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Mira quién baila

El alcalde envió con su firma el 7 de julio una carta-tipo a los sevillanos que han cumplido 65 años a lo largo del presente 2014 y en la que aprovecha la ocasión para, tomando como percha la clausura del programa municipal ‘Mayores de Sevilla, mucho que participar’, les invita a una Gran Gala de Música y Baile en la Plaza de España el día 25 de septiembre, “al son de numerosas actuaciones musicales”. Zoido se despide esperando contar ese día con la presencia de los destinatarios de la misiva, “para disfrutar de este reconocimiento público que la Ciudad de Sevilla le ofrece desde su más sincero agradecimiento”.

En relación con la ‘Gran Gala del Baile’ anunciada por el alcalde y/o el programa ‘Mayores de Sevilla, mucho que participar’, el Area de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, que dirige Beltrán Pérez, convoca aparentemente tres concursos a lo largo del verano, según se refleja en el Perfil del Contratante al menos hasta el 10 de septiembre:

1) Para la organización de un baile de mayores en la Plaza de España, por valor de 20.000 euros, con fecha 8 de agosto de 2014.

2) Para la organización, gestión y dinamización de un baile de mayores en la Plaza de España, por valor de 21.000 euros, con fecha 5 de septiembre.

3) Para el suministro de 10.000 lupas con funda para las actividades del programa de mayores que organiza el Area de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, con fecha 8 de septiembre y por valor de 3.388 euros.

LA LICITACIÓN

Tras oírse las primeras críticas a esta iniciativa, el concejal responsable del Area, Beltrán Pérez, ha declarado que se está dando una información “absolutamente inexacta, pues hay una licitación por importe de 20.000 euros para la contratación de varios artistas y de un presentador de primer nivel”.

Según el edil, hay que aprender a consultar correctamente el Perfil del Contratante, ya que se trata de la misma licitación que no puede sumarse por tanto dos veces, al haberse retirado una “en el mes de julio por errores en el expediente”.

Cabe exigirle al concejal que sea él quien aprenda a usar correctamente el Perfil del Contratante, ya que en el mismo han convivido como plenamente vigentes en la pestaña de Licitaciones hasta el 10 de septiembre las tres citadas y  ha inducido así a la confusión, ya que quien haya visto durante algo más de un mes los tres concursos como plenamente vigentes jamás podría haberse imaginado que uno de ellos había sido anulado.

Y no lo fue en el mes de julio, como afirma Beltrán Pérez, ya que el primer pliego se dio a conocer el 8 de agosto; el segundo, el 5 de septiembre, y el tercero, el 8 de septiembre, luego difícilmente pudo retirarse alguno antes de haberse convocado siquiera.

RENUNCIA

El 8 de agosto, casi un mes después de que Zoido enviara su carta a quienes cumplen o han cumplido 65 años a lo largo de 2014, el Area de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos convoca un concurso para la organización de un baile de mayores en el que se requiere un presentador de reconocido prestigio, tres grupos musicales que amenicen el baile, la colocación de al menos 600 sillas y una larga serie de medios técnicos de sonido y demás.

Verosímilmente, dadas las características del mes de agosto en Sevilla y del riesgo de que la convocatoria no alcance el eco deseado, el concejal se percata de las limitaciones de los términos en que se ha redactado el contrato y, según hemos comprobado luego a raíz de sus palabras, con fecha 14 de agosto renuncia “al procedimiento de adjudicación del servicio de organización de un baile de mayores a realizar en la Plaza de España” y acuerda elaborar un nuevo pliego de prescripciones técnicas en el que se excluyan las prestaciones comprendidas en el contrato tramitado anteriormente (medios técnicos de sonido y demás) y se incluyan nuevas.

Así se inicia un nuevo procedimiento de licitación con nuevo pliego de prescripciones técnicas, reajustando el importe de licitación a las nuevas prestaciones y procediendo a su publicación en el Perfil del Contratante, con fecha 5 de septiembre.

ERRORES

Por tanto, ni se retira en julio ni se hace por corrección de errores, como puede comprobarse tanto en el nuevo expediente, donde no se dice nada al respecto, como en la práctica administrativa habitual cuando se detecta un fallo. Así, por ejemplo, en el BOE del pasado 10 de julio, se publica una corrección de errores observados en el Real Decreto sobre Medidas Urgentes para la Competitividad. Se subsanan citando el Real Decreto, los fallos detectados en el mismo y cómo quedan los textos una vez rectificados.

Nada de ésto se produce en el contrato que se licita el 5 de septiembre, que ve la luz en el Perfil del Contratante como si se tratara de uno distinto, incluso con diferente número de expediente, al convocado el 8 de agosto. Y como éste no se retira del Perfil del Contratante, Participación Ciudadana comete el error de mantener como vigentes dos convocatorias aparentemente distintas sobre el mismo tema del baile de la Plaza de España, con números, fechas y hasta cantidades también diferentes, induciendo a la confusión. Sólo después del 10 de septiembre, cuando sale a la luz el tema, es retirado el primer contrato, el de los 20.000 euros, para dejar como únicamente válido el de los 21.000, al contrario de lo dicho también por Beltrán Pérez.

EDAD EQUIVOCADA

En el pliego del 5 de septiembre hay tantos cambios que difícilmente puede hablarse de una mera corrección de errores, a la que nunca se alude. El título ya pasa a ser  además de “gestión y dinamización” del baile, se piden seis grupos musicales en vez de tres, la captación de mayores mediante la difusión del evento entre los colectivos que tengan relación con ellos (la denominada población ‘diana’) y actividades de dinamización, como un reconocimiento a las mejores parejas de baile, en línea con el concurso televisivo ‘Mira quién baila’.

Curiosamente, no se corrige el auténtico error existente: decir que el baile está destinado a los mayores que cumplen 85 años a lo largo de 2014, cuando el alcalde había enviado su carta a los de 65 años. ¿Están los mayores de 85 años en disposición de aguantar un baile de tres horas en la Plaza de España?

Beltrán Pérez también ha afirmado que “el Ayuntamiento está perfectamente facultado para informar a los ciudadanos de cuantas actividades realice” y que “el proceso de envío de las cartas ha estado perfectamente supervisado por los funcionarios”.

SIN NOTA OFICIAL

Se puede estar de acuerdo con su primera aseveración si no fuera porque en este caso no se trata de una información de tipo genérico que haya sido divulgada en nota de prensa por el Ayuntamiento, pese a que la iniciativa empieza a tomar cuerpo el 10 de julio y a la fecha sólo faltan diez días para la celebración del baile – un silencio hartamente llamativo-,  sino de una carta personal del alcalde dirigida sólo a quienes cumplen 65 años en 2014.

Y ¿cómo sabe el alcalde quiénes son los sevillanos que cumplen 65 años exactamente y puede así enviarles una invitación personal, como si les hablara en exclusiva a todos y cada uno de ellos? ¡Qué gran detalle! ¿Ha utilizado acaso la información contenida en el Padrón Municipal de Habitantes o en cualquier otra base de datos, arriesgándose así a una intervención de la Agencia de Protección de Datos? ¿Está en condiciones Beltrán Pérez de decir qué  funcionarios han supervisado y dado el visto bueno al envío de estas cartas personalizadas y comprobando de dónde han salido las direcciones y las fechas de nacimiento de los destinatarios?

DESTINO DEL DINERO

Durante estos tres años los sevillanos no han dejado de recibir desde el Ayuntamiento el mensaje de la necesidad de todo tipo de recortes en los servicios públicos debido a la falta de dinero por la crisis. Así, por ejemplo, no había dinero para ayudar a las cabalgatas de los barrios o para abrir las bibliotecas públicas por las tardes. Y, sin embargo, a tan sólo ocho meses de las elecciones municipales sí hay fondos (que sean 44.000 ó 23.000 es, en el fondo, lo de menos) para organizar un baile claramente populista en la Plaza de España como “reconocimiento público” a quienes cumplan 65 años.

¿ Y qué? ¿Cuál es el mérito en un país en el que la esperanza de vida según el INE es de 82 años? ¿Por qué no gastar dinero también en reconocer a los que cumplen 60 años, 50, 70, 83 e incluso 18 años por alcanzar la mayoría de edad? ¿Cuáles son las prioridades para el uso de los fondos públicos?

Curiosamente, nunca antes en los tres años del mandato el gobierno municipal se acordó de esta manera de los mayores, salvo ahora, con las elecciones en lontananza. Las intenciones se traslucen demasiado.

La iniciativa, por otra parte, parece más propia de épocas pretéritas y de núcleos menores de población que de una gran ciudad como Sevilla, capital de Andalucía y que aspiró a serlo del Sur de Europa.

 

Sin ofertas para el Paseo del Arte, una casa en la calle Zaragoza y garajes en San Luis

El Ayuntamiento se ha encontrado en tan sólo unos días con que no hay ninguna empresa o particular interesados en explotar el Costurero de la Reina, ejecutar el proyecto del Paseo del Arte en la ribera del Guadalquivir, pujar por un inmueble municipal en la calle Zaragoza ni adquirir un número indeterminado de aparcamientos y trasteros que puso a la venta en la calle San Luis. Todos los concursos convocados a tal efecto tendrán que ser declarados formalmente desiertos por falta de compradores, gestores o constructores.

Los brotes verdes que parecen advertirse en el sector inmobiliario merced a una incipiente recuperación económica no se han detectado aún para el patrimonio del Ayuntamiento, que se ve obligado a declarar desiertos nuevos concursos, por falta de licitadores.

En concreto, en los últimos días ha constatado la falta de ofertas para explotar uno de los edificios más característico de la ciudad, el Costurero de la Reina, pese a que ha ido rebajando la cantidad solicitada por gestionarlo o ampliando las posibilidades en las tres convocatorias realizadas.

De los 46.000 euros del primer concurso se ha pasado a 25.000 (una rebaja del 45% en números redondos) y con la posibilidad de habilitar una cafetería en la planta baja, pero ni aun así ha despertado el interés de ninguna empresa. Como el gobierno municipal, con buen criterio, no quiere pervertir el uso del edificio con tal de colocarlo en el mercado deberá estudiar otras opciones.

También, a falta del mero trámite administrativo, declarará desierta la licitación del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Paseo del Arte a orillas del Guadalquivir, técnicamente denominado ‘Complejo urbano al servicio del Paseo Juan carlos I’, con “aparcamiento público, centro de exposiciones y zona de ocio” en la antigua Fuente de la Memoria, por falta de proposiciones válidas.

El contrato salió a licitación el pasado mes de julio, tanto en el BOE como en el Diario Oficial de la Unión Europea, dada su cuantía de 8.623.247,35 euros como importe neto. El propósito del Ayuntamiento es proceder a un segundo concurso en otras condiciones, presumiblemente con una rebaja económica o ampliando sus posibilidades de uso. El tema está sobre la mesa del gerente de Urbanismo.

INMUEBLES Y GARAJES

Asimismo, el Consistorio declarará desierto, por falta de licitadores, el procedimiento abierto para la constitución de un derecho de superficie sobre una casa de su propiedad sita en el Nº 24 de la calle Zaragoza y la opción de compra del suelo.

Por otra parte, el gobierno municipal ha logrado vender varias plazas de aparcamiento y cuartos trasteros del garaje sito bajo rasante del Nº 29 de la calle San Luis, pero no todas las que puso a la venta con destino a los residentes en el Casco Antiguo, ante la ausencia de solicitantes para las mismas. Queda abierta la posibilidad de futuras operaciones de compraventa de las plazas aún libres dentro del mismo procedimiento.

Finalmente, se mantiene la medida cautelar de suspensión de la escritura pública de constitución del derecho de superficie -y opción de compra del suelo- otorgado a la empresa Las Tinajeras sobre el inmueble municipal situado en los Nº 5 y 6 de la Plaza de la Encarnación.

La paralización se ha debido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se ha declarado la nulidad de determinadas disposiciones del Plan Especial de Protección de la Encarnación.

El Ayuntamiento gastará más de 40.000 euros en un baile para mayores en la Plaza de España

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, está enviando a lo largo del verano cartas de felicitación con su firma (alguna está fechada el día 14 de julio) a sevillanos que han cumplido 65 años de edad durante el año en curso.

En la misiva, les invita a una Gran Gala de Música y Baile en la Plaza de España el próximo 25 de septiembre (jueves) con motivo de la clausura del primer programa ‘Mayores de Sevilla, mucho que participar’, con objeto de que el escenario creado por el arquitecto Aníbal González para la Exposición de 1919 “se inunde del entusiasmo y la vitalidad de nuestros vecinos mayores de 65 años, al son de numerosas actuaciones musicales”.

En línea con esta iniciativa, el Area de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos ha sacado a concurso durante el mes de agosto y septiembre tres contratos. El primero, por valor de 20.000 euros (IVA incluido), para la organización del baile, en el que se especifica que durará desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche dentro de un par de semanas.

La Delegación que dirige Beltrán Pérez requiere un presentador de reconocido prestigio; tres grupos musicales que animen el baile en las distintas modalidades; transporte, montaje y desmontaje de 600 sillas; alquiler de equipo de sonido; ocho monitores de escenario; cuatro de campo cercano y otra larga serie de medios técnicos.

CAPTACIÓN DE PARTICIPANTES

El segundo contrato, con fecha 5 de septiembre, se saca a concurso por un valor de 21.000 euros, con IVA, y requiere de nuevo un presentador de reconocido prestigio, aunque se incrementa hasta seis el número de grupos, bandas o solistas musicales. La variante es que también se exige la captación de personas mayores de Sevilla para su participación en el baile de mayores, “difundiendo esta actividad entre aquellas entidades y colectivos que tengan relación con la población Diana”, más actividades de dinamización, incluyendo un acto de reconocimiento a las mejores parejas de baile.

El tercer contrato se ha sacado a concurso con fecha 8 de septiembre y aunque no se hace referencia al baile en la Plaza de España, su objeto es vinculable al fin que se viene declarando de otorgar un reconocimiento a la Tercera Edad, ya que se requiere el suministro de 10.000 lupas con funda con impresión del lema del programa de mayores denominado ‘Mucho que participar’ y logo del Area de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, “destinadas -puede leerse- a las diversas actividades socioculturales promovidas por la mencionada Area”.

Las lupas, a un coste de 3.388 euros, deberán ser suministradas para el 22 de septiembre y tendrán una dimensión de 9,5 cms. de anchura x 6,1 cms. de altura. En total, pues, en la organización del baile en la Plaza de España el Ayuntamiento gastará 41.000 euros, a lo que hay que sumar los 3.388 de las lupas, por lo que la clausura de este primer programa de mayores supondrá un coste añadido de 44.388 euros.

Según distintos textos de estos tres concursos, el Area de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos sostiene que la celebración de estas actividades fomenta la participación de los ciudadanos, además de ofrecerles una alternativa de ocio.

También se trata de “celebrar un reconocimiento público a la contribución social y a la experiencia de los mayores que cumplen los 85 años (en realidad quiere decirse los 65) a lo largo de 2014 y que estén empadronados en la ciudad”.

Tropiezo con los mismos árboles

Reza el adagio que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tras la tala masiva de plataneros en la calle Almirante Lobo con el declarado fin de que se vea mejor la torre del Oro desde la Puerta de Jerez habrá que acuñar una variante y expresar que el político es el único animal que tropieza dos veces con el mismo árbol y que la sensación es aún peor cuando el tropiezo se produce en especie “ajena”, como le ha ocurrido a Zoido.

Y es que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Zoido ha demostrado no haber aprendido, pese a haber estado en primera fila, del impopular error de Monteseirín de haber talado gran parte de la arboleda existente (plataneros, naranjos, falsas acacias…) desde la calle San Fernando a la Plaza Nueva para la construcción del tranvía y una peatonalización que sólo ha servido para llenar de más veladores la Avenida y crear un galimatías de usos entre mesas, sillas, paneles expositores, carril bici y vías del tranvía que no dejan apenas sitio al transeúnte.

 

El gobierno de Zoido no ha sabido calibrar la indignación popular que iba a provocar la tabla rasa de la treintena de plataneros, la mitad datados de la Expo del 29, de la calle Almirante Lobo y, como gato panza arriba, trata de defenderse esgrimiendo cada día un argumento distinto y derivando la responsabilidad política a los informes de los técnicos, como si sobre éstos no pesara la dependencia de la clase política a la que sirven.

En el catálogo de excusas municipales se ha leído que los árboles eran insalvables porque estaban podridos, llenos de oquedades y/o atacados por diversas enfermedades; que estaban dispuestos de manera caótica en la calle; que podrían derrumbarse sobre los operarios que trabajarían en la reurbanización; que las raíces se habían enroscado sobre las tuberías….

 

Hace más de un año, cuando el alcalde y su delegado de Urbanismo presentaron el proyecto de reurbanización (¿no había otras calles que necesitaran más el gasto cercano a los 900.000 euros?) de Almirante Lobo sólo dieron dos razones para acabar con los árboles: que estaban muy deteriorados y que ocultaban la visión de la torre del Oro.

A raíz de aquel anuncio acudí a la calle para inspeccionar los árboles uno por uno y a contrastar mis apreciaciones con expertos botánicos que sabían y saben más que yo. Mi conclusión, avalada por éstos, es que casi la mitad de la treintena de plataneros eran relativamente nuevos (entre 10 y 20 años) y estaban sanos y que el estado de la otra mitad era similar al del 80% de los plataneros de Sevilla pero salvables con un tratamiento adecuado, que podría alargar su vida durante medio siglo más.

Ahora, un año después y ya sobre el terreno y con los árboles cortados, esa misma impresión obtuvo Ecologistas en Acción cuando al verificar el argumento municipal de “oquedades y pudriciones en ramas principales” comprobó lo siguiente: “De los 27 árboles (más dos palmeras) incluidos en el ámbito de la reurbanización, sólo nueve muestran evidencias externas de ese tipo de lesiones. Muchos de los árboles más viejos (7 de 11) sí que se ven más o menos dañados y dos de los jóvenes también (aunque no sabemos si tanto como para justificar su tala), pero han metido en el mismo “saco de la tala” árboles que no manifiestan ningún daño, ni se les puede presumir dada su juventud y lozanía; hay seis que no superan ni los 25 cms. de diámetro….”

 

Tras talar los naranjos más exteriores de la Plaza Nueva y una hilera de plataneros para el tranvía, Monteseirín echó pestes en el transcurso de una comida contra este tipo de árboles, a modo de justificación de su actuación y usando el mismo argumentario de uno de esos informes redactados en Parques y Jardines durante su mandato, en el sentido de que no es una especie adecuada para Sevilla por ser proclive a la pudrición de su tronco y/o ramas, las alergias que provoca la lluvia de sus semillas al desperdigarse y los atoramientos de los husillos por la alfombra de sus hojas al desprenderse y el tiempo que tardan en descomponerse.

Pues bien, en el colmo de las contradicciones, su proyecto de reurbanización de la Puerta de Jerez concluyó con la siembra de dos hileras de plataneros en su extremo sur. Item más, posteriormente el gobierno de Monteseirín llenó de este tipo de árboles la avenida de Italia en vez de recurrir a los autóctonos almeces ya existentes en la colindante avenida de Grecia pese a lo que preconizaba el informe citado de Parques y Jardines.

Que, según opiniones, el platanero no sea el árbol más adecuado para Sevilla no debe significar, como ha hecho el Ayuntamiento en Almirante Lobo, que haya que hacer tabla rasa de los mismos de la noche a la mañana y sin intentar con tratamientos selvícolas salvar los salvables, que en algunos casos como en la calle de la polémica son casi centenarios. La tala debe ser la última medida, cuando se demuestre inevitable, pero no sistemática, como ha sido el caso que ha provocado la indignación ciudadana y sin repararse en que los argumentos dados para tratar de justificarla se volvían contra éste y anteriores gobiernos municipales por su deficiente gestión del patrimonio vegetal. ¿Quién si no el Consistorio es el encargado de que los árboles no se dispongan de forma supuestamente caótica y se cuiden en tiempo y forma para evitarles oquedades y pudriciones en tronco y ramas principales?

 

En su defensa, el delegado Vílchez afirma que gracias al macrocontrato de 48 millones de euros con empresas privadas para la conservación de zonas verdes se han realizado más podas en unos meses que hacía el gobierno de Monteseirín en un año. No se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, un principio que ningún Ayuntamiento ha sabido comprender, hasta el punto de que en la Transición hubo que traer a un experto extranjero para que diera clases de poda a los jardineros municipales tras las protestas ciudadanas por las mutilaciones más que podas que practicaban a los árboles.

Como detalle revelador, Jacinto Martínez Gálvez, presidente de la Asociación Amigos de los Jardines de la Oliva, tuvo que disuadir a una cuadrilla al servicio del Ayuntamiento que trataba de hacer una poda masiva en pleno verano -la época menos adecuada- en su barrio, una más de tantas como han denunciado los ecologistas en los últimos años. Por tanto, no se trata de ni dejar de podar, porque hay situaciones en que las ramas constituyen un serio peligro (recuérdense los desprendimientos sobre la tapia del Alcázar desde los Jardines de Murillo o sobre el restaurante de La Raza), ni de batir records de poda, sino de podar lo justo y necesario. Pero, ¿quién controla el número y la oportunidad de las podas que practican las empresas privadas contratadas por el Ayuntamiento?

 

La polémica ha puesto de manifiesto el desmantelamiento que desde hace años (no viene de ahora) sufre el Servicio de Parques y Jardines (Comisiones Obreras cifra la merma de plantilla en un 40%) y su minusvaloración dentro del organigrama municipal, al ser convertido en un mero apéndice de Urbanismo, que está en sus antípodas, con lo que siempre primarán las obras proyectadas en ese Departamento sobre las zonas verdes.

Zoido, que tampoco ha creado el Central Park sevillano que prometió en su precampaña uniendo los jardines históricos, debería extraer conclusiones del ‘arboricidio’ de Almirante Lobo y tomar nota de lo que ha hecho Ana Botella en Madrid tras el desplome de árboles y/o ramas en la capital de España: crear un comité de expertos de prestigio e independientes (no de la misma cuerda política) para que al margen de partidismos dictaminara sobre el auténtico estado de los parques y jardines y diera las pautas a seguir.

En Sevilla, con tres universidades incluyendo la UIA, hay expertos que hasta han identificado los árboles que menos agua consumen o más oxígeno liberan, pero ese conocimiento botánico luego no se aplica en la ciudad. Habría que nombrar un Defensor de los Arboles como ya existe el de los Ciudadanos. Esperemos al menos que la de Almirante Lobo sea la última tala masiva en Sevilla y que no haya ningún alcalde más que tropiece con los mismos árboles… por tercera vez.

El Consultivo atiende a medias las demandas urbanísticas municipales

Aprueba cuatro modificaciones del PGOU y rechaza otras cuatro

Niega la recalificación del mercado de San Jerónimo, una zona verde en el Valle y dos parcelas en el Centro

Avala los cambios para los cines y teatros del Centro, el cuartel de la Calzada y parcelas en Su Eminencia y San Pablo

La Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía ha dado una de cal y otra de arena al Ayuntamiento al dictaminar favorablemente cuatro modificaciones del PGOU solicitadas por el alcalde hace un año y negativamente otras cuatro, después de que fueran reducidas a ocho las doce cuestiones inicialmente planteadas y de que el Consistorio no remitiera hasta el mes de junio la documentación suplementaria exigida.

El denominador común de la solicitud de Zoido en nombre del Ayuntamiento era un cambio de calificación de espacios libres, dotaciones o equipamientos, que en algunos casos afectaban a zonas verdes. Inicialmente, el Consistorio presentó su solicitud como una mera corrección, por haberse detectado por los servicios técnicos municipales “un cierto número de imprecisiones, ambigüedades, rigideces o falta de adecuación a la realidad existente”.

El Consejo Consultivo le recordó que, según el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento debe ser establecida por la misma clase de instrumento, por lo que no se trataba de meras correcciones al PGOU, y por tanto debía tramitar cada solicitud como una modificación al mismo.

Las ocho modificaciones finalmente solicitadas por el Ayuntamiento han sido las siguientes:

 

1) Mercado de abastos de San Jerónimo: Desde el año 1971, la planta baja se dedica a uso comercial y las cuatro superiores a vivienda. El Ayuntamiento pretendía la recalificación de la parcela a uso residencial abierta, con la planta baja para utilización dotacional compatible. Rechazada por el Consultivo por entender que no se adoptaban medidas compensatorias.

2) Jardines del Valle/Traseras calle Sol: El Ayuntamiento pretendía recalificar una estrecha franja de 125 m2 (calificada como zona verde, adyacente a la muralla islámica de los Jardines del Valle y accesible exclusivamente desde la trasera de una vivienda) en uso residencial centro histórico. Rechazada porque la recalificación para uso lucrativo no se compensa en otro lugar.

3) Parcela dotacional en Su Eminencia: El PGOU de 1987 calificaba como zona verde una parcela de 1.103 m2 que el Ayuntamiento quiere recalificar a dotación pública de equipamiento. De hecho, hace seis años ya se dio licencia para un centro de atención a discapacitados. Como no supone incremento de lucratividad urbanística (sic), el Consultivo lo autoriza.

4) Parcela residencial en C/ Patricio Sáenz Nº 13: Calificada como suelo dotacional genérico, el Consistorio pretendía recalificarla para uso residencial centro histórico, con tres plantas de altura y pensando en construir VPO. El Consultivo lo rechaza por la falta de medidas compensatorias y porque aunque se destinara a VPO no quedarían exentas de cumplir la ley.

5) Parcela dotacional en Polígono de San Pablo (Avda. Pedro Romero): El Consultivo autoriza que se regularice una ampliación en dirección Norte sobre un suelo de equipamiento público.

6) Antiguo Cuartel de la Calzada (Plaza del Sacrificio): Se necesita ampliar las instalaciones de un centro de afectados concertado con la Junta y que gestiona la asociación Auxilia,  recalificando para ello el espacio libre para equipamiento público. Se ocuparía así toda la manzana. Autorizado porque no se incrementa el aprovechamiento lucrativo.

7) C/ Arrayán-Divina Pastora: Hay unos terrenos expropiados en 1983 para un centro educativo que nunca se hizo, por lo que el TSJA sentenció la reversión a sus antiguos propietarios. El Ayuntamiento pretendía devolverle la calificación que tenían hace 30 años como residencial (centro histórico). El Consultivo no lo autoriza, con la tesis de que en su día el justiprecio de la expropiación ya debió considerar su valor como residencial que tenía entonces y porque el PGOU vigente, atendiendo las necesidades de la ciudad, los sigue calificando como docentes. Para el Consultivo, devolver los suelos a sus antiguos propietarios no implica la obligación añadida de tener que recalificarlos.

8) Cines y teatros del Centro: Cambio de calificación de los cines y teatros del Centro histórico de equipamiento público (SIPS) a residencial (Centro Histórico) en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. El Consultivo la avala pero aclara que no se trata de una modificación del PGOU, sino de una previa anulación del mismo por sentencia judicial en estos casos concretos.

Sin consenso ni sobre el ruido

La reina Fabiola, una aristócrata española que accedió al trono del país centroeuropeo tras su matrimonio con el rey Balduino, acudió en cierta ocasión de visita a una residencia de la Tercera Edad que el Gobierno de su país adoptivo había habilitado para albergar a personas sin recursos, entre ellas muchos emigrantes que durante la posguerra contribuyeron con su trabajo a la reconstrucción de la nación.

La reina fue visitando las estancias donde los jubilados mataban el tiempo de distintas y tranquilas maneras, pero al salir de una de ellas se le oyó exclamar:

-¡Estos ruidosos españoles!

Fabiola de Mora y Aragón llevaba ya tantos años en Bélgica -ha sido reina consorte durante más de tres decenios- que su oído, habituado a la plácida forma de vida de los belgas, ya no soporta el elevado tono de voz y los decibelios emitidos por sus compatriotas de origen cuando se divierten.

REGULAR LA VIDA

La anécdota revela una de las características por las que se nos identifica a los españoles y más aún a los meridionales como los sevillanos y andaluces: ruidosos a fuer de alegres por festejar una vida en gran parte desarrollada en el exterior gracias a un clima donde el frío y la nieve son la excepción en vez de la norma, como en la Europa central y nórdica.

Por éso no es de extrañar que el afán del Ayuntamiento por regular la emisión de ruido mediante una Ordenanza ‘contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones’ se haya convertido en el más polémico del trienio del mandato de Zoido, ya que en el fondo equivale a un intento de regular la vida cotidiana de los sevillanos.

La Ordenanza, finalmente aprobada en el último Pleno con únicamente los votos favorables de la mayoría del PP, sin consenso político y con una fuerte contestación de colectivos ciudadanos y de sectores económicos -unos, por defecto; otros, por exceso- ha provocado la presentación de una cifra inusual de alegaciones, nada menos que mil, que ocupan siete tomos.

Se han registrado alegaciones (42) hasta de los técnicos de la propia Delegación de Medio Ambiente, encargada junto con la Policía Local de velar por su cumplimiento, sin contar las presentadas por la patronal CES, los hosteleros, cofradías, sindicatos, comunidades de propietarios, asociaciones en defensa del derecho al descanso….

El gobierno municipal ha redactado unos 400 folios en contestación a los escritos presentados y admitido 400 de las 1.000 alegaciones. Como dice en el preámbulo del texto, ha intentado conciliar “esos intereses a veces contradictorios”, pero por la división generada ese intento de solución salomónica no ha contentado ni a tirios ni a troyanos, que es lo que suele ocurrir con las soluciones a medias.

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

Estas Ordenanzas llegan a regular, a veces hasta el exceso, las actividades ordinarias incluso de la vida doméstica y económica, pero en contraste son permisivas con las actividades extraordinarias, a las que no se impone límite de ruido: Semana Santa, Feria, ‘velás’, romería del Rocío, fiestas navideñas, Cabalgata de Reyes…. El texto es, pues, maximalista y minimalista e incurre en contradicciones por alternar el exceso con el defecto de celo.

A título de ejemplo, incluye una prohibición que habría hecho feliz a la reina Fabiola de Bélgica: la de jugar al dominó, los dados y cualquier otro, digamos, deporte de mesa cuya práctica genere ruido. La prohibición se antoja maximalista, ya que en todo caso se podría haber actuado de forma conjunta con las federaciones de jugadores existentes para educar a éstos a depositar las fichas del dominó sobre la mesa en vez de golpearla y/o haber impuesto la obligación de disputar las partidas sobre tapetes amortiguadores del ruido, como se ha dispuesto para las patas de las sillas metálicas de los bares a fin de que no causen contaminación acústica cuando se las arrastre.

Al Ayuntamiento, sin embargo, no se la ha ocurrido prohibir las sillas de bares y terrazas porque forman parte de una actividad económica muy rentable para sus arcas (los más de 10.000 veladores que ha autorizado le generan unos ingresos de entre 2,5 y 3 millones de euros/año en tasas); ni tampoco el fútbol pese al griterío ensordecedor de las hinchadas del Sevilla F.C. y el Betis cuando animan a sus equipos y/o cantan sus goles, a pesar de que emiten muchos más decibelios -y se dejan oír en buena parte de la ciudad- que una simple partida de dominó en una peña de jubilados.

Esta antítesis maximalismo/minimalismo en función de los intereses que haya por medio es uno de los rasgos que más se reprochan al gobierno municipal, el cual también parece ignorar que en toda España hay un millón de jugadores de dominó, muchos más que de fútbol, por lo que esta prohibición aparentemente insignificante puede acabar provocándole un quebradero de cabeza electoral.

BUENAS INTENCIONES

Si se lee detenidamente la Ordenanza, plagada de buenas intenciones, es difícil no suscribir muchos de sus puntos, encaminados a acabar con o mitigar el ruido al que nos hemos condenado a acostumbrarnos, a nuestro pesar, por nuestra falta de civismo pero que sería evitable con un poco de educación y sin necesidad de las medidas coercitivas contempladas en el texto: coches-discoteca, barriles de cerveza arrastrados por el suelo en vez de ser transportados en carretillas de mano, vendedores ambulantes pregonando su mercancía o sus servicios con megafonía a toda pastilla, perros sin bozal dejados solos ladrando en los balcones, macro pantallas de televisión en el exterior de los bares amplificando el volumen del partido de fútbol estrella de la jornada liguera, el choque de las bombonas para avisar de que ha llegado el camión del butano….

Ahora bien, frente a esta regulación de los focos emisores de ruido en la vida ordinaria del común de los sevillanos, el Ayuntamiento se muestra mucho más laxo, con la típica y tópica coartada de la creación de puestos de trabajo, cuando hay intereses económicos de por medio. Así, el gobierno municipal autoriza (artículo 12) la apertura de locales con música siempre que se radiquen en un edificio con parcela catastral distinta del colindante de uso de vivienda, existan sistemas estructurales distintos en ambas parcelas y no se ubiquen en Zona Acústica Saturada. A juicio de la Plataforma por el Derecho al Descanso y de Juristas contra el Ruido, este artículo puede suponer un coladero que acabe provocando numerosos conflictos, por cuanto permitirá que se instalen al lado de bloques habitados desde academias de baile a cualquier otro negocio emisor de música.

A OJO

Otro punto de gran controversia es el que faculta a la Policía Municipal a imponer sanciones por contaminación acústica cuando a juicio de los agentes se perciban unos niveles inaceptables de ruido. ¿Y cuáles son esos niveles y cómo se miden? No hay obligación de medir de forma objetiva con un sonómetro y comprobar si el volumen de decibelios se atiene a la normativa. Todo queda al arbitrio del policía de turno y del grado de sensibilidad de su oído, que puede ser hipersensible o lo contrario. Salvando las distancias, es como si Tráfico impusiera las sanciones por exceso de velocidad a los conductores no ateniéndose a lo que marque un radar, sino a la estimación a ojo de los agentes.

El texto, pues, era perfectible y el Ayuntamiento podría haber hecho un mayor esfuerzo en su mejora y en el  logro de un mayor grado de consenso, un equilibrio entre el razonable interés en fomentar la actividad económica y el legítimo derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente, reconocido por la Constitución.

El problema de fondo de este tipo de bienintencionadas Ordenanzas es la voluntad política y la disposición de medios para aplicarlas. Al tiempo de la aprobación de esta última se conocía la querella presentada por un ciudadano ante la Fiscalía contra una terraza que usaba hasta los árboles del Parque para colgar altavoces, sin que las denuncias presentadas previamente ante el Ayuntamiento hubieran surtido efecto alguno. Y son infinidad las quejas aparecidas en la prensa y/o elevadas al Defensor del Pueblo por la pasividad municipal a la hora de atender las quejas por contaminación acústica, al margen de que por los recortes no hay personal suficiente en turno de noche para calibrar denuncia alguna.

El propio alcalde ha declarado tras la aprobación de la Ordenanza que van a seguir trabajando para lograr “el máximo consenso posible”. ¿No habría sido más lógico haber actuado al revés: lograr primero el consenso para después aprobar la Ordenanza? Una vez aprobado el texto ya no tiene sentido hablar de consenso, cuando en realidad se ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta.

La agilidad como coartada

Todos los alcaldes comienzan y acaban igual. La única diferencia consiste en el tiempo que tardan en hacerlo, en completar el tránsito de la transparencia y la participación prometidas al inicio de sus mandatos a la opacidad y la restricción posteriores. Todos prometen corregir la prácticas viciadas de sus predecesores e integrar a los vencidos en las urnas, su más o menos leal oposición, pero acaban marginándola a fin de no someterse a su, para ellos, inoportuno, control, pese a que en Democracia el rol de la oposición es justamente ése y esencial: fiscalizar al gobierno para que no se extralimite y se atenga siempre a la observancia de los preceptos legales.

Si se revisaran los discursos de Monteseirín tras sus investiduras (tres veces) como alcalde, formalmente parecerían impecables, tanto que hasta podrían haber sido suscritos por Zoido. Todo eran bonitas palabras, mano tendida a la oposición, gobernar para todos los sevillanos y no sólo para quienes habían votado a la lista de su partido que él encabezaba, transparencia en los asuntos públicos, democracia participativa, etcétera, etcétera.

Pocos dirían, a la luz de aquellas palabras y sin conocer la trayectoria posterior del alcalde con más escándalos en su etapa de gobierno y mayor agujero en las cuentas públicas y en las empresas municipales, que esas promesas se convertirían en humo a las pocas semanas o meses de recoger el bastón de mando. Así, una de las decisiones de Monteseirín como alcalde fue excluir a la oposición del PP, liderada entonces por Zoido, de los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento, como Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa…

EL DISCURSO HACE AGUAS

Para marcar diferencias con el gobierno de coalición PSOE-IU, Zoido anunció tras su investidura como alcalde que daría representación a los partidos de la oposición en las compañías y entes del Ayuntamiento pese a su mayoría absolutísima (20 concejales). El discurso de la transparencia y la participación anunciadas por el nuevo alcalde se resumió en su famoso lema “luces y taquígrafos”.

Sin embargo, a tan sólo diez meses de las próximas elecciones municipales, el discurso del alcalde ha empezado a hacer aguas de forma significativa según evidencian las actuaciones de su gobierno, pese a que éste, con 20 concejales, no debería aparentemente mostrar signos de debilidad o inseguridad. Pero le empiezan a molestar las voces críticas o no alineadas y obra en consecuencia al procurar evitarlas o que, al menos, no se oigan.

Así, ninguna asociación vecinal que no fuera afín a los planteamientos del Ayuntamiento o hubiera adoptado previamente alguna posición crítica fue invitada por el gobierno local a la inauguración oficial del parque del Guadaíra pese a que, paradójicamente, Zoido dio las gracias en su discurso a los colectivos que con sus aportaciones y sugerencias habían contribuido al diseño final de una obra que es unánimemente considerada esencial para la vertebración de la zona Sur de la ciudad y la integración del Polígono Sur, al discurrir entre este barrio marginado y Heliópolis.

VÍA RÁPIDA

Como se recordará, con la excusa de la crisis, el proyecto inicial del parque, con el que se pretendía reinstaurar un curso de agua por el antiguo cauce hasta la dársena del Guadalquivir con lagunas, molinos y pasos elevados sobre la avenida de Holanda, mutó hasta convertirse en el intento de construir una vía rápida de circulación para enlazar la carretera de Su Eminencia con la prolongación de la avenida de La Raza, una mera vía rápida flanqueada por árboles a uno y otro lados.

La fuerte oposición vecinal en Heliópolis, Pedro Salvador, Pineda y otras barriadas obligó a aparcar un proyecto que todavía pende como una espada de Damocles sobre el parque, cuya espina dorsal no deja de ser una plataforma de menor anchura pero reconvertible en cualquier momento en carretera. A la hora de la verdad, los colectivos que impidieron que el parque del Guadaíra fuera una vía rápida con árboles en sus cunetas no salieron en la foto de la inauguración porque fueron excluidos del acto oficial.

URBANISMO

La semana pasada, el gobierno municipal avanzó en su estrategia de aislar a los discrepantes, en este caso su oposición PSOE-IU, en la Gerencia de Urbanismo, el departamento que históricamente ha sido el más poderoso y brazo ejecutor de las políticas del Ayuntamiento de Sevilla pero que a Zoido no deja de producirle dolores de cabeza por la descoordinación existente en su cúpula.

Las dos últimas pruebas las hemos tenido en los dos intentos frustrados de la Gerencia de acelerar la aprobación del convenio urbanístico/modificación subsiguiente del PGOU con Altadis y Puerto Triana para la recalificación de los suelos de la multinacional tabaquera y la construcción de un puente al servicio de la torre Pelli, que han sido tumbados por sendos informes del secretario municipal debido a su improcedencia legal y amplificados por la oposición gracias a su presencia en el Consejo de la Gerencia, que le permite el acceso a los expedientes y controlar más o menos en tiempo real la labor de Urbanismo.

Para evitar esa fiscalización ‘en simultáneo’ y quedar en evidencia ante la opinión pública por la difusión de los dictámenes negativos de los Servicios Municipales, el gobierno de Zoido ha decidido un vaciamiento de las competencias del Consejo de Gobierno de la Gerencia y el traspaso de la mayor parte de las mismas a la Comisión Ejecutiva, donde ya no están representados los partidos de la oposición, sino sólo los ediles de la mayoría gobernante.

VACIAMIENTO

A partir de ahora, el Consejo de Gerencia sólo conocerá los asuntos relacionados con los presupuestos, las ordenanzas fiscales y las modificaciones del PGOU. Pasan a la Comisión Ejecutiva los temas relativos a vivienda, licencias de ocupación del dominio público, adjudicaciones de obras, expropiaciones, inscripciones de solares, recursos judiciales, quioscos, gastos de hasta 200.000 euros y ayudas y subvenciones.

Formalmente, Zoido no ha expulsado a la oposición del Consejo de un organismo autónomo del Ayuntamiento cual es la Gerencia, pero al reducir sus competencias al mínimo el resultado es prácticamente como si lo hubiera hecho y redunda en detrimento de las ‘luces y taquígrafos’ prometidas por el alcalde.

La oposición ha calculado que si en el mes de junio hubiera estado ya vigente esta modificación, el orden del día del Consejo de la Gerencia hubiera pasado de 90 asuntos a 10, porque 80 habrían sido tratados sólo por el Comité Ejecutivo. El dato significa una reducción ¡del 89%! de los asuntos a tratar.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha tratado de justificar la medida con la manida tesis de la agilización de los procedimientos y para una mayor eficacia en la gestión, el mismo argumento que en la Junta de Andalucía ha acabado por configurar toda una Administración paralela para sustraerla al control de los órganos de supervisión, con resultados que están en la mente de todos.

Asimismo, Vílchez afirma que la oposición tendrá acceso a cualquier documentación que quiera ver, independientemente del órgano en que se apruebe, pero no es lo mismo, obviamente, acceder a los documentos casi en pie de igualdad y poder reaccionar sobre la marcha que ‘a posteriori’ e incluso permitiéndole tomar sólo notas a mano durante un tiempo limitado.

CRUZ ROJA

Y, en esta línea, la delegada del distrito Macarena, Evelia Rincón, ha declarado que asociaciones como A Contramano y Ecologistas en Acción, cuyo objeto social es la defensa de la bicicleta como medio de transporte y el medio ambiente, respectivamente, no han sido invitadas por el Ayuntamiento a la mesa de trabajo para la remodelación de la avenida de la Cruz Roja “porque -dijo- no van a opinar sobre las canalizaciones de Emasesa ni sobre la limpieza de Lipasam”.

Pero la reordenación de la avenida es mucho más ambiciosa que cambiar unas canalizaciones o unos contenedores de basura de sitio, ya que el Ayuntamiento ha anunciado también la creación de plazas de aparcamientos para coches pese al carril-bici existente y la reposición del arbolado, lo cual significa que previamente se eliminarán los árboles que hay ahora. Son dos cuestiones altamente sensibles y que se sustraen a la opinión de estos dos colectivos ciudadanos pese a tanta promesa de fomentar la participación.

Como en el caso de la Gerencia de Urbanismo, el gobierno municipal no quiere tener presentes incómodos testigos que puedan cuestionar su actuación.

Minigasolineras en Nuevo Torneo, Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla

Urbanismo saca a concurso las dos primeras por un

canon anual de 12.500 euros durante 15 años

El proceso no se somete a información pública ni

estudio previo de impacto

La Gerencia de Urbanismo aprovecha la falta de un Plan Especial de Estaciones de Servicio en la ciudad para aprobar la implantación de cuatro puntos de abastecimiento de combustible o minigasolineras en Nuevo Tornoe (dos), Ronda del Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla, sin realización de estudios previos de impacto ni proceso de exposición pública.

El PGOU vigente, que se aprobó en el año 2006, preveía la elaboración por el Ayuntamiento de un Plan Especial de Estaciones de Servicio para la regulación detallada de las condiciones de implantación del uso pormenorizado de las mismas y de los puntos de suministro de carburante y productos petrolíferos.

Sin embargo, en los ocho años trasncurridos desde entonces Urbanismo no ha cumplido ese mandato, lo cual le permite ahora aprovechar ese vacío para invocar las normas generales, las cuales permiten autorizar gasolineras en solares exprofeso o bien temporalmente, mediante concesión administrativa, en espacios públicos anexos al sistema viario, por un plazo máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.

Esta última fórmula ha sido la elegida por la Gerencia de Urbanismo para la implantación de minigasolineras (máximo de dos surtidores) en los siguientes emplazamientos:

1) Nuevo Torneo. Cruce de las avenidas Astronomía y Espingarda.

2) Calle Economía. Plaza Carlos Franco Pineda (Polígono de la Carretera Amarilla).

3) Nuevo Torneo. Cruce de la Avenida Ronda Tamarguillo con Avenida de San Jerónimo.

4) Ronda del Tamarguillo, entre la avenida de Andalucía y la calle Antonio de la Peña López.

La Gerencia ya ha decidido convocar licitación pública para el otorgamiento de una concesión administrativa sobre los dos primeros, sin proceso de exposición pública ni estudios previos de impacto.

En el caso de Nuevo Torneo, el suelo elegido mide unos 200 m2, se le reconoce una edificabilidad de 12 m2 y se le da un valor de 68.177,44 euros. Se saca a concesión por un periodo de 15 años y a cambio del pago al Ayuntamiento de un canon fijo mínimo anual de 12.800 euros, impuestos aparte.

En cuanto al emplazamiento de la calle Economía, tiene una superficie de 400 m2, un valor de 136.354,88 euros y una edificabilidad y condiciones similares al anterior (15 años y el abono de un canon anual mínimo de 12.800 euros).

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Este nuevo proyecto de la Gerencia de sacar a concurso terrenos calificados como espacios libres para la instalación de minigasolineras o pequeños surtidores automáticos de gasolina sin personal suscitó el rechazo de la oposición durante el debate en el Consejo de este organismo municipal, que acusó a Urbanismo de guiarse por criterios puramente económicos, cuando según el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, “la rentabilidad económica no puede ser el único criterio para la autorización de gasolineras. Son negocios -aseveró- que necesitan un estudio especial por seguridad, por los vecinos y por las actividades que se desarrollen en el entorno”.

A juicio de Muñoz, lo que tiene que hacer el gobierno municipal es aprobar el Plan Especial de Estaciones de Servicio, analizar dónde se pueden instalar y a partir de ahí iniciar los procedimientos para las concesiones y no “buscar la excepción para poder poner gasolineras al

margen de los estudios y procedimientos previos, además con concesiones por un periodo de 15 años”.

“Hay que analizar además -añadió- si el formato más conveniente  para la ciudad son los surtidores automáticos y sin personal. Y, sobre todo, hay que dar la máxima publicidad y transparencia a este tipo de procedimientos para que un negocio o un bloque de vecinos no se enteren de la instalación de una gasolinera cuando empiecen las obras”.

Complicarse la vida (con la zona azul)

El gobierno municipal presidido por Juan Ignacio Zoido se ha empeñado en complicarse la vida a tan sólo diez meses de las elecciones municipales tocándole el bolsillo a cada vez mayor número de sevillanos y por ello, siguiendo la tradición por estas fechas de las Administraciones Públicas, ha aprovechado el verano para aprobar, sin comunicarlo a la opinión pública hasta que no lo destapó la oposición, la ampliación de la ampliación de la zona azul a once calles más de tres sectores distintos (Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia). Son un total de 144 plazas que se unen a las más de 7.000 que ya provocaron rebeliones vecinales en Bami y Nervión, fundamentalmente.

La nueva ampliación fue acordada mediante una resolución firmada el pasado 30 de junio por el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y comunicada a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que se celebró el 4 de julio. En ninguna de las dos fechas se difundió ninguna información al respecto a la opinión pública, pese a tratarse de un asunto de indudable interés ciudadano, dado que se trata de once calles que en algunos casos son muy transitadas y en las que se registra una intensa circulación de vehículos: Eduardo Dato, San Alonso Orozco, José de la Cámara, Trovador, Padre Luque, Ciudad de Ronda, Diego de Riaño, Avenida Carlos V, Doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta, Plaza Aviador Ruiz de Alda y Doctor José María Bedoya.

Curiosamente, el gobierno local sí se esforzó en la víspera de la celebración de aquella Junta de Gobierno, incluso con una rueda de prensa del alcalde y del delegado de Urbanismo, de anunciar la aprobación al día siguiente del inicio de los trámites para recalificar la zona portuaria donde pretende instalarse el proyecto Sevilla Park, aunque sin ofrecer tampoco el dato sustancial de que se trata de un macrocomplejo comercial de 65.000 m2 y procurando que toda la atención se concentrara en un Auditorio para eventos musicales y deportivos que no es más que la guinda del pastel.

EXPLICACIONES ‘A POSTERIORI’

Sólo después de que el martes, cuatro días después de celebrada la Junta de Gobierno, el portavoz socialista, Juan Espadas, informara en rueda de prensa de que habían sido incluidas once calles más en la lista de las declaradas con estacionamiento regulado en superficie sin que hubiera mediado difusión pública por parte del gobierno municipal, el delegado de Movilidad se vio obligado a dar estas explicaciones:

1) No ha habido oscurantismo: “El oscurantismo -afirmó- no existe hoy en día. Pertenece a épocas pasadas en las que el PSOE gobernaba con IU en el Ayuntamiento. Entonces sí que había muchas cosas oscuras”.

2) Se ha aprobado esta medida porque lo han pedido los vecinos. En este sentido puso de ejemplo las 90 plazas creadas entre San Alonso Orozco y Plaza Aviador Ruiz de Alda por petición expresa de los presidentes de comunidades de propietarios, que, según dijo, se dirigieron al Distrito para beneficiarse del abono de residentes.

3) La medida, además, la permite el pliego de condiciones, que en estimación del delegado de Movilidad faculta a corregir al alza o a la baja un 10% del total de las plazas existentes.

PUBLICIDAD PREVIA

Veamos, pues, qué dice realmente el pliego de condiciones del concurso para la zona azul. Así, el artículo 14 especifica: “El adjudicatario (o sea, la empresa municipal en segunda instancia Aussa) deberá efectuar una campaña de publicidad con un mes de antelación como mínimo a la instauración de los nuevos sectores, a la puesta en marcha de los nuevos expendedores, así como a cualquier modificación de las zonas reguladas mediante edición de folletos informativos y anuncios en medios y soportes de forma que quede garantizada su amplia difusión”.

Así pues, cualquier modificación obliga a realizar una campaña publicitaria previa con un mes de antelación, pero en este caso no se ha realizado campaña alguna, pese a lo cual el delegado niega que se haya producido oscurantismo.

En cuanto a la corrección del 10% al alza o a la baja en el número de plazas de aparcamiento en la zona azul, curiosamente tanto el delegado como la oposición hacen una interpretación similar de ese margen de maniobra, que está tratado en el pliego en tres artículos distintos, con este tenor:

-El adjudicatario ( o sea, Aussa) no tendrá derecho a ninguna reclamación por desequilibrio económico por errores en el número de plazas computadas, tanto al alza como a la baja, hasta el 10% del número total consignado.

-(…) el concesionario no tendrá derecho a contraprestación y no se considerará que produce desequilibrio económico hasta un 10% de reducción de plazas respecto al número de plazas de la licitación.

-El concesionario deberá admitir una modificación del número total de horas de los 10 años del contrato del 10%, sin que ello sea causa de desequilibrio económico.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Se observa que estos tres puntos se refieren esencialmente a que la empresa concesionaria del servicio no podrá alegar desequilibrio económico para ser indemnizada en caso de que las plazas se reduzcan, por cualquier causa en un 10% Y parece difícil que reclame por que  le aumenten el número de plazas en ese porcentaje si con ello se van a incrementar sus posibilidades de facturación en forma equivalente.

El delegado toma el rábano por las hojas cuando se habla de errores al alza o a la baja, pero, atención, de errores (se presupone que involuntarios) en el cómputo de plazas, no como consecuencia de una decisión política de ampliación, como ha sido este caso. Estos puntos, además, van en el sentido de una reducción en las plazas de la zona azul, no en el contrario de una ampliación.

Juan Bueno sí podría haber invocado no esos puntos, sino el artículo 3.3, que faculta al Ayuntamiento a ampliar o reducir el servicio, pero por causas justificadas o de interés público, lo que le habría obligado a razonarlas, algo que tampoco ha hecho.

Su resolución incluye otra medida sorprendente en unos tiempos de crisis y de recortes en que las arcas públicas necesitan captar ingresos y en que la Hacienda municipal por cobrar, cobra hasta la tasa de basuras a los locales vacíos: los residentes pueden obtener el distintivo con derecho a bono de zona azul aunque no estén al corriente de pago del sello del coche. Se trata de un privilegio que la Delegación de Movilidad tampoco ha fundamentado y que va en detrimento de la ejemplaridad fiscal y caza de los morosos que preconiza y practica la Delegación de Hacienda con el resto de los sevillanos.

FIRMAS EN CONTRA

Tras conocerse esta resolución, una plataforma vecinal de Nervión ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento mil firmas en contra de la ampliación de la zona azul a sus calles, una actuación que debería poner en un brete al delegado de Movilidad, ya que si dice que el Ayuntamiento ha ampliado la zona azul a petición de presidentes de comunidades de propietarios, ¿qué debe hacer cuando hay mil vecinos que le piden lo contrario, que no la amplíe? ¿Valen má las peticiones de los que están a favor con tal de obtener un bono de aparcamiento de residente y aunque no paguen el sello del coche que quienes están en contra y sí pagan sus impuestos al Ayuntamiento?

La resolución del delegado de ampliar la zona azul se ha producido sin esperar al Defensor del Pueblo andaluz, cuya mediación y/o intervención habían pedido hace varias semanas los vecinos y trabajadores de Bami y Nervión afectados por la regulación del aparcamiento en superficie, y pese a que el alcalde se había mostrado conciliador y dispuesto a que se entablara un diálogo con los opositores a la ampliación de la zona azul.

Esta actitud dialogante no se compadece con una política previa y posterior de hechos consumados, en que no sólo no se congela la nueva zona azul, sino que se amplía a los pocos días aprovechando el éxodo ciudadano a las playas por el verano.  

 

Un triple Nervión Plaza

Sevilla Park tendrá el mayor complejo comercial de Andalucía, con 65.000 m2, y el vigésimo de España

Los promotores plantean la construcción de torres de hasta 40 metros de altura a orillas de la dársena

 

El jueves 3 de julio, Zoido, acompañado de su delegado de Urbanismo -Maximiliano Vílchez-, trató de acaparar protagonismo en relación con el proyecto de macrocentro comercial ‘Sevilla Park’, al que con su entusiasmo habitual llegó a calificar de “proyecto de Estado”. A tal efecto había convocado una rueda de prensa en el Ayuntamiento, cuyo inicio demoró durante media hora porque, según se dijo, estaba realizando las últimas llamadas a las Administraciones implicadas.

El alcalde anunció que la Junta de Gobierno prevista para el día siguiente iba a tramitar por vía de urgencia la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial del puerto para permitir su implantación, que se complementaría con un auditorio para eventos musicales y deportivos y una terminal para el atraque de cruceros turísticos.

Zoido agradeció a la Junta de Andalucía, el Gobierno y, especialmente, a la Autoridad Portuaria su colaboración para sacar adelante el proyecto y, sobre todo, a la iniciativa privada su apuesta por elegir Sevilla. Según dijo el alcalde, supondrá una inversión de unos 200 millones de euros y creará más de 2.500 empleos. En su momento, los promotores hablaron de 180 millones de euros de inversión y 2.000 empleos, de los que 1.000 serían únicamente durante la fase de construcción.

INICIATIVA DEL PUERTO

¿Gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria por su colaboración o más bien al revés? Porque éste no es un proyecto digamos propio del Ayuntamiento, al margen de que lo sean todos los que se ejecuten en la ciudad, sino de aquélla y del Estado, del que depende el puerto, como prueba el hecho de que fue el antiguo presidente de dicho organismo, Manuel Fernández, quien el pasado 15 de enero remitió a Vílchez un extenso documento de 230 páginas sobre la modificación puntual del Plan Especial del puerto e implantación del nuevo artículo XXXIV. Area AP-18. Deportivo-Ocio-Cultural y Gran Superficie Minorista.

Pero según algunas interpretaciones en materia urbanística, dado el régimen especial del puerto de Sevilla y la redacción del PGOU de la ciudad (2006), la Autoridad Portuaria tendría autonomía urbanística para redactar una innovación del Plan Especial, de competencia estatal, y al Ayuntamiento únicamente le correspondería validarla, sin necesidad del proceso iniciado por Manuel Fernández, mucho más lento y que ha equivalido a no ejercer su especial status portuario.

Dicho de otro modo, es como si no hubiera diferencia alguna entre Altadis y el puerto a la hora de tramitar sus respectivas modificaciones urbanísticas, cuando en el caso de este último la vía más corta era la mera modificación del articulado del Plan Especial. Al margen de todo ello, si algo está claro es que quien inicia los trámites para la instalación de Sevilla Park en la ciudad no es Zoido, como incluso ha lllegado a titularse, sino Manuel Fernández, en su momento presidente de la Autoridad Portuaria.

TREINTA AÑOS PRORROGABLES

Y es que ésta, necesitada de ingresos alternativos al margen de su actividad ordinaria, es quien recibirá en sus arcas los jugosos canon de ocupación y de explotación del suelo del que es propietaria en la margen derecha del río por su cesión a Sevilla Park por un plazo de 30 años prorrogables a 35, mientras que el Ayuntamiento cobrará por las licencias de obra que expida y, luego, por los tributos de carácter local.

Pese a las prisas para que el proyecto empiece a construirse después del verano y antes de las elecciones y sea una realidad en 2015 (¿alguien puede creerse que 80.000 m2 de edificabilidad pueden rematarse en sólo 12 ó 15 meses?), no ha habido tanta alfombra roja como podría pensarse extendida a los pies de los inversores, cuatro empresas ligadas al sector del ocio y de los espectáculos: Octagon, Live Nation, RIM y Last Tour.

Estas han tenido que redactar siete informes específicos en respuesta a los requerimientos técnicos de la Gerencia de Urbanismo desde que en enero la Autoridad Portuaria solicitó la modificación del Plan Especial, requerimientos que han ido dilatando la tramitación hasta que el 4 de julio se aprobó oficialmente el inicio de los trámites para aprobar la modificación del Plan Especial.

DE PUNTILLAS

Llama poderosamente la atención que en su rueda de prensa el alcalde omitiera, más allá de palabras genéricas -al igual que en las filtraciones periodísticas previas- detalles sobre la esencia del proyecto, un macrocomplejo comercial al borde de la dársena, ya que se ha tratado de poner siempre el foco exclusivamente  sobre el Auditorio. El macrocomplejo se despachaba con la expresión “zona de compras” o “zona comercial”. ¿Por qué se oculta esta circunstancia si el proyecto se atiene a la legalidad urbanística y tanto se pondera la magnitud de la inversión y los miles de empleos a crear?

Sevilla Park no será un Auditorio con zona de compras anexa, sino tal como describe la Autoridad Portuaria en el documento presentado en enero a Urbanismo, el mayor complejo comercial de Andalucía (65.000 m2 de superficie) con un Auditorio anexo, que no es lo mismo: “Esta nueva Superficie Comercial, por sus dimensiones y oferta de plazas de aparcamiento es -puede leerse- una de las mayores de España y la mayor de Andalucía, triplicando la S.B.A. (Superficie bruta arrendable) del Centro Comercial Nervión-Plaza, situado también en Sevilla, y superando asimismo el centro Plaza Mayor de Málaga, que hasta la fecha era el mayor de los analizados en Andalucía”.

Efectivamente, será el más grande de la región al superar los 53.107 m2 del centro malagueño y los 22.000 del Nervión Plaza sevillano, y el vigésimo de España, tras el Thader de Murcia (67.000 m2) y por delante del Max Center (59.773 m2) de Baracaldo (Vizcaya).

COMERCIAL MÁS QUE CULTURAL

Dado que la gran superficie comercial minorista ocupa el 81,25% de la edificabilidad solicitada para el proyecto, frente a tan sólo el 18,75% del Auditorio, Sevilla Park es sobre todo un complejo comercial y no cultural como se ha tratado de presentar, por acción u omisión, desde el Ayuntamiento, que en paralelo tramita también la recalificación para usos terciarios (comercios, hoteles, oficinas) de la cercana fábrica de tabacos de Altadis en la misma margen derecha del río.

Cabría, pues, pensar, con Ikea-2 en el horizonte igualmente, que Sevilla puede sufrir aún mayor saturación de centros comerciales y preguntarse si habrá suficiente tarta para todos en la ciudad y su área de influencia, un riesgo que en todo caso deberán correr sus promotores en una economía de libre mercado. Sin embargo, la tesis de que la explotación del macrocomplejo tres veces más grande que el Nervión Plaza es fundamental para asegurar la viabilidad económica del Auditorio demuestra entonces la infundada idea de que Sevilla, con su área de influencia y su turismo, es un mercado de suficiente tamaño como para organizar la actuación de grandes estrellas de la música pop durante todo el año bajo techo.

TORRES DE 40 METROS

Los promotores no sólo piden 65.000 m2 de edificabilidad terciaria más a orillas de la dársena hasta un total de 80.000, sino también que les autoricen a construir torres de 30 metros de altura, y de 40 metros en casos singulares, con lo que habría una prolongación de las torres de 30 metros previstas en Altadis y de los grandes bloques ya existentes en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Se creará un nuevo ‘skyline’ en la margen derecha del Guadalquivir.

Dado que la construcción de la línea 4 del Metro, que pasaría por el entorno, no se adivina factible a medio plazo, la accesibilidad a esta franja de suelo junto a la dársena a través del único punto existente, el puente de las Delicias, se antoja como el gran talón de Aquiles de Sevilla Park.

Los promotores prevén que atraiga a 24 millones de visitantes/año, el 74% de los cuales lo hará en coche privado y generará un tráfico de 6,1 millones de vehículos. Esto significa un promedio de 16.712 vehículos/día que añadir a los 40.384 que ya circulan (cifra más baja debido a la crisis) por la Avenida de Juan Pablo II y a los 15.587 que lo hacen por la carretera de la esclusa.

Va a haber, pues, 6,1 millones de coches más por el embudo del puente de las Delicias, en una situación similar, si no peor, de la temida por Zoido por el efecto de la torre Pelli. El alcalde no deja de reivindicar que la Junta le autorice a construir un puente entre Torneo y la Cartuja para aliviar el tráfico atraído por el rascacielos, mientras que Fomento apuesta por el transporte público y los carriles-bici.

Curiosamente, en el caso de Sevilla Park el alcalde elude hablar de los previsibles problemas de tráfico y subraya que los promotores proyectan extender un carril bici a las inmediaciones. En un caso la bicicleta se critica por insuficiente y en otro se presenta como la solución a los problemas de movilidad.