El Consultivo atiende a medias las demandas urbanísticas municipales

Aprueba cuatro modificaciones del PGOU y rechaza otras cuatro

Niega la recalificación del mercado de San Jerónimo, una zona verde en el Valle y dos parcelas en el Centro

Avala los cambios para los cines y teatros del Centro, el cuartel de la Calzada y parcelas en Su Eminencia y San Pablo

La Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía ha dado una de cal y otra de arena al Ayuntamiento al dictaminar favorablemente cuatro modificaciones del PGOU solicitadas por el alcalde hace un año y negativamente otras cuatro, después de que fueran reducidas a ocho las doce cuestiones inicialmente planteadas y de que el Consistorio no remitiera hasta el mes de junio la documentación suplementaria exigida.

El denominador común de la solicitud de Zoido en nombre del Ayuntamiento era un cambio de calificación de espacios libres, dotaciones o equipamientos, que en algunos casos afectaban a zonas verdes. Inicialmente, el Consistorio presentó su solicitud como una mera corrección, por haberse detectado por los servicios técnicos municipales “un cierto número de imprecisiones, ambigüedades, rigideces o falta de adecuación a la realidad existente”.

El Consejo Consultivo le recordó que, según el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento debe ser establecida por la misma clase de instrumento, por lo que no se trataba de meras correcciones al PGOU, y por tanto debía tramitar cada solicitud como una modificación al mismo.

Las ocho modificaciones finalmente solicitadas por el Ayuntamiento han sido las siguientes:

 

1) Mercado de abastos de San Jerónimo: Desde el año 1971, la planta baja se dedica a uso comercial y las cuatro superiores a vivienda. El Ayuntamiento pretendía la recalificación de la parcela a uso residencial abierta, con la planta baja para utilización dotacional compatible. Rechazada por el Consultivo por entender que no se adoptaban medidas compensatorias.

2) Jardines del Valle/Traseras calle Sol: El Ayuntamiento pretendía recalificar una estrecha franja de 125 m2 (calificada como zona verde, adyacente a la muralla islámica de los Jardines del Valle y accesible exclusivamente desde la trasera de una vivienda) en uso residencial centro histórico. Rechazada porque la recalificación para uso lucrativo no se compensa en otro lugar.

3) Parcela dotacional en Su Eminencia: El PGOU de 1987 calificaba como zona verde una parcela de 1.103 m2 que el Ayuntamiento quiere recalificar a dotación pública de equipamiento. De hecho, hace seis años ya se dio licencia para un centro de atención a discapacitados. Como no supone incremento de lucratividad urbanística (sic), el Consultivo lo autoriza.

4) Parcela residencial en C/ Patricio Sáenz Nº 13: Calificada como suelo dotacional genérico, el Consistorio pretendía recalificarla para uso residencial centro histórico, con tres plantas de altura y pensando en construir VPO. El Consultivo lo rechaza por la falta de medidas compensatorias y porque aunque se destinara a VPO no quedarían exentas de cumplir la ley.

5) Parcela dotacional en Polígono de San Pablo (Avda. Pedro Romero): El Consultivo autoriza que se regularice una ampliación en dirección Norte sobre un suelo de equipamiento público.

6) Antiguo Cuartel de la Calzada (Plaza del Sacrificio): Se necesita ampliar las instalaciones de un centro de afectados concertado con la Junta y que gestiona la asociación Auxilia,  recalificando para ello el espacio libre para equipamiento público. Se ocuparía así toda la manzana. Autorizado porque no se incrementa el aprovechamiento lucrativo.

7) C/ Arrayán-Divina Pastora: Hay unos terrenos expropiados en 1983 para un centro educativo que nunca se hizo, por lo que el TSJA sentenció la reversión a sus antiguos propietarios. El Ayuntamiento pretendía devolverle la calificación que tenían hace 30 años como residencial (centro histórico). El Consultivo no lo autoriza, con la tesis de que en su día el justiprecio de la expropiación ya debió considerar su valor como residencial que tenía entonces y porque el PGOU vigente, atendiendo las necesidades de la ciudad, los sigue calificando como docentes. Para el Consultivo, devolver los suelos a sus antiguos propietarios no implica la obligación añadida de tener que recalificarlos.

8) Cines y teatros del Centro: Cambio de calificación de los cines y teatros del Centro histórico de equipamiento público (SIPS) a residencial (Centro Histórico) en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. El Consultivo la avala pero aclara que no se trata de una modificación del PGOU, sino de una previa anulación del mismo por sentencia judicial en estos casos concretos.

Hacienda sigue condicionando la Zona Franca al Plan de Ajuste

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se desplazó el lunes hasta Sevilla para anunciar junto al alcalde y en presencia de unos 200 empresarios de la ciudad la Orden que también el mismo día había publicado el Boletín Oficial del Estado y por la que se autoriza la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprueban sus estatutos.

Hacienda ha dado una de cal y otra de arena a la ciudad, ya que en el artículo 4º de la Orden condiciona la constitución del Consorcio a que el Ayuntamiento acredite la concurrencia de los requisitos previstos en la Disposición Adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, un cumplimiento que a su vez deberá ser acreditado por el propio Ministerio de Hacienda.

El texto, pues, no puede ser más paradójico: Hacienda aprueba unos estatutos de un Consorcio que no se puede constituir hasta que no cuente con el informe favorable del propio Ministerio, de lo que se colige que ese informe aún no existe porque ha de superarse previamente un escollo legal al que hace referencia la Orden: la ley de Régimen Local.

Y esa Disposición novena prohíbe que ayuntamientos como el de Sevilla constituyan nuevas empresas, organismos y consorcios, como es el caso del de la Zona Franca, durante el tiempo de vigencia de su plan económico financiero o su plan de ajuste. Ahora, Hacienda y el Ayuntamiento deberán buscar una fórmula jurídica que permita superar esta prohibición.

A expensas de que el Consorcio pueda constituirse con la celebración de su primer Pleno y la Zona Franca entrar en funcionamiento, puntos ambos condicionados tal como subraya de nuevo el artículo 5º de la Orden, al cumplimiento de la exigencia anterior, Hacienda ha avanzado los trámites administrativos con la aprobación de los estatutos del Consorcio, en los que se ratifica otra sorpresa incluida en la disposición: el Ministerio ha dejado fuera de la Zona Franca al puerto de Sevilla y a los empresarios, al no reflejar representación alguna ni para la CES ni para la Cámara de Comercio.

Sólo forman parte del órgano de gobierno del Consorcio el propio Ministerio y el Ayuntamiento, aunque Hacienda deja la puerta abierta a futuras incorporaciones previa modificación de los estatutos y conforme, una vez más, lo que decida ella misma.

El Consorcio tendrá su sede en el pabellón de Marruecos de la Expo del 29, lo presidirá el alcalde y su vicepresidente y auténtico hombre fuerte como titular del Comité Ejecutivo será el delegado especial que nombre Cristóbal Montoro. Además, formarán parte del Consorcio dos ediles del Ayuntamiento que sean miembros de la Junta de Gobierno local y el titular de Aduanas en Andalucía, más un secretario con voz pero sin voto.

Sin consenso ni sobre el ruido

La reina Fabiola, una aristócrata española que accedió al trono del país centroeuropeo tras su matrimonio con el rey Balduino, acudió en cierta ocasión de visita a una residencia de la Tercera Edad que el Gobierno de su país adoptivo había habilitado para albergar a personas sin recursos, entre ellas muchos emigrantes que durante la posguerra contribuyeron con su trabajo a la reconstrucción de la nación.

La reina fue visitando las estancias donde los jubilados mataban el tiempo de distintas y tranquilas maneras, pero al salir de una de ellas se le oyó exclamar:

-¡Estos ruidosos españoles!

Fabiola de Mora y Aragón llevaba ya tantos años en Bélgica -ha sido reina consorte durante más de tres decenios- que su oído, habituado a la plácida forma de vida de los belgas, ya no soporta el elevado tono de voz y los decibelios emitidos por sus compatriotas de origen cuando se divierten.

REGULAR LA VIDA

La anécdota revela una de las características por las que se nos identifica a los españoles y más aún a los meridionales como los sevillanos y andaluces: ruidosos a fuer de alegres por festejar una vida en gran parte desarrollada en el exterior gracias a un clima donde el frío y la nieve son la excepción en vez de la norma, como en la Europa central y nórdica.

Por éso no es de extrañar que el afán del Ayuntamiento por regular la emisión de ruido mediante una Ordenanza ‘contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones’ se haya convertido en el más polémico del trienio del mandato de Zoido, ya que en el fondo equivale a un intento de regular la vida cotidiana de los sevillanos.

La Ordenanza, finalmente aprobada en el último Pleno con únicamente los votos favorables de la mayoría del PP, sin consenso político y con una fuerte contestación de colectivos ciudadanos y de sectores económicos -unos, por defecto; otros, por exceso- ha provocado la presentación de una cifra inusual de alegaciones, nada menos que mil, que ocupan siete tomos.

Se han registrado alegaciones (42) hasta de los técnicos de la propia Delegación de Medio Ambiente, encargada junto con la Policía Local de velar por su cumplimiento, sin contar las presentadas por la patronal CES, los hosteleros, cofradías, sindicatos, comunidades de propietarios, asociaciones en defensa del derecho al descanso….

El gobierno municipal ha redactado unos 400 folios en contestación a los escritos presentados y admitido 400 de las 1.000 alegaciones. Como dice en el preámbulo del texto, ha intentado conciliar “esos intereses a veces contradictorios”, pero por la división generada ese intento de solución salomónica no ha contentado ni a tirios ni a troyanos, que es lo que suele ocurrir con las soluciones a medias.

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

Estas Ordenanzas llegan a regular, a veces hasta el exceso, las actividades ordinarias incluso de la vida doméstica y económica, pero en contraste son permisivas con las actividades extraordinarias, a las que no se impone límite de ruido: Semana Santa, Feria, ‘velás’, romería del Rocío, fiestas navideñas, Cabalgata de Reyes…. El texto es, pues, maximalista y minimalista e incurre en contradicciones por alternar el exceso con el defecto de celo.

A título de ejemplo, incluye una prohibición que habría hecho feliz a la reina Fabiola de Bélgica: la de jugar al dominó, los dados y cualquier otro, digamos, deporte de mesa cuya práctica genere ruido. La prohibición se antoja maximalista, ya que en todo caso se podría haber actuado de forma conjunta con las federaciones de jugadores existentes para educar a éstos a depositar las fichas del dominó sobre la mesa en vez de golpearla y/o haber impuesto la obligación de disputar las partidas sobre tapetes amortiguadores del ruido, como se ha dispuesto para las patas de las sillas metálicas de los bares a fin de que no causen contaminación acústica cuando se las arrastre.

Al Ayuntamiento, sin embargo, no se la ha ocurrido prohibir las sillas de bares y terrazas porque forman parte de una actividad económica muy rentable para sus arcas (los más de 10.000 veladores que ha autorizado le generan unos ingresos de entre 2,5 y 3 millones de euros/año en tasas); ni tampoco el fútbol pese al griterío ensordecedor de las hinchadas del Sevilla F.C. y el Betis cuando animan a sus equipos y/o cantan sus goles, a pesar de que emiten muchos más decibelios -y se dejan oír en buena parte de la ciudad- que una simple partida de dominó en una peña de jubilados.

Esta antítesis maximalismo/minimalismo en función de los intereses que haya por medio es uno de los rasgos que más se reprochan al gobierno municipal, el cual también parece ignorar que en toda España hay un millón de jugadores de dominó, muchos más que de fútbol, por lo que esta prohibición aparentemente insignificante puede acabar provocándole un quebradero de cabeza electoral.

BUENAS INTENCIONES

Si se lee detenidamente la Ordenanza, plagada de buenas intenciones, es difícil no suscribir muchos de sus puntos, encaminados a acabar con o mitigar el ruido al que nos hemos condenado a acostumbrarnos, a nuestro pesar, por nuestra falta de civismo pero que sería evitable con un poco de educación y sin necesidad de las medidas coercitivas contempladas en el texto: coches-discoteca, barriles de cerveza arrastrados por el suelo en vez de ser transportados en carretillas de mano, vendedores ambulantes pregonando su mercancía o sus servicios con megafonía a toda pastilla, perros sin bozal dejados solos ladrando en los balcones, macro pantallas de televisión en el exterior de los bares amplificando el volumen del partido de fútbol estrella de la jornada liguera, el choque de las bombonas para avisar de que ha llegado el camión del butano….

Ahora bien, frente a esta regulación de los focos emisores de ruido en la vida ordinaria del común de los sevillanos, el Ayuntamiento se muestra mucho más laxo, con la típica y tópica coartada de la creación de puestos de trabajo, cuando hay intereses económicos de por medio. Así, el gobierno municipal autoriza (artículo 12) la apertura de locales con música siempre que se radiquen en un edificio con parcela catastral distinta del colindante de uso de vivienda, existan sistemas estructurales distintos en ambas parcelas y no se ubiquen en Zona Acústica Saturada. A juicio de la Plataforma por el Derecho al Descanso y de Juristas contra el Ruido, este artículo puede suponer un coladero que acabe provocando numerosos conflictos, por cuanto permitirá que se instalen al lado de bloques habitados desde academias de baile a cualquier otro negocio emisor de música.

A OJO

Otro punto de gran controversia es el que faculta a la Policía Municipal a imponer sanciones por contaminación acústica cuando a juicio de los agentes se perciban unos niveles inaceptables de ruido. ¿Y cuáles son esos niveles y cómo se miden? No hay obligación de medir de forma objetiva con un sonómetro y comprobar si el volumen de decibelios se atiene a la normativa. Todo queda al arbitrio del policía de turno y del grado de sensibilidad de su oído, que puede ser hipersensible o lo contrario. Salvando las distancias, es como si Tráfico impusiera las sanciones por exceso de velocidad a los conductores no ateniéndose a lo que marque un radar, sino a la estimación a ojo de los agentes.

El texto, pues, era perfectible y el Ayuntamiento podría haber hecho un mayor esfuerzo en su mejora y en el  logro de un mayor grado de consenso, un equilibrio entre el razonable interés en fomentar la actividad económica y el legítimo derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente, reconocido por la Constitución.

El problema de fondo de este tipo de bienintencionadas Ordenanzas es la voluntad política y la disposición de medios para aplicarlas. Al tiempo de la aprobación de esta última se conocía la querella presentada por un ciudadano ante la Fiscalía contra una terraza que usaba hasta los árboles del Parque para colgar altavoces, sin que las denuncias presentadas previamente ante el Ayuntamiento hubieran surtido efecto alguno. Y son infinidad las quejas aparecidas en la prensa y/o elevadas al Defensor del Pueblo por la pasividad municipal a la hora de atender las quejas por contaminación acústica, al margen de que por los recortes no hay personal suficiente en turno de noche para calibrar denuncia alguna.

El propio alcalde ha declarado tras la aprobación de la Ordenanza que van a seguir trabajando para lograr “el máximo consenso posible”. ¿No habría sido más lógico haber actuado al revés: lograr primero el consenso para después aprobar la Ordenanza? Una vez aprobado el texto ya no tiene sentido hablar de consenso, cuando en realidad se ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta.

La agilidad como coartada

Todos los alcaldes comienzan y acaban igual. La única diferencia consiste en el tiempo que tardan en hacerlo, en completar el tránsito de la transparencia y la participación prometidas al inicio de sus mandatos a la opacidad y la restricción posteriores. Todos prometen corregir la prácticas viciadas de sus predecesores e integrar a los vencidos en las urnas, su más o menos leal oposición, pero acaban marginándola a fin de no someterse a su, para ellos, inoportuno, control, pese a que en Democracia el rol de la oposición es justamente ése y esencial: fiscalizar al gobierno para que no se extralimite y se atenga siempre a la observancia de los preceptos legales.

Si se revisaran los discursos de Monteseirín tras sus investiduras (tres veces) como alcalde, formalmente parecerían impecables, tanto que hasta podrían haber sido suscritos por Zoido. Todo eran bonitas palabras, mano tendida a la oposición, gobernar para todos los sevillanos y no sólo para quienes habían votado a la lista de su partido que él encabezaba, transparencia en los asuntos públicos, democracia participativa, etcétera, etcétera.

Pocos dirían, a la luz de aquellas palabras y sin conocer la trayectoria posterior del alcalde con más escándalos en su etapa de gobierno y mayor agujero en las cuentas públicas y en las empresas municipales, que esas promesas se convertirían en humo a las pocas semanas o meses de recoger el bastón de mando. Así, una de las decisiones de Monteseirín como alcalde fue excluir a la oposición del PP, liderada entonces por Zoido, de los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento, como Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa…

EL DISCURSO HACE AGUAS

Para marcar diferencias con el gobierno de coalición PSOE-IU, Zoido anunció tras su investidura como alcalde que daría representación a los partidos de la oposición en las compañías y entes del Ayuntamiento pese a su mayoría absolutísima (20 concejales). El discurso de la transparencia y la participación anunciadas por el nuevo alcalde se resumió en su famoso lema “luces y taquígrafos”.

Sin embargo, a tan sólo diez meses de las próximas elecciones municipales, el discurso del alcalde ha empezado a hacer aguas de forma significativa según evidencian las actuaciones de su gobierno, pese a que éste, con 20 concejales, no debería aparentemente mostrar signos de debilidad o inseguridad. Pero le empiezan a molestar las voces críticas o no alineadas y obra en consecuencia al procurar evitarlas o que, al menos, no se oigan.

Así, ninguna asociación vecinal que no fuera afín a los planteamientos del Ayuntamiento o hubiera adoptado previamente alguna posición crítica fue invitada por el gobierno local a la inauguración oficial del parque del Guadaíra pese a que, paradójicamente, Zoido dio las gracias en su discurso a los colectivos que con sus aportaciones y sugerencias habían contribuido al diseño final de una obra que es unánimemente considerada esencial para la vertebración de la zona Sur de la ciudad y la integración del Polígono Sur, al discurrir entre este barrio marginado y Heliópolis.

VÍA RÁPIDA

Como se recordará, con la excusa de la crisis, el proyecto inicial del parque, con el que se pretendía reinstaurar un curso de agua por el antiguo cauce hasta la dársena del Guadalquivir con lagunas, molinos y pasos elevados sobre la avenida de Holanda, mutó hasta convertirse en el intento de construir una vía rápida de circulación para enlazar la carretera de Su Eminencia con la prolongación de la avenida de La Raza, una mera vía rápida flanqueada por árboles a uno y otro lados.

La fuerte oposición vecinal en Heliópolis, Pedro Salvador, Pineda y otras barriadas obligó a aparcar un proyecto que todavía pende como una espada de Damocles sobre el parque, cuya espina dorsal no deja de ser una plataforma de menor anchura pero reconvertible en cualquier momento en carretera. A la hora de la verdad, los colectivos que impidieron que el parque del Guadaíra fuera una vía rápida con árboles en sus cunetas no salieron en la foto de la inauguración porque fueron excluidos del acto oficial.

URBANISMO

La semana pasada, el gobierno municipal avanzó en su estrategia de aislar a los discrepantes, en este caso su oposición PSOE-IU, en la Gerencia de Urbanismo, el departamento que históricamente ha sido el más poderoso y brazo ejecutor de las políticas del Ayuntamiento de Sevilla pero que a Zoido no deja de producirle dolores de cabeza por la descoordinación existente en su cúpula.

Las dos últimas pruebas las hemos tenido en los dos intentos frustrados de la Gerencia de acelerar la aprobación del convenio urbanístico/modificación subsiguiente del PGOU con Altadis y Puerto Triana para la recalificación de los suelos de la multinacional tabaquera y la construcción de un puente al servicio de la torre Pelli, que han sido tumbados por sendos informes del secretario municipal debido a su improcedencia legal y amplificados por la oposición gracias a su presencia en el Consejo de la Gerencia, que le permite el acceso a los expedientes y controlar más o menos en tiempo real la labor de Urbanismo.

Para evitar esa fiscalización ‘en simultáneo’ y quedar en evidencia ante la opinión pública por la difusión de los dictámenes negativos de los Servicios Municipales, el gobierno de Zoido ha decidido un vaciamiento de las competencias del Consejo de Gobierno de la Gerencia y el traspaso de la mayor parte de las mismas a la Comisión Ejecutiva, donde ya no están representados los partidos de la oposición, sino sólo los ediles de la mayoría gobernante.

VACIAMIENTO

A partir de ahora, el Consejo de Gerencia sólo conocerá los asuntos relacionados con los presupuestos, las ordenanzas fiscales y las modificaciones del PGOU. Pasan a la Comisión Ejecutiva los temas relativos a vivienda, licencias de ocupación del dominio público, adjudicaciones de obras, expropiaciones, inscripciones de solares, recursos judiciales, quioscos, gastos de hasta 200.000 euros y ayudas y subvenciones.

Formalmente, Zoido no ha expulsado a la oposición del Consejo de un organismo autónomo del Ayuntamiento cual es la Gerencia, pero al reducir sus competencias al mínimo el resultado es prácticamente como si lo hubiera hecho y redunda en detrimento de las ‘luces y taquígrafos’ prometidas por el alcalde.

La oposición ha calculado que si en el mes de junio hubiera estado ya vigente esta modificación, el orden del día del Consejo de la Gerencia hubiera pasado de 90 asuntos a 10, porque 80 habrían sido tratados sólo por el Comité Ejecutivo. El dato significa una reducción ¡del 89%! de los asuntos a tratar.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha tratado de justificar la medida con la manida tesis de la agilización de los procedimientos y para una mayor eficacia en la gestión, el mismo argumento que en la Junta de Andalucía ha acabado por configurar toda una Administración paralela para sustraerla al control de los órganos de supervisión, con resultados que están en la mente de todos.

Asimismo, Vílchez afirma que la oposición tendrá acceso a cualquier documentación que quiera ver, independientemente del órgano en que se apruebe, pero no es lo mismo, obviamente, acceder a los documentos casi en pie de igualdad y poder reaccionar sobre la marcha que ‘a posteriori’ e incluso permitiéndole tomar sólo notas a mano durante un tiempo limitado.

CRUZ ROJA

Y, en esta línea, la delegada del distrito Macarena, Evelia Rincón, ha declarado que asociaciones como A Contramano y Ecologistas en Acción, cuyo objeto social es la defensa de la bicicleta como medio de transporte y el medio ambiente, respectivamente, no han sido invitadas por el Ayuntamiento a la mesa de trabajo para la remodelación de la avenida de la Cruz Roja “porque -dijo- no van a opinar sobre las canalizaciones de Emasesa ni sobre la limpieza de Lipasam”.

Pero la reordenación de la avenida es mucho más ambiciosa que cambiar unas canalizaciones o unos contenedores de basura de sitio, ya que el Ayuntamiento ha anunciado también la creación de plazas de aparcamientos para coches pese al carril-bici existente y la reposición del arbolado, lo cual significa que previamente se eliminarán los árboles que hay ahora. Son dos cuestiones altamente sensibles y que se sustraen a la opinión de estos dos colectivos ciudadanos pese a tanta promesa de fomentar la participación.

Como en el caso de la Gerencia de Urbanismo, el gobierno municipal no quiere tener presentes incómodos testigos que puedan cuestionar su actuación.

Minigasolineras en Nuevo Torneo, Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla

Urbanismo saca a concurso las dos primeras por un

canon anual de 12.500 euros durante 15 años

El proceso no se somete a información pública ni

estudio previo de impacto

La Gerencia de Urbanismo aprovecha la falta de un Plan Especial de Estaciones de Servicio en la ciudad para aprobar la implantación de cuatro puntos de abastecimiento de combustible o minigasolineras en Nuevo Tornoe (dos), Ronda del Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla, sin realización de estudios previos de impacto ni proceso de exposición pública.

El PGOU vigente, que se aprobó en el año 2006, preveía la elaboración por el Ayuntamiento de un Plan Especial de Estaciones de Servicio para la regulación detallada de las condiciones de implantación del uso pormenorizado de las mismas y de los puntos de suministro de carburante y productos petrolíferos.

Sin embargo, en los ocho años trasncurridos desde entonces Urbanismo no ha cumplido ese mandato, lo cual le permite ahora aprovechar ese vacío para invocar las normas generales, las cuales permiten autorizar gasolineras en solares exprofeso o bien temporalmente, mediante concesión administrativa, en espacios públicos anexos al sistema viario, por un plazo máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.

Esta última fórmula ha sido la elegida por la Gerencia de Urbanismo para la implantación de minigasolineras (máximo de dos surtidores) en los siguientes emplazamientos:

1) Nuevo Torneo. Cruce de las avenidas Astronomía y Espingarda.

2) Calle Economía. Plaza Carlos Franco Pineda (Polígono de la Carretera Amarilla).

3) Nuevo Torneo. Cruce de la Avenida Ronda Tamarguillo con Avenida de San Jerónimo.

4) Ronda del Tamarguillo, entre la avenida de Andalucía y la calle Antonio de la Peña López.

La Gerencia ya ha decidido convocar licitación pública para el otorgamiento de una concesión administrativa sobre los dos primeros, sin proceso de exposición pública ni estudios previos de impacto.

En el caso de Nuevo Torneo, el suelo elegido mide unos 200 m2, se le reconoce una edificabilidad de 12 m2 y se le da un valor de 68.177,44 euros. Se saca a concesión por un periodo de 15 años y a cambio del pago al Ayuntamiento de un canon fijo mínimo anual de 12.800 euros, impuestos aparte.

En cuanto al emplazamiento de la calle Economía, tiene una superficie de 400 m2, un valor de 136.354,88 euros y una edificabilidad y condiciones similares al anterior (15 años y el abono de un canon anual mínimo de 12.800 euros).

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Este nuevo proyecto de la Gerencia de sacar a concurso terrenos calificados como espacios libres para la instalación de minigasolineras o pequeños surtidores automáticos de gasolina sin personal suscitó el rechazo de la oposición durante el debate en el Consejo de este organismo municipal, que acusó a Urbanismo de guiarse por criterios puramente económicos, cuando según el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, “la rentabilidad económica no puede ser el único criterio para la autorización de gasolineras. Son negocios -aseveró- que necesitan un estudio especial por seguridad, por los vecinos y por las actividades que se desarrollen en el entorno”.

A juicio de Muñoz, lo que tiene que hacer el gobierno municipal es aprobar el Plan Especial de Estaciones de Servicio, analizar dónde se pueden instalar y a partir de ahí iniciar los procedimientos para las concesiones y no “buscar la excepción para poder poner gasolineras al

margen de los estudios y procedimientos previos, además con concesiones por un periodo de 15 años”.

“Hay que analizar además -añadió- si el formato más conveniente  para la ciudad son los surtidores automáticos y sin personal. Y, sobre todo, hay que dar la máxima publicidad y transparencia a este tipo de procedimientos para que un negocio o un bloque de vecinos no se enteren de la instalación de una gasolinera cuando empiecen las obras”.

Complicarse la vida (con la zona azul)

El gobierno municipal presidido por Juan Ignacio Zoido se ha empeñado en complicarse la vida a tan sólo diez meses de las elecciones municipales tocándole el bolsillo a cada vez mayor número de sevillanos y por ello, siguiendo la tradición por estas fechas de las Administraciones Públicas, ha aprovechado el verano para aprobar, sin comunicarlo a la opinión pública hasta que no lo destapó la oposición, la ampliación de la ampliación de la zona azul a once calles más de tres sectores distintos (Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia). Son un total de 144 plazas que se unen a las más de 7.000 que ya provocaron rebeliones vecinales en Bami y Nervión, fundamentalmente.

La nueva ampliación fue acordada mediante una resolución firmada el pasado 30 de junio por el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y comunicada a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que se celebró el 4 de julio. En ninguna de las dos fechas se difundió ninguna información al respecto a la opinión pública, pese a tratarse de un asunto de indudable interés ciudadano, dado que se trata de once calles que en algunos casos son muy transitadas y en las que se registra una intensa circulación de vehículos: Eduardo Dato, San Alonso Orozco, José de la Cámara, Trovador, Padre Luque, Ciudad de Ronda, Diego de Riaño, Avenida Carlos V, Doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta, Plaza Aviador Ruiz de Alda y Doctor José María Bedoya.

Curiosamente, el gobierno local sí se esforzó en la víspera de la celebración de aquella Junta de Gobierno, incluso con una rueda de prensa del alcalde y del delegado de Urbanismo, de anunciar la aprobación al día siguiente del inicio de los trámites para recalificar la zona portuaria donde pretende instalarse el proyecto Sevilla Park, aunque sin ofrecer tampoco el dato sustancial de que se trata de un macrocomplejo comercial de 65.000 m2 y procurando que toda la atención se concentrara en un Auditorio para eventos musicales y deportivos que no es más que la guinda del pastel.

EXPLICACIONES ‘A POSTERIORI’

Sólo después de que el martes, cuatro días después de celebrada la Junta de Gobierno, el portavoz socialista, Juan Espadas, informara en rueda de prensa de que habían sido incluidas once calles más en la lista de las declaradas con estacionamiento regulado en superficie sin que hubiera mediado difusión pública por parte del gobierno municipal, el delegado de Movilidad se vio obligado a dar estas explicaciones:

1) No ha habido oscurantismo: “El oscurantismo -afirmó- no existe hoy en día. Pertenece a épocas pasadas en las que el PSOE gobernaba con IU en el Ayuntamiento. Entonces sí que había muchas cosas oscuras”.

2) Se ha aprobado esta medida porque lo han pedido los vecinos. En este sentido puso de ejemplo las 90 plazas creadas entre San Alonso Orozco y Plaza Aviador Ruiz de Alda por petición expresa de los presidentes de comunidades de propietarios, que, según dijo, se dirigieron al Distrito para beneficiarse del abono de residentes.

3) La medida, además, la permite el pliego de condiciones, que en estimación del delegado de Movilidad faculta a corregir al alza o a la baja un 10% del total de las plazas existentes.

PUBLICIDAD PREVIA

Veamos, pues, qué dice realmente el pliego de condiciones del concurso para la zona azul. Así, el artículo 14 especifica: “El adjudicatario (o sea, la empresa municipal en segunda instancia Aussa) deberá efectuar una campaña de publicidad con un mes de antelación como mínimo a la instauración de los nuevos sectores, a la puesta en marcha de los nuevos expendedores, así como a cualquier modificación de las zonas reguladas mediante edición de folletos informativos y anuncios en medios y soportes de forma que quede garantizada su amplia difusión”.

Así pues, cualquier modificación obliga a realizar una campaña publicitaria previa con un mes de antelación, pero en este caso no se ha realizado campaña alguna, pese a lo cual el delegado niega que se haya producido oscurantismo.

En cuanto a la corrección del 10% al alza o a la baja en el número de plazas de aparcamiento en la zona azul, curiosamente tanto el delegado como la oposición hacen una interpretación similar de ese margen de maniobra, que está tratado en el pliego en tres artículos distintos, con este tenor:

-El adjudicatario ( o sea, Aussa) no tendrá derecho a ninguna reclamación por desequilibrio económico por errores en el número de plazas computadas, tanto al alza como a la baja, hasta el 10% del número total consignado.

-(…) el concesionario no tendrá derecho a contraprestación y no se considerará que produce desequilibrio económico hasta un 10% de reducción de plazas respecto al número de plazas de la licitación.

-El concesionario deberá admitir una modificación del número total de horas de los 10 años del contrato del 10%, sin que ello sea causa de desequilibrio económico.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Se observa que estos tres puntos se refieren esencialmente a que la empresa concesionaria del servicio no podrá alegar desequilibrio económico para ser indemnizada en caso de que las plazas se reduzcan, por cualquier causa en un 10% Y parece difícil que reclame por que  le aumenten el número de plazas en ese porcentaje si con ello se van a incrementar sus posibilidades de facturación en forma equivalente.

El delegado toma el rábano por las hojas cuando se habla de errores al alza o a la baja, pero, atención, de errores (se presupone que involuntarios) en el cómputo de plazas, no como consecuencia de una decisión política de ampliación, como ha sido este caso. Estos puntos, además, van en el sentido de una reducción en las plazas de la zona azul, no en el contrario de una ampliación.

Juan Bueno sí podría haber invocado no esos puntos, sino el artículo 3.3, que faculta al Ayuntamiento a ampliar o reducir el servicio, pero por causas justificadas o de interés público, lo que le habría obligado a razonarlas, algo que tampoco ha hecho.

Su resolución incluye otra medida sorprendente en unos tiempos de crisis y de recortes en que las arcas públicas necesitan captar ingresos y en que la Hacienda municipal por cobrar, cobra hasta la tasa de basuras a los locales vacíos: los residentes pueden obtener el distintivo con derecho a bono de zona azul aunque no estén al corriente de pago del sello del coche. Se trata de un privilegio que la Delegación de Movilidad tampoco ha fundamentado y que va en detrimento de la ejemplaridad fiscal y caza de los morosos que preconiza y practica la Delegación de Hacienda con el resto de los sevillanos.

FIRMAS EN CONTRA

Tras conocerse esta resolución, una plataforma vecinal de Nervión ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento mil firmas en contra de la ampliación de la zona azul a sus calles, una actuación que debería poner en un brete al delegado de Movilidad, ya que si dice que el Ayuntamiento ha ampliado la zona azul a petición de presidentes de comunidades de propietarios, ¿qué debe hacer cuando hay mil vecinos que le piden lo contrario, que no la amplíe? ¿Valen má las peticiones de los que están a favor con tal de obtener un bono de aparcamiento de residente y aunque no paguen el sello del coche que quienes están en contra y sí pagan sus impuestos al Ayuntamiento?

La resolución del delegado de ampliar la zona azul se ha producido sin esperar al Defensor del Pueblo andaluz, cuya mediación y/o intervención habían pedido hace varias semanas los vecinos y trabajadores de Bami y Nervión afectados por la regulación del aparcamiento en superficie, y pese a que el alcalde se había mostrado conciliador y dispuesto a que se entablara un diálogo con los opositores a la ampliación de la zona azul.

Esta actitud dialogante no se compadece con una política previa y posterior de hechos consumados, en que no sólo no se congela la nueva zona azul, sino que se amplía a los pocos días aprovechando el éxodo ciudadano a las playas por el verano.  

 

Un triple Nervión Plaza

Sevilla Park tendrá el mayor complejo comercial de Andalucía, con 65.000 m2, y el vigésimo de España

Los promotores plantean la construcción de torres de hasta 40 metros de altura a orillas de la dársena

 

El jueves 3 de julio, Zoido, acompañado de su delegado de Urbanismo -Maximiliano Vílchez-, trató de acaparar protagonismo en relación con el proyecto de macrocentro comercial ‘Sevilla Park’, al que con su entusiasmo habitual llegó a calificar de “proyecto de Estado”. A tal efecto había convocado una rueda de prensa en el Ayuntamiento, cuyo inicio demoró durante media hora porque, según se dijo, estaba realizando las últimas llamadas a las Administraciones implicadas.

El alcalde anunció que la Junta de Gobierno prevista para el día siguiente iba a tramitar por vía de urgencia la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial del puerto para permitir su implantación, que se complementaría con un auditorio para eventos musicales y deportivos y una terminal para el atraque de cruceros turísticos.

Zoido agradeció a la Junta de Andalucía, el Gobierno y, especialmente, a la Autoridad Portuaria su colaboración para sacar adelante el proyecto y, sobre todo, a la iniciativa privada su apuesta por elegir Sevilla. Según dijo el alcalde, supondrá una inversión de unos 200 millones de euros y creará más de 2.500 empleos. En su momento, los promotores hablaron de 180 millones de euros de inversión y 2.000 empleos, de los que 1.000 serían únicamente durante la fase de construcción.

INICIATIVA DEL PUERTO

¿Gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria por su colaboración o más bien al revés? Porque éste no es un proyecto digamos propio del Ayuntamiento, al margen de que lo sean todos los que se ejecuten en la ciudad, sino de aquélla y del Estado, del que depende el puerto, como prueba el hecho de que fue el antiguo presidente de dicho organismo, Manuel Fernández, quien el pasado 15 de enero remitió a Vílchez un extenso documento de 230 páginas sobre la modificación puntual del Plan Especial del puerto e implantación del nuevo artículo XXXIV. Area AP-18. Deportivo-Ocio-Cultural y Gran Superficie Minorista.

Pero según algunas interpretaciones en materia urbanística, dado el régimen especial del puerto de Sevilla y la redacción del PGOU de la ciudad (2006), la Autoridad Portuaria tendría autonomía urbanística para redactar una innovación del Plan Especial, de competencia estatal, y al Ayuntamiento únicamente le correspondería validarla, sin necesidad del proceso iniciado por Manuel Fernández, mucho más lento y que ha equivalido a no ejercer su especial status portuario.

Dicho de otro modo, es como si no hubiera diferencia alguna entre Altadis y el puerto a la hora de tramitar sus respectivas modificaciones urbanísticas, cuando en el caso de este último la vía más corta era la mera modificación del articulado del Plan Especial. Al margen de todo ello, si algo está claro es que quien inicia los trámites para la instalación de Sevilla Park en la ciudad no es Zoido, como incluso ha lllegado a titularse, sino Manuel Fernández, en su momento presidente de la Autoridad Portuaria.

TREINTA AÑOS PRORROGABLES

Y es que ésta, necesitada de ingresos alternativos al margen de su actividad ordinaria, es quien recibirá en sus arcas los jugosos canon de ocupación y de explotación del suelo del que es propietaria en la margen derecha del río por su cesión a Sevilla Park por un plazo de 30 años prorrogables a 35, mientras que el Ayuntamiento cobrará por las licencias de obra que expida y, luego, por los tributos de carácter local.

Pese a las prisas para que el proyecto empiece a construirse después del verano y antes de las elecciones y sea una realidad en 2015 (¿alguien puede creerse que 80.000 m2 de edificabilidad pueden rematarse en sólo 12 ó 15 meses?), no ha habido tanta alfombra roja como podría pensarse extendida a los pies de los inversores, cuatro empresas ligadas al sector del ocio y de los espectáculos: Octagon, Live Nation, RIM y Last Tour.

Estas han tenido que redactar siete informes específicos en respuesta a los requerimientos técnicos de la Gerencia de Urbanismo desde que en enero la Autoridad Portuaria solicitó la modificación del Plan Especial, requerimientos que han ido dilatando la tramitación hasta que el 4 de julio se aprobó oficialmente el inicio de los trámites para aprobar la modificación del Plan Especial.

DE PUNTILLAS

Llama poderosamente la atención que en su rueda de prensa el alcalde omitiera, más allá de palabras genéricas -al igual que en las filtraciones periodísticas previas- detalles sobre la esencia del proyecto, un macrocomplejo comercial al borde de la dársena, ya que se ha tratado de poner siempre el foco exclusivamente  sobre el Auditorio. El macrocomplejo se despachaba con la expresión “zona de compras” o “zona comercial”. ¿Por qué se oculta esta circunstancia si el proyecto se atiene a la legalidad urbanística y tanto se pondera la magnitud de la inversión y los miles de empleos a crear?

Sevilla Park no será un Auditorio con zona de compras anexa, sino tal como describe la Autoridad Portuaria en el documento presentado en enero a Urbanismo, el mayor complejo comercial de Andalucía (65.000 m2 de superficie) con un Auditorio anexo, que no es lo mismo: “Esta nueva Superficie Comercial, por sus dimensiones y oferta de plazas de aparcamiento es -puede leerse- una de las mayores de España y la mayor de Andalucía, triplicando la S.B.A. (Superficie bruta arrendable) del Centro Comercial Nervión-Plaza, situado también en Sevilla, y superando asimismo el centro Plaza Mayor de Málaga, que hasta la fecha era el mayor de los analizados en Andalucía”.

Efectivamente, será el más grande de la región al superar los 53.107 m2 del centro malagueño y los 22.000 del Nervión Plaza sevillano, y el vigésimo de España, tras el Thader de Murcia (67.000 m2) y por delante del Max Center (59.773 m2) de Baracaldo (Vizcaya).

COMERCIAL MÁS QUE CULTURAL

Dado que la gran superficie comercial minorista ocupa el 81,25% de la edificabilidad solicitada para el proyecto, frente a tan sólo el 18,75% del Auditorio, Sevilla Park es sobre todo un complejo comercial y no cultural como se ha tratado de presentar, por acción u omisión, desde el Ayuntamiento, que en paralelo tramita también la recalificación para usos terciarios (comercios, hoteles, oficinas) de la cercana fábrica de tabacos de Altadis en la misma margen derecha del río.

Cabría, pues, pensar, con Ikea-2 en el horizonte igualmente, que Sevilla puede sufrir aún mayor saturación de centros comerciales y preguntarse si habrá suficiente tarta para todos en la ciudad y su área de influencia, un riesgo que en todo caso deberán correr sus promotores en una economía de libre mercado. Sin embargo, la tesis de que la explotación del macrocomplejo tres veces más grande que el Nervión Plaza es fundamental para asegurar la viabilidad económica del Auditorio demuestra entonces la infundada idea de que Sevilla, con su área de influencia y su turismo, es un mercado de suficiente tamaño como para organizar la actuación de grandes estrellas de la música pop durante todo el año bajo techo.

TORRES DE 40 METROS

Los promotores no sólo piden 65.000 m2 de edificabilidad terciaria más a orillas de la dársena hasta un total de 80.000, sino también que les autoricen a construir torres de 30 metros de altura, y de 40 metros en casos singulares, con lo que habría una prolongación de las torres de 30 metros previstas en Altadis y de los grandes bloques ya existentes en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Se creará un nuevo ‘skyline’ en la margen derecha del Guadalquivir.

Dado que la construcción de la línea 4 del Metro, que pasaría por el entorno, no se adivina factible a medio plazo, la accesibilidad a esta franja de suelo junto a la dársena a través del único punto existente, el puente de las Delicias, se antoja como el gran talón de Aquiles de Sevilla Park.

Los promotores prevén que atraiga a 24 millones de visitantes/año, el 74% de los cuales lo hará en coche privado y generará un tráfico de 6,1 millones de vehículos. Esto significa un promedio de 16.712 vehículos/día que añadir a los 40.384 que ya circulan (cifra más baja debido a la crisis) por la Avenida de Juan Pablo II y a los 15.587 que lo hacen por la carretera de la esclusa.

Va a haber, pues, 6,1 millones de coches más por el embudo del puente de las Delicias, en una situación similar, si no peor, de la temida por Zoido por el efecto de la torre Pelli. El alcalde no deja de reivindicar que la Junta le autorice a construir un puente entre Torneo y la Cartuja para aliviar el tráfico atraído por el rascacielos, mientras que Fomento apuesta por el transporte público y los carriles-bici.

Curiosamente, en el caso de Sevilla Park el alcalde elude hablar de los previsibles problemas de tráfico y subraya que los promotores proyectan extender un carril bici a las inmediaciones. En un caso la bicicleta se critica por insuficiente y en otro se presenta como la solución a los problemas de movilidad.

Un tercio de las familias realojadas no podrán volver a Los Pajaritos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha encomendado a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa)  la realización de las actuaciones necesarias para el realojo de las primeras familias residentes en la barriada de Los Pajaritos que han sido incluidas en la operación de rehabilitación del barrio, si bien se prevé que más de un tercio de las mismas no retornen allí al cabo de tres años y medio.

El Consistorio es el propietario de 524 viviendas de alquiler repartidas entre 66 bloques en Los Pajaritos. Por sus escasas dimensiones (podría hablarse de infraviviendas) y el elevado nivel de deterioro que sufren, se planteó hace ya años un proceso de remodelación de la barriada, que implica la demolición por fases de los bloques existentes y la construcción en su lugar de otros nuevos, acordes con los tiempos actuales, previo desalojo de las familias que residen en ellos, las cuales serán realojadas en otras zonas de la ciudad mientras duren las obras. Una vez terminadas las nuevas viviendas, estas familias deberían volver a la zona en que hasta la fecha se ha desarrollado su existencia.

Sin embargo, tanto del expediente de la encomienda de la operación a Emvisesa por parte de la Junta de Gobierno municipal como de las cifras manejadas hasta ahora se comprueba que 34 familias (un 35%) de las incluidas en la primera fase de la operación, que podría iniciarse a lo largo del mes de julio con tres años y medio de retraso sobre la previsión inicial, no podrán volver a su actual emplazamiento, “por lo que -puede leerse- el Ayuntamiento, en su caso, adjudicará a estas personas viviendas fuera del ámbito de actuación, en las condiciones y requisitos que en su momento se convengan”.

Así se colige, además, de los planes de esta primera fase de actuación, que se prevé que a partir de julio y hasta el año 2017 afecte a 96 viviendas de Los Pajaritos, distribuidas entre las calles Gavilán, Tordo y Estornino. En su lugar se construirán dos bloques con 31 viviendas cada uno. En total, pues, 62 viviendas, cuando las familias que se realojen fuera del barrio por Emvisesa serán 96. No habrá pisos para 34, que tendrán que cambiar de lugar de residencia.

Para la operación de realojo de los vecinos mientras se derriban sus bloques y se construyen los nuevos, Emvisesa ofrece, tras la encomienda municipal, 66 viviendas en la Avenida de Andalucía, 16 en Nuevo Amate, 9 en Torreblanca y 2 en Aeropuerto Viejo.

Emvisesa, que no firmará ningún tipo de contrato con estos inquilinos,  no asumirá tampoco compromiso u obligación alguna con las personas realojadas una vez finalizado el realojo temporal y concluida la encomienda. En el caso de que por parte de los ocupantes de las viviendas se produjera un incumplimiento de las obligaciones impuestas por la empresa municipal, se podría producir su desalojo en cualquier momento y los desalojados perderían el derecho a ser realojados en pisos de nueva construcción.

El presupuesto de la operación de realojo es de 930.000 euros en números redondos y se estima que las nuevas viviendas no estarán disponibles hasta dentro de tres años o de tres años y medio. Si se sobrepasara ese plazo, el Ayuntamiento asumiría los gastos hasta que retornaran  o se les adjudicaran nuevas viviendas definitivas. Los inquilinos tendrán que aportar 2.750 euros.

Sevilla queda con 87.381 parados tras un descenso de 611 en junio de 2014

En el último año hay 1.596 desempleados menos en la capital

Las personas de edad madura, las más golpeadas por la crisis

El repunte en 308 parados eleva el paro en la provincia a 245.775

 

El paro disminuyó en Sevilla capital durante el mes de junio en 611 personas y se sitúa ahora en 87.381, según los datos oficiales registrados en las oficinas del Servicio de Empleo (antiguo Inem) y divulgados por el Ministerio de Empleo que dirige la onubense Fátima Báñez. Es el tercer mes consecutivo, tras abril y mayo, en que baja el número de parados en la capital de Andalucía, aunque no de forma tan acusada como el mes pasado. El descenso en la capital contrasta con el repunte registrado en la provincia, donde el paro vuelve a subir levemente (+308 personas) al figurar inscritos en las oficinas del SAE 245.775 desempleados.

El descenso del número de parados en Sevilla capital supone apenas un -0,69%, mientras que el ascenso en la provincia es de un +0,12%. En comparación con el mismo mes del año 2013, la caída del desempleo en la capital es un poco mayor que entonces, cuando 520 personas salieron de las listas de parados y la cifra global se situó en 88.977.

Así pues, en la evolución interanual, entre junio de 2013 y junio de 2014 el número de parados ha descendido en la ciudad en 1.596 personas, lo que significa un -1,79%. Dado que Zoido llegó a la Alcaldía con un paro oficial de 76.689 personas, los 87.381 actuales significan un incremento de 10.692.  Sin embargo, desde el pasado mes de marzo, en que se alcanzó el peor dato de paro en el mandato del actual alcalde, con un pico de 91.925 desempleados, la tendencia se ha invertido en positivo y en tan sólo tres meses se han registrado 4.546 parados menos, números demostrativo de lo importante que para la ciudad es lo que podría llamarse el ‘efecto primavera’, la estación del año en que gracias a sus fiestas mayores el tirón del turismo supone un gran alivio y su impacto económico se traduce en creación de empleo, siquiera temporal.

Tras los datos facilitados por el Ministerio de Empleo, el número de mujeres inscritas en las oficinas en demanda de un puesto de trabajo asciende en Sevilla capital a 47.566 (descenso de 207 en comparación con mayo), y el de hombres a 39.815 (caída de 404).

Por sectores productivos, el paro ya no baja en todos, como ocurrió durante el mes de mayo, sino sólo en Industria, Construcción y el colectivo de Sin empleo anterior, y sube en Agricultura y, de nuevo, en Servicios. Ahora queda distribuido de la siguiente manera: Agricultura, 1.450 parados (+62); Industria, 5.539 (-267); Construcción, 8.627 (-102); Servicios, 59.869 (+29), y Sin empleo anterior, 11.896 (-333).  Llama poderosamente la atención que de nuevo se haya invertido la tendencia en un sector clave para la capital cual es el de los Servicios, en que ha vuelto a subir el paro, levemente, tras las buenas cifras del mes de mayo, que turísticamente fue el mejor de la historia reciente, cuando este sector acumuló el 67% del descenso del paro en la ciudad. Ahora no llega a superar la cota de los 60.000 desempleados pero se queda a las puertas.

 

GRUPOS DE EDAD

Por grupos de edad, el número de parados sube en cuatro segmentos: los menores de 20 años; los que tienen entre 40 y 44 y los dos colectivos de mayor edad, los de entre 55 y 59 años y los mayores de 59. En el resto de grupos se registra una caída. Prácticamente se compensan el mayor incremento, los 380 parados más entre los menores de 20 años, con el mayor descenso, los 348 parados menos entre quienes tienen de 20 a 24 años.

En junio, el número de parados por edad queda de esta manera:

Menores de 20 años, 1.423 parados; de 20 a 24 años, 6.527; de 25 a 29 años, 8.971; de 30 a 34 años, 9.981 desempleados; de 35 a 39 años, 11.249; de 40 a 44 años, 11.310; de 45 a 49 años, 12.413; de 50 a 54 años, 10.885; de 55 a 59 años, 9.073; y mayores de 59 años, 5.549.

Según la estadística, el paro juvenil (hasta 29 años de edad) afecta en la ciudad a 16.921 personas, un 19,36% del total. En el lado contrario, el número de parados mayores de 50 años asciende a 25.507, lo que supone el 29,19% del total. En ambos colectivos ha crecido levemente el paro en el mes de junio, mientras que ha caído en los grupos de edad madura, salvo entre quienes tienen de 40 a 44 años, donde ha subido ligeramente.

El colectivo con mayor número de desempleados es el de 45 a 49 años, donde hay 12.413 parados. En general, la franja de edad con más parados en Sevilla capital es la de las personas entre 35 y 54 años, donde se registra un total de 45.857 desempleados (el 52,47%). En cada subgrupo de edad en esa franja hay más de 10.000 parados, un dato que no se registra en ningún otro. Por tanto, más que a los jóvenes, el paro está golpeando en la ciudad a las personas de entre 40 y 50 años sobre todo y a los escalones inmediatamente anteriores y posteriores.

LA PROVINCIA

Por lo que se refiere al conjunto de la provincia de Sevilla, se ha invertido la buena tendencia del mes de mayo, cuando se registró un descenso de 4.935 parados, ya que el paro ha subido en junio, levemente pero incremento al fin y al cabo, en 308 personas, con lo que afecta a  245.775.

Esta subida se ha debido sobre todo al ascenso experimentado entre las mujeres, donde hay 609 paradas más que en el mes anterior (129.858), mientras que el descenso de parados masculinos en 301 hasta quedarse en un global de 115.917 no ha servido para compensar en el balance general por sexos.

Si en mayo el descenso del paro se registró en todos los sectores salvo en el grupo de Sin empleo anterior, ahora es éste en el que baja, pero sube en Agricultura y en los Servicios, con lo que la distribución sectorial queda de esta manera:

Agricultura, 15.492 parados (+ 1.215); Industria, 19.189 (-552); Construcción, 32.372 (-411); Servicios, 149.381 (+ 819), y Sin empleo anterior, 29.341 (-763).

 

Puente o pasarela

El gobierno municipal acordó en el Pleno ordinario de junio la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU para la construcción de un puente que, en lugar de la pasarela peatonal prevista en el Plan General, canalice el tráfico rodado que genere la futura puesta en servicio (año 2015) de la torre Pelli. El punto contó con el voto a favor del PP, el negativo de IU y la abstención del PSOE.

En el transcurso del debate, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, insistió en que el puente en vez de la pasarela peatonal es la única solución para el problema del tráfico que generará el rascacielos, mientras que el portavoz de IU, José Manuel García, defendió que se acometan las soluciones previstas en el PGOU, las cuales pasan por el transporte público (prolongación del tren de cercanías hasta Torretriana y, luego, Blas Infante; dos nuevas líneas de Metro y extensión del tranvía hasta Plaza de Armas), dos puentes para el tráfico rodado pero no al Sur de la Cartuja, sino al Norte, y aparcamientos públicos en la calle Guadalquivir y el Canal de la Expo.

Maximiliano Vílchez espetó a García, para finalizar el debate, que si no se construye el puente, “a ver cómo se lo dicen a los sevillanos cuando estén en el atasco”. Pues en el caso de que se produjera tal hipótesis, que está por demostrar después de que por causa de la crisis y en paralelo a la construcción de la torre Pelli el tráfico haya descendido casi un 20% en Sevilla, el gobierno local de turno debería decirles a los sevillanos que ésa es la consecuencia de la política urbanística de ‘grandeur’ preconizada por Monteseirín durante su mandato, simbolizada por el rascacielos de la Cartuja, las ‘Setas’ de la Encarnación, la derruida -por ilegal- biblioteca universitaria sobre la zona verde de los jardines del Prado (más de 9 millones de euros tirados a la basura) y la conversión de la Alameda de Hércules en el equivalente al paseo marítimo de Islantilla.

ADVERTENCIA DESOÍDA

Si la hipótesis del atasco con más intensidad aún que el existente antes del inicio de la crisis se convirtiera en realidad, no haría más que dar la razón, fundamentalmente a los ecologistas y conservacionistas, que ya cuando se lanzó el proyecto del rascacielos alertaron de la irresponsabilidad que supondría construirlo justo en el punto más saturado de tráfico de la ciudad, la entrada a Sevilla desde la autovía que la conecta con el Aljarafe, Huelva y Portugal.

Cuando en febrero de 2008 se empezó a vallar el solar cercano a Torretriana en el que se iba a construir la torre Pelli y centenares de funcionarios de la Junta que allí aparcaban sus vehículos expresaron su protesta por que debían buscarse un estacionamiento alternativo y empezaban a tomar consciencia del problema que se les avecinaba, el entonces alcalde y promotor político del rascacielos en la Cartuja como supuesto símbolo de modernidad, Monteseirín, prometió redactar un plan de tráfico concreto para su entorno.

Atención al dato: se promovió la torre Pelli y se iniciaron las obras hace seis años (licencia, 16 septiembre de 2008) ¡sin un plan previo de movilidad sobre sus efectos y con sólo una promesa ‘a posteriori’ de redactarlo pero del que nunca más se supo! Monteseirín no hacía más que ratificar lo que en su día ya habían dicho los entonces responsables de Cajasol durante la presentación del rascacielos: desconocían los planes de tráfico existentes para la zona y remitían al Ayuntamiento, en la confianza de que éste tendría previsto su impacto en la Cartuja.

MÁS QUE LA TORRE

Ese impacto, según dijo Monteseirín en marzo de 2008, sería “positivo”. En su opinión, la solución (hablar de solución ya equivalía a reconocer un problema y por tanto un impacto negativo) no consistía en hacer más viales porque al final todos desembocarían en el mismo puente, el del Cristo de la Expiración, sino en “apostar por el transporte público, la política de aparcamientos, las rondas de circunvalación y ofrecer más alternativas al vehículo particular”.

Pero ese impacto no medido, pese a lo cual se autorizó el rascacielos en una política de hechos consumados, no sólo iba a derivar de la torre Pelli, sino también de otros proyectos existentes entonces y que fueron tumbados por la crisis. Recuérdese que en el entorno de la torre se había planeado la construcción de una nueva sede para la Gerencia de Urbanismo que sustituyera a las caracolas, con un coste de 70 millones de euros y para dar cobijo a más de 600 funcionarios, y una nueva macroconsejería de la Junta, Torretriana II, en la parcela de las banderas de la Expo, con una edificabilidad de 68.000 m2, equivalente a la posteriormente autorizada para la torre Pelli.

Y todo elllo cuando el Plan de Transporte Metropolitano de la Junta ya reflejaba que el tráfico con destino al centro de Sevilla superaba en un 5% la capacidad de absorción de la demanda por las infraestructuras existentes en hora punta. La previsión para 2020 era de que se superaría en un 25% la capacidad de absorción de ese embudo citado por Monteseirín del puente del Cristo de la Expiración.

PROBLEMA HEREDADO

Este problema en ciernes, muy aliviado por la caída de tráfico causada por la crisis económica, es el que ha heredado Zoido. El alcalde lo pretende solucionar antes de que hipotéticamente se plantee construyendo un puente para el tráfico rodado, en vez de una pasarela peatonal, desde Torneo a la Cartuja, embutido entre los bienes patrimoniales como el pabellón de la Navegación de la Expo y el monasterio de Santa María de las Cuevas, y a un coste mínimo de 11,3 millones de euros. De este dinero, sólo dispondría de los 4,8 millones comprometidos en su día por la promotora del rascacielos para la pasarela peatonal.

Zoido se ha empecinado en esta batalla urbanística contra los dictámenes hasta ahora negativos de la Junta, que visó el PGOU de Monteseirín, con lo cual estaría liberando al Gobierno andaluz y al central del elemento de presión que supuestamente tendría -la amenaza del terrible atasco permanente- para exigir a esas Administraciones que construyan las infraestructuras previstas en el PGOU para evitarlo o paliarlo: cierre del anillo ferroviario, nuevas líneas de Metro, puentes al Norte de la isla, aparcamientos públicos, etcétera.

Al contrario: en vez de presionar a la Junta para que ejecute las alternativas que avaló con el PGOU de Monteseirín, Zoido se echa sobre sus hombros y sobre las arcas del Ayuntamiento la solución al hipotético problema en beneficio de una iniciativa privada y que le obligaría a desembolsar 6 millones de euros (la diferencia entre el coste de la pasarela que sufragaría la promotora del rascacielos y el del puente), más otro millón de euros en la convocatoria de un concurso arquitectónico para el puente, cuya construcción y entrada en servicio se demoraría hasta 2018, tres años después de la prevista inauguración de la torre Pelli.

COMPÁS DE ESPERA

Por tanto, con estos plazos el puente no va a solucionar de entrada el hipotético problema de los atascos que provocaría el rascacielos y que parecen demasiado magnificados por los técnicos municipales para justificar su construcción: ¡un 46% de incremento del tráfico, casi el doble de todo lo previsto en el Plan Metropolitano para el año 2020!. Si de todos modos habría un lapso de tiempo de tres años, ¿no sería mejor esperar a ver cómo evoluciona el tráfico sin puente para obrar en consecuencia?

Si al tráfico rodado se le crean nuevas infraestructuras a su servicio, nunca se darán las condiciones para que el problema se aminore, sino al contrario, ya que se entraría en una espiral sin fin: un efecto llamada para más coches, que a su vez demandarían nuevos puentes, con lo que se incrementaría de nuevo el tráfico, y así sucesivamente. La solución, pues, consistiría en crear alternativas al tráfico privado -que no se han hecho todavía- en vez de potenciarlo con un nuevo puente. A su impacto paisajístico sobre los bienes patrimoniales de la Cartuja (no es el mismo que el de una liviana pasarela peatonal) habría que añadir el hecho de que contravendría lo dispuesto no ya sólo en el PGOU vigente, sino también en la LOUA, el Plan de Transporte Metropolitano, el POTAUS y la Estrategia Andaluza de Movilidad, los cuales abogan por potenciar el transporte público en vez de potenciar el privado.

IMPACTO EN TORNEO

Hay otro elemento apenas considerado en este debate: el puente canalizaría  el tráfico rodado hacia y desde la Cartuja a través de la calle Torneo, de relativa circulación rápida y que discurre en paralelo al río sin obstáculo más allá de algunos semáforos en el itinerario.

La construcción del puente en perpendicular a Torneo rompería la continuidad del tráfico, por la necesidad de abrir paso al proveniente o con destino a la isla  a través del puente, con rotondas de acceso, con lo que se ralentizaría aún más el tráfico, con efectos hasta la zona de Arjona y del Paseo de Colón.

Y, por ende, el Ayuntamiento acaba de aprobar un parking de 180 plazas para dar servicio al Paseo del Arte, también con obligado acceso/salida desde Torneo.

Así, mientras trata de adelantarse a un problema en la Cartuja va sentando las bases para crear otros equivalentes en esta orilla del río.