Retos del nuevo Ayuntamiento de Sevilla 2015

El nuevo gobierno local que se constituya tras estas elecciones municipales, tendrá ante sí y como primer gran reto afrontar la situación de emergencia social en que se hallan los 85.196  parados existentes en la ciudad, 40.000 más de los que había antes del estallido de la crisis hace siete años y gran parte de los cuales ya no perciben ningún tipo de prestación.

 Por más que tras formular promesas en este sentido durante pasadas campañas electorales luego, a la hora de la verdad, algunos políticos locales se escuden en que el Ayuntamiento carece realmente de competencias en materia de empleo, la nueva corporación no debería quedarse de brazos cruzados ante el principal problema de la ciudad, y siquiera indirectamente puede hacer algo más de lo realizado hasta ahora.

LOCALES VACÍOS

 A título de ejemplo, varios de los partidos que han concurrido a estas elecciones han coincidido en prometer la adaptación de los locales municipales vacíos que hay en los distritos para ponerlos a disposición de los emprendedores y crear así al menos una red de viveros empresariales por toda la ciudad, con el fin de que no se pierda ninguna iniciativa por falta de espacio físico.

Sin renunciar a la captación de grandes proyectos, de los que han venido pocos y los que se han anunciado vuelven a ser del tipo lúdico-comercial que no suponen cambio de nuestro modelo económico, a la larga es mucho más interesante la creación de un tejido propio de pequeñas y medianas empresas que dimanen de la “cultura del garaje”, como en Estados Unidos, y que con el tiempo pudieran alcanzar dimensiones inimaginables.

Multinacionales como Apple, Microsoft, HP, Dell y tantas otras nacieron en los garajes de las casas de sus imberbes fundadores, los cuales carecían en sus inicios de recursos para alquilar un local propio. Sin ir más lejos, Abengoa tuvo sus orígenes en un chalecito de Heliópolis y hoy es una  de las principales compañías  españolas. Por tanto, es fundamental que el Ayuntamiento ofrezca espacios baratos a todo el que quiera desarrollar un proyecto empresarial.

 EL ROL DE EMVISESA

 Por primera vez que se recuerde, Emvisesa no ha construido ninguna nueva promoción durante el mandato que ahora expira, pese a la promesa de Zoido de que entregaría 1.000 nuevos pisos cada año, hasta un total de 4.000. Si la construcción es uno de los sectores con mayor capacidad de arrastre por todo lo que moviliza a la hora de edificar y de dotar de equipamientos las viviendas, Emvisesa no debe pasarse otros cuatro años en blanco y dedicada únicamente a administrar el parque de pisos heredado que ya posee.

Hay más de 15.000 sevillanos demandantes de una vivienda pública por una parte, y, por otra, miles de familias que viven en bloques antiguos carentes hasta de ascensor (600 sólo en el Polígono de San Pablo) porque se construyeron en tiempos en que la normativa ni lo exigía.

Si a ello se une la necesidad de rehabilitar energéticamente infinidad de pisos, capítulo en el que se puede optar a fondos europeos y nacionales, Emvisesa como instrumento del Ayuntamiento en política de vivienda podría dar un nuevo y fuerte impulso al sector de la construcción y de forma mucho más social de lo que preconiza Gaesco, obsesionada únicamente por los grandes proyectos e infraestructuras, que no dependen del Consistorio (Metro, Ciudad de la Justicia, rondas de circunvalación, dragado del Guadalquivir….).

LA ZONA FRANCA

La Zona Franca consiste únicamente en el vallado de 719.876 m2 del dominio público portuario, previa declaración administrativa como tal, para permitir, según las previsiones oficiales, un tráfico de mercancías superior a 1,7 millones de toneladas por parte de un centenar de empresas que allí se instalarían y que facturarían más de 1.000 millones de euros.

 Durante los últimos cuatro años, el gobierno local ha sido incapaz de conseguir en tiempo y forma la aprobación administrativa de la Zona Franca, ni tampoco de vallar su perímetro para que se convirtiera, conforme a sus reiterados anuncios, en uno de los grandes motores económicos y de creación de empleo.

 Hasta tal punto ha llegado el fiasco con este proyecto, que ante la manifiesta imposibilidad de cumplir el plazo legal del cerramiento para el 30 de agosto, Hacienda aprobó el 8 de mayo una orden de prórroga durante un año más, ya que sin la misma Sevilla habría perdido la Zona Franca.

 Lo mínimo que cabe exigir al nuevo Ayuntamiento es que sea capaz, junto con la Autoridad Portuaria, de concluir el vallado antes del 30 de agosto de 2016.

EL PGOU COMO EXCUSA

 El Plan General de Ordenación Urbana reservó suelo para la construcción de 45.000 viviendas; definió un modelo de ciudad en el que se prohíben los aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo, para evitar el efecto-llamada a los vehículos, como bien se sabe por la experiencia de la colapsada calle Baños, acceso natural al parking de la plaza de la Concordia; fijó los puentes y pasarelas de conexión, al Norte, con la isla de la Cartuja; ubicó la Ciudad de la Justicia en Los Gordales….

El PGOU ha sido utilizado como excusa para justificar su propio incumplimiento o para presentarlo como el impedimento para el desarrollo de la ciudad, de manera que los empresarios de la construcción, los cuales apenas han construido pese a tener enormes bolsas de suelo por desarrollar, y los dos principales partidos políticos abogan por cambiarlo, reprogramarlo o reinterpretarlo en un foro de notables, en lo que supondría la vuelta a los tiempos en que las decisiones vitales para el futuro se adoptaban en una mesa de camilla.

El empeño en construir la Ciudad de la Justicia en el Prado, donde no cabe si no es colmatándolo en altura frente a los jardines de un patrimonio de la humanidad como el Alcázar y contra las disposiciones del PGOU; o de construir un parking prohibido en las normas en la Alameda; o un puente en la Cartuja no contemplado en el Plan en vez de los que sí están previstos en el mismo; o de recalificar la antigua comisaría de la Gavidia para implantar un centro comercial y comprobar, una vez recalificada tras cuatro años de polémicas, que no había ninguna gran cadena realmente interesada, pese a haberse esgrimido algún nombre concretísimo….todo eso ha supuesto un cuatrienio perdido de oportunidades.

El nuevo gobierno municipal no debe estar otros cuatro años actuando a base de modificaciones parciales del PGOU (18 en el último mandato) con tal de no cumplirlo, o cambiando proyectos de sitio esperando una conformidad que la Junta de Andalucía no puede otorgar si no se respeta la máxima norma urbanística de la ciudad, circunstancia que ha servido para acusarla de un supuesto bloqueo a los grandes proyectos de Sevilla.

El Ayuntamiento que se constituya en junio, o redacta un nuevo Plan que plasme su modelo de ciudad aunque le lleve un tiempo largo su culminación, o asume el existente para desbloquear de una vez proyectos como el de la Ciudad de la Justicia en Los Gordales y le mete así presión a la Junta, de la que aquélla depende, ya que si la nueva corporación municipal sigue actuando como hasta ahora , le dará al Gobierno autónomo la excusa perfecta para no invertir en la ciudad, porque los proyectos que se le presentan incumplen el Plan General.

MOVILIDAD

 Y otro gran reto para el nuevo Ayuntamiento es el de la movilidad. La crisis económica, con una notoria reducción del tráfico urbano e interurbano, ha paliado en buena parte el problema de movilidad que sufre Sevilla, por las estrechas calles de su Casco Antiguo, el más extenso de Europa, y por su poder de atracción sobre el área metropolitana, que se traduce en un aluvión de vehículos a diario.

La esperada reactivación económica puede sorprender a la ciudad sin la construcción de una sola infraestructura en materia de movilidad más allá de las estaciones del tren de cercanías en la Cartuja y en la Salud. Tampoco se ha hecho ni un solo aparcamiento en estos cuatro años (varios concursos hubo que declararlos desiertos) y la polémica ha acompañado la supresión del Plan Centro y la ampliación de la zona azul.

 Dado que las tres líneas de Metro pendientes cuestan entre 3.000 y 4.000 millones de euros y no existe disponibilidad presupuestaria para acometerlas, hay un cierto grado de acuerdo por separado entre los principales partidos políticos sevillanos de prolongar el tranvía hasta Santa Justa, con un presupuesto de 76 millones de euros que nadie dice de dónde van a salir. Todo se fía a Europa.

 Sin embargo, poco se ha hablado de extender el Cercanías desde la Cartuja hasta la estación de Metro de Blas Infante, una opción que no tendría un coste muy superior y que permitiría conectar el Aljarafe con toda la red ferroviaria y la futurible Ciudad de la Justicia, amén de que el tranvía se solaparía en buena parte en superficie con el trazado subterráneo del Metro.

La ampliación de la red de carriles-bici y la revisión de los pliegos de construcción de nuevos aparcamientos, sobre todo en el perímetro del Casco Antiguo, podrían ser medidas complementarias para mejorar sin excesivo coste para las arcas municipales el problema de la movilidad en Sevilla.

 

Los nuevos Urban

Zoido y Espadas mantienen más de una coincidencia básica en sus respectivos programas para las elecciones municipales del 24 de mayo, aunque luego difieran en los enfoques.

Una de ellas es la pretensión de captar fondos europeos; y otra, la rehabilitación de barrios degradados. Así, el PSOE habla de crear una especie de oficina o de grupo de expertos dedicados a analizar las convocatorias de la Unión Europea con el fin de obtener financiación para proyectos de o en Sevilla. Asimismo, en el programa socialista se preconiza la redacción de un plan integral para El Vacie, sin entrar en más detalles, y el alcaldable del partido del puño y la rosa, Juan Espadas, ha anunciado otros planes de regeneración urbana para zonas de actuación preferente como el Polígono Sur, Su Eminencia y Tres Barrios.

Zoido, por su parte, también mira a Europa como el camino más corto para beneficiar a los barrios, aunque su objetivo vira al Norte en vez de al Sur. El candidato del PP ha anunciado su intención de optar a la convocatoria que el Ministerio de Hacienda lanzará, probablemente  en septiembre, dentro de la ‘Estrategia de Desarrollo Urbanístico Sostenible 2020’, con el fin de obtener fondos europeos para regenerar 400 ha de la zona Norte de la ciudad y erradicar el poblado chabolista de El Vacie.

Según el anuncio del alcalde en funciones, la obtención del dinero europeo serviría para la regeneración y rehabilitación de viviendas antiguas, mejoras de las vías de comunicación y actuaciones en La Bachillera, naves de Renfe, el CREA y el polígono Arte Sacro, entre otros.

COMPETENCIA POR LOS FONDOS

Una consulta a la página web de la Federación Española de Municipios y Provincias y una navegación por Internet sirven para comprobar la fuerte competencia que se avecina entre ciudades por conseguir financiación europea para sus proyectos, hasta el punto de que hay casos de contratación de consultoras especializadas en este tipo de tareas para mejorar el fondo y la forma de las propuestas en ciernes. Sevilla, pues, no va a estar sola en esta carrera y tendrá muchos rivales nacionales e internacionales en la competición por obtener dinero de Bruselas.

Los anuncios de Zoido y de Espadas de regeneración de tejido urbano de Sevilla con fondos europeos, uno poniendo el acento en la zona Norte y otro en el sector Sur, se producen veinte años después de la ejecución de otro programa similar, el denominado Plan Urban Alameda-San Luis, que se presentó en su momento con las mismas buenas intenciones que ahora pero cuya materialización mereció informes muy críticos por parte de ciertos sociólogos, geógrafos, economistas y arquitectos comprometidos con aquellos barrios, de ahí la necesidad de analizar la experiencia del Urban anterior para no caer en los mismos errores de antaño.

EFECTO DEL 92

La clave última de aquella operación podría considerarse que fue la Expo-92. Aunque hubo voces que preconizaron que con motivo de la Exposición Universal se ejecutara un gran plan de rehabilitación del Casco Antiguo para poner a la ciudad a la altura del gran acontecimiento en ciernes, la falta de voluntad política, de tiempo y de recursos propiciaron sólo algún lavado de cara en forma de repintado de fachadas, pero salvo la banda de la calle Torneo, que miraba al recinto de la Cartuja, en lo esencial el resto de Sevilla siguió igual.

Sin embargo, la colonización de la isla de la Cartuja, la nueva Torneo, el Paseo Juan Carlos I y la apertura de la ciudad al río tras la eliminación del dogal ferroviario habían dotado de un nuevo atractivo a la Alameda de Hércules y su entorno, hasta entonces abandonados a su suerte por ser considerados la periferia del Centro y donde se concentraban actividades públicamente inconfesables.

Tras la Expo 92 en Sevilla, la capitalidad cultural europea en Madrid y los Juegos Olímpicos en Barcelona, los cascos antiguos de las grandes urbes españolas se pusieron de moda y se convirtieron en objeto urbanístico de deseo. Esa tendencia coincidió con el Plan Urban de la UE, destinado teóricamente a la mejora de la situación de los colectivos  sociales desfavorecidos que vivieran en zonas urbanas degradadas de ciudades con más de 100.000 habitantes.

LÍNEAS DEL PLAN

El entonces gobierno local de coalición PA-PP (Rojas Marcos y Soledad Becerril) presentó al Plan Urban un proyecto de actuación “integral” en los barrios de San Julián, San Luis y la Alameda, con una superficie de actuación de 34 ha (doce veces menos que las 400 ha de que ahora habla Zoido para el sector Norte) y un presupuesto de inversión de 2.430 millones de pesetas (serían hoy mucho más que 14,6 millones de euros, por la inflación), de los que la UE financió el 70%.

Aunque el objetivo del Plan Urban no era la rehabilitación de viviendas, la Gerencia de Urbanismo determinó que había 1.391 parcelas de viviendas en las que residían 7.000 personas, en mal estado de conservación o con edificios ocupados por clases marginales. El Plan fue derivando progresivamente de social a urbanístico: remodelación total del mobiliario urbano, asfaltado y aceras; sustitución de redes de saneamiento y abastecimiento y apertura y ensanches de calles.

En el barrio de San Luis se crearon dos nuevas calles, de 350 y 150 metros de longitud, respectivamente, y más de 10 metros de anchura, amén de una plaza de 2.500 m2 que, según David Gómez, sirvieron para la penetración del tráfico y alteraron una configuración espacial única que había llegado casi intacta hasta nuestros días, en lo que supuso una enorme alteración del Casco Antiguo pese a gozar teóricamente de protección en virtud de la Ley del Patrimonio Histórico.

CASA DE LAS SIRENAS

Los programas sociales propuestos sirvieron sobre todo para justificar la rehabilitación de tres grandes espacios en ruinas: la Casa de las Sirenas, las naves Singer y el palacio de los Marqueses de la Algaba. Estos trabajos se llevaron la mayor parte del dinero (un 35% del total) del Urban (un 62% de todo el proyecto fue para urbanismo, y un 29% para programas sociales) y sirvieron de elementos simbólicos para reflejar la revalorización de este sector del Casco Antiguo.

Josefa García Jaén, corredactora del Plan Urban, analizó sus efectos cuatro años después y llegó a la conclusión de que había habido una mejora apreciable en el tejido urbano, pero resultados discutibles en la esfera social, sin que hubiera disminuido notablemente el número de parados y de marginados.

Como consecuencia de la fuerte inversión pública en urbanismo pero no en vivienda social y de las ayudas a la rehabilitación, se estimuló la inversión privada –un 50% más- en vivienda y se produjo una carestía de la misma y del suelo (procesos especulativos con incrementos de precios del 300%) que acabó provocando la expulsión de los habitantes de clase baja, los cuales no pudieron hacer frente  a la subida de las rentas del alquiler. La consecuencia añadida fue que la zona de la Alameda-San Luis se pobló de residentes de clase media-alta, atraídos por la remodelación urbana y en línea con la moda del regreso a los cascos antiguos en las grandes ciudades.

Así pues, en vez de resolver los problemas sociales, el dinero europeo del Plan Urban provocó el efecto contrario al deseado y un éxodo de la población más desfavorecida, factores que habrá que tener en cuenta para que no se repitan a la hora de plantear operaciones similares de ‘regeneración’ del tejido urbano con dinero de Bruselas.

 

El parking autorizado por el Puerto en Los Remedios carece de licencia

La Gerencia de Urbanismo ha impuesto una multa coercitiva de 1.200 euros a la entidad Parking Sevilla Puerto por desobedecer la orden de inmediata suspensión del uso de parking de la parcela propiedad de la Autoridad Portuaria sita junto a las instalaciones del Círculo Mercantil en Los Remedios y que viene realizando sin licencia.

Hace un año, la Autoridad Portuaria, cuya presidenta es Carmen Castreño, a la sazón también número dos en la lista del PSOE a las elecciones municipales, autorizó la apertura de un aparcamiento en superficie en el terreno ubicado entre el puente de Los Remedios y el Círculo Mercantil.

La entidad beneficiaria del permiso es Parking Sevilla Puerto, que se había constituido tan sólo unos meses antes (13 de diciembre de 2014) con un capital social de 3.000 euros y que en principio tenía como socio único a José Antonio Camúñez Morilla. Según las informaciones difundidas por entonces, el objetivo declarado de la Autoridad Portuaria con este permiso, que estará vigente hasta marzo de 2017, era paliar la carencia de aparcamientos en el barrio de Los Remedios, ya que en esa franja de suelo podrían estacionar unos 300 vehículos.

La decisión de la Autoridad Portuaria de permitir que se acotaran esos terrenos para un parking de explotación privada no fue acogida favorablemente, ni mucho menos, por los vecinos, que de aparcar allí gratuitamente pasaron a tener que pagar 1 euro por una hora; tres euros por ocho horas, y cinco euros por el día completo. A los socios del Círculo Mercantil se les ofrecieron condiciones especiales, con descuentos en algún caso de hasta el 50%, y abonos específicos de 25 euros por un mes completo y de 10 euros por una decena de días.

Tras conocer que gracias al permiso de la Autoridad Portuaria la empresa Parking Sevilla Puerto estaba vallando los 14.444 m2 de superficie del terreno con una malla metálica de 367,80 metros lineales y una altura de dos metros; delimitando plazas de aparcamiento e instalando una caseta prefabricada para el control de acceso y salida, con barrera y máquina expendedora de tickets, la Gerencia de Urbanismo decretó el pasado 10 de septiembre la inmediata paralización de la actividad, al carecer de licencia.

En la resolución se advirtió al promotor de que en caso de que incumpliera la orden y no restituyera los terrenos a su estado anterior se le impondrían hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes y un mínimo de 600 euros.

Dado que Parking Sevilla Puerto ha hecho caso omiso de las órdenes de la Gerencia y ha mantenido el aparcamiento en superficie, aquélla le ha impuesto una sanción de 1.200 euros en concepto de segunda multa coercitiva, por lo que de no variar la situación se le impondrían en cascada diez multas más.

 ESPACIO LIBRE

La Autoridad Portuaria ha autorizado la implantación de un aparcamiento en superficie explotado por una empresa privada en el espacio comprendido entre el puente de Los Remedios y el Círculo Mercantil contraviniendo, presuntamente, las disposiciones del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla.

Según el PGOU, el uso dominante de esta franja de terreno (identificada en los planos como AL-5) será el de espacio libre. Los usos pormenorizados permiten la compatibilidad de pequeñas instalaciones en tierra, pero sólo las vinculadas con la práctica de deportes náuticos y el remo, con las que obviamente no casa un aparcamiento de pago.

Bajo la rasante de este espacio público, no en la superficie, sí se prevé la existencia de un parking, el cual se desarrollará mediante Concesión administrativa de la Autoridad Portuaria. La ejecución del mismo irá vinculada a la iniciación de los trámites para la obtención de los suelos que ocupará el paseo peatonal de ribera y los viales transversales que lo unen con el Paseo de los Remeros de Sevilla.

El plazo fijado para el desarrollo del proyecto del parking y su ejecución es de tres años desde la aprobación definitiva del Plan Especial, prorrogables si se hubiera iniciado la construcción antes de la finalización de dicho plazo. En el supuesto de que la Autoridad Portuaria no hubiera desarrollado el proyecto en el plazo previsto, otorgará una concesión al Ayuntamiento, por plazo de 30 años y canon simbólico,  para que el municipio desarrolle y construya el Paseo peatonal mencionado en las condiciones antes indicadas. Se desarrollará mediante Proyecto de Obras.

Abril deja 1.779 parados menos en Sevilla capital

El número de desempleados se queda en 85.196

 El paro cae en todos los sectores y grupos de edad

 El mandato de Zoido se cierra con 8.507 desempleados más

 La provincia tiene ahora 5.330 parados menos, con un total de 241.799

 El ‘efecto primavera’, con la Feria de Abril (festejo de diez días en la práctica, por el fenómeno sociológico conocido como la Preferia), se ha notado mucho más en abril que en marzo en las estadísticas del paro registrado en las oficinas del antiguo Inem, donde 1.779 personas han salido de las listas del desempleo el mes pasado, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige la onubense Fátima Báñez. Ahora, el número de parados en Sevilla capital es de 85.196. La reducción es cuantitativa y prorcionalmente mayor en el conjunto de la provincia: 5.330 parados menos, para un total de 241.799.

 

De marzo a abril se ha pasado en Sevilla capital de 86.975 parados a 85.196, cifra que supone un descenso del 2,04%, ligeramente menor que la reducción registrada en la provincia, donde se llega al 2,15%. No obstante, la capital aporta el 33% del número de personas que abandonan las listas del paro: uno de cada tres del total provincial.

 Dentro del drama que siguen suponiendo los 85.196 desempleados en la ciudad (uno de cada ocho habitantes), todos los indicadores han arrojado datos positivos para el descenso del número de desocupados en el pasado abril.

 El cómputo interanual, es decir de abril de 2014 a abril de 2015, refleja un descenso en 4.374 parados (se ha pasado de los 89.570 existentes hace un año a los 85.196 de ahora).

 

Con el dato de abril de 2015 se cierra el balance del mandato de Zoido, ya que el próximo día 24 de mayo se celebrarán las elecciones municipales. El regidor no ha podido cumplir su promesa de convertirse en el alcalde del empleo, ya que en estos cuatro años se ha pasado de los 76.689 existentes en junio de 2011, cuando tomó posesión, a 85.196, es decir 8.507 más (un incremento del 11,09%).

 Auguramos al analizar los buenos datos de marzo que probablemente el número de parados seguiría reduciéndose cuando acabara abril, gracias al tirón que para el sector servicios supondría la Feria y el habitual crecimiento del turismo por estas fechas. Efectivamente, la estadística ha registrado un comportamiento predecible de nuestra economía, muy sometida a procesos cíclicos, con buenos datos asociados a las grandes fiestas anuales y al buen tiempo y peores en ausencia de grandes eventos y con estaciones lluviosas y frías.

 Abril es el segundo mes consecutivo en que baja el desempleo, tras las subidas de enero y febrero. El año pasado ocurrió prácticamente lo mismo, salvo que la subida del número de ocupados empezó en abril en vez de en marzo. Entonces, la mejoría se prolongó hasta el mes de julio inclusive. En 2013, los buenos datos se prolongaron hasta agosto. Conforme a las tendencias de los últimos años, es muy probable que el nuevo gobierno municipal que se forme tras las elecciones del 24 de mayo goce de unos meses de bonanza en materia de empleo, siempre en término relativos, ya que con cifras entre 80.000 y 90.000 parados y más en que nos hemos movido los últimos años hay que relativizar descensos que a la postre son de ida y vuelta.

 

Centrándonos en la estadística del pasado mes de abril,  todos los indicadores han sido favorables.  Por sexos, hay 38.204 hombres en desempleo ( – 1.071) y 46.992 mujeres (- 708).

 El paro cae en todos los sectores de actividad, especialmente en los Servicios, el termómetro de nuestra economía, que acumula el 75% de los nuevos ocupados en este mes. Los datos concretos son los siguientes: Agricultura, 1.493 parados( -64); Industria, 5.211 (-134); Construcción, 7.826 (-191); Servicios,  58.137 (-1.335) y el colectivo Sin Empleo Anterior, 12.529 (-55).

 Por edades, el desempleo se ha reducido en todos los grupos, especialmente en la franja de 25 a 39 años, que acumula el 55% de los nuevos ocupados. La distribución es la siguiente: Parados menores de 20 años, 1.442 (-4); de entre 20 y 24 años, 6.502 (-124); entre 25 y 29 años, 8.339 (-306);  entre 30 y 34 años, 9.204 (-356); entre 35 y 39 años, 10.767 (-322); entre 40 y 44 años, 10.841 (-291); entre 45 y 49 años, 12.078 (-127); entre 50 y 54 años, 10.958 (-139); entre 55 y 59 años, 9.317 (-45) y más de 59 años, 5.748 (-65).

 Si desglosamos el número de parados por grandes franjas de edad, hay un total de 16.283 desempleados menores de 30 años, cantidad que supone el 19,11%, ligeramente inferior a la existente en el mes de marzo (19,22%). Esta gran franja, que ahora se engloba bajo la denominación de paro juvenil, casi equivale a una quinta parte del total de los desocupados de la ciudad.

 La franja más lastrada por el desempleo es aquella en la que se incluyen las edades comprendidas entre 30 y 49 años, las personas en plena madurez, los mayores sufridores de la crisis económica. La situación va empeorando a medida que la edad es mayor, hasta llegar a los 12.000 parados entre aquellos con 45-49 años. No existe ninguna otra cohorte de edad tan afectada como ésta. En conjunto, la franja entre los 30 y los 49 años aporta 42.890 parados, que suponen algo más de la mitad del total (el 50,34%).

 Por último, el tercer gran segmento es el de los mayores de 50 años. En este conjunto, el grupo más afectado y segundo en la clasificación general es el de quienes se hallan entre 50 y 54 años: en total aportan 10.958 desempleados a las listas del paro. Todo el colectivo de parados mayores de 50 años  está compuesto en Sevilla capital por 26.023 personas y suponen algo más de un tercio de todos los parados (el 30,54%).

 DATOS DE LA PROVINCIA

 Al contrario que en otros meses en los que los datos de la capital eran mejores que los del conjunto de la provincia, en abril ha ocurrido al revés, al registrarse un descenso de 5.330 parados (un 2,15% menos que en marzo), con lo que el número total es ahora de 241.799.

 Hay menos hombres y mujeres desempleados que el mes pasado, con la siguiente distribución: Hombres, 110.576 (-3.606); mujeres, 131.223 (-1.724).

Por sectores, el único pero a la estadística provincial es el dato negativo (subida del paro) que se registra en el colectivo Sin empleo anterior, ya que en el resto baja el número de desocupados en todos, como se aprecia en el siguiente desglose: Agricultura, 14.838 parados (-1.072); Industria, 17.740 (-686); Construcción, 28.303 (-986); Servicios, 150.086 (-2.680) y colectivo Sin empleo anterior, 30.832 (+94).

Ikea, alfa y omega

Dentro de cinco días empieza a correr oficialmente el reloj político para la cita con las elecciones municipales del 24 de mayo, ya a tan sólo veinte días vista, por lo que a falta de un Pleno municipal extraordinario para la concesión de las medallas de la ciudad, el Pleno ordinario celebrado el pasado martes tuvo todo el ambiente de la despedida del mandato en que Zoido logró la mayoría más absoluta –veinte concejales- de un alcalde en la historia de la Democracia en Sevilla.

En ese último Pleno se acabó tratando sobre el mismo tema con el que Zoido inició su trayectoria como alcalde: la segunda tienda de Ikea, proyectada por la multinacional sueca en los terrenos de San Nicolás Oeste, sitos en el entorno del aeropuerto.

Con la fuerza moral y política de su arrolladora victoria en las urnas hace cuatro años, Zoido llegó a la Alcaldía prometiendo resolver poco menos que en un santiamén los problemas pendientes de la ciudad y, especialmente, los grandes proyectos que tenían un componente urbanístico, como el de la tienda de Ikea.

Por eso, de forma temeraria, anunció que en dos meses iba a desbloquear el proyecto de la multinacional nórdica, un bloqueo que achacaba a las disputas internas que hasta entonces habrían mantenido el PSOE e IU durante los últimos gobiernos de la coalición capitaneada por Monteseirín y Torrijos.

 

SIN VISIÓN TÉCNICA

 

Fue un craso error por su parte, a consecuencia de un gran desconocimiento del urbanismo y del derecho urbanístico, parcelas fundamentalmente técnicas y sometidas a procedimientos reglados y de lenta tramitación administrativa que no pueden acelerarse introduciendo un reactivo de tipo político.

El urbanismo tiene sus tiempos, máxime en un sistema jurídico garantista como el nuestro, que obliga a someter a información pública cada fase, en línea con el derecho a la participación ciudadana reconocido por nuestra Constitución y que, por la crisis del sistema, los partidos políticos se esfuerzan ahora en incentivar mucho más que antes. Ninguna fuerza osaría cuestionar los procedimientos establecidos.

Por eso resulta aún más sorprendente el desconocimiento mostrado por Zoido sobre el área más esencial de la administración local, que se expresa y desarrolla a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este documento, calificado como ‘la Biblia de la ciudad’, marca y condiciona todo lo que se puede hacer –y no hacer- en la urbe durante su periodo de vigencia.

Esta subestimación del urbanismo no ha sido exclusiva de Zoido, sino proverbial en el PP de Sevilla, como ya demostró Soledad Becerril al dejarlo en manos del PA de Rojas Marcos cuando gobernó en coalición con los andalucistas, que se vieron teniendo entre las manos el gran instrumento de poder municipal.

Zoido, pese a provenir del mundo jurídico, haber sido delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y Andalucía y líder de la oposición municipal en los cuatro años previos, no pareció aprender de la etapa de Soledad Becerril, mantuvo una visión meramente política del urbanismo –como si las cuestiones en esta parcela pudieran acelerarse o ralentizarse por el designio de los gobernantes- y nombró delegado y gerente de Urbanismo a Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, respectivamente, dos personas con buena voluntad pero ajenas por completo a este mundo.

EL PEOR MOMENTO

Además, desembarcaron en las caracolas de la Cartuja en una de sus peores por no decir la peor época reciente. El estallido de la crisis inmobiliaria, con el hundimiento de los ingresos por licencias de obra ante la casi nula actividad constructora, había dejado bajo mínimos las arcas de la Gerencia, ya esquilmadas por la dupla Monteseirín/Marchena, que hasta se gastó el dinero del PGOU para los nuevos desarrollos urbanísticos en obras faraónicas como las Setas de la Encarnación (140 millones de euros).

Por ende, las imputaciones judiciales de la juez Alaya en las diversas ramas del caso Mercasevilla, entre ellas la venta de los suelos a una filial de Sando, causaron un miedo cerval entre los técnicos de Urbanismo a sobrepasar cualquier límite a la hora de mover papeles en el departamento, con lo que se extremaron aún más las exigencias de documentos y el agotamiento de los plazos, sin que dos neófitos como Vílchez y Leopoldo tuvieran la capacidad y los conocimientos precisos para cambiar la dinámica de funcionamiento de la Gerencia.

Frente al optimista anuncio de Zoido en 2011 de que él iba a desbloquear en dos meses el proyecto de Ikea gracias a la existencia de un gobierno local con mayoría absoluta que no tuviera que hacer concesiones a un socio de coalición, como había venido ocurriendo en la ciudad desde hacía veinte años, pronto empezó a imponerse la cruda realidad técnica del urbanismo, mucho más compleja en sus normas, plazos y garantías legales.

JUNGLA POR DESBROZAR

En realidad, el proyecto de Ikea era como una jungla que había que desbrozar a machetazos para avanzar. El alcalde descubrió que la multinacional sueca pretendía dar un pelotazo a la vieja usanza, con una recalificación urbanística a la carta y gracias a la cual, con un exceso de edificabilidad de 41.00 m2 en números redondos, construir un cinturón de tiendas alrededor de la suya como gancho y con cuyas rentas financiar de forma gratuita su segundo proyecto en Sevilla.

Por los terrenos de San Nicolás Oeste cruzaba una vía pecuaria que había que deslindar primero y desafectar después (los problemas de recalificar como urbanos unos suelos rústicos de toda la vida), con todo lo que ello implicaba de informes, exposiciones públicas, alegaciones, procesos de aprobación administrativa, publicación en boletines oficiales…

La propia normativa urbanística imponía sucesivas aprobaciones del preceptivo Plan Parcial, con aportación a los expedientes de los informes sectoriales y alegaciones también de organismos oficiales, alguno de los cuales (Dirección General de Carreteras) fue incluso negativo para los intereses del Ayuntamiento.

Y como guinda del pastel, la supeditación del proyecto a su conexión con una vía rápida de comunicación, la SE-35, pintada sobre una zona verde cual era el parque del Tamarguillo, financiado con fondos europeos, razón por la que Bruselas abrió un dictamen motivado al Gobierno de España, máxime tras el precedente del derribo de la biblioteca de la Universidad por haberse erigido sobre los jardines del Prado.

Y SIGUE

La resolución de toda esta maraña administrativa y urbanística, en la que estaban implicados también el Gobierno de la nación y la Unión Europea y no sólo la Junta de Andalucía, sobre la que siempre ha puesto el foco el Ayuntamiento, le ha ocupado a Zoido los cuatro años de este mandato. La historia, sin embargo, aún no ha terminado, ni mucho menos, porque se estima que todavía le pueden quedar un par de años de trámites urbanísticos (por ejemplo, los proyectos de reparcelación y urbanización), y de otro tipo para  la construcción de la conexión alternativa a la SE-35.

El caso de Ikea sería extrapolable a muchos otros proyectos de índole urbanística que el alcalde pensaba se desbloquearían o activarían, según los casos, por la simple formulación de un designio político del gobierno municipal, como si los procedimientos reglados pudieran desvanecerse de la noche a la mañana: la Gavidia, Altadis, Sevilla Park, el Caixaforum en las Atarazanas, el complejo comercial de Decathlon en la isla de la Cartuja, el museo de las Tradiciones junto a la Torre de la Plata, el Paseo de las Artes en Torneo, la Ciudad de la Justicia en el Prado, un nuevo puente en la Cartuja, un nuevo parking al margen del PGOU en la Alameda y en las naves de la calle Becas….

Se comprende,  pues, que por el desgaste sufrido durante estos cuatro años, Maximiliano Vílchez, que reconoció que se planteó su dimisión, no repita en la lista de Zoido para las próximas elecciones municipales: de él han dependido las dos áreas en las que el alcalde ha sufrido más sinsabores, el urbanismo y (polémicas por los arboricidios y las podas de árboles a mansalva) y el medio ambiente.

 

 

Algunos bomberos cobrarán 144 horas extraordinarias en un mes

El gobierno local llevará al último Pleno ordinario del actual mandato antes de las elecciones municipales del 24 de mayo el pago de la productividad y festivos de octubre, noviembre y diciembre de 2013, con año y medio de retraso, con cargo al Presupuesto de 2015 y con un informe crítico de la Intervención Municipal por la demora y el exceso de gasto sobre la partida prevista.

La Delegación de Seguridad, de la que depende el Servicio de Extinción de Incendios, ha pedido el preceptivo informe previo de la Intervención para realizar los abonos especiales a los bomberos, pagos del último trimestre de 2013 que aún están pendientes y que en conjunto ascienden a 1.343.966,48 euros, dinero que se imputaría a la partida específica consignada en los Presupuestos de este año.

La Delegación justifica la falta de crédito en el año 2013 por el retraso en la incorporación de 79 nuevos funcionarios (55 bomberos y 24 bomberos conductores) debido al largo periodo que transcurre entre la fecha de publicación de las pruebas, los cursos de formación y las incorporaciones efectivas. Asimismo, apunta a la imposibilidad de prever las situaciones de pase a segunda actividad por edad o enfermedad, pese a lo cual hay que mantener una guardia con efectivos suficientes para atender cualquier emergencia.

El interventor hace numerosas salvedades en su informe, tras observar que algunos de los trabajadores superan en un mes, por un solo concepto, 144 horas extraordinarias, por lo que a su juicio habría de determinarse si su realización y autorización se ajusta a lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, señala que con estos abonos se vulnera un acuerdo de la propia Junta de Gobierno del Ayuntamiento, de 16 de abril de 2013, sobre reclasificación de puestos de trabajo e incrementos de jornada. En virtud de este acuerdo los gastos por tal concepto no podrían superar los 3,5 millones de euros en dicho año, cantidad que ahora se sobrepasaría si se tienen en cuenta los abonos ya realizados en los primeros nueve meses de 2013.

Además, el interventor hace varias alusiones a la legislación estatal de ahorro de gastos con motivo de la crisis económica y el excesivo déficit público y destaca que no se incluye en los expedientes ni la documentación expresiva de los turnos ni la de los refuerzos realizados. En su criterio, en todo caso los servicios realizados habrían de computarse como gratificaciones, con los límites y condiciones legales.

 

Ínsula Barataria

El gobierno local que se forme tras las elecciones municipales del próximo 24 de mayo deberá afrontar cambios organizativos en las dos grandes fiestas de la ciudad, la Semana Santa y la Feria de Abril, a raíz de lo sucedido este año con las avalanchas del pánico en la Madrugá por una parte y, por otra, después de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Sevilla a cuenta de la denuncia formulada por el propio Ayuntamiento sobre una presunta desviación de 439.874,25 euros en el montaje de la Feria de 2014, cuya supuesta responsabilidad se achaca a Rafael Carretero, jefe de los Servicios Técnicos de la Delegación de Fiestas Mayores.

Según la información publicada por el compañero Antonio R. Vega, el Consistorio abrió en el verano de 2014 un expediente de información reservada tras las denuncias elevadas por Miguel Angel Baena, aparejador municipal, que al contar al cabo de los años con el apoyo de un delineante pudo sacar tiempo para hacer un control técnico, económico y de calidad del montaje de la Semana Santa, la Feria y el Corpus. El aparejador comparó un plano elaborado por técnicos de Fiestas Mayores y una de las dos grandes empresas adjudicatarias de montajes en la Feria con la base de datos de la Agencia Tributaria Municipal y descubrió estas presuntas irregularidades:

-Se habría autorizado el pago del montaje de 852 casetas, cuando en realidad sólo se habrían montado 792, sesenta menos. Sólo este desfase habría supuesto un sobrecoste de 41.773 euros para la Hacienda local.

-Se habrían colocado 32.000 metros lineales de tubos menos de los que figuraban en los proyectos y planos, con riesgo para la seguridad de las casetas.

-Se habrían realizado pagos por conceptos como una torreta de vigilancia que nunca se habría levantado, o por un inexistente desmontaje de la estructura de la caseta municipal.

-Habría partidas duplicadas referidas al montaje de la portada, cuadros eléctricos, casetas de los distritos municipales y otras. -Asimismo, se habrían inflado partidas referidas a la caseta del Ayuntamiento, enganche eléctrico de las casetas, barandillas, rótulos de las calles…

A la Fiscalía

Tras conocer estas denuncias que afectaban directamente a su gestión, el jefe de los Servicios Técnicos de la Delegación de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, habría relevado de sus funciones al aparejador denunciante. Sin embargo, la maquinaria del Ayuntamiento se activó y la Hacienda municipal encargó a un arquitecto un informe sobre el caso, que habría coincidido en la detección de partidas presuntamente duplicadas, infladas y/o sin la debida justificación.

 

El Consistorio anunció en vísperas de la Feria la remisión de este informe técnico a la Fiscalía, la cual comunicó a su vez la apertura de una investigación para dilucidar si se han cometido delitos o irregularidades administrativas. Pese al expediente de información reservada que le había abierto desde el verano pasado, el Ayuntamiento siguió encomendando a Rafael Carretero el montaje de la Feria de 2015, una decisión cuando menos sorprendente, a juicio de la oposición.

En este sentido, Pilar Távora, candidata del PA a la Alcaldía, ha declarado: “No parece muy acertado ni un ejemplo de transparencia que se ponga a una persona que está bajo sospecha al frente de nuevo de la organización de un acontecimiento en el que hay que gestionar tanto dinero; parecería más prudente haberlo sustituido mientras se aclaraba el tema”.

Equivocación

Carretero, que lleva a gala haber sido el responsable del montaje de la Feria desde hace 34 años, durante el mandato de seis alcaldes de tres partidos distintos (PA, PSOE y PP), ha admitido en declaraciones a Radio Sevilla que ha podido cometer “algún tipo de irregularidad administrativa”, pero que “en ningún caso” se ha llevado “un duro”, “ni del Ayuntamiento ni de nadie”, como probaría el hecho de que su patrimonio es el mismo desde el año 1981.

Y ha añadido: “Me he equivocado y en algunos momentos no he contado con la Intervención General, por lo que el interventor está muy disgustado conmigo, pero tenía que resolver los asuntos sobre la marcha. Cualquier cosa que hay que hacer hay que presentarla, pedir presupuestos, informe del interventor, llevarlo a la Junta de Gobierno, aprobarlo… No sé hacerlo de otra forma”.

 

Según el jefe de los Servicios Técnicos de Fiestas Mayores, hay partidas que “aparecen de pronto” porque se trata de asuntos a resolver “ineludiblemente” y se “intenta compensar con otras unidades”. Las declaraciones de Carretero revelan, quizás inconscientemente por su parte, su modo de actuar al margen de los procedimientos y/o cauces establecidos, que es justamente el caldo de cultivo para que se produzcan cuando menos las irregularidades administrativas que él mismo ha llegado a admitir.

Imaginemos por un momento que todos los responsables políticos y funcionarios municipales actuaran del mismo modo, por su cuenta y al margen de los órganos de gobierno y de la Intervención, con el argumento de que es un fastidio tener que presentar proyectos, pedir presupuestos y someterlos a aprobación. El Ayuntamiento sería un desgobierno y el descontrol propiciaría que se produjeran actuaciones al margen de la legalidad.

Imprevistos

La segunda tesis de Carretero abunda en la idea de la cantidad de imprevistos que surgen sobre la marcha en el montaje de la Feria y ante los que hay que reaccionar de la forma en que él habría hecho: con flexibilidad, compensando unos gastos con otros y sin tiempo para someterse a los procedimientos ordinarios porque se colige que en tal caso no estaría a punto la Feria para la fecha fijada, con lo cual ese objetivo o bien superior justificaría una gestión heterodoxa o con manga ancha.

Sin embargo, lo único que prácticamente cambia de un año para otro en la Feria es la portada, porque todo lo demás suele repetirse, con una arquitectura de lo más simple (tubo, madera y lona), con las casetas y las atracciones de la calle del Infierno en los mismos emplazamientos y hasta siendo las mismas las dos grandes empresas adjudicatarias de la mayoría de los montajes, cuyos operarios podrían hacerlos casi con los ojos cerrados. Por no cambiar, hasta se ha tardado casi cuarenta años en renovar parte de la red eléctrica.

 

No es la primera vez que Carretero, que ha gobernado el recinto de la Feria como si fuera su particular y cervantina Ínsula Barataria -hasta el punto de haber restado protagonismo a los delegados de Fiestas Mayores-, ha tenido problemas con el gobierno municipal. Recuérdese que hace diez años el Ayuntamiento presidido por Monteseirín y con Gonzalo Crespo de delegado del ramo, le abrió otro expediente de información reservada, le impuso una sanción de apercibimiento, le retiró la responsabilidad de la portada e inició los concursos públicos de diseño de la misma después de que Carretero colocase o consintiera la colocación de un escudo del Betis en la portada dedicada al centenario del Sevilla F. C.

Si el jefe técnico de Fiestas Mayores ha obrado de forma personalista y al margen del procedimiento en la Feria ha sido en buena parte porque hasta ahora se le habían dejado las manos libres en el campo de Los Remedios, hasta el punto de que ni siquiera el Servicio de Parques y Jardines se atrevía a tocar los árboles del Real conforme a la tradición de que aquello era “territorio de Carretero”. Tras la denuncia de este año a la Fiscalía, pase lo que pase con la misma, se hace obligado articular un sistema reglado de organización y supervisión para que la Feria de Abril sea no territorio unipersonal de nadie, sino territorio del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento paga 16.500 euros por el cuadro del rey Felipe VI

El cuadro del nuevo rey Felipe VI que desde el mes de marzo cuelga de los muros del Ayuntamiento y que hasta ahora pasaba por ser una donación del pintor extremeño afincado en Sevilla Juan Valdés ha costado en realidad 16.500 euros a la corporación municipal, según se ha sabido posteriormente por una modificación presupuestaria tramitada por el edil Javier Landa.

El delegado de Relaciones Institucionales y presidente del Pleno municipal, Javier Landa, recibió del alcalde el encargo de hallar una solución al problema surgido tras la entronización de Felipe VI como nuevo rey, ya que aunque la Casa Real envió fotografías del monarca para sustituir la imagen oficial del rey emérito Juan Carlos I, su colocación en el Ayuntamiento  habría desentonado en comparación con el resto de retratos de reyes de España: todos los monarcas de los dos últimos siglos contaban con un lienzo en el Consistorio y Felipe VI no debía ser menos.

Según se dijo en su día, en principio se pensó en convocar un concurso público para que un pintor realizara el cuadro de Felipe VI pero no hizo falta porque Juan Valdés se ofreció a pintar la tela de forma altruista, misión que terminó en tan sólo dos semanas gracias a que trabajó en la obra día y noche.

El pintor recibió elogios, tanto por la pintura del rey como por la supuesta donación de la misma, hasta el punto de que un conocido cronista le dedicó un artículo titulado ‘Juan Valdés sin trincar’.

Sin embargo, el pasado 13 de abril Javier Landa solicitó al Area de Hacienda la tramitación de un crédito extraordinario por importe de 16.500 euros con el fin de “afrontar el gasto derivado del suministro de un cuadro de S.M. el Rey Felipe VI para el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sevilla”.

Esta solicitud ha revelado que el cuadro de Juan Valdés no fue una donación, motivo invocado para no convocar un concurso público entre los pintores. El dinero para pagar la pintura se ha detraído ahora de la partida ‘Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales’, con cargo al Servicio de Planificación y Coordinación de Programas.

La Fundación Cajasol ha comercializado su caseta en la Feria de Abril 2015

Cobra 500 euros por reservas de mesa en la “zona noble”

 

El lote mínimo para entrar es de cinco pases, a 25 euros cada uno

La Fundación Cajasol ha comercializado a través del Instituto de Estudios Cajasol la caseta que, en los números 113-117 de la calle Pascual Márquez, tiene concedida en la Feria de Abril de Sevilla la que, según se deduce por los textos, sería su titular primigenia, la Fundación Monte/San Fernando.

La oferta estuvo dirigida en principio a los usuarios del Instituto Cajasol, si bien se abrió el abanico para otorgar tal consideración a otras empresas/personas “que quieran disfrutarla -rezaba el escrito- con nosotros en un ambiente inigualable”.

La cuota por el disfrute de la caseta, una de las grandes del Real de la Feria, está determinada por el número de pases o accesos que se proporcionen, conforme a la siguiente estructura:

-De uno a mil pases, 25 euros por pase. La cantidad mínima que se exige son cinco pases, con lo que el desembolso también mínimo a realizar asciende a 125 euros.

-A partir de mil pases, la cuota deberá ser negociada y pactada entre las partes.

 

Asimismo, el Instituto de Estudios Cajasol ha ofertado la posibilidad de realizar reservas en las mesas de la “zona noble” (así se dice textualmente) previo pago de una cuota extraordinaria de 500 euros por todos los días de la  Feria de Sevilla de 2015.

La excepción es el mediodía del martes, en el que está prevista la celebración de una recepción institucional.

Se podía reservar una mesa para un máximo de diez comensales tanto en los almuerzos (sic) como en las cenas, si bien esta posibilidad estaba sujeta a su disponibilidad. La cancelación injustificada implica la pérdida del derecho a reservar en los días siguientes.

Para poder adquirir la condición de usuario de la caseta de la Fundación Cajasol / Fundación Monte San Fernando se debía solicitar la inscripción por escrito por medio de un impreso a tal efecto que se tenía que presentar en la sede del Instituto Cajasol. Una vez que el Instituto admitía la solicitud, el interesado debía abonar el importe en una cuenta de la Fundación Monte San Fernando antes de las 15 horas del día 10 de abril de 2015.

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de julio una modificación de los estatutos, en virtud de la cual la Fundación Monte San Fernando  se convierte en una fundación ordinaria, “decayendo su carácter especial y con expresa sujeción al protectorado de la Consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorro”, según la resolución firmada por Carmen Belinchón como directora general del Departamento.

 

Las naves ‘de’ Pasión

Hace dos años, una empresa llamada Sevilla Shipyard presentó un proyecto a la Autoridad Portuaria para reutilizar parte del antiguo astillero. Como se trataba de unas instalaciones y de un suelo públicos, la Autoridad Portuaria informó a la opinión pública, valga la redundancia, por si había alguna otra entidad interesada. Y otras, como Astillero del Guadalquivir, mostraron su interés, por lo que de inmediato convocó un concurso con sus bases publicadas incluso en Boletín Oficial.

Aunque finalmente el concurso fue declarado desierto porque tanto Sevilla Shipyard como Astillero del Guadalquivir acabaron por no presentarse al mismo, el procedimiento seguido por la Autoridad Portuaria fue impecable al abrir el abanico a todo el que pudiera tener una idea, plan o proyecto para el astillero, sin favoritismos ni adjudicaciones a dedo al primero que apareciese por el puerto o tuviera hilo directo con sus responsables.

En contraste con la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento ha acabado propiciando la creación de un frente vecinal en el Casco Antiguo similar al que en su día se organizó contra su proyecto de parking en la Alameda, y ha irritado desde los conservacionistas hasta la Policía Local por su decisión de conceder sin concurso público a la Hermandad de Pasión tres locales sitos junto a las naves Singer (entre las calles Becas y Lumbreras), diseñados por el histórico arquitecto Juan Talavera y con un valor catastral conjunto de 507.378 euros (el valor de mercado suele ser bastante superior) para sus 1.500 m2 de superficie.

SEGUNDO CASO

Esta es la segunda concesión de un bien público que en un lapso de pocas semanas y en vísperas de las elecciones municipales acuerda el gobierno de Zoido en favor de una cofradía, ya que antes adjudicó los Baños de la Reina Mora a la Hermandad de la Vera Cruz, también sin preguntar públicamente, como hizo la Autoridad Portuaria, si había alguna otra entidad interesada que pudiera presentar su oferta o proyecto en igualdad de condiciones.

El expediente de la cesión de las naves de la calle Becas/Lumbreras, donde la Policía Local guardaba sus vehículos en espera de que se habilitaran como comisaría para el Casco Antiguo conforme al proyecto existente desde el mandato anterior (de hecho estaban adscritas a la Delegación de Seguridad), revela el procedimiento seguido hasta llegar a la adopción del acuerdo.

El hermano mayor de Pasión, el psiquiatra Javier Criado, envía una carta con fecha 9 de junio de 2014 a Zoido recordándole una conversación telefónica mantenida cuatro días antes. Esta charla y la misiva posterior bastan para activar el procedimiento de cesión (por 25 años, con prórroga automática de 5 años, hasta un total de 50) de unas naves centenarias, protegidas por formar parte del entorno del convento de Santa Clara y sin que en ningún momento se informe a la opinión pública ni se saquen a concurso.

Criado habla de realizar en las tres naves un proyecto de carácter social con tres grandes líneas de actuación:

  1. Lugar de enseñanza: clases de alfabetización, idiomas, español para extranjeros, informática, teatro, pintura y cine.

  2. Lugar de estancia y ocio: televisión, cine, spa y guardería.

  3. Lugar de ayuda: comedor gratuito, ayudas y apoyo a necesitados.

El 30 de marzo de 2015, la jefa de sección de Planes y programas Marco emite su informe sobre el proyecto y dice que el reparto de alimentos por entidades sin ánimo de lucro es una acción social que el Ayuntamiento está potenciando, dada la situación de 3.849 familias, pero que en el Casco Antiguo hay otras iniciativas y fundaciones que realizan esa labor, por lo que existen  motivos para considerar de interés social “la primera fase del proyecto”.

Hay, pues, otras iniciativas y otras fundaciones similares a la de Pasión, pero a ninguna se le da, mediante la convocatoria de un concurso público, la oportunidad de presentar sus proyectos para las naves de la calle Becas, sólo a la que dirige el psiquiatra Javier Criado. Ahora bien, la jefa de servicio habla de “la primera fase”. ¿Cuál es la segunda?

EL PARKING

Según los términos del proyecto de Pasión, consiste en financiarlo todo con cuatro plantas de aparcamiento subterráneo para 160 vehículos que explotaría la propia Hermandad. En este sentido, el jefe de Inventario había emitido el 9 de octubre de 2014 un informe en el que advertía de que sería de dudosa legalidad la cesión gratuita de un inmueble de dominio público con autorización de explotar comercialmente un aparcamiento subterráneo, para cuya regulación en todo caso habría que aprobar previamente un Plan Especial.

Estos informes internos no son óbice para que la Junta de Gobierno aprobara el 10 de abril la cesión gratuita de las naves a la Fundación Asistencial Nuestro Padre Jesús de la Pasión, dependiente de la Hermandad de Pasión y presidida por Criado. Sin esta primera fase no se podría acometer la segunda en un hipotético futuro: el parking rotatorio en el marco de un nuevo PGOU que el alcalde ha anunciado ya en caso de ganar las elecciones y en el que suprimiría la prohibición de construir nuevos estacionamientos en el Casco Antiguo.

La paradoja es que de materializarse este parking de Pasión el Ayuntamiento se habría creado un competidor a sí mismo. Hace menos de un año, Emvisesa realizó un inventario según el cual dispone de 700 plazas de garaje sin ocupar en once barrios, parte de ellas en la calle Mendigorría, cercana a las naves de la calle Becas ahora cedidas a Pasión, la cual  acabaría disputándole en la zona el mercado de parkings a la empresa municipal.

USOS ALTERNATIVOS

Los vecinos destacan que el proyecto para los inmigrantes incluye hasta cine y spa, por lo que temen que acabe funcionando como un club social encubierto de la propia Hermandad. Entienden que ya hay otras entidades en el Casco Antiguo que realizan una labor social similar a la de Pasión, por lo que las naves deberían tener otros usos, bien de dotación para el distrito, bien como parte o apoyo al nonato Museo de Sevilla para captar el turismo que aún no llega a esta zona de la ciudad, mientras que Pasión podría desarrollar su labor asistencial, que no cuestionan, en otro sitio y con su Bolsa de Caridad sin quedarse con un espacio público, justo lo que más falta hace intramuros.

Por congraciarse con la Hermandad de Pasión, Zoido se ha creado a un mes de las elecciones un nuevo foco de conflicto vecinal en el Casco Antiguo, distrito en el que obtuvo 20.611 votos hace cuatro años y que en las recientes autonómicas quedaron reducidos a 13.224, por lo que, parafraseando a Santiago Montoto, cabe preguntarse qué era más importante, si el “ni fías ni porfías, ni cuestión con las cofradías” o las porfías con los votantes.