El Ayuntamiento ha declarado desierta la subasta que había convocado para alquilar un local de unos 54 m2 sito en los bajos del edificio Laredo en la calle Sierpes, contiguo al restaurante de la cadena Robles. Se da la circunstancia de que era esta cadena quien también lo explotaba, aunque con una fórmula hostelera distinta, tras suceder a una firma de helados italiana, bajo la figura de un contrato de renta antigua.

Al acabar el año pasado la moratoria de la ley de Arrendamientos Urbanos, el Consistorio, propietario del local, lo ha sacado a concurso por un mínimo de 38.400 euros/año, dada su privilegiada situación en el corazón de la ciudad y los precios de mercado vigentes en el casco histórico. La cadena Robles ha sido la única ofertante, pero el Ayuntamiento ha declarado desierta la subasta por considerar “inadmisible” la oferta recibida, quizás porque quienes la han efectuado aún piensan en clave de renta antigua.

En contraste, hace tres años y medio el gobierno de Zoido adjudicó por concesión administrativa la explotación del mercado gourmet en las naves del Barranco a la UTE del torero Rivera Ordóñez y del periodista Carlos Herrera a cambio del pago de un canon anual de 230.000 euros. Y ello sin contar la millonaria inversión de la sociedad para restaurar el histórico edificio.

Si el canon anual de las naves del Barranco es de 230.000 euros y por el local del edificio Laredo en Sierpes se pide un mínimo de 38.400 euros, ¿a cuánto debería ascender el canon por el restaurante de La Raza, que ocupa desde hace 44 años un privilegiado suelo de dominio público en el parque de María Luisa? El grupo hostelero del mismo nombre que lo explota sólo paga al Ayuntamiento 1.955 euros anuales (2.366 si se incluye el IVA, a una media mensual de 197 euros, en números redondos).

RESISTENCIA

Estas cifras y los enormes intereses en juego explican la numantina resistencia de los directivos del grupo hostelero La Raza a aceptar el final de la concesión que vienen disfrutando por ese módico precio desde hace casi medio siglo merced a un contrato que originalmente sólo es de carácter anual prorrogable y que expiraba el día 2 del año en que el Ayuntamiento dejara de prorrogarlo, como empezó a ocurrir cuando el gobierno de Zoido, que no el de Espadas, inició en 2014 el expediente de caducidad.

Al tratarse de un bien de dominio público o demanial como el Parque de María Luisa, en el que se integra, ha de sacarse a concurso de nuevo y no puede dársele preferencia al ocupante mediante un nuevo arrendamiento a precios actualizados, como habría sido el caso de un local afectado por el fin de la moratoria dada en la ley de Arrendamientos Urbanos.

La ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas estipula claramente que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia y que las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por muerte o incapacidad del usuario o concesionario (caso del bar Parada, en Heliópolis, del que ahora se ha descubierto un ilegal traspaso de concesionario hace cuatro años, en otra muestra del descontrol del Ayuntamiento sobre los bienes municipales), o caducidad o vencimiento del plazo de la concesión, caso en el que se encuentra La Raza, cuyo director general, Pedro Sánchez-Cuerda, ha declarado: “El propio Ayuntamiento reconoce que se estuvo prorrogando cada mes de mayo y nos instaba al desalojo ese mes”.

Pero no lo desalojaba, como no lo hizo tampoco a partir del año 1985, cuando inició 29 años antes que Zoido un expediente de caducidad del contrato, hasta que lo ha retomado Espadas tras los informes jurídicos en tal sentido emitidos por el secretario y el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento.

Sánchez-Cuerda discrepa por entender que si se trata de una concesión y no de un alquiler de renta antigua debe expirar a los 50 años (en 2022) y no ahora. Esa diferencia de criterio se sustanciará probablemente en los tribunales, como corresponde en un Estado de Derecho, y es legítimo que el hostelero defienda por esa vía sus intereses.

Sin embargo, Sánchez-Cuerda ha ido mucho más allá, al presentar su caso o darle pábulo a quienes lo han presentado como una venganza política del gobierno socialista (obviando que fue Zoido y no Espadas quien inició el expediente de caducidad) por haber denunciado el caso Mercasevilla; haber amenazado con el forzado despido de 400 trabajadores (repartidos por sus seis unidades de negocio y no sólo el restaurante), cuando sabe que el Ayuntamiento dio ya por expirado el contrato hace dos años y debió por tanto prepararse para tal contingencia; haber iniciado una campaña victimista en las redes sociales con el lema “Salvemos la Raza”, como si tuviera un monopolio sobre el mismo y nadie más tuviera el derecho a participar en un concurso público para su gestión, y haber movilizado o permitido que se movilizara en su favor la Confederación de Empresarios de Sevilla, por unir a su condición la de presidente de la patronal de hostelería, con lo que la CES ha demostrado hasta dónde llega su corporativismo y cómo los poderes fácticos de la ciudad, los mismos que invocan el libre mercado, en realidad aspiran al más puro proteccionismo con la coartada de la “seña de identidad” o el “negocio emblemático”.

La CES debería explicarnos por qué el mercado gourmet del Barranco ha de pagar un canon de 230.000 euros y La Raza tan sólo 1.955 euros. Será quizás porque para la patronal que preside Miguel Rus no todos los empresarios de Sevilla son iguales o, como en la granja de Orwell, unos son más emblemáticos que otros.