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Atrasado a su tiempo

Más de 70.000 personas han participado esta semana en Sevilla en el sorteo de Emvisesa para la adjudicación de 233 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de venta en las antiguas cocheras de Tussam en El Porvenir y de 95 para alquiler en Torrelaguna y San Luis, siendo el 70% de ellas jóvenes. Actualmente, el 57% de los sevillanos con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años no pueden emanciparse de sus padres debido, fundamentalmente, al elevado precio de los pisos pese a las aparentes bajadas por efecto de la crisis.

Según el Observatorio Joven de Vivienda en España, en el hipotético caso de que un joven sevillano decidiera comprarse un piso, tendría que dedicar casi el 65% de sus ingresos a pagar la hipoteca; sólo le quedaría el 35% para afrontar  las facturas de la luz, el agua, el gas, el teléfono, la ropa, la comida, el transporte…..Es un sueño prácticamente imposible, pues para realizarlo el joven sevillano medio debería ganar al menos 2.582 euros/mes, cuando sus emolumentos no superan los 1.200 en el mejor de los casos. Se comprende, pues, la avalancha de solicitudes ante cualquier sorteo de VPO como el del Porvenir.

Antes y ahora

Con este panorama social sorprende aún más si cabe que en su comparecencia parlamentaria para explicar el acuerdo con el Gobierno sobre los pormenores de la ‘deuda histórica’, la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, dijera que el hecho de que la mayoría de los suelos cedidos sirvan para levantar, más que VPO (ninguna en Sevilla, ya que aquí se paga con los restos de la Expo) viviendas de renta libre (3.128, el 71% del total),  da más valor económico a la operación, puesto que la Junta podrá venderlas sin límite de precio y obtener así más dinero. ¿Cuánto tiempo deberá esperar el Gobierno andaluz a que se reactive, y al alza, el mercado inmobiliario para colocar esos futuribles pisos? El INE revela que en octubre la venta de casas cayó un 21% y el BBVA augura una caída de los precios del 20% en dos años.

La Junta de signo socialista se felicita, pues, de poder construir pisos de renta libre (los más caros) en suelos públicos para los ciudadanos de mayor poder adquisitivo en vez de para los jóvenes sin recursos y los mileuristas, justamente lo contrario de lo que en su momento hizo  Monteseirín en las antiguas cocheras de Tussam,  por puro oportunismo político en busca de un pacto con IU porque ya no podía soportar más  la por entonces vigente coalición con el PA.

Subasta

Recuérdese que Monteseirín sacó a subasta las cocheras del Porvenir con el declarado fin de obtener fondos con los que acabar con el enorme déficit acumulado por Tussam bajo su mandato y aprovechando el traslado de los autobuses al antiguo cuartel de San Fernando. Dada su privilegiada situación en la nueva ‘milla de oro’, varias empresas pujaron por el solar. Umbella 4  presentó la mayor oferta en vísperas de las elecciones municipales de 2004: 43 millones de euros, dinero más que suficiente para haber liquidado la deuda de Tussam.

En una de sus características marchas atrás (el frenazo al edificio de Moneo, en el Prado, inauguró la serie) Monteseirín decidió, sin embargo, anular el proceso de venta para anunciar la construcción de VPO en vez de pisos de renta libre. El caso acabó en un pleito en que el juez impuso una condena mínima al Ayuntamiento en una sentencia que fue todo un varapalo para el alcalde. Dijo el magistrado en su fallo que se había producido  “una falta de lealtad y quiebra de la buena fe” por “la ruptura unilateral provocada de forma consciente por la entidad demandada, quien primero quiere acudir al mercado a hacer caja con sus terrenos, convoca a los interesados en la adquisición, y luego modifica las condiciones de la cosa que se ofrece en venta para provocar precisamente el efecto contrario, es decir, su salida del mercado”.

Balance cero

Urbanismo  tuvo que salir al rescate del alcalde tras su frenazo y marcha atrás: rediseñó el solar del Porvenir en el PGOU para permitir 233 pisos de VPO y detrajo del Patrimonio Municipal de Suelo unos veintitantos millones de euros (frente a los 43 que pagaba Umbella) para comprarle a Tussam las cocheras, que luego cedió gratis a Emvisesa a fin de que construya las viviendas que se han adjudicado esta semana y que tardarán en entregarse varios años. Si el concurso de venta se hubiera resuelto tal como se planteó, habrían estado ya edificadas el 30% de VPO a que obligaba la ley al promotor privado que lo ganó y las arcas municipales habrían ingresado 43 millones de euros con los que enjugar el déficit de Tussam.

Por el contrario, la habitual improvisación de Monteseirín le ha costado a la ciudad esos veintitantos millones de euros que con una mano hubo que sacar de un organismo municipal (Urbanismo) para entregarlo con la otra a una empresa 100% municipal, Tussam. No se ganó ni se perdió nada con la transacción, porque el dinero simplemente se cambió de un sitio a otro, como en el trile. El balance económico fue cero, como el famoso objetivo de la Expo. Lo que no pudieron conseguir ni Olivencia ni Pellón en la Cartuja lo logró  por arte de birlibirloque el alcalde en El Porvenir. Pero  en vez de quedar como un adelantado a su tiempo al trocar viviendas de renta libre por VPO, a Monteseirín la jugada le ha salido al revés, ya que la Junta dice ahora, con motivo de la ‘deuda histórica, que lo ortodoxo es construir pisos caros en los suelos públicos con tal de hacer, cuanta más caja, mejor.

El huevo y la gallina

Con motivo del primer vuelo del avión de transporte militar europeo, un periódico publica un reportaje sobre la plantilla internacional de Airbus en Sevilla, a la que califica como ‘los rostros desconocidos del A400M’. Pero no son ni el inglés, ni el francés, ni la alemana. La cara desconocida en verdad es la de Ana Palacio, la ministra de Exteriores de Aznar que consiguió en su día que Sevilla albergara la planta de ensamblaje del avión y trajo así riqueza, empleo y tecnología para los próximos 25 años. Con su proverbial torpeza, el PP  ni siquiera fue capaz de rentabilizar políticamente aquel logro histórico, que pasó tan inadvertido como la propia ministra, menos popular que su hermana Loyola pese a haber sido hasta vicepresidenta de la Comisión Europea. Así pues, para rostro, el de quienes proclaman que el avión es la prueba del éxito de su apuesta por la aeronáutica o ponen pantallas en Plaza Nueva para chupar cámara. El A400M no es fruto de una política aeronáutica en Sevilla, sino al revés. Aquí  primero fue la gallina y, luego, el huevo.

El que no se mueve, sale en la foto….de la Policía

El Ayuntamiento, tal como vimos anteriormente, se ha escudado en la crisis para reasignar partidas presupuestarias de elevado contenido social y Monteseirín ha llegado a amenazar con suprimir la prestación de servicios municipales por la falta de dinero. Faltan recursos para otras cosas pero no para seguir alimentando la televisión marchenera del alcalde o para comprar PDA ‘Blackberry’ de última generación a fin de que  la Policía Municipal pueda multiplicar el número de multas de tráfico y agilizar su tramitación de forma que se cobren cuanto antes. Contrasta esta preocupación del gobierno local por dotar con la última tecnología en materia de comunicaciones a los agentes con las frecuentes quejas de éstos por la falta de equipamiento básico. Por no tener, los uniformes de los policías de Tráfico no tenían ni bolsillos.

Ahora, sin embargo, Monteseirín no ha escatimado en gastos para que los sevillanos comprueben en sus propias faltriqueras la eficacia del sistema telemático de sanciones por aparcar en doble fila. Al coche ‘ponemultas’ se ha unido un comando especial de la Policía Local equipado con móviles que han costado unos mil euros cada uno y que están complementados con miniimpresoras con las que los agentes pueden imprimir ‘in situ’ la multa que colocan sobre el parabrisas del automóvil. Todo está pensado para imponer el mayor número de sanciones en el menor tiempo posible: la firma del policía ya está digitalizada en el teléfono; al teclear el número de la matrícula, el sistema identifica ‘ipso facto’ al titular del coche; mediante una cámara de fotos incorporada, se capta una instantánea del vehículo como prueba añadida….El agente, si quiere, no tiene ni que pararse a cumplimentar formularios de denuncia. Le basta con fotografiar todo coche infractor que se le ponga a tiro, cuantos más mejor, y luego volcar la información tranquilamente en un despacho. Incluso se omite el procedimiento de la notificación al conductor y se publica de inmediato la sanción en el Boletín Oficial de la Provincia: infinidad de sevillanos ignoran que han sido sancionados y que sus nombres han pasado a engrosar las páginas del BOP.

Con sólo cinco multas que imponga un policía por aparcamiento en doble fila, el Ayuntamiento ya ha amortizado el coste de una ‘Blackberry’ de última generación. Y a fe que está amortizando los aparatos. A pasos agigantados. La previsión de ingresos por multas era de 4 millones de euros para todo el año. En agosto, el Consistorio ya había recaudado 11 millones. El ejercicio puede cerrarse con más de 16 millones de euros en las arcas de la Hacienda municipal.

Atrapados en la ratonera

Los automovilistas sevillanos se han convertido en fácil carne de cañón para un Ayuntamiento que, sin dar alternativas previamente,  ha declarado la guerra al coche privado mediante la continua ampliación de calles peatonales, por una parte, y la supresión de numerosas plazas de aparcamiento en superficie debido a la implantación del carril-bici. Aparcar en Sevilla se ha convertido en una odisea por el efecto añadido de las 300 obras simultáneas decretadas por Monteseirín, con lo que otras tantas calles están cortadas con vallas y alambradas.¿Dónde se meten los coches, cuyos dueños pagan el sello de tráfico a la corporación municipal?

En diciembre de 2004, el Consistorio aprobó en Pleno un plan para construir 67 parkings subterráneos desperdigados por toda la ciudad y con una inversión superior a los 350 millones de euros. Cinco años después, el grado de cumplimiento de esta promesa municipal es mínimo, pero Monteseirín ya ha proclamado que no hacen falta más aparcamientos porque los sevillanos “no tienen cultura de pagar por aparcar”. El alcalde ha utilizado una estadística de los empresarios de parkings rotatorios según la cual éstos están desocupados el 55% de las horas del día. Los comerciantes de Aprocom replican que si los parkings existentes no se llenan es porque no facilitan a los ciudadanos que lleguen a donde tienen que llegar. Con la crisis económica como trasfondo en una ciudad con un 18% de parados y una renta per cápita inferior a la media nacional, el automovilista sevillano ya es que se las ve y se las desea hasta para aparcar en doble fila: las obras no le dejan espacio; carece de parkings alternativos, no se puede permitir continuos desembolsos en los rotatorios y es acosado por el ‘ponemultas’ y el ‘comando Blackberry’ de la Policía Local.

Vista gorda

El furor sancionador de la Policía Local ha llegado a tales extremos que hasta el comité de empresa de Tussam la acusa de multar “de forma indiscriminada” a los conductores de los autobuses municipales y le pide que tenga en cuenta atenuantes  como “las circunstancias del tráfico, la ocupación de las vías y las dimensiones de los vehículos, sobre todo los articulados”.

¿Acaso no podría invocar los mismos atenuantes cualquier automovilista sevillano? Por más que el comité diga que en ningún caso pretende quedar exento de cumplir las normas de la circulación, la mera emisión del comunicado ya es un intento de obtener un trato de favor.

Y mientras tanto, la sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme)  ha denunciado que un número indeterminado de patrulleros de la Policía sevillana circula con la ITV caducada porque el Ayuntamiento no tramitó las citas a tiempo.

¿Se multará la Policía Local a sí misma por infringir la ley o se hará la vista gorda?

Ustedes, ¿qué creen?

El Estado apaga la luz

Sevilla, tal como analizó Javier Rubio en estas páginas en su artículo ‘La misma moneda’, ha hecho un pésimo negocio con la decisión de la Junta de Andalucía de aceptar el pago de la deuda histórica en solares en cinco provincias y, en nuestro caso, la asunción de Agesa, gestora de los activos de la Expo. La consejera de Economía, Martínez Aguayo, afirma que los bienes de Agesa valen más de 300 millones de euros. ¿Cómo lo sabe, si el primer punto del acuerdo es tratar de ponerse de acuerdo en su valoración? Estado y Junta los tasarán por separado y, en caso de discrepancia, se remiten a un tasador  independiente. El  proceso llevará tiempo, más el que impliquen los cambios registrales, asignación de activos a los organismos correspondientes y otros trámites, con lo que los hipotéticos fondos que se obtuvieran mediante ventas difícilmente podrán aplicarse ahora a las partidas ‘a priori’ presupuestadas por el Gobierno andaluz a cuenta de la deuda histórica cuando el criterio era el de cobrarla en líquido en vez de en especie.

Los activos de la Expo no valen ni 300 millones, ni los 150 que se ha dicho luego, cuando se ha moderado el oficialista exceso de entusiasmo por esta operación que habría que preguntarse si, por ejemplo,  se la hubiera ‘tragado’ Cataluña.  El valor neto contable que figuraba en los libros de Agesa antes del cambalache era de 93 millones de euros: tres veces menos de lo pregonado por la consejera de Economía. Y aunque el papel lo soporta todo y se podrán hacer los apuntes que se quiera, el valor real de sus activos será el que marque el mercado en cada momento. Huelga decir que el mercado inmobiliario está hundido. ¿Qué, pues, va a poder venderse o malvenderse de Agesa? Repásense sus bienes y se verá la dificultad de que, como ha dicho Griñán, su contravalor en “dinero contante y sonante” (¿un edificio es dinero contante y sonante o en la actual coyuntura más bien un inmovilizado devaluado, como bien sabe la banca cuando trata de vender sus impagados con rebajas ya de hasta el 50%?) “se reinvertirá en vivienda, salud y educación a lo largo y ancho de las ocho provincias andaluzas”?

Gastos en vez de ingresos

¿A quién le puede interesar comprar el pabellón del Futuro, el de la Navegación, la torre Schindler, la torre panorámica, el helipuerto, el pabellón de España (dentro de Isla Mágica), el teatro Central, la nao Victoria…..Agesa soporta el mantenimiento de esos activos ‘ociosos’ tras la Expo merced a la explotación de sus particulares joyas de la corona, como el edificio Expo, el centro de prensa, el edificio Leonardo, la banda de servicios y, en el futuro, el centro de negocios del Palenque. En el hipotético caso de que la Junta vendiera esos inmuebles rentables para hacer caja con destino a viviendas, hospitales y colegios en toda Andalucía, Agesa entraría en barrena, al quedarse con los ‘marrones’ (Futuro, Navegación…)  que no generan rentas y sí gastos de conservación.

Lo más sensato sería mantener el modelo actual, que ha costado perfilar estos 17 años tras las regulaciones de plantilla (quedan 48 trabajadores) y el pago del crédito multidivisas de unos 20.000 millones de pesetas por el ‘agujero’ del 92. Hoy, como dijo  Aguayo, Agesa es una sociedad saneada que ha dado beneficios de 6,7 millones al Estado, pero sólo en 2008 y por extraordinarios derivados de la regularización de Isla Mágica. De ordinario los beneficios no superan el millón de euros. Como de los 784,21 millones de deuda histórica la Junta se cobra 300 millones en especie sólo con Agesa, para que las rentas generadas por esta última (ese millón anual) equivalgan en dinero contante y sonante a esa cantidad harían falta ¡300 años!

Si la Junta vende los activos rentables de la Expo para reinvertir en toda Andalucía habrá una transferencia de recursos desde Sevilla al resto de las provincias. Sevilla pierde. Y si se mantiene el ‘statu quo’, o no gana nada, o también pierde, porque se queda sin la presencia del Estado y sin las inversiones que Madrid se sentía moralmente obligada a ejecutar en la isla a través de Agesa, como esos 10 millones de euros en plena crisis en un nuevo museo en el Pabellón de la Navegación cuando Cultura recorta, difiere o rechaza inversiones en la ciudad (véanse si no los casos de la Fábrica de Artillería, el Museo y el Maestranza), 42 millones en el nuevo Palenque y 15 en el Instituto Cartuja.

El mayor error ocurrido tras la Expo fue que el 13 de octubre de 1992 el Gobierno, por las críticas a la inversión realizada, dejara el piloto de la Cartuja en ‘stand by’ y propiciara el ‘síndrome de los jaramagos’. Con el trueque de Agesa por la deuda histórica,  la Junta logra que el Estado ‘apague la luz’ y se vaya definitivamente de Sevilla.

Salida para Monteseirín

La asunción de Agesa podría tener un efecto rebote añadido, ya que en el PSOE se empieza a sopesar que esta empresa pública, o en su defecto Sogefinpa –a la que podría ser adscrita- sería una honrosa salida para Monteseirín y su equipo de máxima confianza en caso de que el partido optara por otro candidato para la Alcaldía en las próximas elecciones.

Sería toda una paradoja, ya que Monteseirín acuñó la famosa frase de que Agesa no tenía corazón, sino únicamente cartera, cuando le exigía mayores inversiones en la ciudad, y podría verse en la tesitura de negarle a otros lo que él pedía para sí mismo. ¿Aceptaría Monteseirín ser el Pellón del siglo XXI? De alcalde de Sevilla a alcaide de la Cartuja.

El riesgo define al empresario

Cristina Hoyos pone en venta por 6 millones el Museo del Baile Flamenco al incumplirse las expectativas y hundirse el número de visitas. Su entorno se indigna por la polémica creada sobre si debe devolver el millón de euros recibido en subvenciones -es obvio, si se incumple el objetivo cultural que las justificaron-, califica el proyecto de “regalo” a la ciudad y lamenta que papá Estado y mamá Junta no acudan ahora como el Séptimo de Caballería en su rescate. Aplaudo a Cristina por su iniciativa en esta ciudad huérfana de ellas y por haber invertido varios millones de su bolsillo en el museo, que no puede ser tildado de regalo a Sevilla cuando cobra la entrada a 10 euros por barba, pero pasar de bailaora orgánica del PSOE -iba en la lista electoral de Monteseirín en las municipales- a empresaria implica también el riesgo de arruinarse. Volvamos la oración por pasiva: si el museo hubiera sido una mina de oro ¿acaso la bailaora habría compartido los beneficios con esas dadivosas Administraciones cuyo auxilio ahora se implora?