Toca fondo

El hecho de que diez días después de la Madrugá todavía se sucedan las reuniones en el Ayuntamiento, las ruedas de prensa de algunos colectivos, las exigencias de explicaciones más a fondo por parte de la oposición, las opiniones de los hermanos mayores de las cofradías que hicieron estación de penitencia aquella noche y de anteriores responsables del Consejo General, y se mantenga el debate sobre lo realmente acaecido, sus causas y posibles consecuencias, demuestra que no se trató de unos “incidentes aislados”, como para quitarles hierro escribió el alcalde en aquellas horas en su cuenta de Twitter; también que el modelo organizativo de la Madrugá -y por extensión el de la Semana Santa- ha tocado fondo y necesita sin más demora de una revisión en profundidad.

Sobre esta necesidad se detecta una coincidencia prácticamente general. Hay, pues, acuerdo en el qué y sólo falta consensuar el cómo, si esto es posible dadas las heridas abiertas entre los hermanos mayores, que podrían obligar a un intervencionismo -pedido desde ciertos foros- del Arzobispado, cuyo titular ha preferido mantenerse hasta ahora a una cómoda distancia de los conflictos cofradieros.

Monseñor Asenjo llegó a declarar con ironía que era más fácil elegir a un nuevo Papa en un Cónclave vaticano que los hermanos mayores de las cofradías sevillanas se pusieran de acuerdo sobre itinerarios y horarios de las procesiones. Y el segundo intervencionismo ya lo ha planteado el propio Ayuntamiento para sí en aras de una mayor seguridad, un nuevo rol que ha empezado a levantar ampollas en el mundo cofradiero.

QUINCE AÑOS

Una palabra que ha sonado en estos días ha sido relajación. Quince años es el periodo mínimo que, según Ortega y Gasset, debe transcurrir para poder hablar de la conformación de una nueva generación en una sociedad. Y justamente ése es el periodo transcurrido desde los sucesos de la Madrugá del año 2000, en que sin causa aún explicada se provocó un pánico colectivo expresado en masivas carreras en todas direcciones para huir de un peligro indeterminado, arrollándose  todo lo que estuviera por delante: nazarenos, sillas de la carrera oficial, viandantes, mobiliario urbano….

Aquellos sucesos provocaron la creación del Cecop para extremar las labores de coordinación de la Semana Santa, un despliegue policial extraordinario al año siguiente (aunque nunca se confirmó oficialmente, se comentó que dispositivos especializados revisaron desde las alcantarillas hasta las papeleras y contenedores en previsión de que se intentara atentar contra la Madrugá) y un cierto cambio de mentalidad, al percibirse que la  histeria colectiva había supuesto el final de la leyenda de que los sevillanos eran los únicos capaces de desenvolverse con total tranquilidad en medio de una multitud, sin que nunca a lo largo de la historia hubiera ocurrido nada grave, merced a su ‘cultura de la bulla’.

En los 15 años transcurridos, con una nueva generación que no vivió aquellos sucesos, esa consciencia del riesgo catastrófico de 2000 se ha ido perdiendo o adormeciendo, en la idea de que no se habían vuelto a repetir. Pero se han repetido, no de forma generalizada como entonces pero sí en una amplia zona de la ciudad comprendida entre la Encarnación y la plaza del Duque: avalanchas de personas presas del pánico en su huida tras reyertas en botellonas disueltas por la Policía y organizadas en las Setas destrozaron la procesión del Silencio y causaron heridas, contusiones y ataques de ansiedad a nazarenos, pajes y devotos que iban al lado de los pasos.

‘HECHOS AISLADOS’

El error de Zoido consistió en tratar de minimizar los sucesos al reducirlos a “hechos aislados”, un mensaje que podría haberse entendido en aquellos momentos de confusión para evitar una alarma general pero que no podía seguir vigente una vez terminada la Semana Santa y con los turistas ya camino de vuelta. Mientras los medios de comunicación -y especialmente dos periodistas que iban haciendo estación de penitencia en el Silencio y fueron testigos y sufridores de las avalanchas- reconstruían la gravedad de los sucesos -posteriormente se unió el testimonio del párroco de Carrión de los Céspedes-, el Ayuntamiento parecía ajeno a la realidad al hacer un balance triunfalista de la Semana Santa, adobado de datos sobre pernoctaciones hoteleras, consumo en la hostelería, viajeros transportados por Tussam y kilos de basura recogidos por Lipasam y omitiendo todo lo demás.

Esta actitud del gobierno local provocó a mitad de la pasada semana la respuesta reprobatoria del hermano mayor del Silencio, la cofradía rota por las avalanchas, que declaró: “Parece que el Ayuntamiento pone en prevalencia los beneficios económicos y los ingresos de los bares al discurrir tranquilo de la Semana Santa”.

Sólo a partir de entonces fue cuando el alcalde reaccionó exigiendo a sus delegados una investigación sobre la causa de las avalanchas, para poder presentar un informe en la cumbre con los hermanos mayores, convocada sobre la marcha.

BOTELLONAS

Según los testimonios recogidos, la causa última radica en una de las cruces que ha sufrido Zoido durante su mandato desde el Arenal hasta la Alfalfa: las botellonas, especialmente en las Setas, pero no sólo allí. El hermano mayor del Silencio, Alberto Ybarra, ha declarado: “No se pueden consentir concentraciones de gente bebiendo en las Setas, la plaza del Pan, la Pescadería o en Argote de Molina, convertida en un botellódromo cuando la cofradía transitaba por allí….”.  

En la misma línea se ha expresado el párroco de Carrión de los Céspedes, Antonio Romero, que cuando acompañaba al Silencio trató de contener a la multitud que huía despavorida: “¿Por qué, si está prohibido por ley beber en la calle, cómo se puede hacer en la noche quizás más delicada y especial del año…? ¿Por qué no se pusieron multas por el alcohol? ¿Por qué tan poca presencia policial en la calle en medio de tanta desmesura y con los antecedentes de 2000? ¿Por qué se quita importancia a lo sucedido?”.

Cuando en la Madrugada de 2000 se preguntó al responsable del operativo policial por el número de agentes que tenía desplegados por las calles, respondió espontáneamente que eran 46, pero ‘a posteriori’, en la versión oficial de los incidentes se elevó la cifra a 181. En la Madrugá de este año, el número de agentes desplegados, al menos de la Policía Local, también ha sido objeto de controversia entre el gobierno, los sindicatos policiales y la oposición. Mientras aquel sostiene que había 500, entre municipales y nacionales en toda la ciudad (más 100 de paisano), los sindicatos afirman que sólo eran 22 los realmente destinados a intervenir ante cualquier emergencia o imprevistos.

Hayan sido 22 ó 600, parece evidente que fueron insuficientes para establecer barreras de contención ante posibles avalanchas como las del año 2000. Así pues, el control de las botellonas y el dispositivo policial serán claves en el futuro.

GUARDIA BAJADA

En la Madrugá del año 2001 se anunció que tras lo acaecido el año anterior, y por las especiales características de esa noche, se reforzarían las Fuerzas de Seguridad “por sentido común”. Aunque oficialmente no se dieron cifras para no ofrecer pistas a nadie, se supo que se desplegó la plantilla completa de la Policía Nacional en Sevilla y que se trajeron del resto de España 300 policías de unidades especiales de intervención. Por su parte, el Ayuntamiento sacó a toda la plantilla operativa de la Policía Local, la cual fue reforzada con 35 agentes de la Academia y 113 de apoyo logístico, más vigilantes de seguridad en los cruces de todas las calles con la Carrera Oficial.

Si se comparan las medidas de entonces con las actuales convendremos en reconocer que al cabo de 15 años ha habido una relajación, por pensar que aquellos sucesos no se iban a repetir.

Los incidentes y sus secuelas han minado el prestigio y la autoridad del Consejo de Cofradías, ya muy socavados tras la polémica previa de los horarios (dimisión del delegado responsable y tirón de orejas del Cecop obligando a volver al programa del año anterior una vez celebrado el Cabildo de Toma de Horas). Altos responsables de este organismo han confesado que se enteraron por la prensa de lo sucedido en la Madrugá -en algún caso varios días después- y no por conducto oficial, y hasta el presidente fue “ninguneado” en la cumbre con los hermanos mayores en que el Ayuntamiento planteó directamente involucrarse en la organización de la Semana Santa.

Vuelta la oración por pasiva, el mensaje que percibe la opinión pública es que el Consejo ya es incapaz de organizar por sí solo el acontecimiento que es su razón de ser  durante todo el año y por lo tanto sale de esta crisis debilitado y cuestionado.

Marzo de 2015 deja 1.156 parados menos en Sevilla capital

El ‘efecto primavera’, con los preparativos de la Semana Santa y de la Feria de Abril, ya se notó en Sevilla durante el mes de marzo en la estadística del paro registrado en las oficinas del antiguo Inem, donde 1.156 personas han salido de las listas del desempleo, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige la onubense Fátima Báñez. Ahora, el número de parados en la capital es de 86.975. La reducción también se produce en el conjunto de la provincia: 1.737 parados menos y un total de 247.129.

De febrero a marzo se ha pasado en Sevilla capital de 88.131 parados a 86.975, cifra que supone un descenso del 1,31% y que proporcionalmente duplica el 0,69% de caída registrada en la provincia. Dicho de otro modo, de los 1.737 parados menos del conjunto provincial, 1.156 corresponden a la capital, lo que significa que ésta aporta el 66% de los nuevos empleados.

Esta cifra de 86.975 parados supone 10.826 más que cuando Zoido accedió a la Alcaldía hace cuatro años con la promesa de convertirse en el alcalde del empleo. Probablemente, el número seguirá reduciéndose cuando acabe abril, gracias al tirón que para el sector Servicios supone la Feria de este mes y el habitual crecimiento del turismo por estas fechas.

La tendencia suele ser cíclica con la llegada de la primavera, aunque el año pasado tardó más en notarse la mejoría: el paro afectó a 245 personas más en el mes de marzo, pero a partir de entonces bajó durante cuatro meses consecutivos, hasta el repunte de agosto (2.355 menos en el mes de abril; -1.578 en mayo; -611 en junio y -401 en julio).

Las estadísticas reflejan, pues, que la primavera hace honor a su nombre también a efectos del empleo en la ciudad, si bien los 86.975 desempleados actuales siguen siendo una cifra ante la que no se pueden cerrar los ojos: uno de cada ocho sevillanos está sin ocupación.

El paro afecta a 47.700 mujeres (395 menos que en febrero) y a 39.275 hombres (761 menos). Por sectores económicos, se reduce en todos menos en el colectivo ‘Sin empleo anterior’, único en el que sube el desempleo. El mayor aumento de las ocupaciones se produce en el sector Servicios (casi el 94% del total). La distribución por sectores es la siguiente: Agricultura, 1.557 (-13); Industria, 5.345 (-247); Construcción, 8.017 (-140); Servicios, 59.472 (-1.083); y colectivo ‘Sin empleo anterior’, 12.584 (+327).

Por edades, el desempleo cae en todos los grupos menos en los más jóvenes y los más mayores y el mayor número de nuevos empleados se registra entre los trabajadores maduros de entre 40 y 44 años. La distribución es la siguiente: parados menores de 20 años, 1.446 (+86); de 20 a 24 años, 6.626 (+66); de 25 a 29 años, 8.645 (-156); de 30 a 34 años, 9.560 (-328); de 35 a 39 años, 11.089 (-247); de 40 a 44 años, 11.132 (-350); de 45 a 49 años, 12.205 (-177); de 50 a 54 años, 11.097 (-83); de 55 a 59 años, 9.362 (-5), y mayores de 59 años, 5.813 (+38).

Si se cuantifica el número de parados por grandes franjas de edad, observamos que hay un total de 16.717 parados menores de 30 años, lo que supone el 19,22% del total. Por tanto, prácticamente una quinta parte de los parados sevillanos podrían englobarse en lo que ahora se considera paro juvenil.

La franja más afectada por el desempleo es la de aquellos comprendidos entre 30 y 49 años, las personas de edad madura, especialmente quienes tienen entre 45 y 49 años, ya que sólo en este grupo se superan los 12.000 desempleados. En total, los parados en edad madura ascienden a 43.986, lo que significa el 50,57%, algo más de la mitad de todos los desempleados de la ciudad.

Por último, en la franja de mayores de 50 años hay 26.272 parados, que suponen el 30,20%, casi un tercio. El grupo de entre 50 y 54 años es el tercero en edad con mayor número de desocupados, 11.097, sólo superado por quienes tienen entre 45 y 49 años y los de 40 a 44 años.

LA PROVINCIA

El paro también ha descendido en el conjunto de la provincia de Sevilla, aunque en menor proporción que en la capital, al pasarse de los 248.000 desempleados del mes de febrero a los 247.129 de marzo, lo que significa 1.737 parados menos (-0,69%).

Los más beneficiados por la caída del paro han sido los hombres, que ahora son 114.182 (-1.340), mientras que el número de mujeres paradas asciende a 132.947 (-397).

Por sectores, sube en el colectivo ‘Sin empleo anterior’ y en la Construcción y baja en el resto, especialmente en el sector Servicios.

La distribución es la siguiente: Agricultura, 15.910 (-839); Industria, 18.426 (-469); Construcción, 29.289 (+63); Servicios, 152.766 (-1.744), y Sin empleo anterior, 30.738 (+1.252).

El voto ‘devuelto’

El pasado enero publicamos un informe titulado ‘El voto prestado’, en el que a partir de los resultados de las elecciones generales de 2011, las autonómicas de 2012 y las europeas de 2014, más los Barómetros Socioeconómicos de la Fundación Cámara de Comercio en estos cuatro años, tratamos de ver la tendencia del electorado sevillano tras las municipales de 2011, en que Zoido obtuvo una histórica mayoría absoluta.

Como se recordará, el alcalde pidió entonces el voto ‘prestado’ a distritos tradicionalmente socialistas para acabar con la era de escándalos protagonizada por Monteseirín. Tres distritos hasta entonces feudos del PSOE (Este-Alcosa-Torreblanca; Macarena y San Pablo-Santa Justa) ‘prestaron’ sus votos a Zoido para elevarlo a la Alcaldía, mientras que los socialistas retuvieron Cerro-Amate y Macarena Norte, si bien con una gran sangría de sufragios (17 puntos menos en el primer distrito y 8 menos en el segundo).

A poco más de seis semanas para las elecciones municipales, la reciente celebración de las autonómicas nos aporta un elemento añadido para ver qué tendencias han cambiado o se han confirmado en los distritos, aunque una vez más hemos de insistir en que se trata simplemente de tendencias que no prejuzgan el resultado que pueda darse en la próxima cita con las urnas, ya que en ésta  influyen factores, como la cercanía y el mayor conocimiento de los candidatos, que no se dan en otras convocatorias.

-Bellavista-La Palmera: El PP ha vuelto a ganar en este distrito en las elecciones autonómicas, como lo ha venido haciendo sistemáticamente en todo tipo de comicios desde el año 2007. Además, el Barómetro Socioeconómico ha reflejado una subida en el apoyo a la gestión de Zoido. Aunque los populares han perdido más de 3.000 votos respecto de las municipales y el PSOE ha ganado 472, no parece suficiente para poner en peligro aquí la supremacía de Zoido.

-Casco Antiguo: Se puede decir prácticamente lo mismo que en el caso anterior. El PP ha repetido victoria en las autonómicas, al igual que viene haciendo desde al menos 2007 en todos los comicios. El Barómetro también ha reflejado más apoyo a la gestión de Zoido. El problema aquí lo tiene el PSOE, ya que ha sido sobrepasado por Podemos en las andaluzas como segunda fuerza política por casi mil votos de diferencia y es el segundo distrito en que peores resultados obtiene, con menos sufragios todavía que en las municipales de 2011. Tendencia clara pro PP.

-Cerro-Amate: Todo lo contrario que en los dos anteriores. Este distrito siempre ha apoyado al PSOE en los últimos tiempos, incluso en 2011 cuando la victoria arrolladora de Zoido, y ha reiterado su voto favorable a los socialistas en las pasadas autonómicas. Además, es el distrito más crítico con Zoido en el Barómetro. El paralelismo, pero a la inversa, se repite aquí, ya que Podemos relega al PP a la tercera fuerza política por casi 5.000 votos de diferencia en las autonómicas. En estos cuatro años, la evolución del PP ha consistido en perder el 55% de sus sufragios, mientras que el PSOE ha ganado 3.424 votantes. Claro color socialista.

-Este-Alcosa-Torreblanca: A pesar de que el Barómetro refleja que éste es el distrito donde más se piensa que Sevilla ha mejorado con Zoido, no ha vuelto a ‘prestar’ su voto al alcalde desde las municipales de 2011 y en estos cuatro años se lo ha otorgado siempre al PSOE, incluidas las autonómicas del 22 de marzo. Es el segundo distrito que más apoya a los socialistas tras Cerro-Amate. Aquí el PSOE ha obtenido 4.189 votos más que en las municipales de hace cuatro años y el PP no ha dejado de caer desde entonces (ha perdido el 45% de sus votos), hasta el punto de ser superado por Podemos como segunda fuerza. Ciudadanos se le acerca también, a 5,3 puntos. Dada la radicalización del electorado (IU apenas pierde 336 votos respecto a 2011), no parece que el PP vaya a repetir su victoria de hace cuatro años.

-Los Remedios: Feudo tradicional del PP, que ha ganado aquí todas las elecciones desde las municipales, aunque cada vez por menos votos. En estas autonómicas ha perdido un tercio de los sufragios que cosechó en aquella histórica victoria de Zoido, pero aun así su distancia es enorme respecto del PSOE (casi 8.000 sufragios) y su victoria parece clara, por más que Ciudadanos se erija aquí en segunda fuerza por delante de los socialistas pero muy lejos aún de los populares.

-Macarena: Otro de los distritos que ‘prestó’ su voto a Zoido hace cuatro años pero que desde entonces no ha dejado de apoyar al PSOE en todas las elecciones, incluidas las recientes autonómicas. Curiosamente, el Barómetro Socioeconómico reflejaba que en paralelo subía en un 6,9% la proporción de quienes pensaban que Sevilla ha mejorado con Zoido y bajaba en un 20% la de quienes creían que ha empeorado. Este contraste ofrecería un escenario político de dudas si no fuera por la evolución cada vez más a la baja del PP en las diferentes elecciones celebradas, la recuperación del PSOE y la fuerte irrupción de Podemos (se ha quedado a 718 votos del PP) y Ciudadanos. Los indicios apuntan a que el PSOE recuperaría este distrito.

-Macarena Norte: Aunque el Barómetro Socioeconómico refleja una percepción levemente favorable a la gestión de Zoido, este distrito se negó a ‘prestar’ sus votos al alcalde hace cuatro años y ha seguido dando su apoyo al PSOE, incluso en mayor proporción aún en las pasadas autonómicas. El PP, por su parte, ha perdido cada vez más apoyo, hasta el punto de que Podemos más que ha duplicado su número de votos en las recientes autonómicas (9.678 sufragios por 4.480), y Ciudadanos se aproxima a los populares. Hay una clara tendencia a que este distrito será ‘devuelto’ al PSOE.

-Nervión: El Barómetro reflejaba en este distrito un aumento de quienes piensan que la ciudad ha empeorado con Zoido y apuntamos que aun así no parecía que peligrara la tendencia en favor del PP, como ha ocurrido, con su victoria en las autonómicas. No obstante, desde las municipales de 2011 los populares han perdido aquí casi 7.000 votos. Peor lo tiene el PSOE: aunque ha subido ligeramente (30 votos más), es superado por Ciudadanos como segunda fuerza política. La tendencia apunta a que el PP repetirá victoria en las municipales.

-San Pablo-Santa Justa: El tercer distrito que ‘prestó’ sus votos a Zoido en 2011 y que siguió dando su apoyo al PP hasta que a partir de las elecciones europeas ha vuelto a confiar en el PSOE, incluidas las recientes autonómicas (casi cinco puntos de diferencia). El Barómetro, sin embargo, refleja que este distrito es el tercero en subida del número de sevillanos que piensa que la ciudad ha mejorado con Zoido (+ 11,4%). Este dato puede ser relevante en unas elecciones de proximidad como las próximas municipales. La irrupción de Podemos y Ciudadanos, con la mitad de votos que PSOE y PP, respectivamente, añade otro factor. La tendencia apunta a una leve ventaja del PSOE.

-Sur: El PP había ganado aquí todas las elecciones desde 2007, incluidas las europeas, y ha vuelto a hacerlo en las autonómicas, pero por sólo 2,3 puntos sobre el PSOE, cuando hace cuatro años, en las municipales, obtuvo el doble de votos que los socialistas. Ya observamos que en el Barómetro eran más los que pensaban que Sevilla había empeorado con Zoido que quienes estimaban lo contrario y en las autonómicas se ha notado un significativo descenso en el apoyo al PP (6.407 votos menos que en las municipales de 2011), frente a una mejora del PSOE (1903 votos más). La situación es aún favorable al PP.

-Triana: El Barómetro reflejaba sólo una diferencia de 3,4 puntos entre los que pensaban que Sevilla estaba mejor que peor con Zoido, pero ello no ha sido óbice para que el PP haya repetido victoria aquí en las autonómicas, como viene haciendo en las últimas elecciones. Aunque pierde 6.000 votos respecto de las anteriores municipales y el PSOE gana 782, no parece suficiente para cambiar la tendencia, que sigue siendo favorable al PP.

En resumen, se ha pasado de un escenario en que el PP ganó en 2011 en nueve de los once distritos a otro en el que la tendencia apunta a que el PP se impondría en 6 distritos frente a 5 del PSOE. Los socialistas, sin embargo, recuperarían los tres ‘prestados’ a Zoido y en conjunto dominarían en los más poblados (404.000 habitantes, por 295.746 de los del PP, según los datos oficiales a 1-1-2014 de la página web municipal) de la ciudad.

El ‘dragado’ ferroviario

El dragado del río acumula en un año el rechazo de la Unesco, el Supremo y la UE

Con sólo invertir en una terminal ferroviaria el puerto abarataría el transporte en un 30%

 

La Comisión Europea envió en vísperas de la Semana Santa al Gobierno de España un dictamen motivado por considerar que no ha examinado con detalle, tal como exigen las normas de la UE, el impacto ecológico del proyecto de dragado del Guadalquivir en los espacios protegidos cercanos, especialmente en Doñana.

El Tratado de la UE, revisado el 1 de enero de 2013, especifica en su artículo 258 que “si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones”.

Se deduce, pues, que previamente el Gobierno de España ha tenido la posibilidad de presentar sus observaciones en defensa del dragado que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla pero que han sido desestimadas por la Comisión

La fase siguiente que ahora se abre la marca el segundo párrafo del artículo citado, que dispone al respecto: “Si el Estado de que se trate no se atuviese a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

El plazo dado a España para adoptar medidas sobre el dragado es de dos meses, por lo que expiraría el 26 de mayo, tan sólo dos días después de celebradas las elecciones municipales.

EL ESTUDIO DEL CSIC

La Comisión basa su dictamen motivado en el estudio sobre el estuario del Guadalquivir realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidades andaluzas, los cuales llegaban a la conclusión de que el río está agonizando ecológicamente y de que acometer un dragado de tal calibre en sus actuales condiciones sería totalmente contraproducente. Preconizaban una Autoridad Única que coordinara y/o ejecutara una serie de actuaciones de recuperación del Guadalquivir, sólo tras la cual se podrían reevaluar los efectos de lo que podría ser otro dragado muy distinto del que ahora promueve la Autoridad Portuaria, sin una visión integral de todas las funciones que cumple el río y considerándolo únicamente como una autovía fluvial para el transporte de mercancías.

Este estudio científico es el mismo que ha citado recientemente el Tribunal Supremo en su sentencia contraria a la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, y también el que motivó el año pasado una resolución del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en la que advertía al Gobierno de España que “los valores excepcionales por los que Doñana fue declarada Patrimonio de la Humanidad están en riesgo por las muchas presiones a las que está sometido el espacio natural”.

Por tanto, el proyecto de dragado de profundización acumula en un solo año dos reveses internacionales que comprometen el prestigio de España (por parte de la Unesco y de la Unión Europea) y un fallo judicial en contra del organismo jurídico más importante de nuestro país después del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo.

REACCIÓN DEL PUERTO

La resolución de la Unesco, el dictamen motivado de la Comisión Europea y la sentencia del Supremo apuntan a la misma cuestión de fondo: el dragado no debe acometerse mientras no se cumplan las recomendaciones del estudio científico en el sentido de recuperar primero el río ecológicamente , una recuperación que precisa de años de aplicación de medidas concretas para evaluar sus efectos y que por tanto no va a producirse en los dos meses de plazo que Bruselas ha dado a España.

Ante estos reveses, la Autoridad Portuaria ha reaccionado de dos formas: una irreal y otra realista. La irreal es seguir empecinándose en ejecutar el dragado anunciando que volverá a pedir financiación para su proyecto el año que viene a la Unión Europea, el mismo organismo que en el dictamen motivado emitido por su brazo ejecutivo, la Comisión,  dice que “el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos”.

La Autoridad Portuaria debería adherirse al Plan de acción coordinado recomendado por los científicos y trabajar al alimón con el resto de implicados en la mejora del río (puertos, arroceros, pescadores, pueblos ribereños, ecologistas, Consejo de Participación de Doñana, CSIC…), ya que de esta recuperación del Guadalquivir depende de que pueda ejecutar un dragado de profundización, aunque probablemente en otras condiciones. Cuanto más se dilate en dar ese paso, más tiempo transcurrirá  sin que pueda realizarlo, y ya lleva así diez años.

REPROGRAMACIÓN

Como a la fuerza ahorcan, la decisión realista ha venido motivada al ver que tras la sentencia del Supremo corría el riesgo, antes incluso de conocerse el dictamen motivado de la Comisión Europea, de quedarse sin los fondos de Bruselas para el dragado…. que Bruselas cuestiona.

A nueve meses del final del año, la Autoridad Portuaria ha reprogramado su plan de inversiones para destinar los 37,5 millones de euros de los fondos Feder de la UE a otras obras antes del 31 de diciembre y que cabe preguntarse cómo no se han acometido en todos estos años. Por ejemplo, la duplicación de la carretera de la esclusa, que puede llegar a soportar el paso de 4.000 camiones. O la mejora de la terminal de cruceros, el turismo de mayor poder adquisitivo y en el que aún estamos en mantillas. O la mejora del muelle Norte, sin remozar desde hace casi medio siglo…

Veamos un caso sintomático: la Autoridad Portuaria quiere destinar 14 millones de euros a cerrar el anillo interior de comunicaciones y ampliar la terminal ferroviaria para que entren trenes de 750 metros en vez de los actuales de 450. El de Sevilla es ya el cuarto puerto de España en tráfico de mercancías por ferrocarril y el noveno en tráfico de contenedores por barco. En 2013 llegaron al puerto 1.018 trenes con un total de 22.395 vagones y que pudieron transportar unas 400.000 toneladas de mercancías en números redondos.

Si esos mismos trenes hubieran medido 750 metros, su capacidad de transporte se habría incrementado en un 66% y habrían transportado 685.000 toneladas en vez de 400.000. Si según los cálculos de la Autoridad Portuaria con un tren de 750 metros se reduce en un 30% el coste del transporte de mercancías, imagínese la rentabilidad que obtendría el puerto con una parte de la inversión de 14 millones de euros para que puedan entrar ese tipo de trenes.

De lo cual se infiere que casi tan importante como el dragado del río es este otro ‘dragado’, el ferroviario, mucho más barato que el fluvial, que multiplica el potencial de nuestro puerto y que además no suscita oposición alguna.

De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.

 

Un convenio que chirría

El Ayuntamiento se ha gastado en números redondos un millón de euros durante el mandato de Monteseirín en restaurar los Baños de la Reina Mora debido al estado de ruina y abandono en el que los tenían sumidos sus propietarios, y 380.475 euros durante el mandato de Zoido en expropiarlos a sus dueños, entre los que se encontraba la hermandad de la Vera Cruz, para tan sólo ocho meses después de la expropiación cederlos durante un mínimo de 25 años a esta última. ¿Tiene sentido esta reprivatización tras los casi 1,4 millones de euros de dinero público invertidos? ¿Se debe otorgar el uso privativo de un Bien declarado de Interés Cultural con nivel de protección ‘A’ a los mismos que no supieron o no pudieron mantenerlo en condiciones cuando eran sus titulares?

El hermano mayor de la Vera Cruz, José Cristóbal, ha declarado que la operación no supone un beneficio económico para la hermandad, que lo único que quiere es reabrir los Baños al público (no lo hizo cuando era su propietaria), y ha dado a entender que esta cesión compensaría de algún modo la renuncia de la hermandad a recurrir por la vía contenciosa-administrativa el precio que les abonó el Ayuntamiento para la expropiación, 193.652,56 euros, cuando según un estudio especializado contratado por la propia hermandad el valor de lo expropiado sería superior al millón de euros.

DOS PROPIETARIOS

Hay que aclarar que la hermandad de la Vera Cruz no era la única ni la mayor propietaria de los Baños Arabes de la Reina Mora, ya que compartía la propiedad con la intercomunidad de vecinos que viven en el conjunto de edificios construidos sobre el solar que circunda su capilla. Según la documentación que obra en poder de la Gerencia de Urbanismo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la expropiación de los Baños el 3 de febrero de 2011, tan sólo cuatro meses antes de la toma de posesión de Zoido como alcalde, el cual podría haber paralizado el proceso recién iniciado por entonces, pero no lo hizo y siguió adelante con el mismo.

La intercomunidad de propietarios del conjunto denominado ‘Jesús’ era la propietaria del 91,13% de la superficie a expropiar, por la que se acordó un justiprecio de 186.822 euros, mientras que la hermandad de la Vera Cruz sólo era titular del 8,86% de los derechos, probablemente los más valiosos en proporción, ya que la Comisión Provincial de Valoraciones, en sesión celebrada el 21 de febrero de 2014, determinó un justiprecio por la expropiación coincidente con la valoración dada por los técnicos municipales: 193.652 euros.

Así pues, el 8% en posesión de la hermandad fue más valorado que el 91% en posesión de los vecinos, pero de ahí a que valieran más de un millón de euros en plena crisis económica, con el mercado inmobiliario hundido, tratándose de un BIC con protección de tipo ‘A’, sometido a la vigilancia de la Comisión de Patrimonio y prácticamente intocable para ejecutar cualquier proyecto inmobiliario media un abismo.

ABANDONADOS

De hecho, el Ayuntamiento le dio un plazo a la hermandad para que acreditara la titularidad de su parte de los Baños y así le pudiera pagar, pero como no aportó la documentación, le ingresó el dinero en la Caja General de Depósitos el 25 de junio de 2014, la misma fecha en que el Consistorio procedió a la ocupación del inmueble, tras lo cual lo adscribió al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), el 12 de septiembre de 2014.

¿Y por qué se expropiaron? Por el abandono al que estaban sometidos los Baños y como una consecuencia lógica tras el dinero público invertido (un millón de euros en números redondos) en su restauración a lo largo de los años con la finalidad de devolverles su aspecto original y abrirlos a las visitas como un nuevo atractivo para la oferta turística y cultural de Sevilla.

El hermano mayor de la Vera Cruz ha declarado respecto de los Baños lo siguiente: “Llevamos viendo eso 40 años abandonado y lo que queremos es poder sacar a la luz un bien público mediante una fórmula conjunta, que es novedosa, de colaboración entre el Ayuntamiento y la hermandad”.

Lo curioso de estas declaraciones es que el hermano mayor habla del abandono de los Baños desde hace 40 años como si fuera un espectador ajeno o neutral a los mismos en vez de como su copropietario durante gran parte de ese tiempo, ya que la hermandad los habría comprado en 1985 con la idea de conectar la casa hermandad con la capilla a través de los mismos, y sabido es que, por ley, el deber de conservación corresponde a los propietarios. Por tanto, la hermandad, en cuanto dueña, era corresponsable del abandono que critica, pese a lo cual el Ayuntamiento no ha tenido el menor empacho en otorgarle la cesión privativa de su uso para los próximos 25 años, con opción a 75.

DECLARADOS BIC

Si se consulta la hemeroteca, se comprueba que el hilo conductor de las informaciones que datan de principios de siglo sobre los Baños de la Reina Mora es la denuncia del estado de abandono en que se encontraban, un abandono ratificado estos días por el Colegio de Doctores y Licenciados. Incluso puede leerse que su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) fue un intento de frenar su alarmante deterioro con la ejecución de obras puntuales, en espera de poder acometer una recuperación posterior que finaciarían al 50% el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura.

En 2002, los expertos que participaron en una serie de excavaciones certificaron que su situación era de “avanzado estado de ruina”. Gracias a aquellas excavaciones, realizadas a partir de 1997, se pudo hacer una reconstrucción virtual de los Baños (trabajo editado por la Universidad Hispalense y la Fundación El Monte) que puso de manifiesto el valor de un legado almohade (siglo XII) y del que al menos se seguía conservando la estructura básica de la edificación original y de las salas que lo componían.

OBRAS MENORES

Cuando en septiembre de 2014 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento informó sobre la inscripción de los Baños en el Inventario Municipal de Bienes tras haber formalizado en junio las actas de pago de la expropiación (a los vecinos y a la hermandad), se dijo que la Gerencia de Urbanismo quedaba ya en condiciones de iniciar la redacción y posterior contratación de un proyecto de obras destinado a completar su recuperación, con la fijación de la cimentación y las estructuras. También, que sólo quedarían pendientes algunos trabajos de carácter menor (subráyese la expresión menor), tales como la pavimentación, la bóveda de madera del espacio central, la iluminación y la construcción de un pequeño edificio que cerraría la fachada a la calle Baños para permitir el acceso al monumento y servir de centro de interpretación.

Esto es lo que se decía en septiembre, pero en octubre ya se estaba negociando con la hermandad, ¡después de haberle expropiado los Baños en junio!, la cesión del inmueble por 25 años, que serán 25 más si realiza la mitad de las obras menores pendientes, y otros 25 añadidos (hasta un total de 75) si ejecuta los trabajos (solería y demás) que debía rematar el Ayuntamiento.

RESERVA DE USO

El alcalde ha tratado de presentar este convenio como “un buen acuerdo”, con la tesis de que pone en valor los Baños (lo que no dice es que esa puesta en valor se ha hecho con el dinero de los contribuyentes previamente); que el Ayuntamiento podrá programar allí actividades durante 180 días al año sin afrontar los costes de mantenimiento y que este verano ya habrá allí iniciativas culturales. El anuncio ha sido desmentido por el hermano mayor, que se ha remitido a, como mínimo, el verano de 2016.

Si se analiza el convenio se comprueba que la hermandad se reserva el uso del edificio durante los mejores meses del año (de enero a mayo y en diciembre), y que le deja al Ayuntamiento los meses del calor de verano y la temporada baja otoñal, a cambio de lo mínimo exigible: el mantenimiento y los gastos de luz, agua, teléfono y vigilancia (¿?), que suponen el chocolate del loro tras recibir un inmueble en que se han gastado casi 1,4 millones de euros públicos, de los que 193.652 han ido directamente a su Tesorería y con los que puede financiar todas esas actuaciones que pretendidamente le salen gratis a la ciudad.

Como diría el clásico latino: ‘Cui prodest?’. Cabe preguntarse a quién beneficia este acuerdo, si a la hermandad de la Vera Cruz o a Sevilla.

Las paradojas de Fibes

El expediente de liquidación de la sociedad Feria Iberoamericana de Sevilla (Fibes), que gestiona el Palacio de Congresos de la ciudad, ha permitido conocer las cuentas de 2013 y 2014, tras decidir la Diputación abandonar las instituciones radicadas en la capital para concentrarse en su labor en la provincia.

Los balances reflejan que Fibes se encuentra en números rojos, ya que perdió 2,2 millones de euros en el año 2013 y 1,5 millones de euros en el pasado ejercicio: casi 4 millones acumulados en los dos últimos años, en pleno mandato de Zoido.

Las cuentas muestran varias paradojas sobre las que reflexionar. La primera, que el elevadísimo sueldo del director gerente -percibe 150.000 euros anuales, más del doble que el alcalde- se justificó en su día desde el gobierno local con el argumento de que era un gestor estrella con una gran experiencia y trayectoria y que venía a rentabilizar la faraónica obra de ampliación del Palacio de Congresos y Ciudadanos, cuyo coste se disparó hasta los 120 millones de euros.

Los resultados económicos de estos años demuestran que no ha conseguido ese objetivo, aunque ahora el gobierno local también ha cambiado de discurso. Ya no habla de rentabiizar el enorme complejo ampliado porque, según su nueva tesis, la mayoría de palacios de congresos son deficitarios pero hay que tenerlos como una dotación básica de la ciudad y  de lo que se trata es que pierda lo menos posible. Entonces, quizás no necesite un gestor estrella, sino un administrador que resulte mucho más barato a las arcas municipales.

EVENTOS MUSICALES

La segunda paradoja es que el motivo principal de los números rojos es la caída de ingresos por los eventos musicales que se han venido organizando como nueva línea de actividad en las instalaciones sitas en Sevilla Este. Hace dos años, los musicales dejaron 4,2 millones de euros, que se redujeron a 2,4 millones el año pasado, lo que ha significado una caída del 43%.

El portavoz adjunto del PSOE y experto en temas turísticos, Antonio Muñoz, ha criticado esta especialización en los siguientes términos: “Especializar un palacio de congresos como Fibes en musicales es como dedicar un hotel a las bodas, bautizos y comuniones. Basarlo todo en musicales pone en riesgo el futuro”.

La paradoja radica en que se califique de apuesta de riesgo para el futuro la línea de organización de eventos musicales cuando resulta que las pérdidas se han incrementado precisamente por la celebración de menos musicales, que venían siendo los eventos más rentables. Y también resulta paradójico, por no emplear otro calificativo, el hecho de organizar en Fibes eventos musicales para tratar de sostenerlo económicamente cuando ‘a priori’ ése no era ni debía ser el objetivo social de la entidad, ya que en Sevilla teníamos y tenemos el teatro Lope de Vega, el de la Maestranza, el Auditorio de la isla de la Cartuja, el auditorio sin inaugurar de la Sociedad General de Autores (SGAE) y hasta el estadio mal llamado ‘Olímpico’ para haber albergado espectáculos culturales y musicales.

LA AMPLIACIÓN

Dicho de otro modo, las cuentas de Fibes nos conducen a la cuestión esencial: ¿para qué se hizo la ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones? ¿Para captar grandes congresos con miles de participantes, que se decía no podían organizarse en Sevilla por la falta de instalaciones adecuadas, o para traer musicales que primero han triunfado en Madrid y que aun con menos pretensiones o aforo podrían haberse organizado en otros escenarios ya existentes?

Sevilla parece ser la única ciudad donde las administraciones públicas tropiezan más de una vez con la misma piedra. Recuérdese que ya existía, como legado del 92, un pequeño estadio de atletismo en la isla de la Cartuja, al que habría bastado recrecer con gradas metálicas para albergar un evento de sólo diez días como era el Campeonato del Mundo de Atletismo de 1999, pero se optó por construir un estadio de nueva planta, el ‘Olímpico’, que costó 120 millones de euros y que lleva dieciséis años infrautilizado, reconvertido en escenario de grandes conciertos de música pop de vez en cuando y sin hacer honor a su finalidad deportiva.

A principios de este siglo comenzó a hablarse de la necesidad de ampliar las instalaciones de Fibes en Sevilla Este, un sitio extramuros y alejado de todos los grandes atractivos culturales y turísticos de la ciudad, que se concentran en el casco histórico. Funciona como Feria de Muestras pero es dudoso de que lo haga como Palacio de Congresos.

Aun así, en vez de corregir el error político de la ubicación, se insistió en el mismo al pensarse que la solución consistía en captar congresos con cada vez mayor número de participantes, para los cuales Fibes se había quedado pequeño.

EL COSTE RAZONABLE

Algunas voces propugnaron una ampliación digamos razonable, con un presupuesto máximo de unos 30 millones de euros y que permitiera reconvertir los tres pabellones existentes: uno, para ofrecer comidas a entre 2.500 y 3.000 personas; otro, para albergar una gran zona expositiva, y el tercero, como auditorio dotado con todas las comodidades y avances tecnológicos de forma estructural en vez de con sillas de quita y pon, como hasta entonces.

Y se repitió la historia. En vez de recrecer, adaptar o mejorar lo existente, se decidió envolver o prolongar el palacio primigenio con uno completamente nuevo y para el que se tiró la casa por la ventana. De los 30 millones de euros inicialmente estimados se pasó a un presupuesto de 66 millones, más del doble.

Finalmente, el nuevo Fibes, encomendado de forma ilegal -según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas- a la empresa municipal de la vivienda, lo que ha supuesto su ruina, ha costado 120 millones de euros (desviación del 81%), una cantidad equivalente a la del estadio ‘Olímpico’, y se concluyó con varios años de retraso sobre los sucesivos plazos que se fueron anunciando.

Las cifras hablan de la magnitud de la obra: un auditorio con capacidad para 3.557 personas; un área expositiva para 2.500; una zona de restauración para 2.000 y un aparcamiento de 25.000 m2 con capacidad para 900 vehículos.

¿Cuántos grandes congresos con capacidad para traer 3.500 personas a Sevilla debería captar Fibes para amortizar una inversión de 120 millones de euros? El problema añadido es  que desde que se empezó a hablar de la ampliación hasta ahora las circunstancias han variado.

MERCADO CAMBIANTE

Para empezar, el mercado de los macro congresos se ha reducido. Antes, los especialistas en una materia sólo se podían ver en un acontecimiento de este tipo una vez al año. Ahora, disponen de Skype y de otros sistemas de videoconferencia gratuita por Internet para hablarse en cualquier momento. Ya no necesitan verse físicamente tras recorrer miles de kilómetros en avión a otra ciudad del mundo.

Y hablando de aviones, Sevilla, ubicada en el extremo occidental de Europa, carece de conexiones directas con buena parte de las grandes capitales de los negocios y los congresistas no están dispuestos a afrontar las incomodidades de varios enlaces aéreos y de varias facturaciones de equipajes.

La situación de Fibes en Sevilla Este es otro gran inconveniente, sin enlace por Metro con el aeropuerto ni con el centro de la ciudad. A la falta de suficientes macro congresos, para eventos de tipo medio, del orden de mil o mil y pico de participantes, los hoteles se convierten en una alternativa más barata y mejor situada por su cercanía a los grandes atractivos turísticos.

Ante esa carencia de macro congresos, los que teóricamente justificaron la ampliación, Fibes se tuvo que lanzar por la senda de los musicales. Su historia es paralela a la del estadio ‘Olímpico’, que a su vez no tiene cartera de eventos deportivos, con lo que, parafraseando a Antonio Muñoz,  hemos acabado devaluando dos infraestructuras de 120 millones de euros cada una al dedicarlas a ‘bodas, bautizos y comuniones’.

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.

Cuatro nuevos tanques de tormentas en Sevilla

Emasesa está ultimando con La Caixa la firma de un crédito de hasta 200 millones de euros que servirá para refinanciar en mejores condiciones económicas su actual deuda a largo plazo, que asciende a 185 millones, y afrontar una ampliación en 58,5 millones de su plan de obras con el fin de acometer, entre otros trabajos, la construcción de cuatro nuevos tanques de tormentas para prevenir las riadas.

En la primavera de 2008 se impuso a los usuarios de Emasesa un canon de mejora para la financiación de obras en la red de suministro y evacuación de aguas por valor de 133,9 millones de euros y una vigencia de 20 años, hasta diciembre de 2028. Este plan ha sufrido desde entonces dos modificaciones, pero sin que haya variado su cuantía.

Para financiarlo se formalizó un préstamo con el Banco Sabadell que, unido a otros créditos, elevaron la deuda de la compañía en el año 2011, primero del mandato de Zoido, a 203 millones de euros en números redondos. De esta cantidad, 153,6 millones eran a largo plazo y 49 millones, a corto plazo. Los principales prestamistas de la empresa eran por aquel entonces el citado Banco Sabadell (130,4 millones) y BBVA y Unicaja (9,9 millones cada uno). A finales del año pasado, los técnicos de Emasesa revisaron las necesidades de inversión a largo plazo, que se concentran en cuatro grandes capítulos, el primero de ellos referido al mantenimiento y renovación de las infraestructuras existentes.

El segundo apartado es el específico de los cuatro nuevos tanques de retención de agua de lluvia para evitar las inundaciones. Se construirán en la calle Miguel Fleta, de Dos Hermanas, con un coste global de 10,7 millones de euros; en la Avenida Kansas City, con una inversión de 10,8 millones; en el recinto de la Feria, también del municipio nazareno, por 8,7 millones; y en Miraflores, con 4 millones.

El tercer apartado se centra en nuevos colectores para mejorar la capacidad de evacuación y transporte de aguas pluviales y residuales (Emisario del Guadaíra, Avenida de Jerez, Ronda Histórica, Ronda de Los Tejares, Miraflores, emisario de Los Remedios, Niebla…).

El último, se centra en la adaptación de los procesos de depuración en estaciones de aguas residuales (EDAR) a los requerimientos de vertidos, sobre todo de nitrógeno y de fósforo.

Este conjunto de actuaciones supondrá un coste adicional de 58,5 millones de euros al vigente de 133,9 millones aprobado en 2008, por lo que se solicitará a la Junta de Andalucía su ampliación hasta los 192,4 millones de euros, si bien no se incrementará el canon de mejora que se repercute y seguirá repercutiendo a los usuarios hasta el año 2028. Actualmente este canon es de 0,16 euros por m3 y dentro de trece años, al final del periodo, será de 0,21 euros/m3.

Según el estudio de los técnicos, el canon de mejora puede ‘estirarse’ para afrontar más obras u obras más costosas, gracias al ahorro de intereses por las favorables condiciones en que fue negociado el préstamo bancario inicial en el año 2008.

Como el grifo del crédito se ha abierto en mejores condiciones de precios y liquidez desde el verano pasado a la fecha, Emasesa ha negociado con diversas entidades financieras la concesión de un crédito de hasta 200 millones de euros, con el que cancelar el préstamo pendiente suscrito hace siete años y financiar el inicio de las nuevas obras en tanto se vayan sufragando con el canon. Este crédito no refinanciará otra deuda existente, de 69,3 millones, por lo que la deuda total quedaría en 269,3 millones. De las ofertas del Banco Sabadell, BBVA, Santander y La Caixa, la más favorable ha sido la de esta última entidad. La firma sólo está pendiente de los últimos trámites.

Tesoro del Carambolo: Arma arrojadiza

El Ayuntamiento y la Junta están protagonizando un enfrentamiento político a cuenta del tesoro del Carambolo que no es nuevo, ya que nos hallamos ante la reedición del mismo conflicto con algunos protagonistas distintos y similares argumentos pero que se interpretan en función de la ideología de cada uno y del rol ocupado, según se estuviera en la oposición o en el  gobierno. Al final, la impresión que queda en la opinión pública es que lo que menos importa es el propio tesoro, convertido en un arma arrojadiza con tal de erosionar al adversario.

Hagamos memoria. En febrero de 2010, siendo Monteseirín (PSOE) aún alcalde, su entonces delegada de Cultura, Maribel Montaño, anunció de forma sorprendente que el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con la Consejería de Cultura para que el tesoro quedara expuesto en las Casas Consistoriales durante el tiempo en que se hicieran las obras de reforma en el Museo Arqueológico y con el objetivo de que las joyas no siguieran guardadas en la caja fuerte de un banco, como en los últimos treinta años.

Montaño, al igual que otros responsables de Cultura, pensaba en las que parecían inminentes obras de rehabilitación del Museo Arqueológico, unos trabajos que, al igual que los previstos en el Museo de Bellas Artes, se prometen dotar económicamente en los siguientes Presupuestos Generales pero que, como el Godot de la obra teatral de Samuel Beckett, nunca se financian porque nunca hay partidas presupuestarias o son ínfimas.

DESAUTORIZADA

Aquel anuncio de exposición del tesoro en la sede del Ayuntamiento fue de inmediato desautorizado por su correligionario y entonces homólogo en la Junta de Andalucía, Bernardo Bueno, que negó la firma de convenio alguno. En el Gobierno autónomo se interpretó el aserto de Montaño como un intento de provocar en la opinión pública un movimiento favorable a la pretensión de Monteseirín.

Recuérdese que el exalcalde ya protagonizó un polémico episodio cuando, de forma impulsiva y para horror de los técnicos, cogió con las manos y sin precaución alguna joyas del delicado y valioso tesoro, tanto que a efectos de las compañías de seguros su póliza tendría una cuantía de 16 millones de euros.

Monteseirín le había echado un ojo al tesoro y quería rentabilizarlo como fuera sustrayéndolo de su ámbito natural y legal de exhibición, el Museo Arqueológico (de titularidad estatal pero de gestión autonómica), para acogerlo en unas dependencias municipales. Si no podía ser en el Ayuntamiento, en la Plaza Nueva, por tratarse de una sede administrativa no preparada para usos museísticos, la alternativa debía ser el Antiquarium bajo las Setas de la Encarnación, con lo que de paso atraería público al icono de su mandato.

Aquel proyecto también fue rechazado, en este caso por el Ministerio de Cultura, y los ecos de su decisión llegaron hasta el recién constituido por entonces nuevo gobierno local de Sevilla, con Zoido al frente, el cual nombró como delegada del ramo a Mar Sánchez Estrella.

APLAUSO MUNICIPAL

Preguntada sobre el tema con motivo de la presentación de los conciertos del Día de la Música, la delegada declaró en junio de 2011 que el Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que “aceptar” la resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Mar Sánchez Estrella destacó que había sido un comité de expertos del Ministerio, formado por científicos y profesionales de gran nivel, el que había denegado el permiso para exponer el tesoro en el Antiquarium. Este comité se había basado en informes de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles, el Museo Arqueológico de Sevilla y la Dirección General de Museos de la Junta de Andalucía, todos contrarios al traslado propuesto por Monteseirín, entre otros motivos, por razones de seguridad y porque el Carambolo es de una época histórica que nada que tenía que ver con los restos romanos del Antiquarium.

Y, atención a este punto. La delegada de Cultura del actual Ayuntamiento recalcó que el nuevo gobierno municipal “siempre ha pensado” que el tesoro, cuya titularidad es del Consistorio, “tiene que estar donde siempre debió estar, en el Museo Arqueológico de Sevilla; y no una copia, sino el original”.

Para ello, según Sánchez Estrella, era necesario avanzar en las obras de restauración del museo, por lo que anunció que iba a luchar para que el Arqueológico estuviera perfectamente restaurado lo antes posible y que iba a hablar con el Ministerio cuanto antes para aportarle soluciones y planes plurianuales de inversión.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Cultura reconocieron a la agencia Europa Press que la valoración negativa realizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía al traslado de las piezas del tesoro al Antiquarium había sido clave para la denegación de la autorización.

LA HISTORIA SE REPITE

Las vueltas que da la vida, y la política. Cuatro años después se han invertido las tornas. Ahora es Zoido el alcalde que emula a Monteseirín en el afán de exponer el tesoro del Carambolo en el Ayuntamiento, en vísperas de las elecciones municipales, para conmemorar el L aniversario de su adquisición por el Consistorio, pese a que, según su delegada de Cultura, Mar Sánchez Estrella, este gobierno local siempre había pensado que las joyas deben estar en el Museo Arqueológico. Justamente esa era la sede que se acordó oficialmente hace medio siglo entre el Ayuntamiento y el Gobierno franquista a cambio de permitir que el tesoro se quedara en Sevilla y no pasara a engrosar los fondos del Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

Por dos veces, la última evaluando nueva documentación y nuevos planes enviados por el Consistorio, la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía (integrada exclusivamente por técnicos y de la que en esa segunda reunión se ausentaron los expertos vinculados de alguna manera tanto al Ayuntamiento como al Gobierno autónomo para evitar cualquier tipo de condicionamiento político en las votaciones) ha dictaminado en contra de la pretensión de Zoido, como en su día se pronunció en contra de los deseos de Monteseirín.

En aquella época, tanto el recién constituido gobierno local como el Ministerio de Cultura alabaron, y jamás cuestionaron, el dictamen de los expertos de la Junta de Andalucía contrario a Monteseirín, pese a ser el alcalde del mismo signo ideológico (PSOE) que el partido gobernante en la comunidad autónoma.

RECHAZO

Ahora, sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario: desde el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura se niega incluso la competencia legal de la Comisión de Bienes Muebles para oponerse al proyecto de Zoido, y se presentan los dictámenes negativos como un boicot más de la Junta de Andalucía a Sevilla, por más que el argumento de fondo es el mismo que en la época de Monteseirín: las Casas Consistoriales es un edificio administrativo que no reúne las condiciones de seguridad para exponer el tesoro. Los técnicos, no obstante, no ponen objeciones a que el original se muestre en el Arqueológico, o la réplica que hizo el orfebre Fernando Marmolejo se exhiba en el Ayuntamiento. Obviamente, si le ocurre algo a la copia no es lo mismo que si le pasara al original.

Tras estos dos dictámenes negativos pero que incluyen el permiso para la exposición en el Museo Arqueológico, el Ayuntamiento se queda sin el argumento de que la Junta se niega a que los sevillanos puedan ver su tesoro en su ciudad. Por tanto, insistir una y otra vez en el todo o nada de que la muestra debe celebrarse en las Casas Consistoriales pese a su falta de seguridad contribuye a cimentar la imagen de un uso electoralista del tesoro aun a costa de ponerlo en situación de riesgo.

Al parecer, el Ayuntamiento estaba dispuesto a gastar más de 50.000 euros en la contratación de vigilantes privados, vitrinas especiales, alarmas y demás para organizar esta exposición efímera, cuando un servicio complementario de vigilancia para su exposición permanente en el Arqueológico durante todo el año podría costar entre 100.000 y 150.000 euros, pero el Consistorio y la Consejería de Cultura no se avienen a negociar: una, porque quiere que los gastos sean compartidos; y otro,  porque alega que no tiene por qué aportar para una cuestión que no es de su competencia.

De lo que se colige que lo importante no es el qué (el tesoro, la ciudad de Sevilla), sino el quién (protagonismo de la Junta o del Ayuntamiento).