Primer día de agosto del año 2014. Cinco y pico de la mañana. En un taxi camino del aeropuerto de San Pablo con toda la familia para tomar un avión de Vueling con destino a Lyon (Francia). De pronto repiquetea el teléfono móvil de forma estruendosa en el silencio de la calurosa madrugada sevillana. Es un mensaje SMS de Vueling avisando de que, por problemas técnicos, el vuelo que debía salir en torno a las 7, si mal no recuerdo, ha sido cancelado.
Desconcierto. Es la primera vez que me ocurre un caso como éste, cuando venía volando de forma habitual con Vueling sin haber sufrido hasta entonces ninguna incidencia, salvo que me rompieron una maleta tras un aterrizaje en Sevilla en uno de esos vuelos compartidos con Iberia, si no me falla la memoria. Afortunadamente, conservaba el ticket de compra y no tuvieron más remedio que pagármela. Sé que confiaban en que no iba a poder demostrar con papel alguno la adquisición, pero por deformación profesional periodística tiendo a archivarlos por bastante tiempo. Se llevaron una enorme sorpresa. Yo me limité a aplicar el sabio principio de mi abuela: el que guarda, halla.
Al llegar al aeropuerto, los mostradores de Vueling ya eran un caos de gente arrastrando maletas y preguntando a un par de desbordadas azafatas qué había pasado y, sobre todo, qué iba a ocurrir. Había varias colas y nadie sabía bien en cuál situarse, ya que, aparentemente, otros destinos sí estaban operativos. Aquello funcionaba en plan Radio Macuto, sin ningún responsable que diera la cara y una información oficial.
Al cabo de una noción de tiempo perdida se abrió un mostrador ante el que nos arremolinamos, cada cual con su historia a cuestas. La opción que me dieron era volar hasta París para al día siguiente tratar de enlazar hasta Lyon. Inviable. Opción B: otro vuelo a Lyon desde Sevilla el sábado a mediodía. Vuelta a casa con todo el equipaje, no sin antes rellenar una hoja de reclamaciones.
Al día siguiente, regreso al taxi a repetir el mismo itinerario del día anterior en plan ‘déjà vu’ y con el miedo metido en el cuerpo durante todo el trayecto esperando que de un momento a otro volviera a sonar el móvil con el puñetero mensaje SMS de Vueling anunciando una segunda cancelación. Afortunadamente, desembarcamos del taxi sin mayores sobresaltos. Y de pronto, en el vestíbulo de San Pablo ¿qué es lo que veo? ¡A la juez Mercedes Alaya con su familia!
No sé por qué se me viene a la mente un maquiavélico pensamiento: ¿Y si la juez va también a Lyon? Si resulta que va a Lyon, me imagino que Vueling no tendrá arrestos para cancelar otra vez el vuelo sabiendo cómo se las gasta su señoría. Y… ¡bingo! ¡La juez también facturaba su equipaje con destino a la ciudad francesa.! Pudimos respirar tranquilos. En ese momento supimos que el viaje iba a discurrir como la seda. Y así fue.
Tardaron meses en contestarme a la hoja de reclamaciones. Se trataba de un escrito-tipo en el que tras pedir las pertinentes disculpas -faltaría más- se justificaban con la inoportuna incidencia técnica imposible de prever, por lo que adiós y hasta otra, no deje de volar usted con nuestra compañía por esta tontería. Si había habido una incidencia técnica, debían especificarme en qué había consistido y el tiempo que habían tardado en corregirla, entre otros detalles. Silencio de los corderos.
Elevé una reclamación a Seguridad Aérea. Vueling fue incapaz de demostrar que había sufrido una avería. La excusa era pura mentira para camuflar su incompetencia o cambio de planes aun arruinando el inicio de las vacaciones a sus clientes. En el curso del expediente abierto supe que sólo yo había reclamado entre las decenas de afectados -luego se adhirió uno- por la cancelación. Así se aprovechan las grandes compañías del carácter, más bien su falta, del español: mucho piar pero actuar, poco o nada. Le era rentable cancelar el vuelo porque sabía que pocos iban a seguir adelante con su protesta.
Seguridad Aérea dictaminó que Vueling debía indemnizarme a mí y a toda mi familia. Pasaron meses y meses, pero conseguí que se rascaran el bolsillo conforme a la legislación europea. Insté a que, además, sancionaran a la compañía por haber mentido de forma alevosa con la historia de la falsa avería. Argumenté que sólo así se lo pensarían dos veces antes de repetir la jugada en cualquier aeropuerto, ya que en caso contrario les saldría casi gratis o gratis total.
En Seguridad Aérea se fueron por la tangente y me remitieron a otro departamento de Fomento para que fueran ellos los que se lavaran las manos ante los abusos de Vueling. La compañía había estado presidida hasta el verano anterior por Josep Piqué, dos veces ministro con Azar, en un ejemplo más de las “puertas giratorias” en que se ha convertido la política en España.
El Gobierno del PP ha necesitado que Vueling haya cancelado en los últimos días 46 vuelos y dejadas tiradas a 8.250 personas para atreverse a incoarle el expediente sancionador al que le insté hace dos años. Dice que estudia “posibles sanciones”. Será que aún le parece que no se dan suficientes razones para ello.
Por si no estuviera enrevesado el escándalo de los EREs que investiga la juez Mercedes Alaya y en cuyo sumario se hallan incluidas las ‘ayudas sociolaborales’ otorgadas con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’ de la Junta de Andalucía a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, la cadena de periódicos Viva está publicando una serie de revelaciones al respecto, entre ellas la sorprendente información de que el exdirector general de Trabajo del Gobierno autonómico, Francisco Javier Guerrero, detrajo 300.000 euros que se habían librado para la asociación de mineros onubenses para trasvasarlos a los despedidos por el Grupo Joly.
Si la juez Alaya ha puesto de moda el término ‘sobrecomisiones’ con los ERE, mucho antes Monteseirín puso el de ‘sobrecostes’. Alfredo era como Atila: obra en la que pensaba, obra que dejaba esquilmada las arcas públicas. Con él nunca crecían los brotes verdes, porque dejaba a su paso un desierto presupuestario y una montaña de deudas a sus sucesores. Sus faraónicas ‘Setas’ se presupuestaron en 51,2 millones y se terminaron con varios años de retraso y a un ‘sobrecoste’ similar, para dispararse hasta los 100 y pico de millones de euros. En vez de indemnizar a Sevilla por la demora y la desviación presupuestaria, Sacyr quiere cobrarse el triple de lo estipulado por el alquiler de las oficinas de la Hacienda municipal, a cuenta de otro ‘sobrecoste’ pactado verbalmente por Monteseirín con tal de que le acabaran su pirámide particular y le diera tiempo a inaugurarla antes de las elecciones. Zoido hace perfectamente al negarse a pagar contratos sin papeles. Una cosa es asumir la herencia del mandato anterior y otra muy distinta, las facturas debajo de las alfombras.
Un informe del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil confirma que la mayoría, si no todas, de las promotoras y/o constructoras que participaron en el presuntamente amañado concurso por los suelos de Mercasevilla están vinculadas entre sí, porque se intercambian accionistas, consejeros, asesores y negocios. Así pues, el urbanismo regional es una inmensa cama redonda de todos con todos en la que los mismos de siempre se repartían los jugosos negocietes de los solares como en el siglo XIX las compañías mineras de Tharsis y Riotinto se repartieron el mercado del cobre, por áreas geográficas de influencia. Aquí tendría que haber intervenido hasta la Comisión Nacional de la Competencia, para dictaminar si se ha formado además un cártel del ladrillo. Dicen que a la luz de tales revelaciones esta rama del caso Mercasevilla puede sufrir un giro inesperado. ¿Rama? ¡Pero si por el diagrama de etiquetas y flechas de la Guardia Civil eso no es una rama, sino un árbol entero! Esperemos ahora que semejante fronda no le impida a la juez Mercedes Alaya ver el bosque.
El valido de Alfredo Sánchez Monteseirín y cuádruple imputado por la juez Alaya en los escándalos que investiga, Manuel Marchena, ha reaparecido con su natural desfachatez en una mesa redonda organizada por Gaesco para decir que en su época de gerente de Urbanismo convivió con la tensión y el conflicto (¿y quién no lo hace en su trabajo habitual, sea el que sea?), razón por la que se les paga “medianamente bien o bien” a quienes ocupan ese cargo. O sea, que no le han parecido suficientes los 168.392 euros que llegó a cobrar anualmente como hombre de confianza de Monteseirín en los puestos para los que fue nombrado a dedo, sin contar con la retribución en especie en forma de opíparas comidas en los reservados de los restaurantes y a cuenta, habitualmente, de los señores del ladrillo y de todos los que, queriendo hacer negocio en Sevilla, sabían que antes debían congraciarse y rendirle pleitesía al dueño del lápiz del Plan General de Ordenación Urbana, puesto que en sus manos estaba desde tramitar las recalificaciones hasta otorgar las licencias de obras.
El exalcalde socialista de El Pedroso y miembro del clan de la Sierra Norte, Rafael Rosendo, ha negado por escrito ante la juez Mercedes Alaya que sea un intruso en el ERE de la empresa Cydeplas y ha defendido que los 109.750 euros que percibió por una póliza avalada por la Junta de Andalucía fue una “renta de subsistencia” individual, de carácter extraordinario y legal. Según Rosendo, él ha recibido el mismo trato que cualquier otro trabajador en paro con problemas para acceder al mercado laboral por su avanzada edad, ya que cuando abandonó la Alcaldía tenía 59 años. Si era una renta de subsistencia porque iba con una mano atrás y otra delante, ¿cómo ha podido devolver al cabo de cuatro años el dinero para aminorar una posible condena? Los dos millones de parados que en España no perciben ayuda gubernamental alguna habrán tomado buena nota de la declaración de Rafael Rosendo para, en cuanto frisen los 60 años, exigir el mismo trato igualitario que él: una rentita de 109.750 euros. Eso sí que es un puente hacia la jubilación y no el del anuncio de Mapfre.
