pasaría de 158 a 176. Lo significativo es que todas las nuevas viviendas autorizadas, 18, serían de renta libre, las que reportan mayor beneficio a los promotores privados, mientras que no se incrementa en número de las de protección oficial, que sigue fijado en 80 tras la aplicación de las últimas disposiciones normativas y pese a que Zoido prometió en su campaña electoral que construiría más de mil VPO cada año para los 16.600 sevillanos que están en lista de espera de una vivienda pública.
Por lo que se refiere a Sevilla y su provincia, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el organismo que más bienes liquida, un total de 85 viviendas, de las que la gran mayoría, 67, se encuentran en la ciudad de Sevilla. Su superficie oscila entre 77 y 85 m2. Treinta y ocho están construidas en la calle Navarra; siete, en la calle Salvador Allende, y cinco, en la calle Cerbatana. El resto se distribuye entre vías públicas de nombres con resonancias ferroviarias como TER, Talgo, TAF y Ferrobús.
El segundo gran paquete de viviendas en venta, en este caso propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), está compuesto por 54 inmuebles sitos en San Juan de Aznalfarache, de los construidos históricamente para albergar personal de la Maestranza y del Sector Aéreos de Sevilla por su cercanía a la base de Tablada. La mayoría tienen 71 m2 de superficie, si bien también los hay de más de 80 m2 e incluso de 119 m2. Veintitrés están vacías actualmente y el resto, ocupadas. Aunque en la relación aparece la denominada Muralla Mozárabe de la Barriada Obrera, queda excluida su venta porque probablemente será cedida al Ayuntamiento ribereño.
mercado tres en la calle Miguel Mañara (con 1.733 m2 cada uno), uno en la calle Mariana Pineda (825 m2) y dos en la calle Judería (79 y 148 m2). Ocupadas se venden otras seis viviendas de 1.733 m2 cada una en Miguel Mañara; una de 433 m2 en la Plaza de la Contratación; otra en la calle Vida (272 m2) y una en la calle Judería (79 m2).
militar, el del cuartel de Intendencia, en la carretera de Su Eminencia, que ya sacó a subasta sin éxito el día 4 de julio por más de 8 millones de euros y que mide 46.124 m2 de superficie; restos de tres fincas de la base áerea de Tablada (3.263 m2) y el antiguo Camino de las Huertas, también en Tablada (7.640 m2).
Emvisesa adjudicó en 2005 una VPO al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el cual ha reconocido que la usa de forma tan esporádica (para indignación de Espadas y Torrijos y de los miles de sevillanos en lista de espera de una vivienda pública) que hay vecinos que nunca lo han visto por allí en todos estos años. Tampoco lo localizaron la Jefatura de Tráfico, el Ayuntamiento de La Algaba y, oh paradoja, el Ayuntamiento de Sevilla y su Agencia Tributaria ni aun cuando era ya concejal, por lo que recurrieron once veces al Boletín Oficial de la Provincia para enviarle notificaciones sobre multas, embargos y demás. Pese a tal cúmulo de evidencias, al gobierno de las luces y los taquígrafos y que alardeaba de que no toleraría corruptelas como en la era Monteseirín no se le ocurre otra explicación que ésta: “Es habitual no poder localizarlo en su casa por su elevado ritmo de trabajo”. Si este concejal es, según la versión oficial, tan estajanovista o un ‘workaholic’, entonces lo que necesita no es una VPO, sino que le pongan una litera en el Ayuntamiento.
El 23 de mayo, el director-gerente de Emvisesa, Miguel Contreras Manrique, presentó ante la Comisión Ejecutiva de la sociedad, que lo aprobó al final de su reunión, un Código Ético interno “dirigido a todos los directivos y empleados de la empresa, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación laboral o posición jerárquica que ocupe en el organigrama de la compañía” (artículo III), por lo que también debe someterse al mismo el propio presidente de la empresa, que no es otro que Juan Ignacio Zoido.
Jurídicamente, pues, García Camacho se habría convertido en lo que se denomina ‘nudo propietario’, esto es, dueño de una vivienda de la que no podía disfrutar al no tener ya su posesión por haberla cedido a su exmujer. Sería el mismo caso que el del propietario que alquila un piso: tiene la nuda propiedad, pero el derecho a disfrutarlo lo tiene el inquilino.
Hay entrevistas que las carga el diablo. El mismo día en que El Mundo publicó el documentado informe marca de la casa de Carlos Mármol sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, le preguntaron en la competencia al alcalde sobre su política en materia de vivienda. Zoido, para tratar de justificar su pobre balance también en este capítulo ya en su ecuador, respondió que el PSOE e IU agotaron todo el suelo disponible, pero que aun así están terminando algunas, comenzando otras y preparando terrenos para más. La ‘minería de datos’ de El Mundo dejó en evidencia al alcalde, porque demuestra que sólo ha construido 46 VPO pese a que dispone de suelo apto para erigir 8.033 VPO y casi 20.000 de renta libre y que con el suelo en desarrollo a punto de concluirse habrá capacidad añadida para 7.448 viviendas de protección y 11.427 de renta libre más. Todo el argumentario del alcalde y de la patronal sobre que como falta suelo para edificar hay que cambiar el Plan General se derrumba. Otra falso mito más. No falta PGOU, falta capacidad para gestionarlo.
Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.
Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.
sus efectos no han dejado de sentirse en España y buena parte del mundo. Cuarto barco de inversión norteamericano, con unas deudas declaradas de 613.000 millones de dólares provocó el derrumbe de los mercados y puso el foco sobre la desastrosa situación de las entidades financieras, que en el caso español han pasado de ‘superar’ los test de estrés a precisar un rescate de al menos 62.000 millones de euros, de momento.
no fuera suficiente, no falta una remuneración especial para reducir el absentismo, la cual se suma a un complemento de productividad pagadero “por los principios de eficacia y buen resultado de las tareas encomendadas”. Además, se establecen incentivos que podrán pactarse entre la Dirección y el comité de empresa para remunerar trabajos de carácter especial. Y quienes atienden la caja o transporten dinero perciben un complemento “por razones de quebranto de moneda” de 840 euros anuales.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid desmontó la presunta rebaja de costes que la titular del ramo creía se podría lograr con su propuesta. Los peritos hicieron un estudio comparativo a partir de precios de mercado y llegaron a la sorprendente conclusión de que un minipiso de 30 m2 era un 36,6% más caro de construir que uno de 90 m2. La aparente paradoja se explicaba por los costes de alicatados, chapados, carpintería, cristalería e instalaciones de gas, los cuales duplicaban e incluso triplicaban los del piso más grande, a los que había que añadir los gastos por movimiento de tierras (un 74% superiores), fontanería (+ 89%), cimentación y particiones interiores (+ 36%).
Los 524 pisos de alquiler de Los Pajaritos aún propiedad del Ayuntamiento de Sevilla empezaron y acabaron convertidos en un gueto dentro de la superficie equivalente a 35 campos de fútbol de Los Tres Barrios, uno más de los conjuntos urbanísticos construidos durante el franquismo (las primeras obras se iniciaron en 1959, veinte años después del final de la guerra) para dar cobijo a las 70.000 personas que, huyendo del campo y de la miseria, levantaron miles de chabolas extramuros de la ciudad y que recibirían un nuevo golpe del Destino con la posterior riada del Tamarguillo.
El proyecto anunciado por Zoido es el del inicio, en un año, del derribo de los bloques de Los Pajaritos y su reconstrucción, previo alojamiento de los vecinos en un edificio-puente de la Avenida de Andalucía. La operación urbanística tardará en completarse siete años, pero permitirá transformar los ‘minipisos’ actuales en viviendas dignas de 65 m2 y dotar al barrio de 3.200 m2 de zonas verdes, frente a los deteriorados 1.050 existentes.