El pasado 6 de enero se conoció una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 15, en virtud de la cual un matrimonio sevillano era condenado a un año de cárcel por haber construido una vivienda de 85 m2, un establo-gallinero y una cimentación para una piscina sin licencia y en un terreno no urbanizable de Utrera.
Tres días después, una mujer de 37 años era condenada por el Juzgado de lo Penal Nº 12 a seis meses de prisión por haber edificado, también sin licencia, una casa de dos plantas en una zona de viñedos de Lebrija, de forma tan ostentosa que llamaba desde lejos la atención al destacar sobremanera entre el resto de construcciones.
Como decía Luis Aragonés después de las derrotas en el fútbol, a estos condenados también se les habrá quedado cara de tontos al ver el 10 de enero cómo el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba un decreto de regularización (eufemismo para no hablar de legalización) de entre 250.000 y 300.000 viviendas construidas sin permiso y sobre suelo no urbanizable en toda la región.
INTERESES ELECTORALES
Edificaciones tan ilegales como las de estos sevillanos eran amnistiadas por el Gobierno autónomo, mientras que ellos podían acabar entre rejas al igual que todos los que estando en una situación similar han sido condenados por la Justicia, más atenta en los últimos tiempos a las ilegalidades urbanísticas, siquiera para resolver parte de las decenas de denuncias elevadas por el Seprona.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.
La diferencia ha radicado, pues, en la convocatoria de unos comicios en que el PSOE se juega el ser o no ser en el último bastión que le queda frente a la marea azul del PP y el mantenimiento del poder y las prebendas asociadas de que ha disfrutado en los 30 años de la Autonomía. Por tanto, el indulto urbanístico aprobado casi en simultáneo a la convocatoria electoral y del que se beneficiarán 300.000 propietarios de construcciones ilegales y sus familias (multiplíquese el efecto por cuatro como promedio) equivale a congraciarse con al menos un millón de andaluces, potenciales votantes el 25-M.
INHIBICIÓN
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, declaró tras el Consejo de Gobierno que el decreto regularizador urbanístico era “un ejercicio de realismo”, consistente en adaptar la realidad física a la jurídica, con el objetivo de “acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años”. Se le olvidó decir que con la complicidad, por acción u omisión, de la Junta de Andalucía y de ella misma, como puede dar fe quien suscribe.
A principios del año 1995 denuncié tanto ante la Consejería de Obras Públicas como ante el Defensor del Pueblo una gran explanación con maquinaria pesada en suelo rústico de Zalamea la Real para acometer ilegalmente la construcción sobre 4.760 m2 de lo que luego se revelaría una instalación industrial, extremo reconocido por el informe que al respecto trasladó la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo al Defensor, el cual la indujo a que, por subrogación, ejerciera sus competencias en defensa de la legalidad urbanística.
El Defensor tuvo que dirigirse en varias ocasiones a la Dirección General de Urbanismo para instalarla a a actuar contra aquella ilegalidad, y sólo a finales de año su titular se dignó contestar diciendo que iba a realizar un nuevo análisis de la situación al objeto de iniciar, en su caso, las actuaciones de disciplina urbanística. Aquel organismo de la Junta, cuya titular era Josefina Cruz Villalón, se inhibió durante meses, y así al final se consolidó la obra ilegal. Gracias a su dejación en aquel caso, la realidad física de una construcción iniciada fuera de la norma acabó con cobertura jurídica, exactamente lo mismo que ahora, sólo que 300.000 obras ilegales después.
INCOMPETENCIA
Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas diseminadas) y en las otras siete provincias andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.
Ha contado hasta con teledetección espacial, que le permitía identificar si en una finca se plantaban más cultivos de los declarados para cobrar las subvenciones de la UE, pero misteriosamente (¿?) el Gobierno andaluz era incapaz de ver cómo a escasos kilómetros incluso de su Consejería de Obras Públicas crecían urbanizaciones como la de Las Minas, en Castilblanco, ¡cinco veces más grande que todo el casco urbano del pueblo!
Frente a los honrados ciudadanos que han respetado las normas y pagado más caras sus viviendas por todos los costes urbanizadores, el papeleo y los impuestos, la Junta, con este decreto regularizador, lanza el mensaje de que premia la ilegalidad y de que ésta queda impune.
Si para Enrique IV París bien valía una misa, para Griñán, San Telmo bien vale hacer la vista gorda sobre 300.000 viviendas ilegales.