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Zona Franca, la de Zoido

Monteseirín ha reducido la Zona Franca a “un desliz electoral de Zoido y de Montoro”.

Zoido había logrado  que el Pleno la aprobara durante el mandato del propio Monteseirín

Cuando tras llegar a la Alcaldía con sus históricos veinte concejales Zoido pidió oficialmente al Ministerio de Hacienda la creación de una Zona Franca en el puerto de Sevilla, círculos socialistas difundieron la tesis de que el nuevo alcalde se dedicaba a copiar una iniciativa que ya tenía madurada el gobierno de Monteseirín.

Así pues, Zoido se habría limitado a aprovecharse de los trabajos previos realizados durante el mandato de su antecesor, idea extendida para sostener el relato de que Monteseirín ya había diseñado la Sevilla del futuro y ejecutado en buena parte ese diseño de presunta modernidad mediante la resolución de cuestiones enquistadas llenando vacíos urbanos como el solar del mercado de la Encarnación con las Setas -con el dinero de los desarrollos urbanísticos- y el del Prado de San Sebastián con la biblioteca universitaria que luego hubo que demoler (no reparaba, por tanto,  en el coste económico o en la adecuación a la legalidad de los proyectos); el tendido del tranvía (un costoso sucedáneo del Metro que acabó provocando la ocupación del espacio apenas sobrante por los veladores más que por los peatones) y la construcción de la torre Pelli, que a punto estuvo de dejar a Sevilla sin sus títulos de Patrimonio de la Humanidad.

Esa interesada leyenda de que Zoido se había apropiado de la idea y de los estudios previos sobre la Zona Franca de su antecesor ha permanecido flotando en el ambiente durante estos años hasta que sorprendentemente, y quizás por una traición del inconsciente, el ahora delegado especial del Ministerio de Hacienda para la misma le ha dado la puntilla.

Y es que Monteseirín ha declarado en el programa “Citas con la actualidad”, de Ondaluz Sevilla Tv, lo siguiente: “La Zona Franca nació de un desliz de carácter electoral que tuvieron el Gobierno de España y el gobierno de la ciudad. El señor Montoro, muy a regañadientes, aceptó una pretensión del señor Zoido; yo creo que fundamentalmente para intentar que el señor Zoido tuviera algo que presentar desde el punto de vista de la gestión”.

Independientemente de que luego la gestión de la Zona Franca por Montoro y por Zoido fuera un desastre y que éste ni siquiera fuera capaz en sus años de mandato, con mayoría absoluta del PP tanto en Madrid como en Sevilla, de levantar la valla perimetral que debía delimitar el recinto, el pretendido carácter electoral del que habla Monteseirín carece de sentido por cuanto Zoido ya había ganado las elecciones por mayoría absolutísima y tenía cuatro años por delante para desarrollar un proyecto que fue suyo desde el principio, no de Montoro ni de su antecesor en la Alcaldía.

MEDIO AÑO ANTES

Podemos comprobarlo remitiéndonos al Pleno municipal del 28 de enero de 2011, celebrado bajo la presidencia de la socialista Rosa Mar Prieto medio año antes de que, tras ganar las elecciones municipales, Zoido empuñara la vara de mando. En dicho Pleno éste defendió la propuesta de que el Ayuntamiento solicitara al Gobierno de España la autorización de una Zona Franca en el puerto de Sevilla.

Partió del demoledor dato de los 75.212 sevillanos que estaban en paro en aquella época y cuya situación calificó de auténtico drama, ante lo cual “todos debemos realizar un sobreesfuerzo -aseveró- para ayudar a frenar esa dinámica y generar oportunidades que puedan favorecer que encuentren empleo”.

Según Zoido, era el momento idóneo para que las empresas pudieran instalarse en el único puerto interior del país para almacenar, transformar y distribuir sus productos sin necesidad de pagar aranceles y aplazando además el pago del IVA, con lo que a su juicio Sevilla se convertiría en un imán “para quienes puedan crear el empleo que los sevillanos necesitan”.

El entonces líder de la oposición pidió que la solicitud fuera apoyada por todos los grupos políticos municipales “con una única voz” ante el Gobierno.

Torrijos, en nombre de Izquierda Unida, anunció la abstención de su grupo porque a su juicio se trataba de una “propuesta-trampa” al plantear Zoido una preocupación extrema sobre el empleo y el río Guadalquivir, cuando ya la tenía el gobierno local de coalición PSOE-IU (Monteseirín-Torrijos) y porque en su discurso aquél vinculaba la Zona Franca, el puerto, la esclusa y el dragado, cuando este último estaba en cuestión y pendiente del pronunciamiento de los científicos y de los responsables del Parque Nacional de Doñana para su aprobación.

CAL Y ARENA

Por su parte, el representante del PSOE, Manuel Rey, empezó diciendo que “ya el gobierno municipal viene planteando esas cuestiones desde hace tiempo”, para luego expresar su alegría por que al equipo de gobierno “le preocupa lo mismo que al señor Zoido” (reconocimiento de que era éste el que le marcaba el paso a aquél), de ahí el anuncio del voto favorable a la propuesta para, sorprendentemente, dedicarse a continuación a cuestionarla.

Rey aludió a un informe realizado por la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio según el cual Sevilla ya ejercía si no de derecho, sí de hecho como Zona Franca. Asimismo, destacó que existía un acuerdo de colaboración desde octubre del año 2008 firmado por la Cámara de Comercio sevillana, la Autoridad Portuaria y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, en virtud del cual se iba a elaborar un estudio sobre este tema y en el que se analizarían aspectos y características diferenciadoras con otras figuras existentes similares, el comercio de la ciudad y las ventajas que para el sector empresarial tendría su existencia.

Según el representante socialista, ese informe generaba ciertas dudas sobre la necesidad de una Zona Franca para Sevilla debido, fundamentalmente, a dos cuestiones. Por una parte, se hablaba de que las ventajas aduaneras de la Zona Franca habían disminuido con el tiempo dada la liberalización del comercio mundial; y, por otra, aludía a las competencias al respecto sobre dichas Zonas, más vinculadas con la Unión Europea que con los Estados.

INMOBILIARIA

Finalmente, destacó cómo el 85% de los ingresos de la Zona Franca de Cádiz no tenían nada que ver con la actividad primaria, sino con la inmobiliaria.

(De hecho, poco tiempo después la Zona Franca gaditana empezó a construir otro edificio, al que llamó Europa, para alquilarlo a empresas y organismos como el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial, más una nave para Procosur y otro inmueble en Algeciras).

En el turno de explicación de voto, Zoido subrayó el hecho de que el estudio en que se cuestionaba la Zona Franca para Sevilla se había elaborado al mes siguiente de haber presentado su grupo la propuesta de creación de la misma; que frente a su supuesta inviabilidad no se conocía ninguna que se hubiese disuelto; que era el Ministerio de Hacienda quien las seguía autorizando y que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz prefería que no existiera la de Sevilla para así no tener competencia.

Por tanto, no fue Montoro, como sostiene Monteseirín, el que muy a regañadientes aceptó luego la petición de Zoido, sino el propio gobierno de Monteseirín (éste, por cierto, pese a ser el alcalde entonces no asistió  al Pleno municipal en que se votó la propuesta del PP y así no tuvo que pronunciarse a favor de la misma) el que, en cumplimiento del acuerdo plenario, habría enviado a Hacienda la petición de creación de una Zona Franca en Sevilla pero con errores formales que al no ser subsanados ante Hacienda provocaron que la solicitud fuera nula de pleno derecho y ni siquiera considerada.

Curiosamente, sólo ahora tras su nombramiento como representante del Gobierno central es cuando Monteseirín declara su entusiasmo por la Zona Franca, cuya paternidad indudable, máxime en estos tiempos de Trump y de vuelta al proteccionismo y a los aranceles comerciales, tiene un nombre, el de Juan Ignacio Zoido.

Hacienda incluye en su lista negra 150 empresas de Sevilla

 

Acumulan en conjunto una deuda superior a los 450 millones de euros

Más de dos tercios de las mismas son inmobiliarias o constructoras

 Tres compañías energéticas figuran entre las diez principales deudoras

 

Al menos 150 empresas con sede social en Sevilla capital o su provincia figuran entre las 4.855 personas físicas o jurídicas incluidas por el Ministerio de Hacienda en la lista de mayores morosos de España, los que adeudan al Fisco más de un millón de euros cada uno. En conjunto, estos casi cinco mil deudores tienen pendientes de satisfacer un total de 15.616.100.693,59 euros.

De esta ingente cantidad de dinero (más de dos billones y medio de las antiguas pesetas), las al menos 150 sociedades sevillanas que están en la lista negra del ministro Cristóbal Montoro han dejado de pagar al Fisco 450.066.506,53 euros, lo que equivale al 2,90% del total nacional.

En la relación aparecen 99 compañías pertenecientes al sector de la promoción inmobiliaria y/o construcción, hecho demostrativo una vez más del enorme peso que tuvo el ladrillo en la economía provincial y de las consecuencias que en forma de incremento posterior del número de parados tuvo el pinchazo de la denominada “burbuja inmobiliaria”.

Estas 99 empresas equivalen al 65,5% en números redondos del total de los grandes morosos de Sevilla. Del resto de sectores económicos, incluidas también sociedades promovidas por la Administración Local (por ejemplo, la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir), hay 51, que suponen el tercio restante: un 34,5%.

Como no podía ser menos con este panorama de predominio del ladrillo, la empresa que lidera el ranking provincial de deudores con Hacienda es una inmobiliaria/constructora prácticamente desconocida para la opinión pública al margen de su sector: Banzagra Hábitat S.L., que se declaró en concurso de acreedores el 29 de noviembre de 2012 y que debe 24,8 millones de euros. Su último domicilio social conocido era un módulo de la Avenida San Francisco Javier y en los Registros aparecen vinculados a la misma en diferentes cargos según las épocas Víctor Manuel Fabre Domínguez, José Comas Parra y María del Carmen Martina Lucas Oterino. El primero de ellos aparece también en el historial de doce empresas, la más reciente Hotel Cabo de Gata S.L., que pese a su nombre de reminiscencias almerienses está radicada en el barrio de Los Remedios y dedicada a la prestación de servicios de hostelería.

El segundo mayor deudor a Hacienda, con 20,6 millones, es Construcciones Azagra, que en febrero de 2012 fue declarada en concurso de acreedores con una deuda total de 280 millones de euros y cuando sólo le quedaban dos empleados en plantilla. Originalmente propiedad de las familias Zulategui, Amador y García Moreno, éstas aportaron sus acciones en la misma a una ampliación de capital de la sociedad Agitábilis, la cual a su vez cayó en manos de Nuevas Formas y Diseño (NFD), del empresario valenciano Angel Olmos.

 

SECTOR ENERGÉTICO

 

Tres compañías del sector energético aparecen entre las diez más morosas a Hacienda. Como tercera del ranking general está Fast Petrol Company, con 18,1 millones de euros pendientes de abono. Domiciliada junto a la Torre del Oro, su administrador único es Eric Stephane Laurent Davenel. En el verano de 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le incoó un expediente sancionador por incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.

La segunda energética y sexta de la tabla, con 9,2 millones de euros pendientes de pago, es Biodiésel de Andalucía 2004, que en 2006 recibió una subvención de la Junta de 910.000 euros por el montaje de una planta en Fuentes de Andalucía. Posteriormente recibió nuevas subvenciones, hasta un global aproximado de 2,3 millones de euros.

La tercera energética más morosa y séptima de la clasificación general es la petrolera Ocaroil, con 8,7 millones pendientes. Patrocinó las camisetas del Real Betis en tiempos de Lopera como presidente. El pasado mes de abril la Agencia Tributaria le notificó un embargo de inmuebles.

 

ANTIGUA SOLURBAN

Volviendo al sector inmobiliario/construcción, Giraldillo Promotora e Inversiones es la cuarta del ranking general, con 12,5 millones de deuda. Radicada en Heliópolis, era la antigua Solurban 3 SL, presidida por J. Antonio Vázquez. Fue señalada por el Banco de España porque en el año 2005 le compró a la antigua caja de ahorros El Monte, con Bueno Lidón de presidente, el 40% de Solurban Inversiones por tan sólo 4 millones de euros y después de que ésta hubiera adquirido a su vez suelos de la antigua Hytasa en proceso de recalificación por 32 millones de euros. Solurban dio de inmediato un pelotazo inmobiliario al darle en tan sólo veinticinco días el pase a la empresa Comax por 53 millones de euros, sin haber puesto ni un solo ladrillo.

Las historias de las empresas inmobiliarias que aparecen en la lista negra de Hacienda darían para escribir más de un capítulo de este tenor. Otras conocidas son Novaindes Desarrollo Inmobiliario SA (9,7 millones de euros), propietaria del famoso solar de la Florida donde iba construir pisos de lujo y que tuvo paralizado durante quince años, hasta que el pasado abril se lo quedó el ‘Banco malo’ (la Sareb), por 61 millones de euros, la mitad de su valor estimado. Allí habían quedado atrapados inversores privados como Juande Ramos, en aquel entonces entrenador del Sevilla F.C.. Novaindes acabó presentando concurso de acreedores con una deuda global superior a los 200 millones de euros.

Otro nombre con resonancias futbolísticas es el del expresidente del Betis, Gerardo Martínez Retamero, vinculado a Edimar 2020 SL (deuda de 5 millones con Hacienda), anteriormente denominada Grupo de Empresas de Desarrollo Inmobiliario Martínez Retamero S.A.

OTROS SECTORES

Al margen de inmobiliarias y constructoras, aparecen en la lista negra de Hacienda clásicos de la ciudad por sus continuas crisis, como Astilleros de Sevilla (7,8 millones de euros) y la tantas veces cambiada de manos Pickman la Cartuja (3,1 millones).

Asimismo, Caligari Films (1,5 millones), productora del programa de Canal Sur “Se llama copla”. Fitonovo (2,3 millones), envuelta en el presunto caso de corrupción sobre el que este mes se constituirá una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Sevilla. Contsa (2 millones), del empresario José Salas Burzón, al que 1.658 acreedores reclamaron ante la Justicia 118 millones de euros. Las alimentarias Encarnación Morejón SL (6,6 millones) y Badía, la de los jamones (2,1 millones). Merkamueble (1,3 millones) y hasta los diseñadores Victorio y Lucchino a través de su firma VSL Costura, Diseño y Moda (2,6 millones).

El 85% aproximadamente de las empresas de la lista de Hacienda tienen su sede en Sevilla capital y, el resto, en municipios de la provincia.

Impactos

A Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y diputado cunero por Sevilla, se las ponen como dicen le ponían las carambolas al ominoso Fernando VII.

Por si no se hubiera levantado ya suficiente polvareda -por más que el albero haya estado este año más compactado que nunca-  a cuenta de los inspectores enviados por el ministro para supervisar la Feria de Abril tras divulgarse desde los tiempos de Emilio Carrillo que el festejo sevillano genera un impacto de 675 millones de euros que escapaban por completo al Fisco, en Granada se ha presentado un estudio similar sobre la repercusión económica de la Alhambra. Parece que es la nueva moda de la temporada primaveral.

La capital nazarí no había entrado mucho en el juego de la rivalidad con Sevilla, quizás porque tiene a Málaga más cerca y la ve como una competidora más directa y peligrosa por el segundo lugar del podio, pero también ha sufrido ataques de fijación con la capital de Andalucía.

Ya no sólo alardea de que sus estudiantes organizaron una botellona para el Guinness de los records con el solo propósito de batir el número de participantes en otra movida con motivo de una Fiesta de la Primavera aquí en la Cartuja, sino también de que el monumento más visitado de España, la Alhambra, genera más riqueza que la Feria de Abril, 750 millones de euros frente a 675, y más empleos: 10.000.

El estudio lo ha patrocinado La Caixa y lo ha elaborado la Universidad de Barcelona por encargo del Patronato del monumento, sin que el consejero de Cultura, Luciano Alonso, haya dicho ni pío sobre cómo desde un órgano dependiente de la Junta de Andalucía se encargan informes allende Despeñaperros. Sin pecar de nacionalistas, mal de nuestro tiempo, ¿habría sido concebible que un estudio similar sobre, por ejemplo, la Sagrada Familia de Barcelona lo hubieran encomendado en Cataluña a una Universidad andaluza?

Granada, pues, ya se ha apuntado esta pírrica victoria sobre Sevilla en la Liga de los impactos económicos. Pírrica porque así sólo conseguirá atraer sobre sí la atención de los hombres de negro de Montoro sobre cuanto se mueve en derredor de la Alhambra.

Ahora sólo caben dos opciones, o que el Ayuntamiento hispalense rescate a Emilio Carrillo para que con su proverbial retórica infle los datos referidos a la Feria de Abril y recuperemos así el liderazgo andaluz perdido, o que a Gregorio Serrano le dé por encargar otro estudio, esta vez sobre el impacto económico del Real Alcázar, para competir con la Alhambra.

Mejor no meneallo.

 

El chocolate del loro

A finales de agosto de 2011, el hoy ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro; el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, visitaron el complejo termosolar que en Sanlúcar la Mayor ha alzado la multinacional sevillana Abengoa, con cuyo presidente, Felipe Benjumea, posaron al pie de una hilera de helióstatos.
Arenas declaró que Andalucía atesora “grandes recursos naturales” como los que le permiten tener “todas las condiciones para ser líder en energías renovables” y abogó por estar permanentemente estudiando la obtención a partir de estas riquezas naturales de elementos que “incentiven el crecimiento económico y el empleo”.
Montoro, por su parte, dijo que la política económica del futuro Gobierno de España “tiene que estimular las capacidades de emprender, innovar e internacionalizarse como salida a esta crisis”.
La puesta en escena no podía ser más simbólica, ya que Abengoa es pionera y líder de la energía termosolar, un sector en el que Sevilla va a la vanguardia mundial y que se desarrolla ya con un 80% de tecnología nacional. La compañía sevillana no sólo tiene 15 centrales termosolares aprobadas en España (siete en nuestra provincia), sino que también construye a 150 kilómetros de Los Angeles y por encargo de la Administración Obama el mayor complejo termosolar del planeta –Mojave-, de 280 MW y con una inversión de 1.600 millones de dólares. Recientemente ha ganado el concurso internacional convocado por Suráfrica para montar las dos primeras termosolares de ese país por 1.000 millones de euros, con lo que abre el continente africano a la exportación de la tecnología termosolar ‘made in Sevilla’.

HECHOS Y PALABRAS

Tan sólo cinco meses después de aquella foto en Abengoa y de las declaraciones de Montoro, el Ejecutivo de Rajoy ha decretado una moratoria al estímulo de las energías renovables, con el fin de reducir el déficit público en 160 millones de euros. El anuncio era un error técnico, porque confundía el déficit público (saldo negativo entre los ingresos de la Administración y sus gastos) y el déficit de tarifa eléctrico ( saldo negativo entre los ingresos de las empresas eléctricas y los costes que las normas les reconocen, lo cual no significa que sean sus costes reales).
Políticamente también ha sido un error mayúsculo y supone la culminación de la deriva del PP en materia energética: ha pasado de instaurar con Aznar el sistema de primas que ha permitido a España ponerse a la cabeza del mundo en energías renovables (primera en termosolar, tercera en eólica y entre las cinco primeras en fotovoltaica) a frenarlas en seco, sin revisar el sistema para corregir los errores en su aplicación durante la era Zapatero que, con su habitual dominio del marketing, arrebató al PP la bandera de las renovables y lo dejó ante la opinión pública como el negacionista del cambo climático.
Aunque la moratoria no afecta a las centrales termosolares por haber sido ya preasignadas en el Registro de Industria hasta 2013, deja sin perspectiva a este sector y sin presente a la fotovoltaica, eólica, biomasa, cogeneración…. con unos efectos demoledores para el empleo y la inversión.
España, falto de petróleo, gas y uranio y peligrosamente dependiente de estas fuentes de energía extranjeras, debe incentivar el desarrollo de las energías renovables, basadas en recursos inagotables y no contaminantes como el sol y el viento, hasta que maduren tecnológicamente y ya no necesiten más apoyo público.
Las grandes eléctricas las culpan del déficit de tarifa, pero sendos estudios de la consultora Deloitte sobre la termosolar y la eólica en 2010 desmontan esta leyenda negra y revelan sus efectos positivos. La termosolar, que percibió 185 millones de euros en primas, aportó al PIB 1.650 millones y sólo con los ahorros generados a la Seguridad Social, a Hacienda, en CO2 dejado de emitir y en toneladas de petróleo equivalente no importadas más que duplicó las subvenciones recibidas.
La eólica ahorró en importaciones de combustibles fósiles 1.616 millones de euros, exportó por valor de 1.105 millones, ahorró 329 millones en costes de CO2 y aportó 2.984 millones al PIB. Pero lo más importante de ambas renovables es la actividad generada en todo el país y, especialmente, en las regiones más deprimidas como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha: 24.000 empleos la termosolar y 30.747 la eólica.

REBELIÓN DE LOS BARONES

Por eso la moratoria a las renovables decretada por el Gobierno ha provocado la rebelión de los barones del PP en todas sus Autonomías, hasta el punto de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el ministro Soria tuvieron que convocar una ‘cumbre’ anticrisis en Madrid, abortada ‘in extremis’ cuando trascendió su celebración. La Fundación Renovables calcula que hasta 2020 se perderán 62.000 millones de euros en inversión privada y 300.000 empleos.
Sólo en Andalucía se frenará una inversión de 14.700 millones de euros que generaría más de 51.000 empleos. La primera víctima ya ha sido Foret, que ha cerrado en Huelva al convertirse en inviable su alianza con Fertinagro. Once parques eólicos se paralizan en Sevilla. Y en Almería, sede con la PSA de la I+D que dio pie a la industria termosolar, Arenas concurrirá a las elecciones del 25M con el ‘handicap’ de que el ministro Soria liquida allí 217 proyectos fotovoltaicos, 45 parques eólicos y 24 proyectos de cogeneración.
Y todo por la decisión de Industria de ahorrarse 160 millones de euros: el chocolate del loro.