Bicefalia

Las Administraciones Públicas han dado una solución salomónica y de carácter puramente político al conflicto existente en el seno de los Consejos de Administración del Teatro de la Maestranza y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que había provocado que ambas instituciones estuvieran huérfanas de dirección desde que en el mes de julio expiró el contrato de Pedro Halffter como director artístico del Teatro y musical de la ROSS y de Remedios Navarro como gerente de uno y otra.

Casi cuatro meses sin cabeza visible en el mundo de la élite cultural y musical, donde las programaciones de los teatros y las agendas de los artistas se cierran incluso con años de antelación, han supuesto un vacío que ha provocado la pérdida de oportunidades de contratación de figuras culturales y ha degradado la imagen del Teatro y de la Orquesta, por la polémica en que se han visto envueltos.

 

El esperpento llegó a su máxima expresión el pasado 10 de octubre, cuando sobre la marcha hubo que suspender la rueda de prensa convocada para anunciar el resultado del concurso internacional del que iba a resultar elegido el máximo responsable de los buques insignia de la cultura sevillana, una vez que quedó ratificada por unanimidad la continuidad de Remedios Navarro como gerente tras la fructífera labor realizada en el último decenio.

PACTO ROTO

Previamente se había alcanzado un principio de acuerdo para conciliar dos posturas opuestas. El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento, ambos regidos por el PP,  eran partidarios de la continuidad de Pedro Halffter al frente del Maestranza y de la ROSS, pese a que había venido de la mano del PSOE en tiempos de Juan Carlos Marset como delegado de Cultura de Monteseirín. Por el contrario, el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, con el apoyo de los músicos de la ROSS, había apostado públicamente por el relevo de Halffter al considerar que su proyecto estaba agotado tras diez años en ambos cargos y que se necesitaba una renovación de personas y de ideas.

Tras casi tres meses sin que nadie diera su brazo a torcer y ante el peligro de una situación enquistada para el futuro del teatro y de la orquesta se llegó al acuerdo de que Halffter continuaría en sus puestos pero con la abstención de la Junta de Andalucía para no reflejar la división que supondría la expresión de un voto negativo. Cuando se iba a hacer público el anuncio, la Consejería de Cultura dio marcha atrás por un cambio de estrategia: la gerente, Remedios Navarro, garantizaría la continuidad operativa de ambas instituciones y la ROSS no tendría un director titular, sino directores invitados a dirigir los distintos conciertos de un programa que ya estaba cerrado para la temporada 2014-2015 por el propio Halffter, y a ver quién cedía en sus posiciones.

DOS DIRECTORES

Finalmente, la mediación del Ministerio de Cultura entre Ayuntamiento y Junta ha permitido al cabo de casi mes y medio una solución salomónica que satisface a medias a todas las partes enfrentadas:

Halffter abandona la dirección de la ROSS, para satisfacción de Luciano Alonso y de unos músicos que habían expresado su repudio hacia el director tocando bajo su batuta hasta con lazos verdes de rechazo en sus indumentarias, pero continúa como director del Teatro de la Maestranza, en línea con los deseos del Ayuntamiento.

Su sustituto al frente de la ROSS será el director tejano John Axelrod, en un guiño a los músicos, de los que era el candidato preferido, aunque como Halffter ha dejado cerrada la programación de la temporada, aquél no debutará, salvo cambio de planes, al frente de la Sinfónica hasta el otoño de 2015. Sí asume desde este momento la responsabilidad de programar la temporada 2015-2016.

Para evaluar el funcionamiento de esta bicefalia artística, los contratos de ambos directores tendrán sólo dos años de duración en lugar de los cuatro inicialmente previstos y no supondrán un sobre coste para el teatro y la ROSS, ya que ascenderán a unos 35.000 euros anuales cada uno. Los emolumentos podrán incrementarse por la dirección de espectáculos y conciertos al margen de esta cantidad fija.

VUELTA AL ORIGEN

Así pues, la permanente confrontación política entre el Ayuntamiento y la Junta en Sevilla se ha trasladado al seno del Maestranza y de la Sinfónica hasta provocar esta bicefalia directiva que rompe el modelo unificado establecido hace un decenio y que en aquel momento se presentó en aras de una mayor eficacia. Sin embargo, esta dualidad de cargos no es nueva en la agitada historia de ambas instituciones y supone casi una vuelta a los orígenes, ya que aquí ha pasado prácticamente de todo.

Recuérdese que tras la Expo 92 el teatro de la Maestranza pudo funcionar gracias a los fondos de la Sinfónica y ello pese a que seis meses después de clausurada la Muestra Universal el Ayuntamiento acumulaba una deuda de 320 millones de pesetas con la orquesta, hasta el punto de que en lugar de programas de mano en los conciertos se repartían fotocopias, para ahorrar gastos. Francisco Senra, gerente único de ambas instituciones, explicaba entonces que cuando hubiera dinero se dividirían los gastos acumulados para discernir un presupuesto separado para el teatro y la ROSS, la cual tenía como director artístico a su primer titular y fundador, el maestro Sutej.

Esta bicefalia se mantuvo hasta 2004, con José Luis Castro como director del teatro desde 1994, y la Sinfónica con su propio director artístico (Klaus Weisse después de Sutej, y Alain Lombard a continuación) y su propio gerente, caso de Luis Miguel Rufino, que dejó el cargo año y medio después por diferencias con Lombard.

VARIACIONES

Así pues, en la evolución del modelo hemos pasado de directores artísticos y gerentes diferenciados para el teatro y la orquesta en una primera etapa a un binomio único director/gerente (Halffter/Navarro) durante diez años y, a partir de ahora, una gerente para las dos instituciones (la propia Remedios Navarro) y dos directores artísticos diferentes para el teatro y la orquesta pero con un denominador común: los dos, Halffter y Axelrod, son directores de agrupaciones sinfónicas. Vamos al más difícil todavía.

¿Qué saldrá del experimento? El tiempo lo dirá, ya que el árbol se mide por sus frutos, pero ambos directores son lo suficientemente inteligentes y experimentados como para saber que lo más conveniente para sus intereses personales y profesionales es una estrategia de coexistencia pacífica, alejada de divismos y enfrentamientos personales, y de hecho si Axelrod dirigió anteriormente a la Sinfónica y se ganó a sus músicos hasta el punto de ser su preferido como sucesor de Halffter fue porque éste lo llamó como director invitado. El reto es lograr una sinergia artística, en la que uno más uno sumen más que dos.

EFEMÉRIDES EN LONTANANZA

De momento todo son buenas intenciones. Halffter parece haber aprendido de sus errores, indudables aciertos aparte, en su decenio en Sevilla con propuestas que suponen un mayor acercamiento a la ciudad, como llegar a acuerdos de colaboración con la Orquesta Barroca, la Orquesta Joven y la de la Hispalense y el Conservatorio; la retransmisión de óperas en espacios públicos mediante pantallas gigantescas y la creación de un festival de ópera en verano con títulos vinculados a Sevilla, algo elemental para una ciudad turística como la nuestra y que organizan otras urbes europeas que no tienen la suerte de aparecer en 150 óperas en la historia de la música, algunas tan esenciales como Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Carmen y Fidelio.

Por su parte, Axelrod deberá demostrar que está a las alturas de las exigencias del cargo, ya que no es lo mismo venir de director invitado para un concierto que fajarse con los músicos en el día a día y obligarlos a ensayar las mismas horas que Halffter. Sus ideas de combinar la gran música sinfónica con músicas populares y de cine puede ser un gancho para atraer un público más joven (el actual lo componen sobre todo personas mayores de 55 años), pero sus propuestas de giras internacionales y de grabaciones discográficas dependerán más de los medios económicos en un contexto de crisis y de voluntades ajenas que de sus deseos.

En el horizonte de Halffter y Axelrod está la temporada de 2015-2016, cuando se cumplirá el XXV aniversario tanto del Maestranza como de la ROSS, una efemérides que debe servir para un relanzamiento de ambas entidades y para dar por saldada la evidente fractura de los últimos tiempos.  

 

CLH exigirá una altísima indemnización si la sacrifican por Sevilla Park

La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la Gerencia de Urbanismo y la Consejería de Fomento han presentado alegaciones e emitido informes sobre el proyecto Sevilla Park, un macrocomplejo comercial (el más grande de Andalucía) y de ocio promovido por la Autoridad Portuaria junto al puente de las Delicias. Los aspectos más controvertidos que se reflejan son el posible conflicto con los depósitos de carburantes y el impacto en la red viaria.

CLH alerta  en su alegación al proyecto Sevilla Park de que los terrenos que le destina la Autoridad Portuaria están calificados como industriales, un uso a su juicio adecuado, por lo que su recalificación para instalar allí el macrocomplejo comercial (el mayor centro de Andalucía, tres veces más grandes que el Nervión Plaza) y de ocio (un pabellón multiusos con capacidad para unos 20.000 espectadores en los conciertos) “va a crear un extraño enclave para el que no sabemos si se han tenido en cuenta otras consideraciones”.

La compañía, que almacena en grandes depósitos en el área portuaria combustibles para diversos usos en Sevilla y su entorno, se pregunta qué efectos produciría la irrupción de este enclave de actividades recreativa en una zona “perfectamente industrial” y si vulneraría el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.

CLH alerta de forma reiterada del conflicto que puede suscitarse en caso de autorizarse la construcción de Sevilla Park cerca de sus depósitos de hidrocarburos y de la altísima indemnización que exigiría en caso de que se pretendiera desmantelar sus instalaciones para primar el uso comercial y turístico. En esta línea, expone lo siguiente:

-Tenemos que tener la garantía ahora y no cuando está el hecho consumado de que la coexistencia va a ser posible. Si al final no lo fuese y tuviese que ser nuestra instalación la sacrificada, sería a costa de un altísimo coste para los promotores y los contribuyentes.

-Sería la expropiación la única alternativa y el elevado coste lo tendría que asumir el contribuyente.

-Dado el lugar de pública concurrencia se quiere crear ahora y CLH ya estaba ahí, debería buscarse un sitio adecuado para el Sevilla Park, y no al revés.

-Hay un informe de la Abogacía del Estado que señala que habrá conversaciones con CLH para el desmantelamiento y traslado de las instalaciones. No se tiene en cuenta que CLH tendrá que salir indemne y que debe hacerse una estimación del coste de su traslado.

La compañía energética subraya que, dada la normativa de prevención de accidentes graves, el proyecto caería en la zona afectada, por efecto dominó, y que la distancia de seguridad más crítica sería de 40 metros desde el lugar de pública concurrencia. CHL solicita en su alegación que el Ayuntamiento reconsidere su decisión y mantenga el uso industrial del suelo o, al menos, que se cree una comisión de estudio que analice  ambos espacios, lo que implicaría la suspensión del proceso durante el tiempo necesario.

URBANISMO

Por otra parte, en el informe emitido por la Gerencia de Urbanismo se afirma que la documentación presentada es insuficiente para valorar la correcta funcionalidad del viario y el cumplimiento del Plan General, y se añade: “La conexión propuesta del viario no se considera adecuada ya que es un cruce existente de viarios principales (y) se incorpora otra nueva infraestructura de gran capacidad. Esta solución afectaría a la funcionalidad del viario existente”.

Urbanismo también califica de claramente insuficiente la información referente a la geometría del viario e inadecuada la propuesta de Sevilla Park sobre el acceso peatonal, en bici y para vehículos de acceso restringido.

La Consejería de Fomento considera correcta la implantación pero detecta elementos de saturación del viario y déficits de aparcamiento y falta de un estudio sobre otras posibilidades de ubicación del proyecto, y destaca que sería la mayor superficie minorista de la ciudad.

A su vez, la Consejería de Turismo  emite un informe favorable condicionado al cumplimiento de disposiciones en materia de urbanismo, sistema general portuario y la calificación de Gran Superficie Minorista y aboga por incorporar un plan de movilidad urbana y que se garanticen

las dotaciones de aparcamiento.

 

El Ayuntamiento de Sevilla es dueño de parte del suelo que ocupa el vertedero ilegal de Padre Pío

El Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, revela que el Ayuntamiento de Sevilla es propietario de al menos parte del terreno convertido en vertedero desde el que la quema de residuos provoca graves problemas a los vecinos de Padre Pío y La Plata, pero el Consistorio se escuda en que  se halla geográficamente en el término de Alcalá de Guadaíra para no intervenir.

El delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, y el portavoz municipal del grupo de IU, José Manuel García, han polemizado en la última semana sobre la situación de los vecinos de Padre Pío y La Plata, afectados por la intensa humareda que desprende en un vertedero ilegal cercano la quema de cables de cobre robado para extraerles el metal. Además de escenario de  la quema de cables, el vertedero es una escombrera donde se acumulan todo tipo de residuos, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente y el riesgo para la salud de los residentes cercanos.

El portavoz de IU acudió hace días a la zona a escuchar las quejas de los desesperados vecinos, tras lo cual criticó al gobierno municipal “por no querer saber nada del estercolero y recurrir a distintas excusas con el fin de no intervenir sobre el terreno”.

Según García, Zoido debe “dejar de mirar a otro lado” y llevar a cabo “cuanto antes” la limpieza y recuperación de un espacio “actualmente abandonado e inundado de montañas de basuras”.

Por su parte, el delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, acusó al portavoz de IU de intentar engañar a los vecinos de Padre Pío y a los sevillanos por denunciar la existencia de un vertedero ilegal, “ya que éste -afirmó- pertenece al término municipal de Alcalá de Guadaíra, y el Ayuntamiento de Sevilla no tiene competencias para actuar sobre el problema”.

Estima Luque que tan sólo una pequeña parcela del terreno figura en el Catastro y no es en la que se producen los problemas de escombros y quemas, “y además -añadió- está confirmado que también es término de Alcalá de Guadaíra”.

La ubicación geográfica, sin embargo, no exime a ningún propietario que resida en otro término municipal de desatender sus obligaciones de mantener limpia de residuos su propiedad.En este sentido, el Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, refleja que el Ayuntamiento de Sevilla posee parte del terreno de la discordia.

La ficha urbanística recoge que el suelo, denominado Carretera Polígono El Pino y ubicado en el Cercado del Pozo, es un solar del Distrito Cerro-Amate inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra, incluido en el PGOU de 2006 y con una valoración económica de 130.157,29 euros.

El solar, calificación que ya abre una expectativa urbanística, no es una pequeña parcela si se tiene en cuenta que mide 17.650 m2, el equivalente a casi dos campos de fútbol.

El ‘tasazo’

La basura, en el sentido metafórico y en el real, domina la política en los últimos tiempos. En Sevilla hemos tenido varios ejemplos recientes. Primero fue la polémica, de alcance nacional, por la norma del Ayuntamiento de imponer multas de 750 euros a quienes rebuscaran en los contenedores. Posteriormente, por el vertedero clandestino de basura que hace la vida imposible a los vecinos de Padre Pío y La Plata. Y en el Pleno extraordinario del pasado martes para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2015, surgió la denuncia por el portavoz del PSOE, Juan Espadas, del denominado ‘tasazo’ a los institutos públicos: la decisión del gobierno de Zoido de cobrarle la tasa de la basura a los IES, que provocó un debate cargado de trasfondo ideológico.

Espadas denunció que la Hacienda municipal ya ha enviado a los directores de los aproximadamente 65 institutos oficiales de educación secundaria un oficio en el que se les conmina a pagar la tasa por la recogida de basuras, de la que se sobreentendía que estaban exentos porque nunca antes se les había exigido.

El periodo de gracia ha sido dado por liquidado, y puede que incluso con efectos retroactivos. La Hacienda municipal les ha exigido a los directores que acrediten mediante certificado el número de alumnos matriculados, a fin de calcular la cantidad de residuos que podrían generar y pasarles el recibo al cobro, con la advertencia de que si en un plazo de diez días no ‘regularizan’ su situación se dará traslado de las actuaciones a la Agencia Tributaria.

BRONCA POLÍTICA

La terminología empleada denota incluso la posibilidad de exigir el pago con efectos retroactivos por un periodo de cuatro años. Se estima que por este concepto los IES podrían tener que pagar entre 700 y 1.000 euros anuales, cantidad que se cuadruplicaría si se les obligara a pagar el último cuatrienio. En resumen, el Ayuntamiento ingresaría entre 50.000 y 200.000 euros por este concepto.

La iniciativa del gobierno, desvelada por Espadas, derivó en una bronca política en el Pleno que, de paso, sirvió para fijar las posiciones ideológicas de cada uno.

El alcalde defendió la medida con el argumento de que todos los sevillanos son iguales ante la ley y que 158 centros privados y concertados pagan la tasa de la basura, mientras que la Junta de Andalucía, responsable última de los IES,  es la única que no la abona.

Por su parte, el portavoz del PSOE recordó que la ley exime de pagar a los centros de enseñanza públicos y que cada euro que se destine a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública. La réplica del alcalde fue inmediata: “Usted lo que quiere es que la Junta no pague y tengan que hacerlo los ciudadanos”.

FISCALIDAD DE LA BASURA

La medida demuestra, al igual que el año pasado, cómo la Hacienda municipal trata de compensar o resarcirse de los anuncios de rebaja fiscal que públicamente hace el alcalde de cara al electorado. Dinero que el Ayuntamiento deja de ingresar por las decisiones políticas de Zoido, dinero que la delegada de Hacienda, Asunción Fley, busca por otras vías. Y la basura parece darle bastante juego.

El año pasado se inventó la tasa a los locales vacíos, sin reparar en que si estaban vacíos no generaban residuos que recoger y porque por efecto de la crisis económica sus propietarios, sufridores de las consecuencias, no habían podido colocarlos en el mercado inmobiliario.

La tasa provocó un gran malestar en la patronal, especialmente en los empresarios agrupados en la sectorial de la construcción, Gaesco, ya que además de soportar la devaluación de sus inmuebles invendidos y los gastos financieros correspondientes, se encontraron con el imprevisto de tener que pagar por los locales comerciales desocupados y construidos en los bajos de los bloques de viviendas.

También se produjeron situaciones esperpénticas, como pasar al cobro recibos por tasa de basura a casetas de la electricidad, repetidores de telefonía y similares, en los que jamás podría registrarse una actividad comercial. Cualquier punto señalado en el Catastro era motivo suficiente para que la Delegación de Hacienda notificara un recibo.

VUELTA DE TUERCA

Ahora, la delegada da una vuelta de tuerca más al colocar en su lupa fiscal a los IES y obligar al alcalde a respaldar su política recaudatoria frente al líder de la oposición, ya que no se podía permitir el lujo de desautorizarla en un Pleno municipal, aunque este respaldo político contribuye a alimentar la imagen de voracidad fiscal de su gobierno: se une a la ampliación de la zona azul y a las multas por la rebusca en los contenedores y contrarresta el discurso de Zoido de que este Ayuntamiento ha rebajado la presión fiscal a los sevillanos.

Espadas citó con fundamento la legislación existente, que teóricamente permitiría mantener la exención del cobro de tasas a los centros públicos de enseñanza. Así, el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, especifica en su artículo 21 (supuestos de no sujeción y de exención) lo siguiente: “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria”.

Y, por otra parte, es cierto que cada euro que los IES destinen a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública, ya que la Junta asigna a cada instituto una cantidad para gastos corrientes, partida de la que ahora habrá que detraer en conjunto unos 50.000 euros.

EXCEPCIONES

Para defender a su delegada de Hacienda, Zoido lanzó el mensaje de que como todos los sevillanos son iguales ante la ley, todos han de pagar, sin excepciones. La realidad demuestra que este principio no siempre se cumple. Sin ir más lejos, recuérdese cómo el Ayuntamiento se exonera a sí mismo de pagar y pasar la ITE de sus edificios mientras obliga a los ciudadanos a abonar la correspondiente inspección.

Más ejemplos los puede encontrar el alcalde en las propias Ordenanzas Fiscales que se sometían a aprobación en el Pleno, ya que el Ayuntamiento, mientras pone en su punto de mira a los institutos,  exime de pagar la tasa de la basura a los kioscos de menos de 20 m2, y bonifica con un 20% en el IBI a los empresarios que se instalen en la Zona Franca, cuando ya por el hecho de radicarse allí sus mercancías no pagan impuestos, con lo cual se les otorgan dos ventajas añadidas. Y, por otra parte, ¿pasa el recibo de la tasa de la basura a todas las parroquias de Sevilla al igual que dice lo va a hacer con todos los institutos porque todos son iguales ante la ley?

EQUIPARACIÓN

El segundo mensaje de Zoido fue el de equiparar a los centros de enseñanza privados con los públicos, cuando los primeros son negocios mercantiles con ánimo de lucro, legítimo pero se trata de negocios al fin y al cabo creados para ganar dinero aunque sea con la educación, y los IES son un servicio público que satisfacen el derecho y el deber de la educación de todos los ciudadanos, rasgo diferencial esencial por el que la ley les exime hasta del pago del IBI.

La diferencia que no han comprendido Fley ni Zoido es que mientras la tasa de basura de los centros privados de enseñanza la pagarán sólo los padres que pueden permitirse una educación con mayores recursos tecnológicos y de todo tipo para sus hijos, la de los institutos públicos la acabarán pagando, en cuanto contribuyentes, todos los sevillanos, aunque ellos piensen que la pagará la Junta de Andalucía.

El accidente de la calle Betis

La oposición municipal exige responsabilidades políticas al delegado del distrito Triana, Francisco Pérez, y al de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, por considerar que la muerte de la joven estudiante polaca, tras precipitarse al vacío desde el poyete de la calle Betis cuando se hacía un ‘selfie’ o captaba imágenes del puente de Triana con su móvil o una cámara, se podría haber evitado si el Ayuntamiento hubiese atendido los requerimientos de los vecinos y de la Policía Local.

La afirmación de que el accidente se podría haber evitado es una hipótesis que nunca podrá demostrarse. Habría dependido de dos factores: la forma de actuar de la joven (no se ha aclarado todavía si se subió al poyete o al pretil, si sufrió un mareo o dio un traspiés, si se colocó de espaldas o frente al puente…) y la (s) medida (s) que pudiera haber adoptado el Consistorio o la Administración competente, otra cuestión que no ha quedado clara porque como suele ocurrir cuando acaece una tragedia, que todos lamentamos, las Administraciones Públicas se tiran la pelota unas a otras para tratar de justificar su inacción.

JUNGLA ADMINISTRATIVA

Así, el Ayuntamiento sostiene que su competencia se limita al espacio comprendido entre la mitad de la calle y las viviendas, mientras que la otra mitad, más el poyete y el muro del Altozano,  corresponderían a Patrimonio del Estado. Item más, como el puente de Triana es un Bien de Interés Cultural que goza de protección integral y de una franja de respeto de 50 metros a su alrededor (en la que estaría comprendido el punto donde se produjo el accidente), nada habría podido hacerse sin el permiso de la Junta de Andalucía y de la Autoridad Portuaria. Esta se ha defendido alegando que sólo es competente sobre la lámina de agua, y tanto el Gobierno andaluz como Patrimonio del Estado niegan que en algún momento se les haya consultado o solicitado permiso para haber adoptado alguna medida cautelar.

Para rizar el rizo, el alcalde ha afirmado que al tratarse del área de respeto del puente, un BIC, el Ayuntamiento no puede modificar el pretil con ningún elemento de protección añadida que altere tanto su fisonomía como la perspectiva y visión del mismo, por lo que la única actuación factible hasta este momento ha consistido en incrementar de dos a siete el número de carteles de metacrilato adosados al respaldo del poyete y con la leyenda ‘es peligroso subirse y sentarse en el respaldo’.

Esta aseveración también es cuestionada desde la Junta de Andalucía con el argumento de que hay que anteponer la seguridad de las personas a cualquier otra consideración, pero que para poder pronunciarse al respecto necesita que se presente un proyecto de intervención a la Consejería de Cultura, el cual tampoco existe.

DE BANCO A POYETE

Hasta donde me alcanza la memoria, el banco de piedra corrido a lo largo de parte de la calle Betis ha existido desde hace decenios, aprovechando como respaldo la parte superior del muro del Altozano, sin que nunca, que yo recuerde, se produjera un accidente similar al sufrido por la joven polaca. Cierto es que a consecuencia de las sucesivas obras y reformas realizadas en la calle, el nivel del suelo se ha ido elevando hasta reducir de forma acusada la altura del banco de piedra, por lo que ahora ya es muy difícil sentarse en el mismo con las piernas en ángulo recto.

El lenguaje también refleja esta evolución, ya que en el habla andaluza la palabra poyete se usa para denominar a un banco de menor tamaño. Ahora, el banco de piedra emerge tan sólo unos 20 centímetros del nivel de la calle, pero ello no quiere decir que anteriormente, con su altura original (un banco no es demasiado elevado) no resultase fácil subirse al mismo  y al pretil y colocarse en situación de riesgo, como presuntamente le habría ocurrido a la estudiante polaca.

La persona que pasee normalmente por la calle y respete la separación del pretil que impone la anchura del banco, más la altura de aquél ( siempre ha sido la misma, unos escasos 50 centímetros), no se pone en situación de riesgo y al mismo tiempo puede disfrutar del paisaje del río y de la visión del puente y de la otra orilla.

INFORTUNIO

Para precipitarse al vacío desde 7 metros de altura, con la mala fortuna de impactar con la cabeza contra el mínimo muelle existente al pie de la zapata, la estudiante polaca debió de subirse, presuntamente, al banco y/o al pretil, pese a las advertencias de peligro en los carteles.

Por tanto, no cabría exigirle al Ayuntamiento responsabilidad política por una conducta ajena presuntamente imprudente y contra el sentido común, y de cuyo riesgo se alerta en siete carteles a lo largo del pretil. Como reza el adagio jurídico, el causante de la causa es el causante del mal causado. En este caso, está claro que quien se colocó en situación de riesgo de caer fue la desafortunada joven polaca, la causante de la causa.

MAYOR PELIGRO

Ahora bien, desde la realización de las reformas urbanísticas en la calle, la elevación del nivel del suelo y la paralela disminución de la altura del banco de piedra hasta quedar reducido a un mero poyete, se ha incrementado la percepción de peligro, porque ahora es más fácil que antes subirse al banco y al pretil o asomarse desde éste al río.

Esa percepción de peligro aumentado es la que trasladaron al Ayuntamiento tanto los vecinos, en mayo de 2012 (reunión del Consejo de Participación Ciudadana) y en junio de 2013 (Junta Municipal de Distrito), como la Policía Local (enero de 2013 y abril de 2014), ésta en sendos informes remitidos a la Gerencia de Urbanismo.

Y aquí es donde ya empiezan las contradicciones municipales, porque el delegado de Triana, Francisco Pérez, ha asegurado que fue él mismo el que dio traslado a la Delegación de Urbanismo de un acuerdo adoptado por unanimidad en la Junta de Distrito para que mejorara de alguna manera la seguridad del pretil y se aminorara el riesgo de caídas, un extremo que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo han negado. Lo único que éstos reconocen es la recepción de los informes de la Policía Local, a raíz de los cuales -y no por la petición de los vecinos, tramitada supuestamente a través del Distrito- se habría incrementado el número de carteles de aviso de peligro de dos a siete.

Por tanto, si funcionarios de Urbanismo han dejado en evidencia los asertos del delegado de Triana, entonces sí cabría exigir responsabilidades políticas a Francisco Pérez, porque en tal caso habría mantenido una versión no acorde con la realidad y habría incumplido tanto los acuerdos de la Junta de Distrito como el mandato de Zoido de primar la participación ciudadana, unos ciudadanos que habrían tenido como respuesta a sus inquietudes la inhibición municipal.

 

Sevilla vuelve a rozar los 90.000 parados

La percepción por parte de los empresarios de una mejoría de la economía, que anunció hace unas semanas el presidente de la CES, Miguel Rus, no se ha traducido en Sevilla capital en un descenso del paro, sino todo lo contrario. El mes de octubre se ha cerrado con 983 desempleados más, con lo que la ciudad vuelve a rozar los 90.000 parados al elevarse la cifra a un total de 89.485, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige la onubense Fátima Báñez. En el conjunto de la provincia el dato es también negativo, al registrarse 2.743 parados más, con lo que la cifra total es de 247.960.

Octubre es el tercer mes consecutivo en que crece el número de desocupados en la ciudad pese a los records turísticos acumulados mes tras mes desde el verano a la fecha, ya que en agosto se quebró una racha de descenso continuado que se inició en el mes de marzo y desde entonces el desempleo ha iniciado una senda ascendente (87.279 en agosto; 88.502 en septiembre y 89.485 en octubre) que nos devuelve a los niveles de abril (89.570) y a rozar de nuevo la barrera psicológica de los 90.000 desempleados.

Los 983 parados más de octubre suponen un incremento del 1,11% (curiosamente, la misma proporción que en el conjunto de la provincia) pero el balance interanual (de octubre de 2013 a octubre de 2014) es al menos positivo, al registrarse una disminución de 790 desempleados (-0,88%) desde los 90.725 que había hace doce meses. En el balance del mandato de Zoido, que prometió convertirse en el alcalde del empleo, hay 12.796 parados más que en junio de 2011, el mes en que tomó posesión como máximo responsable de la ciudad.  

 

La evolución de esta recta final del año empieza a recordar peligrosamente a la de finales de 2013, cuando en septiembre se inició una racha enormemente negativa para el paro en la ciudad, en que, salvo la tregua de diciembre por las fiestas navideñas, fue continuamente ‘in crescendo’ hasta el pico máximo de 91.398 desempleados en el mes de febrero de 2014.

DESGLOSE

El análisis de la estadística de octubre de 2014 refleja que el desempleo, como viene siendo tradicional, golpea más a las mujeres en nuestra ciudad (48.855 desempleadas; +527) que a los hombres (40.630; + 456).

Por sectores productivos, la situación sólo mejora en la Construcción, con un descenso de 66 desempleados, y empeora en el resto. Llama la atención el cambio de tendencia en la Agricultura, que venía siendo hasta ahora el sector-refugio y absorbiendo desempleados pero donde en octubre vuelve a destruirse empleo. Similares tendencias se registran también en el conjunto de la provincia, por el final de las faenas de recolección en algunos cultivos.

La distribución del número de parados es la siguiente en Sevilla capital: Agricultura, 1.409 parados (+26); Industria, 5.628 ( + 195); Construcción, 8.428 (-66); Servicios, 61.182 (+538), y el colectivo Sin empleo anterior, 12.838 (+ 290).  Así pues, entre el sector Servicios y los jóvenes que acceden por primera vez al mercado de trabajo para verse sin perspectivas suman 828 de los 983 nuevos parados, mientras que destaca el dato positivo de la Construcción.

Por grupos de edad, se repite el negro panorama de septiembre y de nuevo el desempleo se incrementa en todos los segmentos, sin que ninguno se libre de esta lacra.

La distribución de parados por edad queda así en octubre: menores de 20 años, 1.638 parados (+12); entre 20 y 24 años, 7.250 (+ 269); entre 25 y 29 años, 9.226 (+99); entre 30 y 34 años, 10.090  (+ 165); entre 35 y 39 años, 11.378 (+65); entre 40 y 44 años, 11.401 (+49); entre 45 y 49 años, 12.441 (+ 77); entre 50 y 54 años, 11.148 (+93); entre 55 y 59 años, 9.287 (+137), y mayores de 59 años, 5.626 (+17).

Si se agrupan los parados en tres grandes franjas de edad, jóvenes, maduros y mayores, la situación es la siguiente:

-Paro juvenil, de menores de 29 años: un total de 18.114 personas, lo que supone el 20,24% del total.  La proporción ha aumentado en octubre respecto de septiembre, al igual que ocurrió en este mes en relación con agosto. Este incremento porcentual podría invertirse con la aplicación a partir de este mes en Sevilla del Plan Emple@ Joven de la Junta de Andalucía, dotado en un 80% con fondos europeos y al que se ha adherido el Ayuntamiento, que ha comprado el material y adelantado fondos, ya que dará ocupación a 1.213 jóvenes durante seis meses, justo el peor periodo en la economía sevillana, hasta la entrada de la primavera.

-Paro entre las personas maduras, de 30 a 49 años: hay 45.310 parados en esta franja de edad, lo que equivale al 50,63%. En estas edades es donde se concentran las mayores hornadas de parados, especialmente entre quienes tienen de 45 a 49 años. Es el único grupo en el que hay más de 12.000 desempleados, y subiendo en relación con el mes anterior: 77 más que antes.

-Paro entre las personas mayores, cuyas edades han rebasado los 50 años:  Hay 26.061 parados, que suponen el 29,12%. Hay que destacar que el colectivo entre 50 y 54 años es el cuarto grupo con mayor número de desempleados, con 11.148 parados.

DATOS DE LA PROVINCIA

Al igual que en la capital, el paro ha crecido en el mes de octubre en el conjunto de la provincia, al pasar de los 245.217 que había en septiembre a los actuales 247.960. Los nuevos 2.743 parados suponen un incremento del 1,11%, el mismo porcentaje que en Sevilla capital.

El incremento del paro se debe fundamentalmente al fuerte repunte en el sector agrícola, donde se venían registrando buenos datos relativos en los últimos meses pero que tras el final del verano sufre el final de las campañas de algunos cultivos frutales. De los 2.743 nuevos parados, la Agricultura aporta 2.009, el 73%.

Sólo la Construcción, con un descenso de 384 desempleados, aporta un respiro a la estadística provincial, que se distribuye así por sectores: Agricultura, 14.973 parados (+ 2009); Industria, 18.335 (+190); Construcción, 30.536 (-384); Servicios, 153.308 (+817) y colectivo Sin Empleo anterior, 30.808 (+111).

Este mes, aunque sigue habiendo más mujeres paradas (132.759) que hombres (115.201), el incremento en el desempleo afecta más a éstos (+1.972) que a aquéllas (+771), justamente por el mayor impacto registrado en las faenas agrícolas, donde hay mayor predominio de mano de obra masculina.

 

Cal y arena

El Consejo Consultivo de Andalucía ha dado una de cal y otra de arena al Ayuntamiento de Sevilla al emitir un dictamen favorable a su pretensión de modificar puntualmente el PGOU para recalificar la antigua comisaría de la Gavidia y convertirla en un centro comercial, y otro negativo a una operación similar para construir un gran parking subterráneo en la Alameda de Hércules, dos proyectos que han contado con la oposición de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico.

En su día, la Comisión informó negativamente sobre la recalificación de la Gavidia por entender que supondría “una alteración sustancial de la ordenación estructural” dispuesta en el Plan General de Ordenación Urbana para el Casco Antiguo. En el capítulo XIII de la Memoria de Ordenación del Plan se aboga por fomentar el pequeño y mediano comercio en el Centro (el comercio calificado de “especializado” o tradicional), frente a la competencia de las grandes superficies.

Según el razonamiento de la Comisión, la conversión de la Gavidia en otro gran centro comercial frente al que ya existe de El Corte Inglés, podría suponer “una merma considerable para la puesta en valor (del comercio especializado o tradicional), además de introducir nuevas tensiones no previstas estructuralmente”.

Estas “nuevas tensiones no previstas” aludirían al ‘efecto llamada’ que sobre el tráfico privado provocaría otra superficie comercial (Primark ha sido generalmente señalada como principal candidata a hacerse con el edificio) cuando con el actual se llegaba a colapsar la calle Baños, única vía cercana de penetración al Centro, si bien el colapso ha quedado bastante mitigado a raíz del advenimiento de la crisis económica y la caída del tráfico privado.

DOS RAZONES

El Consejo Consultivo, sin embargo, ha informado favorablemente a la solicitud de modificación del PGOU en el caso de la Gavidia por, esencialmente, dos razones:

  1. No se va a producir una pérdida de equipamiento público: Recuérdese que la antigua comisaría está calificada en el Plan General como Suelo de Interés Público y Social (SIPS), destinado a albergar equipamientos para la colectividad (colegios, bibliotecas, centros cívicos…) en un distrito como el del Casco Antiguo no precisamente sobrado de ellos, debido al alto coste del suelo y a su propia trama urbana.

Antes de cambiar el uso urbanístico (recalificación) de la antigua comisaría, o simultáneamente,  Ayuntamiento tendría que compensar esa pérdida de suelo para equipamiento con el ofrecimiento de una superficie equivalente y en el mismo distrito. No le valdría ofertar suelos nuevos en distritos diferentes, ya que entonces los vecinos del Casco Antiguo quedarían discriminados en comparación con el resto de ciudadanos.

Para equilibrar la balanza de la recalificación, el Ayuntamiento ha tenido que ofrecer otras en sentido contrario y sin que al final disminuya la superficie para equipamiento en el balance. A cambio de la Gavidia, el Consistorio recalificará para SIPS el antiguo Registro de la calle Pajaritos y los bajos municipales del mercado del Arenal.

La demostración de que sin esta compensación el Consejo Consultivo no habría dado su visto bueno a la operación es que, en paralelo, le ha tumbado al Ayuntamiento su propuesta de recalificación de varias parcelas sitas en la calle Muro de los Navarros de SIPS a suelo residencial justamente porque en este caso no se ha preocupado de ofrecer compensación urbanística alguna.

  1. La segunda razón del Consultivo para informar favorablemente la recalificación e la Gavidia es el deterioro acelerado en el estado de conservación de un edificio que es intocable por estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC) pero que lleva años abandonado, desde que el Ministerio del Interior dejó de usarlo como comisaría y luego lo vendió al Ayuntamiento.

El Consistorio, además, viene gastando más de 36.500 euros anuales en contratar un servicio de seguridad, control y vigilancia privado del inmueble, para prevenir más actos vandálicos.

El Consejo Consultivo, pues, ha sido sensible al argumento municipal de que compensando el SIPS de la Gavidia con otros lugares sitos en el Casco Antiguo era necesario evitar, por una parte, la ruina del inmueble y, por otra, hacer caja con su venta para poder afrontar otras necesidades de la ciudad en un contexto de restricción del gasto público y de reducción de ingresos debido a la crisis.

Si la Junta no pone reparos al dictamen y da vía libre a la recalificación, quedará por ver si hay empresas interesadas en la compra de la antigua comisaría y la operación no queda desierta como ha ocurrido con otros proyectos municipales (aparcamientos, Costurero de la Reina, Paseo del Arte, museo de las tradiciones…), y comprobar también en qué precio se valora, si a la baja o no, para tratar de darle salida cuanto antes.

NO AL PARKING

El Consultivo, por el contrario, ha hecho suyos los argumentos de la Comisión de Patrimonio al dictaminar en contra de la modificación puntual del PGOU para construir un gran aparcamiento subterráneo en la relativamente cercana Alameda de Hércules, un proyecto que no figuraba en el programa electoral de Zoido y que buena parte de los vecinos -opuestos al mismo- ha vinculado siempre a la venta de la Gavidia, como una especie de paquete conjunto que sirviera para dar salida comercial a la antigua comisaría.

Dicho de otro modo, el parking no estaría pensado tanto en satisfacer las necesidades de los residentes (nadie lo había pedido) como de la gran superficie que se instalara en la Gavidia, dado que este inmueble carece de aparcamiento propio y de posibilidades de construirlo por su colindancia con el existente en la plaza de la Concordia.

El Consejo Consultivo entiende que para construir ahora un parking en la Alameda, en cuyas obras de reurbanización se tardaron casi dos años y se gastaron 8 millones de euros según algunas estimaciones, habría que modificar estructuralmente el PGOU, que veta la ejecución de más estacionamientos en el Casco Antiguo para derivarlos a su periferia. Por tanto, Zoido no puede recurrir a una mera modificación puntual del Plan, sino a la redacción de uno nuevo en el que plasme su propio modelo de ciudad si es que quiere cambiar el del gobierno anterior.

PROVISIONALIDAD

Además, el Consejo destaca que el Ayuntamiento no ha sido capaz de razonar una justificación para esta recalificación más allá de que se ha retrasado la ejecución la red de transporte público prevista en el PGOU y de que se trataría de un parking provisional hasta que aquélla se materialice.

Urbanísticamente, la tesis no puede ser más endeble: no se puede otorgar una licencia de obras provisional para un parking que obligaría a poner de nuevo patas arriba el bulevar durante meses, si no años, y a un coste millonario para, posteriormente, volver a hacer lo mismo con el fin de enterrarlo una vez que se construyera el Metro.

Sería un sinsentido urbanístico (no es ése el fin de las licencias provisionales de obra) y económico, por lo que la pretendida provisionalidad sería a la postre un subterfugio para colar un parking estructuralmente irreversible y cuya construcción iría, por estimular el tráfico privado con el ‘efecto llamada’, en detrimento de la demanda creciente del transporte público de la empresa municipal Tussam, con lo que al final el Ayuntamiento acabaría actuando contra sus propios intereses.

Conflicto de poder

Los medios de comunicación han interpretado que con la publicación, el sábado 25 de octubre, de una nueva Orden en el BOE el Ministerio de Hacienda ha corregido el error que cometió el 28 de julio, cuando dejó fuera del consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, una omisión señalada en aquel entonces por Viva Sevilla y que ha tenido como consecuencia el bloqueo del futuro recinto aduanero durante estos tres meses.

Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ayuntamiento dejaron correr la especie de que aquella omisión se había debido a un error u olvido involuntario, el cual sería subsanado de inmediato con la publicación de una nueva disposición en el Boletín Oficial.

En el BOE se han registrado numerosos casos de correcciones de errores, admitidos como tales y resueltos en el plazo de 24 horas o de a lo sumo unos días. ¿Es normal que se haya tardado tres meses en publicar una nueva Orden ministerial para incluir en el consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio?

No parece normal, máxime si se trata de la promesa-estrella de Zoido para su mandato como alcalde, luego debe haber algo más.

UNA COARTADA

¿Y si no se trató realmente de un error? ¿Y si el ‘error’ no fue más que una coartada para encubrir un conflicto de poder?

Vamos a retrotraernos a finales de julio y ver los actos programados para aquellas fechas.

El 29 de julio, martes, estaba convocado un Pleno municipal extraordinario para debatir sobre el estado de la ciudad antes de las vacaciones de verano, probablemente el último debate global previo a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en primavera. Zoido no podía llegar a ese Pleno con las manos vacías en el sentido de que más de tres años después de su investidura como alcalde su proyecto-estrella, la creación de una Zona Franca en el puerto, seguía sin visos de materializarse por falta de andamiaje jurídico, que dependía del Ministerio de Hacienda.

Así pues, el alcalde precisaba con urgencia que el ministro Montoro publicase en el BOE la Orden ministerial que permitiera activar la tramitación administrativa de un proyecto que él había presentado como vital para el futuro de la ciudad y como generador de miles de empleos.

ACTO EMPRESARIAL

El acuerdo ya habría sido pactado con el ministro, hasta el punto de que para la víspera del Pleno municipal, el lunes 28 de julio, los dos iban a comparecer en un acto en el Real Alcázar al que se había invitado a 200 empresarios sevillanos para presentarles conjuntamente la Orden ministerial que días antes o en esa misma fecha, en último extremo, iba a aparecer en el BOE para dar luz verde a la Zona Franca de Sevilla.

Esa Orden era la HAP/1358/2014, de 25 de julio (datada el viernes previo), por la que se autorizaba la constitución del consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprobaban sus estatutos. Podría haberse publicado el sábado 26 de julio, pero no aparece en el BOE hasta el lunes 28, justo el mismo día en que Montoro viajó a Sevilla a anunciar la buena nueva conjuntamente con Zoido a los empresarios convocados al Alcázar, unos empresarios entre  los que a partir de ese momento empieza a  correrse la voz de que el ministro ha dejado fuera a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio.

El olvido aparente se presenta como error subsanable pero la Orden cumple el objetivo político de salvarle la cara al alcalde durante el Pleno del debate sobre el estado de la ciudad, en que la oposición no puede ya reprocharle el fracaso en su proyecto-estrella porque Zoido puede enseñar el BOE, aunque la tramitación administrativa y jurídica se dilate durante un tiempo, un tiempo que nadie podría imaginar se prolongaría durante tres meses.

COMPARACIÓN

Si se compara la Orden de la supuesta corrección de errores, publicada en el BOE el pasado sábado (25 de octubre), con la original del 28 de julio y analizamos los ‘errores’ corregidos podemos llegar a algunas interesantes conclusiones.

Se modifica el artículo 2 para incluir en el consorcio a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio, que no figuraban en la Orden del 28 de julio.

Bien, pero la clave radica en la modificación del artículo 10, sobre la composición del pleno del consorcio, que ahora queda integrado por: el alcalde; tres representantes del Ayuntamiento elegidos entre concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local; el delegado especial del Gobierno, nombrado por Hacienda; el delegado regional de Aduanas; tres representantes de la Autoridad Portuaria y uno de la Cámara de Comercio (hay también un secretario, con voz pero sin voto, salvo que actúe como tal uno de los anteriores). En total hay 10 miembros (sin contar al secretario).

En la Orden original, la del 28 de julio, sólo había 5: el alcalde, dos concejales y los dos delegados por parte del Estado. Vemos que, aparte de la inclusión de los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara, el Ayuntamiento tiene ahora uno más que antes: cuatro de un total de diez.

OLVIDO REVELADOR

Volvamos a la Orden original, la del 28 de julio, artículo 11. Reza así: “El Consorcio podrá en cualquier momento, mediante acuerdo del Pleno y con al menos nueve votos favorables, proponer la modificación de la forma de representación de las entidades…..”.

¿Nueve votos? ¡Pero si en el artículo 10 sólo aparecen como miembros del Pleno cinco personas: el alcalde, dos concejales y dos delegados del Estado! ¿Cómo se va a adoptar un acuerdo por 9 votos cuando hay sólo 5 posibles?

Saldrían nueve votos si hubiesen aparecido en el artículo anterior como miembros del consorcio los tres representantes de la Autoridad Portuaria y el de la Cámara de Comercio, y por eso en el artículo 11 se habla de 9 votos y no de 5.

¿Qué pudo haber ocurrido? Recordemos: la Orden se redactó un viernes y el acto de presentación de Montoro y Zoido ante los empresarios había sido convocado para el lunes siguiente. Verosímilmente, el Ayuntamiento, que conoció el texto previamente, no estaba dispuesto a quedar en pie de igualdad con la Autoridad Portuaria (tres representantes cada uno), pese a ser ésta la dueña de los terrenos de la Zona Franca. Ese rechazo obligaba a cambiarlo todo, pero con un fin de semana por medio y con los actos programados para el lunes y el Pleno municipal para el martes ya no daba tiempo a rehacer en profundidad la Orden ministerial antes de publicarla tal como estaba redactada.

SOLUCIÓN

La solución de emergencia habría consistido en eliminar de un plumazo la parte final del artículo 10 (donde figuraban los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio), pero con las prisas se olvidaron de corregir la discordancia reveladora de los 9 votos a que hacía referencia el artículo siguiente.

Y para salvar la situación, cuando la omisión fue descubierta se presentó como un error u olvido lo que en realidad era un conflicto de poder que habría planteado el Ayuntamiento por mantener el control del proyecto-estrella del alcalde.

Por eso la nueva Orden no se limita a corregir la mera inclusión de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio: incorpora nueve modificaciones a la anterior del 28 de julio. La principal es que ahora el Ayuntamiento tiene un representante más (cuatro) que la Autoridad Portuaria (tres) y que se cambia en su beneficio la redacción del artículo 11. Si antes debía haber unanimidad (9 votos) en el Pleno del Consorcio para modificar la forma de representación de la entidades integrantes, ahora bastan 6 votos favorables (los que sumarían los 4 del Ayuntamiento más los dos de los delegados del Estado).

EL VOTO DEL ALCALDE

Anteriormente (artículo 15), se especificaba que los acuerdos “podrán ser tomados por mayoría; en caso de empate decidirá el voto del presidente”. Ahora ya no es potestativa sino obligatoria esa mayoría en la nueva redacción, y como en caso de empate decide el voto del presidente, el que en calidad de tal tendrá la última palabra en el consorcio será siempre Zoido mientras sea alcalde. Y para que haya empate, al Ayuntamiento le bastará sumar el apoyo de tan sólo un solo representante a los cuatro suyos.

También se modifica la composición del Comité Ejecutivo, que funcionará como brazo del consorcio. Si antes estaba formado por los dos delegados estatales más dos miembros nombrados por el pleno, ahora éstos se amplían a tres para hacer un hueco a la Autoridad Portuaria, pero siempre quedarán dos más, en la órbita del Ayuntamiento.

En resumen, la nueva Orden ministerial está diseñada para reforzar el control del Ayuntamiento y de Zoido sobre la Zona Franca, aunque ello haya supuesto un retraso de tres meses que ha frustrado el inicio de las obras en 2014 y que por su  duración (8 meses para el vallado) se prolongarán probablemente más allá de la fecha límite fijada en el BOE: el 31 de agosto de 2015.

La Zona Franca tampoco será una realidad en 2014

El Ayuntamiento admitió  oficialmente que la Zona Franca, el gran proyecto de este mandato, tampoco será una realidad en 2014, después de que el Consejo de Gerencia de Urbanismo aprobara una modificación presupuestaria para traspasar la partida de 1,4 millones de euros destinada al vallado del futuro recinto a la de gastos de conservación de infraestructuras y más en concreto al alumbrado público.

“No es posible que las obras den comienzo dentro del año en curso”, se puede leer textualmente en el expediente llevado ante el Consejo de Gerencia en relación con el vallado de los terrenos destinados a la Zona Franca en Torrecuéllar.

Según la Gerencia, el Ministerio de Hacienda condiciona la entrada en funcionamiento de la Zona Franca a la previa ejecución de las obras necesarias para el cierre y el acondicionamiento de las instalaciones, que están en terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La tesis de Urbanismo es que como la Autoridad Portuaria no ha emitido ningún informe previo al respecto, no se tiene conocimiento de las necesidades o condicionantes que pueda formular, y como, por otra parte, el contrato de obras ha de adjudicarse mediante un procedimiento abierto, no es posible que el vallado dé comienzo en 2014, por lo que la partida de 1,4 millones de euros destinada a acotar el recinto de la Zona Franca se empleará en pagar los gastos de alumbrado público.

Se ha entrado así en un bucle jurídico-administrativo irresuelto, ya que la Autoridad Portuaria no puede pronunciarse tampoco sobre la Zona Franca al no haber sido incluida por el Ministerio de Hacienda en el consorcio de la misma en la Orden que publicó en el BOE el pasado 28 de julio, pese a ser la dueña de los terrenos.

Aquella omisión fue calificada por Hacienda de error involuntario que sería subsanado cuanto antes con la publicación de una corrección u otra disposición en Boletín Oficial, pero al cabo de casi tres meses esa subsanación aún no se ha producido, el consorcio tampoco se ha constituido y el Ayuntamiento no ha vallado los terrenos y deja ya sin dinero la partida para esa obra.

Como, según estimaciones de Urbanismo, el vallado requiere de ocho meses de trabajo, sin contar con el periodo previo de licitación y demás trámites de la obra, tampoco daría tiempo material a que estuviera concluido antes de las próximas elecciones municipales (mes de mayo), con lo cual el alcalde llegaría a los comicios sin poder esgrimir la Zona Franca como uno de los hitos de su mandato.

REACCIÓN DEL PSOE

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, ha dicho que “el alcalde ha vuelto a engañar a los sevillanos y su propio partido no lo toma en serio en un proyecto de suma importancia para la ciudad como es el de la Zona Franca, que nosotros valoramos desde el principio pero en el que no se pueden cometer más errores ni decir más mentiras”.

Según Espadas, Zoido viene diciendo desde el verano del año pasado que la Zona Franca es ya una realidad, “pero no sólo no es tal -subrayó-, sino que se posponen decisiones clave”, como la del vallado, condición “sine qua non” para que se pueda constituir el consorcio e instalarse las empresas para beneficiarse de los incentivos fiscales.

El líder del PSOE afirmó que es hora de pedir responsabilidades políticas a Zoido, “porque a 6 meses de las elecciones no se puede seguir engañando con un proyecto como éste”, máxime después de anunciar hace unos días bonificaciones fiscales a las empresas que se instalaran en la Zona Franca en enero de 2015.

Espadas se pregunto cómo va a ser eso posible si no se va a hacer el vallado antes de esa fecha, y añadió: “O nos engañó el otro día o el delegado de Urbanismo ha tomado una decisión al margen del alcalde o de la delegada de Hacienda. ¿Quién gobierna esta ciudad?”.

Promesas ‘boomerang’

En plena polémica por el rebrote de la movida y/o de las ‘botellonas’ en la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de tratar de contrarrestar las informaciones negativas con la filtración de otros datos aparentemente positivos pero que han tenido un efecto ‘boomerang’, porque sólo han servido para recordar que otro problema sigue irresuelto y para devolverlo al primer plano de la actualidad: las 20.000 multas impuestas a los ‘gorrillas’ durante el mandato de Zoido.

El Consistorio suele reaccionar ante cualquier asunto conflictivo recurriendo a su particular Eurostat estadístico, para arrojar una catarata de cifras con las que demostrar que no ha permanecido de brazos cruzados, sino todo lo contrario, como a su juicio prueban los datos.

La diferencia es que esta vez no había ocurrido nada extraordinario que obligara a tirar de los cuadros de Excel, por lo que se trataba de una maniobra de distracción: frente a la ineficacia, por relajación -admitida públicamente-, ante la movida, imagen de eficacia ante los ‘gorrillas’.

CASCADA DE MULTAS

Y así se filtraron los datos de que desde que se inició el mandato actual se han interpuesto 19.815 denuncias contra los ‘guardacoches’ y se ha detenido a 17 individuos relacionados con estas prácticas vulneradoras de las Ordenanzas, 8 de ellos extranjeros en situación irregular en España. Desde que se activó el plan específico contra los ‘gorrillas’, en febrero de 2012, el número de denuncias ha sido de 13.889 (un 41% de las mismas en Bami y su entorno; casi un 23%, en Nervión; y un 17%, en el distrito Macarena).

El balance estadístico sólo ha servido para remover las estancadas aguas del estanque y generar una onda expansiva de turbulencias, ya que se ha registrado una inusual unanimidad entre los medios de comunicación, fuera cual fuera su espectro ideológico, y la oposición a la hora de apostillar que el problema de los ‘gorrillas’ sigue persistiendo en las calles y que su número es equivalente o incluso superior al que había hace casi cuatro años, al inicio del mandato.

Juan Espadas, el líder de la oposición, lo resumió en una sola frase: “La cuestión es que los ‘gorrillas’ siguen ahí”. Añadió el portavoz socialista que “se dice a cuántos se multa, no a cuántos se consigue cobrar las multas”.

CAMPAÑA ELECTORAL

Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, sobre el que de golpe han vuelto a caer los problemas de las ‘botellonas’ y los ‘gorrillas’, ha reaccionado diciendo que el gobierno de Zoido “es el único que ha actuado con determinación tanto contra los ‘gorrillas’ como contra el ‘botellón’, tras muchos años de permisividad total del anterior gobierno socialista”.

Y ha añadido: “Preferimos que la oposición nos critique porque no hemos conseguido erradicarlo todavía a que los ciudadanos nos digan que no estamos haciendo nada por solucionarlo. Nadie duda hoy en día de que este gobierno le ha plantado cara a ambos fenómenos”.

La tesis de Juan Bueno sería absolutamente irreprochable si no fuera por un gran matiz: Zoido les dijo a los ciudadanos durante la campaña electoral, e incluso antes, que él iba a acabar con los dos problemas, no que fuera únicamente a intentarlo. Ese fue el factor diferencial de Zoido para ganarse la confianza de los sevillanos, que así le otorgaron la mayor mayoría absoluta que se recuerde, 20 ediles: prometer la solución a problemas que llevaban años enquistados y frente a los que habían fracasado sus predecesores, pese a que todos intentaron resolverlos con Ordenanzas o tratando de regularizar la actividad (PM-40).

SIN VARITA MÁGICA

Como hemos dicho en anteriores ocasiones, Zoido levantó tales expectativas al prometerles a los sevillanos prácticamente todo lo que estaban deseando oír (desde ser el alcalde del empleo hasta acabar con los ‘gorrillas’) que corre el riesgo de que esa enorme ilusión que suscitó (recuérdese cómo fue aclamado en su primera procesión del Corpus)  se troque en frustración colectiva a la hora de la rendición de cuentas al final del mandato: podría resultar que el alcalde no tenía la varita mágica que tomó forma en el imaginario colectivo.

Ese sentimiento de frustración por los grandes problemas irresueltos (paro, ‘botellonas’, ‘gorrillas’) es el que ya empieza a proyectar la oposición, en palabras de Espadas: “Zoido apuesta por soluciones que no resuelven el problema, como la ampliación de la zona azul, pero no ha planteado una solución integral. Creía tener la varita mágica para las cosas en un par de meses y, ahora, debería reconocer que las cosas no eran tan fáciles ni él ha tenido capacidad para resolverlas. Los ‘gorrillas’ no ha encontrado solución en este mandato tampoco”.

INSOLVENCIA

La elevadísima cantidad de denuncias (casi 20.000) interpuestas es justamente la demostración de la persistencia del problema, prueba de que se puede multar una y otra vez a los miembros de este colectivo de desclasados sin que por ello dejan de acosar a los conductores una y otra vez: sólo han sido pagadas 405 de las 19.815 sanciones  (el 2%) cursadas por los agentes de la autoridad.

En otras circunstancias, los datos habrían sido calificados de un gran éxito, porque nunca antes se había logrado por ningún gobierno local cobrarle una multa a un ‘gorrilla’, pero cuando el propio Zoido puso tan alto el listón, con la promesa de erradicar el problema al 100%, ese 2% de sanciones cobradas y la vuelta a las andadas de los ‘guardacoches’ no se considera trascendente.

Generalmente, los ‘gorrillas’ ni pagan ni suplen el importe de la multa (120 euros) con trabajos sociales, por tratarse habitualmente de personas insolventes, excluidos sociales y sin trabajo u oportunidad de tenerlo en una ciudad con casi 90.000 parados.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Nos enfrentamos a un problema social de una compleja solución, que no puede resolverse  con miles y miles de multas, enfocadas hacia las consecuencias y no hacia las causas, salvo que se recurra a un despliegue policial disuasorio prácticamente las 24 horas del día en sus zonas de actuación, como Bami.

La decisión de implantar la zona azul en todas y cada una de las calles de este barrio, colindante con la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y cercano a varias consejerías de la Junta y al campus universitario de Reina Mercedes, sólo ha servido para espantar temporalmente a los ‘gorrillas’, que retornan en las horas ‘valle’ en que no está activa, y durante las noches y los fines de semana, y para soliviantar a los empleados del hospital y de las consejerías y a  los estudiantes de la Hispalense, más los comerciantes.

En un caso, aquéllos no pueden afrontar el pago cada hora de estacionamiento regulado; en otro, éstos ven cómo los potenciales clientes no se detienen a comprar en sus establecimientos porque tratan de salir cuanto antes de la zona azul para no pagar más por aparcar.

PICARESCA

La zona azul hasta se ha convertido en un negocio para algunos residentes que ya tenían una plaza de garaje y que ahora la alquilan porque se han podido beneficiar del bono anual por aparcar en el estacionamiento regulado en superficie, mientras que para los comerciantes está siendo una ruina, ya que sus ventas han caído en un 40% desde que se implantó la medida antes del verano.

Casi el 73% de los comerciantes de Bami se han adherido ya a la plataforma creada contra la zona azul, en una demostración de que no había tanta unanimidad en el barrio a la hora de pedir esta regulación de los aparcamientos como sostenía el Consistorio.

Y ésa es la peor noticia para el gobierno: ver que su remedio contra los ‘gorrillas’ acabe siendo considerado peor que el problema que trataba de solucionar y que se una contra sus políticas de movilidad uno de los colectivos que han constituido la base electoral de Zoido, los comerciantes.