Minigasolineras en Nuevo Torneo, Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla

Urbanismo saca a concurso las dos primeras por un

canon anual de 12.500 euros durante 15 años

El proceso no se somete a información pública ni

estudio previo de impacto

La Gerencia de Urbanismo aprovecha la falta de un Plan Especial de Estaciones de Servicio en la ciudad para aprobar la implantación de cuatro puntos de abastecimiento de combustible o minigasolineras en Nuevo Tornoe (dos), Ronda del Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla, sin realización de estudios previos de impacto ni proceso de exposición pública.

El PGOU vigente, que se aprobó en el año 2006, preveía la elaboración por el Ayuntamiento de un Plan Especial de Estaciones de Servicio para la regulación detallada de las condiciones de implantación del uso pormenorizado de las mismas y de los puntos de suministro de carburante y productos petrolíferos.

Sin embargo, en los ocho años trasncurridos desde entonces Urbanismo no ha cumplido ese mandato, lo cual le permite ahora aprovechar ese vacío para invocar las normas generales, las cuales permiten autorizar gasolineras en solares exprofeso o bien temporalmente, mediante concesión administrativa, en espacios públicos anexos al sistema viario, por un plazo máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.

Esta última fórmula ha sido la elegida por la Gerencia de Urbanismo para la implantación de minigasolineras (máximo de dos surtidores) en los siguientes emplazamientos:

1) Nuevo Torneo. Cruce de las avenidas Astronomía y Espingarda.

2) Calle Economía. Plaza Carlos Franco Pineda (Polígono de la Carretera Amarilla).

3) Nuevo Torneo. Cruce de la Avenida Ronda Tamarguillo con Avenida de San Jerónimo.

4) Ronda del Tamarguillo, entre la avenida de Andalucía y la calle Antonio de la Peña López.

La Gerencia ya ha decidido convocar licitación pública para el otorgamiento de una concesión administrativa sobre los dos primeros, sin proceso de exposición pública ni estudios previos de impacto.

En el caso de Nuevo Torneo, el suelo elegido mide unos 200 m2, se le reconoce una edificabilidad de 12 m2 y se le da un valor de 68.177,44 euros. Se saca a concesión por un periodo de 15 años y a cambio del pago al Ayuntamiento de un canon fijo mínimo anual de 12.800 euros, impuestos aparte.

En cuanto al emplazamiento de la calle Economía, tiene una superficie de 400 m2, un valor de 136.354,88 euros y una edificabilidad y condiciones similares al anterior (15 años y el abono de un canon anual mínimo de 12.800 euros).

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Este nuevo proyecto de la Gerencia de sacar a concurso terrenos calificados como espacios libres para la instalación de minigasolineras o pequeños surtidores automáticos de gasolina sin personal suscitó el rechazo de la oposición durante el debate en el Consejo de este organismo municipal, que acusó a Urbanismo de guiarse por criterios puramente económicos, cuando según el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, “la rentabilidad económica no puede ser el único criterio para la autorización de gasolineras. Son negocios -aseveró- que necesitan un estudio especial por seguridad, por los vecinos y por las actividades que se desarrollen en el entorno”.

A juicio de Muñoz, lo que tiene que hacer el gobierno municipal es aprobar el Plan Especial de Estaciones de Servicio, analizar dónde se pueden instalar y a partir de ahí iniciar los procedimientos para las concesiones y no “buscar la excepción para poder poner gasolineras al

margen de los estudios y procedimientos previos, además con concesiones por un periodo de 15 años”.

“Hay que analizar además -añadió- si el formato más conveniente  para la ciudad son los surtidores automáticos y sin personal. Y, sobre todo, hay que dar la máxima publicidad y transparencia a este tipo de procedimientos para que un negocio o un bloque de vecinos no se enteren de la instalación de una gasolinera cuando empiecen las obras”.

Complicarse la vida (con la zona azul)

El gobierno municipal presidido por Juan Ignacio Zoido se ha empeñado en complicarse la vida a tan sólo diez meses de las elecciones municipales tocándole el bolsillo a cada vez mayor número de sevillanos y por ello, siguiendo la tradición por estas fechas de las Administraciones Públicas, ha aprovechado el verano para aprobar, sin comunicarlo a la opinión pública hasta que no lo destapó la oposición, la ampliación de la ampliación de la zona azul a once calles más de tres sectores distintos (Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia). Son un total de 144 plazas que se unen a las más de 7.000 que ya provocaron rebeliones vecinales en Bami y Nervión, fundamentalmente.

La nueva ampliación fue acordada mediante una resolución firmada el pasado 30 de junio por el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y comunicada a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que se celebró el 4 de julio. En ninguna de las dos fechas se difundió ninguna información al respecto a la opinión pública, pese a tratarse de un asunto de indudable interés ciudadano, dado que se trata de once calles que en algunos casos son muy transitadas y en las que se registra una intensa circulación de vehículos: Eduardo Dato, San Alonso Orozco, José de la Cámara, Trovador, Padre Luque, Ciudad de Ronda, Diego de Riaño, Avenida Carlos V, Doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta, Plaza Aviador Ruiz de Alda y Doctor José María Bedoya.

Curiosamente, el gobierno local sí se esforzó en la víspera de la celebración de aquella Junta de Gobierno, incluso con una rueda de prensa del alcalde y del delegado de Urbanismo, de anunciar la aprobación al día siguiente del inicio de los trámites para recalificar la zona portuaria donde pretende instalarse el proyecto Sevilla Park, aunque sin ofrecer tampoco el dato sustancial de que se trata de un macrocomplejo comercial de 65.000 m2 y procurando que toda la atención se concentrara en un Auditorio para eventos musicales y deportivos que no es más que la guinda del pastel.

EXPLICACIONES ‘A POSTERIORI’

Sólo después de que el martes, cuatro días después de celebrada la Junta de Gobierno, el portavoz socialista, Juan Espadas, informara en rueda de prensa de que habían sido incluidas once calles más en la lista de las declaradas con estacionamiento regulado en superficie sin que hubiera mediado difusión pública por parte del gobierno municipal, el delegado de Movilidad se vio obligado a dar estas explicaciones:

1) No ha habido oscurantismo: “El oscurantismo -afirmó- no existe hoy en día. Pertenece a épocas pasadas en las que el PSOE gobernaba con IU en el Ayuntamiento. Entonces sí que había muchas cosas oscuras”.

2) Se ha aprobado esta medida porque lo han pedido los vecinos. En este sentido puso de ejemplo las 90 plazas creadas entre San Alonso Orozco y Plaza Aviador Ruiz de Alda por petición expresa de los presidentes de comunidades de propietarios, que, según dijo, se dirigieron al Distrito para beneficiarse del abono de residentes.

3) La medida, además, la permite el pliego de condiciones, que en estimación del delegado de Movilidad faculta a corregir al alza o a la baja un 10% del total de las plazas existentes.

PUBLICIDAD PREVIA

Veamos, pues, qué dice realmente el pliego de condiciones del concurso para la zona azul. Así, el artículo 14 especifica: “El adjudicatario (o sea, la empresa municipal en segunda instancia Aussa) deberá efectuar una campaña de publicidad con un mes de antelación como mínimo a la instauración de los nuevos sectores, a la puesta en marcha de los nuevos expendedores, así como a cualquier modificación de las zonas reguladas mediante edición de folletos informativos y anuncios en medios y soportes de forma que quede garantizada su amplia difusión”.

Así pues, cualquier modificación obliga a realizar una campaña publicitaria previa con un mes de antelación, pero en este caso no se ha realizado campaña alguna, pese a lo cual el delegado niega que se haya producido oscurantismo.

En cuanto a la corrección del 10% al alza o a la baja en el número de plazas de aparcamiento en la zona azul, curiosamente tanto el delegado como la oposición hacen una interpretación similar de ese margen de maniobra, que está tratado en el pliego en tres artículos distintos, con este tenor:

-El adjudicatario ( o sea, Aussa) no tendrá derecho a ninguna reclamación por desequilibrio económico por errores en el número de plazas computadas, tanto al alza como a la baja, hasta el 10% del número total consignado.

-(…) el concesionario no tendrá derecho a contraprestación y no se considerará que produce desequilibrio económico hasta un 10% de reducción de plazas respecto al número de plazas de la licitación.

-El concesionario deberá admitir una modificación del número total de horas de los 10 años del contrato del 10%, sin que ello sea causa de desequilibrio económico.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Se observa que estos tres puntos se refieren esencialmente a que la empresa concesionaria del servicio no podrá alegar desequilibrio económico para ser indemnizada en caso de que las plazas se reduzcan, por cualquier causa en un 10% Y parece difícil que reclame por que  le aumenten el número de plazas en ese porcentaje si con ello se van a incrementar sus posibilidades de facturación en forma equivalente.

El delegado toma el rábano por las hojas cuando se habla de errores al alza o a la baja, pero, atención, de errores (se presupone que involuntarios) en el cómputo de plazas, no como consecuencia de una decisión política de ampliación, como ha sido este caso. Estos puntos, además, van en el sentido de una reducción en las plazas de la zona azul, no en el contrario de una ampliación.

Juan Bueno sí podría haber invocado no esos puntos, sino el artículo 3.3, que faculta al Ayuntamiento a ampliar o reducir el servicio, pero por causas justificadas o de interés público, lo que le habría obligado a razonarlas, algo que tampoco ha hecho.

Su resolución incluye otra medida sorprendente en unos tiempos de crisis y de recortes en que las arcas públicas necesitan captar ingresos y en que la Hacienda municipal por cobrar, cobra hasta la tasa de basuras a los locales vacíos: los residentes pueden obtener el distintivo con derecho a bono de zona azul aunque no estén al corriente de pago del sello del coche. Se trata de un privilegio que la Delegación de Movilidad tampoco ha fundamentado y que va en detrimento de la ejemplaridad fiscal y caza de los morosos que preconiza y practica la Delegación de Hacienda con el resto de los sevillanos.

FIRMAS EN CONTRA

Tras conocerse esta resolución, una plataforma vecinal de Nervión ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento mil firmas en contra de la ampliación de la zona azul a sus calles, una actuación que debería poner en un brete al delegado de Movilidad, ya que si dice que el Ayuntamiento ha ampliado la zona azul a petición de presidentes de comunidades de propietarios, ¿qué debe hacer cuando hay mil vecinos que le piden lo contrario, que no la amplíe? ¿Valen má las peticiones de los que están a favor con tal de obtener un bono de aparcamiento de residente y aunque no paguen el sello del coche que quienes están en contra y sí pagan sus impuestos al Ayuntamiento?

La resolución del delegado de ampliar la zona azul se ha producido sin esperar al Defensor del Pueblo andaluz, cuya mediación y/o intervención habían pedido hace varias semanas los vecinos y trabajadores de Bami y Nervión afectados por la regulación del aparcamiento en superficie, y pese a que el alcalde se había mostrado conciliador y dispuesto a que se entablara un diálogo con los opositores a la ampliación de la zona azul.

Esta actitud dialogante no se compadece con una política previa y posterior de hechos consumados, en que no sólo no se congela la nueva zona azul, sino que se amplía a los pocos días aprovechando el éxodo ciudadano a las playas por el verano.  

 

Un triple Nervión Plaza

Sevilla Park tendrá el mayor complejo comercial de Andalucía, con 65.000 m2, y el vigésimo de España

Los promotores plantean la construcción de torres de hasta 40 metros de altura a orillas de la dársena

 

El jueves 3 de julio, Zoido, acompañado de su delegado de Urbanismo -Maximiliano Vílchez-, trató de acaparar protagonismo en relación con el proyecto de macrocentro comercial ‘Sevilla Park’, al que con su entusiasmo habitual llegó a calificar de “proyecto de Estado”. A tal efecto había convocado una rueda de prensa en el Ayuntamiento, cuyo inicio demoró durante media hora porque, según se dijo, estaba realizando las últimas llamadas a las Administraciones implicadas.

El alcalde anunció que la Junta de Gobierno prevista para el día siguiente iba a tramitar por vía de urgencia la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial del puerto para permitir su implantación, que se complementaría con un auditorio para eventos musicales y deportivos y una terminal para el atraque de cruceros turísticos.

Zoido agradeció a la Junta de Andalucía, el Gobierno y, especialmente, a la Autoridad Portuaria su colaboración para sacar adelante el proyecto y, sobre todo, a la iniciativa privada su apuesta por elegir Sevilla. Según dijo el alcalde, supondrá una inversión de unos 200 millones de euros y creará más de 2.500 empleos. En su momento, los promotores hablaron de 180 millones de euros de inversión y 2.000 empleos, de los que 1.000 serían únicamente durante la fase de construcción.

INICIATIVA DEL PUERTO

¿Gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria por su colaboración o más bien al revés? Porque éste no es un proyecto digamos propio del Ayuntamiento, al margen de que lo sean todos los que se ejecuten en la ciudad, sino de aquélla y del Estado, del que depende el puerto, como prueba el hecho de que fue el antiguo presidente de dicho organismo, Manuel Fernández, quien el pasado 15 de enero remitió a Vílchez un extenso documento de 230 páginas sobre la modificación puntual del Plan Especial del puerto e implantación del nuevo artículo XXXIV. Area AP-18. Deportivo-Ocio-Cultural y Gran Superficie Minorista.

Pero según algunas interpretaciones en materia urbanística, dado el régimen especial del puerto de Sevilla y la redacción del PGOU de la ciudad (2006), la Autoridad Portuaria tendría autonomía urbanística para redactar una innovación del Plan Especial, de competencia estatal, y al Ayuntamiento únicamente le correspondería validarla, sin necesidad del proceso iniciado por Manuel Fernández, mucho más lento y que ha equivalido a no ejercer su especial status portuario.

Dicho de otro modo, es como si no hubiera diferencia alguna entre Altadis y el puerto a la hora de tramitar sus respectivas modificaciones urbanísticas, cuando en el caso de este último la vía más corta era la mera modificación del articulado del Plan Especial. Al margen de todo ello, si algo está claro es que quien inicia los trámites para la instalación de Sevilla Park en la ciudad no es Zoido, como incluso ha lllegado a titularse, sino Manuel Fernández, en su momento presidente de la Autoridad Portuaria.

TREINTA AÑOS PRORROGABLES

Y es que ésta, necesitada de ingresos alternativos al margen de su actividad ordinaria, es quien recibirá en sus arcas los jugosos canon de ocupación y de explotación del suelo del que es propietaria en la margen derecha del río por su cesión a Sevilla Park por un plazo de 30 años prorrogables a 35, mientras que el Ayuntamiento cobrará por las licencias de obra que expida y, luego, por los tributos de carácter local.

Pese a las prisas para que el proyecto empiece a construirse después del verano y antes de las elecciones y sea una realidad en 2015 (¿alguien puede creerse que 80.000 m2 de edificabilidad pueden rematarse en sólo 12 ó 15 meses?), no ha habido tanta alfombra roja como podría pensarse extendida a los pies de los inversores, cuatro empresas ligadas al sector del ocio y de los espectáculos: Octagon, Live Nation, RIM y Last Tour.

Estas han tenido que redactar siete informes específicos en respuesta a los requerimientos técnicos de la Gerencia de Urbanismo desde que en enero la Autoridad Portuaria solicitó la modificación del Plan Especial, requerimientos que han ido dilatando la tramitación hasta que el 4 de julio se aprobó oficialmente el inicio de los trámites para aprobar la modificación del Plan Especial.

DE PUNTILLAS

Llama poderosamente la atención que en su rueda de prensa el alcalde omitiera, más allá de palabras genéricas -al igual que en las filtraciones periodísticas previas- detalles sobre la esencia del proyecto, un macrocomplejo comercial al borde de la dársena, ya que se ha tratado de poner siempre el foco exclusivamente  sobre el Auditorio. El macrocomplejo se despachaba con la expresión “zona de compras” o “zona comercial”. ¿Por qué se oculta esta circunstancia si el proyecto se atiene a la legalidad urbanística y tanto se pondera la magnitud de la inversión y los miles de empleos a crear?

Sevilla Park no será un Auditorio con zona de compras anexa, sino tal como describe la Autoridad Portuaria en el documento presentado en enero a Urbanismo, el mayor complejo comercial de Andalucía (65.000 m2 de superficie) con un Auditorio anexo, que no es lo mismo: “Esta nueva Superficie Comercial, por sus dimensiones y oferta de plazas de aparcamiento es -puede leerse- una de las mayores de España y la mayor de Andalucía, triplicando la S.B.A. (Superficie bruta arrendable) del Centro Comercial Nervión-Plaza, situado también en Sevilla, y superando asimismo el centro Plaza Mayor de Málaga, que hasta la fecha era el mayor de los analizados en Andalucía”.

Efectivamente, será el más grande de la región al superar los 53.107 m2 del centro malagueño y los 22.000 del Nervión Plaza sevillano, y el vigésimo de España, tras el Thader de Murcia (67.000 m2) y por delante del Max Center (59.773 m2) de Baracaldo (Vizcaya).

COMERCIAL MÁS QUE CULTURAL

Dado que la gran superficie comercial minorista ocupa el 81,25% de la edificabilidad solicitada para el proyecto, frente a tan sólo el 18,75% del Auditorio, Sevilla Park es sobre todo un complejo comercial y no cultural como se ha tratado de presentar, por acción u omisión, desde el Ayuntamiento, que en paralelo tramita también la recalificación para usos terciarios (comercios, hoteles, oficinas) de la cercana fábrica de tabacos de Altadis en la misma margen derecha del río.

Cabría, pues, pensar, con Ikea-2 en el horizonte igualmente, que Sevilla puede sufrir aún mayor saturación de centros comerciales y preguntarse si habrá suficiente tarta para todos en la ciudad y su área de influencia, un riesgo que en todo caso deberán correr sus promotores en una economía de libre mercado. Sin embargo, la tesis de que la explotación del macrocomplejo tres veces más grande que el Nervión Plaza es fundamental para asegurar la viabilidad económica del Auditorio demuestra entonces la infundada idea de que Sevilla, con su área de influencia y su turismo, es un mercado de suficiente tamaño como para organizar la actuación de grandes estrellas de la música pop durante todo el año bajo techo.

TORRES DE 40 METROS

Los promotores no sólo piden 65.000 m2 de edificabilidad terciaria más a orillas de la dársena hasta un total de 80.000, sino también que les autoricen a construir torres de 30 metros de altura, y de 40 metros en casos singulares, con lo que habría una prolongación de las torres de 30 metros previstas en Altadis y de los grandes bloques ya existentes en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Se creará un nuevo ‘skyline’ en la margen derecha del Guadalquivir.

Dado que la construcción de la línea 4 del Metro, que pasaría por el entorno, no se adivina factible a medio plazo, la accesibilidad a esta franja de suelo junto a la dársena a través del único punto existente, el puente de las Delicias, se antoja como el gran talón de Aquiles de Sevilla Park.

Los promotores prevén que atraiga a 24 millones de visitantes/año, el 74% de los cuales lo hará en coche privado y generará un tráfico de 6,1 millones de vehículos. Esto significa un promedio de 16.712 vehículos/día que añadir a los 40.384 que ya circulan (cifra más baja debido a la crisis) por la Avenida de Juan Pablo II y a los 15.587 que lo hacen por la carretera de la esclusa.

Va a haber, pues, 6,1 millones de coches más por el embudo del puente de las Delicias, en una situación similar, si no peor, de la temida por Zoido por el efecto de la torre Pelli. El alcalde no deja de reivindicar que la Junta le autorice a construir un puente entre Torneo y la Cartuja para aliviar el tráfico atraído por el rascacielos, mientras que Fomento apuesta por el transporte público y los carriles-bici.

Curiosamente, en el caso de Sevilla Park el alcalde elude hablar de los previsibles problemas de tráfico y subraya que los promotores proyectan extender un carril bici a las inmediaciones. En un caso la bicicleta se critica por insuficiente y en otro se presenta como la solución a los problemas de movilidad.

Un tercio de las familias realojadas no podrán volver a Los Pajaritos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha encomendado a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa)  la realización de las actuaciones necesarias para el realojo de las primeras familias residentes en la barriada de Los Pajaritos que han sido incluidas en la operación de rehabilitación del barrio, si bien se prevé que más de un tercio de las mismas no retornen allí al cabo de tres años y medio.

El Consistorio es el propietario de 524 viviendas de alquiler repartidas entre 66 bloques en Los Pajaritos. Por sus escasas dimensiones (podría hablarse de infraviviendas) y el elevado nivel de deterioro que sufren, se planteó hace ya años un proceso de remodelación de la barriada, que implica la demolición por fases de los bloques existentes y la construcción en su lugar de otros nuevos, acordes con los tiempos actuales, previo desalojo de las familias que residen en ellos, las cuales serán realojadas en otras zonas de la ciudad mientras duren las obras. Una vez terminadas las nuevas viviendas, estas familias deberían volver a la zona en que hasta la fecha se ha desarrollado su existencia.

Sin embargo, tanto del expediente de la encomienda de la operación a Emvisesa por parte de la Junta de Gobierno municipal como de las cifras manejadas hasta ahora se comprueba que 34 familias (un 35%) de las incluidas en la primera fase de la operación, que podría iniciarse a lo largo del mes de julio con tres años y medio de retraso sobre la previsión inicial, no podrán volver a su actual emplazamiento, “por lo que -puede leerse- el Ayuntamiento, en su caso, adjudicará a estas personas viviendas fuera del ámbito de actuación, en las condiciones y requisitos que en su momento se convengan”.

Así se colige, además, de los planes de esta primera fase de actuación, que se prevé que a partir de julio y hasta el año 2017 afecte a 96 viviendas de Los Pajaritos, distribuidas entre las calles Gavilán, Tordo y Estornino. En su lugar se construirán dos bloques con 31 viviendas cada uno. En total, pues, 62 viviendas, cuando las familias que se realojen fuera del barrio por Emvisesa serán 96. No habrá pisos para 34, que tendrán que cambiar de lugar de residencia.

Para la operación de realojo de los vecinos mientras se derriban sus bloques y se construyen los nuevos, Emvisesa ofrece, tras la encomienda municipal, 66 viviendas en la Avenida de Andalucía, 16 en Nuevo Amate, 9 en Torreblanca y 2 en Aeropuerto Viejo.

Emvisesa, que no firmará ningún tipo de contrato con estos inquilinos,  no asumirá tampoco compromiso u obligación alguna con las personas realojadas una vez finalizado el realojo temporal y concluida la encomienda. En el caso de que por parte de los ocupantes de las viviendas se produjera un incumplimiento de las obligaciones impuestas por la empresa municipal, se podría producir su desalojo en cualquier momento y los desalojados perderían el derecho a ser realojados en pisos de nueva construcción.

El presupuesto de la operación de realojo es de 930.000 euros en números redondos y se estima que las nuevas viviendas no estarán disponibles hasta dentro de tres años o de tres años y medio. Si se sobrepasara ese plazo, el Ayuntamiento asumiría los gastos hasta que retornaran  o se les adjudicaran nuevas viviendas definitivas. Los inquilinos tendrán que aportar 2.750 euros.

Sevilla queda con 87.381 parados tras un descenso de 611 en junio de 2014

En el último año hay 1.596 desempleados menos en la capital

Las personas de edad madura, las más golpeadas por la crisis

El repunte en 308 parados eleva el paro en la provincia a 245.775

 

El paro disminuyó en Sevilla capital durante el mes de junio en 611 personas y se sitúa ahora en 87.381, según los datos oficiales registrados en las oficinas del Servicio de Empleo (antiguo Inem) y divulgados por el Ministerio de Empleo que dirige la onubense Fátima Báñez. Es el tercer mes consecutivo, tras abril y mayo, en que baja el número de parados en la capital de Andalucía, aunque no de forma tan acusada como el mes pasado. El descenso en la capital contrasta con el repunte registrado en la provincia, donde el paro vuelve a subir levemente (+308 personas) al figurar inscritos en las oficinas del SAE 245.775 desempleados.

El descenso del número de parados en Sevilla capital supone apenas un -0,69%, mientras que el ascenso en la provincia es de un +0,12%. En comparación con el mismo mes del año 2013, la caída del desempleo en la capital es un poco mayor que entonces, cuando 520 personas salieron de las listas de parados y la cifra global se situó en 88.977.

Así pues, en la evolución interanual, entre junio de 2013 y junio de 2014 el número de parados ha descendido en la ciudad en 1.596 personas, lo que significa un -1,79%. Dado que Zoido llegó a la Alcaldía con un paro oficial de 76.689 personas, los 87.381 actuales significan un incremento de 10.692.  Sin embargo, desde el pasado mes de marzo, en que se alcanzó el peor dato de paro en el mandato del actual alcalde, con un pico de 91.925 desempleados, la tendencia se ha invertido en positivo y en tan sólo tres meses se han registrado 4.546 parados menos, números demostrativo de lo importante que para la ciudad es lo que podría llamarse el ‘efecto primavera’, la estación del año en que gracias a sus fiestas mayores el tirón del turismo supone un gran alivio y su impacto económico se traduce en creación de empleo, siquiera temporal.

Tras los datos facilitados por el Ministerio de Empleo, el número de mujeres inscritas en las oficinas en demanda de un puesto de trabajo asciende en Sevilla capital a 47.566 (descenso de 207 en comparación con mayo), y el de hombres a 39.815 (caída de 404).

Por sectores productivos, el paro ya no baja en todos, como ocurrió durante el mes de mayo, sino sólo en Industria, Construcción y el colectivo de Sin empleo anterior, y sube en Agricultura y, de nuevo, en Servicios. Ahora queda distribuido de la siguiente manera: Agricultura, 1.450 parados (+62); Industria, 5.539 (-267); Construcción, 8.627 (-102); Servicios, 59.869 (+29), y Sin empleo anterior, 11.896 (-333).  Llama poderosamente la atención que de nuevo se haya invertido la tendencia en un sector clave para la capital cual es el de los Servicios, en que ha vuelto a subir el paro, levemente, tras las buenas cifras del mes de mayo, que turísticamente fue el mejor de la historia reciente, cuando este sector acumuló el 67% del descenso del paro en la ciudad. Ahora no llega a superar la cota de los 60.000 desempleados pero se queda a las puertas.

 

GRUPOS DE EDAD

Por grupos de edad, el número de parados sube en cuatro segmentos: los menores de 20 años; los que tienen entre 40 y 44 y los dos colectivos de mayor edad, los de entre 55 y 59 años y los mayores de 59. En el resto de grupos se registra una caída. Prácticamente se compensan el mayor incremento, los 380 parados más entre los menores de 20 años, con el mayor descenso, los 348 parados menos entre quienes tienen de 20 a 24 años.

En junio, el número de parados por edad queda de esta manera:

Menores de 20 años, 1.423 parados; de 20 a 24 años, 6.527; de 25 a 29 años, 8.971; de 30 a 34 años, 9.981 desempleados; de 35 a 39 años, 11.249; de 40 a 44 años, 11.310; de 45 a 49 años, 12.413; de 50 a 54 años, 10.885; de 55 a 59 años, 9.073; y mayores de 59 años, 5.549.

Según la estadística, el paro juvenil (hasta 29 años de edad) afecta en la ciudad a 16.921 personas, un 19,36% del total. En el lado contrario, el número de parados mayores de 50 años asciende a 25.507, lo que supone el 29,19% del total. En ambos colectivos ha crecido levemente el paro en el mes de junio, mientras que ha caído en los grupos de edad madura, salvo entre quienes tienen de 40 a 44 años, donde ha subido ligeramente.

El colectivo con mayor número de desempleados es el de 45 a 49 años, donde hay 12.413 parados. En general, la franja de edad con más parados en Sevilla capital es la de las personas entre 35 y 54 años, donde se registra un total de 45.857 desempleados (el 52,47%). En cada subgrupo de edad en esa franja hay más de 10.000 parados, un dato que no se registra en ningún otro. Por tanto, más que a los jóvenes, el paro está golpeando en la ciudad a las personas de entre 40 y 50 años sobre todo y a los escalones inmediatamente anteriores y posteriores.

LA PROVINCIA

Por lo que se refiere al conjunto de la provincia de Sevilla, se ha invertido la buena tendencia del mes de mayo, cuando se registró un descenso de 4.935 parados, ya que el paro ha subido en junio, levemente pero incremento al fin y al cabo, en 308 personas, con lo que afecta a  245.775.

Esta subida se ha debido sobre todo al ascenso experimentado entre las mujeres, donde hay 609 paradas más que en el mes anterior (129.858), mientras que el descenso de parados masculinos en 301 hasta quedarse en un global de 115.917 no ha servido para compensar en el balance general por sexos.

Si en mayo el descenso del paro se registró en todos los sectores salvo en el grupo de Sin empleo anterior, ahora es éste en el que baja, pero sube en Agricultura y en los Servicios, con lo que la distribución sectorial queda de esta manera:

Agricultura, 15.492 parados (+ 1.215); Industria, 19.189 (-552); Construcción, 32.372 (-411); Servicios, 149.381 (+ 819), y Sin empleo anterior, 29.341 (-763).

 

Puente o pasarela

El gobierno municipal acordó en el Pleno ordinario de junio la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU para la construcción de un puente que, en lugar de la pasarela peatonal prevista en el Plan General, canalice el tráfico rodado que genere la futura puesta en servicio (año 2015) de la torre Pelli. El punto contó con el voto a favor del PP, el negativo de IU y la abstención del PSOE.

En el transcurso del debate, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, insistió en que el puente en vez de la pasarela peatonal es la única solución para el problema del tráfico que generará el rascacielos, mientras que el portavoz de IU, José Manuel García, defendió que se acometan las soluciones previstas en el PGOU, las cuales pasan por el transporte público (prolongación del tren de cercanías hasta Torretriana y, luego, Blas Infante; dos nuevas líneas de Metro y extensión del tranvía hasta Plaza de Armas), dos puentes para el tráfico rodado pero no al Sur de la Cartuja, sino al Norte, y aparcamientos públicos en la calle Guadalquivir y el Canal de la Expo.

Maximiliano Vílchez espetó a García, para finalizar el debate, que si no se construye el puente, “a ver cómo se lo dicen a los sevillanos cuando estén en el atasco”. Pues en el caso de que se produjera tal hipótesis, que está por demostrar después de que por causa de la crisis y en paralelo a la construcción de la torre Pelli el tráfico haya descendido casi un 20% en Sevilla, el gobierno local de turno debería decirles a los sevillanos que ésa es la consecuencia de la política urbanística de ‘grandeur’ preconizada por Monteseirín durante su mandato, simbolizada por el rascacielos de la Cartuja, las ‘Setas’ de la Encarnación, la derruida -por ilegal- biblioteca universitaria sobre la zona verde de los jardines del Prado (más de 9 millones de euros tirados a la basura) y la conversión de la Alameda de Hércules en el equivalente al paseo marítimo de Islantilla.

ADVERTENCIA DESOÍDA

Si la hipótesis del atasco con más intensidad aún que el existente antes del inicio de la crisis se convirtiera en realidad, no haría más que dar la razón, fundamentalmente a los ecologistas y conservacionistas, que ya cuando se lanzó el proyecto del rascacielos alertaron de la irresponsabilidad que supondría construirlo justo en el punto más saturado de tráfico de la ciudad, la entrada a Sevilla desde la autovía que la conecta con el Aljarafe, Huelva y Portugal.

Cuando en febrero de 2008 se empezó a vallar el solar cercano a Torretriana en el que se iba a construir la torre Pelli y centenares de funcionarios de la Junta que allí aparcaban sus vehículos expresaron su protesta por que debían buscarse un estacionamiento alternativo y empezaban a tomar consciencia del problema que se les avecinaba, el entonces alcalde y promotor político del rascacielos en la Cartuja como supuesto símbolo de modernidad, Monteseirín, prometió redactar un plan de tráfico concreto para su entorno.

Atención al dato: se promovió la torre Pelli y se iniciaron las obras hace seis años (licencia, 16 septiembre de 2008) ¡sin un plan previo de movilidad sobre sus efectos y con sólo una promesa ‘a posteriori’ de redactarlo pero del que nunca más se supo! Monteseirín no hacía más que ratificar lo que en su día ya habían dicho los entonces responsables de Cajasol durante la presentación del rascacielos: desconocían los planes de tráfico existentes para la zona y remitían al Ayuntamiento, en la confianza de que éste tendría previsto su impacto en la Cartuja.

MÁS QUE LA TORRE

Ese impacto, según dijo Monteseirín en marzo de 2008, sería “positivo”. En su opinión, la solución (hablar de solución ya equivalía a reconocer un problema y por tanto un impacto negativo) no consistía en hacer más viales porque al final todos desembocarían en el mismo puente, el del Cristo de la Expiración, sino en “apostar por el transporte público, la política de aparcamientos, las rondas de circunvalación y ofrecer más alternativas al vehículo particular”.

Pero ese impacto no medido, pese a lo cual se autorizó el rascacielos en una política de hechos consumados, no sólo iba a derivar de la torre Pelli, sino también de otros proyectos existentes entonces y que fueron tumbados por la crisis. Recuérdese que en el entorno de la torre se había planeado la construcción de una nueva sede para la Gerencia de Urbanismo que sustituyera a las caracolas, con un coste de 70 millones de euros y para dar cobijo a más de 600 funcionarios, y una nueva macroconsejería de la Junta, Torretriana II, en la parcela de las banderas de la Expo, con una edificabilidad de 68.000 m2, equivalente a la posteriormente autorizada para la torre Pelli.

Y todo elllo cuando el Plan de Transporte Metropolitano de la Junta ya reflejaba que el tráfico con destino al centro de Sevilla superaba en un 5% la capacidad de absorción de la demanda por las infraestructuras existentes en hora punta. La previsión para 2020 era de que se superaría en un 25% la capacidad de absorción de ese embudo citado por Monteseirín del puente del Cristo de la Expiración.

PROBLEMA HEREDADO

Este problema en ciernes, muy aliviado por la caída de tráfico causada por la crisis económica, es el que ha heredado Zoido. El alcalde lo pretende solucionar antes de que hipotéticamente se plantee construyendo un puente para el tráfico rodado, en vez de una pasarela peatonal, desde Torneo a la Cartuja, embutido entre los bienes patrimoniales como el pabellón de la Navegación de la Expo y el monasterio de Santa María de las Cuevas, y a un coste mínimo de 11,3 millones de euros. De este dinero, sólo dispondría de los 4,8 millones comprometidos en su día por la promotora del rascacielos para la pasarela peatonal.

Zoido se ha empecinado en esta batalla urbanística contra los dictámenes hasta ahora negativos de la Junta, que visó el PGOU de Monteseirín, con lo cual estaría liberando al Gobierno andaluz y al central del elemento de presión que supuestamente tendría -la amenaza del terrible atasco permanente- para exigir a esas Administraciones que construyan las infraestructuras previstas en el PGOU para evitarlo o paliarlo: cierre del anillo ferroviario, nuevas líneas de Metro, puentes al Norte de la isla, aparcamientos públicos, etcétera.

Al contrario: en vez de presionar a la Junta para que ejecute las alternativas que avaló con el PGOU de Monteseirín, Zoido se echa sobre sus hombros y sobre las arcas del Ayuntamiento la solución al hipotético problema en beneficio de una iniciativa privada y que le obligaría a desembolsar 6 millones de euros (la diferencia entre el coste de la pasarela que sufragaría la promotora del rascacielos y el del puente), más otro millón de euros en la convocatoria de un concurso arquitectónico para el puente, cuya construcción y entrada en servicio se demoraría hasta 2018, tres años después de la prevista inauguración de la torre Pelli.

COMPÁS DE ESPERA

Por tanto, con estos plazos el puente no va a solucionar de entrada el hipotético problema de los atascos que provocaría el rascacielos y que parecen demasiado magnificados por los técnicos municipales para justificar su construcción: ¡un 46% de incremento del tráfico, casi el doble de todo lo previsto en el Plan Metropolitano para el año 2020!. Si de todos modos habría un lapso de tiempo de tres años, ¿no sería mejor esperar a ver cómo evoluciona el tráfico sin puente para obrar en consecuencia?

Si al tráfico rodado se le crean nuevas infraestructuras a su servicio, nunca se darán las condiciones para que el problema se aminore, sino al contrario, ya que se entraría en una espiral sin fin: un efecto llamada para más coches, que a su vez demandarían nuevos puentes, con lo que se incrementaría de nuevo el tráfico, y así sucesivamente. La solución, pues, consistiría en crear alternativas al tráfico privado -que no se han hecho todavía- en vez de potenciarlo con un nuevo puente. A su impacto paisajístico sobre los bienes patrimoniales de la Cartuja (no es el mismo que el de una liviana pasarela peatonal) habría que añadir el hecho de que contravendría lo dispuesto no ya sólo en el PGOU vigente, sino también en la LOUA, el Plan de Transporte Metropolitano, el POTAUS y la Estrategia Andaluza de Movilidad, los cuales abogan por potenciar el transporte público en vez de potenciar el privado.

IMPACTO EN TORNEO

Hay otro elemento apenas considerado en este debate: el puente canalizaría  el tráfico rodado hacia y desde la Cartuja a través de la calle Torneo, de relativa circulación rápida y que discurre en paralelo al río sin obstáculo más allá de algunos semáforos en el itinerario.

La construcción del puente en perpendicular a Torneo rompería la continuidad del tráfico, por la necesidad de abrir paso al proveniente o con destino a la isla  a través del puente, con rotondas de acceso, con lo que se ralentizaría aún más el tráfico, con efectos hasta la zona de Arjona y del Paseo de Colón.

Y, por ende, el Ayuntamiento acaba de aprobar un parking de 180 plazas para dar servicio al Paseo del Arte, también con obligado acceso/salida desde Torneo.

Así, mientras trata de adelantarse a un problema en la Cartuja va sentando las bases para crear otros equivalentes en esta orilla del río.

El problema azul

Zoido no ha tenido mejor ocurrencia que conmemorar su tercer aniversario al frente del Ayuntamiento y a tan sólo once meses de las elecciones municipales que incumpliendo una de las reglas no escritas de la política, aquella que prescribe adoptar las decisiones impopulares en los primeros meses, o a lo sumo el primer año del mandato (por ejemplo, Rajoy con la subida de los impuestos), para que el tiempo mitigue sus efectos y el recuerdo que de ellas quede en el electorado.

Pues bien, el alcalde ha hecho justamente lo contrario con la extensión de la zona azul a todo el barrio de Bami (1.767 plazas), Macarena (229), Pirotecnia (772) y Luis Montoto (786) con la excusa, sobre todo en el primero, de acabar con los gorrillas. Como no ha podido con ellos, ha acabado castigando a sus víctimas allí donde más les duele, sus bolsillos, con el predecible efecto de acabar provocando la rebelión de éstas.

Así que mientras aún está por ver que los gorrillas desaparezcan de los barrios con nueva zona azul, Zoido ha conseguido el efecto contrario de soliviantar a una parte de los vecinos y comerciantes, a los más de 6.000 trabajadores de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío, a la infinidad de enfermos y sus familiares que se ven obligados a estancias de larga duración en el complejo médico, a los mismos colectivos de las clínicas privadas (por ejemplo, la del Sagrado Corazón) radicadas en Bami y sus aledaños, a los centenares de estudiantes allí asentados por la proximidad del campus de Reina Mercedes y a las plantillas de las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura, sitas en el área de influencia del centro sanitario y también por tanto de la nueva zona azul.

NO HAY CONSENSO

El final del curso ha paliado las protestas estudiantiles en el campus de Pirotecnia y la inminencias de las vacaciones de verano hará lo propio en julio y agosto con los trabajadores del complejo sanitario, por lo que la oposición podría radicalizarse aún más en septiembre, con el inicio del último curso político de este mandato. Además, al Ayuntamiento se le ha abierto otro frente entre los trabajadores del área de Luis Montoto, con los 800 empleados de Telefónica a la cabeza, los cuales han recabado en tan sólo unos días 500 firmas en contra de la zona azul y proyectan una manifestación conjunta de todos los colectivos afectados.

Estas protestas, el sabotaje de parquímetros en Bami y el mismo anuncio de los delegados de Movilidad, Juan Bueno, y del distrito Sur, José Luis García de crear mesas de diálogo con los afectados desmienten las afirmaciones oficiales de que la extensión del aparcamiento regulado en superficie se ha realizado por consenso y a petición de los propios vecinos.

El gobierno municipal, ya claramente a la defensiva, ha incurrido en flagrantes contradicciones al tratar de sofocar el descontento ofreciendo ahora bonos de descuento a quienes trabajan en Bami y en la ciudad sanitaria (en este caso, tan sólo unos 150) para que gocen de las mismas condiciones que los vecinos, los cuales deberán pagar 80 euros anuales para el derecho a aparcar en la zona azul, pese a que ya abonan cada año el sello del coche.

DECÍAN QUE ERA ILEGAL

En su momento, tanto la Confederación de Empresarios de Sevilla, como el PSOE, IU y el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) presentaron emiendas y/o alegaciones al proyecto de Ordenanzas Fiscales en las que, entre otros, pidieron al gobierno local bonificaciones, exenciones y reducciones para comerciantes, trabajadores y estudiantes afectados por la zona azul. IU incluso fue más lejos al plantear que los descuentos fueran mayores en función del Iprem.

La respuesta municipal entonces fue que no se podían conceder bonificaciones a los no residentes porque vulnerarían el mismísimo concepto de la zona azul, cuyo objeto era precisamente obligar a la rotación de vehículos en los aparcamientos, no a que éstos estuvieran ocupados la mayor parte del tiempo por los mismos coches.

La delegada de Hacienda, Asunción Fley, respondió lo siguiente: “Hemos de estar a lo previsto en la Ley General Tributaria, que dispone en su art. 8 que se regularán por ley: d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios e incentivos fiscales. De la norma se extrae -aseguró- que no existe habilitación legal para el establecimiento de los citados beneficios fiscales”.

Si, según la delegada, es ilegal ofrecer bonificaciones a los no residentes, no se comprende cómo ahora el Ayuntamiento recurre a ellas para tratar de sofocar el conflicto, aunque no es la primera vez que Asunción Fley tacha de ilegal propuestas de la oposición y que pasado el tiempo haya acabado haciéndolas suyas, olvidándose de sus propias palabras en sentido contrario.

La polémica jurídica no acaba aquí. Tanto los partidos de la oposición municipal como la asociación de consumidores Facua han anunciado la presentación de recursos contra la ampliación de la zona azul por el hecho de que el gobierno municipal no incluyó la lista de calles afectadas en la Ordenanza Fiscal reguladora, sino en una disposición muy posterior, lo que a juicio de los recurrentes vulneraría la ley de Haciendas Locales.

CIUDAD SANITARIA

El conflicto afecta especialmente a Bami, donde se han incluido todas y cada una de sus calles. Era previsible salvo, al parecer para el propio Ayuntamiento, que sólo ha tenido en cuenta la opinión favorable de una parte del barrio -esgrime varios miles de firmas a favor-, pero no se ha percatado de la existencia de millares de trabajadores de la sanidad pública y privada que allí acuden a diario y del gran número de pacientes y de sus familiares que requieren sus servicios y que también se ven afectados por la zona azul sin los beneficios paliativos del bono de residencia.

Por la propia naturaleza de la función médica y la condición de los enfermos y de los familiares que los acompañan, este gran colectivo no se puede permitir, aunque económicamente pudiera, salir del hospital cada dos horas a retirar el vehículo aparcado y dar vueltas en busca de un nuevo estacionamiento. Piénsese, por ejemplo, en un cirujano operando en quirófano o en un paciente en plena diálisis.

Se ha estimado que un trabajador de la ciudad sanitaria o de cualquier otro establecimiento sito en Bami necesitaría pagar 260 euros mensuales y estar saliendo de su trabajo cada dos horas para mover el coche si pretende aparcar en la zona azul dentro del barrio, una situación similar a la que sufrirían los familiares de enfermos de larga duración internados en el Virgen del Rocío, por lo cual la medida municipal acabará creando una onda expansiva por toda la ciudad a modo de recordatorio permanente de la política de movilidad del Consistorio.

INSOLVENTES

Zoido podría haber argumentado que hizo lo mismo e incluso más que sus predecesores para acabar con la lacra de los gorrillas y cumplir su promesa electoral al respecto. Incluso llegó a anunciar una Ordenanza que permitiera requisarles el dinero que llevaran en sus bolsillos, pero como jurídicamente habría sido muy difícil demostrar que todos sus fondos procedían de una actividad ilegal, desistió. También los ha acribillado a multas, pero con nulo efecto práctico. A título de ejemplo, a principios de año el BOP de Sevilla publicó más de 500 sanciones de entre 30 y 50 euros a gorrillas por su actividad como aparcacoches y a los que no se había podido notificar individualmente por hallarse en paradero desconocido. Y cuando se les localiza se declaran insolventes.

El alcalde, pues, podría haber demostrado que no se cruzó de brazos o haber adoptado medidas disuasorias y no probadas hasta ahora, como habría sido un despliegue permanente de la Policía Local en la treintena de calles de Bami, cumpliendo así la función añadida de Policía de proximidad, pero en vez de eso ha optado por la solución más impopular y aún más gravosa que la propina al gorrilla de turno: la ampliación de la zona azul, con lo que ha acabado proyectando la imagen de que en el fondo hay también un afán recaudatorio en beneficio de la empresa municipal Aussa.

El derecho a decidir

Un acuerdo de mínimos, que abundaba en lo ya decidido por los órganos rectores del teatro de la Maestranza y de la Real Orquesta Sinfónica (ROSS) en el sentido de dar participación a los músicos en el comité técnico que debe elevar su propuesta a los consejos de administración para la designación del nuevo gerente del teatro y director de la Sinfónica, permitió la desconvocatoria de la huelga anunciada por los miembros de la orquesta y el estreno el pasado fin de semana de la ópera de Wagner ‘El ocaso de los dioses’.

Los músicos comprendieron que tenían a la opinión pública y publicada en contra, como demostró el comunicado emitido por las tres grandes asociaciones de melómanos de la ciudad (Amigos de la ROSS, Amigos de la Ópera, Amigos de Wagner), en que se les invitaba a hacer una reflexión de urgencia que les llevara a reconsiderar, con plena libertad, su decisión de seguir adelante con el paro.

Afortunadamente, se impuso el sentido común para evitar revivir la pesadilla de años atrás con la huelga durante la representación de la ópera ‘Otelo’, en que la ROSS tuvo que ser sustituida por un pianista, y la agrupación fue parte esencial el pasado sábado del éxito que la crítica especializada ha otorgado (cuatro estrellas) al estreno de ‘El ocaso de los dioses’, con el que la Sinfónica y el teatro de la Maestranza han culminado la tetralogía wagneriana ‘El anillo del nibelungo’. Se trata de una obra que sólo está al alcance de agrupaciones y escenarios de primer nivel artístico, como son ya considerados la orquesta y el teatro sevillanos.

ÉXITO ARTÍSTICO

Si bien está lo que bien acaba, habremos de felicitarnos todos por que en vez de estar lamentándonos a estas horas del golpe económico (pérdidas de 500.000 euros) que habría supuesto la cancelación de la ópera para el teatro y, por extensión en cuanto responsable, la ROSS, amén de para la imagen y el prestigio  de ambos y la marca ‘Sevilla’, estemos alegrándonos del éxito de haber superado con nota un desafío artístico y técnico de altura, en el que han participado unos 300 especialistas, de los que la inmensa mayoría (unos 270) están asentados en la ciudad: los propios músicos de la orquesta, cantantes del coro, figurantes, bailarines, acróbatas, técnicos audiovisuales, técnicos de iluminación, técnicos de maquinaria escénica, sastrería, regidores, maquilladores….

La culminación de la tetralogía de Wagner, que casi ha coincidido con el inicio del programa de visitas guiadas (Tras el telón) al Maestranza y en cuya elaboración también han participado consultores y empresas locales especializados en la gestión cultural y en montajes audiovisuales, ha sido la mejor demostración de que gracias a la mayoría de edad alcanzada por el teatro y la orquesta ha surgido y se ha consolidado en sus entornos una industria cultural de calidad, capaz no sólo de alcanzar casi la autosuficiencia en montajes complicados, sino también de exportar su ‘Know how’ desde Sevilla y, por tanto, de generar riqueza a partir de la cultura, en línea con lo preconizado por, entre otros, Benito Navarrete.

MENOR APORTACIÓN

De esta manera, la Sinfónica y el Maestranza revierten a la sociedad parte del apoyo público que reciben de los presupuestos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, aunque en el caso específico de la ROSS el del Gobierno autónomo es, desgraciadamente, cada vez menor desde el estallido de la crisis (temporada 2008/2009), en que progresivamente ha pasado de 3,48 millones de euros a 3,39; 3,05; 2,61; 2,34 y 2,18 millones. La aportación del Ayuntamiento también menguó desde 2008, pero aun cuando no ha alcanzado el nivel anterior al menos se ha estabilizado en el mandato actual: 3,46 millones; 2,77; 2,77 y 3,05 millones en cada uno de los tres últimos años.

El conflicto de la Sinfónica ha permitido constatar cómo el comité de empresa ha proyectado la idea de que como los músicos son quienes más saben de música deben ser ellos y no el Consejo de Administración quienes elijan a su director, un argumento sin paralelismo para justificar su pretensión de tener también capacidad decisoria en cuestiones gerenciales.

Sin embargo, a la hora de la verdad esa supuesta lógica no se la han aplicado ellos mismos. No han elegido como representante para formar parte de la comisión de selección de candidatos a la dirección de la ROSS y de la Gerencia al intérprete con mejor currículum profesional y experiencia previa en la dirección (alguno hay), ya que se trata de proponer a una nueva batuta, sino a un miembro del comité de empresa. Dicho de otro modo, el comité de empresa que provoca la amenaza de conflicto por criterios supuestamente artísticos acaba eligiéndose a sí mismo y no por criterios artísticos precisamente. ¿Qué credibilidad puede otorgársele a ese comité de selección, en el que sus restantes miembros son o están avalados por la clase política?

AUSENCIA DEL PÚBLICO

Y cabe preguntarse por qué no forman parte del mismo representantes de los patrocinadores del teatro y/o de la orquesta y del público que pasando por taquilla y con sus impuestos los mantiene. El comunicado conjunto de la Asociación de Amigos de la ROSS, Amigos de la Ópera y Amigos de Wagner concluía con una frase plena de acierto: “No (se) debe olvidar que no hay orquesta buena ni mala sin público”.

Una gran verdad pero que no ha servido para que las instituciones les hayan dado a los representantes del público que acude a los conciertos de la ROSS (casi el 90% de ocupación media en toda su historia) voto en el comité de selección, máxime en una etapa en que no deja de hablarse de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos para superar la desafección hacia la política y la clase política.

Pero si esa razón no fuera ya suficiente, los melómanos sevillanos pueden acreditar conocimientos musicales, sensibilidad y apoyo sin fisuras a su orquesta y su teatro y, por tanto, tienen títulos de sobra para hacerse acreedores de ese derecho. Basta con consultar las respectivas páginas web de algunos de estos colectivos para comprobar la ingente tarea realizada en proporción a sus escasos medios para la consolidación de la ROSS y el Maestranza en la ciudad a lo largo de casi un cuarto de siglo, en que no todo han sido días de vino y rosas como durante la Expo-92.

LABOR ALTRUISTA

La Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera se fundó en 1990 por entusiastas de la lírica en la ciudad que ha inspirado un centenar largo de títulos operísticos. En estos años han colaborado con el teatro en la organización del ciclo de conferencias-concierto en la víspera del estreno de cada ópera. Creó el concurso de nuevas voces ‘Ciudad de Sevilla’. Otras actividades: edición del boletín semestral ‘Fígaro’. Ciclo de conferencias de divulgación sobre la historia de la ópera en el Labradores y sobre ‘mi ópera favorita’ con el Colegio de Médicos. Colaboración con las publicaciones del teatro. Envío de información a los asociados. Adquisición de entradas y organización de desplazamientos a eventos operísticos fuera de Sevilla.

En cuanto a los Amigos de la ROSS, unos 400 indesmayables desde el año 1993, han sido los ángeles de la guarda para muchos músicos extranjeros (la orquesta se fundó con componentes de quince países distintos) llegados a Sevilla sin idea de la ciudad ni de nuestro idioma y les han ayudado a resolver hasta cuestiones puramente domésticas.

Organizan o han organizado charlas preconcierto y cenas musicales. Han contribuido a la decoración floral del escenario para los conciertos de la ROSS. Han sufragado la edición de dos discos de miembros de la orquesta y de becas de formación impartidas por músicos de la Sinfónica. Han organizado el ciclo de música de cámara, un programa de hasta diez conciertos por temporada. Editan el boletín informativo ‘Paraíso’ y otorgan el premio musical del mismo nombre.

SÓLO VOZ

Cierto es que como deferencia a esta encomiable labor, el presidente de la asociación suele ser invitado a las reuniones del Consejo de Administración de la ROSS, donde se le da voz, pero no voto. Si se va a iniciar una nueva etapa en el teatro y la orquesta, se ha cumplido con creces el tiempo para cambiar esta situación. Entre los Amigos de la Ópera, de la ROSS y de Wagner  hay personas con un grado de conocimiento musical y escénico muy superior al de los políticos que circunstancialmente ocupan los puestos decisorios, personas que no sólo asisten regularmente a los conciertos de la ROSS y las actividades del Maestranza, sino que también han cultivado su afición musical en grandes templos internacionales de la música y que han visto y escuchado interpretar a Wagner en Bayreuth.

Los melómanos sevillanos, pues, también deben tener derecho a, como dicen los músicos, “influir de forma decisoria” en la elección de quienes rijan los destinos de la Sinfónica y el Maestranza.

La ROSS desafina

Imaginen por un momento que los jugadores del Betis convocaran una huelga para los tres primeros partidos de Liga en caso de que la entidad verdiblanca no les deje “participar de forma decisoria” en la elección del próximo entrenador y tras haber difundido a través de la prensa deportiva su veto al regreso de Pepe Mel más, como segunda reivindicación, tener también poder decisorio en el fichaje de un nuevo director económico-financiero para llevar las cuentas del club.

Salvando las distancias, esto es lo que han hecho los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) al convocar una huelga para las tres representaciones de la ópera ‘El ocaso de los dioses’, de Wagner, con la que el teatro de la Maestranza tiene previsto cerrar no sólo la temporada lírica los días 14, 17 y 20 de junio, sino también la tetralogía wagneriana ‘El anillo del nibelungo’, ya que en las tres temporadas anteriores ofreció el resto de los títulos de esta monumental composición.

Se trata de una ópera de larga duración (está programada a partir de las 18 horas), que exige un montaje técnico muy complicado (hay que representar un desbordamiento del río Rin, un gigantesco incendio, doncellas nadando y portando el anillo…) que ha sido encargado a Carlos Padrissa (‘La Fura dels Baus’) y que cuenta con la participación de cantantes wagnerianos extranjeros y del coro de la Asociación de Amigos del Maestranza, todos los cuales llevan semanas de ensayos para estas tres funciones de alto nivel y poder de atracción para el turismo cultural.

HUELGA EN CASA AJENA

De consumarse la huelga y obligar a cancelar las representaciones, devolver el dinero a los espectadores que han comprado sus entradas y tener que pagar a todos cuantos intervienen en las mismas, el daño a la marca Sevilla sería considerable, ya que trascendería a todo el orbe operístico, al igual que a las cuentas del Maestranza, cuyo presupuesto ha pasado de los 13,3 millones de euros de 2009 a 8,9 millones de 2014 tras continuos recortes de la aportación de las Administraciones (Ministerio de Cultura, Junta, Ayuntamiento y Diputación), por lo que por primera vez en su historia este año los ingresos por taquilla y otros conceptos y los patrocinios privados han superado (53%) a la financiación pública (47%).

La metáfora futbolística empleada anteriormente se queda corta, ya que los músicos de la Sinfónica nunca convocan una huelga en los conciertos que programa su empresa, la Orquesta Sinfónica de Sevilla S. A., sino en los espectáculos de otra que los acoge y en cuya sede actúan, Teatro de la Maestranza S. A., con el fin de que las consecuencias económicas del conflicto laboral no repercutan en las cuentas propias, sino en las ajenas.

TRASFONDO ECONÓMICO

La huelga, por supuestos motivos artísticos y organizativos, se convoca en unos momentos en que los músicos de la ROSS deben sufrir un recorte del 5% en sus retribuciones, en línea con lo acordado por la Junta de Andalucía para todos los músicos de las cuatro grandes orquestas andaluzas como consecuencia de la crisis económica, un sacrificio que también han tenido que realizar los trabajadores de la función pública, que al menos conservan sus empleos mientras que millones de empleados del sector privado han acabado en el paro y el sector privado cultural ha quedado prácticamente devastado tras la retirada de la mayoría de ayudas oficiales.

Esta motivación económica de fondo se trasluce en el argumentario de la huelga difundido en Internet en páginas como ‘salvemoslaross’. Sobre el director de la Sinfónica, Pedro Halffter, dicen que su forma de trabajo “lastra el resultado artístico”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus mayores dardos van dirigidos contra la gerente del teatro y de la orquesta, Remedios Navarro, a la que se refieren en estos términos: “Cada año fracasa en su búsqueda de fondos y como no hay plan, el dinero que falta se busca en los bolsillos de la plantilla. Necesitamos una gerencia a tiempo completo, comprometida con nuestra empresa, que diseñe un plan para equilibrar la constante reducción en las aportaciones de los socios, especialmente de la Junta de Andalucía. No estamos dispuestos a pagar otra vez la falta de nivel de nuestra dirección y gerencia”.

LICEO Y PALAU

Los músicos lo dejan meridianamente claro: no están dispuestos a pagar el coste de la crisis y la atribuyen a su gerente por ocuparse también del teatro de la Maestranza y no conseguir que la Junta de Andalucía no les haya exonerado de los recortes que también sufren los funcionarios y el resto de trabajadores que aún conservan su empleo, sin reparar en que el Gobierno andaluz, que ha tenido también que recortar en sanidad, enseñanza y obra pública, aporta hoy a la orquesta 1,21 millones de euros menos que hace cinco años y que el fichaje de un gerente exclusivo para la formación musical incrementaría sus costes en al menos 60.000 euros que habría que detraer de los presupuestos de la orquesta.

Tampoco quieren percatarse los músicos de la ROSS de que pese o gracias a la gestión compartida de Remedios Navarro ni la Sinfónica ni el Maestranza han sufrido situaciones como la del Liceo de Barcelona (15 millones de euros de déficit, dos meses sin programación y veintidós trabajadores despedidos en un ajuste traumático) y como la del Palau de les Arts de Valencia, del que se va Zubin Mehta porque el dinero del grifo se ha cerrado incluso después de que él y sus músicos se bajaran las remuneraciones en un 25% y donde la directora-gerente del teatro y la orquesta (modelo de gestión compartido similar al de Sevilla), la alemana Helga Schmidt, se ha tenido que bajar el sueldo en un 60% tras ser acusada por parlamentarios valencianos de endosarle al erario público unos gastos personales calificados de “brutales y desproporcionados”.

PRECEDENTE LOMBARD

Los músicos han convocado la huelga incluso antes de la reunión del Consejo de Administración de la Sinfónica, que el pasado jueves decidió incluir la participación de aquéllos en el comité técnico que debatirá sobre la elección del nuevo director musical y artístico, mientras que se ha acordado convocar un concurso abierto para seleccionar al gerente de la orquesta y del teatro. Los integrantes de la Sinfónica se presentan ante la opinión pública como si no participaran de la vida de la misma, cuando no sólo tienen cauce abierto con el Consejo de Administración, sino que tienen entre los miembros de éste a una persona afín, Antonio Muñoz Lobatón, que es consejero en representación de Izquierda Unida.

Además, ya existe un precedente de contratación de un director de la ROSS conforme a la predilección y presiones de los músicos: el francés Alain Lombard, hace más de un decenio, con resultados pésimos para la Sinfónica. Fue votado como el candidato preferido por los integrantes de la orquesta pese a que perfil no parecía el más adecuado, ni mucho menos. El diario izquierdista francés Libération informó seis años antes de que Lombard había sido despedido en su país por Alain Juppé (varias veces alcalde de Burdeos y exprimer ministro de Francia) del cargo de director de la orquesta de Bodeaux Aquitaine (ONBA) después de que una auditoría revelara un desfase de 23 millones de francos en las cuentas por “disfunciones graves, ausencia de control y un cúmulo de remuneraciones preocupantes”.

Lombard llegó a Sevilla en septiembre de 2003, una semana después del plazo acordado para iniciar su trabajo como director de la ROSS. Alegó estar enfermo y envió por fax un parte de baja, cuando realmente estaba ensayando y dirigiendo en la Arena de Verona (hay un DVD grabado de aquellas funciones), un fraude laboral del que se escapó de rositas y pese al cual se embolsó 40.000 euros de indemnización por rescisión de su contrato. Además, omitía en su currículum que era el director de la Sinfónica de Sevilla, en un manifiesto desprecio a los músicos que habían participado, de la misma forma decisoria que exigen ahora, en su elección y a la ciudad. Y es que no es lo mismo ser director invitado que dirigir el día a día de la orquesta además de sus conciertos, pero los músicos quieren asumir el rol del Consejo de Administración.

‘OTELO’ EN EL RECUERDO

No hay, pues, razones artísticas u organizativas objetivas para esta huelga, una situación extrema que recuerda a la que también protagonizaron hace doce años los músicos cuando la ópera ‘Otelo’, en que la ROSS tuvo que ser sustituida por un pianista y sufrió un enorme desprestigio entre los melómanos sevillanos, que son a la postres quienes la financian por una triple vía: sus impuestos, la taquilla y los patrocinios en la medida de sus posibilidades y también a través de sus empresas, pese a que sufren la crisis económica en mucha mayor medida que los músicos porque muchos de ellos no tienen sus mismas posibilidades de ingresos complementarios con los que paliar los recortes (conciertos en Gibraltar, clases particulares… muy lícitos, por otra parte).

Pero esta vez no habrá pianista. El Consejo de Administración ha ordenado que la ópera de Wagner se represente con la Sinfónica o sin la Sinfónica. De tener que traer otra orquesta de fuera, habría un antes y un después en la relación de la ciudad con unos músicos, en buena parte extranjeros, que parecen no enterarse del contexto de crisis en que nos hallamos y de los casi 90.000 sevillanos en el paro.

La nueva tasa de basura se aplica a 15.000 locales vacíos

El número de expedientes ha pasado de 27.762 a 42.691

Recaudados casi 4 millones de euros en el primer trimestre de 2014

La factura de las empresas municipales asciende a 40.000 euros

El crecimiento en un 53,77% de expedientes por la aplicación de la nueva tasa de recogida de residuos sólidos conforme a la modificación de la Ordenanza, en virtud de la cual los inmuebles son dados de alta por los datos del Catastro aunque estén vacíos y no se ejerza actividad en ellos, es la demostración, a juicio del gobierno municipal, del fraude fiscal que existía antes del nuevo modelo.

La delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha contestado en la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones a una serie de cuestiones planteadas por el Grupo Socialista en relación con la aplicación de la nueva tasa de basuras a los locales comerciales existentes según los datos del Catastro y aunque en parte de ellos, como consecuencia de la crisis económica, no se desarrolle actividad y por lo tanto no se generen residuos.

La delegada afirma que no es técnicamente correcto decir que hay nuevas altas de locales como consecuencia de la modificación de la Ordenanza, ya que todos los contribuyentes del año 2014 han cursado alta en la matrícula, aunque al menos puede inferirse a cuántos está afectando, por la diferencia de expedientes vigentes en los dos últimos ejercicios.

Así, en 2013, el número de expedientes para el pago de la tasa de basuras en Sevilla era de 27.762. En 2014, ha aumentado en un 53,77%, hasta elevarse a 42.691, lo que significa 14.929 más que antes. A juicio de Fley, estos datos ponen de manifiesto “el fraude fiscal existente anteriormente al presente modelo”.

Por la tasa de basuras de todo tipo de locales, la Hacienda municipal ha recaudado en el primer trimestre de este año 3.970.740,35 euros, aunque la delegada no ha ofrecido el dato del año pasado para poder establecer comparaciones recaudatorias.

Sí ha respondido al interés del Grupo Socialista en conocer el dinero abonado por este concepto por el Ayuntamiento y las empresas municipales, ya que es sabido que Emvisesa aún mantiene en su poder un buen número de locales vacíos. Según la delegada, al Ayuntamiento no se le han liquidado cantidades, por aplicarse el criterio de confusión de deudas entre acreedor y deudor, pero cinco entes municipales han abonado en conjunto 39.882 euros, conforme al siguiente desglose: Emvisesa, 22.690 euros; Sevilla Global (en liquidación), 11.375; Tussam, 3.273, 75; Emasesa, 2.029,55, y Lipasam, 515 euros.

GARAJES

Por otra parte, Asunción Fley afirma que ninguna entidad sin ánimo de lucro ha sido dada de alta en el pago de la tasa como consecuencia de su modificación, dado que tanto antes como ahora estaban y están sujetas al pago de la misma y no tenían derecho a beneficio fiscal alguno.7

En cuanto a los garajes que no aparecen en el Catastro con la calificación de uso residencial, Fley estima que figurarán normalmente con el uso de ‘almacén-estacionamiento’, de modo similar al de los trasteros, pero que no han sido incluidos en la base de expedientes iniciales de la nueva tasa de basuras, por lo que no se les ha liquidado ninguna cantidad.

De forma cautelar, hasta su cambio de uso catastral, se han excluido de oficio, para su análisis, las referencias catastrales en subsuelo (-1, -2…) de escasa superficie y en otras tipologías de uso. La delegada asevera que a los garajes cuyo uso figure de forma errónea en el Catastro se les excluye del pago de la tasa y se tramita su modificación catastral siempre que medie el oportuno recurso o declaración por parte del contribuyente.

Se han presentado 150 recursos de reposición

La delegada de Hacienda reconoce que en la actualidad se están presentando numerosos escritos ante el Ayuntamiento en relación con la nueva tasa de basuras, los cuales no califica estrictamente como reclamaciones.

En este sentido, afirma que se presentan declaraciones sobre inquilinos a efectos del cambio de sujeto pasivo, declaraciones de cambios de usos catastrales por errores, solicitudes de unificación de expedientes por referencias catastrales contiguas, declaraciones de superficie a efectos catastrales….

Sí reconoce que contra la propia liquidación de la tasa se han presentado, al margen de errores materiales o procedimientos reglados de gestión, unos 150 recursos de reposición.