De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.

 

Un convenio que chirría

El Ayuntamiento se ha gastado en números redondos un millón de euros durante el mandato de Monteseirín en restaurar los Baños de la Reina Mora debido al estado de ruina y abandono en el que los tenían sumidos sus propietarios, y 380.475 euros durante el mandato de Zoido en expropiarlos a sus dueños, entre los que se encontraba la hermandad de la Vera Cruz, para tan sólo ocho meses después de la expropiación cederlos durante un mínimo de 25 años a esta última. ¿Tiene sentido esta reprivatización tras los casi 1,4 millones de euros de dinero público invertidos? ¿Se debe otorgar el uso privativo de un Bien declarado de Interés Cultural con nivel de protección ‘A’ a los mismos que no supieron o no pudieron mantenerlo en condiciones cuando eran sus titulares?

El hermano mayor de la Vera Cruz, José Cristóbal, ha declarado que la operación no supone un beneficio económico para la hermandad, que lo único que quiere es reabrir los Baños al público (no lo hizo cuando era su propietaria), y ha dado a entender que esta cesión compensaría de algún modo la renuncia de la hermandad a recurrir por la vía contenciosa-administrativa el precio que les abonó el Ayuntamiento para la expropiación, 193.652,56 euros, cuando según un estudio especializado contratado por la propia hermandad el valor de lo expropiado sería superior al millón de euros.

DOS PROPIETARIOS

Hay que aclarar que la hermandad de la Vera Cruz no era la única ni la mayor propietaria de los Baños Arabes de la Reina Mora, ya que compartía la propiedad con la intercomunidad de vecinos que viven en el conjunto de edificios construidos sobre el solar que circunda su capilla. Según la documentación que obra en poder de la Gerencia de Urbanismo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la expropiación de los Baños el 3 de febrero de 2011, tan sólo cuatro meses antes de la toma de posesión de Zoido como alcalde, el cual podría haber paralizado el proceso recién iniciado por entonces, pero no lo hizo y siguió adelante con el mismo.

La intercomunidad de propietarios del conjunto denominado ‘Jesús’ era la propietaria del 91,13% de la superficie a expropiar, por la que se acordó un justiprecio de 186.822 euros, mientras que la hermandad de la Vera Cruz sólo era titular del 8,86% de los derechos, probablemente los más valiosos en proporción, ya que la Comisión Provincial de Valoraciones, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2014, determinó un justiprecio por la expropiación coincidente con la valoración dada por los técnicos municipales: 193.652 euros.

Así pues, el 8% en posesión de la hermandad fue más valorado que el 91% en posesión de los vecinos, pero de ahí a que valieran más de un millón de euros en plena crisis económica, con el mercado inmobiliario hundido, tratándose de un BIC con protección de tipo ‘A’, sometido a la vigilancia de la Comisión de Patrimonio y prácticamente intocable para ejecutar cualquier proyecto inmobiliario media un abismo.

ABANDONADOS

De hecho, el Ayuntamiento le dio un plazo a la hermandad para que acreditara la titularidad de su parte de los Baños y así le pudiera pagar, pero como no aportó la documentación, le ingresó el dinero en la Caja General de Depósitos el 25 de junio de 2014, la misma fecha en que el Consistorio procedió a la ocupación del inmueble, tras lo cual lo adscribió al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), el 12 de septiembre de 2014.

¿Y por qué se expropiaron? Por el abandono al que estaban sometidos los Baños y como una consecuencia lógica tras el dinero público invertido (un millón de euros en números redondos) en su restauración a lo largo de los años con la finalidad de devolverles su aspecto original y abrirlos a las visitas como un nuevo atractivo para la oferta turística y cultural de Sevilla.

El hermano mayor de la Vera Cruz ha declarado respecto de los Baños lo siguiente: “Llevamos viendo eso 40 años abandonado y lo que queremos es poder sacar a la luz un bien público mediante una fórmula conjunta, que es novedosa, de colaboración entre el Ayuntamiento y la hermandad”.

Lo curioso de estas declaraciones es que el hermano mayor habla del abandono de los Baños desde hace 40 años como si fuera un espectador ajeno o neutral a los mismos en vez de como su copropietario durante gran parte de ese tiempo, ya que la hermandad los habría comprado en 1985 con la idea de conectar la casa hermandad con la capilla a través de los mismos, y sabido es que, por ley, el deber de conservación corresponde a los propietarios. Por tanto, la hermandad, en cuanto dueña, era corresponsable del abandono que critica, pese a lo cual el Ayuntamiento no ha tenido el menor empacho en otorgarle la cesión privativa de su uso para los próximos 25 años, con opción a 75.

DECLARADOS BIC

Si se consulta la hemeroteca, se comprueba que el hilo conductor de las informaciones que datan de principios de siglo sobre los Baños de la Reina Mora es la denuncia del estado de abandono en que se encontraban, un abandono ratificado estos días por el Colegio de Doctores y Licenciados. Incluso puede leerse que su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) fue un intento de frenar su alarmante deterioro con la ejecución de obras puntuales, en espera de poder acometer una recuperación posterior que finaciarían al 50% el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura.

En 2002, los expertos que participaron en una serie de excavaciones certificaron que su situación era de “avanzado estado de ruina”. Gracias a aquellas excavaciones, realizadas a partir de 1997, se pudo hacer una reconstrucción virtual de los Baños (trabajo editado por la Universidad Hispalense y la Fundación El Monte) que puso de manifiesto el valor de un legado almohade (siglo XII) y del que al menos se seguía conservando la estructura básica de la edificación original y de las salas que lo componían.

OBRAS MENORES

Cuando en septiembre de 2014 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento informó sobre la inscripción de los Baños en el Inventario Municipal de Bienes tras haber formalizado en junio las actas de pago de la expropiación (a los vecinos y a la hermandad), se dijo que la Gerencia de Urbanismo quedaba ya en condiciones de iniciar la redacción y posterior contratación de un proyecto de obras destinado a completar su recuperación, con la fijación de la cimentación y las estructuras. También, que sólo quedarían pendientes algunos trabajos de carácter menor (subráyese la expresión menor), tales como la pavimentación, la bóveda de madera del espacio central, la iluminación y la construcción de un pequeño edificio que cerraría la fachada a la calle Baños para permitir el acceso al monumento y servir de centro de interpretación.

Esto es lo que se decía en septiembre, pero en octubre ya se estaba negociando con la hermandad, ¡después de haberle expropiado los Baños en junio!, la cesión del inmueble por 25 años, que serán 25 más si realiza la mitad de las obras menores pendientes, y otros 25 añadidos (hasta un total de 75) si ejecuta los trabajos (solería y demás) que debía rematar el Ayuntamiento.

RESERVA DE USO

El alcalde ha tratado de presentar este convenio como “un buen acuerdo”, con la tesis de que pone en valor los Baños (lo que no dice es que esa puesta en valor se ha hecho con el dinero de los contribuyentes previamente); que el Ayuntamiento podrá programar allí actividades durante 180 días al año sin afrontar los costes de mantenimiento y que este verano ya habrá allí iniciativas culturales. El anuncio ha sido desmentido por el hermano mayor, que se ha remitido a, como mínimo, el verano de 2016.

Si se analiza el convenio se comprueba que la hermandad se reserva el uso del edificio durante los mejores meses del año (de enero a mayo y en diciembre), y que le deja al Ayuntamiento los meses del calor de verano y la temporada baja otoñal, a cambio de lo mínimo exigible: el mantenimiento y los gastos de luz, agua, teléfono y vigilancia (¿?), que suponen el chocolate del loro tras recibir un inmueble en que se han gastado casi 1,4 millones de euros públicos, de los que 193.652 han ido directamente a su Tesorería y con los que puede financiar todas esas actuaciones que pretendidamente le salen gratis a la ciudad.

Como diría el clásico latino: ‘Cui prodest?’. Cabe preguntarse a quién beneficia este acuerdo, si a la hermandad de la Vera Cruz o a Sevilla.

Las paradojas de Fibes

El expediente de liquidación de la sociedad Feria Iberoamericana de Sevilla (Fibes), que gestiona el Palacio de Congresos de la ciudad, ha permitido conocer las cuentas de 2013 y 2014, tras decidir la Diputación abandonar las instituciones radicadas en la capital para concentrarse en su labor en la provincia.

Los balances reflejan que Fibes se encuentra en números rojos, ya que perdió 2,2 millones de euros en el año 2013 y 1,5 millones de euros en el pasado ejercicio: casi 4 millones acumulados en los dos últimos años, en pleno mandato de Zoido.

Las cuentas muestran varias paradojas sobre las que reflexionar. La primera, que el elevadísimo sueldo del director gerente -percibe 150.000 euros anuales, más del doble que el alcalde- se justificó en su día desde el gobierno local con el argumento de que era un gestor estrella con una gran experiencia y trayectoria y que venía a rentabilizar la faraónica obra de ampliación del Palacio de Congresos y Ciudadanos, cuyo coste se disparó hasta los 120 millones de euros.

Los resultados económicos de estos años demuestran que no ha conseguido ese objetivo, aunque ahora el gobierno local también ha cambiado de discurso. Ya no habla de rentabiizar el enorme complejo ampliado porque, según su nueva tesis, la mayoría de palacios de congresos son deficitarios pero hay que tenerlos como una dotación básica de la ciudad y  de lo que se trata es que pierda lo menos posible. Entonces, quizás no necesite un gestor estrella, sino un administrador que resulte mucho más barato a las arcas municipales.

EVENTOS MUSICALES

La segunda paradoja es que el motivo principal de los números rojos es la caída de ingresos por los eventos musicales que se han venido organizando como nueva línea de actividad en las instalaciones sitas en Sevilla Este. Hace dos años, los musicales dejaron 4,2 millones de euros, que se redujeron a 2,4 millones el año pasado, lo que ha significado una caída del 43%.

El portavoz adjunto del PSOE y experto en temas turísticos, Antonio Muñoz, ha criticado esta especialización en los siguientes términos: “Especializar un palacio de congresos como Fibes en musicales es como dedicar un hotel a las bodas, bautizos y comuniones. Basarlo todo en musicales pone en riesgo el futuro”.

La paradoja radica en que se califique de apuesta de riesgo para el futuro la línea de organización de eventos musicales cuando resulta que las pérdidas se han incrementado precisamente por la celebración de menos musicales, que venían siendo los eventos más rentables. Y también resulta paradójico, por no emplear otro calificativo, el hecho de organizar en Fibes eventos musicales para tratar de sostenerlo económicamente cuando ‘a priori’ ése no era ni debía ser el objetivo social de la entidad, ya que en Sevilla teníamos y tenemos el teatro Lope de Vega, el de la Maestranza, el Auditorio de la isla de la Cartuja, el auditorio sin inaugurar de la Sociedad General de Autores (SGAE) y hasta el estadio mal llamado ‘Olímpico’ para haber albergado espectáculos culturales y musicales.

LA AMPLIACIÓN

Dicho de otro modo, las cuentas de Fibes nos conducen a la cuestión esencial: ¿para qué se hizo la ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones? ¿Para captar grandes congresos con miles de participantes, que se decía no podían organizarse en Sevilla por la falta de instalaciones adecuadas, o para traer musicales que primero han triunfado en Madrid y que aun con menos pretensiones o aforo podrían haberse organizado en otros escenarios ya existentes?

Sevilla parece ser la única ciudad donde las administraciones públicas tropiezan más de una vez con la misma piedra. Recuérdese que ya existía, como legado del 92, un pequeño estadio de atletismo en la isla de la Cartuja, al que habría bastado recrecer con gradas metálicas para albergar un evento de sólo diez días como era el Campeonato del Mundo de Atletismo de 1999, pero se optó por construir un estadio de nueva planta, el ‘Olímpico’, que costó 120 millones de euros y que lleva dieciséis años infrautilizado, reconvertido en escenario de grandes conciertos de música pop de vez en cuando y sin hacer honor a su finalidad deportiva.

A principios de este siglo comenzó a hablarse de la necesidad de ampliar las instalaciones de Fibes en Sevilla Este, un sitio extramuros y alejado de todos los grandes atractivos culturales y turísticos de la ciudad, que se concentran en el casco histórico. Funciona como Feria de Muestras pero es dudoso de que lo haga como Palacio de Congresos.

Aun así, en vez de corregir el error político de la ubicación, se insistió en el mismo al pensarse que la solución consistía en captar congresos con cada vez mayor número de participantes, para los cuales Fibes se había quedado pequeño.

EL COSTE RAZONABLE

Algunas voces propugnaron una ampliación digamos razonable, con un presupuesto máximo de unos 30 millones de euros y que permitiera reconvertir los tres pabellones existentes: uno, para ofrecer comidas a entre 2.500 y 3.000 personas; otro, para albergar una gran zona expositiva, y el tercero, como auditorio dotado con todas las comodidades y avances tecnológicos de forma estructural en vez de con sillas de quita y pon, como hasta entonces.

Y se repitió la historia. En vez de recrecer, adaptar o mejorar lo existente, se decidió envolver o prolongar el palacio primigenio con uno completamente nuevo y para el que se tiró la casa por la ventana. De los 30 millones de euros inicialmente estimados se pasó a un presupuesto de 66 millones, más del doble.

Finalmente, el nuevo Fibes, encomendado de forma ilegal -según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas- a la empresa municipal de la vivienda, lo que ha supuesto su ruina, ha costado 120 millones de euros (desviación del 81%), una cantidad equivalente a la del estadio ‘Olímpico’, y se concluyó con varios años de retraso sobre los sucesivos plazos que se fueron anunciando.

Las cifras hablan de la magnitud de la obra: un auditorio con capacidad para 3.557 personas; un área expositiva para 2.500; una zona de restauración para 2.000 y un aparcamiento de 25.000 m2 con capacidad para 900 vehículos.

¿Cuántos grandes congresos con capacidad para traer 3.500 personas a Sevilla debería captar Fibes para amortizar una inversión de 120 millones de euros? El problema añadido es  que desde que se empezó a hablar de la ampliación hasta ahora las circunstancias han variado.

MERCADO CAMBIANTE

Para empezar, el mercado de los macro congresos se ha reducido. Antes, los especialistas en una materia sólo se podían ver en un acontecimiento de este tipo una vez al año. Ahora, disponen de Skype y de otros sistemas de videoconferencia gratuita por Internet para hablarse en cualquier momento. Ya no necesitan verse físicamente tras recorrer miles de kilómetros en avión a otra ciudad del mundo.

Y hablando de aviones, Sevilla, ubicada en el extremo occidental de Europa, carece de conexiones directas con buena parte de las grandes capitales de los negocios y los congresistas no están dispuestos a afrontar las incomodidades de varios enlaces aéreos y de varias facturaciones de equipajes.

La situación de Fibes en Sevilla Este es otro gran inconveniente, sin enlace por Metro con el aeropuerto ni con el centro de la ciudad. A la falta de suficientes macro congresos, para eventos de tipo medio, del orden de mil o mil y pico de participantes, los hoteles se convierten en una alternativa más barata y mejor situada por su cercanía a los grandes atractivos turísticos.

Ante esa carencia de macro congresos, los que teóricamente justificaron la ampliación, Fibes se tuvo que lanzar por la senda de los musicales. Su historia es paralela a la del estadio ‘Olímpico’, que a su vez no tiene cartera de eventos deportivos, con lo que, parafraseando a Antonio Muñoz,  hemos acabado devaluando dos infraestructuras de 120 millones de euros cada una al dedicarlas a ‘bodas, bautizos y comuniones’.

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.

Cuatro nuevos tanques de tormentas en Sevilla

Emasesa está ultimando con La Caixa la firma de un crédito de hasta 200 millones de euros que servirá para refinanciar en mejores condiciones económicas su actual deuda a largo plazo, que asciende a 185 millones, y afrontar una ampliación en 58,5 millones de su plan de obras con el fin de acometer, entre otros trabajos, la construcción de cuatro nuevos tanques de tormentas para prevenir las riadas.

En la primavera de 2008 se impuso a los usuarios de Emasesa un canon de mejora para la financiación de obras en la red de suministro y evacuación de aguas por valor de 133,9 millones de euros y una vigencia de 20 años, hasta diciembre de 2028. Este plan ha sufrido desde entonces dos modificaciones, pero sin que haya variado su cuantía.

Para financiarlo se formalizó un préstamo con el Banco Sabadell que, unido a otros créditos, elevaron la deuda de la compañía en el año 2011, primero del mandato de Zoido, a 203 millones de euros en números redondos. De esta cantidad, 153,6 millones eran a largo plazo y 49 millones, a corto plazo. Los principales prestamistas de la empresa eran por aquel entonces el citado Banco Sabadell (130,4 millones) y BBVA y Unicaja (9,9 millones cada uno). A finales del año pasado, los técnicos de Emasesa revisaron las necesidades de inversión a largo plazo, que se concentran en cuatro grandes capítulos, el primero de ellos referido al mantenimiento y renovación de las infraestructuras existentes.

El segundo apartado es el específico de los cuatro nuevos tanques de retención de agua de lluvia para evitar las inundaciones. Se construirán en la calle Miguel Fleta, de Dos Hermanas, con un coste global de 10,7 millones de euros; en la Avenida Kansas City, con una inversión de 10,8 millones; en el recinto de la Feria, también del municipio nazareno, por 8,7 millones; y en Miraflores, con 4 millones.

El tercer apartado se centra en nuevos colectores para mejorar la capacidad de evacuación y transporte de aguas pluviales y residuales (Emisario del Guadaíra, Avenida de Jerez, Ronda Histórica, Ronda de Los Tejares, Miraflores, emisario de Los Remedios, Niebla…).

El último, se centra en la adaptación de los procesos de depuración en estaciones de aguas residuales (EDAR) a los requerimientos de vertidos, sobre todo de nitrógeno y de fósforo.

Este conjunto de actuaciones supondrá un coste adicional de 58,5 millones de euros al vigente de 133,9 millones aprobado en 2008, por lo que se solicitará a la Junta de Andalucía su ampliación hasta los 192,4 millones de euros, si bien no se incrementará el canon de mejora que se repercute y seguirá repercutiendo a los usuarios hasta el año 2028. Actualmente este canon es de 0,16 euros por m3 y dentro de trece años, al final del periodo, será de 0,21 euros/m3.

Según el estudio de los técnicos, el canon de mejora puede ‘estirarse’ para afrontar más obras u obras más costosas, gracias al ahorro de intereses por las favorables condiciones en que fue negociado el préstamo bancario inicial en el año 2008.

Como el grifo del crédito se ha abierto en mejores condiciones de precios y liquidez desde el verano pasado a la fecha, Emasesa ha negociado con diversas entidades financieras la concesión de un crédito de hasta 200 millones de euros, con el que cancelar el préstamo pendiente suscrito hace siete años y financiar el inicio de las nuevas obras en tanto se vayan sufragando con el canon. Este crédito no refinanciará otra deuda existente, de 69,3 millones, por lo que la deuda total quedaría en 269,3 millones. De las ofertas del Banco Sabadell, BBVA, Santander y La Caixa, la más favorable ha sido la de esta última entidad. La firma sólo está pendiente de los últimos trámites.

Tesoro del Carambolo: Arma arrojadiza

El Ayuntamiento y la Junta están protagonizando un enfrentamiento político a cuenta del tesoro del Carambolo que no es nuevo, ya que nos hallamos ante la reedición del mismo conflicto con algunos protagonistas distintos y similares argumentos pero que se interpretan en función de la ideología de cada uno y del rol ocupado, según se estuviera en la oposición o en el  gobierno. Al final, la impresión que queda en la opinión pública es que lo que menos importa es el propio tesoro, convertido en un arma arrojadiza con tal de erosionar al adversario.

Hagamos memoria. En febrero de 2010, siendo Monteseirín (PSOE) aún alcalde, su entonces delegada de Cultura, Maribel Montaño, anunció de forma sorprendente que el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con la Consejería de Cultura para que el tesoro quedara expuesto en las Casas Consistoriales durante el tiempo en que se hicieran las obras de reforma en el Museo Arqueológico y con el objetivo de que las joyas no siguieran guardadas en la caja fuerte de un banco, como en los últimos treinta años.

Montaño, al igual que otros responsables de Cultura, pensaba en las que parecían inminentes obras de rehabilitación del Museo Arqueológico, unos trabajos que, al igual que los previstos en el Museo de Bellas Artes, se prometen dotar económicamente en los siguientes Presupuestos Generales pero que, como el Godot de la obra teatral de Samuel Beckett, nunca se financian porque nunca hay partidas presupuestarias o son ínfimas.

DESAUTORIZADA

Aquel anuncio de exposición del tesoro en la sede del Ayuntamiento fue de inmediato desautorizado por su correligionario y entonces homólogo en la Junta de Andalucía, Bernardo Bueno, que negó la firma de convenio alguno. En el Gobierno autónomo se interpretó el aserto de Montaño como un intento de provocar en la opinión pública un movimiento favorable a la pretensión de Monteseirín.

Recuérdese que el exalcalde ya protagonizó un polémico episodio cuando, de forma impulsiva y para horror de los técnicos, cogió con las manos y sin precaución alguna joyas del delicado y valioso tesoro, tanto que a efectos de las compañías de seguros su póliza tendría una cuantía de 16 millones de euros.

Monteseirín le había echado un ojo al tesoro y quería rentabilizarlo como fuera sustrayéndolo de su ámbito natural y legal de exhibición, el Museo Arqueológico (de titularidad estatal pero de gestión autonómica), para acogerlo en unas dependencias municipales. Si no podía ser en el Ayuntamiento, en la Plaza Nueva, por tratarse de una sede administrativa no preparada para usos museísticos, la alternativa debía ser el Antiquarium bajo las Setas de la Encarnación, con lo que de paso atraería público al icono de su mandato.

Aquel proyecto también fue rechazado, en este caso por el Ministerio de Cultura, y los ecos de su decisión llegaron hasta el recién constituido por entonces nuevo gobierno local de Sevilla, con Zoido al frente, el cual nombró como delegada del ramo a Mar Sánchez Estrella.

APLAUSO MUNICIPAL

Preguntada sobre el tema con motivo de la presentación de los conciertos del Día de la Música, la delegada declaró en junio de 2011 que el Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que “aceptar” la resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Mar Sánchez Estrella destacó que había sido un comité de expertos del Ministerio, formado por científicos y profesionales de gran nivel, el que había denegado el permiso para exponer el tesoro en el Antiquarium. Este comité se había basado en informes de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles, el Museo Arqueológico de Sevilla y la Dirección General de Museos de la Junta de Andalucía, todos contrarios al traslado propuesto por Monteseirín, entre otros motivos, por razones de seguridad y porque el Carambolo es de una época histórica que nada que tenía que ver con los restos romanos del Antiquarium.

Y, atención a este punto. La delegada de Cultura del actual Ayuntamiento recalcó que el nuevo gobierno municipal “siempre ha pensado” que el tesoro, cuya titularidad es del Consistorio, “tiene que estar donde siempre debió estar, en el Museo Arqueológico de Sevilla; y no una copia, sino el original”.

Para ello, según Sánchez Estrella, era necesario avanzar en las obras de restauración del museo, por lo que anunció que iba a luchar para que el Arqueológico estuviera perfectamente restaurado lo antes posible y que iba a hablar con el Ministerio cuanto antes para aportarle soluciones y planes plurianuales de inversión.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Cultura reconocieron a la agencia Europa Press que la valoración negativa realizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía al traslado de las piezas del tesoro al Antiquarium había sido clave para la denegación de la autorización.

LA HISTORIA SE REPITE

Las vueltas que da la vida, y la política. Cuatro años después se han invertido las tornas. Ahora es Zoido el alcalde que emula a Monteseirín en el afán de exponer el tesoro del Carambolo en el Ayuntamiento, en vísperas de las elecciones municipales, para conmemorar el L aniversario de su adquisición por el Consistorio, pese a que, según su delegada de Cultura, Mar Sánchez Estrella, este gobierno local siempre había pensado que las joyas deben estar en el Museo Arqueológico. Justamente esa era la sede que se acordó oficialmente hace medio siglo entre el Ayuntamiento y el Gobierno franquista a cambio de permitir que el tesoro se quedara en Sevilla y no pasara a engrosar los fondos del Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

Por dos veces, la última evaluando nueva documentación y nuevos planes enviados por el Consistorio, la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía (integrada exclusivamente por técnicos y de la que en esa segunda reunión se ausentaron los expertos vinculados de alguna manera tanto al Ayuntamiento como al Gobierno autónomo para evitar cualquier tipo de condicionamiento político en las votaciones) ha dictaminado en contra de la pretensión de Zoido, como en su día se pronunció en contra de los deseos de Monteseirín.

En aquella época, tanto el recién constituido gobierno local como el Ministerio de Cultura alabaron, y jamás cuestionaron, el dictamen de los expertos de la Junta de Andalucía contrario a Monteseirín, pese a ser el alcalde del mismo signo ideológico (PSOE) que el partido gobernante en la comunidad autónoma.

RECHAZO

Ahora, sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario: desde el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura se niega incluso la competencia legal de la Comisión de Bienes Muebles para oponerse al proyecto de Zoido, y se presentan los dictámenes negativos como un boicot más de la Junta de Andalucía a Sevilla, por más que el argumento de fondo es el mismo que en la época de Monteseirín: las Casas Consistoriales es un edificio administrativo que no reúne las condiciones de seguridad para exponer el tesoro. Los técnicos, no obstante, no ponen objeciones a que el original se muestre en el Arqueológico, o la réplica que hizo el orfebre Fernando Marmolejo se exhiba en el Ayuntamiento. Obviamente, si le ocurre algo a la copia no es lo mismo que si le pasara al original.

Tras estos dos dictámenes negativos pero que incluyen el permiso para la exposición en el Museo Arqueológico, el Ayuntamiento se queda sin el argumento de que la Junta se niega a que los sevillanos puedan ver su tesoro en su ciudad. Por tanto, insistir una y otra vez en el todo o nada de que la muestra debe celebrarse en las Casas Consistoriales pese a su falta de seguridad contribuye a cimentar la imagen de un uso electoralista del tesoro aun a costa de ponerlo en situación de riesgo.

Al parecer, el Ayuntamiento estaba dispuesto a gastar más de 50.000 euros en la contratación de vigilantes privados, vitrinas especiales, alarmas y demás para organizar esta exposición efímera, cuando un servicio complementario de vigilancia para su exposición permanente en el Arqueológico durante todo el año podría costar entre 100.000 y 150.000 euros, pero el Consistorio y la Consejería de Cultura no se avienen a negociar: una, porque quiere que los gastos sean compartidos; y otro,  porque alega que no tiene por qué aportar para una cuestión que no es de su competencia.

De lo que se colige que lo importante no es el qué (el tesoro, la ciudad de Sevilla), sino el quién (protagonismo de la Junta o del Ayuntamiento).

 

Alquileres “personalizados” en la torre Pelli

La inmobiliaria de Caixabank comercializa el rascacielos sin publicitar su nombre

Ofrece entre un mínimo de 200 m2 y un máximo de 1.500 m2

El precio orientativo que dio oficiosamente en verano fue de 20 euros/m2 y mes

 
Servihabitat, la agencia inmobiliaria del grupo Caixabank, anunció el pasado domingo el inicio de la comercialización de espacios en la torre Pelli, aunque sin citarla por su denominación popular ni por nombre alguno en la publicidad que ha insertado en algún medio de comunicación. Los agentes se niegan a revelar los precios e instan a los interesados a presentar sus solicitudes para que les hagan una oferta “personalizada”, si bien en verano dieron oficiosamente como referencia orientativa 20 euros por m2 y mes.

“Elija una oficina a la altura de su negocio. Empieza la comercialización de espacios en un edificio moderno y singular, situado en uno de los mejores enclaves de Sevilla. Plantas en alquiler disponibles a partir de 200 m2 y hasta 1.500 m2”. Con este texto ha anunciado Servihabitat su campaña de alquiler de la torre Pelli, sin darle nombre alguno y reproduciendo una imagen del rascacielos y de los edificios podio con un aspecto virtual más que real, como si la torre no estuviera todavía terminada o se tratara de un boceto de su diseñador, el arquitecto argentino César Pelli.

Según testimonios recogidos en el sector inmobiliario sevillano, a los primeros interesados en conocer las condiciones económicas para alquilar oficinas en el edificio se les ha contestado que deben acudir a presentar sus proyectos y demanda de espacio, para que se les haga un estudio personalizado, ya que el precio dependerá de los m2 solicitados, el tipo de negocio, la orientación preferida (si mirando al Aljarafe o a Sevilla, por ejemplo), el número de planta de la torre y otros factores.

Sin embargo, el pasado verano, a potenciales clientes que mostraron su interés por instalarse en el rascacielos se les dio oficiosamente como precio orientativo la cifra de 20 euros por m2 y mes.

Servihabitat sí está transmitiendo a los primeros interesados que el perfil del cliente preferido serían grandes empresas con capacidad para ocupar plantas completas o la mitad de una planta al menos y que el mínimo comercializable sería de unos 250 m2 más que 200, con lo cual el máximo de firmas ubicables por planta sería de seis.

Caixabank no ha ocultado en los últimos meses su deseo de atraer firmas emblemáticas, e incluso grandes multinacionales instaladas en España, al rascacielos de la Cartuja para que provoquen un ‘efecto llamada’ sobre otras y eleven el perfil de la torre como espacio simbólico de privilegio en el mercado inmobiliario sevillano.

Ahora bien, fuentes del sector indican que las grandes firmas que ocupan mucha superficie exigen como contrapartida una significativa rebaja en el precio del alquiler, al que, por otra parte, habrá que añadir el de los gastos de comunidad. Se estima que éstos serán elevados  en un rascacielos de 178 metros y donde no hay equipamientos intermedios porque el arquitecto, César Pelli, prefirió ubicarlos todos al final del inmueble.

A título comparativo, en Viapol se están cobrando 3 euros/m2/mes de gastos de comunidad. En cuanto a los alquileres de oficinas propiamente dichos, en la avenida de la Palmera se piden 12 euros por m2 y hay edificios con 700 m2 sin alquilar por la falta de demanda. Un precio similar se cobra en la zona de Viapol. En la isla de la Cartuja se pueden encontrar oficinas por 6 euros/m2.

Así pues, los 20 euros/m2 como precio orientativo en la torre Pelli serían, caso de mantenerse, un 66% más caros que los alquileres actuales en las zonas más cotizadas del resto de Sevilla.

El Sur no existe

El alcaldable socialista, Juan Espadas, visitó el barrio de Las Huertas de San Pablo, donde anunció que si es elegido alcalde en mayo, desde junio la ciudad contará “por fin” con un plan de empleo propio diseñado por el Ayuntamiento y con recursos municipales para crear empleo, teniendo entre sus ejes el impulso de proyectos para la rehabilitación de viviendas en colaboración con otras administraciones. “Hay recursos, hay posibilidades y lo vamos a hacer. Porque el Ayuntamiento debe ser el motor económico de la ciudad, y lleva casi cuatro años sin serlo”, aseveró.    

En este sentido, el candidato socialista citó el Plan de Construcción Sostenible de la Junta y subrayó que se trata de una muestra de “cómo es posible impulsar un plan de empleo que permita crear oportunidades para muchas personas y contribuir a la reactivación económica y a apoyar al sector de la construcción”.

Espadas estaba poniendo de ejemplo el Plan de Construcción Sostenible sin saber que, para financiarlo, el Gobierno andaluz había detraído los fondos destinados a la rehabilitación de, entre otros barrios desfavorecidos, el Polígono Sur de Sevilla.

¿Qué garantías de rehabilitar barriadas con la ayuda de la Junta puede dar el alcaldable del PSOE si los teóricos fondos están supeditados a la estrategia de Susana Díaz pese al mensaje populista y en favor de los más afectados por la crisis que lanza la presidenta? Dicho de otro modo, Díaz ha dejado sin discurso a Espadas y ha ratificado la sensación que tienen los habitantes del Polígono Sur  de que ellos, pese a reivindicarse como parte de Sevilla, en realidad están en el último lugar de las preocupaciones de los gobernantes.

IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN

El caso lo desveló Izquierda Unida el mismo día del anuncio de Espadas sobre su futurible plan de empleo basado en la rehabilitación de viviendas, una de las parcelas responsabilidad de la coalición de izquierdas con Elena Cortés al frente, hasta que Susana Díaz decidió disolver el Parlamento, convocar elecciones anticipadas y formar un Gobierno en funciones monocolor socialista.

IU ya acusó a la presidenta de haberse apropiado de su Plan de Construcción Sostenible, que tenía preparado Elena Cortés, para presentarlo como si fuera una iniciativa suya en la precampaña electoral, en un acto con los empresarios del sector. Aunque unos y otros se atribuyan la paternidad de la idea, en realidad el primero que preconizó estas medidas con un enfoque centrado en el ahorro de energía a través de la rehabilitación fue el propio Espadas, al inicio de la legislatura de Rajoy y cuando él era aún senador.

El año pasado, ya el Gobierno de coalición PSOE-IU dotó una convocatoria para la renovación de acristalamientos, aislamiento de viviendas, colocación de toldos y similares con 124 millones de euros, a fin de reactivar la construcción. Este año, el denominado Plan de Construcción Sostenible ha sido dotado con 74,5 millones de euros, pero con la particularidad de que el próximo 22 de marzo se celebrarán elecciones autonómicas y de que el Gobierno andaluz quería capitalizar políticamente a toda prisa el reparto de las subvenciones.

REPARTO RÉCORD

Así fue cómo el 11 de febrero los 74,5 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas se repartieron en tan sólo ocho horas a través de la Agencia Andaluza de la Energía y merced, según la versión oficial, a una aplicación telemática que permitió soportar hasta 4.300 conexiones simultáneas por parte de las 7.000 empresas que a tal fin están acreditadas por la Consejería de Innovación.

En una demostración de que cuando la Administración tiene interés político en un asunto, no hay problema burocrático, la Junta repartió en una sola jornada 74,5 millones de euros entre 14.500 proyectos de rehabilitación (la subvención máxima era de 18.000 euros) distribuidos por las ocho provincias.

Sin embargo, había un ‘pequeño’ problema: la falta de dinero suficiente para nutrir estas subvenciones en ese tiempo récord. ¿Cómo solucionarlo?

Una de las medidas habría consistido, según han denunciado instaladores, en derivar 34 millones de euros procedentes de la similar convocatoria del año pasado. Pese al tiempo transcurrido, la Junta ha estado retrasando en todo lo posible el pago de las subvenciones, escudándose en razones como defectos de forma en las certificaciones de obras, con lo cual deja a los pies de los caballos a las pymes afectadas por los impagos.

Y otro de los métodos ha consistido en lo que vulgarmente se dice ‘desvestir un santo para vestir a otro’: recurrir al dinero destinado a la rehabilitación de las barriadas más desfavorecidas de la comunidad autónoma.

FONDOS EUROPEOS

Como gestora del programa desde la Consejería de Fomento y Vivienda, IU ha informado de que la UE había concedido, a través de los fondos Feder, 15,5 millones de euros a la Junta para la rehabilitación de viviendas en barrios degradados, en el típico programa que se complementa con fondos de otras Administraciones del país beneficiario.

Para el Polígono Sur se había programado la rehabilitación completa de varios conjuntos de inmuebles de la barriada Martínez Montañés; la mejora de espacios comunes y autorreparación de interiores en 32 bloques y diversas actuaciones en áreas urbanas y zonas verdes.

En conjunto, el plan iba a beneficiar a 816 viviendas, con una inversión global de 5,3 millones de euros, de los que unos 3,5 millones debían emplearse en este año.

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas, el dinero de este programa ha sido trasvasado por la Junta al Plan de Construcción Sostenible, con el fin de proceder a la aprobación de las subvenciones por valor de 74,5 millones de euros en tan sólo ocho horas.

La Consejería de Medio Ambiente, que asumió las competencias de Fomento, ha recurrido al pretexto de los “problemas técnicos” para tratar de esquivar la espinosa cuestión del desvío del dinero destinado al Polígono Sur y otras zonas de actuación especial como Marismas del Odiel (Huelva) , Las Moreras (Córdoba), El Saladillo (Algeciras), El Puche (Almería) y Almanjáyar (Granada).

SIN FECHA

Según la titular de este departamento, María Jesús Serrano, se están “ultimando” los detalles técnicos para actuar en los barrios desfavorecidos, pero no ha podido dar fecha alguna. Esta “ultimación” de detalles técnicos para rehabilitar las viviendas del Polígono Sur contrasta con la celeridad (tan sólo ocho horas) con que se han repartido los 74,5 millones de euros del Plan de Construcción Sostenible, cuando justamente por la situación de vulnerabilidad y marginación, la prioridad política y económica debería haber sido el Polígono Sur y el resto de barriadas marginadas de Andalucía.

El mensaje que reciben los vecinos del Polígono Sur no puede ser más desesperanzador, al verse preteridos de nuevo por las Administraciones Públicas -en este caso, por la Junta- poco tiempo después de que representantes de las mismas se reunieran con la Comisionada para evaluar las actuaciones realizadas y pendientes en estos diez años de vigencia del plan de regeneración e integración de la barriada en Sevilla.

No sólo sigue pendiente la construcción de las miles de veces demandada y prometida comisaría de Policía, el soterramiento de las vías del tren y, entre otros, la conexión con el parque del Guadaíra, sino que también se paraliza ‘sine die’ y se desvía el dinero destinado a rehabilitar 816 viviendas porque para la Junta es más prioritario por interés electoralista repartir el dinero entre 14.500 proyectos por toda Andalucía.

El desvío de los fondos incrementa el sentimiento de marginación de los vecinos del Polígono Sur, asesta un golpe a la credibilidad del plan de empleo basado en la rehabilitación de viviendas presentado por Espadas y da un nuevo argumento a Zoido en sus denuncias de que la Junta maltrata a Sevilla.

 

Exprimir el Alcázar

El alcaldable del PSOE, Juan Espadas, ha presentado en esta precampaña electoral su programa para el Alcázar, algo destacable porque es raro hallar precedentes de que nuestros políticos hayan pensado en un plan específico para el primer monumento civil de Sevilla: patrimonio de la Humanidad, palacio real en uso más antiguo de Europa, impresionante conjunto monumental -14.000 m2 construidos y casi 70.000 m2 de jardines- y un maná turístico para la ciudad junto con la Catedral.

De las muchas propuestas del actual líder de la oposición destacan dos en especial:

  1. Revisar acuerdos y/o normas que obligan a desviar el superávit que consiga el Alcázar cada año al Ayuntamiento, para sufragar gastos corrientes. Muy gráficamente, ha declarado que no se pueden dedicar los fondos que genere el monumento a pagarle la factura de la luz al Consistorio y que hay que destinar al menos una parte a inversiones de mejora del propio Alcázar.

    2)   Adelantar el horario de apertura a las 9 de la mañana, implantar el horario de verano (de 9:30 a 19 horas) ya desde el mes de marzo y hasta octubre, e iniciar un día semanal de visitas nocturnas.

CONTROVERSIA ECONÓMICA

El uso del dinero del Alcázar para fines distintos a los patrimoniales o para espacios distintos al propio conjunto monumental ha provocado controversias desde que, hace unos diez años, Monteseirín impuso una reforma de los estatutos del Patronato que lo gestiona para que incluyera entre sus fines la conservación de las Casas Consistoriales, a la que se uniría años después también la gestión del Antiquarium de las ‘Setas’ de la Encarnación.

Aquella primera medida provocó la dimisión como patronos de la exalcaldesa Soledad Becerril y de Vicente Lleó, catedrático de la Hispalense, casi más por las formas -la decisión no llegó a someterse a votación en el Patronato, que se limitó a hacer una especie de asentimiento- que por el fondo, aun cuando ambos eran partidarios de no alterar el ‘statu quo’ y de que los fondos recaudados por las visitas turísticas (recuérdese que los vecinos de Sevilla capital entran gratis) revertieran única y exclusivamente en el propio monumento.

Frente a esta corriente, digamos purista, existe otra digamos ecléctica, partidaria de que parte del dinero recaudado, pero no todo,  en el Alcázar sirva para restaurar y poner en valor como activos patrimoniales y económicos de la ciudad los bienes inmuebles y muebles de propiedad exclusivamente municipal. No incluyen los eclesiásticos, universitarios y de otras Administraciones Públicas, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla es, tras la Iglesia, el segundo mayor propietario de bienes inmuebles de Andalucía, buena parte de ellos con gran valor histórico-artístico.

RICOS Y POBRES

Al antiguo director-conservador del Alcázar, José María Cabeza, distinguido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por, especialmente, los 18 años de modélica labor al frente del palacio sevillano, cabría englobarlo en esta tendencia por su teoría del ‘monumento rico, monumento pobre’.

Cabeza abogaba, y sigue abogando, por que el dinero del ‘monumento rico’ llamado Alcázar contribuya a rehabilitar el resto del patrimonio municipal, desde las Casas Consistoriales (este año financia con 181.987 euros la tercera fase de la restauración de la fachada) hasta la Fábrica de Artillería, pasando por el monumento a Bécquer del parque de María Luisa.

Parece un contrasentido que mientras en las cuentas bancarias del Patronato del Alcázar se acumulan de 9 a 10 millones de euros de superávit, que le generan bastantes miles de euros de intereses cada mes, haya desde edificios a bienes muebles municipales deteriorándose por falta de dinero o que por una pugna entre el Ayuntamiento y la Junta por 100.000 euros para una cámara acorazada en el Museo Arqueológico los sevillanos lleven más de medio siglo sin poder ver el Tesoro del Carambolo.

ACUERDO PLENARIO

Y al Patronato del Alcázar todavía le quedan 9 ó 10 millones de euros en los bancos después de que el Ayuntamiento aprobara durante el mandato de Monteseirín un plan económico-financiero de reequilibrio, en virtud del cual se transferirían 6,8 millones de euros del monumento a la tesorería municipal.

A este dinero se le sumaron más tarde otras dos partidas, de forma que todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) aprobaron ya durante el mandato de Zoido sacar un total de 7.567.078 euros del Alcázar para la Hacienda municipal, siendo entonces (septiembre de 2012) sólo una parte mínima (300.000 euros) para la rehabilitación de la fachada de las Casas Consistoriales.

Y hay más. El Patronato del Alcázar, por las normas antidéficit de la Administración de Rajoy, no puede destinar ahora el superávit que aún genera cada año, ni el acumulado,  a acometer nuevas rehabilitaciones en el monumento patrimonio de la Humanidad más allá de las obras previstas en su plan anual, con lo cual se está dando la paradoja de que el conjunto palaciego genera cada vez más caja por el incremento de las visitas, pero esa mayor presión turística provoca un ‘estrés’ al edificio, que no se puede paliar por la imposibilidad de mover el dinero.

Por tanto, para evitar el superávit del palacio, que acaba en la caja del Ayuntamiento, la primera medida que habría que adoptar sería incrementar los presupuestos de restauración en el Alcázar, con lo cual el dinero no saldría de allí.

MONUMENTO FRÁGIL

El conjunto monumental, por la calidad de sus materiales -peor que los de la Catedral-, su propia configuración con patios abiertos y casi siete ha. de jardines es muy frágil y precisa de cuidados y atención permanentes.

José María Cabeza acuñó la metáfora del palacio como un viejecito achacoso al que hay que administrar cada día una cucharadita de jarabe pero al que no hay que someter a grandes intervenciones quirúrgicas porque por su delicado estado de salud no las soportaría.

Sin embargo, esa fragilidad se está obviando por el afán de abrir el Alcázar cada vez más horas y de captar cada vez más turistas. Zoido destacó a principios de año que en 2014 se batió el récord histórico de visitas, con 1.350.000 en números redondos. A ello ha contribuido su apertura los siete días de la semana. Por presión de las empresas organizadoras de cruceros se empezó a abrir excepcionalmente a las 9 en vez de a las 10:30 los días de arribada de cruceristas. Ahora, Espadas quiere convertir la excepción en norma y, además, empezar a abrir por las noches, porque interesa al sector hotelero usar el Alcázar como gancho para que los turistas se queden a pernoctar en sus establecimientos.

Pero, ¡cuidado!. Los siete días de apertura a la semana actuales, más el adelanto horario y las visitas nocturnas van contra la conservación de un monumento tan frágil y la práctica habitual en los grandes conjuntos patrimoniales y museos internacionales de cerrar un día a la semana para dejar que ‘respiren’ y acometer con tranquilidad las labores de conservación que siempre precisan.

Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de aplicar tratamientos fitosanitarios con sustancias peligrosas a las plantas de los jardines con los turistas por medio a casi todas horas, o cómo su presencia condiciona o impide las labores de restauración, fontanería, carpintería, limpieza, traslados….

El Alcázar ha sido tomado tan en vano que un turoperador se permitió la osadía de organizar un sorteo de un lote de champán entre los turistas en el Salón de los Tapices. Se están confundiendo e invirtiendo los términos: una cosa es que el Alcázar tenga su programa de actividades culturales de nivel y que éste redunde en beneficio del sector turístico y otra muy distinta que el sector turístico lo quiera convertir en una prolongación de sus hoteles y restaurantes poniéndolo al servicio de sus intereses.

De tanto exprimir el Alcázar se corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.

Enero 2015: El paro sube en 1.571 personas tras disolverse el ‘efecto Navidad’

 

El mes de enero de 2015 se ha revelado como otra cuesta empinada contra la que se ha estrellado la tendencia positiva en materia de creación de empleo registrada en los meses anteriores, ya que el desempleo ha vuelto a crecer en Sevilla capital con 1.571 personas inscritas en las oficinas del antiguo Inem, por lo que ahora la ciudad tiene 87.988 parados. La provincia sufre la misma tendencia al alza, con 5.167 desempleados más, que elevan el balance hasta los 248.463. El sector Servicios ha sido el más afectado, tanto en la capital como en el conjunto de la provincia, donde la Agricultura ya no es el refugio de otros meses.

El incremento del paro en la ciudad en enero rompe la tendencia descendente del final de año, merced a lo que podríamos denominar fin del ‘efecto de la Navidad’, ya que se pasa de los 86.417 desempleados de diciembre a 87.988, a tan sólo doce de los 88.000. Esta subida supone un 1,81% más.

Como dato positivo hay que reseñar el balance interanual, esto es de enero de 2014 a enero de 2015, periodo en que 2.838 personas han salido de la estadística del paro, al pasarse de los 90.826 existentes hace un año a los citados 87.988.

Con esta cifra, durante el mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde el número de parados inscritos en los servicios oficiales de empleo ha crecido en 11.299.

El mal dato de enero era previsible, a la luz de los registros de años anteriores. Pasó lo mismo en el año 2014 en comparación con 2013. En el tramo final de este último ejercicio, se registró un significativo descenso en diciembre, cifrado en 2.363 personas (de 90.740 desempleados en noviembre a 88.377 un mes más tarde). Sin embargo, al acabar el mes de enero de 2014 el paro volvió a subir, incluso en mayor proporción que antes, y los 2.449 nuevos desempleados elevaron la estadística global hasta los 90.826.

Habitualmente, la gráfica del paro en Sevilla capital muestra una subida al inicio del año, hasta que cambia la tendencia con las fiestas de la primavera (Semana Santa y Feria), para de nuevo cambiarse las tornas con el final del verano y la entrada del otoño, en espera del paréntesis positivo de la Navidad. El reto, pues, consiste en romper esta estadística más o menos cíclica, que suele repetirse en función de las estaciones y de las fiestas del calendario.

EVOLUCIÓN MENSUAL

Como suele ser habitual, el paro ha golpeado más a las mujeres que a los hombres en nuestra ciudad. Hay 977 mujeres más en el desempleo, hasta sumar un total de 48.053. Entre los hombres también ha subido, pero menos: 594 desempleados más, con lo que ahora el total asciende a 39.935.

Por sectores, la Construcción y el colectivo ‘Sin empleo anterior’ son los dos únicos segmentos en que baja el desempleo. En todos los demás ha subido.

La evolución ha sido la siguiente desde diciembre de 2014 a enero de 2015: Agricultura, 1.534 parados (+48); Industria, 5.596 (+ 285); Construcción, 8.307 (-14); Servicios, 60.397 (+ 1.532); Sin empleo anterior, 12.154 (-280). Una vez más es el sector Servicios el termómetro de nuestra economía, al acumular el 97,5% de los nuevos parados, señal de que la ocupación ligada a la Navidad ha sido mediante contratación de tipo temporal esencialmente. Cada vez que en el sector Servicios se registran más de 60.000 parados, el dato general ya puede aventurarse como malo o muy malo.

Por grupos de edad, el paro sólo baja entre los menores de 20 y de 24 años, pero sube en todos los demás, quizás por el menor coste y las mayores facilidades para los contratos de tipo juvenil.

El desglose por edades ofrece el siguiente panorama: menores de 20 años, 1.376 parados (-120); de 20 a 24 años, 6.424 (-95); de 25 a 29 años, 8.688 (+ 391);  de 30 a 34, 9.834 (+ 330); de 35 a 39 años, 11.349 (+ 249); de 40 a 44, 11.523 (+ 358); de 45 a 49, 12.475 (+ 155); de 50 a 54 años, 11.206 (+ 174); de 55 a 59 años, 9.355 (+ 42); y mayores de 59 años, 5.758 (+ 87).

Si se agrupan los parados en tres grandes franjas de edad, jóvenes, maduros y mayores, la situación es la siguiente:

-Paro juvenil, de menores de 29 años: un total de 16.488 desempleados, lo que supone el 18,73% del total. En este colectivo ha debido notarse el plan Emple@Joven de la Junta de Andalucía, que ha subvencionado 1.200 contratos en números redondos en Sevilla capital.

-Paro entre las personas maduras, de 30 a 49 años: hay 45.181, lo que supone más de la mitad de los parados de Sevilla capital, en concreto un 51,34%. En este colectivo amplio es donde vuelve a crecer en mayor proporción el desempleo, sobre todo en el grupo de entre 45 y 49 años, único de todos los analizados donde se supera la cifra de los 12.000 desempleados.

-Paro entre las personas mayores, cuyas edades han rebasado los 50 años:  Hay 26.319, lo que supone el 30% en números redondos, un tercio del total. También en este colectivo se aprecia un repunte estadístico, especialmente entre quienes tienen de 50 a 54 años.

DATOS DE LA PROVINCIA

El paro también sube en el conjunto de la provincia de Sevilla, al pasar de los 243.296 desempleados registrados en diciembre de 2014 a 248.463 en enero de este año, una diferencia de + 5.167, que supone un 2,12% más. Del global de parados, la capital aporta un tercio.

El año pasado el incremento de enero fue aún mayor, con 7.585 parados nuevos, hasta sumar un total de 258.384. Por tanto, en el balance interanual, de un año a otro el desempleo ha disminuido en nuestra provincia en 9.921 personas.

Volviendo a los datos de enero de 2015, hay un total de 132.291 mujeres paradas y de 116.172 hombres.

Por sectores, la evolución es paralela a la de Sevilla capital, ya que sólo disminuye el desempleo en la Construcción y en el colectivo Sin empleo anterior, pero no compensan las fuertes subidas en Servicios y en la Agricultura, sector éste que en esta época del año ha dejado de ser el refugio.

Este es el desglose por sectores: Agricultura, 16.854 parados (+ 1.280); Industria, 19.181 (+495); Construcción, 30.009 (-715); Servicios, 153.211 (+4.741); Sin empleo anterior, 29.208 (-634).