Alude en su exposición de motivos a los peticionarios de licencias previas, a los que habría que devolver hasta los tributos municipales

Anuncia ahora, en el ecuador del mandato de Espadas, su intención de iniciar los estudios para modificar el artículo-coladero del Plan General

Reconoce al cabo de 15 años y de al menos 12 residencias universitarias aprobadas que el PGOU de Monteseirín ha provocado una gran distorsión de la imagen de la ciudad

Eliminó la exigencia del PGOU de Manuel Del Valle de la previa aprobación del Estudio de Detalle (volumetría) y su exposición pública para la participación ciudadana

El gerente de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Márquez Berral, llevará el miércoles 9 junio de 2021 al Consejo de Gobierno de este organismo la propuesta de paralizar durante un año la concesión de licencias para nuevos proyectos de residencias universitarias como las moles que se alzan en la avenida de La Palmera. Esta propuesta obedece al anuncio en tal sentido realizado el 1 de junio por el gobierno de Espadas, por lo que la demora de ocho días ha podido alertar a promotores de otros proyectos en ciernes para que adquirieran el derecho a ser indemnizados, como de forma sospechosa se alude en la exposición de motivos del texto.

Un gobierno no anuncia con antelación que va a devaluar su moneda o que va a subir el precio de algún producto básico, porque en tal caso estaría dando pie a que actuaran los especuladores y los acaparadores y su anuncio no surtiría a corto o medio plazo el efecto deseado. Pues bien, el Ayuntamiento de Sevilla anunció el 1 de junio de 2021 que suspendería de forma cautelar la concesión de licencias para la construcción de más residencias universitarias en la ciudad y modificaría el PGOU vigente, que permite moles como las de La Palmera, en las que se multiplica por ocho la edificabilidad residencial existente en la zona.

Desde ese anuncio hasta la presentación formal de la propuesta de suspensión en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, previsto para el miércoles 9 de junio, habrán pasado ocho días, tiempo suficiente para que se pudieran movilizar los promotores de proyectos similares en ciernes e iniciaran trámites urbanísticos que les generaran derechos ante la Administración.

¿Se han realizado antes, durante o después del anuncio municipal gestiones en este sentido ante Urbanismo o cualquier otro organismo municipal, o abierto o acelerado expedientes administrativos? No hay más remedio que hacerse esta pregunta o plantear incluso una comisión de investigación al respecto, ya que en la exposición de motivos del texto que se elevará el 9 de junio al Consejo de Gobierno de la Gerencia se alude expresamente a esta posibilidad, en los siguientes términos:

«La Jurisprudencia señala que el interés público justifica la adopción de la
medida cautelar que es la suspensión de licencias para hacer viables las
determinaciones del planeamiento futuro. Con todo, el interés del
administrado exige la correlativa indemnización a quien, confiando en unas
legítimas expectativas, ha efectuado un desembolso económico que no le ha
permitido, en última instancia, obtener licencia (….)

El art. 27.4 de la Ley 7/2002 dispone que los peticionarios de licencias
solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán
derecho, en caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste
de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos municipales».

La exposición de motivos reconoce expresamente el impacto que provoca especialmente el artículo 6.6.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU aprobado en los mandatos de Monteseirín, el artículo-coladero del que «han resultado -puede leerse- edificaciones que no se adaptan a las condiciones del entorno» y que hay que revisarlo para «evitar la gran distorsión de la imagen de la ciudad que produce la sustitución del uso principal por el permitido de Equipamiento y Servicios Públicos».

Este fenómeno, la autorización de moles en forma de residencias universitarias, se está produciendo no sólo en la avenida de La Palmera y entorno, la barriada Elcano, Tabladilla y Nervión (en una nota de prensa Urbanismo reveló que había otorgado doce licencias de este tipo), ya que también se reconoce que «en cualquier parcela de la ciudad, con independencia de su calificación urbanística, podrá implantarse una edificación destinada a un uso de los contemplados como equipamiento».

En el texto se alude, sin citarla expresamente por su nombre, a la avenida de La Palmera, en estos términos: «cabe destacar por su particular incidencia la
Zona de Ordenanzas residencial Unifamiliar Aislada y/o adosada, que son
suelos colmatados con edificaciones residenciales unifamiliares cuyo espacio
libre ajardinado constituye uno de los elementos característicos de la trama
urbana.

En esta Zona de Ordenanzas, el PGOU propone el mantenimiento de
sus condiciones tipológicas originales, con una baja ocupación de la parcela
(30%) y separaciones de 5 y 6 metros a linderos laterales y frontal, respectivamente. Asimismo se determina una altura máxima de 2 o 3 plantas según las zonas y una edificabilidad de 0,6 m2/m2.

De la aplicación de las determinaciones establecidas por el PGOU para
los usos de equipamiento definidas en el ya citado artículo 6.6.4, están
resultando edificios ajenos a los tipos edificatorios de la zona, tanto por su
volumetría, -resultado de la alta edificabilidad asignada por el PGOU a los
equipamientos-, como por su configuración arquitectónica derivada de la
especificidad de los usos que albergan, produciéndose una alteración del
paisaje urbano».

El Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico constata la gran diferencia entre el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, aprobado durante los mandatos como alcalde del socialista Manuel Del Valle (recientemente fallecido), y el de 2006, el actualmente vigente, aprobado durante la etapa de Monteseirín.

Y comenta al respecto: «El Plan General de 1987, en su Art. 4.86 establecía que los
equipamientos debían adaptarse a las condiciones particulares de la zona en
que se ubicaran. Sin embargo, la revisión del PGOU de 2006 introdujo esta
novedad respecto al planeamiento anterior que el tiempo ha permitido
reconocer un resultado no deseable a consecuencia de las importantes
diferencias y desproporción producidas entre las condiciones de ocupación,
posición, forma, volumen y edificabilidades correspondientes al uso principal
de zona y las del uso permitido de Equipamiento y Servicios Públicos.

Si bien las edificabilidades resultantes de las reglas anteriores no
difieren sustancialmente de la establecida por el vigente PGOU, la principal
diferencia estriba en que el anterior PGOU exigía la previa aprobación de un
Estudio de Detalle, que por su propia naturaleza comporta un estudio de la
volumetría resultante así como habilita la participación de la ciudadanía en el
proceso a través de la exposición pública».

En virtud de esta exposición de motivos, los miembros del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente votarán el 9 de junio tres propuestas que elevar al Pleno municipal:

1.-La iniciación de los estudios y trabajos necesarios para una modificación puntual del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística en su art. 6.6.3 de sus Normas Urbanísticas por el que se regula las condiciones de aplicación al uso de
equipamientos y servicios públicos.

2.-La suspensión por el plazo de un año en todo el territorio municipal de toda clase de licencias urbanísticas para las parcelas o solares en las que, no estando calificadas
expresamente de equipamiento y servicios públicos, se pretenda la implantación de dicho uso como compatible o permitido según las determinaciones urbanísticas correspondiente a Equipamiento y Servicios Públicos.

3.-Una consulta pública que garantice la participación de los ciudadanos en este
procedimiento, según lo previsto en el art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

La primera propuesta es la demostración, frente a ciertas amables interpretaciones periodísticas, de que el gobierno municipal no estaba estudiando desde el principio del actual mandato (del que se cumplen dos años) la modificación del PGOU al comprobar el impacto de las residencias universitarias, sino que ha reaccionado tarde y mal y sólo tras el escándalo creciente en la opinión pública por la proliferación de este tipo de moles en la avenida de La Palmera y sus aledaños.

Al contrario. Mientras que ahora, y sólo ahora, reconoce «la gran distorsión de la imagen de la ciudad que produce la sustitución del uso principal por el permitido de
Equipamientos y Servicios Públicos», antes se felicitaba por las licencias que concedía para este fin, como demuestra, por ejemplo, la nota de prensa emitida el 9 de diciembre de 2020 con motivo del anuncio de la que sería la duodécima residencia universitaria (ésta, la más grande de toda Andalucía, con 662 habitaciones) y en la que decía lo que se puede leer a continuación:

«La oferta en nuevos equipamientos destinados al alojamiento de estudiantes universitarios continúa creciendo en Sevilla. Al amplio grupo de autorizaciones que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha concedido en los últimos dos años para construcciones de este tipo en la ciudad (que alcanzan el número de once) se suma la otorgada hoy mismo para una nueva residencia estudiantil en la calle Camilo José Cela, esquina con la calle Barrau, junto al colegio Portaceli, en el barrio de Nervión. 

Estas iniciativas constructoras ponen de manifiesto el buen momento que experimenta actualmente este sector en la ciudad y que está suponiendo importantes inversiones privadas en un momento clave para la reactivación económica tras los efectos de la COVID-19….. https://www.urbanismosevilla.org/noticias/concedida-licencia-para-una-nueva-residencia-de-estudiantes-con-662-habitaciones-en-el-barrio-de-nervion-cuya-construccion-esta-valorada-en-casi-20-millones-de-euros

He recogido de urgencia algunas impresiones en la víspera de la reunión del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del 9 de junio, de las que entresaco las siguientes:

-La aprobación de la suspensión cautelar de licencias para nuevas residencias universitarias, clínicas, tanatorios y similares no es incompatible con que se soliciten los informes técnicos pertinentes para comprobar si las otorgadas hasta la fecha se han hecho de forma correcta y acorde a la normativa urbanística.

-En el caso de las obras en curso que ya no se puedan paralizar, al menos debe vigilarse y controlarse al milímetro su ejecución y obligar a los promotores a la plantación en número suficiente y no testimonial de árboles y arbustos que palien el impacto paisajístico que ya están produciendo en su entorno. Especialmente hay que vigilar la interpretación que estén haciendo los promotores de la ocupación bajo cubierta, para evitar que en esta fase constructiva se alteren los parámetros de altura e inclinación con el objetivo de conseguir ventajas añadidas.

-Debería sancionarse la publicidad engañosa, como la de cierta residencia universitaria que publicita que tendrá una piscina en el patio central, piscina que a la postre medirá 7×3 metros, es decir hasta más pequeña que la de un chalé adosado. O cuando hablan de que cuidarán especialmente de las zonas ajardinadas de la parcela, cuando lo primero que han hecho ha sido destruir el jardín para aprovechar al máximo la edificabilidad.

-A la vista de lo sucedido con la expansión desaforada (al menos doce licencias otorgadas en los dos últimos años) de las residencias universitarias y del impacto paisajístico y en la imagen de la ciudad que están produciendo y que ha acabado por reconocer el propio Ayuntamiento deberían anularse las competencias cedidas a la Comisión Local de Patrimonio, la cual ha quedado totalmente en evidencia al hacer la vista gorda en este asunto.

• SÍGAME EL LINKEDIN:
• https://www.linkedin.com/in/manuel-jes%C3%BAs-florencio-caro-919b0225/