El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha autorizado a la empresa concesionaria de su tranvía a que alquile los tres trenes existentes a una ciudad cercana a Sidney (Australia) por 200.000 euros anuales ante la imposibilidad de mantener una infraestructura cuya construcción costó 40 millones de euros y que genera un insoportable déficit para las arcas municipales superior a los 800.000 euros/año. En contraste, el Ayuntamiento de Sevilla, sin título siquiera para tal prerrogativa, vetó sistemáticamente durante la era Monteseirín los intentos de Agesa de ceder a otras ciudades españolas interesadas el telecabina o el tren monorraíl (Zaragoza, Benalmádena…) de la Expo-92, pese a que habían dejado de utilizarse desde hacía años y años en la isla de la Cartuja por antieconómicos. Mientras que el tranvía de Vélez-Málaga presta servicio aunque sea en las antípodas, el telecabina y el tren monorraíl de la Muestra Universal han devenido en pura chatarra, sin utilidad alguna ni para Sevilla ni para ninguna otra ciudad. Monteseirín, la moderna versión del perro del hortelano.
Los premios de arquitectura contemporánea ‘Mies van der Rohe’ de la Unión Europea, así denominados en honor al arquitecto alemán que erigió el pabellón de su país en la Exposición Internacional de Barcelona 1929, distinguen cada dos años la mejor obra por su calidad conceptual, técnica y constructiva, y reservan una mención especial a un arquitecto emergente. En la edición recién fallada, la XIII, ha sido galardonado el Centro de Conciertos y Conferencias ‘Harpa’, de Reykjavik (Islandia), diseñado por Henning Larsen, el artista (que no arquitecto) Olafur Eliasson y el estudio Batreríio; y la mención especial ha recaído en la Nave de Música del Matadero de Madrid, de María Langarita y Víctor Navarro. Así pues, no han pasado de la condición de finalistas las ‘Setas’ de la Encarnación, diseñadas por Jürgen Mayer pero cuya autoría intelectual es de Monteseirín & Marchena. Si le hubieran dado el premio Van der Rohe al Metropol Parasol ello habría equivalido a elevar a Monteseirín a la misma categoría que el Cid: lograr una victoria después de muerto políticamente.
El 18 de abril de 2012, el Ayuntamiento organizó una subasta de muebles del hotel Alfonso XIII para que cualquier interesado, sevillano o no, pudiera tener la misma oportunidad de adquirirlos, y de paso, mediante la puja, incrementar los potenciales ingresos de la Hacienda municipal. En contraste, casi un año después y amparándose en leguleyismos de que es municipal pero como si no lo fuera, el Consistorio liquida los bienes de Sevilla Global a precio de saldo entre quienes gozan de información como para saber que se pueden llevar una lavadora casi nueva al ridículo precio de 60 euros. Dicen que gracias al ‘efecto llamada’ del boca/oreja en los límites interiores del parque empresarial Arte Sacro, tan sólo 18 proveedores del Ayuntamiento se están quedando con todo por cuatro perras. ¡ Y pensar que creíamos que estas cosas sólo ocurrían con Monteseirín! Bueno, pues éstas son las monteseirinadas de Zoido o las Zoidoirinadas. El alcalde de las luces y los taquígrafos le ha dado la vuelta al proverbio bíblico: pocos son los llamados y menos aún los elegidos.
Zoido ha aplaudido el cambalache entre el presidente de la Junta, Griñán, y el de La Caixa, Fainé, para trabajar en el diseño de una nueva propuesta conjunta que permita poner en valor las Atarazanas (sic), porque por la asfixia financiera del Gobierno andaluz éste nunca va a morder la mano de su prestamista, por más amenazas que tronara el consejero de Cultura, Luciano Alonso, tras la espantá de los catalanes. La pela siempre será la pela. Ha dicho el alcalde que el acuerdo “es el mismo al que se llegó conmigo”. Y ha subrayado que los antiguos astilleros son de la Junta. Si son de la Junta (la misma cantinela de Goro con el empleo), entonces ¿cómo Zoido llegó a acuerdo alguno con La Caixa? ¿Cómo lo calificamos, de invasión de competencias, deslealtad institucional o puro farol de cara a la galería? Y, en todo caso, el acuerdo al que dice haber llegado no fue para la puesta en valor de las Atarazanas, sino para bendecir el traslado del Caixafórum a la torre Pelli, que no es lo mismo ni por asomo. Zoido, con esta frivolité, tiene cada día más tics de Monteseirín.
Fernando Alonso, al igual que los pilotos de los aviones, se entrena sobre un simulador de un Fórmula-1 para perfeccionarse como conductor delante de una pantalla. Como, según el Guerra, hay gente pa tó, Electronics Arts lanzará el 7 de marzo su videojuego ‘SimCity’, cuyo elemento representativo ante el mundo mundial será la Giralda. Que se fastidien Monteseirín y Marchena: no han elegido ni la torre Pelli ni las ‘Setas’ de la Encarnación, sino el ‘rancio’ icono por excelencia de Sevilla en vez de uno de sus engendros arquitectónicos. ¿Y qué es ‘SimCity’? Pues otro simulador en forma de videojuego que permite a los usuarios convertirse en alcaldes en vez de en reinas por un día, con la misión de gestionar todos los problemas que se les presenten en esta ciudad virtual. Habría sido magnífico que a Electronics Arts, además de la Giralda, le hubiera dado tiempo a meter en el simulador de Ayuntamiento la huelga de Lipasam, y que Espadas y Torrijos hubieran echado una partidita a ver cómo la habrían solucionado. Zoido tiene prohibido jugar: él ya es alcalde de verdad.
Max Vílchez, el apagafuegos del alcalde aunque sea a costa de imputar la quema de contenedores a quien convenga, investigará para averiguar cómo es posible que la niña no la de Rajoy, sino la de Monteseirín, y Francisco Javier Guerrero, el ‘niño de los ERE’, vivan como propietaria y de alquiler, respectivamente, en el mismo edificio a precio tasado de la Buhaira, del que nadie sabía nada de los pisos que se iban a construir salvo quienes sabían todo lo que había que saber. ¿Investigará Maximiliano sólo este inmueble? Mi barrio está lleno de estupendos edificios de protección oficial y el delegado de Urbanismo se asombraría si viera los BMW, Mercedes y otros coches de alta gama que pueblan los garajes, y los sonoros apellidos de los beneficiarios de los pisos. ¿Cómo es posible que niños de papá tengan una VPO por carecer teóricamente de rentas para aspirar a una en el mercado libre y sí el suficiente poder adquisitivo para un coche de gran cilindrada que puede hasta valer más que el piso? Al final va a resultar cierto éso de que Africa empieza en Pirineos.
Las ‘Setas’ de la Encarnación están propiciando un revuelto de demandas cruzadas. Sacyr, la empresa constructora y adjudicataria de la privatización por 40 años de ese espacio de todos los sevillanos decretada por el socialista Monteseirín (ríanse de las privatizaciones del PP, la cantinela del PSOE), le exige 35 millones al Ayuntamiento porque el supuesto negocio que iba a cambiar el destino del sector Norte del Casco Antiguo y democratizar las vistas de la Giralda es una ruina. Más lo es aún para el Consistorio, que tras ver incrementada la factura del engendro hasta los 102 millones de euros (pero, ¿de verdad éso puede costar 102 millones?) le va a pedir al arquitecto alemán Jürgen Mayer, que le coló un dibujo en un papelito pero técnicamente inviable sin que los tropecientos en nómina de la Gerencia de Urbanismo se percataran de nada, 4,2 millones de indemnización. Y, mientras, Monteseirín, el auténtico promotor del ente faraónico, se ha ido de rositas pese a ese principio jurídico que reza así: “El causante de la causa es el causante del daño causado”.
La Avenida es el mayor exponente del peor urbanismo con la falsa coartada de la peatonalización: un desbarajuste en el que entre el tranvía, el doble carril bici formado por tachuelas cada vez más desmochadas y peligrosas, los expositores de fotos a modo de gigantescas fichas de dominó intercaladas entre los naranjos deformes de La Algaba trasplantados a tierra hostil y los veladores hasta acotados con pequeñas mamparas sintéticas, los peatones carecen de espacio propio para moverse si no es sorteando esta carrera de obstáculos y a riesgo de ser atropellados por el pseudo Metro al Centro, los ciclistas o los patinadores. Este es el paradigma de que, al contrario de la falsa proclama de Monteseirín, Sevilla se ha convertido en la ciudad de cualquier cosa menos de las personas.
Este asentimiento y complicidad iniciales con la asamblea se trocó en alarma cuando supieron que el delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, el cual había llevado el peso de la negociación por parte del Ayuntamiento, había anunciado el estudio de la contratación de una empresa externa, previa petición de permiso al Gobierno central, para la retirada de las 7.000 toneladas de basura acumuladas hasta entonces tras diez días de paro.
Aunque el conflicto se ha solucionado “en segunda vuelta”, la impresión que queda tras el mismo es que se ha llegado a un punto de no retorno en la percepción ciudadana sobre Lipasam y que los sevillanos no están dispuestos a tolerar la repetición de una huelga tan duradera (de hecho ha batido el récord) como ésta, por lo que comprenderían la adopción de medidas excepcionales en el futuro por parte del Ayuntamiento. Por éso, el inicial rechazo al preacuerdo, al mostrar la intransigencia e insolidaridad de la plantilla de Lipasam en un contexto socioeconómico de despidos y recortes salariales generalizados, se ha acabado convirtiendo en una victoria moral para Zoido, paradójicamente.
Basta contar las veces que las palabras cesión y concesión se emplearon el jueves en los medios de comunicación para comprobar que, como dijeron los sindicalistas, el preacuerdo “se ajustaba a sus reivindicaciones” más que a las del Ayuntamiento: seguirán librando en Semana Santa, Feria y Navidad; el recorte salarial se limita al 3,6% y se compensa con una subida del 0,75% en 2014 y del IPC en 2015; se mantiene la Bolsa de trabajo de los eventuales y el gobierno local sólo ahorra 2,6 millones de euros en vez de los 3,3 millones que se había marcado como objetivo.
Y, sin embargo, este balance favorable para la plantilla queda mitigado ante la opinión pública por el efecto de otra victoria moral y enormemente significativa del Consistorio: la democratización de la Bolsa de trabajo, ampliada en su día por Monteseirín y convertida en un coto cerrado de los afiliados del PSOE y/o UGT y de sus familiares. El propio Viera decía gráficamente que militantes de agrupaciones socialistas acudían a votar en las elecciones internas del partido “con el mono de Lipasam puesto”. Monteseirín no sólo compraba la paz social en la empresa con el dinero de los contribuyentes mediante generosos convenios colectivos, sino también el voto para su facción, contraria a la oficialista de Viera, llenando de enchufados la Bolsa de trabajo de Lipasam y de otras empresas públicas.
Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras empresas municipales.
como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.
Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.