El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco ha decidido que la Catedral, Archivo de Indias y Alcázar no sean incluidos este año en la ‘lista negra’ del patrimonio en peligro como había propuesto Icomos, después de los compromisos adoptados por Zoido. Es una moratoria de un año pero que todo el mundo sobreentiende será definitiva y que supone un triunfo de la habitual política española de los hechos consumados.
Tal como dice Fernández Salinas, secretario del comité español de Icomos, ha sido una decisión de carácter político, ya que los aspectos técnicos se han quedado fuera del debate. Ha trascendido, aunque no aún el coste de la factura y quién la paga -si el Ayuntamiento o el Gobierno- que para influir en la decisión de la Unesco se contrataron los servicios del ex-director adjunto del Comité del Patrimonio Mundial, el cual, tras 16 años en el seno de la organización, se ha establecido como consultor privado y cobra por hacer ‘lobby’.
Al igual que en otros organismos, como el COI, donde los votos se compran y se venden a cambio de contraprestaciones presentes o futuras, también en este caso se han forjado alianzas con ciertos países para frenar la exclusión de Sevilla del Patrimonio Mundial, por el golpe que habría supuesto para la deteriorada ‘marca España’. No es casual que esta alianza se forjara con países tercermundistas como Argelia, Colombia, Iraq, India, Senegal, Mali… y que, por contra, los más desarrollados y cultos, caso de Alemania, Suiza y Estonia, fueran los más críticos con Sevilla y con el Gobierno de España por haber propiciado con su inhibición durante tres años la construcción de la torre Cajasol, pese a las advertencias de la Unesco, finalmente papel mojado.
VICTORIA MORAL
Zoido, que de objetor de la torre desde la Oposición ha pasado a su paladín con el furor del neoconverso (ahora propugna rascacielos extramuros del Centro), se ha escudado en el argumento esgrimido por los partidarios de la torre para subrayar las diferencias entre Dresde y Sevilla: mientras en la ciudad alemana se había protegido el paisaje histórico, que destrozaría un puente, en la nuestra la protección sólo se otorgó a la Catedral, el Archivo y el Alcázar y no a todo el casco histórico; y como desde estos tres bienes no se divisa a ras de suelo la torre Cajasol, técnicamente no puede decirse que haya una afección de ésta sobre aquéllos.
Por paradójico que resulte, los compromisos de Zoido para evitar la inclusión de Sevilla en la ‘lista negra’ suponen una victoria moral para Icomos, que siempre habló del impacto de esta Babel sobre el paisaje histórico hispalense extendido sobre una planicie y al que consideró globalmente y no sólo a los tres monumentos aislados de su entorno; y que también subrayó la necesidad de ampliar jurídicamente las zonas de protección del casco histórico frente a la inhibición de la Junta, que propició así que Monteseirín facilitara la erección de la torre de 178 metros cuando previamente tumbó el proyecto de torre de Ricardo Bofill (impulsado por el PA) de tan sólo 80 metros por su impacto sobre el casco antiguo (y porque por debajo camuflaba más edificabilidad de la permitida) . El urbanismo, como se percata ahora Fernández Salinas, es pura política disfrazada de razones técnicas, y la Unesco tampoco ha escapado a la política de pasillos tejida en torno a la torre Cajasol.
PLAN ESPECIAL
Cuando Zoido se compromete a redactar un Plan Especial para que en la Cartuja no se alce ni un rascacielos más está reconociendo el dictamen de Icomos sobre el impacto de la torre Cajasol sobre toda Sevilla, aunque técnicamente no sea visible desde la Catedral, el Archivo y el Alcázar, porque si es tan legal y no causa afección alguna a estos bienes, ¿qué razón hay para impedir que se construyan más iconos de la pretendida modernidad (el primer rascacielos data de finales del siglo XIX) y para no convertir la Cartuja en el Manhattan sevillano?
Cuando Zoido se compromete ante la Unesco a organizar un congreso internacional para poner en común los avances en relación con el paisaje urbano y los bienes Patrimonio Mundial, ¿de qué está hablando si no de las tesis de Icomos sobre el valor del paisaje histórico como bien a preservar y no sólo de monumentos aislados?
Y cuando Zoido se compromete a amortiguar el impacto visual de la torre también le da la razón a Icomos, porque si el rascacielos no afecta a los bienes del Patrimonio Mundial, decidir medidas de reducción de su impacto equivale a asumir la tesis de Icomos de que altera el paisaje histórico de Sevilla.
Cada compromiso de Zoido ha supuesto la aceptación implícita del informe de Icomos, que si no ha derivado en la inclusión de Sevilla en la ‘lista negra’ ha sido por ‘razón de Estado’.
CON ARGUMENTARIO AJENO
Y si la política consiste en desayunarse un sapo cada mañana, Zoido se ha tragado en París y en las semanas previas una buena ración de anfibios a cuenta de su conversión a la causa del rascacielos. Ha tenido que tragarse el sapo de defender ante la Unesco el rascacielos con el argumentario de Monteseirín, Marchena, Pulido y Espadas: la modernidad, los puestos de trabajo, la indemnización en caso contrario y hasta que va a quitar muchos coches del Centro (¿?).
No hay nada más patético que hablar por boca de ganso y tener que asumir como propio el discurso de tus rivales políticos. Como decía Ben Bradley, mítico director de ‘The Washington Post’, el mayor premio es que te cite tu competencia en portada. Zoido, aun sin mentarlo por su nombre, no hizo más que citar a Monteseirín ante la Unesco. ¡Menudo sapo!.
Tras la inclusión del Patrimonio mundial sevillano en la ‘lista negra’ de la Unesco, Zoido se ha caído del caballo y sufrido una súbita conversión. Podría haber dicho que hasta aquí nos han llevado los delirios faraónicos de Monteseirín y Marchena, con la complicidad de Montaner y Pulido; que él ha intentado paralizar el rascacielos temiendo que pasara lo que ha ocurrido pero que su antecesor, aprovechando el verano y las triquiñuelas legales, lo ha dejado jurídicamente atado de pies y manos; y que no va a pagar 200 millones de euros por frenar la obra a cambio de dejar arruinada Sevilla por generaciones. En lugar de hacer eso, el Ayuntamiento de quien quería paralizar la torre Pelli para que Sevilla no perdiera su título de Patrimonio de la Humanidad se ha erigido en su paladín y proclamado que no afecta al patrimonio y da mucho empleo. O sea, que Zoido le ha comprado el argumentario enterito a Monteseirín & Cía. para celebrar su primer año en el Ayuntamiento ‘del cambio’. ¿Qué cambio? Si acaso el de la veleta, que ha pasado de la Giralda a la Plaza Nueva.