El sindicato Comisiones Obreras presentó en vísperas del Día de Andalucía un estudio sobre el balance laboral del año 2012, basado en los datos del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Como es sabido, debido a su diferente metodología y a que el primero sólo registra los parados realmente inscritos como demandantes de trabajo y no a quienes estando en edad de trabajar no se han registrado por la falta de expectativas o han dejado de hacerlo tras haber tirado la toalla por la desesperanza, las cifras no suelen concordar: el SAE estimaba en 254.855 el número de parados en toda la provincia y la EPA, en 302.500 (sólo en Sevilla capital, 89.332). En cualquier caso, ambas cifras son de récord absolutamente negativo, hasta el punto de que el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha calificado 2012 como el ‘annus horribilis’ del paro.
Entre el conjunto de cifras abrumadoras que reflejan el drama de tantos miles de sevillanos afectados por la lacra del paro destacan especialmente dos:
-Prácticamente uno de cada tres desempleados (en concreto 92.632) es mayor de 45 años, y, tal como ha expresado Vidán, si ya en los tiempos de bonanza económica era difícil hallar ocupación para este colectivo, en las actuales circunstancias tienen escasas posibilidades de trabajar y su paro se convertirá en estructural. Su único horizonte son los lunes al sol.
-El 43% de los sevillanos en paro (entre 109.587 y 130.075 según la fuente que se tome como referencia) llevan tanto tiempo en el desempleo que han agotado las prestaciones y o carecen de ingreso alguno (dependen de la caridad de familiares y amigos y/o de las organizaciones asistenciales), o sólo cuentan con los 420 euros de ayuda que ha prorrogado ‘in extremis’ el Gobierno hasta que la tasa de paro nacional no baje del 20%.
Este es, pues, el telón de fondo, una situación de auténtica emergencia social, en que se desarrollan las negociaciones entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla para acordar un Pacto por el Empleo a cuatro meses de que se cumplan los dos años de Zoido como alcalde.
LA PROPUESTA DEL PP
El grupo municipal del PP ha llevado a la mesa tripartita una propuesta que no sólo no afronta la urgencia del gravísimo problema socioeconómico que sufre la ciudad, sino que 
trata de descargar en otras Administraciones Públicas, fundamentalmente la Junta de Andalucía, la responsabilidad de acabar con el paro y no ahora, mañana o dentro de unos meses, sino a varios años vista. Así, el equipo de Zoido promete la creación de 46.000 empleos siempre que se acometa la ejecución de los grandes proyectos pendientes, a los que el Ayuntamiento aportaría una financiación de 70 millones de euros.
El gobierno local sabe que en un sistema democrático y garantista de los derechos como el nuestro la ejecución de cualquier obra sólo es posible tras el cumplimiento de trámites administrativos y urbanísticos que requieren de unos plazos que no pueden saltarse a la torera (como apenas aterrizado en la Alcaldía pretendía Zoido con la segunda tienda de Ikea) y de una dotación presupuestaria inexistente en las actuales circunstancias socioeconómicas, máxime cuando el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, acaba de anunciar que exigirá a la Junta de Andalucía más sacrificios y más recortes presupuestarios en aras del cumplimiento del déficit público.
Por tanto, el planteamiento de Zoido y de su equipo de que si la Junta construye la Ciudad de la Justicia y la red completa del Metro contribuiría a crear 46.000 empleos en Sevilla no deja de ser un brindis al sol al tiempo que una trampa política: mientras el alcalde le exige al Gobierno andaluz inversiones en infraestructuras y equipamientos, el Gobierno de la nación que es sustentado por el mismo partido de Zoido exige a la Junta de Andalucía que meta aún más las tijeras y ahorre más, que no gaste.
Por pedir la Luna de Valencia, los populares del Ayuntamiento sevillano también achacan al Ejecutivo de Rajoy la responsabilidad de reducir a casi la mitad el paro en Sevilla a medio plazo con la aprobación del polémico dragado del río, en la estimación no contrastada científicamente de que permitiría crear 20.000 puestos de trabajo. Se trata de otro proyecto ‘ad calendas graecas’, cuya materialización aún ha de superar los pertinentes trámites administrativos y la supervisión europea y sobre el que pende la amenaza de impugnación judicial por parte de ecologistas y arroceros, por su potencial impacto en Doñana y en las tablas del arroz.
EL PLAN DE CHOQUE
Frente a estas propuestas irrealizables a corto plazo por falta de presupuesto para acometerlas aunque hubiera voluntad política por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la nación, los grupos municipales de PSOE e IU tratan de, como se dice vulgarmente, bajar la pelota de las nubes de la irrealidad a que la ha lanzado el PP hasta el suelo, para tratar de pactar al menos un plan de choque que permita contratar a entre 3.600 (PSOE) y 4.000 (IU) parados, sobre todo de larga duración y que hayan perdido sus prestaciones y a los que habría que procurar “el pan nuestro de cada día” subveniendo a sus necesidades básicas.
Los socialistas plantean esencialmente:
1) Que el Ayuntamiento financie el salario mínimo interprofesional (634 euros) durante los seis primeros meses de las personas que sean contratadas de entre parados de larga duración sin prestaciones o mayores de 35 años con más de uno en el paro.
2) Que aplique una bonificación del 95% en impuestos y tasas municipales para aquellas empresas que acrediten un aumento de plantilla durante la segunda mitad de 2013.
3) Que asuma durante medio año los gastos de contratación de diez personas con el salario mínimo interprofesional en proyectos de innovación que se presenten en el marco de un convenio a tal efecto.
El coste de este plan para las arcas municipales sería de 10 millones de euros en subvenciones y la renuncia a ingresar 4,6 millones por las bonificaciones en impuestos y tasas.
RESPONSABILIDAD PROPIA
La ‘filosofía’ de IU es similar: dotar con 15 millones de euros un plan de choque que permita dar a entre 3.000 y 4.000 sevillanos excluidos del mercado laboral la oportunidad de hallar una ocupación, siquiera temporal, en obras menores y de embellecimiento de la ciudad, y así salvarlos de la marginación y el paro estructural.
Las propuestas de PSOE e IU centran el tiro en la responsabilidad del Ayuntamiento y de Zoido, que prometió ser “el alcalde del empleo”, en vez de lanzar balones hacia la Junta y el Gobierno. La respuesta del PP a este planteamiento ha sido la de que se trata de empleos efímeros que no solucionan el problema de fondo y que de dónde va a sacar el Ayuntamiento los 15 millones de euros que pide la oposición.
Los empleos así creados serían efímeros, obviamente -y nadie se llama a engaño al respecto-, pero al menos paliarían la situación de varios miles de familias sevillanas en riesgo de exclusión social, mientras que los 46.000 hipotéticos que promete el PP a años vista son de momento pura entelequia. Y en cuanto al dinero necesario para abordar el plan de choque, los populares incurren en una flagrante contradicción, ya que si el Consistorio no puede obtener 15 millones de euros, ¿cómo promete que librará 70 millones si la Junta y el Gobierno se pliegan a sus exigencias?
EXCEDENTES FINANCIEROS
El gobierno local dice no saber de dónde sacar 15 millones de euros, pero mantiene 20 millones de excedente de tesorería a plazo fijo y alardea de que el Ministerio de Hacienda ha estimado en 83 millones de euros el superávit obtenido por el Ayuntamiento en 2012 tras la aplicación del plan de ajuste, lo cual le permitiría pedir nuevos créditos por hasta un máximo de 30 millones de euros.
También en víspera del Día de Andalucía una señera empresa sevillana como Merkamueble presentó concurso de acreedores. Su presidente, Francisco León, explicó las razones con una frase que resume la situación en Sevilla: “Si no hay ahora ni para las necesidades primarias, ¿cómo va a haber para comprar muebles?”.
Noventa mil sevillanos en paro en la capital no tienen ni para las necesidades básicas, pero el Ayuntamiento, en vez de tratar al menos de paliar esta situación con medidas de urgencia propias, remite a lo que pudieran hacer en un futuro incierto otras Administraciones con el Metro, la Ciudad de la Justicia, el dragado del Guadalquivir…..
La respuesta de Zoido a los parados de Sevilla son castillos en el aire: ni pan para hoy ni para mañana.
El traslado de la producción al Reino Unido fue propiciado además por las centrales sindicales escocesas, que lejos del internacionalismo y la solidaridad proletarios, se comprometieron ante los dueños americanos a trabajar gratis casi una hora más a la semana, no convocar huelgas y hasta que no hubiera aportación alguna al fondo de pensiones durante los dos primeros años de actividad. Pese a las acusaciones cruzadas entre los Gobiernos de Francia y del Reino Unido (el primero llegó a acusar al segundo de “bandido” por “robarle” la empresa) y a la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea, al final las aspiradoras pasaron de llevar el sello de ‘made in France’ al de ‘made in United Kingdom’. Ni siquiera Mitterrand pudo evitarlo.
La situación que se vivió entonces en Alcalá y en Sevilla fue similar a la de ahora con el cierre de la fábrica de Roca, si bien en este caso la multinacional catalana no reconoce beneficios como en 1994 Gillette, sino pérdidas en el conjunto de España por valor de 30 millones de euros.
Gillette acabó yéndose de Alcalá de Guadaíra tras alcanzar un acuerdo de extinción de contratos con sus trabajadores, y la campaña de boicot lanzada desde las Administraciones Públicas para que se dejaran de comprar sus productos en España se reveló inútil. Si cuando cerró la fábrica sevillana tenía una cuota del 75% del mercado nacional de cuchillas de afeitar, trece años después aquélla había crecido hasta el 81% (cinco puntos más que en todo el mundo), más el 71% del mercado de las maquinillas, y logró una facturación de 265 millones de euros.
Si por cada cierre empresarial, por las razones que hayan sido, los sevillanos hubieran tenido que responder con un boicot, entonces llevaríamos años sin comprar colchones Flex, sin consumir yogures de Yoplait, sin desayunar donuts y toda la gama de bollería de Panrico, sin utilizar los productos de Uralita, sin instalar en fábricas y viviendas los contadores eléctricos de Landis, sin comprar en los estancos las labores tabaqueras de Altadis, sin instalar cualquier producto en madera de Polanco, sin adquirir a partir de ahora aceite envasado por Cargill, etcétera, etcétera.
Los informes Nielsen y de Inlac (‘El sector lácteo como paradigma del problema del valor en la cadena agroalimentaria’) reflejan lo que está ocurriendo con los lácteos y sus derivados (yogures) en España, atrapados por la doble pinza de la caída del consumo debido a la gravísima crisis socioeconómica (6 millones de parados) y el auge de las marcas blancas, más baratas aunque no aporten el valor añadido de la innovación. Dicho de otro modo, se consume menos y de lo que se consume cada vez la cuota de las marcas blancas o de los distribuidores es mayor. Danone, como empresa líder cuya política consiste en defender su marca y no fabricar para terceros, pierde cuota de mercado en nuestro país y a su juicio le ‘sobra’ una de sus fábricas en España, por lo que ha optado por sacrificar la de Sevilla. ¿Debe ser la respuesta el boicot a sus yogures para que pierda aún más cuota de mercado y cierre alguna más? ¿U ofrecerle incentivos desde la Junta -una subvención encubierta- para que no cierre la planta sevillana cuando el conjunto de la compañía ha obtenido en todo el mundo un beneficio de 1.672 millones de euros?
Como ha escrito en estas mismas páginas Manuel Alejandro Hidalgo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla no imperativamente debe perder en el juego de las deslocalizaciones, porque igual que existen empresas que se van, otras vienen o expanden su actividad local. “¿Cómo podemos -se ha preguntado- incentivar la localización de empresas en el entorno productivo sevillano? La respuesta -afirmaba- es muy sencilla a la par que complicada: generando ventajas comparativas…. sin el reclamo de bajos salarios, sino de elevadas garantías de un saber hacer cada vez más exigente”. Y es que una empresa que quiera irse acabará yéndose, por más boicots que se le decreten.
Preciosa la historia de la periodista Giovanna Chirri, de la agencia italiana Ansa, que el lunes 11 de febrero dio la primicia mundial de la dimisión del Papa. Se encontraba, como en tantas otras ocasiones y junto a otros colegas, cubriendo dentro de la aburrida información sobre el Vaticano la reunión del Sumo Pontífice con la Curia -que para colmo se desarrollaba en latín, como en la época preconciliar- cuando de pronto dio un respingo en la silla al escuchar que Benedicto XVI estaba anunciando su renuncia como sucesor de Pedro. Entre todos los periodistas allí presentes fue la única que se enteró del mensaje papal porque, como estudiante de Lenguas Clásicas en sus años en el instituto, sólo ella sabía o comprendía latín.
José Ignacio Wert, que por ende es polígloto y habla por lo menos siete idiomas, ha ido aún más lejos al declarar recientemente que los universitarios no deberían estudiar conforme a su vocación sino en función de la ‘empleabilidad’ de las carreras, con lo cual nos enfrenta al concepto mismo de la educación. ¿Es la universidad el alma mater del saber o una mera agencia de colocación? Otra herejía.
Durante meses, el gobierno local se ha negado a negociar cambio alguno en las condiciones de los empleados del Ayuntamiento con el argumento del ‘imperativo legal’. Según la interpretación del Consistorio presidido por Zoido y administrado con mano de hierro por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, las normas dictadas por el Ejecutivo de Rajoy para recortar el déficit público -tasa de reposición cero a la hora de cubrir las bajas producidas en la plantilla; supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios- y las condiciones impuestas por el Plan de Ajuste para el pago de la deuda acumulada a los proveedores impedían cualquier concesión ante las demandas de los colectivos municipales.
Esta reducción de personal no es privativa de los limpiadores de los colegios, sino también del Cuerpo de Bomberos, con las agravantes de la especial naturaleza de su labor en situaciones críticas que por causa de un incendio ponen en peligro la vida y el patrimonio de las personas y que a estas alturas sigue pendiente de resolver otra fuente de malestar en los especialistas en la extinción del fuego: la reclasificación de la plantilla.
En resumen, como sostenían los sindicatos, todos los servicios municipales, por una causa o por otra, estaban en pie de guerra contra Zoido, y sobre todo tras a entrada del año 2013 las manifestaciones y actos de protesta se han sucedido cada vez con más frecuencia y virulencia, con el efecto añadido de los once días de la huelga del servicio de recogida de basuras de Lipasam.
Ha quedado así de manifiesto que la conflictividad laboral durante todos estos meses, expresada en concentraciones en la Plaza Nueva y en manifestaciones por distintas zonas de la ciudad, no se debía en el fondo al manido ‘imperativo legal’, sino a una falta de voluntad política por parte del Ayuntamiento para cerrar acuerdos, ya que en cuanto el alcalde dio orden a Asunción Fley de que pactara una solución con los sindicatos, se acabaron los problemas y se alcanzó la tregua en vísperas del Vía Crucis de la Fe y de la maratón del 24 de febrero.
Sí debe imputarse a la huelga el coste del daño de imagen sufrido por Sevilla en esos once días, un coste que en ningún conflicto en los servicios públicos – se pueden enumerar varios ya en Lipasam, Tussam, taxistas, bomberos y policías a lo largo de la Democracia- jamás valora el Ayuntamiento.
La Avenida es el mayor exponente del peor urbanismo con la falsa coartada de la peatonalización: un desbarajuste en el que entre el tranvía, el doble carril bici formado por tachuelas cada vez más desmochadas y peligrosas, los expositores de fotos a modo de gigantescas fichas de dominó intercaladas entre los naranjos deformes de La Algaba trasplantados a tierra hostil y los veladores hasta acotados con pequeñas mamparas sintéticas, los peatones carecen de espacio propio para moverse si no es sorteando esta carrera de obstáculos y a riesgo de ser atropellados por el pseudo Metro al Centro, los ciclistas o los patinadores. Este es el paradigma de que, al contrario de la falsa proclama de Monteseirín, Sevilla se ha convertido en la ciudad de cualquier cosa menos de las personas.
Pues ha ocurrido justamente al revés. El Ayuntamiento se sentó a negociar con los huelguistas el mismo día o al siguiente de la mayor quema de contenedores registrada durante la huelga, que se produjo el 4 de febrero, con 64 destruidos por el fuego, pese a que la estrategia del Consistorio durante la primera semana fue la de establecer una vinculación directa entre los actos vandálicos y los huelguistas de Lipasam, sin aportar prueba alguna al respecto. Un gobierno presidido por un juez hacía tabla rasa con la presunción de inocencia y se amparaba en el ‘vandalismo bajo sospecha’, como en su día Monteseirín con el urbanismo. A estas alturas, todavía el Ayuntamiento no ha podido mostrar a ningún miembro de Lipasam sorprendido quemando mobiliario urbano, independientemente de que en todo conflicto siempre hay elementos incontrolados.
De tanto hablar interesadamente de contenedores quemados para así tener un pretexto ante la opinión pública para justificar la inhibición municipal pudo crearse el caldo de cultivo idóneo para que los vándalos habituales se sintieran impelidos a multiplicar sus ataques al mobiliario urbano, ya que desde el Ayuntamiento se estaba desviando la atención hacia los huelguistas de Lipasam.
La huelga estalla porque el Ayuntamiento pretende que la mayor parte de ese ahorro se produzca acabando con las 1.250 contrataciones de los 466 eventuales inscritos en la Bolsa de trabajo de la compañía, gran parte de ellos vinculados a UGT, para lo cual era condición ‘sine qua non’ que la plantilla, en vez de prolongar la jornada laboral hasta completar las 37,5 horas/semana, trabajara durante Semana Santa, Feria y Navidad, una pretensión rechazada por el comité.
1) Porque los huelguistas, no contentos con las concesiones municipales, acabaron de dinamitar su ya deteriorada imagen ante los sevillanos al rechazar el “interesante acuerdo que satisface nuestras reivindicaciones” -en palabras del presidente del comité de empresa- en la primera y vociferante asamblea en que a mano alzada acordaron seguir la huelga “hasta el final”. En ese mismo momento se difuminó la posible imagen de intransigencia de Zoido por haberse negado a negociar durante ocho días y quienes quedaron retratados como intransigentes e insolidarios fueron los trabajadores de Lipasam, los cuales querían doblegar al alcalde y al Ayuntamiento pese a gozar de un convenio colectivo privilegiado -hasta una paga de 1.400 euros por no faltar al trabajo- y de empleo asegurado en una ciudad con 90.000 parados, con miles de familias sometidas a recortes de salarios y/o despidos y con los funcionarios municipales afectados por el Plan de Ajuste y hasta sin paga extra de Navidad. Y para colmo tenían la ciudad atestada con 7.000 toneladas de basura en las calles.
Efectivamente, dos meses antes de las elecciones municipales de 2011, aquéllos acamparon en la Plaza Nueva porque querían un contrato fijo en una empresa municipal en quiebra que trataba de ahorrar gastos por todos los medios, como ahora Lipasam, y Zoido no se alineó precisamente con Monteseirín, sino con los acampados, a pesar de que esas posteriores contrataciones en cuanto llegó al Poder supusieron un incremento de 6 millones en gastos de personal en Tussam, cuyo número de pasajeros ha vuelto a bajar en 2012 pese a las nuevas líneas puestas en servicio para tratar de justificar los contratos a los acampados.
A diferencia con Zoido en aquel entonces, PSOE e IU salen erosionados de la huelga de Lipasam porque los acampados de Tussam no alteraron la vida cotidiana de los sevillanos ni provocaron la suspensión del transporte público en la ciudad, mientras que Espadas y Torrijos cometieron el error de hacerse la foto con los huelguistas de Lipasam y tras sus pancartas, en vez de haberse limitado a recibirlos en el interior del Ayuntamiento en privado para ofrecer su mediación en el conflicto. No aparecieron como neutrales, sino como alineados con una parte de ese conflicto. Así, los sevillanos percibieron que estaban con quienes además de fastidiarles en su vida ordinaria dejando miles de toneladas de basura en las calles se negaban a aceptar cualquier tipo de sacrificio por la crisis, como si ésta no fuera con ellos.
Mellet, pues, lanza la pelota no hacia arriba, sino hacia abajo cuando menciona a sus subordinados por pasarle las facturas a la firma, como si entre sus funciones como director-gerente no hubiera estado la supervisión de los papeles que llegaban hasta su mesa y no debiera haberle llamado la atención la acumulación de facturas de un mismo proveedor en tan corto espacio de tiempo (algunas se sucedían mes tras mes) y por unas magnitudes desproporcionadas. Y es que con esos 112.064 kilos de pintura se habrían rellenado 5.603 latas de 20 kilos o 4.482 latas de 25 kilos, los formatos profesionales más habituales. ¿Cómo es que Mellet ni nadie recuerda haber visto un solo recipiente de una carga digna de un tráiler?
prueba de confianza en el nuevo medio de transporte, el compromiso de puntualidad de Renfe, aún vigente. Si, salvo por causa de fuerza mayor, se producía un retraso superior a cinco minutos en el viaje entre Sevilla y Madrid, la compañía devolvía el importe íntegro del billete. A medida que el AVE se ha ido extendiendo, el compromiso de puntualidad se ha ido renovando, aunque sin la fiabilidad otorgada a la línea inicial. En las nuevas líneas la demora ha de ser superior a los 30 minutos para obtener la devolución completa del coste del viaje, y de más de 15 minutos para que la devolución sea del 50%. El compromiso no rige para el AVE Barcelona-Sevilla, no sé por qué. ¿Será por el denominado hecho diferencial catalán?
El sistema no es tan revolucionario como lo pintan. De hecho, sin ninguna alharaca previa, los usuarios ya podíamos consultar desde hacía años los tiempos de espera del autobús conectando con la página web de Tussam, algo ‘chupado’ para los ‘smartphones’, o bien mediante un SMS, llamando a un número específico o por los paneles informativos en las paradas donde existan.
La empleada sevillana que ha visto frustrado el amparo solicitado al Alto Tribunal prestaba servicios como teleoperadora especialista para la compañía Global Sales Solutions Line desde finales del año 2001. En la empresa existía un ordenador de uso indistinto por todos los trabajadores y sin clave para poder acceder a la denominada unidad ‘C’. Sin autorización ni conocimiento previo de la compañía, que lo tenía expresamente prohibido, la teleoperadora y una compañera de trabajo instalaron el programa ‘Trillian’ de mensajería instantánea.
Según reza el fallo del TC, entre ellas mantuvieron diversas conversaciones en las que se vertían comentarios críticos, despectivos o insultantes en relación con compañeros de trabajo, superiores y clientes. Las conversaciones fueron descubiertas, por casualidad, por otro empleado que intentó utilizar la unidad ‘C’ del ordenador y que dio cuenta de las mismas a la Dirección a finales del año 2004.