Uno de los miembros del Consejo de Administración se negó a firmar las cuentas
El caso ha llegado hasta el Tribunal Económico Administrativo Central
La Memoria de Tussam correspondiente a 2019 y que no se ha subido a Internet hasta poco antes de que finalizara el año 2020 incluye una auditoría de Deloitte en la que se advierte del riesgo en que incurre la empresa municipal de transportes por no haber provisionado más de 8 millones de euros que se le reclaman tras haber sufrido una inspección por, presuntamente, no haber liquidado correctamente el Impuesto sobre el Valor Añadido (Iva).
Tussam, que en 2020 ha sido golpeada con especial saña por la pandemia del coronavirus hasta el punto de perder casi 39 millones de viajeros o el 46,72% de los que tuvo el año precedente
y de necesitar una inyección extraordinaria de 17 millones de euros procedentes de las reservas del Real Alcázar
podría enfrentarse a un problema económico añadido, evaluado en más de 8 millones de euros, según se refleja en la auditoría de sus cuentas por Deloitte que aparece en la Memoria de 2019, publicada en 2020.
El 15 de noviembre de 2016 la empresa municipal de transportes sufrió una inspección en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015.
Como resultado de la misma, el 26 de septiembre de 2017 se elevaron sendas propuestas de liquidación por las que se le exigió el ingreso de cuotas por valor de 8.154.525 euros, más el pago de 885.630 euros en concepto de intereses de demora.
Las actas levantadas tienen su origen en una diferente interpretación de la normativa fiscal aplicable en relación con la sujeción o no de dicho impuesto a las aportaciones/subvenciones que financian la prestación de servicios de interés general gestionados directa o indirectamente por las Administraciones Públicas.
La Dirección de Tussam considera que las liquidaciones del IVA fueron practicadas adecuadamente por lo que el 22 de diciembre de 2017 interpuso una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, la cual se encontraba pendiente de resolución al momento en que se realizó la auditoría.
Considerando las diferentes posibles interpretaciones de la normativa fiscal aplicable, Deloitte no pudo llegar a la conclusión de que el conflicto se resuelva de una forma favorable a los intereses de Tussam, por lo que destacó como salvedad a las cuentas anuales que no se hubiera constituido ninguna provisión de fondos ante tal eventualidad.
Este hecho provocó que en el mes de junio de 2020 uno de los miembros del Consejo de Administración de Tussam se negara a avalar con su firma las cuentas de la sociedad «por -escribió de puño y letra- no resultar consignadas reservas».
A la fecha actual (febrero 2021) el diferendo ha llegado hasta el Tribunal Económico Administrativo Central, por lo que hasta que no se produzca una resolución en firme sigue en vigor la reserva que aparece en la auditoría de Deloitte, es decir que Tussam no ha provisionado todavía los 8 millones de euros.
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