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El Ayuntamiento certifica que la Zona Franca de Sevilla no ha despegado

AHORRO

No ha podido aplicar ninguna bonificación por instalaciones de empresas en la misma

EMPRENDEDORES

Ningún emprendedor ha solicitado acogerse a los beneficios fiscales municipales

INMOBILIARIO

Tampoco ha habido exenciones para cooperativas de viviendas en la ciudad

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, publicó el 30 de agosto de 2013 en el Boletín Oficial del Estado la Orden por la que autorizó la constitución de la Zona Franca de Sevilla, previa solicitud del Ayuntamiento hispalense y de la Autoridad Portuaria, pero casi cuatro años y medio después el Consistorio todavía no ha podido concederle ninguna bonificación, señal de que sigue en la rampa de salida y sin despegar.

El Anexo de Beneficios Fiscales en los Tributos Locales que figura en el proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento para 2018 de forma preceptiva en virtud de la denominada ley de Estabilidad Financiera se ha convertido en la prueba documental de la falta de despegue de la Zona Franca.

Así, cuando se exponen las bonificaciones potestativas que aplica el Consistorio, se recoge la del 20% por implantación en la Zona Franca a aquellos inmuebles en los que se inicien o ya se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo y/o sociales que justifiquen tal declaración y que, específicamente, se realicen en la Zona Franca de Sevilla, autorizada por Orden HAP/1587/2013, tras su creación efectiva y puesta en funcionamiento.

Pues bien, a la hora de hacer una estimación de la cuantía que supondría para 2018 la aplicación de este beneficio fiscal, puede leerse lo siguiente: “No puede determinarse al no haberse iniciado este funcionamiento”.

El documento refleja también otras bonificaciones no aplicadas, por la falta de actividad o de conocimiento de su existencia por parte de los potenciales beneficiarios, en lo que en cierto modo constituye un termómetro de la economía local. El Consistorio no ha podido otorgar una bonificación del 90% a las cooperativas inmobiliarias y a promotoras públicas de viviendas en 2017, sencillamente porque no se ha recibido ninguna solicitud al respecto, más que probablemente por falta de actividad de ese tipo en el ámbito residencial tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Tampoco ha sido posible, por la misma causa de ausencia de solicitudes, conceder un 95% a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 

En el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Ayuntamiento otorga de manera potestativa y no obligatoria una bonificación por inicio de la actividad empresarial a partir de la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquélla y que asciende q un 50% durante los tres primeros años y a un 10% durante el cuarto y el quinto.

En 2017, según refleja el Anexo a los Presupuestos, ningún emprendedor sevillano ha solicitado acogerse a este beneficio fiscal, bien por desconocimiento de su existencia, bien porque ha abandonado antes de los periodos temporales establecidos para ello.

Tampoco se ha registrado en la Corporación Municipal a lo largo del año en curso la bonificación del 50% por la utilización de energías renovables o planes de transporte, ni la posible para vehículos conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.

El Ayuntamiento también concede una reducción del 10% en la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos a los comercios que entreguen a los consumidores finales de sus productos bolsas biodegradables, pero no ha tenido oportunidad de tal concesión en 2017 porque ninguno lo ha solicitado, bien por desconocimiento, bien porque no utiliza bolsas de esas características, lo cual denotarñia falta de sensibilización ecológica.

Por otra parte, no parece que muchos sevillanos se animen a domiciliar en sus bancos el pago de tributos municipales, ya que la exención del 1% por esta práctica sólo ha supuesto 25.431 euros a lo largo de 2017 y se mantiene similar previsión para el año próximo.

La Zona Franca tampoco será una realidad en 2014

El Ayuntamiento admitió  oficialmente que la Zona Franca, el gran proyecto de este mandato, tampoco será una realidad en 2014, después de que el Consejo de Gerencia de Urbanismo aprobara una modificación presupuestaria para traspasar la partida de 1,4 millones de euros destinada al vallado del futuro recinto a la de gastos de conservación de infraestructuras y más en concreto al alumbrado público.

“No es posible que las obras den comienzo dentro del año en curso”, se puede leer textualmente en el expediente llevado ante el Consejo de Gerencia en relación con el vallado de los terrenos destinados a la Zona Franca en Torrecuéllar.

Según la Gerencia, el Ministerio de Hacienda condiciona la entrada en funcionamiento de la Zona Franca a la previa ejecución de las obras necesarias para el cierre y el acondicionamiento de las instalaciones, que están en terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La tesis de Urbanismo es que como la Autoridad Portuaria no ha emitido ningún informe previo al respecto, no se tiene conocimiento de las necesidades o condicionantes que pueda formular, y como, por otra parte, el contrato de obras ha de adjudicarse mediante un procedimiento abierto, no es posible que el vallado dé comienzo en 2014, por lo que la partida de 1,4 millones de euros destinada a acotar el recinto de la Zona Franca se empleará en pagar los gastos de alumbrado público.

Se ha entrado así en un bucle jurídico-administrativo irresuelto, ya que la Autoridad Portuaria no puede pronunciarse tampoco sobre la Zona Franca al no haber sido incluida por el Ministerio de Hacienda en el consorcio de la misma en la Orden que publicó en el BOE el pasado 28 de julio, pese a ser la dueña de los terrenos.

Aquella omisión fue calificada por Hacienda de error involuntario que sería subsanado cuanto antes con la publicación de una corrección u otra disposición en Boletín Oficial, pero al cabo de casi tres meses esa subsanación aún no se ha producido, el consorcio tampoco se ha constituido y el Ayuntamiento no ha vallado los terrenos y deja ya sin dinero la partida para esa obra.

Como, según estimaciones de Urbanismo, el vallado requiere de ocho meses de trabajo, sin contar con el periodo previo de licitación y demás trámites de la obra, tampoco daría tiempo material a que estuviera concluido antes de las próximas elecciones municipales (mes de mayo), con lo cual el alcalde llegaría a los comicios sin poder esgrimir la Zona Franca como uno de los hitos de su mandato.

REACCIÓN DEL PSOE

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, ha dicho que “el alcalde ha vuelto a engañar a los sevillanos y su propio partido no lo toma en serio en un proyecto de suma importancia para la ciudad como es el de la Zona Franca, que nosotros valoramos desde el principio pero en el que no se pueden cometer más errores ni decir más mentiras”.

Según Espadas, Zoido viene diciendo desde el verano del año pasado que la Zona Franca es ya una realidad, “pero no sólo no es tal -subrayó-, sino que se posponen decisiones clave”, como la del vallado, condición “sine qua non” para que se pueda constituir el consorcio e instalarse las empresas para beneficiarse de los incentivos fiscales.

El líder del PSOE afirmó que es hora de pedir responsabilidades políticas a Zoido, “porque a 6 meses de las elecciones no se puede seguir engañando con un proyecto como éste”, máxime después de anunciar hace unos días bonificaciones fiscales a las empresas que se instalaran en la Zona Franca en enero de 2015.

Espadas se pregunto cómo va a ser eso posible si no se va a hacer el vallado antes de esa fecha, y añadió: “O nos engañó el otro día o el delegado de Urbanismo ha tomado una decisión al margen del alcalde o de la delegada de Hacienda. ¿Quién gobierna esta ciudad?”.

Hacienda sigue condicionando la Zona Franca al Plan de Ajuste

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se desplazó el lunes hasta Sevilla para anunciar junto al alcalde y en presencia de unos 200 empresarios de la ciudad la Orden que también el mismo día había publicado el Boletín Oficial del Estado y por la que se autoriza la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprueban sus estatutos.

Hacienda ha dado una de cal y otra de arena a la ciudad, ya que en el artículo 4º de la Orden condiciona la constitución del Consorcio a que el Ayuntamiento acredite la concurrencia de los requisitos previstos en la Disposición Adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, un cumplimiento que a su vez deberá ser acreditado por el propio Ministerio de Hacienda.

El texto, pues, no puede ser más paradójico: Hacienda aprueba unos estatutos de un Consorcio que no se puede constituir hasta que no cuente con el informe favorable del propio Ministerio, de lo que se colige que ese informe aún no existe porque ha de superarse previamente un escollo legal al que hace referencia la Orden: la ley de Régimen Local.

Y esa Disposición novena prohíbe que ayuntamientos como el de Sevilla constituyan nuevas empresas, organismos y consorcios, como es el caso del de la Zona Franca, durante el tiempo de vigencia de su plan económico financiero o su plan de ajuste. Ahora, Hacienda y el Ayuntamiento deberán buscar una fórmula jurídica que permita superar esta prohibición.

A expensas de que el Consorcio pueda constituirse con la celebración de su primer Pleno y la Zona Franca entrar en funcionamiento, puntos ambos condicionados tal como subraya de nuevo el artículo 5º de la Orden, al cumplimiento de la exigencia anterior, Hacienda ha avanzado los trámites administrativos con la aprobación de los estatutos del Consorcio, en los que se ratifica otra sorpresa incluida en la disposición: el Ministerio ha dejado fuera de la Zona Franca al puerto de Sevilla y a los empresarios, al no reflejar representación alguna ni para la CES ni para la Cámara de Comercio.

Sólo forman parte del órgano de gobierno del Consorcio el propio Ministerio y el Ayuntamiento, aunque Hacienda deja la puerta abierta a futuras incorporaciones previa modificación de los estatutos y conforme, una vez más, lo que decida ella misma.

El Consorcio tendrá su sede en el pabellón de Marruecos de la Expo del 29, lo presidirá el alcalde y su vicepresidente y auténtico hombre fuerte como titular del Comité Ejecutivo será el delegado especial que nombre Cristóbal Montoro. Además, formarán parte del Consorcio dos ediles del Ayuntamiento que sean miembros de la Junta de Gobierno local y el titular de Aduanas en Andalucía, más un secretario con voz pero sin voto.

Hacienda dejó pasar el año sin aprobar los estatutos de la Zona Franca de Sevilla

El Ayuntamiento aún no las tiene todas consigo para materializar el único proyecto-estrella con posibilidades que le queda a Zoido para el resto del mandato: la Zona Franca portuaria. El primer teniente de alcalde, Javier Landa, ha reconocido a preguntas del Grupo Socialista en el último Pleno del año 2013 que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha aprobado de forma previa los estatutos del consorcio que debe gobernar el futuro recinto con un régimen económico especial, y, por otra parte, la nueva ley de Administración Local, publicada ayer mismo en el BOE, exige unos requisitos que hoy por hoy son de dudoso cumplimiento por parte del Ayuntamiento.

La disposición sexta de la Orden de Hacienda del 30 de agosto de 2013 , por la que se autoriza la constitución de la Zona Franca de Sevilla, establece que con carácter previo al inicio de sus actividades deberán aprobarse por el órgano competente los estatutos del consorcio y el reglamento de régimen interior. Javier Landa ha reconocido que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha dado luz verde a los estatutos, pese a haber transcurrido cuatro meses desde la aprobación de la orden ministerial, la cual da un plazo de veinticuatro para la puesta en marcha del proyecto, so pena de declarar su caducidad.

El segundo motivo de preocupación es la entrada en vigor de la nueva ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada el 30 de diciembre de 2013 en el BOE, y una de cuyas disposiciones, en concreto la adicional novena, podría afectar directamente al proyecto de Zona Franca sevillana. Tanto es así, que el primer teniente de alcalde también reconoce en su respuesta al Grupo Socialista que el Ayuntamiento ha solicitado a la misma Secretaría de Estado de Hacienda un informe sobre sus posibles efectos y en la participación del Consistorio en el futuro consorcio.

En síntesis, la Disposición Adicional Novena establece que los ayuntamientos no podrán constituir ni participar, directa o indirectamente, en consorcios como en de la Zona Franca mientras dure el periodo de vigencia de su Plan de Ajuste.

Quizás pensando en el caso de Sevilla, durante la tramitación de la ley en el Senado se enmendó la norma añadiéndole un párrafo en el que se contemplaban excepciones: si en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior (habrá que entender ya que deberá ser tomado como referencia el de 2013) el ayuntamiento hubiese cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Con esta Disposición se comprende mejor la guerra desatada entre la delegada de Hacienda, Asunción Fley, y el interventor municipal, Braojos, y que quedó en evidencia con motivo del Pleno de Presupuestos. El interventor sostiene que el Ayuntamiento difícilmente cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento, por lo que ha instado a la redacción de sendos planes de saneamiento, frente al criterio de la delegada, totalmente opuesto y que los considera innecesarios.

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, en su informe del tercer trimestre el interventor estableció el retraso en 74 días, 14 más que el máximo que permite la nueva ley: 60.