IU se quedó con las llaves

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha declarado tras devolver en horas 24 la presidenta de la Junta las competencias en materia de adjudicación de viviendas a la Consejería de Fomento -a raíz de la crisis provocada por la corrala Utopía- que la actuación de este Departamento había sido completamente legal al ajustarse al Reglamento de Viviendas Protegidas y a la ley Antidesahucios de Andalucía. Sin embargo, la aplicación de esta última ley está suspendida por el Tribunal Constitucional después de que fuera recurrida por el Gobierno de Rajoy, por lo que IU invoca una norma que a todos los efectos es como si no existiera.

La primera dificultad, por tanto, para tratar de comprender las razones de PSOE e IU en el conflicto político desatado tras el desalojo y posterior reparto de llaves de viviendas protegidas a okupas de la corrala Utopía es ver el marco jurídico en que se produce y cómo lo interpreta cada socio del Gobierno andaluz para justificar su posición y presentarse como  vencedor en la disputa, aunque oficialmente mantengan que no ha habido ni vencedores ni vencidos: cada uno toma la parte del todo que le interesa, amparados en la selva de disposiciones sobre vivienda, suelo y urbanismo aprobadas en la historia reciente de Andalucía.

CORPUS LEGISLATIVO

Podríamos remontarnos a la ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, que data del año 2005. Esta ley modificó tres anteriores, aprobadas entre 1995 y 2002 (incluida la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), pero a su vez fue modificada luego por cuatro leyes y dos decretos-leyes, que versaban, entre otros, sobre urbanismo, comercio interior, viviendas protegidas y suelo y función social de la vivienda.

Con cada nueva norma se introducen artículos nuevos, se deroga parte de los anteriores, se introducen modificaciones, se hace referencia sólo a una parte del corpus legislativo anterior y se sobreentiende que el resto sigue vigente….En esta maraña legal y administrativa, que sólo pueden desentrañar los iniciados en la materia, es fácil que el PSOE y sobre todo IU encuentren un resquicio para avalar sus tesis sobre la ilegalidad o la legalidad de las actuaciones en el caso de la corrala Utopía.

La cuestión clave a dilucidar es cómo funciona o debe funcionar el sistema de adjudicación de viviendas protegidas en Andalucía. En este sentido, creemos que hay que remitirse al decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, y el decreto 1/2012, de 10 de enero, regulador de los Registros Municipales de Vivienda Protegida, que modifica y amplía el primero.

EL REGISTRO, CLAVE

En síntesis, estas normas establecen que todo andaluz que por sus circunstancias quiera acceder a una vivienda protegida deberá inscribirse en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Estos registros se consideran instrumentos básicos porque permiten conocer el número total de demandantes en cada municipio de Andalucía (y por extensión en toda la región) y el perfil de los solicitantes, para que así, coordinados por la Consejería responsable de la Junta, los ayuntamientos elaboren sus propios planes municipales de vivienda y suelo. Éstos comprobarán los datos de los solicitantes antes de inscribirlos en el Registro, así como la modificación y actualización de los mismos.

Tras los cambios introducidos por el decreto 1/2012, de 10 de enero, el artículo 13 especifica las excepciones a la obligación de adjudicar las viviendas mediante el Registro Municipal de Demandantes, pero siempre respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad (los Registros deberían tener carácter público) y concurrencia. Este artículo es clave porque es al que se agarra IU para justificar su proceder con la corrala Utopía. Estas son las excepciones que refleja:

1) Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Sería el caso, por ejemplo, de los implicados en las operaciones de regeneración urbanística de Regiones Devastadas (Nuevo Amate) y Los Pajaritos, en Sevilla. Los desalojados de sus casas por las demoliciones previstas para rehabilitar esos barrios pueden saltarse el Registro Municipal o el orden en el que figuren en el mismo.

2) Familias en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

3) Adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.

Según el Decreto, estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.

NÚMERO DE INSCRITOS

Aunque han circulado cifras diversas, los datos más recientes y verosímiles sobre la situación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en Sevilla al estallar la polémica por la corrala Utopía serían los siguientes: 12.352 personas/familias inscritas, de las que 800 necesitarían viviendas sociales de bajo precio y 388 estarían en un riesgo de exclusión social al menos similar al invocado como razón por los okupas de la corrala Utopía para dar la patada en la puerta del inmueble de Ibercaja en la Avenida Juventudes Musicales y ocuparlo ilegalmente durante casi dos años, hasta su desalojo policial por orden judicial y tras fracasar sus recursos ante la Justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A raíz del desalojo policial y la acampada ante el Ayuntamiento, se inicia el baile de cifras. La Consejería de Fomento dice que son 22 las familias desalojadas (luego se hablará de 17), anuncia que cuenta con 6 viviendas disponibles para ofrecérselas y exige que el Ayuntamiento aporte 16 de las suyas para solucionar el problema. Ante la negativa del Consistorio a saltarse la lista de demandantes inscritos en el Registro, Fomento publicita la entrega de las llaves de diez viviendas a otros tantos okupas y el alquiler don fondos públicos de 12 viviendas en el mercado libre para los restantes.

LA ORDEN JUDICIAL

Para justificar su actuación, Fomento se ampara en la misma orden judicial de desalojo, en la que la juez obligaría a “proveer lo necesario para atender a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Pero el texto del mandato judicial no obliga necesariamente a entregar una vivienda protegida a, ni mucho menos, todos los okupas y en detrimento de las 388 familias también en riesgo de exclusión e inscritas en el Registro, sino, por extensión, a proporcionarles un techo o, como se dice ahora, una solución habitacional. En este sentido, el Ayuntamiento había ofrecido durante las negociaciones con Fomento e Ibercaja desde hostales hasta el albergue municipal, soluciones que fueron rechazadas, quizás porque el objetivo de los okupas fue siempre conseguir la victoria que significaba la obtención de una vivienda, no de un alojamiento.

Y ese triunfo real, e incluso con mayor valor simbólico por el mensaje que transmitía a la opinión pública, es el que les otorgó la Consejería de Fomento con la entrega de llaves de las viviendas tras interpretar de esa forma el mandato judicial pero omitiendo que en el Registro de los 12.351 inscritos había 388 en igual situación que los okupas y con años de espera sin dar la patada a puerta alguna.

RETIRADA DE COMPETENCIAS

Susana Díaz, presuponiendo ilegalidad en la actuación, además de ordenar una investigación interna (de cuyos resultados nada se ha dicho, si es que se emprendió siquiera) reaccionó con un decreto por el que retiró las competencias en adjudicación de viviendas protegidas a la Consejería de Fomento. Hasta tal punto confunde la maraña legal de la Junta en materia de vivienda y urbanismo, que la presidenta invocó una norma y un artículo anticuados (decreto 149/2006, de 25 de julio y su artículo 12), superados por otro más reciente y que parecía ignorar (decreto 1/2012, de 10 de enero, artículo 13). Para justificar su decisión, Susana Díaz declaró: “Quien ocupa ilegalmente una vivienda no puede tener más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pase realmente mal”.

Veinticuatro horas después, sin embargo, y tras dos días de frenéticas negociaciones a todos los niveles entre PSOE e IU para evitar que el Gobierno de coalición saltase por los aires, la presidenta firmó otro decreto restituyendo las competencias a Fomento (IU).

El secretario de Organización del PSOE (A), Juan Cornejo, defiende la medida tras el pacto alcanzado entre los dos partidos, ya que en su opinión supone el cumplimiento de “la legalidad y la igualdad de oportunidades con la anulación de nueve realojos no justificados”.

SITUACIÓN REVERTIDA

Así pues, según la última versión oficial, de los 22 desalojados, 5 han renunciado a un alojamiento (¿dónde radicaban entonces las razones de urgencia y su riesgo de exclusión?), el de 9 ha sido suspendido (aunque IU sostiene por las redes sociales que sigue buscándoles una solución a cargo de la Junta) y 8 se quedan con las llaves de las casas hasta que los Servicios Sociales del Ayuntamiento ratifiquen su situación y acrediten de forma fehaciente su riesgo de exclusión social.

El Consistorio ha comunicado que no ha recibido ninguna petición oficial de emitir nuevos informes y que de los desalojados de la corrala Utopía sólo dos estaban baremados para una vivienda social, pero en los puestos 100 y 122. De los otros seis no da noticia siquiera.

Por tanto, ocho okupas han conseguido de Fomento una vivienda gracias a su patada en la puerta, sin los previos (que no posteriores) informes sociales que exige la ley y saltándose a 100 excluidos que tenían por delante en el Registro, pese a lo cual Susana Díaz ha devuelto las competencias a la Consejería con la tesis socialista de que se ha restablecido la legalidad.

Torres de 30 metros en Altadis

El Consistorio permitirá a la empresa erigir dos edificios separados de 7 y 8 plantas

El Ayuntamiento podrá construir otros dos, pero con menor edificabilidad

La ejecución del proyecto podría iniciarse dentro de dos años tras los trámites

 
El proyecto de convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y Altadis para la reutilización de la abandonada fábrica de tabaco de Los Remedios prevé la demolición de toda la factoría, salvo la capilla de Las Cigarreras y del edificio central (oficinas y archivo histórico) y la construcción de tres nuevos inmuebles: dos para Altadis y uno para el Consistorio. Este tendrá además la posibilidad de aplicar 8.000 m2 de edificabilidad lucrativa en la zona de oficinas del edificio central, con una altura máxima de 27 metros.

Técnicamente, el documento firmado por el alcalde con Altadis no es un convenio urbanístico, sino un mero proyecto o declaración de intenciones, que si no se materializa no supone obligación alguna para el Ayuntamiento ni tampoco genera derechos a la multinacional, tal como se recoge expresamente en la cláusula octava del texto. Asimismo, se remite al artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que los convenios (y éste aún no lo es) “en ningún caso vincularán a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades”.

No obstante estas salvedades y referencias legales, en sus 15 folios y planos se entra en unos niveles de detalle sobre la futurible ordenación de los suelos que en realidad corresponderían a un Plan de Reforma Interior o Peri, y de alguna manera se preconfiguran expectativas a la propiedad.

 

LOS OBJETIVOS

El pacto urbanístico trata de justificarse por una “innovación” del PGOU de 2006, cuando en realidad se trataría de una modificación estructural del mismo, dado el alcance de la recalificación, reparcelación y altura de las nuevas edificaciones proyectadas (dos torres de 30 y 27 metros de altura para Altadis).

También se dice que su objetivo es “incorporar funciones productivas” a ese espacio, cuando teóricamente ya existen por estar ocupado por todo un complejo fabril, pero se obvia así la espinosa cuestión de por qué no funciona desde hace un decenio, tras la deslocalización de la actividad fuera de Sevilla y el despido de toda la plantilla. Asimismo, se alude a la necesidad de dotar de equipamientos y espacios libres a Los Remedios y de permitir usos lucrativos de restaurantes, hoteles y complejos deportivos y de ocio para la margen derecha del río, ya en buena parte ocupada por las concesiones otorgadas a clubes deportivos privados sobre el dominio público.

Tras la prevista demolición del complejo industrial, salvo del edificio central y la capilla cedida a las Cigarreras, Altadis obtendrá 31.000 m2 de edificabilidad de uso terciario (oficinas, comercios, hoteles…), cuando actualmente tiene un total de 13.254 m2 de uso industrial construidos. Esta superior edificabilidad con otro tipo de uso la podrá repartir en dos inmuebles de nueva construcción, en el suelo más cercano al puente de Los Remedios, con ocho y siete plantas y una altura de 30 y 27 metros, respectivamente, frente al Paseo de las Delicias.

Altadis no da a la ciudad más de lo que le exige la ley por cesiones para lucrativo, zonas verdes y dotaciones, por lo que el Ayuntamiento tendrá que asumir los costes de desarrollarlas (incluida la instalación del museo del que se habla), salvo el de la urbanización del suelo, que asumirá la multinacional en todo el complejo. No se mejora, pues, el marco legal existente pese al historial de Altadis en su relación reciente con Sevilla, uno de los reproches fundamentales que hace la oposición. Esta ya ha planteado que la multinacional revierta parte de los beneficios que obtenga con la venta de los suelos.

EL TERCIARIO MUNICIPAL

Los 8.266 m2 de edificabilidad terciaria que obtiene el Consistorio le permitirán construir un nuevo edificio de dos plantas (1.000 m2) junto a los clubes deportivos, y aplicar los 7.266 m2 restantes en la zona de oficinas del actual edificio central, que no se derriba. Ahora bien, para ello tendría que llegar hasta las siete plantas y los 27 metros de altura, con el consiguiente impacto visual sobre un inmueble protegido, que en tal caso quedaría empotrado entre tres torres que modificarían el paisaje de la margen derecha del Guadalquivir.

Por otra parte, dado que los 7.266 m2 de edificabilidad lucrativa para el Ayuntamiento se han asignado sobre los actuales 957 m2 de la zona de oficinas del edificio central y éste tiene 3.367 m2 construidos, de detraérse el uso terciario, sólo quedarían 2.419 m2 para dotaciones destinadas a Los Remedios en este inmueble.

El proyecto de convenio urbanístico prevé la construcción de un aparcamiento subterráneo para dar servicio a los futuros edificios y del que no se dan más detalles, salvo el establecimiento de una servidumbre de paso de vehículos por el subsuelo de la parcela pública (posiblemente se refiera a la EL-3).

Los plazos acordados para la ejecución son tales que aunque algunos trámites urbanísticos se aceleren o simultaneen, en el mejor de los casos se precisarán al menos dos años de ‘papeleo’ para empezar a acometer su ejecución. Su materialización podría situarse en el segundo tramo del próximo mandato municipal.

Altadis. Los plazos

 Actuación                                                                                       Plazo máximo

-Firma del convenio definitivo                              4 meses (31 julio 2014)

-Modificación del PGOU y                                      3 meses tras la entrada en vigor

aprobación inicial                                                  del convenio urbanístico

-Redacción del planeamiento                                6 meses, tras la aprobación

por el Ayuntamiento                                             definitiva modificación del PGOU

 

-Proyecto de urbanización                                     6 meses a partir de la aprobación

por Altadis o terceros                                            definitiva del PERI

 

-Ejecución de las obras                                          18 meses desde la aprobación del

de urbanización                                                     proyecto de urbanización

 

-Proyecto de reparcelación                                    6 meses desde la aprobación PERI

NOTA.- El convenio quedará resuelto y sin efecto alguno si sus términos no se cumplen en el plazo de dos años después de la tramitación y, en su caso, aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización.

 

El convenio con Altadis y su traslación al Plano

 Parcela           Uso                 m2 suelo        edificabilidad                       Nº plantas     Altura

 

ST-1        Terciario                5.487             23.000 m2                                1+7                30 m.

para Altadis

 

ST-2        Terciario                   723                1.000 m2                              1+1                  5 m.

para Consistorio

 

ST-3         Terciario                 957                 7.266 m2                                  7                   27 m.

para Consistorio

 

ST-4         Terciario                2.005                 8.000 m2                                7                    27 m.

para Altadis

 

TOTAL  Terciario                                          39.266 m2

 

 

S-1      Interés público           833             Parcela nueva

y social (SIPS)

 

S-2      SIPS                           1.826             Parcela capilla Cigarreras. Se conserva

 

S-3      SIPS                           3.546             Parcela edificio principal. Se conserva

 

TOTAL  SIPS                        6.205 m2

 

 

EL-1      Espacio libre           3.673             Ribera del río Guadalquivir

 

EL-2      Espacio libre           4.440             Plaza de la Tabacalera

 

EL-3      Espacio libre           2.420             Plaza Manuel Ferrand

 

EL-4      Espacio libre           5.052             Ampliación Jardines Los Remedios

 

TOTAL  Espacios libres      15.585 m2

 

Viarios peatonales             4.476 m2

 

NOTAS.-

 

1)   Se construirá un aparcamiento bajo rasante que no computa en edificabilidad pero que no se define aún, salvo una servidumbre desde las zonas de dominio público.

2)   En la parcela ST1 Altadis o terceros podrán construir  un nuevo edificio tras demoler el actual (almacén e instalaciones) , sito al Sur del edificio central.

3)   En la parcela ST2 , el Ayuntamiento podrá construir un edificio junto a los clubes deportivos tras la demolición del destinado a viviendas sito delante de la capilla de las Cigarreras.

4)   En la parcela ST3, el Ayuntamiento obtendrá una edificabilidad lucrativa de 8.000 m2 en la parte del edificio central (no se derriba, por estar protegido) que actualmente ocupan las oficinas y con posibilidad teórica de ocupar 7 plantas con 27 metros de altura máxima.

5)   En la parcela ST4  Altadis o terceros podrán construir un nuevo edificio tras la demolición del actual, el más cercano al puente de Los Remedios y ocupado ahora por un almacén e instalaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metro: la hora de Zoido

El día 2 de abril se ha cumplido  el quinto aniversario de la puesta en servicio de la línea 1 del Metro de Sevilla, que en este quinquenio ha transportado a 67 millones de viajeros en números redondos y que se ha demostrado viable económicamente, ya que en caso contrario no se habría producido la reciente venta de las acciones de la sociedad promotora inicial al grupo Globalvía (Bankia más FCC).

Como su nombre indica, la línea 1 es sólo una parte de una red mucho más amplia compuesta por tres más. Sólo cumple parcialmente su función de vertebradora urbana, ya que bordea el casco antiguo sin penetrar en su interior (la función principal de los suburbanos es la de permitir el acceso a los centros de las ciudades de forma limpia y rápida como alternativa a un cada vez más restringido tráfico privado), con casi 8 millones de usuarios, seguida de las de San Bernardo y Nervión, con casi 6 millones cada una.

En puridad, los desplazamientos metropolitanos (entre los términos municipales ajenos al de Sevilla) sólo suponen el 27,5% de los viajes, mientras que los que se realizan en el ámbito de Sevilla capital (trayecto Blas Infante-Universidad Pablo de Olavide) equivalen al 72,5%.

FALTA DE CONEXIONES

Tanto por su falta de conexiones con otras líneas equivalentes y pendientes de construcción y con los Cercanías de Renfe, como por efecto de la crisis económica, el tráfico de pasajeros de esta línea 1 se ha estancado en torno a los 14 millones anuales después de que alcanzara su cifra máxima en 2011, con casi 15 millones.

Parece, pues, claro que con una sola línea el Metro sevillano ha tocado techo y/o que su margen de crecimiento mediado un cambio de coyuntura económica más favorable no es muy amplio mientras su ámbito de influencia siga limitado a las 200.000 personas actuales.

Obviamente, esta circunstancia no pasó inadvertida en su momento a los técnicos, que diseñaron una red con un total de cuatro líneas, con el fin de ampliar el área servida por este medio de transporte a unas 400.000 personas más cruzando la ciudad de Norte a Sur (línea 3, Pino Montano-Los Bermejales) y de Este a Oeste (Torreblanca-Isla de la Cartuja) e interconectando estas tres líneas con una cuarta de carácter circular por el perímetro del Casco Antiguo.

Los proyectos constructivos de las tres líneas pendientes están redactados desde el año 2011, con un coste conjunto estimado inicialmente de unos 3.700 millones de euros, frente a los 658 millones que oficialmente costó la primera.

EFECTOS DE LA CRISIS

Como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, una crisis económica ha frenado este plan de vertebración de la ciudad a través del transporte suburbano, cuyos orígenes sobre el papel datan de la Ley del Metro de 1975. En casi 40 años sólo se han construido 18 kilómetros en números redondos, frente a los 293 kilómetros de que dispone Madrid y los 123,5 kilómetros de Barcelona.

La exigencia de reducir el déficit público conforme a las directrices de la Unión Europea se ha traducido en Andalucía en mínimas inversiones en infraestructuras, hasta el punto de que en el otoño de 2012 la consejera de Fomento, Elena Cortés, confirmó oficialmente el parón a los proyectos constructivos de Sevilla al declarar que no quería engañar a nadie con infraestructuras “que no se pueden hacer”.

El frenazo no sólo afectó a las tres líneas diseñadas, sino incluso a infraestructuras en avanzado estado de construcción, como ha sido el caso del tranvía de Alcalá de Guadaíra, en el que la Junta ha invertido 73 millones de euros y para cuya conclusión integral (señalizaciones y otros elementos y no sólo las vías) se precisan 80 millones que la Consejería de Fomento no está en condiciones de desembolsar. Por tanto, si no hay ni 80 millones para un tranvía donde ya se han enterrado 73 millones, parece utópico esperar que el Gobierno andaluz pueda destinar los 1.000 y pico de millones que como promedio cuesta cada una de las tres líneas pendientes del Metro de Sevilla.

EL RETO DE ZOIDO

Ante esta situación de obligada parálisis, Zoido compareció a finales de noviembre pasado junto con el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y el portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, para anunciar su compromiso de ir de la mano de la Junta de Andalucía con el fin de, “aprovechando la confianza y garantía que despierta el Ayuntamiento, buscar inversores privados que posibiliten la construcción de la red completa del Metro”.

Zoido abundó en tal propósito en los siguientes términos: “Un Metro en Sevilla es muy atractivo, siempre que no pase lo que con la línea 1: el proyecto que se presentó y el que se terminó no se parecían en nada. Con un proyecto serio podemos transmitir confianza para que vengan a invertir aquí”.

En los cuatro meses transcurridos desde entonces se ha ido perfilando un nuevo escenario.

El avance en la ejecución de los metropolitanos de Málaga y Granada, que podrían inaugurarse este mismo año, supone la remoción de un obstáculo político ante un posible nuevo ciclo inversor en las futuras líneas de Sevilla, ya que en esas capitales se habría tomado como un agravio comparativo el inicio de más obras en la capital de Andalucía antes de que se terminaran sus propias líneas. Una vez rematadas éstas y tras un lapso de cinco años, Sevilla volverá a estar la primera en la línea de salida para una segunda vuelta en cuestiones de Metro.

APARECE GLOBALVÍA

La compra de Globalvía del 88,23% de las acciones (el resto sigue estando en manos de la Junta, que no ha vendido su parte) del Metro de Sevilla que controlaban ACS, Sacyr, CAF y Gea 21 por 177 millones de euros y con buenas plusvalías para los vendedores, iba en consonancia con las palabras de Zoido de que el suburbano hispalense podría ser muy atractivo para el sector privado.

Esos inversores pasaron de potenciales a reales pese a la crisis existente. La mejora de la confianza y del crédito bancario podría animar a otros a apostar por la ejecución de líneas pendientes siempre que la Junta levantara su tácito veto a un modelo de cooperación público-privada después de los sobresaltos sufridos (por falta de proyecto técnico previo) durante la construcción de la línea 1.

El veto ya es imposible de justificar después de que el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, confirmara durante las Jornadas ‘Movilidad, ciudad, sociedad’, organizadas por el 5º aniversario del Metro, que la Junta había negociado con los anteriores accionistas de la sociedad Metro de Sevilla -y espera poder hacerlo con los nuevos- la posibilidad de que se hicieran cargo de la conclusión del tranvía de Alcalá de Guadaíra para conectarlo con la línea 1 en la Universidad Pablo de Olavide y ampliar así su mercado potencial en 80.000 usuarios.

INICIATIVA POLÍTICA

Si la Junta pide financiación al sector privado para el tranvía de Alcalá, y además carece de recursos propios, no tiene sentido que se niegue a la pretensión de Zoido -que además le ha ofrecido ir de la mano- de buscar inversores privados para construir las tres líneas pendientes del Metro hispalense.

Por ende, el viceconsejero de Fomento invitó en esas mismas jornadas de Movilidad a que sea el Ayuntamiento el que tome la iniciativa política de reactivar el debate sobre el futuro del Metro convocando la comisión tripartita Consistorio-Junta de Andalucía-Estado, acordada por unanimidad (PP-PSOE-IU) en el Pleno municipal celebrado el 28 de septiembre de 2012.

La pelota está ahora en el campo de Zoido, que si recoge el guante lanzado por el viceconsejero, tiene la oportunidad de convocar al resto de Administraciones para ir de la mano en pos de esos inversores privados que, según sus propias palabras, encontrarían “muy atractivo” apostar por el Metro de Sevilla.

 

Sevilla capital bate un nuevo récord al llegar a los 91.925 parados

El desempleo afecta a 245 personas más al finalizar el mes de marzo de 2014

Ahora hay en la ciudad 888 parados más que hace un año

Casi 2.000 parados menos en la provincia, donde se registran 258.051

 
Si Febrero de 2014 ya fue un mes catastrófico para el empleo en Sevilla capital, al registrarse el peor dato de paro de todos los febrero desde que estalló la crisis económica hace seis años, el de marzo ha sido aún peor al batirse todos los registros. Según los datos oficiales de paro registrados en las oficinas del Servicio de Empleo, antiguo Inem, y divulgados por el Ministerio que dirige la onubense Fátima Báñez, en la ciudad hay ahora 91.925 desempleados. La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que en la provincia se ha invertido la tendencia y el desempleo ha disminuido, aunque aún afecta a la friolera de 258.051 personas, el equivalente a dos veces la población de Dos Hermanas.

Los 91.925 parados registrados en marzo en Sevilla capital son la peor cifra que se recuerda y por lo tanto suponen un nuevo récord negativo que supera al alcanzado en febrero y que parecía la peor cota posible antes de la llegada de la primavera, que con las grandes fiestas populares en ciernes de la Semana Santa y la Feria de Abril siempre da un alivio a las estadísticas. Así ocurrió, por ejemplo, el año pasado, donde en marzo se inició una disminución del paro que duró seis meses consecutivos, hasta agosto.

 Ahora, por el contrario, el paro no ha descendido en este mes de marzo, sino que ha subido hasta el peor de los registros recientes y culmina de momento la peor serie de los últimos tiempos, con cuatro meses consecutivos de incremento del desempleo desde el mes de diciembre y pese al efecto económico entonces de la Navidad. En tres de estos cuatro meses negativos consecutivos se han contabilizado cifras por encima de los 90.000 desempleados.

 Ni siquiera queda el consuelo del dato interanual, esto es de marzo de 2013 a marzo de 2014, como indicador de que en el balance global el paro ha evolucionado a mejor acorde con las mejores expectativas para la economía nacional y los supuestos brotes verdes. En el último año el balance es de 888 parados más, con lo que Zoido afronta las vísperas de su último año de mandato antes de las próximas elecciones municipales con 15.236 desempleados más que cuando tomó posesión de la Alcaldía.

 En los tres años que lleva Zoido como alcalde se han registrado cinco meses con más de 91.000 parados: noviembre de 2012 (91.627); febrero de 2013 (91.398); marzo de 2013 (91.037); febrero de 2014 (91.680), y el pasado mes de marzo (91.925).

Por primera vez en mucho tiempo, el paro ha bajado entre los hombres, ya que los 42.339 desempleados son 47 menos que el mes pasado, pero este descenso es anulado y superado por la crecida del número de desocupadas entre las mujeres, ya que ahora 49.586 se encuentran en esta situación de demanda de trabajo ( + 292).

Por sectores, se repite, con distintas cifras, el cuadro del mes anterior, ya que de nuevo se incrementa el nivel de ocupación en la Industria y en la Construcción y baja en el resto, que son los que con sus peores datos contribuyen a la subida general del paro en la ciudad. El número de parados y su evolución en relación con el mes anterior es el siguiente:

 -Agricultura: 1.436 parados ( + 39).

 -Industria: 6.095 ( – 143).

 -Construcción: 9.006  (-93).

 -Servicios: 62.760 ( + 127).

 -Sin empleo anterior: 12.628  (+ 315).

 Un mes más, los Servicios y el colectivo Sin empleo anterior se erigen como los grandes reductos de las bolsas de paro en la capital de Andalucía. Destacan esas más de trescientas personas que tratan de incorporarse al mercado de trabajo por primera vez sin hallar ninguna salida.

Si en febrero el paro creció en todos los grupos de edad, sin las excepciones de meses anteriores, hemos vuelto en marzo a la tónica anterior, con una gráfica que refleja dientes de sierra: grupos donde el paro crece y otros en los que baja. Y en el mes pasado se ha invertido la tendencia, porque en líneas generales el paro ha afectado más a los colectivos jóvenes que a los de edades superiores a los 50 años. Incluso ha bajado el desempleo entre quienes tienen entre 50 y 54 años. Por el contrario, ha crecido de forma significativa entre los más jóvenes, lo cual no deja de ser preocupante, porque ello equivale a cerrarles las puertas del futuro. Como dato harto significativo, ha habido más nuevos parados entre los menores de 20 años que entre los mayores de 55.

El desglose por edades es el siguiente: menores de 20 años, 1.542 parados (+78); entre 20 y 24 años, 7.357 parados (+ 108); entre 25 y 29 años, 9.747 (+ 6); entre 30 y 34 años, 10.996 (-19); entre 35 y 39 años, 12.137 (-11); entre 40 y 44 años, 11.774 (-5); entre 45 y 49 años, 12.669 (+27); entre 50 y 54 años, 11.082 (-21); entre 55 y 59 años, 9.090 (+75), y mayores de 59 años, 5.531 (+7).

DATOS DE LA PROVINCIA

En contraste con la capital, el número de parados ha bajado en el conjunto de la provincia en 1.881 personas, hasta situarse en 258.051.

El descenso del paro beneficia tanto a hombres como a mujeres, aunque en bastante menor medida a estas últimas. Ahora hay 123.392 hombres desempleados (-1.686) y 134.659 mujeres ( -195).

Salvo el colectivo Sin empleo anterior, la disminución del paro se nota en todos los sectores productivos, como muestra el siguiente desglose: Agricultura, 15.844 parados (-281); Industria, 21.066 parados (-469); Construcción, 34.510 (- 1.007); Servicios, 156.070 (-707), y colectivo Sin empleo anterior, 30.561 (+583).

La evolución interanual también es positiva, ya que entre marzo de 2013 y marzo de 2014 se ha registrado en la provincia de Sevilla un descenso del número de parados en 5.992 personas.

 

Los directivos de las empresas municipales cobraron un 4,05% más de media en 2013

 

El mayor incremento se registró en Tussam, con un 8,86%

 

En cifras absolutas, Emasesa lidera la tabla, con 10.280 euros más

 

Mercasevilla es la única con bajada mínima de retribuciones, 97 euros

 

Los directivos de las empresas municipales percibieron en conjunto durante el año 2013 un total de 812.257 euros, 31.622 más que en el ejercicio anterior, lo que significa un incremento medio del 4,05%, según la comparación entre las cuentas de los dos últimos años. El último Pleno debatió una propuesta para limitar los sueldos de la alta dirección al mismo nivel de lo que cobra Zoido como alcalde (59.831 euros, que no percibe del Ayuntamiento, sino como parlamentario andaluz), pero el tema quedó aparcado hasta que el Gobierno de la nación no fije al respecto topes en los Presupuestos Generales del Estado.

La ley de Reforma de la Administración Local obliga a clasificar las empresas municipales en tres grupos diferentes atendiendo a criterios como su volumen de negocio y número de trabajadores para, a partir de ahí, fijar una cifra máxima de consejeros y de directivos, con el fin de recortar gastos y ahorrar a las arcas públicas.

Aprovechando la obligada reducción de casi un 20% de media de miembros de los Consejos de Administración que debía aprobar el Pleno, la oposición suscitó un debate añadido para reducir la retribución de los directivos de las sociedades municipales, que a su juicio es también preceptiva conforme a la Reforma Local pero que el grupo del PP entendió supeditada a la futura ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que la propuesta finalmente no se aprobó.

Al hilo de este debate, recurrente en el tiempo (la oposición ha planteado en diversas ocasiones que el techo salarial en el Ayuntamiento lo marque el sueldo del alcalde para que no lo supere ningún director-gerente de empresa municipal), un análisis comparativo de las cuentas, informes de gestión y memorias de las sociedades públicas sevillanas en los ejercicios de 2012 y 2013 refleja que la retribución global de sus directivos no sólo no ha bajado ni se ha contenido, sino que se ha incrementado en una media del 4,05% al pasar de 780.635 euros a 812.257 (+ 31.622).

La evolución ha sido la siguiente:

-Tussam: Pasó de 92.500 euros en 2012 a 100.700 en 2013 ( 8.200 euros más, un 8,86%).

-Lipasam: De 93.807 euros a 97.333 (3.526 más, un 3,75%).

-CEMS (personal asignado de Tussam): De 87.163 a 88.773 (1.610 euros más, un 1,84%).

-Emvisesa: De 105.336 a 113.439 (8.103 euros más, un 7,69%).

-Emasesa: De 136.770 a 147.050 euros (10.280 euros más, un 7,51%).

-Mercasevilla: La única donde ha bajado, aunque de forma casi simbólica. De 265.059 euros a 264.962 (97 euros menos, un -0,03%).

Hay que reseñar que estas cifras se refieren exclusivamente al personal de alta dirección, sin incluir retribuciones a los miembros del Consejo de Administración. En Tussam y Emasesa se subraya que éstos no perciben remuneración alguna en concepto de dietas por asistencia, al contrario que los de Mercasevilla, que según la documentación oficial existente siguen percibiendo retribuciones de algún tipo por formar parte del máximo órgano empresarial: un total de 3.365,60 euros en 2012 y de 3.197,32 euros en 2013.

RETRIBUCIONES DE MAXIMOS

DIRECTIVOS DE ORGANISMOS

MUNICIPALES

-Emasesa: 134.714,00 euros

-Gerencia Urbanismo 126.233,68

-Emvisesa 113.439,06

-Tussam 100.700,00

-Lipasam  97.333,62

-Agencia Tributaria  91.080,98

-Consorcio Turismo  74.056,97

-Mercasevilla  74.000,00

-Real Alcázar  73.619,70

-Deportes  72.500,00

-Instituto Cultura  55.000,00

El Jardín Americano o la negación de la evidencia

Zoido declaró hace unos días en el curso de una entrevista que le hicieron en una televisión local y contra toda evidencia que el Jardín Americano , uno de los legados de la Expo-92 dependiente ahora del Ayuntamiento, “no se ha abandonado” a su suerte.

Según el regidor, pese a las dificultades económicas existentes, se están invirtiendo 30.000 euros este año y podado y arreglado las especies vegetales que lo componen. Se deduce por sus palabras que el alcalde hace mucho tiempo que no va por la isla de la Cartuja, ya que le bastaría con cruzar la pasarela sobre el río para que comprobara con sus propios ojos la situación del Jardín, se preguntara dónde se han invertido realmente esos 30.000 euros de que habla y se planteara si no cabría exigir su restitución o al menos responsabilidades a la(s) empresa(s) adjudicataria(s) del mantenimiento de los parques y jardines y las zonas verdes de la ciudad.

UN ‘ESTERCOLERO’

Podríamos remitir al alcalde por ejemplo al blog ‘Cultura de Sevilla’, que el 26 de febrero (tres semanas antes de la entrevista televisiva a Zoido) publicó un reportaje titulado ‘De Jardín Americano a estercolero’, en el que incluyó veintidós fotografías que son otros tantos testimonios de los efectos del vandalismo y del abandono en esta joya botánica de la Muestra Universal: paneles informativos pintarrajeados, árboles secos tirados por los suelos, plantas arrancadas o mutiladas, caminos impracticables, ciaboga convertida en un barrizal, aguas estancadas y putrefactas, mobiliario urbano destruido, basura acumulada….

“Las especies vegetales -podía leerse en el reportaje- subsisten como pueden en las diferentes zonas en que se divide el Jardín. Ya apenas quedan paneles explicativos y los únicos que sobreviven son los árboles ya sin mantenimiento; lo que antes eran arriates repletos de plantas y de flores hoy son descampados de tierra. Esto es una auténtica vergüenza. Para tener esto, casi sería preferible que el Jardín Americano jamás se hubiera abierto al público de nuevo, al menos se habría preservado el ecosistema que se creó allí durante años….”.

Los comentarios de los lectores abundaban en esa misma línea. Así, uno de ellos aportaba el siguiente testimonio: “Realmente patético. Paso a diario prácticamente por allí y el abandono es notorio. Además del vandalismo, aquella zona es un botellódromo permitido y consentido por el Ayuntamiento”.

RECONOCIMIENTO DE VÍLCHEZ

Mientras el alcalde sostenía que el Jardín “no está abandonado”, ese mismo día, en el diario ABC, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, reconocía que “no se encuentra en buen estado” y que por ello el Ayuntamiento está desarrollando un plan de revitalización, para recuperarlo. Sin ser consciente de ello, Vílchez estaba contradiciendo a Zoido, porque expresarse en términos de recuperación suponía la admisión de la evidencia negada por el alcalde: el abandono de esta joya botánica, debido al cual los vándalos lo han acabado destrozando con total impunidad.

Según Vílchez, el plan de revitalización del Jardín parte de la constatación de que “en otros espacios verdes de la ciudad que gozan de una intensa actividad ciudadana, los actos vandálicos se han reducido de forma drástica, ya que los ciudadanos entienden ese espacio como suyo”.

El delegado de Medio Ambiente ha adelantado que se piensa en medidas como la inclusión del Jardín Americano en el estudio de seguridad que se está realizando en numerosos parques de la ciudad, más presencia policial los fines de semana en horario nocturno, que es cuando se detectan los actos vandálicos, y en especial cuando se celebran eventos en el Auditorio o el estadio ‘Olímpico’, y la organización de actividades para mantenerlo en actividad constante, no sólo a diario, sino también los fines de semana.

RESTAURADO EN 2010

La situación del Jardín anula la habitual coartada del gobierno municipal de achacar cualquier aspecto negativo a la herencia recibida de la etapa de Monteseirín como alcalde, ya que este espacio emblemático se reabrió tras diecisiete años de abandono en abril de 2010, catorce meses antes de que Zoido tomara posesión como alcalde tras una inversión cercana a los 9 millones de euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por tanto, el nuevo gobierno local recibió esta zona verde totalmente renovada, y aunque tuvo que realizar una primera operación de desbroce y de poda de grandes árboles, la mayor parte de los daños que ahora sufre se han producido durante el actual mandato, por varios errores clave que Vílchez ha sabido diagnosticar con acierto. Por eso mismo se comprende menos aún la contumacia con que se ha perseverado en ellos hasta que la situación ha pasado a ser de dominio público: dejarlo sin actividad ciudadana y sin vigilancia policial.

NATURALIA XXI

El gobierno anterior encomendó a la Fundación Naturalia XXI la gestión del Jardín y firmó convenios con las dos universidades sevillanas para que los estudiantes pudieran realizar allí prácticas botánicas y actuar como guías voluntarios de grupos concertados de visitantes, por lo que en esta zona verde había una actividad más o menos permanente, esa vida que ahora el Ayuntamiento tanto echa en falta.

Sin embargo, la desertización del Jardín la creó el nuevo gobierno a los catorce meses de su toma de posesión, cuando anunció el fin de las ayudas (170.000 euros en dos años) a Naturalia XXI con el argumento de que se producía “un caso claro de duplicidad de gestión”, ya que no era lógico que la Fundación dirigiera el Jardín cuando sus actividades las podía desarrollar el propio Ayuntamiento a través de la Delegación de Medio Ambiente (jardinería) y Lipasam y la Agencia Local de la Energía (educación ambiental).

EXTERNALIZACIÓN

Casi dos años después, el estado del Jardín demuestra que a la duplicidad de gestión al coste de 85.000 euros pero manteniendo al menos en buen estado general este espacio botánico, le ha sucedido la dejación de funciones tras la externalización en favor de empresas privadas (Fitonovo, la implicada en el escándalo de la operación Madeja, entre ellas) del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, sin seguimiento por parte del Ayuntamiento de su actuación.

Por ende, al reducir el Jardín a un mero espacio botánico vacío de actividad ciudadana, educativa y ambiental (la labor que realizaba Naturalia XXI) y, para colmo, sin vigilancia policial, el Ayuntamiento ha propiciado por omisión la actuación de los vándalos, con campo libre, y nos ha retrotraído a la situación anterior a 2010, la de los diecisiete años anteriores de abandono.

La privatización del IMD reporta tres veces menos ingresos

Los Mares, Fundición y San Jerónimo dejaban 975.000 euros bajo la gestión municipal

 

La concesión de estos centros supondrá en la mejor de las  hipótesis 358.000 euros

 

El Consistorio sólo ha previsto un mínimo garantizado por canon fijo de 144.605 euros

El Ayuntamiento obtendrá menos dinero por la privatización de centros deportivos de la ciudad que el que obtenía cuando los gestionaba a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), según refleja un análisis comparado entre las previsiones de ingresos en los Presupuestos municipales del año 2013 para Los Mares, Fundición y San Jerónimo y el estimado en los pliegos y/o contratos administrativos para la concesión de la gestión de estas instalaciones a empresas privadas.

Los centros deportivos de Los Mares, Fundición y San Jerónimo son los tres casos paradigmáticos de la política de privatización de instalaciones del IMD emprendida por el gobierno de Zoido, al pasar directamente y sin opciones intermedias como las Juntas Rectoras a manos privadas mediante concesiones por un periodo de años prorrogable.

A título de ejemplo, el centro de Fundición ha sido adjudicado a una empresa extremeña, Centro Deportivo de Puerta Palma (la cual compitió por la concesión con Campusport y Medios Acuáticos) por un período de 15 años a contar desde el 1 de marzo de 2014, pero con la posibilidad de prórroga hasta los 25 años.

La política del Ayuntamiento ha sido la de establecer un canon fijo anual a las empresas concesionarias, más un canon variable por tramos de facturación, que se va incrementando en porcentaje en caso de que se superen unas cantidades económicas.

Las condiciones no son homogéneas y varían para cada centro, pero en líneas generales el Ayuntamiento impone un canon del 1% cuando la facturación anual oscile entre 1.400.000 y 1.550.000 euros; del 2% cuando oscile entre 1.550.000 y 1.700.000 euros; del 3% cuando esté comprendida entre 1.700.000 y 1.850.000 euros; y de un 4% cuando, según el caso, se superen cifras que van de 1.700.000 euros a 1.850.000.

En ninguno de los planes económicos realizados para cada centro se estima que se alcancen las facturaciones máximas que justificarían el cobro de ese 4%. No obstante, en este informe hemos aplicado la mejor de las hipótesis (el cobro de ese porcentaje) a la hora de hacer una comparación entre la previsión de ingresos por tasas y otros conceptos que figuraba en los Presupuestos municipales de 2013 para cada centro del IMD y la prevista por la privatización posterior de los mismos. Los resultados son los siguientes:

-Los Mares: Los ingresos previstos bajo la gestión del IMD en el Presupuesto de 2013 eran de 260.120 euros. Con la privatización, el Ayuntamiento ingresa un canon fijo anual de 32.841 euros y, en la mejor de las hipótesis por canon variable (un 4% de 1.800.001 euros), 72.000 euros. Total: 104.841 euros. Balance: 155.279 euros menos con la privatización que con la gestión municipal.

-San Jerónimo: Previsión de ingresos en 2013 bajo gestión municipal: 260.130 euros. Con la privatización, un canon fijo de 26.764 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.700.001 euros), 68.000. Total: 94.764 euros. Balance: – 192.000 euros.

-Fundición: Previsión de ingresos bajo gestión municipal en 2013: 454.401,11 euros. Con la privatización, un canon fijo de 85.000 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.850.001 euros), 74.000. Total: 159.000 euros. Balance: -295.401,11 euros.

Así pues, el balance general para estos tres centros emblemáticos es que bajo la gestión del IMD tenían una previsión de ingresos de 974.641,11 euros y que con la operación de privatización pasa a ser de 358.605 euros, por tanto 616.036,11 euros menos  (-271,78%).

Altadis: de no llevarse un duro, a dar el pelotazo

Zoido, que dijo que Altadis no se llevaría un duro de Sevilla tras el cierre de la fábrica de tabacos, le otorga 29.000 m2 de uso lucrativo para comercios y hoteles y un parking de 500 plazas
El alcalde también renuncia al proyecto de ‘Fábrica de Arte Elcano’ y sala de conciertos que propugnó para la antigua fábrica durante la campaña electoral

 

El Ayuntamiento ha filtrado por el procedimiento y a los medios habituales el cierre de un acuerdo con la multinacional tabaquera Altadis para repartirse la edificabilidad de la cerrada fábrica de tabacos sita en Los Remedios, un acuerdo que supone la renuncia de Zoido a los proyectos que apoyó en principio o presentó luego él mismo para este complejo industrial en la margen derecha del Guadalquivir.

En síntesis, Zoido ha pasado de abogar por la expropiación de la factoría para que ésta no se llevara un duro de Sevilla a otorgarle a la multinacional 29.000 m2 comerciales más un parking rotatorio de 500 plazas para que dé su particular pelotazo urbanístico, obviando así que la empresa le dio hace años el portazo a Sevilla al cerrar la fábrica de tabacos más antigua del mundo tras deslocalizar su producción e incumplir su promesa de que compensaría a Sevilla con la construcción de un centro logístico en la provincia.

EL URBANISMO ESPECULATIVO

Durante los años del ‘boom’ inmobiliario, los sevillanos vieron cómo se cerraban empresas de larga trayectoria en la ciudad (Landis, Coca Cola, Uralita) para trasladar la producción fuera del municipio e incluso de la comunidad autónoma, previa obtención de jugosas plusvalías urbanísticas por la recalificación de sus terrenos, que pasaban de industriales a residenciales, sin que revirtiera beneficio alguno y se perdieran además los empleos y las inversiones acumuladas a lo largo del tiempo.

El paradigma de esta casuística fue la fábrica de Uralita en Bellavista, cuyos suelos, una vez recalificados, fueron vendidos por 12 millones de euros para el pelotazo urbanístico de Los Jardines de Hércules, en que se obtuvieron plusvalías valoradas en bastantes dígitos más.

Por éso, cuando en el año 2007 Altadis acabó cerrando su fábrica de tabacos, la más antigua del mundo -con toda la carga simbólica que ello representaba y el mito de Carmen y las cigarreras- por sus casi 400 años de historia, después de haber deslocalizado la producción e indemnizado o trasladado a los dos centenares de trabajadores en números redondos que le quedaban, los grupos políticos integrantes del Ayuntamiento se conjuraron para evitar que Altadis repitiera la jugada de Uralita y anteriores y no sólo se negaron a aprobar una recalificación urbanística, sino que decidieron mantener en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la calificación de la factoría como “de uso industrial singular”.

AVISO A NAVEGANTES

Se enviaba así un mensaje muy nítido a la propia Altadis y a cualquier otra empresa que quisiera especular con sus terrenos a costa de sacrificar el tejido productivo de la ciudad y los empleos al mismo vinculados. A Altadis, de la que entonces se rumoreaba podría estar negociando  la venta de su fábrica, situada junto al río y frente al Paseo de las Delicias y el Palacio de San Telmo, a una gran cadena hotelera internacional por unos 50 millones de euros, se la colocaba en la disyuntiva de hacer negocio con otra actividad industrial o asumir los gastos y las pérdidas de mantener un complejo fabril cerrado y deteriorándose con el paso del tiempo.

¿Qué dijo Zoido al respecto? El hoy alcalde y entonces líder de la oposición municipal se mostró radicalmente contrario a la actitud de la multinacional tabaquera, con estas palabras: “Altadis no se lleva un duro de ahí. No se va a llevar absolutamente nada de ahí porque ha condenado a Sevilla. La vamos a expropiar”.

Esta apuesta por la expropiación la mantuvo también dos años después (2009), cuando el PSOE de Monteseirín trató de buscarle una salida a la situación pactando con Altadis una expropiación y una modificación del PGOU para que el suelo de la fábrica pasara a tener un uso educativo. IU, entonces con Rodrigo Torrijos al frente y temiendo que el pacto implicara la cesión de suelos en otra zona de la ciudad, se negó a alterar el PGOU para mantener así el uso industrial y seguir castigando a la multinacional por su portazo a Sevilla.

Zoido ofreció entonces los votos del PP a Monteseirín “por el bien de Sevilla” y por entender que la expropiación abría la puerta a dotar a Los Remedios de un colegio público, una biblioteca, instalaciones deportivas y un centro de mayores, pero su predecesor en el cargo prefirió no arriesgar el pacto de gobierno con IU y mantener el ‘statu quo’. La factoría de Altadis siguió cerrada y sin uso.

CAMPAÑA ELECTORAL

Durante la campaña para las elecciones municipales de 2011, Zoido perfiló aún más su alternativa para el complejo de cinco edificios de Altadis, con el proyecto denominado ‘Fábrica de Arte Elcano’. Según dijo entonces el PP, había interés de firmas emblemáticas en la gestión de nuevas tecnologías aplicadas a la cultura y el ocio para establecerse en Sevilla mediante un modelo menos tradicional que permitiera generar sinergias entre su actividad comercial y lo creativo, al modo de Apple en Nueva York.

Conforme a ese modelo, el PP planteaba reconvertir el edificio central de la factoría de Altadis en un centro de arte multimedia; otro, en una sala de conciertos; los más cercanos a los clubes deportivos y la Plaza de Cuba, en una especie de centro cívico o de día para mayores y pequeños, y la capilla de las Cigarreras se mantendría igual. No se derribaría ningún inmueble , salvo zonas concretas para abrir calles perpendiculares al río, recuperar la ribera y unirla con una pasarela peatonal al muelle de Nueva York, en la otra orilla. La operación se financiaría otorgando al edificio de Altadis más cercano al puente de Los Remedios una edificabilidad comercial de 7.000 m2, más un parking rotatorio bajo rasante en la parcela contigua de mil plazas.

CONTENIDO DEL PACTO

Ahora, en el acuerdo cerrado con la multinacional y según los detalles filtrados por el gobierno local, Zoido le rebaja las plazas de parking a 500 (el coste de construcción es también más barato), pero a cambio de más que cuadruplicarle el negocio lucrativo con 29.000 m2 de edificabilidad para construir hoteles y/o zonas comerciales y autorizar derribos de todos los inmuebles menos la capilla y el edificio central (18.000 m2), que se quedaría el Ayuntamiento para un museo y un centro de mayores.

El acuerdo supone el certificado de defunción de la Fábrica de Arte Elcano, las sinergias creativas y las nuevas tecnologías para repetir el modelo tradicional, ya intentado sin éxito en la Gavidia: más comercios y/o más hoteles y más aparcamientos rotatorios.

Si el PP abogaba por que el Ayuntamiento se quedara con cuatro edificios del complejo, ahora se reserva sólo dos (uno de ellos, la capilla), y Altadis, la gran beneficiaria del acuerdo, obtiene el equivalente a un centro comercial en el suelo que deje libre la demolición de los tres restantes.

El acuerdo obliga a modificar el PGOU para recalificar los suelos, de industriales a comerciales y de equipamiento. Zoido, que durante tres años ha negociado con la multinacional en secreto y llegado a un acuerdo que mostrar antes de las elecciones, presenta el pacto como esencial para el futuro de la ciudad y pide a la oposición y a la Junta, que deberá ratificarlo, que se sumen al mismo pero sin previamente haberles dado participación alguna en las negociaciones ni información al respecto. Política de hechos consumados y urbanismo de mesa camilla para colocar al resto de los grupos y al Gobierno andaluz en la disyuntiva de dar su pleno apoyo o ser señalados como los enemigos y boicoteadores de los grandes proyectos de Sevilla. ¿De Sevilla o de Altadis?

Sevilla aporta uno de cada tres nuevos parados de las capitales andaluzas

En la ciudad se registran casi 15.000 de los 50.000

desempleados de las grandes urbes desde las municipales

 

Málaga, con el mismo modelo turístico que Sevilla,

tiene ahora cerca de 14.000 parados más que en 2011

 

Porcentualmente, Jaén es donde más ha crecido

el desempleo, y Almería, donde menos

El paro ha subido en todas las capitales de provincia de Andalucía durante el trienio del actual mandato municipal, periodo que se abrió tras las elecciones locales del 22 de mayo de 2011, pero lo ha hecho de forma más acusada en una ciudades que en otras, pese a estar todas gobernadas por el PP. Sevilla lidera la tabla en términos absolutos, con 14.991 nuevos parados, mientras que Jaén lo hace en términos porcentuales, con un + 20,22%.

Tras las últimas elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo de 2011, el PP se convirtió en el partido gobernante en las ocho capitales de provincia de la comunidad autónoma andaluza, un denominador común que podría ser tomado como referencia a la hora de analizar la evolución del paro en este trienio en todas y cada una de estas ciudades, para tratar de discernir qué efectos ha tenido sobre el empleo la aplicación de un modelo de gestión teóricamente similar.

Cuando los ocho alcaldes de capitales de provincia andaluzas tomaron posesión de sus cargos hace casi tres años, en conjunto las grandes urbes de la región tenían 277.922 parados. Hoy, ascienden a 327.925, unos 50.000 más (en concreto, 50.003), un + 17,99%.

Sevilla y Málaga, las dos principales ciudades de la comunidad autónoma, lideran la clasificación en aumento de parados, quizás porque basan sus economías en el predominio del turismo y del sector servicios. Paradójicamente, mientras que Andalucía está obteniendo los mejores registros turísticos de su historia reciente, estos buenos datos no se están traduciendo en creación de empleo para sus dos grandes ciudades y que tienen además en este sector su teórico motor económico, una paradoja que los sindicatos UGT y CCOO subrayan cada vez con más fuerza en los últimos meses y por la que exigen explicaciones a la Junta de Andalucía y a la patronal andaluza.

El paro se ha disparado en Sevilla bajo el mandato de Zoido en 14.991 personas, hasta llegar a los 91.680 desempleados; y también en Málaga, con Francisco de la Torre como alcalde, que ahora tiene 13.744 parados más, hasta un total de 84.065.

Ambas ciudades superan el promedio de incremento en el conjunto de las capitales de provincia andaluzas (+ 17,99%), y un poco más en Málaga (+ 19,59%) que en Sevilla (+ 19,54%).

En términos absolutos, la tercera capital donde más ha subido el paro ha sido en Córdoba, con 7.361 desempleados más, hasta llegar a 46.573 (+ 18,77%).

A partir de aquí, en el resto de capitales los incrementos oscilan entre los 2.133 de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez, y los 3.464 de Huelva, bajo la dirección de Pedro Rodríguez.

Curiosamente, Jaén es la capital donde menos ha subido el paro en términos absolutos (+ 2.094 personas), pero donde más en términos proporcionales (+ 20,22%).

Porcentualmente, Almería es la capital donde el desempleo se ha incrementado menos que en el resto, ya que sus 2.922 nuevos parados suponen un + 12,65%, el menor crecimiento entre las ocho capitales de provincia, demostrativo de que la pujanza agrícola de la provincia más oriental ha servido de mejor defensa ante la crisis económica.

Evolución del paro en las capitales de provincia durante el mandato municipal

Ciudad           Junio 2011                Febrero 2014            Variación                   %

Almería          23.087                       26.009                       2.922                         12,65

Cádiz              15.276                       17.409                       2.133                         13,96

Córdoba         39.212                       46.573                       7.361                         18,77

Granada         25.275                       28.539                       3.264                         12,91

Huelva           17.741                       21.205                       3.464                         19,52

Jaén              10.351                       12.445                       2.094                         20,22

Málaga           70.291                       84.065                      13.774                       19,59

Sevilla            76.689                       91.680                      14.991                        19,54

TOTAL          277.922                    327.925                      50.003                         17,99

 

 

 

La batalla de las Atarazanas

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha calificado el acuerdo al que ha llegado el consejero de Cultura, Luciano Alonso, con La Caixa y con la Fundación Cajasol sobre las Atarazanas como “una falta de respeto” hacia la ciudad de Sevilla, por haberse cerrado “sin que el Ayuntamiento haya tenido ninguna participación”.  No obstante, ha aplaudido cualquier actuación “que pueda beneficiar los intereses de Sevilla, tanto por la rehabilitación y recuperación de este espacio como por su incorporación como área museística, constituyéndose en motor de atracción turística”.

¿En qué quedamos? Zoido, que parece haber desarrollado una fijación por los antiguos astilleros medievales, no se percata de que incurre en una contradicción cuando, por una parte, critica el abandono al que tiene sometido desde hace años la Junta de Andalucía el monumento al ser de su exclusiva competencia (hasta el punto de enviarle inspectores de la Gerencia de Urbanismo a examinar su estado por no someterse a la ITE desde el año 2009), y, por otra, le reprocha que cierre por fin un acuerdo para su rehabilitación y puesta en valor para la ciudad en el ejercicio de esas mismas competencias exclusivas, en virtud de las cuales al Ayuntamiento no le corresponde papel alguno más allá del que por lealtad o cortesía institucionales quiera otorgarle la Consejería de Cultura.

MISIÓN CUMPLIDA

Curiosamente, el alcalde olvida que el consejero de Cultura no ha hecho más que cumplir con un emplazamiento del propio Zoido, aunque con 16 meses de retraso. Y es que cuando en

noviembre de 2012 el alcalde se hizo aquella polémica foto con los directivos de La Caixa, en que bendecía la decisión de la entidad financiera de abandonar las Atarazanas y trasladar su proyecto de Caixaforum a la torre Pelli, hizo unas declaraciones en las que instó al consejero de Cultura a que buscara una rápida alternativa, como responsable del monumento, para que el edificio no siguiera cerrado y deteriorándose.

Luciano Alonso podría contestarle al alcalde que ha cumplido el encargo que aquél le hizo a través de los medios de comunicación y solucionado el problema de la huida de La Caixa a la torre Pelli que provocó el mismo Ayuntamiento con su bloque urbanístico al proyecto arquitectónico redactado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra.

El acuerdo ahora cerrado consiste en la ratificación de la aportación de 10 millones de euros por parte de La Caixa para la restauración del inmueble, como compensación por la retirada del proyecto inicial redactado por Vázquez Consuegra; el libramiento anual de al menos 1,2 millones de euros anuales por parte de la Consejería de Cultura, y la consignación de 200.000 euros anuales por la Fundación Cajasol para la organización de actividades en un espacio que tendrá un contenido americanista, acorde con la historia de Sevilla como puerto y puerta del Nuevo Mundo.

De momento se ha cerrado sólo la financiación, pero el proyecto de restauración y de contenidos del edificio no se ha cerrado aún y no se espera que esté listo hasta finales de primavera o inicios del verano. Será entonces el momento, según el consejero de Cultura, en que la Junta de Andalucía se lo explique a todos los grupos políticos del Ayuntamiento, porque todavía no hay nada que mostrar.

PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN

Zoido también ha olvidado que la petición de protagonismo municipal en las Atarazanas que ahora exige, cuando antes subrayaba que toda la responsabilidad sobre el monumento correspondía a la Consejería de Cultura, no radica originariamente en el gobierno local, sino que obedece a una enmienda adicional socialista a una propuesta presentada por el PP en el Pleno a finales de octubre de 2013. En virtud de aquella enmienda y de aquella propuesta, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, se instaba a un acuerdo tripartito Junta-Ayuntamiento-La Caixa “para la colaboración que se estime conveniente, de acuerdo con las competencias de cada uno para el desarrollo del proyecto”.

Sin embargo, esa colaboración sigue brillando por su ausencia. 

Apenas trascender el acuerdo de financiación cerrado por Cultura, La Caixa y la Fundación Cajasol, el alcalde ha vuelto a las andadas al recordar la misma exigencia urbanística que acabó provocando hace casi dos años la ‘espantá’ de la entidad financiera catalana de los antiguos astilleros medievales: la redacción de un Plan Especial, que puede llevar bastante tiempo y sobre cuya necesidad no existe opinión unánime entre los expertos.

Zoido afirma que “un bien protegido de 800 años y a 200 metros de tres edificios declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares, qué menos que tenga un Plan Especial”. En esta línea, insta al consejero de Cultura a “sentarnos juntos, hacer el Plan Especial y urbanizar el entorno, quitando por ejemplo el asfalto para completar la actuación en la zona”.

EL ASFALTO NO PRECISA PLAN

¿Hace falta acaso un Plan Especial para quitar el asfalto de las calles que rodean a las Atarazanas? El Ayuntamiento tiene la competencia urbanística para reponer o, en su caso, descubrir los adoquines cuando quiera, pero no lo hace. Mientras Zoido aparenta una exagerada preocupación por el entorno de las Atarazanas en su cercanía a los bienes Patrimonio de la Humanidad, lo cierto es que mantiene el asfalto en la calle Dos de Mayo mientras aprueba un gasto de 1,2 millones de euros en retirarlo de la casi paralela calle Almirante Lobo.

El Consistorio está manteniendo una errática y a veces contradictoria política en relación con las Atarazanas: puso tantas trabas urbanísticas al proyecto de Vázquez Consuegra que acabó provocando la marcha de La Caixa a la torre Pelli; Zoido saludó la decisión de la entidad financiera para, quince días después, apoyar en el Pleno una moción socialista en la que se pedía a aquélla  que reconsiderara su decisión; instó a la Junta, a la que había dejado sin el proyecto firmado previamente con La Caixa, a que buscara una solución alternativa cuanto antes, y cuando Cultura lo logra, la acusa de haber actuado a sus espaldas; y tras haber propiciado la marcha de La Caixa y dejado sin financiación las Atarazanas, le pide en el último Pleno municipal una encomienda de gestión del monumento con el argumento de que buscaría patrocinadores para iniciar su rehabilitación.

PATRIMONIO OLVIDADO

Teniendo como tiene el Ayuntamiento numerosos edificios de gran valor patrimonial en la ciudad y asegurado ya al menos un proyecto para los antiguos astilleros por parte de la Junta, lo lógico sería que el gobierno local centrara sus esfuerzos no en convertir las Atarazanas en un permanente ‘casus belli’ político con el Gobierno autónomo, sino en conseguir esos patrocinios a los que ha apuntado para la rehabilitación de otros monumentos como, sin ir más lejos, la antigua Fábrica de Artillería, de propiedad municipal.

Zoido necesita de un gran proyecto que sea el símbolo de su mandato y acorde con lo que él trata de representar, y en este sentido nada mejor que la restauración de la Fábrica de Artillería, que por su inmensidad permitiría a Sevilla disponer de un gran contenedor para todo tipo de usos culturales y con rentabilidad turística. Salvando las distancias, en la recuperación del monumental edificio del barrio de San Bernardo el alcalde podría tener sus propias Atarazanas, el icono de su Alcaldía.