La magistrada incorpora a la causa contra Las Cruces
el último expediente por exceso de arsénico
El fiscal estudia ahora si procede la intervención judicial del
sistema de gestión de aguas de la mina
La juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla ha acordado incorporar a la causa abierta contra la empresa Cobre las Cruces los dos últimos expedientes sancionadores incoados por la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y desestimado el recurso en contra presentado por la explotación minera. Por otra parte, la juez ha pedido al fiscal que informe sobre si, conforme a la petición de Ecologistas en Acción, procede como medida cautelar la intervención judicial del sistema de gestión de aguas en el complejo sito en los términos de Gerena, Salteras y Guillena.
La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua (AAA), informó a la opinión pública a principios de febrero que había abierto un nuevo expediente sancionador a la empresa Cobre las Cruces, la cual explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, por haber superado los niveles de concentración de arsénico en el agua que inyecta al acuífero, correspondiente al sector 5, durante los días 25, 26 y 27 del pasado mes de enero.
En este sentido, señaló que la cantidad de arsénico inyectada había sido «muy pequeña» y que las concentraciones de este metal, aunque superaban los límites autorizados, se encontraban por debajo de las concentraciones que normalmente se autorizan en los vertidos al dominio público, por lo que este incidente «no representa afección al acuífero ni supone riesgos para la salud”.
Tras una primera investigación, la Junta indicó que todo parecía indicar que la causa de este incidente se había debido a «los fallos de los filtros previos en la planta de ósmosis, con el consiguiente arrastre de material particulado, que provocó una concentración de arsénico total superior a la autorizada».
A este expediente sancionador había que sumar la multa, conocida por esas mismas fechas, que la Agencia del Agua ha impuesto a la compañía de 255.039,70 euros por incumplir la condición de compensar en su totalidad las extracciones de agua realizadas en el acuífero Niebla-Posadas mediante un sistema de drenaje y reinyección, claúsula impuesta en la concesión otorgada en verano de 2009 por la Administración para reemprender sus trabajos.
Ahora, la juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla ha acumulado el último expediente sancionador a la causa penal que mantiene abierta contra Cobre las Cruces, ha admitido otro expediente más y ha desestimado el recurso de la compañía minera, según un auto dictado el pasado 1 de marzo.
Según la juez, no cabe duda de que el contenido de todos los expedientes sancionadores incoados hasta la fecha contra la empresa minera se basan en un incumplimiento continuado de las autorizaciones relativas a la explotación de la mina y, por tanto, “la conexidad objetiva entre todos los hechos que se atribuyen a la querellada es evidente”. Sostiene la magistrada que el hecho de que temporalmente los acontecimientos estén distanciados en el tiempo no implican que no puedan investigarse en un solo procedimiento, ya que ninguno de ellos ha sido aún objeto de enjuiciamiento.
Por otra parte, la juez ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie acerca de la petición de Ecologistas en Acción, como medida cautelar, de que se ordene la intervención judicial del sistema de gestión de aguas de Cobre las Cruces mediante el nombramiento de un nuevo hidrogeólogo residente totalmente independiente de la compañía minera.
Según Ecologistas, la hidrogeóloga actual siempre ha trabajado para Cobre las Cruces y no tiene la experiencia exigida en la Condición Específica 1ª de la autorización de 16 de julio de 2009 de acumular al menos diez años de experiencia, cuando es licenciada en Geología por la Universidad de Huelva desde 2006 y trabaja en el complejo minero como hidrogeóloga residente desde 2007, antes de que acumulara siquiera un año como profesional.
Ecologistas pide que, con la ayuda del Colegio de Hidrogeólogos, se someta a tutela judicial todo el sistema de aguas de la mina hasta que se garantice el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Administración para que no haya afecciones al acuífero. Todos los costes deberían ser sufragados por la compañía minera.