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La agilidad como coartada

Todos los alcaldes comienzan y acaban igual. La única diferencia consiste en el tiempo que tardan en hacerlo, en completar el tránsito de la transparencia y la participación prometidas al inicio de sus mandatos a la opacidad y la restricción posteriores. Todos prometen corregir la prácticas viciadas de sus predecesores e integrar a los vencidos en las urnas, su más o menos leal oposición, pero acaban marginándola a fin de no someterse a su, para ellos, inoportuno, control, pese a que en Democracia el rol de la oposición es justamente ése y esencial: fiscalizar al gobierno para que no se extralimite y se atenga siempre a la observancia de los preceptos legales.

Si se revisaran los discursos de Monteseirín tras sus investiduras (tres veces) como alcalde, formalmente parecerían impecables, tanto que hasta podrían haber sido suscritos por Zoido. Todo eran bonitas palabras, mano tendida a la oposición, gobernar para todos los sevillanos y no sólo para quienes habían votado a la lista de su partido que él encabezaba, transparencia en los asuntos públicos, democracia participativa, etcétera, etcétera.

Pocos dirían, a la luz de aquellas palabras y sin conocer la trayectoria posterior del alcalde con más escándalos en su etapa de gobierno y mayor agujero en las cuentas públicas y en las empresas municipales, que esas promesas se convertirían en humo a las pocas semanas o meses de recoger el bastón de mando. Así, una de las decisiones de Monteseirín como alcalde fue excluir a la oposición del PP, liderada entonces por Zoido, de los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento, como Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa…

EL DISCURSO HACE AGUAS

Para marcar diferencias con el gobierno de coalición PSOE-IU, Zoido anunció tras su investidura como alcalde que daría representación a los partidos de la oposición en las compañías y entes del Ayuntamiento pese a su mayoría absolutísima (20 concejales). El discurso de la transparencia y la participación anunciadas por el nuevo alcalde se resumió en su famoso lema “luces y taquígrafos”.

Sin embargo, a tan sólo diez meses de las próximas elecciones municipales, el discurso del alcalde ha empezado a hacer aguas de forma significativa según evidencian las actuaciones de su gobierno, pese a que éste, con 20 concejales, no debería aparentemente mostrar signos de debilidad o inseguridad. Pero le empiezan a molestar las voces críticas o no alineadas y obra en consecuencia al procurar evitarlas o que, al menos, no se oigan.

Así, ninguna asociación vecinal que no fuera afín a los planteamientos del Ayuntamiento o hubiera adoptado previamente alguna posición crítica fue invitada por el gobierno local a la inauguración oficial del parque del Guadaíra pese a que, paradójicamente, Zoido dio las gracias en su discurso a los colectivos que con sus aportaciones y sugerencias habían contribuido al diseño final de una obra que es unánimemente considerada esencial para la vertebración de la zona Sur de la ciudad y la integración del Polígono Sur, al discurrir entre este barrio marginado y Heliópolis.

VÍA RÁPIDA

Como se recordará, con la excusa de la crisis, el proyecto inicial del parque, con el que se pretendía reinstaurar un curso de agua por el antiguo cauce hasta la dársena del Guadalquivir con lagunas, molinos y pasos elevados sobre la avenida de Holanda, mutó hasta convertirse en el intento de construir una vía rápida de circulación para enlazar la carretera de Su Eminencia con la prolongación de la avenida de La Raza, una mera vía rápida flanqueada por árboles a uno y otro lados.

La fuerte oposición vecinal en Heliópolis, Pedro Salvador, Pineda y otras barriadas obligó a aparcar un proyecto que todavía pende como una espada de Damocles sobre el parque, cuya espina dorsal no deja de ser una plataforma de menor anchura pero reconvertible en cualquier momento en carretera. A la hora de la verdad, los colectivos que impidieron que el parque del Guadaíra fuera una vía rápida con árboles en sus cunetas no salieron en la foto de la inauguración porque fueron excluidos del acto oficial.

URBANISMO

La semana pasada, el gobierno municipal avanzó en su estrategia de aislar a los discrepantes, en este caso su oposición PSOE-IU, en la Gerencia de Urbanismo, el departamento que históricamente ha sido el más poderoso y brazo ejecutor de las políticas del Ayuntamiento de Sevilla pero que a Zoido no deja de producirle dolores de cabeza por la descoordinación existente en su cúpula.

Las dos últimas pruebas las hemos tenido en los dos intentos frustrados de la Gerencia de acelerar la aprobación del convenio urbanístico/modificación subsiguiente del PGOU con Altadis y Puerto Triana para la recalificación de los suelos de la multinacional tabaquera y la construcción de un puente al servicio de la torre Pelli, que han sido tumbados por sendos informes del secretario municipal debido a su improcedencia legal y amplificados por la oposición gracias a su presencia en el Consejo de la Gerencia, que le permite el acceso a los expedientes y controlar más o menos en tiempo real la labor de Urbanismo.

Para evitar esa fiscalización ‘en simultáneo’ y quedar en evidencia ante la opinión pública por la difusión de los dictámenes negativos de los Servicios Municipales, el gobierno de Zoido ha decidido un vaciamiento de las competencias del Consejo de Gobierno de la Gerencia y el traspaso de la mayor parte de las mismas a la Comisión Ejecutiva, donde ya no están representados los partidos de la oposición, sino sólo los ediles de la mayoría gobernante.

VACIAMIENTO

A partir de ahora, el Consejo de Gerencia sólo conocerá los asuntos relacionados con los presupuestos, las ordenanzas fiscales y las modificaciones del PGOU. Pasan a la Comisión Ejecutiva los temas relativos a vivienda, licencias de ocupación del dominio público, adjudicaciones de obras, expropiaciones, inscripciones de solares, recursos judiciales, quioscos, gastos de hasta 200.000 euros y ayudas y subvenciones.

Formalmente, Zoido no ha expulsado a la oposición del Consejo de un organismo autónomo del Ayuntamiento cual es la Gerencia, pero al reducir sus competencias al mínimo el resultado es prácticamente como si lo hubiera hecho y redunda en detrimento de las ‘luces y taquígrafos’ prometidas por el alcalde.

La oposición ha calculado que si en el mes de junio hubiera estado ya vigente esta modificación, el orden del día del Consejo de la Gerencia hubiera pasado de 90 asuntos a 10, porque 80 habrían sido tratados sólo por el Comité Ejecutivo. El dato significa una reducción ¡del 89%! de los asuntos a tratar.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha tratado de justificar la medida con la manida tesis de la agilización de los procedimientos y para una mayor eficacia en la gestión, el mismo argumento que en la Junta de Andalucía ha acabado por configurar toda una Administración paralela para sustraerla al control de los órganos de supervisión, con resultados que están en la mente de todos.

Asimismo, Vílchez afirma que la oposición tendrá acceso a cualquier documentación que quiera ver, independientemente del órgano en que se apruebe, pero no es lo mismo, obviamente, acceder a los documentos casi en pie de igualdad y poder reaccionar sobre la marcha que ‘a posteriori’ e incluso permitiéndole tomar sólo notas a mano durante un tiempo limitado.

CRUZ ROJA

Y, en esta línea, la delegada del distrito Macarena, Evelia Rincón, ha declarado que asociaciones como A Contramano y Ecologistas en Acción, cuyo objeto social es la defensa de la bicicleta como medio de transporte y el medio ambiente, respectivamente, no han sido invitadas por el Ayuntamiento a la mesa de trabajo para la remodelación de la avenida de la Cruz Roja “porque -dijo- no van a opinar sobre las canalizaciones de Emasesa ni sobre la limpieza de Lipasam”.

Pero la reordenación de la avenida es mucho más ambiciosa que cambiar unas canalizaciones o unos contenedores de basura de sitio, ya que el Ayuntamiento ha anunciado también la creación de plazas de aparcamientos para coches pese al carril-bici existente y la reposición del arbolado, lo cual significa que previamente se eliminarán los árboles que hay ahora. Son dos cuestiones altamente sensibles y que se sustraen a la opinión de estos dos colectivos ciudadanos pese a tanta promesa de fomentar la participación.

Como en el caso de la Gerencia de Urbanismo, el gobierno municipal no quiere tener presentes incómodos testigos que puedan cuestionar su actuación.

Contradicción

El alcalde ha tardado casi dos años y medio en sacar a la luz la oculta Hoja de Ruta que se había diseñado en el seno del PP para la Gerencia de Urbanismo, desvelada en su momento por el colega y máximo experto en lides urbanísticas Carlos Mármol, y, tras filtrarlo primero al modo y medio habituales para ir preparando el ambiente, confirmó su plan de disolver la Gerencia y recalificar, nunca mejor dicho, a su personal como funcionario a cambio de que se rebajen sus elevados emolumentos (otra pesada herencia de Monteseirín y Marchena, los que decían iban a levantar las alfombras en las caracolas) en un 30%. Mezclando churras con merinas, pasó a continuación a hablar de los parkings en la glorieta del Cid y la plaza de San Martín de Porres y dijo que si no los construye la iniciativa privada lo hará la Gerencia de Urbanismo. Pero, vamos a ver: si la Gerencia va a ser disuelta, ¿cómo está pensando al mismo tiempo en encargarle la ejecución de los parkings? Hay días en que ni Juan Ignacio se pone de acuerdo con Zoido, cual si fueran el doctor Jekyll y míster Hyde.

 

Ikea y la Gavidia: de dos meses a dos años

El mismo día en que se reunía el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, el periódico más afín al Ayuntamiento, y por tanto nada sospechoso en este sentido, titulaba una información de esta manera: ‘Urbanismo aprueba el deslinde de las vías pecuarias que frenaban Ikea’.

Según nos enseñaron en la escuela, en una oración el verbo expresa la acción que realiza el sujeto. A veces hay que recordar la obvio para introducir claridad en los distorsionadores discursos de nuestros políticos. Por tanto, si el deslinde de las vías pecuarias era lo que estaba frenando la segunda tienda de Ikea en las cercanías del aeropuerto y la responsabilidad o competencia para su aprobación era de la Gerencia municipal de Urbanismo, ello significa que todo el discurso de Zoido en estos dos años sobre que la Junta estaba bloqueando éste y otros grandes proyectos pendientes de ejecución en Sevilla era un puro artificio para ocultar la ineficacia del Ayuntamiento.

Y es que, efectivamente, el punto Nº 21 del orden del día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo consistía en la aprobación de la propuesta de deslinde de la vía pecuaria ‘Cañada Real del Poco Aceite’ en el tramo que afecta al SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste), “una vez realizado el estaquillado en los terrenos” y proceder a su información pública.

DESBLOQUEO ‘IPSO FACTO’

Tan sólo tres semanas después de su toma de posesión como alcalde, Zoido anunció a principios de julio de 2011 que a lo largo de dicho mes iba a resolver el problema urbanístico para la instalación del segundo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses. Con su ímpetu habitual, el alcalde achacó a “las discusiones” entre PSOE e IU en el seno del gobierno de Monteseirín el obstáculo que evitaba que “se abrieran las puertas a empresas de este tipo”, cuando según él la solución al problema  era “una firma que faltó en el anterior mandato”.

El caso Ikea es una metáfora del personaje público construido sobre la figura del alcalde, cuyo marketing electoral se basó en el pretendido ‘efecto Zoido’, como si él tuviera una varita mágica con que cambiar la realidad en un santiamén o de la noche a la mañana, bastando para ello únicamente la firma o un decreto de la Alcaldía.

De aquellos dos meses como máximo para desbloquear Ikea, en línea con las dos tardes que según Jordi Sevilla bastarían a Zapatero para dominar la Economía, hemos pasado a dos años, y lo que todavía queda. Lo sorprendente, también ahora, es leer las lamentaciones de Zoido, el cual se muestra “desesperado” por la lentitud en la tramitación de los permisos para la multinacional sueca: “Me desespero -afirma el alcalde-. Hay que ver -añade- lo que cuesta que me resuelvan los trámites. ¿Dónde hay que poner las vías pecuarias? Vamos a ponerlas ya; si no pasa ningún caballo por allí”.

PROCEDIMIENTOS REGLADOS

Al margen de que por las vías pecuarias suele o solía transitar más ganado de carne (piaras de ovejas y de cabras) que de monta como los caballos, lo sorprendente en Zoido es que siendo juez en excedencia y abogado por libre que le facturaba 2.000 euros brutos mensuales al PP por esa supuesta labor jurídica ignore que en un Estado de Derecho tan garantista como el nuestro los procedimientos suelen estar reglados. Por tanto, los trámites requieren un orden y un tiempo que ni él, por mucho alcalde que sea, puede obviar o acelerar con una firma para desbloquearle en tan sólo unos días, unas semanas o unos meses un macrocomplejo comercial a toda una multinacional como Ikea.

Si Zoido está “desesperado” con los trámites marcados por la ley, que promueva su cambio (su partido tiene la mayoría absoluta para hacerlo) y que, además, exija mayor eficacia y celeridad a su Gerencia de Urbanismo, la responsable de haber tardado dos años en completar el procedimiento del deslinde de las vías pecuarias existentes en San Nicolás Oeste, el terreno rústico recalificado en su día (con beneficios potencialmente multimillonarios para sus dueños) y elegido por Ikea para su tienda. Y, claro, cuando el terreno es originalmente rústico existen muchas posibilidades de que estén afectados por vías pecuarias, como es el caso, una circunstancia que los propietarios, el Ayuntamiento y la propia Ikea no podían ignorar (bastaba con consultar las fichas del PGOU), así como tampoco la necesidad de proceder a su deslinde y desafectación previamente a colocar la primera piedra.

PRECIPITACIÓN

Por tanto, quien se ha precipitado creando falsas expectativas de inusitada celeridad en vez de informarse con rigor primero antes de hablar ha sido el alcalde, al prometer desbloquear Ikea en julio de 2011 y culpar en todo este tiempo del retraso a la Junta de Andalucía, cuando era su Delegación de Urbanismo la responsable de la tramitación administrativa hasta el punto actual.

Por ende, este trámite tampoco es el punto y final, ni mucho menos. Ahora debe abrirse un plazo de un mes para posibles alegaciones públicas, así como para que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente emita su propio informe. Tal como reconoce la propia Gerencia de Urbanismo en su nota de prensa, luego le corresponde a la Junta aprobar la desafectación de la vía pecuaria, lo que implica la supresión de la naturaleza de dominio público que ostenta para su conversión en un bien patrimonial. Y, posteriormente, al Ayuntamiento deberá aprobarle la Junta el Plan Parcial para el desarrollo urbanístico de los terrenos suponiendo que aquél sea acorde con las determinaciones del PGOU, con lo cual es probable que el horizonte del segundo Ikea no se vislumbre hasta 2014 ó 2015. Dada la recesión económica y la caída del consumo desde 2008 a la fecha, no parece tampoco que la multinacional sueca tenga ahora las mismas urgencias que cuando ideó el proyecto, hace años.

COMISARÍA DE LA GAVIDIA

La segunda gran revelación que nos ha dejado el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo radicaba en los puntos 18 y 19 de su orden del día, referidos a la culminación de la adquisición del inmueble sito en Plaza de la Concordia número 1, aprobación de propuesta de plazo e indemnización sustitutoria en su caso y solicitud al Ministerio del Interior (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) de una nueva y última prórroga para su adquisición.

El inmueble citado resulta ser la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, cuya recalificación urbanística para que deje de ser futuro equipamiento social para los vecinos del Centro y se convierta en un centro comercial al que prestaría servicio el parking rotatorio y subterráneo de la Alameda pretende ahora el gobierno local. En algunos medios afines al Ayuntamiento se ha publicado que la Junta de Andalucía, a la que Zoido también culpa de bloquearle este proyecto suyo para Sevilla, no le dejaba al Consistorio vender el inmueble a un operador comercial (la multinacional irlandesa Primark siempre ha sonado entre los posibles candidatos).

Gracias al orden del día del Consejo de Gerencia se ha descubierto ahora que el Ayuntamiento no habría podido ver la antigua comisaría de la Gavidia, aunque la Junta de Andalucía se la hubiese recalificado, porque, al contrario de lo que la opinión pública creía, aún no es de su propiedad, pese a que teóricamente la había adquirido al Ministerio del Interior en el año 2006 por 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas para la construcción de otras tantas comisarías de Policía en la Alameda, Macarena, Sevilla Este, Polígono Sur y Nervión. Mientras que el acuerdo se ha cumplido en los tres primeros casos, aún no se ha materializado en los dos últimos.

CLÁUSULA CONDICIONANTE

Aunque sea en parte una situación heredada del gobierno de Monteseirín, lo cierto es que tampoco en estos dos años de mandato el Ayuntamiento de Zoido ha sido capaz de levantar la cláusula condicionante que el Ministerio del Interior mantiene sobre la antigua comisaría de la Gavidia hasta que no se cumplan al 100% los términos del acuerdo firmado hace un septenio. Lisa y llanamente, la Delegación municipal de Urbanismo ha sido incapaz todavía de segregar 2.000 m2 de los suelos de la antigua fábrica de Cruzcampo  en Nervión para que Interior construya allí una de las dos comisarías pendientes, ya que en el Polígono Sur la cuestión está en vías de resolución.

No fue hasta octubre de 2012 cuando Urbanismo ofreció como alternativa once parcelas diferentes, alternativa que Interior rechazó en enero del año en curso. Ahora, se ha llegado a un principio de acuerdo en virtud del cual el Consistorio tendrá un plazo de tres años para modificar el PGOU con el fin de ceder suelos en Nervión para la comisaría de Policía del distrito y en caso de incumplir este nuevo pacto  deberá pagar al Ministerio una indemnización de 183.916,80 euros. Asimismo, se ha acordado entre ambas partes otro plazo, que expira el 21 de septiembre, para culminar de una vez la compraventa definitiva de la antigua comisaría de la Gavidia, al cabo de veintisiete meses del inicio del mandato de este gobierno local.

Veintisiete meses, pues, de espera para salvar las diferencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno central, ambos del mismo partido  -PP- que el del alcalde, tiempo en el que Zoido no ha dejado de culpar a la Junta de Andalucía de la imposibilidad de vender un inmueble que no podía vender porque  aún no es suyo.