Libertad y proteccionismo

A principios de diciembre, la patronal del comercio sevillano, Aprocom, con el apoyo del Ayuntamiento y de la CES, consiguió una de sus recientes reivindicaciones: que el Consejo Andaluz de Comercio ampliara a todo el casco histórico la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), a efectos de horarios comerciales en diversos periodos temporales desde 2015 a 2018, año en el que se evaluarán los efectos de la medida.

La delimitación de estas ZGAT responde, según el Gobierno andaluz, a la imposición que establecen varias normativas del Gobierno central en la materia, sobre las que la Junta de Andalucía ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional, por entender que invaden competencias exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía sobre regulación y ordenación del sector comercial, entre otros motivos.

En el caso de la capital hispalense, los períodos de ZGAT serán Semana Santa (desde Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos), así como el domingo anterior a esta celebración y los dos domingos siguientes a la misma.

El área incluida en esta declaración es el casco antiguo, delimitado por  Glorieta Los Marineros, Avenida María Luisa, Glorieta de San Diego, Avenida El Cid, Plaza Don Juan de Austria, Avenida Menéndez Pelayo, Calle Recaredo, Calle María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Calle Muñoz León, Calle Parlamento de Andalucía, Calle Resolana, Calle Torneo, Calle Arjona, Paseo Cristóbal Colón y Paseo de las Delicias.

GIRO COPERNICANO

La declaración de la ZGAT sólo afecta a los establecimientos que actualmente no tengan autorización de apertura, ya que, una vez reconocida como tal, estos comercios podrán abrir sin limitación alguna durante los periodos establecidos. En este sentido, la Ley autonómica fija plena libertad para los locales de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y establecimientos de estaciones y aeropuertos, entre otros.

La presión en el seno de la patronal por parte del sector agrupado en la entidad Alcentro ha provocado un giro copernicano de la posición oficial de Aprocom, ahora favorable a la flexibilización de horarios para todos y en todo el casco antiguo en nombre de la libertad de mercado, cuando hasta hace dos años defendía justamente lo contrario.

Así, el entonces presidente, José Cañete, recordaba que la normativa vigente permite ya al pequeño comerciante libertad “absoluta” para abrir “cuando quiera”. Y su sucesor en el cargo, Tomás González, apostillaba: “La ley permite al pequeño comercio con superficie inferior a 300 metros abrir ya los 365 días del año y las 24 horas del día, y si no usan esta posibilidad eso significa que no es necesario”. Y añadía: “No es el momento de abordar la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para el centro a efectos de horarios comerciales. Hay muchos argumentos que demuestran que es inviable. El consumo es el que es y no aumentará por abrir más horas. Para reactivar el consumo, la única solución es recuperar los microcréditos, para que los clientes compren a plazos, pero eso depende de los bancos”.

EFECTO LLAMADA

Los comerciantes del Centro han inclinado la balanza a su favor con el argumento añadido de que la autorización a abrir durante los festivos previos a la Semana Santa y la Feria a todos los comercios supone que abran también los establecimientos de más de 300 m2, como los grandes almacenes, y que éstos harán de locomotoras para atraer al casco histórico una gran afluencia de público, con lo que así también los pequeños y medianos comercios tradicionales podrán beneficiarse de su efecto de arrastre.

Así pues, el mensaje ha consistido en argumentar que aunque los establecimientos de menos de 300 m2 (la inmensa mayoría) pueden abrir las 24 horas del día durante los 365 días del año, no lo hacen porque en esos días festivos carecen de público comprador y necesitan del estímulo de las grandes firmas y superficies mercantiles con su poder de convocatoria.

CERRADOS POR EL PUENTE

La gran paradoja es que en el puente de la Constitución el centro de la ciudad, según reflejaron todas las crónicas periodísticas y los datos oficiales de ocupación hotelera (94%), estuvo a rebosar de nativos y de turistas pero que el pequeño y mediano comercios no abrió ni el día 6 ni el día 7 de diciembre y sólo lo hizo, en su seguidismo habitual, el 8, cuando las grandes firmas tenían permiso para abrir dentro de su limitado cupo anual y ya los visitantes preparaban las maletas para irse o se estaban yendo.

Quienes se beneficiaron de la avalancha turística fueron los hosteleros (bares y restaurantes), cuyas ventas, según el alcalde, se incrementaron en un 10% en esos días.

El Ayuntamiento adelantó el encendido del alumbrado de Navidad, en que ha gastado 447.750  euros, al jueves 4 de diciembre con el declarado fin de darle más ambiente y animación al Centro de la ciudad, pero ni siquiera ese sobreesfuerzo presupuestario municipal para llevar público al casco antiguo fue aprovechado por el comercio tradicional, que dio una vez más muestra de su miopía y de su espíritu de contradicción.

En nombre de la libertad de mercado se pide flexibilidad de horarios para todos, grandes y pequeños, con el fin de conseguir público al que vender,  pero cuando el público acude de forma masiva como ocurrió el 6 y 7 de diciembre, el comercio cerró sus puertas.

FIN DE LA MORATORIA

El discurso de la libertad se troca en un canto al proteccionismo por los mismos protagonistas cuando ven que se acerca el 31 de diciembre y vence la moratoria de 20 años dada en 1994 por el Gobierno socialista de entonces, con Borrel como ministro de Fomento, para que el comercio se adaptara a la ley de Arrendamientos Urbanos, una moratoria gracias a la cual buena parte de los comerciantes han pagado hasta ahora los llamados alquileres antiguos. Han tenido unas condiciones ventajosísimas, de las que no se han podido beneficiar el resto de los sectores económicos ni los ciudadanos que vivían y viven de alquiler y a los que les han subido año tras año la renta en función de las condiciones del mercado. Quienes vivían en el centro y no ha podido pagar las rentas exigidas han tenido que irse a los barrios o a otra parte, sin que a nadie le importara.

Aprocom invoca la libertad de mercado para que no se impongan restricciones horarias ni limitaciones de apertura en festivos, pero quiere ahora el proteccionismo del Gobierno y de la Junta de Andalucía para no pagar alquileres conforme a esa misma libertad de mercado. Y la Consejería de Turismo y Comercio la secunda al exigir a Rajoy una prórroga de diez años más para que los comerciantes tengan tiempo suficiente para adaptarse a los precios actuales.

VACAS GORDAS

¿Es que veinte años no ha sido un periodo suficiente? ¿Qué sector de la economía ha gozado del privilegio de una moratoria de 20 años con los precios de las naves industriales, de las oficinas o del suelo congelados para darles tiempo a prepararse para competir en un escenario sin proteccionismo? ¿Se les ha dado acaso una moratoria a los productores e inversores en las energías renovables con  el recorte de primas? ¿A las constructoras, inmobiliarias o  a cualquier sector afectado por el cambio de ciclo económico?

El comercio sabía desde 1994 que en 2014 acababa la moratoria. Ha gozado de la época dorada de la economía española hasta el año 2008, cuando estalló la crisis (seis años de vacas flacas frente a catorce de vacas gordas), años dorados en que los propietarios de locales bien situados no podían alquilarlos a grandes cadenas a precios sin parangón por tenerlos ocupados por sus inquilinos de renta antigua.

DESPREOCUPACIÓN

En todo ese tiempo, los comerciantes tradicionales pudieron haberse preocupado y negociado con los propietarios una actualización progresiva de los alquileres; invertido en la compra de locales alternativos cuando había abundancia de liquidez y créditos bancarios con bajos tipos de interés; modernizado sus prácticas mercantiles (desde centros comerciales abiertos hasta el envío gratuito del género a domicilio para competir con el comercio electrónico y paliar la falta de aparcamientos en el Centro), y adoptado otras medidas preventivas y paliativas, pero ha estado a verlas venir, esperando a que, una vez más, se acuda en su rescate desde las Administraciones con otra moratoria de diez años (serían 30 acumulados) y presentándose como víctimas de la especulación inmobiliaria.

El comercio tradicional, en vez de aprender a competir en pie de igualdad y de saber explotar sus factores diferenciales frente a la impersonalidad de las grandes cadenas, pretende pagar alquileres a los precios de 1994 pero repercute al público en sus mercancías precios de 2014.

La comisión

La Ejecutiva local de IU  ha acordado que su grupo municipal solicite la creación de una comisión de investigación sobre todas las contrataciones del Ayuntamiento con la empresa Fitonovo, presuntamente la principal implicada en la trama de corrupción del caso Madeja/Enredadera, por el que la juez Alaya ha imputado a, entre otros, el hasta ahora portavoz de la propia IU, José Manuel García, ya dimitido; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo, y el exconcejal del PP y exdirector del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña.

IU, que reconoce que se ha visto seriamente perjudicada por las acusaciones e imputaciones, en éste y otros casos -aunque afirma que no se sostienen-, pretende que salga a la luz toda la verdad “caiga quien caiga”; que se depuren las responsabilidades políticas, “tanto la que pudieran afrontar el anterior gobierno local como el actual”, y que se adopten medidas encaminadas a evitar en el futuro un nuevo escándalo de estas características y a garantizar un mayor control en las contrataciones públicas.

Según la coalición de izquierdas, se debe aprobar esta comisión de investigación “por responsabilidad y por coherencia”, como “un ejercicio de higiene democrática”, ya que hay intranquilidad y alarma social entre los ciudadanos.

Sostiene que no hay ninguna interferencia con el procedimiento judicial existente ni son incompatibles, ya que la comisión de investigación puede funcionar en paralelo y, cuando finalice su trabajo, aportar sus conclusiones a la Justicia. Para IU, es probable que el procedimiento judicial dure varios años y que en ese periodo abandonen la vida municipal muchos de los actuales concejales, por lo que la comisión “es absolutamente imprescindible para despejar dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido en torno a los contratos de Fitonovo y para elevar conclusiones que mejoren nuestra capacidad de reacción ante casos como éste”.

APOYO DEL PSOE

¿Cuál ha sido la respuesta del resto de grupos municipales?

El portavoz socialista, Espadas, la ha apoyado aun reconociendo la “complejidad” de su creación y funcionamiento ante el desarrollo en paralelo de un proceso judicial. El líder de la oposición estima que el objetivo de la comisión sería poner “luz y taquígrafos” en los contratos municipales con Fitonovo en los distintos mandatos, porque “hay que aclarar cualquier tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento, tanto anteriores como en la etapa actual”.

Para los socialistas, que subrayan la necesidad del consentimiento del PP por tener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, de crearse la comisión debería estar presidida por el presidente del Pleno municipal y concejal de Relaciones Institucionales, Javier Landa, que a su juicio “ha dado muestras de tener una actitud de equilibrio y de respeto a los distintos grupos en las sesiones plenarias”.

Y ha añadido Espadas: “No vamos a consentir que se reedite la comisión de investigación del Plan Centro, en la que el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Pérez, actuaba como juez y como parte”.

RECHAZO DEL PP

Precisamente el aludido, Francisco Pérez, es quien ha dado la respuesta del grupo municipal del PP, y se ha agarrado para ello a la investigación judicial en curso para rechazar la propuesta de IU. Afirma el portavoz del gobierno local que esta iniciativa es una “argucia personal” de su hasta ahora portavoz, José Manuel García, con el fin de “distraer la atención”, y que la comisión de investigación ya está abierta en el Prado de San Sebastián: “Esa es la mejor comisión de investigación”, concluyó Pérez, en clara alusión a la sede del Juzgado cuya titular es Mercedes Alaya.

Una vez más, se observa el doble discurso de los partidos políticos según se hallen en el gobierno o la oposición, en una institución o en otra o que los afectados en cualquier causa o escándalo sean sus propios militantes o los de terceros.

El argumento de Francisco Pérez para rechazar una comisión de investigación política sobre el caso Madeja en el Ayuntamiento porque ya hay abierta una judicial choca frontalmente con la postura del PP en el Parlamento de Andalucía, donde sostiene todo lo contrario.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

El PP presentó a finales de septiembre en la Cámara autonómica una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que en aquel momento investigaban no uno, sino cinco jueces en otras tantas provincias andaluzas.

La entonces secretaria general, Dolores López Gabarro, lamentó el “pacto de silencio” de PSOE e IU sobre este escándalo y los acusó de estar “compinchados” contra los andaluces si no votaban a favor de que se creara la comisión.

Los populares andaluces han exigido en el Parlamento autónomo la creación de decenas de comisiones de investigación sobre los más variados casos, a pesar de que estuvieran abiertas causas judiciales: los expedientes de regulación de empleo (EREs), Mercasevilla, venta fraudulenta de suelos en Atarfe, Astapa (desfalco de 60 millones de euros), la Faffe, los cursos de formación….

En 2009, el entonces secretario general, Antonio Sanz, declaraba que el Parlamento tenía “la obligación” de crear comisiones de investigación sobre los escándalos, y recordaba que en 15 años no se había creado ninguna, a pesar de que el PP había solicitado más de cien.

El pasado 17 de febrero, el PP (A) registró una petición de comisión de investigación sobre las subvenciones a la formación con unos argumentos similares a los que ahora emplea IU para propugnar la de Fitonovo en el Ayuntamiento: “Sería bueno llegar al fin de la verdad -declaró Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización-, y ahí es donde se va a retratar el Gobierno del bipartito, y si quiere transparencia o todo queda en palabrería y marketing”.

EL PLAN CENTRO

Francisco Pérez tendrá difícil justificar el porqué la doctrina del PP es pedir continuamente comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, incluso sobre casos bajo investigación judicial, mientras se niega ahora a que se constituyan en el Ayuntamiento,  cuando Zoido, que se ha presentado a sí mismo ante los sevillanos como el paladín de las “luces y taquígrafos”, no tuvo inconveniente en que se creara la comisión sobre el Plan Centro.

¿Cómo explicarles a los sevillanos que la contratación de una veintena de cámaras de videovigilancia para el plan de tráfico de Monteseirín merecía la creación de una comisión de investigación y no las contrataciones, bajo sospecha de soborno, a Fitonovo, a la que se habrían adjudicado al menos 29 millones de euros en el actual Ayuntamiento y cuando el dueño de la compañía ha declarado que uno de los imputados también le pidió comisiones para, presuntamente, pagarle la campaña electoral a los populares?

La propuesta de IU pone a prueba el discurso de Zoido y del PP sobre la transparencia en el Consistorio, esa transparencia que le exige a Susana Díaz en el Parlamento cuando le reprocha sus negativas a comisiones de investigación, y máxime cuando el PP no tiene nada que perder porque los imputados en el caso Fitonovo están en las filas de IU y del PSOE. Insistir en el rechazo colocaría al grupo municipal de Zoido en la incómoda posición de aparecer como el único interesado en la estrategia de la ocultación.

Cuando una fuerza política no tiene nada que temer no le importa que otras enchufen el ventilador.

El paro da un respiro a Sevilla y su provincia en noviembre de 2014

El paro ha dado un leve respiro a Sevilla capital y provincia en el mes de noviembre de 2014, con descensos del 0,61% y del 0,30%, respectivamente, pero descensos al fin y al cabo, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige la onubense Fátima Báñez. En sevilla capital hay ahora 554 parados menos y la cifra global queda en 88.931. En el conjunto de la provincia hay 762 parados menos que en octubre y el total se sitúa en 247.198.

La leve caída del paro en la capital de Andalucía durante el mes de noviembre rompe una racha negativa que se prolongaba desde el pasado mes de agosto y también la tendencia de los últimos años en que dicho mes siempre acababa con mayor número de desempleados que en el precedente. Al margen de la leve mejoría de la situación general, que se ha notado en los indicadores, hay un factor diferencial respecto de épocas anteriores y que ha podido tener un peso importante en el cambio de tendencia, ya que entró en vigor el Plan Emple@ Joven de la Junta de Andalucía, al que se acogió finalmente el Ayuntamiento gobernado por Juan Ignacio Zoido y  por el que 1.213 desempleados de la ciudad podían aspirar a un contrato de trabajo de medio año de duración.

Los 554 desempleados menos suponen una caída del 0,61%, el doble que la registrada en la provincia. El balance interanual en el periodo comprendido entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014 también es positivo, ya que se ha pasado de 90.740 personas sin trabajo a 88.931, lo que supone 1.809 parados menos en un año. En los tres años y medio del mandato de Juan Ignacio Zoido como regidor el saldo global es de 12.242 parados más, a falta de seis meses para las elecciones municipales, el margen de tiempo que le queda a Zoido para cumplir su promesa de convertirse en el alcalde del empleo.

No obstante, la estadística revela que diciembre en Sevilla suele ser un buen mes para el incremento de la actividad laboral, tanto por el habitual puente festivo de la Purísima y la Constitución que atrae a muchos turistas a la ciudad, como por la campaña navideña y el mayor gasto de las familias. Así, en los últimos años se han llegado a registrar hasta dos mil parados menos al finalizar el año por las contrataciones en el sector Servicios (comercios y hostelería, fundamentalmente).

DESGLOSE

El análisis de la estadística de noviembre de 2014 refleja que el desempleo ha bajado tanto en los hombres como en las mujeres, cuando generalmente solía incrementarse entre las féminas aunque bajara el dato general, ya que únicamente se beneficiaba la mano de obra masculina. Ahora hay menos parados entre ellos y ellas. Los 40.404 hombres parados son 226 menos que en octubre, mientras que las 48.527 mujeres sin empleo suponen 328 menos que en el mes anterior.

Por sectores productivos, vuelve a llamar la atención el cambio de tendencia en la Agricultura, que venía siendo hasta ahora el sector-refugio y absorbiendo desempleados pero donde desde octubre está destruyéndose empleo por el final de algunas campañas de recolección, un fenómeno similar al del conjunto de la provincia.

La distribución del número de parados es la siguiente en Sevilla capital: Agricultura, 1.467 parados (+58); Industria, 5.529 ( -99); Construcción, 8.360 (-68); Servicios, 60.717 (-465), y el colectivo Sin empleo anterior, 12.858 (+ 20).  Así pues, Agricultura y Sin empleo anterior son los dos únicos sectores que no se han beneficiado de la mejoría general en el mes de noviembre, sobre todo por el pequeño tirón del sector Servicios, esencial para la economía de la ciudad y que suele inclinar la balanza en un sentido u otro.

Por grupos de edad, la leve mejoría se ha dejado notar en todos salvo en las personas de 50 a 59 años, mientras que se rompe el dato habitualmente negativo en el caso de los mayores de 59 años, donde esta vez sí baja el paro.

La distribución de parados por edad queda así en noviembre: menores de 20 años, 1.626 parados (-12); entre 20 y 24 años, 7.146 (- 104); entre 25 y 29 años, 9.019 (- 207); entre 30 y 34 años, 9.975  (+ 165- 115); entre 35 y 39 años, 11.220 (- 158); entre 40 y 44 años, 11.393  (-8); entre 45 y 49 años, 12.426 (- 15); entre 50 y 54 años, 11.162 (+14); entre 55 y 59 años, 9.349 (+62), y mayores de 59 años, 5.615 (- 11).

Si se agrupan los parados en tres grandes franjas de edad, jóvenes, maduros y mayores, la situación es la siguiente:

-Paro juvenil, de menores de 29 años: un total de 17.791 personas, lo que supone el 20% del total.  Esta franja es donde más se ha notado la disminución del paro dentro de la leve mejoría registrada en noviembre: hay 323 desempleados menos que en octubre.

-Paro entre las personas maduras, de 30 a 49 años: hay 45.014 parados en esta franja de edad, lo que equivale al 50,61%. Segundo gran grupo que experimenta una leve mejoría, con 296 parados menos que en el mes anterior. No obstante, sigue habiendo un colectivo donde se registran más de 12.000 parados, en concreto 12.426, que es el de quienes tienen entre 45 y 49 años. Sigue siendo la franja de edad más golpeada por la crisis.

-Paro entre las personas mayores, cuyas edades han rebasado los 50 años:  Hay 26.126 parados, que suponen el 29,30%. Es la única franja de edad donde globalmente el paro ha crecido en noviembre en vez de bajar, con un balance de 65 desempleados más que en octubre. La excepción, los mayores de 59 años, donde se registran once parados menos que antes, cuando habitualmente en este colectivo hay más parados un mes tras otro.

DATOS DE LA PROVINCIA-

Al igual que en la capital, el paro ha disminuido en el mes de noviembre en el conjunto de la provincia, al pasar de los 247.960 a 247.198, con lo que hay 762 desempleados menos. Esta vez, al contrario que en otros meses, proporcionalmente el paro baja en la provincia menos que en la capital: un -0,30% frente a un -0,61%.

Por sexos, que no por género, la caída del paro beneficia tanto a hombres como a mujeres: hay 114.793 hombres sin empleo (-408) y 132.405 (-354).

El desempleo vuelve a subir en la Agricultura, aunque no tanto como en octubre, cuando se registraron 2.009 parados. Esta vez el incremento es de 516 desempleados. El incremento durante dos meses consecutivos acaba con la idea extendida en los últimos tiempos de que el campo se había convertido en el refugio contra la crisis y vuelve a poner de manifiesto que como suele ser tradicional el sector se mueve al ritmo que marcan las cosechas.

Afortunadamente esta vez, en noviembre la caída del paro en el resto de sectores compensa con creces la estacionalidad agrícola para que al final el dato sea mejor que el del mes de octubre en el conjunto de la provincia.

La estadística provincial se distribuye así por sectores: Agricultura, 15.489 parados (+ 516); Industria, 18.301 (- 34); Construcción, 30.101 (-435); Servicios, 152.528 (-780) y colectivo Sin Empleo anterior, 30.779 (- 29).

 

La madeja de IU

En la campaña para las elecciones municipales del año 2003, Monteseirín, que aspiraba a la reelección como alcalde y que durante el mandato anterior se había visto sometido al ‘abrazo del oso’ de los andalucistas del PA como incomodísimos socios de gobierno, repitió una y otra vez una frase/lema -se dice que inspirada por José Caballos- que caló en el electorado por un estado de ánimo y opinión abonado para otorgarle credibilidad: “el urbanismo bajo sospecha”.

Dado que era la época del ‘boom’ inmobiliario y de los pelotazos urbanísticos en la ciudad, propiciados por las recalificaciones de suelo, y que la Delegación de Urbanismo era el gran coto privado del PA en aquel gobierno de coalición, la acusación genérica y sin pruebas concretas lanzada por el alcalde-candidato fue clarísimamente interpretada por los electores como dirigida contra los andalucistas en exclusiva y pese a que Monteseirín era el máximo responsable del Ayuntamiento y de aquella coalición. La frase hizo fortuna y el PA se hundió en los comicios.

Algo más de un decenio después, no es sólo un departamento como entonces la Gerencia de Urbanismo el que está bajo sospecha, sino todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, después de que en el sumario de la operación Madeja la juez Alaya haya acusado a PSOE e IU de financiarse en Sevilla entre 2003 y 2011 mediante, supuestamente,  sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones de contratos (entre uno y siete millones de euros el primero y 155.000 euros la segunda); de que el administrador de la compañía citara la supuesta petición de Gregorio Serrano, primer teniente de alcalde, de construir gratis un parque infantil valorado en 150.000 euros para el cuartel de Montequinto,  y de que el entonces jefe del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, exigiera presuntamente 350.000 euros para sus técnicos y para financiar la campaña del PP, extremos que todos los señalados niegan con vehemencia.

HASTÍO DE LA SOCIEDAD

Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico rige el derecho a la presunción de inocencia y a que la figura de la imputación equivale sólo a la de una investigación judicial que puede acabar en un procesamiento o ser levantada, como ha ocurrido hace unos días en el caso de varios imputados por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, el hastío de la sociedad por los reiterados escándalos de corrupción en toda España ha provocado la aplicación de una ‘política preventiva’ por parte de algunas formaciones a la hora de exigir la dimisión de los señalados por Alaya.

Y en este clima, la formación más perjudicada está siendo IU en el Ayuntamiento. Primero, porque la juez no ha imputado a ningún concejal ni cargo orgánico del PP, más allá del exedil y luego director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña -destituido de manera fulminante por Zoido-  y un técnico como el jefe del servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores. Y segundo, porque el imputado del PSOE en la operación Madeja es Manuel Gómez Lobo, antiguo concejal de Vía Pública y responsable del distrito Macarena en la etapa de Monteseirín como alcalde pero que no volvió a formar parte de la lista electoral socialista tras la renovación acometida y el inicio de una nueva etapa con Juan Espadas, el cual ya pagó en las urnas los platos rotos por Monteseirín.

DIMISIÓN DE GARCÍA

Si IU es la que más está sufriendo las consecuencias de la operación Madeja es porque mantuvo a su vieja guardia tras haber gobernado ocho años en coalición con el PSOE, mediante la dupla Monteseirín-Torrijos, una era plagada de escándalos como el de Mercasevilla con sus diversas ramificaciones y que han acabado salpicándola de lleno.

El hasta ahora portavoz municipal de la coalición, José Manuel García, se ha visto obligado, tras los mensajes lanzados desde la dirección regional y federal, a presentar su dimisión al ser imputado por presunto fraude y cohecho en el caso Madeja. La juez le acusa, tanto a él como a Torrijos, de haber intervenido para que IU recibiera comisiones ilegales de Fitonovo por valor de 155.000 euros a cambio de la adjudicación de once contratos para la instalación de césped artificial en campos de fútbol en el gobierno anterior, cuando García era delegado de Deportes.

El problema añadido es que García había asumido la portavocía municipal tras la previa dimisión de Torrijos, que a su vez acumula tres imputaciones, por los casos Mercasevilla, Fundación DeSevilla y Madeja. Así pues, en tan sólo un año (de noviembre de 2013 a noviembre de 2014), el electorado sevillano ha asistido a la dimisión de dos portavoces de IU, Torrijos y García.

EL PEOR MOMENTO

Además, la otra edil de la coalición, Josefa Medrano, también tuvo problemas con la Justicia y llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Foxá, aunque finalmente salió absuelta. Ahora pesa sobre ella la espada de Damocles de una posible investigación judicial sobre el ERE de Altadis, por el que recibió una póliza de prejubilación. Y en la lista electoral figura otro imputado, Carlos Vázquez, en el caso del presunto desvío de un millón de euros de la Fundación DeSevilla.

De los polvos de la era Monteseirín vienen ahora estos lodos en el peor momento para IU, cuando se ve sobrepasada por la izquierda por el auge de Podemos y por nuevos movimientos como Ganemos, con el que pretende un proceso de integración en función de cómo queden preservadas sus señas de identidad.

Se integre o no, IU se ve abocada a una profunda renovación a tan sólo seis meses de las elecciones municipales por no haber sabido o querido hacerla hace cuatro años, siguiendo el ejemplo del PSOE con Espadas.

La coalición siempre ha confiado en su suelo electoral, que en el peor de los casos (año 1991) no bajó de 19.000 votos y dos concejales, pero desde su mejor resultado al margen de las primeras elecciones democráticas en la Transición (1995, con 45.416 sufragios y cuatro ediles) ha perdido el 47% de los votos y la mitad de los concejales, con la agravante de que el voto de izquierdas se puede dispersar en nuevas alternativas que antes no existían.

La presunta vinculación de la coalición o de algunos de sus representantes con el escándalo Madeja de corrupción política puede suponer un golpe de gracia para una coalición sin banquillo y sin tiempo para fabricarlo, y teniendo en cuenta el precedente del PA, que pasó de 92.417 votos, 9 ediles y estar en el gobierno municipal  a verse fuera del Ayuntamiento en tal sólo un decenio, en una purga de sus pecados políticos.

IU, sencillamente, se está jugando la supervivencia en Sevilla.

 

Bicefalia

Las Administraciones Públicas han dado una solución salomónica y de carácter puramente político al conflicto existente en el seno de los Consejos de Administración del Teatro de la Maestranza y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que había provocado que ambas instituciones estuvieran huérfanas de dirección desde que en el mes de julio expiró el contrato de Pedro Halffter como director artístico del Teatro y musical de la ROSS y de Remedios Navarro como gerente de uno y otra.

Casi cuatro meses sin cabeza visible en el mundo de la élite cultural y musical, donde las programaciones de los teatros y las agendas de los artistas se cierran incluso con años de antelación, han supuesto un vacío que ha provocado la pérdida de oportunidades de contratación de figuras culturales y ha degradado la imagen del Teatro y de la Orquesta, por la polémica en que se han visto envueltos.

 

El esperpento llegó a su máxima expresión el pasado 10 de octubre, cuando sobre la marcha hubo que suspender la rueda de prensa convocada para anunciar el resultado del concurso internacional del que iba a resultar elegido el máximo responsable de los buques insignia de la cultura sevillana, una vez que quedó ratificada por unanimidad la continuidad de Remedios Navarro como gerente tras la fructífera labor realizada en el último decenio.

PACTO ROTO

Previamente se había alcanzado un principio de acuerdo para conciliar dos posturas opuestas. El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento, ambos regidos por el PP,  eran partidarios de la continuidad de Pedro Halffter al frente del Maestranza y de la ROSS, pese a que había venido de la mano del PSOE en tiempos de Juan Carlos Marset como delegado de Cultura de Monteseirín. Por el contrario, el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, con el apoyo de los músicos de la ROSS, había apostado públicamente por el relevo de Halffter al considerar que su proyecto estaba agotado tras diez años en ambos cargos y que se necesitaba una renovación de personas y de ideas.

Tras casi tres meses sin que nadie diera su brazo a torcer y ante el peligro de una situación enquistada para el futuro del teatro y de la orquesta se llegó al acuerdo de que Halffter continuaría en sus puestos pero con la abstención de la Junta de Andalucía para no reflejar la división que supondría la expresión de un voto negativo. Cuando se iba a hacer público el anuncio, la Consejería de Cultura dio marcha atrás por un cambio de estrategia: la gerente, Remedios Navarro, garantizaría la continuidad operativa de ambas instituciones y la ROSS no tendría un director titular, sino directores invitados a dirigir los distintos conciertos de un programa que ya estaba cerrado para la temporada 2014-2015 por el propio Halffter, y a ver quién cedía en sus posiciones.

DOS DIRECTORES

Finalmente, la mediación del Ministerio de Cultura entre Ayuntamiento y Junta ha permitido al cabo de casi mes y medio una solución salomónica que satisface a medias a todas las partes enfrentadas:

Halffter abandona la dirección de la ROSS, para satisfacción de Luciano Alonso y de unos músicos que habían expresado su repudio hacia el director tocando bajo su batuta hasta con lazos verdes de rechazo en sus indumentarias, pero continúa como director del Teatro de la Maestranza, en línea con los deseos del Ayuntamiento.

Su sustituto al frente de la ROSS será el director tejano John Axelrod, en un guiño a los músicos, de los que era el candidato preferido, aunque como Halffter ha dejado cerrada la programación de la temporada, aquél no debutará, salvo cambio de planes, al frente de la Sinfónica hasta el otoño de 2015. Sí asume desde este momento la responsabilidad de programar la temporada 2015-2016.

Para evaluar el funcionamiento de esta bicefalia artística, los contratos de ambos directores tendrán sólo dos años de duración en lugar de los cuatro inicialmente previstos y no supondrán un sobre coste para el teatro y la ROSS, ya que ascenderán a unos 35.000 euros anuales cada uno. Los emolumentos podrán incrementarse por la dirección de espectáculos y conciertos al margen de esta cantidad fija.

VUELTA AL ORIGEN

Así pues, la permanente confrontación política entre el Ayuntamiento y la Junta en Sevilla se ha trasladado al seno del Maestranza y de la Sinfónica hasta provocar esta bicefalia directiva que rompe el modelo unificado establecido hace un decenio y que en aquel momento se presentó en aras de una mayor eficacia. Sin embargo, esta dualidad de cargos no es nueva en la agitada historia de ambas instituciones y supone casi una vuelta a los orígenes, ya que aquí ha pasado prácticamente de todo.

Recuérdese que tras la Expo 92 el teatro de la Maestranza pudo funcionar gracias a los fondos de la Sinfónica y ello pese a que seis meses después de clausurada la Muestra Universal el Ayuntamiento acumulaba una deuda de 320 millones de pesetas con la orquesta, hasta el punto de que en lugar de programas de mano en los conciertos se repartían fotocopias, para ahorrar gastos. Francisco Senra, gerente único de ambas instituciones, explicaba entonces que cuando hubiera dinero se dividirían los gastos acumulados para discernir un presupuesto separado para el teatro y la ROSS, la cual tenía como director artístico a su primer titular y fundador, el maestro Sutej.

Esta bicefalia se mantuvo hasta 2004, con José Luis Castro como director del teatro desde 1994, y la Sinfónica con su propio director artístico (Klaus Weisse después de Sutej, y Alain Lombard a continuación) y su propio gerente, caso de Luis Miguel Rufino, que dejó el cargo año y medio después por diferencias con Lombard.

VARIACIONES

Así pues, en la evolución del modelo hemos pasado de directores artísticos y gerentes diferenciados para el teatro y la orquesta en una primera etapa a un binomio único director/gerente (Halffter/Navarro) durante diez años y, a partir de ahora, una gerente para las dos instituciones (la propia Remedios Navarro) y dos directores artísticos diferentes para el teatro y la orquesta pero con un denominador común: los dos, Halffter y Axelrod, son directores de agrupaciones sinfónicas. Vamos al más difícil todavía.

¿Qué saldrá del experimento? El tiempo lo dirá, ya que el árbol se mide por sus frutos, pero ambos directores son lo suficientemente inteligentes y experimentados como para saber que lo más conveniente para sus intereses personales y profesionales es una estrategia de coexistencia pacífica, alejada de divismos y enfrentamientos personales, y de hecho si Axelrod dirigió anteriormente a la Sinfónica y se ganó a sus músicos hasta el punto de ser su preferido como sucesor de Halffter fue porque éste lo llamó como director invitado. El reto es lograr una sinergia artística, en la que uno más uno sumen más que dos.

EFEMÉRIDES EN LONTANANZA

De momento todo son buenas intenciones. Halffter parece haber aprendido de sus errores, indudables aciertos aparte, en su decenio en Sevilla con propuestas que suponen un mayor acercamiento a la ciudad, como llegar a acuerdos de colaboración con la Orquesta Barroca, la Orquesta Joven y la de la Hispalense y el Conservatorio; la retransmisión de óperas en espacios públicos mediante pantallas gigantescas y la creación de un festival de ópera en verano con títulos vinculados a Sevilla, algo elemental para una ciudad turística como la nuestra y que organizan otras urbes europeas que no tienen la suerte de aparecer en 150 óperas en la historia de la música, algunas tan esenciales como Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Carmen y Fidelio.

Por su parte, Axelrod deberá demostrar que está a las alturas de las exigencias del cargo, ya que no es lo mismo venir de director invitado para un concierto que fajarse con los músicos en el día a día y obligarlos a ensayar las mismas horas que Halffter. Sus ideas de combinar la gran música sinfónica con músicas populares y de cine puede ser un gancho para atraer un público más joven (el actual lo componen sobre todo personas mayores de 55 años), pero sus propuestas de giras internacionales y de grabaciones discográficas dependerán más de los medios económicos en un contexto de crisis y de voluntades ajenas que de sus deseos.

En el horizonte de Halffter y Axelrod está la temporada de 2015-2016, cuando se cumplirá el XXV aniversario tanto del Maestranza como de la ROSS, una efemérides que debe servir para un relanzamiento de ambas entidades y para dar por saldada la evidente fractura de los últimos tiempos.  

 

CLH exigirá una altísima indemnización si la sacrifican por Sevilla Park

La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la Gerencia de Urbanismo y la Consejería de Fomento han presentado alegaciones e emitido informes sobre el proyecto Sevilla Park, un macrocomplejo comercial (el más grande de Andalucía) y de ocio promovido por la Autoridad Portuaria junto al puente de las Delicias. Los aspectos más controvertidos que se reflejan son el posible conflicto con los depósitos de carburantes y el impacto en la red viaria.

CLH alerta  en su alegación al proyecto Sevilla Park de que los terrenos que le destina la Autoridad Portuaria están calificados como industriales, un uso a su juicio adecuado, por lo que su recalificación para instalar allí el macrocomplejo comercial (el mayor centro de Andalucía, tres veces más grandes que el Nervión Plaza) y de ocio (un pabellón multiusos con capacidad para unos 20.000 espectadores en los conciertos) “va a crear un extraño enclave para el que no sabemos si se han tenido en cuenta otras consideraciones”.

La compañía, que almacena en grandes depósitos en el área portuaria combustibles para diversos usos en Sevilla y su entorno, se pregunta qué efectos produciría la irrupción de este enclave de actividades recreativa en una zona “perfectamente industrial” y si vulneraría el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.

CLH alerta de forma reiterada del conflicto que puede suscitarse en caso de autorizarse la construcción de Sevilla Park cerca de sus depósitos de hidrocarburos y de la altísima indemnización que exigiría en caso de que se pretendiera desmantelar sus instalaciones para primar el uso comercial y turístico. En esta línea, expone lo siguiente:

-Tenemos que tener la garantía ahora y no cuando está el hecho consumado de que la coexistencia va a ser posible. Si al final no lo fuese y tuviese que ser nuestra instalación la sacrificada, sería a costa de un altísimo coste para los promotores y los contribuyentes.

-Sería la expropiación la única alternativa y el elevado coste lo tendría que asumir el contribuyente.

-Dado el lugar de pública concurrencia se quiere crear ahora y CLH ya estaba ahí, debería buscarse un sitio adecuado para el Sevilla Park, y no al revés.

-Hay un informe de la Abogacía del Estado que señala que habrá conversaciones con CLH para el desmantelamiento y traslado de las instalaciones. No se tiene en cuenta que CLH tendrá que salir indemne y que debe hacerse una estimación del coste de su traslado.

La compañía energética subraya que, dada la normativa de prevención de accidentes graves, el proyecto caería en la zona afectada, por efecto dominó, y que la distancia de seguridad más crítica sería de 40 metros desde el lugar de pública concurrencia. CHL solicita en su alegación que el Ayuntamiento reconsidere su decisión y mantenga el uso industrial del suelo o, al menos, que se cree una comisión de estudio que analice  ambos espacios, lo que implicaría la suspensión del proceso durante el tiempo necesario.

URBANISMO

Por otra parte, en el informe emitido por la Gerencia de Urbanismo se afirma que la documentación presentada es insuficiente para valorar la correcta funcionalidad del viario y el cumplimiento del Plan General, y se añade: “La conexión propuesta del viario no se considera adecuada ya que es un cruce existente de viarios principales (y) se incorpora otra nueva infraestructura de gran capacidad. Esta solución afectaría a la funcionalidad del viario existente”.

Urbanismo también califica de claramente insuficiente la información referente a la geometría del viario e inadecuada la propuesta de Sevilla Park sobre el acceso peatonal, en bici y para vehículos de acceso restringido.

La Consejería de Fomento considera correcta la implantación pero detecta elementos de saturación del viario y déficits de aparcamiento y falta de un estudio sobre otras posibilidades de ubicación del proyecto, y destaca que sería la mayor superficie minorista de la ciudad.

A su vez, la Consejería de Turismo  emite un informe favorable condicionado al cumplimiento de disposiciones en materia de urbanismo, sistema general portuario y la calificación de Gran Superficie Minorista y aboga por incorporar un plan de movilidad urbana y que se garanticen

las dotaciones de aparcamiento.

 

El Ayuntamiento de Sevilla es dueño de parte del suelo que ocupa el vertedero ilegal de Padre Pío

El Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, revela que el Ayuntamiento de Sevilla es propietario de al menos parte del terreno convertido en vertedero desde el que la quema de residuos provoca graves problemas a los vecinos de Padre Pío y La Plata, pero el Consistorio se escuda en que  se halla geográficamente en el término de Alcalá de Guadaíra para no intervenir.

El delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, y el portavoz municipal del grupo de IU, José Manuel García, han polemizado en la última semana sobre la situación de los vecinos de Padre Pío y La Plata, afectados por la intensa humareda que desprende en un vertedero ilegal cercano la quema de cables de cobre robado para extraerles el metal. Además de escenario de  la quema de cables, el vertedero es una escombrera donde se acumulan todo tipo de residuos, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente y el riesgo para la salud de los residentes cercanos.

El portavoz de IU acudió hace días a la zona a escuchar las quejas de los desesperados vecinos, tras lo cual criticó al gobierno municipal “por no querer saber nada del estercolero y recurrir a distintas excusas con el fin de no intervenir sobre el terreno”.

Según García, Zoido debe “dejar de mirar a otro lado” y llevar a cabo “cuanto antes” la limpieza y recuperación de un espacio “actualmente abandonado e inundado de montañas de basuras”.

Por su parte, el delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, acusó al portavoz de IU de intentar engañar a los vecinos de Padre Pío y a los sevillanos por denunciar la existencia de un vertedero ilegal, “ya que éste -afirmó- pertenece al término municipal de Alcalá de Guadaíra, y el Ayuntamiento de Sevilla no tiene competencias para actuar sobre el problema”.

Estima Luque que tan sólo una pequeña parcela del terreno figura en el Catastro y no es en la que se producen los problemas de escombros y quemas, “y además -añadió- está confirmado que también es término de Alcalá de Guadaíra”.

La ubicación geográfica, sin embargo, no exime a ningún propietario que resida en otro término municipal de desatender sus obligaciones de mantener limpia de residuos su propiedad.En este sentido, el Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, refleja que el Ayuntamiento de Sevilla posee parte del terreno de la discordia.

La ficha urbanística recoge que el suelo, denominado Carretera Polígono El Pino y ubicado en el Cercado del Pozo, es un solar del Distrito Cerro-Amate inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra, incluido en el PGOU de 2006 y con una valoración económica de 130.157,29 euros.

El solar, calificación que ya abre una expectativa urbanística, no es una pequeña parcela si se tiene en cuenta que mide 17.650 m2, el equivalente a casi dos campos de fútbol.

El ‘tasazo’

La basura, en el sentido metafórico y en el real, domina la política en los últimos tiempos. En Sevilla hemos tenido varios ejemplos recientes. Primero fue la polémica, de alcance nacional, por la norma del Ayuntamiento de imponer multas de 750 euros a quienes rebuscaran en los contenedores. Posteriormente, por el vertedero clandestino de basura que hace la vida imposible a los vecinos de Padre Pío y La Plata. Y en el Pleno extraordinario del pasado martes para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2015, surgió la denuncia por el portavoz del PSOE, Juan Espadas, del denominado ‘tasazo’ a los institutos públicos: la decisión del gobierno de Zoido de cobrarle la tasa de la basura a los IES, que provocó un debate cargado de trasfondo ideológico.

Espadas denunció que la Hacienda municipal ya ha enviado a los directores de los aproximadamente 65 institutos oficiales de educación secundaria un oficio en el que se les conmina a pagar la tasa por la recogida de basuras, de la que se sobreentendía que estaban exentos porque nunca antes se les había exigido.

El periodo de gracia ha sido dado por liquidado, y puede que incluso con efectos retroactivos. La Hacienda municipal les ha exigido a los directores que acrediten mediante certificado el número de alumnos matriculados, a fin de calcular la cantidad de residuos que podrían generar y pasarles el recibo al cobro, con la advertencia de que si en un plazo de diez días no ‘regularizan’ su situación se dará traslado de las actuaciones a la Agencia Tributaria.

BRONCA POLÍTICA

La terminología empleada denota incluso la posibilidad de exigir el pago con efectos retroactivos por un periodo de cuatro años. Se estima que por este concepto los IES podrían tener que pagar entre 700 y 1.000 euros anuales, cantidad que se cuadruplicaría si se les obligara a pagar el último cuatrienio. En resumen, el Ayuntamiento ingresaría entre 50.000 y 200.000 euros por este concepto.

La iniciativa del gobierno, desvelada por Espadas, derivó en una bronca política en el Pleno que, de paso, sirvió para fijar las posiciones ideológicas de cada uno.

El alcalde defendió la medida con el argumento de que todos los sevillanos son iguales ante la ley y que 158 centros privados y concertados pagan la tasa de la basura, mientras que la Junta de Andalucía, responsable última de los IES,  es la única que no la abona.

Por su parte, el portavoz del PSOE recordó que la ley exime de pagar a los centros de enseñanza públicos y que cada euro que se destine a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública. La réplica del alcalde fue inmediata: “Usted lo que quiere es que la Junta no pague y tengan que hacerlo los ciudadanos”.

FISCALIDAD DE LA BASURA

La medida demuestra, al igual que el año pasado, cómo la Hacienda municipal trata de compensar o resarcirse de los anuncios de rebaja fiscal que públicamente hace el alcalde de cara al electorado. Dinero que el Ayuntamiento deja de ingresar por las decisiones políticas de Zoido, dinero que la delegada de Hacienda, Asunción Fley, busca por otras vías. Y la basura parece darle bastante juego.

El año pasado se inventó la tasa a los locales vacíos, sin reparar en que si estaban vacíos no generaban residuos que recoger y porque por efecto de la crisis económica sus propietarios, sufridores de las consecuencias, no habían podido colocarlos en el mercado inmobiliario.

La tasa provocó un gran malestar en la patronal, especialmente en los empresarios agrupados en la sectorial de la construcción, Gaesco, ya que además de soportar la devaluación de sus inmuebles invendidos y los gastos financieros correspondientes, se encontraron con el imprevisto de tener que pagar por los locales comerciales desocupados y construidos en los bajos de los bloques de viviendas.

También se produjeron situaciones esperpénticas, como pasar al cobro recibos por tasa de basura a casetas de la electricidad, repetidores de telefonía y similares, en los que jamás podría registrarse una actividad comercial. Cualquier punto señalado en el Catastro era motivo suficiente para que la Delegación de Hacienda notificara un recibo.

VUELTA DE TUERCA

Ahora, la delegada da una vuelta de tuerca más al colocar en su lupa fiscal a los IES y obligar al alcalde a respaldar su política recaudatoria frente al líder de la oposición, ya que no se podía permitir el lujo de desautorizarla en un Pleno municipal, aunque este respaldo político contribuye a alimentar la imagen de voracidad fiscal de su gobierno: se une a la ampliación de la zona azul y a las multas por la rebusca en los contenedores y contrarresta el discurso de Zoido de que este Ayuntamiento ha rebajado la presión fiscal a los sevillanos.

Espadas citó con fundamento la legislación existente, que teóricamente permitiría mantener la exención del cobro de tasas a los centros públicos de enseñanza. Así, el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, especifica en su artículo 21 (supuestos de no sujeción y de exención) lo siguiente: “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria”.

Y, por otra parte, es cierto que cada euro que los IES destinen a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública, ya que la Junta asigna a cada instituto una cantidad para gastos corrientes, partida de la que ahora habrá que detraer en conjunto unos 50.000 euros.

EXCEPCIONES

Para defender a su delegada de Hacienda, Zoido lanzó el mensaje de que como todos los sevillanos son iguales ante la ley, todos han de pagar, sin excepciones. La realidad demuestra que este principio no siempre se cumple. Sin ir más lejos, recuérdese cómo el Ayuntamiento se exonera a sí mismo de pagar y pasar la ITE de sus edificios mientras obliga a los ciudadanos a abonar la correspondiente inspección.

Más ejemplos los puede encontrar el alcalde en las propias Ordenanzas Fiscales que se sometían a aprobación en el Pleno, ya que el Ayuntamiento, mientras pone en su punto de mira a los institutos,  exime de pagar la tasa de la basura a los kioscos de menos de 20 m2, y bonifica con un 20% en el IBI a los empresarios que se instalen en la Zona Franca, cuando ya por el hecho de radicarse allí sus mercancías no pagan impuestos, con lo cual se les otorgan dos ventajas añadidas. Y, por otra parte, ¿pasa el recibo de la tasa de la basura a todas las parroquias de Sevilla al igual que dice lo va a hacer con todos los institutos porque todos son iguales ante la ley?

EQUIPARACIÓN

El segundo mensaje de Zoido fue el de equiparar a los centros de enseñanza privados con los públicos, cuando los primeros son negocios mercantiles con ánimo de lucro, legítimo pero se trata de negocios al fin y al cabo creados para ganar dinero aunque sea con la educación, y los IES son un servicio público que satisfacen el derecho y el deber de la educación de todos los ciudadanos, rasgo diferencial esencial por el que la ley les exime hasta del pago del IBI.

La diferencia que no han comprendido Fley ni Zoido es que mientras la tasa de basura de los centros privados de enseñanza la pagarán sólo los padres que pueden permitirse una educación con mayores recursos tecnológicos y de todo tipo para sus hijos, la de los institutos públicos la acabarán pagando, en cuanto contribuyentes, todos los sevillanos, aunque ellos piensen que la pagará la Junta de Andalucía.

El accidente de la calle Betis

La oposición municipal exige responsabilidades políticas al delegado del distrito Triana, Francisco Pérez, y al de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, por considerar que la muerte de la joven estudiante polaca, tras precipitarse al vacío desde el poyete de la calle Betis cuando se hacía un ‘selfie’ o captaba imágenes del puente de Triana con su móvil o una cámara, se podría haber evitado si el Ayuntamiento hubiese atendido los requerimientos de los vecinos y de la Policía Local.

La afirmación de que el accidente se podría haber evitado es una hipótesis que nunca podrá demostrarse. Habría dependido de dos factores: la forma de actuar de la joven (no se ha aclarado todavía si se subió al poyete o al pretil, si sufrió un mareo o dio un traspiés, si se colocó de espaldas o frente al puente…) y la (s) medida (s) que pudiera haber adoptado el Consistorio o la Administración competente, otra cuestión que no ha quedado clara porque como suele ocurrir cuando acaece una tragedia, que todos lamentamos, las Administraciones Públicas se tiran la pelota unas a otras para tratar de justificar su inacción.

JUNGLA ADMINISTRATIVA

Así, el Ayuntamiento sostiene que su competencia se limita al espacio comprendido entre la mitad de la calle y las viviendas, mientras que la otra mitad, más el poyete y el muro del Altozano,  corresponderían a Patrimonio del Estado. Item más, como el puente de Triana es un Bien de Interés Cultural que goza de protección integral y de una franja de respeto de 50 metros a su alrededor (en la que estaría comprendido el punto donde se produjo el accidente), nada habría podido hacerse sin el permiso de la Junta de Andalucía y de la Autoridad Portuaria. Esta se ha defendido alegando que sólo es competente sobre la lámina de agua, y tanto el Gobierno andaluz como Patrimonio del Estado niegan que en algún momento se les haya consultado o solicitado permiso para haber adoptado alguna medida cautelar.

Para rizar el rizo, el alcalde ha afirmado que al tratarse del área de respeto del puente, un BIC, el Ayuntamiento no puede modificar el pretil con ningún elemento de protección añadida que altere tanto su fisonomía como la perspectiva y visión del mismo, por lo que la única actuación factible hasta este momento ha consistido en incrementar de dos a siete el número de carteles de metacrilato adosados al respaldo del poyete y con la leyenda ‘es peligroso subirse y sentarse en el respaldo’.

Esta aseveración también es cuestionada desde la Junta de Andalucía con el argumento de que hay que anteponer la seguridad de las personas a cualquier otra consideración, pero que para poder pronunciarse al respecto necesita que se presente un proyecto de intervención a la Consejería de Cultura, el cual tampoco existe.

DE BANCO A POYETE

Hasta donde me alcanza la memoria, el banco de piedra corrido a lo largo de parte de la calle Betis ha existido desde hace decenios, aprovechando como respaldo la parte superior del muro del Altozano, sin que nunca, que yo recuerde, se produjera un accidente similar al sufrido por la joven polaca. Cierto es que a consecuencia de las sucesivas obras y reformas realizadas en la calle, el nivel del suelo se ha ido elevando hasta reducir de forma acusada la altura del banco de piedra, por lo que ahora ya es muy difícil sentarse en el mismo con las piernas en ángulo recto.

El lenguaje también refleja esta evolución, ya que en el habla andaluza la palabra poyete se usa para denominar a un banco de menor tamaño. Ahora, el banco de piedra emerge tan sólo unos 20 centímetros del nivel de la calle, pero ello no quiere decir que anteriormente, con su altura original (un banco no es demasiado elevado) no resultase fácil subirse al mismo  y al pretil y colocarse en situación de riesgo, como presuntamente le habría ocurrido a la estudiante polaca.

La persona que pasee normalmente por la calle y respete la separación del pretil que impone la anchura del banco, más la altura de aquél ( siempre ha sido la misma, unos escasos 50 centímetros), no se pone en situación de riesgo y al mismo tiempo puede disfrutar del paisaje del río y de la visión del puente y de la otra orilla.

INFORTUNIO

Para precipitarse al vacío desde 7 metros de altura, con la mala fortuna de impactar con la cabeza contra el mínimo muelle existente al pie de la zapata, la estudiante polaca debió de subirse, presuntamente, al banco y/o al pretil, pese a las advertencias de peligro en los carteles.

Por tanto, no cabría exigirle al Ayuntamiento responsabilidad política por una conducta ajena presuntamente imprudente y contra el sentido común, y de cuyo riesgo se alerta en siete carteles a lo largo del pretil. Como reza el adagio jurídico, el causante de la causa es el causante del mal causado. En este caso, está claro que quien se colocó en situación de riesgo de caer fue la desafortunada joven polaca, la causante de la causa.

MAYOR PELIGRO

Ahora bien, desde la realización de las reformas urbanísticas en la calle, la elevación del nivel del suelo y la paralela disminución de la altura del banco de piedra hasta quedar reducido a un mero poyete, se ha incrementado la percepción de peligro, porque ahora es más fácil que antes subirse al banco y al pretil o asomarse desde éste al río.

Esa percepción de peligro aumentado es la que trasladaron al Ayuntamiento tanto los vecinos, en mayo de 2012 (reunión del Consejo de Participación Ciudadana) y en junio de 2013 (Junta Municipal de Distrito), como la Policía Local (enero de 2013 y abril de 2014), ésta en sendos informes remitidos a la Gerencia de Urbanismo.

Y aquí es donde ya empiezan las contradicciones municipales, porque el delegado de Triana, Francisco Pérez, ha asegurado que fue él mismo el que dio traslado a la Delegación de Urbanismo de un acuerdo adoptado por unanimidad en la Junta de Distrito para que mejorara de alguna manera la seguridad del pretil y se aminorara el riesgo de caídas, un extremo que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo han negado. Lo único que éstos reconocen es la recepción de los informes de la Policía Local, a raíz de los cuales -y no por la petición de los vecinos, tramitada supuestamente a través del Distrito- se habría incrementado el número de carteles de aviso de peligro de dos a siete.

Por tanto, si funcionarios de Urbanismo han dejado en evidencia los asertos del delegado de Triana, entonces sí cabría exigir responsabilidades políticas a Francisco Pérez, porque en tal caso habría mantenido una versión no acorde con la realidad y habría incumplido tanto los acuerdos de la Junta de Distrito como el mandato de Zoido de primar la participación ciudadana, unos ciudadanos que habrían tenido como respuesta a sus inquietudes la inhibición municipal.

 

Sevilla vuelve a rozar los 90.000 parados

La percepción por parte de los empresarios de una mejoría de la economía, que anunció hace unas semanas el presidente de la CES, Miguel Rus, no se ha traducido en Sevilla capital en un descenso del paro, sino todo lo contrario. El mes de octubre se ha cerrado con 983 desempleados más, con lo que la ciudad vuelve a rozar los 90.000 parados al elevarse la cifra a un total de 89.485, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige la onubense Fátima Báñez. En el conjunto de la provincia el dato es también negativo, al registrarse 2.743 parados más, con lo que la cifra total es de 247.960.

Octubre es el tercer mes consecutivo en que crece el número de desocupados en la ciudad pese a los records turísticos acumulados mes tras mes desde el verano a la fecha, ya que en agosto se quebró una racha de descenso continuado que se inició en el mes de marzo y desde entonces el desempleo ha iniciado una senda ascendente (87.279 en agosto; 88.502 en septiembre y 89.485 en octubre) que nos devuelve a los niveles de abril (89.570) y a rozar de nuevo la barrera psicológica de los 90.000 desempleados.

Los 983 parados más de octubre suponen un incremento del 1,11% (curiosamente, la misma proporción que en el conjunto de la provincia) pero el balance interanual (de octubre de 2013 a octubre de 2014) es al menos positivo, al registrarse una disminución de 790 desempleados (-0,88%) desde los 90.725 que había hace doce meses. En el balance del mandato de Zoido, que prometió convertirse en el alcalde del empleo, hay 12.796 parados más que en junio de 2011, el mes en que tomó posesión como máximo responsable de la ciudad.  

 

La evolución de esta recta final del año empieza a recordar peligrosamente a la de finales de 2013, cuando en septiembre se inició una racha enormemente negativa para el paro en la ciudad, en que, salvo la tregua de diciembre por las fiestas navideñas, fue continuamente ‘in crescendo’ hasta el pico máximo de 91.398 desempleados en el mes de febrero de 2014.

DESGLOSE

El análisis de la estadística de octubre de 2014 refleja que el desempleo, como viene siendo tradicional, golpea más a las mujeres en nuestra ciudad (48.855 desempleadas; +527) que a los hombres (40.630; + 456).

Por sectores productivos, la situación sólo mejora en la Construcción, con un descenso de 66 desempleados, y empeora en el resto. Llama la atención el cambio de tendencia en la Agricultura, que venía siendo hasta ahora el sector-refugio y absorbiendo desempleados pero donde en octubre vuelve a destruirse empleo. Similares tendencias se registran también en el conjunto de la provincia, por el final de las faenas de recolección en algunos cultivos.

La distribución del número de parados es la siguiente en Sevilla capital: Agricultura, 1.409 parados (+26); Industria, 5.628 ( + 195); Construcción, 8.428 (-66); Servicios, 61.182 (+538), y el colectivo Sin empleo anterior, 12.838 (+ 290).  Así pues, entre el sector Servicios y los jóvenes que acceden por primera vez al mercado de trabajo para verse sin perspectivas suman 828 de los 983 nuevos parados, mientras que destaca el dato positivo de la Construcción.

Por grupos de edad, se repite el negro panorama de septiembre y de nuevo el desempleo se incrementa en todos los segmentos, sin que ninguno se libre de esta lacra.

La distribución de parados por edad queda así en octubre: menores de 20 años, 1.638 parados (+12); entre 20 y 24 años, 7.250 (+ 269); entre 25 y 29 años, 9.226 (+99); entre 30 y 34 años, 10.090  (+ 165); entre 35 y 39 años, 11.378 (+65); entre 40 y 44 años, 11.401 (+49); entre 45 y 49 años, 12.441 (+ 77); entre 50 y 54 años, 11.148 (+93); entre 55 y 59 años, 9.287 (+137), y mayores de 59 años, 5.626 (+17).

Si se agrupan los parados en tres grandes franjas de edad, jóvenes, maduros y mayores, la situación es la siguiente:

-Paro juvenil, de menores de 29 años: un total de 18.114 personas, lo que supone el 20,24% del total.  La proporción ha aumentado en octubre respecto de septiembre, al igual que ocurrió en este mes en relación con agosto. Este incremento porcentual podría invertirse con la aplicación a partir de este mes en Sevilla del Plan Emple@ Joven de la Junta de Andalucía, dotado en un 80% con fondos europeos y al que se ha adherido el Ayuntamiento, que ha comprado el material y adelantado fondos, ya que dará ocupación a 1.213 jóvenes durante seis meses, justo el peor periodo en la economía sevillana, hasta la entrada de la primavera.

-Paro entre las personas maduras, de 30 a 49 años: hay 45.310 parados en esta franja de edad, lo que equivale al 50,63%. En estas edades es donde se concentran las mayores hornadas de parados, especialmente entre quienes tienen de 45 a 49 años. Es el único grupo en el que hay más de 12.000 desempleados, y subiendo en relación con el mes anterior: 77 más que antes.

-Paro entre las personas mayores, cuyas edades han rebasado los 50 años:  Hay 26.061 parados, que suponen el 29,12%. Hay que destacar que el colectivo entre 50 y 54 años es el cuarto grupo con mayor número de desempleados, con 11.148 parados.

DATOS DE LA PROVINCIA

Al igual que en la capital, el paro ha crecido en el mes de octubre en el conjunto de la provincia, al pasar de los 245.217 que había en septiembre a los actuales 247.960. Los nuevos 2.743 parados suponen un incremento del 1,11%, el mismo porcentaje que en Sevilla capital.

El incremento del paro se debe fundamentalmente al fuerte repunte en el sector agrícola, donde se venían registrando buenos datos relativos en los últimos meses pero que tras el final del verano sufre el final de las campañas de algunos cultivos frutales. De los 2.743 nuevos parados, la Agricultura aporta 2.009, el 73%.

Sólo la Construcción, con un descenso de 384 desempleados, aporta un respiro a la estadística provincial, que se distribuye así por sectores: Agricultura, 14.973 parados (+ 2009); Industria, 18.335 (+190); Construcción, 30.536 (-384); Servicios, 153.308 (+817) y colectivo Sin Empleo anterior, 30.808 (+111).

Este mes, aunque sigue habiendo más mujeres paradas (132.759) que hombres (115.201), el incremento en el desempleo afecta más a éstos (+1.972) que a aquéllas (+771), justamente por el mayor impacto registrado en las faenas agrícolas, donde hay mayor predominio de mano de obra masculina.