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Altadis: Esperado a Godot

El Pleno municipal de abril ha aprobado, con los votos en contra de la Oposición, el convenio con Altadis que permitirá la construcción de tres torres de entre 27 y 30 metros de altura en los suelos de la antigua fábrica de tabacos. Su impacto visual ya fue motivo de preocupación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la entrevista que mantuvo en San Telmo con Zoido para que éste le explicara la operación urbanística.

El alcalde declaró a la salida del encuentro que “en principio, los edificios que están por detrás del que se construirá (sic) tienen mayor altura que el que se va a levantar, por lo que el impacto visual no será de importancia”. En esa misma línea se expresó en el Pleno el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, al subrayar que los edificios de la glorieta de las Cigarreras tienen 11 plantas (12 si se cuenta la baja), por lo que a su juicio los 30 metros de la torre de Altadis no tendrán un gran impacto en la zona.

PANTALLA VEGETAL

Si un observador se sitúa en el Paseo de las Delicias frente al edificio principal de Altadis, no percibe ningún impacto visual de los que están detrás del complejo industrial pese a tener éste cuatro plantas y algunos situados en esa zona de la calle Juan Sebastián Elcano ocho y nueve alturas, como dijo Zoido a la salida de San Telmo.

Y ello es así porque las cuatro alturas de Altadis equivalen a la de los inmuebles posteriores con el doble de plantas, como ratifica el informe del Servicio de Planeamiento: “El complejo de la fábrica es un recinto cerrado donde en su interior se disponen una serie de edificaciones, siendo la principal el edificio de tres y cuatro plantas de altura (equivalente en metros a seis o siete plantas) construido en el año 1954…”.

El edificio de 11 plantas (12 con la baja) de la glorieta de las Cigarreras (más los siguientes en dirección Suroeste) al que se refiere Vílchez no está detrás del complejo tabaquero, sino a la izquierda del puente de Los Remedios mirando desde el Paseo de las Delicias y su impacto paisajístico es muy perceptible desde la margen izquierda del Guadalquivir cuando el observador se sitúa en la glorieta de los Marineros Voluntarios y su entorno. Ahora bien, cuando el espectador se coloca enfrente de los actuales talleres de Altadis, esa mole queda muy difuminada por la hilera de enormes eucaliptos, aparentemente incluso de mayor altura que aquélla, que separa la fábrica de la multinacional de los jardines de Manuel Arellano.

La existencia de los grandes eucaliptos, unida al hecho de que a partir de la glorieta de las Cigarreras los inmuebles de la avenida presidente Adolfo Suárez se van separando del río progresivamente en forma de curva y ensanchando el campo visual para dejar sitio al recinto de la Feria, minimizan en gran manera su impacto paisajístico desde el primer tramo del Paseo de las Delicias, amén de que están construidos a entre 50 y 100 metros del cauce del Guadalquivir.

REPARCELACIÓN

Sin embargo, la construcción de las tres torres de 27 a 30 metros en el recinto de Altadis obligará, tal como figura en los planos del proyecto del convenio urbanístico y se encargó de subrayar en su día Juan Espadas, portavoz del PSOE, a ocupar la zona verde colindante con el puente de Los Remedios (Jardines de Manuel Arellano y de Manuel Ferrand), ahora calificada como ST-4 y sobre la que en el futuro se alzará un edificio de 27 metros que se “comerá” el actual espacio ajardinado y, presumiblemente, los enormes eucaliptos que actúan de pantalla vegetal.

Difícilmente se conservarán los grandes árboles que tapan la visión de los edificios traseros si, como se prevé, se construye debajo de las torres un parking subterráneo para dar servicio al complejo terciario, con mayor edificabilidad que el AireSur de Castilleja de la Cuesta.

Zoido ya reconoció tras su encuentro con la presidenta de la Junta que habrá un “replanteo” de los jardines, “los cuales no se pierden, sino que se trasladan al interior”. Efectivamente, tal como muestra el plano, se prevé que tras la reparcelación los actuales jardines, desde los que se puede disfrutar de la visión del río, parte de los jardines de San Telmo, el Paseo de las Delicias, el Parque de María Luisa y pabellones del 29 se trasladen y queden encajonados entre las torres de Altadis y los bloques de la calle Juan Sebastián Elcano, por lo que las plantaciones habrá que empezarlas de cero.

NO HAY VETO

Si tenemos en cuenta que las torres irán mucho más cerca del río, el resultado de la operación será que saltarán a la vista también los actuales edificios de 11-12 plantas de la glorieta de las Cigarreras y se formará así un muro-pantalla de torres de unos 30 metros en la margen derecha del Guadalquivir.

Vílchez ha dicho en o tras el Pleno que en el convenio con Altadis el Ayuntamiento se ha reservado expresamente el derecho de veto sobre el diseño final de los edificios que se ubicarán en la parcela con el fin, precisamente, de evitar que se construyan inmuebles que generen un alto impacto visual. El señor delegado se confunde y nos confunde, porque su aserto no responde a la realidad, tal como se comprueba leyendo el texto del convenio elevado al Pleno. No existe tal derecho de veto. Y aunque existiera, versaría en todo caso sobre el diseño de las torres (una mera cuestión estética), no sobre su altura (27 y 30 metros), ratificada en el convenio y que es lo que provoca el impacto visual.

PÉRDIDA INDUSTRIAL

Si se suma la recalificación de estas 3 ha de suelo en números redondos de Altadis a las de 10 ha del puerto que viene en camino para otro complejo terciario en torno a un Auditorio, Sevilla va a perder 13 ha de suelo industrial para destinarlo a usos hoteleros, comerciales y lúdicos que tanto abundan en la ciudad mientras se deslocaliza la industria (Altadis, Danone, Cargill, Panrico, Flex….) y el paro ha crecido en 15.000 personas en el trienio de Zoido hasta afectar a 92.000 sevillanos.

Por éso, en el Pleno el debate sobre la recalificación de Altadis trascendió al plano del modelo de ciudad que tenemos, queremos o necesitamos y hasta dónde nos llevará el más de lo mismo comercio-hoteles-oficinas y el abandono/deslocalización de la industria. Se constató por las declaraciones de Vílchez que el Ayuntamiento carece de iniciativa para paliar la situación y se muestra como un sujeto pasivo que se limita a dar vía libre a proyectos de terceros sin plantearse qué suponen para la ciudad y al presumible objetivo de lograr una economía diversificada y no dependiente del monocultivo comercial y turístico.

POTESTAD PLANIFICADORA

Así, Vílchez destacó que el gobierno municipal ha logrado que en la antigua fábrica de tabacos no se hagan viviendas, como si la decisión sobre el destino de los suelos y la potestad planificadora no dependieran de él y fuera Altadis la que hubiera hecho esa concesión graciable a la ciudad.

El delegado de Urbanismo también declaró: “No ha venido nadie para un proyecto de servicios terciarios avanzados. ¿Qué quieren que hagamos?”. ¿No ha venido nadie o el Ayuntamiento no ha salido a buscarlo ni tampoco se le ha ocurrido que en esos suelos estratégicamente situados y calificados como de uso industrial singular podrían instalarse servicios avanzados en vez de lo de siempre? ¿Para qué sirve entonces pagar un buen dinero a consultoras como Deloitte con el fin de que, supuestamente, capten proyectos de inversión para Sevilla y vender continua y tópicamente nuestra estratégica posición entre el Norte y el Sur y el Este y el Oeste y nuestra calidad de vida?.

El mínimo debate sobre la recalificación de Altadis y el reconocimiento de que no ha venido nadie con una alternativa a los comercios, veladores y mercados gourmet, no de que nosotros no hemos ido a la caza de proyectos de ese tipo,  es la demostración de que Sevilla, poco activa y demasiado pasiva, siempre está, como en la obra de Beckett,  esperando a Godot.

Semana Santa versus Alameda

El  Consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó en pleno Miércoles Santo modificaciones puntuales del PGOU que permitan construir aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo (fundamentalmente, en la Alameda de Hércules) y recalificar para usos comerciales la Gavidia. La aprobación incluye la documentación complementaria exigida por la Junta de Andalucía tras la remisión de un expediente incompleto a principios de año, pese a que el Ayuntamiento lleva hablando del tema prácticamente desde el inicio del mandato y denunciando el supuesto boicot del Gobierno andaluz, cuando oficialmente no ha planteado hasta ahora la recalificación de la antigua comisaría.

La nueva estrategia del Consistorio consiste en justificar la construcción de aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo con la tesis de que la falta de transporte público impide su vertebración; una vez que se subsane esa deficiencia, los aparcamientos rotatorios dejarían de tener sentido como tales y se ofrecerían a los residentes, con lo cual cabe calificarlos como una medida provisional, una especie de solución intermedia.

PLANES NO EJECUTADOS

La Gerencia de Urbanismo cita en su informe todas las medidas no ejecutadas en la política de transporte prevista anteriormente, tales como:

-El Metro: De las cuatro líneas de que se iba a componer la red de Metro de Sevilla, sólo se ha construido una, la primera, que además únicamente bordea el Centro (estaciones de Puerta de Jerez y del Prado de San Sebastián), pero sin penetrar en su interior.

-Tranvía: Sólo se ha ejecutado al 40%, ya que no se ha realizado la conexión con la estación de Santa Justa ni se ha extendido la red hasta la Plaza de Armas.

-Microbuses: De las líneas proyectadas (Puerta de Jerez-Alameda; Plaza Nueva-Santa Justa; Prado-Macarena; Triana-La Cartuja; La Palmera-Macarena) no se ha puesto en servicio ninguna.

-Intercambiadores metropolitanos de transporte: En el Prado y en Santa Justa, de los que no hay noticias.

-Cintas transportadoras: Entre la Puerta de Jerez y la Plaza Nueva, que tampoco se han puesto en servicio.

VIEJOS PROYECTOS

Urbanismo vuelve a recordar las tres líneas de Metro que faltan y cuyo coste estimado es al menos de 3.750 millones de euros, una quimera en tiempos de crisis y justo cuando el propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, declara que “no es el momento de grandes proyectos, nadie los hace”.

En cuanto a la ampliación del tranvía, el PP fue siempre escéptico sobre la conveniencia de un medio de transporte en el que Monteseirín se gastó 80 millones de euros y que se limita a replicar en superficie parte del mismo trazado en subterráneo de la línea 1 del Metro (Puerta de Jerez-San Bernardo). Una vez en el gobierno municipal, tampoco ha mostrado el menor interés por extenderlo hasta Santa Justa y Plaza de Armas, pese a lo cual ahora utiliza los viejos proyectos de Monteseirín, que ha desechado o relegado al olvido, para tratar de justificar el parking rotatorio en la Alameda como apoyo al futurible complejo comercial en la Gavidia.

Lo mismo podría decirse de las seis líneas de microbuses: si no existen es por decisión del propio Ayuntamiento, que tiene la potestad de implantarlas a través de Tussam, la empresa municipal de transportes. Por tanto, el Consistorio le reprocha a la Junta algo que sólo es imputable a él mismo. No parece ‘a priori’ muy justificable la implantación de esta red de microbuses ideada en los tiempos de Monteseirín a la luz de la experiencia con alguna otra y con las líneas de autobuses de barrio creadas por razones políticas en tiempos de Blas Ballesteros como delegado de Transporte y que fueron una ruina para Tussam. Por más que Urbanismo las saque ahora a colación, la empresa municipal hace bien en dejarlas aparcadas mientras no se justifiquen económicamente cuando hay líneas tradicionales que conectan distintos barrios de la ciudad y que son estructuralmente deficitarias.

Más sorprendente aún es que se pretenda justificar el parking rotatorio de la Alameda con la falta de un tapiz rodante -como el de los aeropuertos- entre la Plaza Nueva y la Puerta de Jerez, una mera idea expuesta en un concurso público sin compromiso alguno y cuya materialización en todo caso, y pago de la correspondiente factura más el de la energía y su mantenimiento, correspondería al Ayuntamiento.

MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL

El argumentario de Urbanismo es bastante endeble para camuflar como medida puntual y transitoria lo que no es más que una modificación estructural del PGOU, ya que implicaría volver a poner patas arriba la Alameda durante un par de años y tirar a la basura los millones de euros gastados durante su completa y desafortunada remodelación (le ha dado un aspecto equivalente al de los paseos marítimos de Benalmádena e Islantilla) por el gobierno de Monteseirín.

El informe de la Gerencia ha coincidido con el del Real Automóvil Club de Cataluña sobre la movilidad en España y Europa y que revela que, a pesar de la drástica caída en el tráfico por la crisis económica, Sevilla es la tercera ciudad española con más atascos, causa por la cual los sevillanos pierden 16 horas/año en sus coches (en 2010 perdían 57,5 horas). Construir aparcamientos rotatorios en el Centro supondría generar un efecto llamada, como el clásico de la Gavidia hasta la calle Baños y Torneo, que agravaría aún más la saturación del tráfico rodado, pese al alivio que ha experimentado en estos años de recesión.

Asimismo, mientras la Gerencia redactaba su informe, en París se celebraba una cumbre sobre Transporte, Salud y Medio Ambiente entre los ministros europeos del ramo. Según los datos expuestos, en Europa se producen anualmente unos 500.000 muertos por contaminación, en su mayor parte generada por la circulación rodada, y 90.000 por accidentes de tráfico.

La Conferencia abogó por seguir el ejemplo de Copenhague, en la que el transporte por bicicleta supone el 26% del total. Mientras internacionalmente se apuesta por un modelo con cada vez menos coches, Sevilla va en dirección contraria tratando de crear infraestructuras de apoyo y fomento del automóvil privado.

LA ALTERNATIVA DEL CESS

El tercer elemento paralelo al informe de la Gerencia de Urbanismo ha sido el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) a la Ordenanza de Circulación. Los agentes sociales (empresarios, sindicatos, vecinos, consumidores y usuarios) han planteado al Ayuntamiento una alternativa a sus parkings rotatorios en el Centro y que evitaría la penetración de automóviles en el Casco Antiguo: ‘áreas verdes’ de aparcamiento en la periferia, conectadas con la ciudad por lanzaderas de Tussam, sobre todo en horas-punta y siguiendo el exitoso modelo del Charco de la Pava durante la Feria. A esta zona, que junto con la Banqueta del río permitió estacionar 40.000 coches cuando la Expo-92, se le podría unir, según el CESS, el entorno del estadio de la Cartuja. Esta alternativa redundaría además en beneficio de la cuenta de resultados de la empresa municipal de transportes.

Urbanismo eligió un Miércoles Santo para elevar sus tesis sobre la necesidad de aparcamientos rotatorios en el Centro por la falta de transporte público que otorgue conectividad a esta parte de la ciudad, sin reparar en que el Plan de Tráfico municipal por Semana Santa desmonta sus argumentos.

RÉCORD DE TUSSAM

Recuérdese que desde el Viernes de Dolores al Lunes de Pascua se blinda el Centro al tráfico con cortes totales de circulación en distintos puntos desde las 8 de la mañana a las 2 de la madrugada, y cortes parciales en función de las cofradías, con importante afección al acceso y uso de los aparcamientos existentes y a la mayor parte de la zona azul. Además, este año el Ayuntamiento ha dificultado aún más el uso del coche privado al eliminar las plazas de aparcamiento que existían en el Paseo de Colón y prohibir estacionar en la trasera de Plaza de Armas.

En el peor escenario posible para el coche privado y los aparcamientos existentes en el Centro (privados, públicos y rotatorios como los de Albareda, Gavidia, San Pablo….) y con la afluencia de centenares de miles de personas para ver las procesiones de Semana Santa, los autobuses de Tussam habían transportado entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo 1.468.953 pasajeros, cifra que supone 171.141 más que en el mismo periodo del año anterior (+ 13,2%) y la demostración de que la conectividad está asegurada de sobra con el transporte público actual, sin necesidad de aparcamientos rotatorios que, por otra parte, restarían usuarios a la empresa municipal e irían finalmente en detrimento del propio Ayuntamiento.

IU se quedó con las llaves

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha declarado tras devolver en horas 24 la presidenta de la Junta las competencias en materia de adjudicación de viviendas a la Consejería de Fomento -a raíz de la crisis provocada por la corrala Utopía- que la actuación de este Departamento había sido completamente legal al ajustarse al Reglamento de Viviendas Protegidas y a la ley Antidesahucios de Andalucía. Sin embargo, la aplicación de esta última ley está suspendida por el Tribunal Constitucional después de que fuera recurrida por el Gobierno de Rajoy, por lo que IU invoca una norma que a todos los efectos es como si no existiera.

La primera dificultad, por tanto, para tratar de comprender las razones de PSOE e IU en el conflicto político desatado tras el desalojo y posterior reparto de llaves de viviendas protegidas a okupas de la corrala Utopía es ver el marco jurídico en que se produce y cómo lo interpreta cada socio del Gobierno andaluz para justificar su posición y presentarse como  vencedor en la disputa, aunque oficialmente mantengan que no ha habido ni vencedores ni vencidos: cada uno toma la parte del todo que le interesa, amparados en la selva de disposiciones sobre vivienda, suelo y urbanismo aprobadas en la historia reciente de Andalucía.

CORPUS LEGISLATIVO

Podríamos remontarnos a la ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, que data del año 2005. Esta ley modificó tres anteriores, aprobadas entre 1995 y 2002 (incluida la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), pero a su vez fue modificada luego por cuatro leyes y dos decretos-leyes, que versaban, entre otros, sobre urbanismo, comercio interior, viviendas protegidas y suelo y función social de la vivienda.

Con cada nueva norma se introducen artículos nuevos, se deroga parte de los anteriores, se introducen modificaciones, se hace referencia sólo a una parte del corpus legislativo anterior y se sobreentiende que el resto sigue vigente….En esta maraña legal y administrativa, que sólo pueden desentrañar los iniciados en la materia, es fácil que el PSOE y sobre todo IU encuentren un resquicio para avalar sus tesis sobre la ilegalidad o la legalidad de las actuaciones en el caso de la corrala Utopía.

La cuestión clave a dilucidar es cómo funciona o debe funcionar el sistema de adjudicación de viviendas protegidas en Andalucía. En este sentido, creemos que hay que remitirse al decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, y el decreto 1/2012, de 10 de enero, regulador de los Registros Municipales de Vivienda Protegida, que modifica y amplía el primero.

EL REGISTRO, CLAVE

En síntesis, estas normas establecen que todo andaluz que por sus circunstancias quiera acceder a una vivienda protegida deberá inscribirse en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Estos registros se consideran instrumentos básicos porque permiten conocer el número total de demandantes en cada municipio de Andalucía (y por extensión en toda la región) y el perfil de los solicitantes, para que así, coordinados por la Consejería responsable de la Junta, los ayuntamientos elaboren sus propios planes municipales de vivienda y suelo. Éstos comprobarán los datos de los solicitantes antes de inscribirlos en el Registro, así como la modificación y actualización de los mismos.

Tras los cambios introducidos por el decreto 1/2012, de 10 de enero, el artículo 13 especifica las excepciones a la obligación de adjudicar las viviendas mediante el Registro Municipal de Demandantes, pero siempre respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad (los Registros deberían tener carácter público) y concurrencia. Este artículo es clave porque es al que se agarra IU para justificar su proceder con la corrala Utopía. Estas son las excepciones que refleja:

1) Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Sería el caso, por ejemplo, de los implicados en las operaciones de regeneración urbanística de Regiones Devastadas (Nuevo Amate) y Los Pajaritos, en Sevilla. Los desalojados de sus casas por las demoliciones previstas para rehabilitar esos barrios pueden saltarse el Registro Municipal o el orden en el que figuren en el mismo.

2) Familias en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

3) Adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.

Según el Decreto, estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.

NÚMERO DE INSCRITOS

Aunque han circulado cifras diversas, los datos más recientes y verosímiles sobre la situación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en Sevilla al estallar la polémica por la corrala Utopía serían los siguientes: 12.352 personas/familias inscritas, de las que 800 necesitarían viviendas sociales de bajo precio y 388 estarían en un riesgo de exclusión social al menos similar al invocado como razón por los okupas de la corrala Utopía para dar la patada en la puerta del inmueble de Ibercaja en la Avenida Juventudes Musicales y ocuparlo ilegalmente durante casi dos años, hasta su desalojo policial por orden judicial y tras fracasar sus recursos ante la Justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A raíz del desalojo policial y la acampada ante el Ayuntamiento, se inicia el baile de cifras. La Consejería de Fomento dice que son 22 las familias desalojadas (luego se hablará de 17), anuncia que cuenta con 6 viviendas disponibles para ofrecérselas y exige que el Ayuntamiento aporte 16 de las suyas para solucionar el problema. Ante la negativa del Consistorio a saltarse la lista de demandantes inscritos en el Registro, Fomento publicita la entrega de las llaves de diez viviendas a otros tantos okupas y el alquiler don fondos públicos de 12 viviendas en el mercado libre para los restantes.

LA ORDEN JUDICIAL

Para justificar su actuación, Fomento se ampara en la misma orden judicial de desalojo, en la que la juez obligaría a “proveer lo necesario para atender a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Pero el texto del mandato judicial no obliga necesariamente a entregar una vivienda protegida a, ni mucho menos, todos los okupas y en detrimento de las 388 familias también en riesgo de exclusión e inscritas en el Registro, sino, por extensión, a proporcionarles un techo o, como se dice ahora, una solución habitacional. En este sentido, el Ayuntamiento había ofrecido durante las negociaciones con Fomento e Ibercaja desde hostales hasta el albergue municipal, soluciones que fueron rechazadas, quizás porque el objetivo de los okupas fue siempre conseguir la victoria que significaba la obtención de una vivienda, no de un alojamiento.

Y ese triunfo real, e incluso con mayor valor simbólico por el mensaje que transmitía a la opinión pública, es el que les otorgó la Consejería de Fomento con la entrega de llaves de las viviendas tras interpretar de esa forma el mandato judicial pero omitiendo que en el Registro de los 12.351 inscritos había 388 en igual situación que los okupas y con años de espera sin dar la patada a puerta alguna.

RETIRADA DE COMPETENCIAS

Susana Díaz, presuponiendo ilegalidad en la actuación, además de ordenar una investigación interna (de cuyos resultados nada se ha dicho, si es que se emprendió siquiera) reaccionó con un decreto por el que retiró las competencias en adjudicación de viviendas protegidas a la Consejería de Fomento. Hasta tal punto confunde la maraña legal de la Junta en materia de vivienda y urbanismo, que la presidenta invocó una norma y un artículo anticuados (decreto 149/2006, de 25 de julio y su artículo 12), superados por otro más reciente y que parecía ignorar (decreto 1/2012, de 10 de enero, artículo 13). Para justificar su decisión, Susana Díaz declaró: “Quien ocupa ilegalmente una vivienda no puede tener más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pase realmente mal”.

Veinticuatro horas después, sin embargo, y tras dos días de frenéticas negociaciones a todos los niveles entre PSOE e IU para evitar que el Gobierno de coalición saltase por los aires, la presidenta firmó otro decreto restituyendo las competencias a Fomento (IU).

El secretario de Organización del PSOE (A), Juan Cornejo, defiende la medida tras el pacto alcanzado entre los dos partidos, ya que en su opinión supone el cumplimiento de “la legalidad y la igualdad de oportunidades con la anulación de nueve realojos no justificados”.

SITUACIÓN REVERTIDA

Así pues, según la última versión oficial, de los 22 desalojados, 5 han renunciado a un alojamiento (¿dónde radicaban entonces las razones de urgencia y su riesgo de exclusión?), el de 9 ha sido suspendido (aunque IU sostiene por las redes sociales que sigue buscándoles una solución a cargo de la Junta) y 8 se quedan con las llaves de las casas hasta que los Servicios Sociales del Ayuntamiento ratifiquen su situación y acrediten de forma fehaciente su riesgo de exclusión social.

El Consistorio ha comunicado que no ha recibido ninguna petición oficial de emitir nuevos informes y que de los desalojados de la corrala Utopía sólo dos estaban baremados para una vivienda social, pero en los puestos 100 y 122. De los otros seis no da noticia siquiera.

Por tanto, ocho okupas han conseguido de Fomento una vivienda gracias a su patada en la puerta, sin los previos (que no posteriores) informes sociales que exige la ley y saltándose a 100 excluidos que tenían por delante en el Registro, pese a lo cual Susana Díaz ha devuelto las competencias a la Consejería con la tesis socialista de que se ha restablecido la legalidad.

Metro: la hora de Zoido

El día 2 de abril se ha cumplido  el quinto aniversario de la puesta en servicio de la línea 1 del Metro de Sevilla, que en este quinquenio ha transportado a 67 millones de viajeros en números redondos y que se ha demostrado viable económicamente, ya que en caso contrario no se habría producido la reciente venta de las acciones de la sociedad promotora inicial al grupo Globalvía (Bankia más FCC).

Como su nombre indica, la línea 1 es sólo una parte de una red mucho más amplia compuesta por tres más. Sólo cumple parcialmente su función de vertebradora urbana, ya que bordea el casco antiguo sin penetrar en su interior (la función principal de los suburbanos es la de permitir el acceso a los centros de las ciudades de forma limpia y rápida como alternativa a un cada vez más restringido tráfico privado), con casi 8 millones de usuarios, seguida de las de San Bernardo y Nervión, con casi 6 millones cada una.

En puridad, los desplazamientos metropolitanos (entre los términos municipales ajenos al de Sevilla) sólo suponen el 27,5% de los viajes, mientras que los que se realizan en el ámbito de Sevilla capital (trayecto Blas Infante-Universidad Pablo de Olavide) equivalen al 72,5%.

FALTA DE CONEXIONES

Tanto por su falta de conexiones con otras líneas equivalentes y pendientes de construcción y con los Cercanías de Renfe, como por efecto de la crisis económica, el tráfico de pasajeros de esta línea 1 se ha estancado en torno a los 14 millones anuales después de que alcanzara su cifra máxima en 2011, con casi 15 millones.

Parece, pues, claro que con una sola línea el Metro sevillano ha tocado techo y/o que su margen de crecimiento mediado un cambio de coyuntura económica más favorable no es muy amplio mientras su ámbito de influencia siga limitado a las 200.000 personas actuales.

Obviamente, esta circunstancia no pasó inadvertida en su momento a los técnicos, que diseñaron una red con un total de cuatro líneas, con el fin de ampliar el área servida por este medio de transporte a unas 400.000 personas más cruzando la ciudad de Norte a Sur (línea 3, Pino Montano-Los Bermejales) y de Este a Oeste (Torreblanca-Isla de la Cartuja) e interconectando estas tres líneas con una cuarta de carácter circular por el perímetro del Casco Antiguo.

Los proyectos constructivos de las tres líneas pendientes están redactados desde el año 2011, con un coste conjunto estimado inicialmente de unos 3.700 millones de euros, frente a los 658 millones que oficialmente costó la primera.

EFECTOS DE LA CRISIS

Como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, una crisis económica ha frenado este plan de vertebración de la ciudad a través del transporte suburbano, cuyos orígenes sobre el papel datan de la Ley del Metro de 1975. En casi 40 años sólo se han construido 18 kilómetros en números redondos, frente a los 293 kilómetros de que dispone Madrid y los 123,5 kilómetros de Barcelona.

La exigencia de reducir el déficit público conforme a las directrices de la Unión Europea se ha traducido en Andalucía en mínimas inversiones en infraestructuras, hasta el punto de que en el otoño de 2012 la consejera de Fomento, Elena Cortés, confirmó oficialmente el parón a los proyectos constructivos de Sevilla al declarar que no quería engañar a nadie con infraestructuras “que no se pueden hacer”.

El frenazo no sólo afectó a las tres líneas diseñadas, sino incluso a infraestructuras en avanzado estado de construcción, como ha sido el caso del tranvía de Alcalá de Guadaíra, en el que la Junta ha invertido 73 millones de euros y para cuya conclusión integral (señalizaciones y otros elementos y no sólo las vías) se precisan 80 millones que la Consejería de Fomento no está en condiciones de desembolsar. Por tanto, si no hay ni 80 millones para un tranvía donde ya se han enterrado 73 millones, parece utópico esperar que el Gobierno andaluz pueda destinar los 1.000 y pico de millones que como promedio cuesta cada una de las tres líneas pendientes del Metro de Sevilla.

EL RETO DE ZOIDO

Ante esta situación de obligada parálisis, Zoido compareció a finales de noviembre pasado junto con el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y el portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, para anunciar su compromiso de ir de la mano de la Junta de Andalucía con el fin de, “aprovechando la confianza y garantía que despierta el Ayuntamiento, buscar inversores privados que posibiliten la construcción de la red completa del Metro”.

Zoido abundó en tal propósito en los siguientes términos: “Un Metro en Sevilla es muy atractivo, siempre que no pase lo que con la línea 1: el proyecto que se presentó y el que se terminó no se parecían en nada. Con un proyecto serio podemos transmitir confianza para que vengan a invertir aquí”.

En los cuatro meses transcurridos desde entonces se ha ido perfilando un nuevo escenario.

El avance en la ejecución de los metropolitanos de Málaga y Granada, que podrían inaugurarse este mismo año, supone la remoción de un obstáculo político ante un posible nuevo ciclo inversor en las futuras líneas de Sevilla, ya que en esas capitales se habría tomado como un agravio comparativo el inicio de más obras en la capital de Andalucía antes de que se terminaran sus propias líneas. Una vez rematadas éstas y tras un lapso de cinco años, Sevilla volverá a estar la primera en la línea de salida para una segunda vuelta en cuestiones de Metro.

APARECE GLOBALVÍA

La compra de Globalvía del 88,23% de las acciones (el resto sigue estando en manos de la Junta, que no ha vendido su parte) del Metro de Sevilla que controlaban ACS, Sacyr, CAF y Gea 21 por 177 millones de euros y con buenas plusvalías para los vendedores, iba en consonancia con las palabras de Zoido de que el suburbano hispalense podría ser muy atractivo para el sector privado.

Esos inversores pasaron de potenciales a reales pese a la crisis existente. La mejora de la confianza y del crédito bancario podría animar a otros a apostar por la ejecución de líneas pendientes siempre que la Junta levantara su tácito veto a un modelo de cooperación público-privada después de los sobresaltos sufridos (por falta de proyecto técnico previo) durante la construcción de la línea 1.

El veto ya es imposible de justificar después de que el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, confirmara durante las Jornadas ‘Movilidad, ciudad, sociedad’, organizadas por el 5º aniversario del Metro, que la Junta había negociado con los anteriores accionistas de la sociedad Metro de Sevilla -y espera poder hacerlo con los nuevos- la posibilidad de que se hicieran cargo de la conclusión del tranvía de Alcalá de Guadaíra para conectarlo con la línea 1 en la Universidad Pablo de Olavide y ampliar así su mercado potencial en 80.000 usuarios.

INICIATIVA POLÍTICA

Si la Junta pide financiación al sector privado para el tranvía de Alcalá, y además carece de recursos propios, no tiene sentido que se niegue a la pretensión de Zoido -que además le ha ofrecido ir de la mano- de buscar inversores privados para construir las tres líneas pendientes del Metro hispalense.

Por ende, el viceconsejero de Fomento invitó en esas mismas jornadas de Movilidad a que sea el Ayuntamiento el que tome la iniciativa política de reactivar el debate sobre el futuro del Metro convocando la comisión tripartita Consistorio-Junta de Andalucía-Estado, acordada por unanimidad (PP-PSOE-IU) en el Pleno municipal celebrado el 28 de septiembre de 2012.

La pelota está ahora en el campo de Zoido, que si recoge el guante lanzado por el viceconsejero, tiene la oportunidad de convocar al resto de Administraciones para ir de la mano en pos de esos inversores privados que, según sus propias palabras, encontrarían “muy atractivo” apostar por el Metro de Sevilla.

 

Los directivos de las empresas municipales cobraron un 4,05% más de media en 2013

 

El mayor incremento se registró en Tussam, con un 8,86%

 

En cifras absolutas, Emasesa lidera la tabla, con 10.280 euros más

 

Mercasevilla es la única con bajada mínima de retribuciones, 97 euros

 

Los directivos de las empresas municipales percibieron en conjunto durante el año 2013 un total de 812.257 euros, 31.622 más que en el ejercicio anterior, lo que significa un incremento medio del 4,05%, según la comparación entre las cuentas de los dos últimos años. El último Pleno debatió una propuesta para limitar los sueldos de la alta dirección al mismo nivel de lo que cobra Zoido como alcalde (59.831 euros, que no percibe del Ayuntamiento, sino como parlamentario andaluz), pero el tema quedó aparcado hasta que el Gobierno de la nación no fije al respecto topes en los Presupuestos Generales del Estado.

La ley de Reforma de la Administración Local obliga a clasificar las empresas municipales en tres grupos diferentes atendiendo a criterios como su volumen de negocio y número de trabajadores para, a partir de ahí, fijar una cifra máxima de consejeros y de directivos, con el fin de recortar gastos y ahorrar a las arcas públicas.

Aprovechando la obligada reducción de casi un 20% de media de miembros de los Consejos de Administración que debía aprobar el Pleno, la oposición suscitó un debate añadido para reducir la retribución de los directivos de las sociedades municipales, que a su juicio es también preceptiva conforme a la Reforma Local pero que el grupo del PP entendió supeditada a la futura ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que la propuesta finalmente no se aprobó.

Al hilo de este debate, recurrente en el tiempo (la oposición ha planteado en diversas ocasiones que el techo salarial en el Ayuntamiento lo marque el sueldo del alcalde para que no lo supere ningún director-gerente de empresa municipal), un análisis comparativo de las cuentas, informes de gestión y memorias de las sociedades públicas sevillanas en los ejercicios de 2012 y 2013 refleja que la retribución global de sus directivos no sólo no ha bajado ni se ha contenido, sino que se ha incrementado en una media del 4,05% al pasar de 780.635 euros a 812.257 (+ 31.622).

La evolución ha sido la siguiente:

-Tussam: Pasó de 92.500 euros en 2012 a 100.700 en 2013 ( 8.200 euros más, un 8,86%).

-Lipasam: De 93.807 euros a 97.333 (3.526 más, un 3,75%).

-CEMS (personal asignado de Tussam): De 87.163 a 88.773 (1.610 euros más, un 1,84%).

-Emvisesa: De 105.336 a 113.439 (8.103 euros más, un 7,69%).

-Emasesa: De 136.770 a 147.050 euros (10.280 euros más, un 7,51%).

-Mercasevilla: La única donde ha bajado, aunque de forma casi simbólica. De 265.059 euros a 264.962 (97 euros menos, un -0,03%).

Hay que reseñar que estas cifras se refieren exclusivamente al personal de alta dirección, sin incluir retribuciones a los miembros del Consejo de Administración. En Tussam y Emasesa se subraya que éstos no perciben remuneración alguna en concepto de dietas por asistencia, al contrario que los de Mercasevilla, que según la documentación oficial existente siguen percibiendo retribuciones de algún tipo por formar parte del máximo órgano empresarial: un total de 3.365,60 euros en 2012 y de 3.197,32 euros en 2013.

RETRIBUCIONES DE MAXIMOS

DIRECTIVOS DE ORGANISMOS

MUNICIPALES

-Emasesa: 134.714,00 euros

-Gerencia Urbanismo 126.233,68

-Emvisesa 113.439,06

-Tussam 100.700,00

-Lipasam  97.333,62

-Agencia Tributaria  91.080,98

-Consorcio Turismo  74.056,97

-Mercasevilla  74.000,00

-Real Alcázar  73.619,70

-Deportes  72.500,00

-Instituto Cultura  55.000,00

El Jardín Americano o la negación de la evidencia

Zoido declaró hace unos días en el curso de una entrevista que le hicieron en una televisión local y contra toda evidencia que el Jardín Americano , uno de los legados de la Expo-92 dependiente ahora del Ayuntamiento, “no se ha abandonado” a su suerte.

Según el regidor, pese a las dificultades económicas existentes, se están invirtiendo 30.000 euros este año y podado y arreglado las especies vegetales que lo componen. Se deduce por sus palabras que el alcalde hace mucho tiempo que no va por la isla de la Cartuja, ya que le bastaría con cruzar la pasarela sobre el río para que comprobara con sus propios ojos la situación del Jardín, se preguntara dónde se han invertido realmente esos 30.000 euros de que habla y se planteara si no cabría exigir su restitución o al menos responsabilidades a la(s) empresa(s) adjudicataria(s) del mantenimiento de los parques y jardines y las zonas verdes de la ciudad.

UN ‘ESTERCOLERO’

Podríamos remitir al alcalde por ejemplo al blog ‘Cultura de Sevilla’, que el 26 de febrero (tres semanas antes de la entrevista televisiva a Zoido) publicó un reportaje titulado ‘De Jardín Americano a estercolero’, en el que incluyó veintidós fotografías que son otros tantos testimonios de los efectos del vandalismo y del abandono en esta joya botánica de la Muestra Universal: paneles informativos pintarrajeados, árboles secos tirados por los suelos, plantas arrancadas o mutiladas, caminos impracticables, ciaboga convertida en un barrizal, aguas estancadas y putrefactas, mobiliario urbano destruido, basura acumulada….

“Las especies vegetales -podía leerse en el reportaje- subsisten como pueden en las diferentes zonas en que se divide el Jardín. Ya apenas quedan paneles explicativos y los únicos que sobreviven son los árboles ya sin mantenimiento; lo que antes eran arriates repletos de plantas y de flores hoy son descampados de tierra. Esto es una auténtica vergüenza. Para tener esto, casi sería preferible que el Jardín Americano jamás se hubiera abierto al público de nuevo, al menos se habría preservado el ecosistema que se creó allí durante años….”.

Los comentarios de los lectores abundaban en esa misma línea. Así, uno de ellos aportaba el siguiente testimonio: “Realmente patético. Paso a diario prácticamente por allí y el abandono es notorio. Además del vandalismo, aquella zona es un botellódromo permitido y consentido por el Ayuntamiento”.

RECONOCIMIENTO DE VÍLCHEZ

Mientras el alcalde sostenía que el Jardín “no está abandonado”, ese mismo día, en el diario ABC, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, reconocía que “no se encuentra en buen estado” y que por ello el Ayuntamiento está desarrollando un plan de revitalización, para recuperarlo. Sin ser consciente de ello, Vílchez estaba contradiciendo a Zoido, porque expresarse en términos de recuperación suponía la admisión de la evidencia negada por el alcalde: el abandono de esta joya botánica, debido al cual los vándalos lo han acabado destrozando con total impunidad.

Según Vílchez, el plan de revitalización del Jardín parte de la constatación de que “en otros espacios verdes de la ciudad que gozan de una intensa actividad ciudadana, los actos vandálicos se han reducido de forma drástica, ya que los ciudadanos entienden ese espacio como suyo”.

El delegado de Medio Ambiente ha adelantado que se piensa en medidas como la inclusión del Jardín Americano en el estudio de seguridad que se está realizando en numerosos parques de la ciudad, más presencia policial los fines de semana en horario nocturno, que es cuando se detectan los actos vandálicos, y en especial cuando se celebran eventos en el Auditorio o el estadio ‘Olímpico’, y la organización de actividades para mantenerlo en actividad constante, no sólo a diario, sino también los fines de semana.

RESTAURADO EN 2010

La situación del Jardín anula la habitual coartada del gobierno municipal de achacar cualquier aspecto negativo a la herencia recibida de la etapa de Monteseirín como alcalde, ya que este espacio emblemático se reabrió tras diecisiete años de abandono en abril de 2010, catorce meses antes de que Zoido tomara posesión como alcalde tras una inversión cercana a los 9 millones de euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por tanto, el nuevo gobierno local recibió esta zona verde totalmente renovada, y aunque tuvo que realizar una primera operación de desbroce y de poda de grandes árboles, la mayor parte de los daños que ahora sufre se han producido durante el actual mandato, por varios errores clave que Vílchez ha sabido diagnosticar con acierto. Por eso mismo se comprende menos aún la contumacia con que se ha perseverado en ellos hasta que la situación ha pasado a ser de dominio público: dejarlo sin actividad ciudadana y sin vigilancia policial.

NATURALIA XXI

El gobierno anterior encomendó a la Fundación Naturalia XXI la gestión del Jardín y firmó convenios con las dos universidades sevillanas para que los estudiantes pudieran realizar allí prácticas botánicas y actuar como guías voluntarios de grupos concertados de visitantes, por lo que en esta zona verde había una actividad más o menos permanente, esa vida que ahora el Ayuntamiento tanto echa en falta.

Sin embargo, la desertización del Jardín la creó el nuevo gobierno a los catorce meses de su toma de posesión, cuando anunció el fin de las ayudas (170.000 euros en dos años) a Naturalia XXI con el argumento de que se producía “un caso claro de duplicidad de gestión”, ya que no era lógico que la Fundación dirigiera el Jardín cuando sus actividades las podía desarrollar el propio Ayuntamiento a través de la Delegación de Medio Ambiente (jardinería) y Lipasam y la Agencia Local de la Energía (educación ambiental).

EXTERNALIZACIÓN

Casi dos años después, el estado del Jardín demuestra que a la duplicidad de gestión al coste de 85.000 euros pero manteniendo al menos en buen estado general este espacio botánico, le ha sucedido la dejación de funciones tras la externalización en favor de empresas privadas (Fitonovo, la implicada en el escándalo de la operación Madeja, entre ellas) del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, sin seguimiento por parte del Ayuntamiento de su actuación.

Por ende, al reducir el Jardín a un mero espacio botánico vacío de actividad ciudadana, educativa y ambiental (la labor que realizaba Naturalia XXI) y, para colmo, sin vigilancia policial, el Ayuntamiento ha propiciado por omisión la actuación de los vándalos, con campo libre, y nos ha retrotraído a la situación anterior a 2010, la de los diecisiete años anteriores de abandono.

La privatización del IMD reporta tres veces menos ingresos

Los Mares, Fundición y San Jerónimo dejaban 975.000 euros bajo la gestión municipal

 

La concesión de estos centros supondrá en la mejor de las  hipótesis 358.000 euros

 

El Consistorio sólo ha previsto un mínimo garantizado por canon fijo de 144.605 euros

El Ayuntamiento obtendrá menos dinero por la privatización de centros deportivos de la ciudad que el que obtenía cuando los gestionaba a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), según refleja un análisis comparado entre las previsiones de ingresos en los Presupuestos municipales del año 2013 para Los Mares, Fundición y San Jerónimo y el estimado en los pliegos y/o contratos administrativos para la concesión de la gestión de estas instalaciones a empresas privadas.

Los centros deportivos de Los Mares, Fundición y San Jerónimo son los tres casos paradigmáticos de la política de privatización de instalaciones del IMD emprendida por el gobierno de Zoido, al pasar directamente y sin opciones intermedias como las Juntas Rectoras a manos privadas mediante concesiones por un periodo de años prorrogable.

A título de ejemplo, el centro de Fundición ha sido adjudicado a una empresa extremeña, Centro Deportivo de Puerta Palma (la cual compitió por la concesión con Campusport y Medios Acuáticos) por un período de 15 años a contar desde el 1 de marzo de 2014, pero con la posibilidad de prórroga hasta los 25 años.

La política del Ayuntamiento ha sido la de establecer un canon fijo anual a las empresas concesionarias, más un canon variable por tramos de facturación, que se va incrementando en porcentaje en caso de que se superen unas cantidades económicas.

Las condiciones no son homogéneas y varían para cada centro, pero en líneas generales el Ayuntamiento impone un canon del 1% cuando la facturación anual oscile entre 1.400.000 y 1.550.000 euros; del 2% cuando oscile entre 1.550.000 y 1.700.000 euros; del 3% cuando esté comprendida entre 1.700.000 y 1.850.000 euros; y de un 4% cuando, según el caso, se superen cifras que van de 1.700.000 euros a 1.850.000.

En ninguno de los planes económicos realizados para cada centro se estima que se alcancen las facturaciones máximas que justificarían el cobro de ese 4%. No obstante, en este informe hemos aplicado la mejor de las hipótesis (el cobro de ese porcentaje) a la hora de hacer una comparación entre la previsión de ingresos por tasas y otros conceptos que figuraba en los Presupuestos municipales de 2013 para cada centro del IMD y la prevista por la privatización posterior de los mismos. Los resultados son los siguientes:

-Los Mares: Los ingresos previstos bajo la gestión del IMD en el Presupuesto de 2013 eran de 260.120 euros. Con la privatización, el Ayuntamiento ingresa un canon fijo anual de 32.841 euros y, en la mejor de las hipótesis por canon variable (un 4% de 1.800.001 euros), 72.000 euros. Total: 104.841 euros. Balance: 155.279 euros menos con la privatización que con la gestión municipal.

-San Jerónimo: Previsión de ingresos en 2013 bajo gestión municipal: 260.130 euros. Con la privatización, un canon fijo de 26.764 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.700.001 euros), 68.000. Total: 94.764 euros. Balance: – 192.000 euros.

-Fundición: Previsión de ingresos bajo gestión municipal en 2013: 454.401,11 euros. Con la privatización, un canon fijo de 85.000 euros, más en la mejor hipótesis por variable (4% de 1.850.001 euros), 74.000. Total: 159.000 euros. Balance: -295.401,11 euros.

Así pues, el balance general para estos tres centros emblemáticos es que bajo la gestión del IMD tenían una previsión de ingresos de 974.641,11 euros y que con la operación de privatización pasa a ser de 358.605 euros, por tanto 616.036,11 euros menos  (-271,78%).

Altadis: de no llevarse un duro, a dar el pelotazo

Zoido, que dijo que Altadis no se llevaría un duro de Sevilla tras el cierre de la fábrica de tabacos, le otorga 29.000 m2 de uso lucrativo para comercios y hoteles y un parking de 500 plazas
El alcalde también renuncia al proyecto de ‘Fábrica de Arte Elcano’ y sala de conciertos que propugnó para la antigua fábrica durante la campaña electoral

 

El Ayuntamiento ha filtrado por el procedimiento y a los medios habituales el cierre de un acuerdo con la multinacional tabaquera Altadis para repartirse la edificabilidad de la cerrada fábrica de tabacos sita en Los Remedios, un acuerdo que supone la renuncia de Zoido a los proyectos que apoyó en principio o presentó luego él mismo para este complejo industrial en la margen derecha del Guadalquivir.

En síntesis, Zoido ha pasado de abogar por la expropiación de la factoría para que ésta no se llevara un duro de Sevilla a otorgarle a la multinacional 29.000 m2 comerciales más un parking rotatorio de 500 plazas para que dé su particular pelotazo urbanístico, obviando así que la empresa le dio hace años el portazo a Sevilla al cerrar la fábrica de tabacos más antigua del mundo tras deslocalizar su producción e incumplir su promesa de que compensaría a Sevilla con la construcción de un centro logístico en la provincia.

EL URBANISMO ESPECULATIVO

Durante los años del ‘boom’ inmobiliario, los sevillanos vieron cómo se cerraban empresas de larga trayectoria en la ciudad (Landis, Coca Cola, Uralita) para trasladar la producción fuera del municipio e incluso de la comunidad autónoma, previa obtención de jugosas plusvalías urbanísticas por la recalificación de sus terrenos, que pasaban de industriales a residenciales, sin que revirtiera beneficio alguno y se perdieran además los empleos y las inversiones acumuladas a lo largo del tiempo.

El paradigma de esta casuística fue la fábrica de Uralita en Bellavista, cuyos suelos, una vez recalificados, fueron vendidos por 12 millones de euros para el pelotazo urbanístico de Los Jardines de Hércules, en que se obtuvieron plusvalías valoradas en bastantes dígitos más.

Por éso, cuando en el año 2007 Altadis acabó cerrando su fábrica de tabacos, la más antigua del mundo -con toda la carga simbólica que ello representaba y el mito de Carmen y las cigarreras- por sus casi 400 años de historia, después de haber deslocalizado la producción e indemnizado o trasladado a los dos centenares de trabajadores en números redondos que le quedaban, los grupos políticos integrantes del Ayuntamiento se conjuraron para evitar que Altadis repitiera la jugada de Uralita y anteriores y no sólo se negaron a aprobar una recalificación urbanística, sino que decidieron mantener en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la calificación de la factoría como “de uso industrial singular”.

AVISO A NAVEGANTES

Se enviaba así un mensaje muy nítido a la propia Altadis y a cualquier otra empresa que quisiera especular con sus terrenos a costa de sacrificar el tejido productivo de la ciudad y los empleos al mismo vinculados. A Altadis, de la que entonces se rumoreaba podría estar negociando  la venta de su fábrica, situada junto al río y frente al Paseo de las Delicias y el Palacio de San Telmo, a una gran cadena hotelera internacional por unos 50 millones de euros, se la colocaba en la disyuntiva de hacer negocio con otra actividad industrial o asumir los gastos y las pérdidas de mantener un complejo fabril cerrado y deteriorándose con el paso del tiempo.

¿Qué dijo Zoido al respecto? El hoy alcalde y entonces líder de la oposición municipal se mostró radicalmente contrario a la actitud de la multinacional tabaquera, con estas palabras: “Altadis no se lleva un duro de ahí. No se va a llevar absolutamente nada de ahí porque ha condenado a Sevilla. La vamos a expropiar”.

Esta apuesta por la expropiación la mantuvo también dos años después (2009), cuando el PSOE de Monteseirín trató de buscarle una salida a la situación pactando con Altadis una expropiación y una modificación del PGOU para que el suelo de la fábrica pasara a tener un uso educativo. IU, entonces con Rodrigo Torrijos al frente y temiendo que el pacto implicara la cesión de suelos en otra zona de la ciudad, se negó a alterar el PGOU para mantener así el uso industrial y seguir castigando a la multinacional por su portazo a Sevilla.

Zoido ofreció entonces los votos del PP a Monteseirín “por el bien de Sevilla” y por entender que la expropiación abría la puerta a dotar a Los Remedios de un colegio público, una biblioteca, instalaciones deportivas y un centro de mayores, pero su predecesor en el cargo prefirió no arriesgar el pacto de gobierno con IU y mantener el ‘statu quo’. La factoría de Altadis siguió cerrada y sin uso.

CAMPAÑA ELECTORAL

Durante la campaña para las elecciones municipales de 2011, Zoido perfiló aún más su alternativa para el complejo de cinco edificios de Altadis, con el proyecto denominado ‘Fábrica de Arte Elcano’. Según dijo entonces el PP, había interés de firmas emblemáticas en la gestión de nuevas tecnologías aplicadas a la cultura y el ocio para establecerse en Sevilla mediante un modelo menos tradicional que permitiera generar sinergias entre su actividad comercial y lo creativo, al modo de Apple en Nueva York.

Conforme a ese modelo, el PP planteaba reconvertir el edificio central de la factoría de Altadis en un centro de arte multimedia; otro, en una sala de conciertos; los más cercanos a los clubes deportivos y la Plaza de Cuba, en una especie de centro cívico o de día para mayores y pequeños, y la capilla de las Cigarreras se mantendría igual. No se derribaría ningún inmueble , salvo zonas concretas para abrir calles perpendiculares al río, recuperar la ribera y unirla con una pasarela peatonal al muelle de Nueva York, en la otra orilla. La operación se financiaría otorgando al edificio de Altadis más cercano al puente de Los Remedios una edificabilidad comercial de 7.000 m2, más un parking rotatorio bajo rasante en la parcela contigua de mil plazas.

CONTENIDO DEL PACTO

Ahora, en el acuerdo cerrado con la multinacional y según los detalles filtrados por el gobierno local, Zoido le rebaja las plazas de parking a 500 (el coste de construcción es también más barato), pero a cambio de más que cuadruplicarle el negocio lucrativo con 29.000 m2 de edificabilidad para construir hoteles y/o zonas comerciales y autorizar derribos de todos los inmuebles menos la capilla y el edificio central (18.000 m2), que se quedaría el Ayuntamiento para un museo y un centro de mayores.

El acuerdo supone el certificado de defunción de la Fábrica de Arte Elcano, las sinergias creativas y las nuevas tecnologías para repetir el modelo tradicional, ya intentado sin éxito en la Gavidia: más comercios y/o más hoteles y más aparcamientos rotatorios.

Si el PP abogaba por que el Ayuntamiento se quedara con cuatro edificios del complejo, ahora se reserva sólo dos (uno de ellos, la capilla), y Altadis, la gran beneficiaria del acuerdo, obtiene el equivalente a un centro comercial en el suelo que deje libre la demolición de los tres restantes.

El acuerdo obliga a modificar el PGOU para recalificar los suelos, de industriales a comerciales y de equipamiento. Zoido, que durante tres años ha negociado con la multinacional en secreto y llegado a un acuerdo que mostrar antes de las elecciones, presenta el pacto como esencial para el futuro de la ciudad y pide a la oposición y a la Junta, que deberá ratificarlo, que se sumen al mismo pero sin previamente haberles dado participación alguna en las negociaciones ni información al respecto. Política de hechos consumados y urbanismo de mesa camilla para colocar al resto de los grupos y al Gobierno andaluz en la disyuntiva de dar su pleno apoyo o ser señalados como los enemigos y boicoteadores de los grandes proyectos de Sevilla. ¿De Sevilla o de Altadis?

La batalla de las Atarazanas

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha calificado el acuerdo al que ha llegado el consejero de Cultura, Luciano Alonso, con La Caixa y con la Fundación Cajasol sobre las Atarazanas como “una falta de respeto” hacia la ciudad de Sevilla, por haberse cerrado “sin que el Ayuntamiento haya tenido ninguna participación”.  No obstante, ha aplaudido cualquier actuación “que pueda beneficiar los intereses de Sevilla, tanto por la rehabilitación y recuperación de este espacio como por su incorporación como área museística, constituyéndose en motor de atracción turística”.

¿En qué quedamos? Zoido, que parece haber desarrollado una fijación por los antiguos astilleros medievales, no se percata de que incurre en una contradicción cuando, por una parte, critica el abandono al que tiene sometido desde hace años la Junta de Andalucía el monumento al ser de su exclusiva competencia (hasta el punto de enviarle inspectores de la Gerencia de Urbanismo a examinar su estado por no someterse a la ITE desde el año 2009), y, por otra, le reprocha que cierre por fin un acuerdo para su rehabilitación y puesta en valor para la ciudad en el ejercicio de esas mismas competencias exclusivas, en virtud de las cuales al Ayuntamiento no le corresponde papel alguno más allá del que por lealtad o cortesía institucionales quiera otorgarle la Consejería de Cultura.

MISIÓN CUMPLIDA

Curiosamente, el alcalde olvida que el consejero de Cultura no ha hecho más que cumplir con un emplazamiento del propio Zoido, aunque con 16 meses de retraso. Y es que cuando en

noviembre de 2012 el alcalde se hizo aquella polémica foto con los directivos de La Caixa, en que bendecía la decisión de la entidad financiera de abandonar las Atarazanas y trasladar su proyecto de Caixaforum a la torre Pelli, hizo unas declaraciones en las que instó al consejero de Cultura a que buscara una rápida alternativa, como responsable del monumento, para que el edificio no siguiera cerrado y deteriorándose.

Luciano Alonso podría contestarle al alcalde que ha cumplido el encargo que aquél le hizo a través de los medios de comunicación y solucionado el problema de la huida de La Caixa a la torre Pelli que provocó el mismo Ayuntamiento con su bloque urbanístico al proyecto arquitectónico redactado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra.

El acuerdo ahora cerrado consiste en la ratificación de la aportación de 10 millones de euros por parte de La Caixa para la restauración del inmueble, como compensación por la retirada del proyecto inicial redactado por Vázquez Consuegra; el libramiento anual de al menos 1,2 millones de euros anuales por parte de la Consejería de Cultura, y la consignación de 200.000 euros anuales por la Fundación Cajasol para la organización de actividades en un espacio que tendrá un contenido americanista, acorde con la historia de Sevilla como puerto y puerta del Nuevo Mundo.

De momento se ha cerrado sólo la financiación, pero el proyecto de restauración y de contenidos del edificio no se ha cerrado aún y no se espera que esté listo hasta finales de primavera o inicios del verano. Será entonces el momento, según el consejero de Cultura, en que la Junta de Andalucía se lo explique a todos los grupos políticos del Ayuntamiento, porque todavía no hay nada que mostrar.

PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN

Zoido también ha olvidado que la petición de protagonismo municipal en las Atarazanas que ahora exige, cuando antes subrayaba que toda la responsabilidad sobre el monumento correspondía a la Consejería de Cultura, no radica originariamente en el gobierno local, sino que obedece a una enmienda adicional socialista a una propuesta presentada por el PP en el Pleno a finales de octubre de 2013. En virtud de aquella enmienda y de aquella propuesta, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, se instaba a un acuerdo tripartito Junta-Ayuntamiento-La Caixa “para la colaboración que se estime conveniente, de acuerdo con las competencias de cada uno para el desarrollo del proyecto”.

Sin embargo, esa colaboración sigue brillando por su ausencia. 

Apenas trascender el acuerdo de financiación cerrado por Cultura, La Caixa y la Fundación Cajasol, el alcalde ha vuelto a las andadas al recordar la misma exigencia urbanística que acabó provocando hace casi dos años la ‘espantá’ de la entidad financiera catalana de los antiguos astilleros medievales: la redacción de un Plan Especial, que puede llevar bastante tiempo y sobre cuya necesidad no existe opinión unánime entre los expertos.

Zoido afirma que “un bien protegido de 800 años y a 200 metros de tres edificios declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares, qué menos que tenga un Plan Especial”. En esta línea, insta al consejero de Cultura a “sentarnos juntos, hacer el Plan Especial y urbanizar el entorno, quitando por ejemplo el asfalto para completar la actuación en la zona”.

EL ASFALTO NO PRECISA PLAN

¿Hace falta acaso un Plan Especial para quitar el asfalto de las calles que rodean a las Atarazanas? El Ayuntamiento tiene la competencia urbanística para reponer o, en su caso, descubrir los adoquines cuando quiera, pero no lo hace. Mientras Zoido aparenta una exagerada preocupación por el entorno de las Atarazanas en su cercanía a los bienes Patrimonio de la Humanidad, lo cierto es que mantiene el asfalto en la calle Dos de Mayo mientras aprueba un gasto de 1,2 millones de euros en retirarlo de la casi paralela calle Almirante Lobo.

El Consistorio está manteniendo una errática y a veces contradictoria política en relación con las Atarazanas: puso tantas trabas urbanísticas al proyecto de Vázquez Consuegra que acabó provocando la marcha de La Caixa a la torre Pelli; Zoido saludó la decisión de la entidad financiera para, quince días después, apoyar en el Pleno una moción socialista en la que se pedía a aquélla  que reconsiderara su decisión; instó a la Junta, a la que había dejado sin el proyecto firmado previamente con La Caixa, a que buscara una solución alternativa cuanto antes, y cuando Cultura lo logra, la acusa de haber actuado a sus espaldas; y tras haber propiciado la marcha de La Caixa y dejado sin financiación las Atarazanas, le pide en el último Pleno municipal una encomienda de gestión del monumento con el argumento de que buscaría patrocinadores para iniciar su rehabilitación.

PATRIMONIO OLVIDADO

Teniendo como tiene el Ayuntamiento numerosos edificios de gran valor patrimonial en la ciudad y asegurado ya al menos un proyecto para los antiguos astilleros por parte de la Junta, lo lógico sería que el gobierno local centrara sus esfuerzos no en convertir las Atarazanas en un permanente ‘casus belli’ político con el Gobierno autónomo, sino en conseguir esos patrocinios a los que ha apuntado para la rehabilitación de otros monumentos como, sin ir más lejos, la antigua Fábrica de Artillería, de propiedad municipal.

Zoido necesita de un gran proyecto que sea el símbolo de su mandato y acorde con lo que él trata de representar, y en este sentido nada mejor que la restauración de la Fábrica de Artillería, que por su inmensidad permitiría a Sevilla disponer de un gran contenedor para todo tipo de usos culturales y con rentabilidad turística. Salvando las distancias, en la recuperación del monumental edificio del barrio de San Bernardo el alcalde podría tener sus propias Atarazanas, el icono de su Alcaldía.

Hacienda coloca al Consistorio en la tesitura de desprenderse de Aussa

Fija el 31 de marzo como límite para la venta de filiales participadas por terceros

Aussa, que gestiona la zona azul, es filial de Tussam pero participada por Azvi

El Ayuntamiento tratará de no vender con la tesis del control “exclusivo” de Tussam

 

La nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda sobre los efectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local coloca al Ayuntamiento de Sevilla ante la tesitura de verse obligado a vender la empresa de Aparcamientos Urbanos de Sevilla S. A. (Aussa), la filial de Tussam a través de la que controla y gestiona los  aparcamientos regulados en superficie (zona azul) de la ciudad.

El Ministerio de Hacienda dedica un apartado de su nota explicativa de 28 páginas de extensión sobre la Reforma Local, adelantada  por Viva Sevilla, a las entidades directamente dependientes de las entidades locales, o sea, las empresas municipales.

En este sentido, distingue las de primer nivel o propiedad al 100% de los ayuntamientos, como en el caso de Sevilla serían Tussam, Lipasam, Emasesa y Emvisesa, y las de segundo nivel, que dependen o están participadas por empresas englobadas en el primer grupo, como es el caso de Aussa, filial de Tussam.

Hacienda prohíbe, como norma general, que ninguna empresa municipal ya existente pueda constituir otra compañía, con independencia de la situación financiera en que se encuentre. En cuanto a las empresas ya existentes y participadas por sociedades municipales, distingue dos grandes grupos:

1) Las que estén controladas exclusivamente por entidades dependientes directamente de los ayuntamientos, o sea, aquellas en que una empresa municipal posea el 100% de las acciones.

2) Las empresas ya existentes pero que no estén controladas exclusivamente por empresas municipales, o sea, aquellas en las que hay otros accionistas que controlen una parte del capital social.

Según la nota aclaratoria de Hacienda, se deberá proceder a la transmisión de la participación en el capital social por parte de la empresa municipal en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un plazo que expira el 31 de marzo de 2014.

En esta situación se halla Aussa, cuya página web oficial reconoce que se trata de una sociedad mercantil integrada por Tussam (Ayuntamiento de Sevilla) y por Concesiones Intercontinentales (COINTER y grupo Azvi), con 15 años de experiencia en la gestión de aparcamientos públicos, en estacionamiento regulado y en servicio de retirada de vehículos de la vía pública, “destacando -especifica- la gestión de aparcamientos en grandes eventos (hasta 20.000 plazas)”.

No obstante, según fuentes municipales consultadas, el Ayuntamiento, para no desprenderse de Aussa, sostiene la interpretación de que forma parte de las empresas del primer grupo, las controladas en su gestión exclusivamente por entidades dependientes de la corporación municipal, a través de Tussam.

PLAN DE EXPANSIÓN

Aussa informa en su web de que en 2008 inició un plan de crecimiento y expansión geográfica desde Sevilla a otras ciudades de España, gracias a su capacidad de adaptación y a la aplicación de las últimas tecnologías, y que actualmente tiene presencia en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca y Madrid.

Recientemente, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla decidió adjudicarle el contrato de la nueva zona azul de la ciudad a cambio del pago de un canon fijo anual de 1.521.094 euros, con un 12% variable y por un plazo de diez años prorrogables por dos más.

En el pliego de condiciones aparecía como cifra orientativa un número de 7.285 plazas, de las que 3.173 son de nueva creación, si bien su distribución está aún pendiente de acuerdo con los vecinos a través de los Distritos.

La clave está en el Diccionario
¿Qué significa la palabra ‘exclusivamente’? Del significado que se le atribuya al término puede depender el futuro de Aussa. Hacienda estipula que los ayuntamientos deben vender las empresas que no estén controladas exclusivamente por otras empresas municipales, pero no obliga a vender las que están controladas exclusivamente por una sociedad matriz de índole municipal.

El Ayuntamiento de Sevilla, para no vender Aussa, interpreta que está controlada exclusivamente por Tussam. Según el Diccionario de la Academia, ‘exclusivamente’ significa en su segunda acepción “sola, únicamente”. Y la palabra ‘exclusivo’, en su segunda acepción, significa “único, solo, excluyendo a cualquier otro”. Pues bien, Tussam no está sola y únicamente en Aussa, sino con Azvi como socia y accionista.

Es más, es la propia Aussa la que emitió el 19 de noviembre de 2013 una nota de prensa con el siguiente título: ‘Grupo Azvi se adjudica,  a través de Aussa, la gestión de la Zona Azul de Sevilla’.

 

Zoido confirma la Disposición Adicional

para salvar la Zona Franca

 

El alcalde confirmó  la noticia de Viva Sevilla sobre la redacción de una Disposición Adicional para salvar de los efectos de la Reforma Local la Zona Franca, aunque para ello Zoido incurrió en una contradicción al sostener que con la legislación actual no hay ningún inconveniente para que el Ayuntamiento no pueda formar parte del consorcio de la misma. Si no hubiera ningún inconveniente, como pone de manifiesto la nota aclaratoria de Hacienda, no habría hecho falta la citada Disposición sobre la marcha.

El Grupo Popular en el Senado ha tenido que añadir una Disposición específica sobre zonas francas durante la tramitación del proyecto de leuy sobre Cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Con esta Disposición incorpora además otra (la número 23) a la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas sobre el régimen patrimonial de los consorcios de zonas francas.