El coordinador general del Plan Estratégico Sevilla 2030 y solicitante en nombre del Ayuntamiento de una subvención de 19,6 millones de euros para ampliar la línea del tranvía, Gaspar Llanes Díaz-Salazar, ha escrito un artículo titulado ‘Escáner sobre Sevilla’ (Diario de Sevilla, 10 Junio 2020, página 24), dedicado en buena parte a minusvalorar el informe ‘Indicadores Urbanos’, del Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual Sevilla tiene los dos barrios más pobres de España y seis entre los quince más pobres, tal como comenté en anterior artículo:
El estratega municipal trata de restar validez al informe para exonerar de responsabilidad política o de cualquier tipo al Ayuntamiento del que forma parte y en cuatro ocasiones al menos (la reiteración no es casual) afirma que dicho documento se refiere a la renta fiscalmente declarada. Naturalmente, ¿a qué renta se va a referir si no un organismo oficial? ¿Va a recoger el INE a través del Ministerio de Hacienda la economía sumergida, irregular (Espadas dixit), la no declarada, la que no tributa, la del dinero negro y los pagos en B?
Llanes lanza el mensaje de que el informe del INE que como un espejo refleja la pobreza existente en Sevilla en realidad es poco significativo: » La publicación del INE -asevera- sólo nos ofrece unos pocos datos demográficos y de renta fiscalmente declarada, con un importante retraso temporal de tres años. Éste es quizás el aspecto menos trabajado de dicha publicación, aunque dicha apreciación no coincida con la cantidad de titulares que genera. El indicador de renta declarada a nivel tributario es muy significativo en las zonas de renta media y menos significativo en barrios de alta renta o de baja renta. Obviamente, adolece de los mismos problemas que la propia fiscalidad española».
Y añade: «Además no se valora la redistribución que supone la política social en el bienestar de los hogares (…). El Ayuntamiento de Sevilla ha sido reconocido por el liderazgo en 2019 en el gasto social en España, lo que muestra la labor de lucha en algo conocido, la desigualdad existente entre unos barrios y otros».
Si el Ayuntamiento lidera el gasto social en España es como consecuencia de tener los barrios más pobres de España conforme a los criterios del INE, los mismos que van a servir para que más de 70.000 sevillanos en riesgo de exclusión tengan derecho a beneficiarse del nuevo Ingreso Mínimo Vital:
Por tanto, ese supuesto liderazgo en gasto social en realidad no desacredita el «poco significativo», según Llanes, informe del INE sobre la pobreza en Sevilla, sino que lo confirma y ratifica. Si se es líder nacional en gasto social es porque se es también líder nacional en pobreza.
Y cuando Llanes dice que «además no se valora la redistribución que supone la política social en el gasto de los hogares» entendemos que quiere decir que el Ayuntamiento está inyectando recursos a esos hogares pobres, en dinero o en especie, pero que esas aportaciones no figuran en ninguna contabilidad oficial. Sobreentendido de otro modo: el mensaje subliminal del artículo de Llanes es que esos barrios en realidad no son tan pobres (se abona así a la tesis de su jefe, el alcalde Espadas) porque su renta digamos «oficial» está complementada por ayudas sociales municipales que no se computan y que pasan inadvertidas para el INE.
Más sobreentendido todavía: hay, en palabras de Llanes, «un indicador de renta declarada a nivel tributario», y otras rentas (sociales) no declaradas y que por no declararse (¿y no tendría que informar de las mismas a Hacienda el órgano que las otorga, o sea el Ayuntamiento, ya que presuntamente no lo hacen los beneficiarios, porque en caso contrario lo sabría Hacienda?) no las tiene en cuenta el INE. Conclusión interesada: el informe del Instituto Nacional de Estadística es por ello «menos significativo», ya que no tiene en cuenta la «auténtica» realidad.
Justamente para no seguir en la inopia sobre esa «política social de redistribución» de la que habla Llanes, el ministro de Seguridad Social y anterior responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha incluido en el Real Decreto sobre el Ingreso Mínimo Vital la Tarjeta Social, destinada a luchar contra el fraude.
Esta tarjeta deberá incluir la información actualizada de todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales financiadas con recursos públicos de que disfruten el beneficiario, su cónyuge y otros miembros de la familia. De esta manera, con la información que aporten todas las Administraciones Públicas (prestaciones por desempleo, discapacidad, dependencia y ayudas familiares) se podrá conocer el nivel de renta real del titular de la tarjeta y quizás entonces, al aflorar la política social líder de nuestro Ayuntamiento y todas sus ayudas, Sevilla podría dejar de tener los barrios oficialmente más pobres de España.
Confiemos en que ese hito se haga realidad y lo registre el escáner de Gaspar Llanes.