La guardia pretoriana del (sin) alcalde, encabezada por Marchena, ha sostenido la tesis de que Monteseirín tenía un problema de (in)comunicación. Como si la comunicación de su sufrido Gabinete de Prensa pudiera encubrir tal cantidad de escándalos : desde las facturas falsas del caso Macarena hasta los falsos prejubilados de Mercasevilla, pasando por el desalojo a golpe de billetes de los chabolistas en Bermejales y la desaparición de la cubierta de la Davis. Ahora, tratando de demostrar lo contrario, el Ayuntamiento llega al extremo de comunicar que la edil Teresa Florido iba a asistir a la proyección de la película ‘Tiana y el sapo’ en el centro cívico Torre del Agua. ¿Y a quién le importa? Desde aquella nota de prensa sobre la inauguración de un cuarto de baño por Carmen Calvo no habíamos visto nada equivalente, salvo que el sapo fílmico contemplado por la defenestrada edil tenga el valor noticioso de una metáfora política. En un Ayuntamiento que vive los ‘minutos de la basura’, quizás lo mejor sea callarse. El silencio también forma parte de la partitura.
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Remembranzas de Juan Guerra
Segundas acotaciones al escándalo de los EREs, del que, por lo que se vislumbra, sólo ha emergido la punta del iceberg:
–Los “discordantes” de Recio: El consejero de Empleo ha acuñado un nuevo palabro eufemístico y se ha referido a los intrusos y/o falsos prejubilados en los EREs como “discordantes”.
Recio, tras investigar las prejubilaciones de 1.569 trabajadores en 35 empresas, dice que le salen 70 discordancias, osea, “un 0,04% frente al total”.
La Junta sólo ha investigado a 35 empresas de las 196 beneficiadas por el ‘fondo de reptiles’ (Guerrero dixit), osea, apenas el 17,85%. Asimismo, ha escrutado a 1.569 de los 25.000 trabajadores acogidos a los EREs en estos diez años. Suponen, pues, sólo el 6,27% del total. Y de los investigados, el 4,46% han cometido presuntas irregularidades. Si esta proporción se mantuviera en todos los EREs, las “discordancias” podrían ascender a nada menos que 1.115.
–Romería al despacho: Coincidiendo con la comparecencia de Recio, El País publicó una entrevista con el director general de Trabajo durante nueve años, Francisco Javier Guerrero. Como dijo Valderas en el Parlamento, la entrevista no tenía desperdicio, porque a su manera Guerrero hacía su particular ‘Yo acuso’.
En la entradilla/síntesis, el diario afín hacía una descripción demoledora para el Gobierno andaluz: “Consejeros, delegados de la Junta, alcaldes, concejales, sindicalistas, empresarios….Al despacho de Javier Guerrero acudieron durante nueve años cargos de todo rango a pedir dinero del fondo para empresas en crisis”.
De golpe y porrazo parece como si nos hubiésemos retrotraído a los tiempos en que había otro despacho al que, con la excusa de los cafelitos, también acudían en peregrinación quienes buscaban intercesión para conseguir los favores del Poder: el de Juan Guerra.
–Como Lopera, pero en la Junta: Guerrero afirma que los intrusos en los EREs no son tales, sino “criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas”. Las criaturas acogidas al seno de la Junta recuerdan a las ‘criaturitas’ de que hablaba Lopera en sus tiempos en el Betis, una denominación que denota una concepción paternalista, populista y clientelar.
El exdirector general olvida que el fin no justifica los medios y que si esas personas necesitaban auxilio, la Junta contaba con la Consejería de Asuntos Sociales. Llevando al extremo estas prácticas, ello equivaldría a solucionar el problema de los parados andaluces colándolos como intrusos en EREs. ¿Por qué esas ‘criaturas’ tenían que beneficiarse de un ERE y los demás desempleados andaluces no?
–Normas reducidas a caprichos: Empleo acuñó en la práctica su propio principio: ‘Cuando se te interponga un obstáculo administrativo, sáltatelo’. Guerrero ha contado: “Como no podíamos estar al pairo de los caprichos del interventor”, el cual se negó a autorizar un pago equivalente a 900.000 euros de ahora, se decidió saltarse el procedimiento establecido, previa consulta con un bufete jurídico externo, Garrigues.
Lo lógico habría sido elevar una consulta a los Servicios Jurídicos centrales de la Junta, pero se habría corrido el riesgo de que su dictamen hubiera sido negativo y en tal caso ya no habría habido coartada para arbitrar un sistema fuera de control. Y esto era justamente de lo que se trataba, como denotan las palabras del exdirector general al calificar a la Intervención como un capricho en vez de cómo un fiscalizador del dinero público.
–Sin coartada: Pensemos por un momento con lógica. ¿Es creíble la versión de la Junta de que un mero director general manejó 647 millones de euros a espaldas de los consejeros a cuyas órdenes estuvo y que éstos no supieran nada de ese fondo y sus manejos? En su testimonio, Guerrero desmonta en al menos cinco ocasiones la coartada política de la Junta, cuando dice:
-Viera y Fernández nunca dijeron lo contrario. Nadie puso pegas a que una criatura solicitara lo mismo que los sindicatos o un colectivo.
-Teníamos consejo de dirección y siempre he dado cuenta de lo que hacía, como cualquier director general, porque no había nada ilegal.
-Ellos (Viera y Fernández) han tenido más interés o menos en función de la relación que tenían con las empresas. (Este aserto es toda una carga de profundidad, calificada por el PP en el Parlamento como “tráfico de influencias”).
-Hubo una segunda propuesta de Dhul que se habló con Fernández y éste dijo que no se daba más dinero.
-Los informes (negativos de la Intervención sobre el procedimiento de las ayudas) no me acuerdo cómo eran porque le llegan al consejero.
–La contradicción de Griñán: Cuando Arenas sacó a colación en el Parlamento estas declaraciones, Griñán le reprochó que diera “más credibilidad a un imputado que a personas honorables”. ¿Acaso no es eso mismo lo que han hecho Griñán y el PSOE con Antonio Rivas, darle credibilidad, pese a su imputación en una variante del caso Mercasevilla? Griñán ha defendido que permaneciera en su alto cargo de la Junta durante casi un año y luego lo ha mantenido otro año en cargos orgánicos, y a la hora de la verdad el PSOE no ha presentado ninguna acusación contra él.
Como en ‘Rebelión en la granja’, de Orwell, para Griñán y el PSOE todos los imputados son iguales, pero algunos son menos imputados que otros.
El intocable
El PSOE dice ahora que respalda la renuncia de Rivas a sus cargos orgánicos en el Comité Director, la Ejecutiva Provincial y la Dirección en Camas “para no erosionar el partido”. Osea, que lo estaba erosionando. Griñán incluso afirma que ve “perfecto” que haya asumido “su responsabilidad”. Osea, que la había. El problema es que Rivas ha tardado casi dos años en asumir esa supuesta responsabilidad y que en todo este tiempo el PSOE ha defendido su resistencia numantina a dimitir, primero como alto cargo de la Junta y luego como dirigente del partido, aunque estuviera tan imputado como Guerrero en el caso Mercasevilla. ¿Cómo es posible, sin caer en la esquizofrenia política, que se apoye por igual una cosa y la contraria: la obcecación en no dimitir y la dimisión misma? Por cierto, a Guerrero lo expulsaron de forma fulminante como presunto culpable y a Rivas lo han dejado caer, pero hay otro imputado en este escándalo que sigue tan campante en su puesto, entre pincelada y pincelada. ¿Será verdad que es intocable porque, como dicen las malas lenguas, sabe demasiado?
El autoERE
No es para darme autobombo como el (sin) alcalde con la campaña ‘Sevilla se ve (lo mal que está)’, pero debo recordar aquí y ahora que fue este francotirador el que, medio en broma medio en serio, pergeñó la posibilidad de presentar un expediente de regulación de empleo de uno mismo para acogerse a la doctrina de la Junta de que los EREs pecaminosos no son en realidad para las empresas, sino ayudas a las personas, en línea con lo que pregona Monteseirín de Sevilla pero elevado al rango de toda Andalucía. Y…..¡bingo! ¡Resulta que esa figura laboral imaginaria existía en la Junta! El carguete socialista en Camas que dicen que aparece como intruso en el ERE de Intersur ha contado que cuando el PSOE perdió las elecciones en su pueblo y él se quedó a dos velas, el director general del ‘fondo de reptiles’ le dijo que lo iba a prejubilar “a título individual, por supuesto”. Por tanto, el camero perjura que él no cobraba a cuenta de empresa textil alguna en Morón, y que pensaba que la paga era por sí mismo. ¿Ven cómo es verdad que la realidad supera a la ficción?
Oficinistas camuflados como mineros en Almagrera
El exdirector general de MRT dice que se hizo lo mismo en Riotinto, Aznalcóllar y Tharsis
Estévez revela que la Junta sabía que la mina interior de Riotinto se cerró en 1987 y que en el ERE figuró como abierta hasta 2001
Administrativos y personal que no trabajaba en el interior de la mina de Almagrera, sita en el término de Calañas (Huelva), fueron camuflados como mineros en el ERE que se pactó a mediados de diciembre de 2002 para poner fin a la actividad de la compañía. El exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, ha declarado que esta práctica fue habitual en el sector y que se hizo en Riotinto, Almagrera y Aznalcóllar.
La dirección de la empresa Minas de Almagrera, ubicada en Calañas (Huelva), alcanzó a mediados de diciembre de 2002 un acuerdo con el comité de empresa para la extinción de los contratos de los 324 empleados de la plantilla. El pacto preveía el paso del expediente de regulación de empleo que existía desde un año antes a otro de extinción. Según declaró entonces un responsable de UGT, esta medida era un requisito indispensable “para poder acogerse a las ayudas estatales y autonómicas que ambas Administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno central) han puesto a disposición”.
El sindicato dijo tras el cierre del acuerdo que ya había enviado a la Seguridad Social la lista de los 324 trabajadores de la plantilla “para poder determinar cuántos de éstos podrán acogerse a las prejubilaciones; cuántos a las recolocaciones y cuántos a las indemnizaciones según prevé la legislación vigente”. El responsable de UGT también expresó su deseo de que “ningún trabajador se quede fuera de las ayudas”.
Fuentes conocedoras de aquel proceso han revelado ahora que en el ERE de Almagrera pasó lo mismo que en el de Riotinto: a los administrativos y otro personal les adjudicaron el mismo coeficiente que si hubieran trabajado en la mina subterránea, un 0,3.
PRÁCTICA HABITUAL
Por su parte, el exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, considera que el aumento de los coeficientes reductores en las prejubilaciones era habitual en la minería andaluza, y ha puesto como ejemplo de ello a Riotinto, Almagrera y Boliden (Aznalcóllar), si bien en su opinión no puede hablarse de ilegalidad..
En unas declaraciones a ‘Viva Huelva’, Carlos Estévez dice que en el caso de Riotinto hubo dos concepciones enfrentadas. Por un lado, la empresa ofrecía una solución puente, que fue abortada por la Seguridad Social, dependiente del Gobierno central, y por el poco interés de las otras partes en esta solución. Y, por otro lado, los sindicatos y la Junta de Andalucía, que querían cerrar para siempre las minas.
Según Estévez, los sindicatos exigían una solución no traumática, sin un solo trabajador dejado sin amparo, por lo que el Gobierno autónomo y las centrales sindicales acordaron la siguiente solución, “con el visto bueno de Madrid”: los trabajadores de más de 65 años de edad compensada se iban directamente a la jubilación; los de más de 52 años de edad compensada iban a prejubilación a través de las correspondientes pólizas pagadas por la Junta de Andalucía; y a los de menos de 52 años de edad compensada se les ofrecía o bien una indemnización y el (subsidio) de paro o bien su entrada en una bolsa de trabajo que la Junta se comprometía a mantener activa hasta que encontraran un trabajo fijo.
FECHAS FALSEADAS
El exdirector general de MRT revela que para que el número de trabajadores con menos de 52 años de edad compensada fuera el menor posible se decidió aumentar al máximo los coeficientes reductores propios de la actividad minera “por los procedimientos que ya son de dominio público”. A su juicio, esta práctica ha sido usual en todos los EREs de empresas mineras en crisis y en nada diferente a lo hecho en la minería del carbón, en las minas de hierro de Granada y en las otras minas de la Faja Pirítica, como Almagrera, Boliden y Filón Sur (Tharsis).
Estévez se extraña de que nadie haya dicho que las vidas laborales deben ser aprobadas por la Administración central: “Sin su consentimiento, las soluciones arbitradas no son viables”.
La empresa minera de Riotinto se negó a firmar los documentos del ERE porque, dice Estévez, “no podíamos aceptar sin incurrir en graves responsabilidades como gestores que la mina subterránea Pozo Alfredo había estado en funcionamiento hasta el año 2001, cuando en realidad su actividad cesó en 1987, y así constaba en los archivos de la Dirección General de Minas de la Junta”.
El cierre de la crisis de la minería en la Faja Pirítica del Suroeste habría costado a la Junta a principios de este siglo unos 120 millones de euros e implicó prejubilaciones de 1.300 mineros entre Riotinto, Almagrera, Aznalcóllar y Tharsis (Nueva Tharsis y Filón Sur), financiadas al 50% por el Gobierno autonómico y el central.
Los EREs, una excepción hecha regla
El exconsejero de Empleo y secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, esgrimió en su reciente rueda de prensa la ley 38/2003 General de Subvenciones para defender el procedimiento empleado por la Junta de Andalucía en el reparto de los 647 millones de euros para subvencionar prejubilaciones en EREs de los últimos diez años. Según Viera, ese dinero eran “subvenciones excepcionales a trabajadores” que podían acogerse a dicha ley, pero en la práctica el Gobierno andaluz incumplió, presuntamente, sus disposiciones.
La exposición de motivos de esta norma deja ya muy claro que las subvenciones del sector público no pueden otorgarse graciosa y discrecionalmente, sino que han de responder a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas, osea, previa solicitud de los interesados. Asimismo, el dinero de las ayudas no debe contribuir a engordar el déficit público, al estar sometido a las directrices de la ley de Estabilidad.
Como es sabido, los 647 millones de euros ni pasaron por el Consejo de Gobierno ni por las páginas del Boja, lo que presuntamente supondría un incumplimiento de la ley invocada por Viera, la cual establece lo siguiente: “Los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa, crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades” (Artículo 18). No será necesaria la publicación en el Boja cuando las ayudas, individualmente consideradas, sean inferiores a 3.000 euros, pero en ese supuesto deberá preverse la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas. Si la Junta hubiera atendido este mandato legal, habría propiciado que afloraran desde el principio los intrusos detectados al cabo de los años y a raíz de estallar el caso Mercasevilla.
Todavía más. La ley especifica en su artículo 20 la obligación de crear una base de datos de ámbito nacional que contendrá información relevante sobre todas las subvenciones concedidas: bases reguladoras, convocatorias, identificación de los beneficiarios, subvención otorgada y efectivamente percibida y otros extremos.
Las subvenciones previstas en la ley no tienen una finalidad asistencial, como ha defendido la Junta. Al contrario: deben ser incentivadoras de actividad económica y no causar distorsiones ni interferencias en el mercado. La norma establece asimismo un sistema de seguimientos, a través del control y la evaluación de objetivos y de las conductas fraudulentas (artículos 32 y 44), algo que a la vista de lo ocurrido con las falsas prejubilaciones descubiertas al cabo de los años ha brillado por su ausencia en la Junta de Andalucía. Por eso, en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre de 2003, también se prevé la exigencia del reintegro de las subvenciones cobradas de forma ilegal y la imposición de sanciones a los defraudadores.
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA
Tomando como referencia la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta ley especifica en su exposición de motivos los principios que han de informar la gestión de las subvenciones: igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia (artículo 8.3). Unos principios que contrastan con el oscurantismo practicado por el Gobierno andaluz, que ha defendido la exención de publicitarlas en boletín oficial.
También hay párrafos que parecen pensados para prever la aparición de conseguidores, intermediarios y brokers, como los que han actuado en la tramitación de los EREs o, según Viera y Mar Moreno, ayudas a título meramente individual a los trabajadores: “Cuando en la gestión y distribución de los fondos públicos participen entidades colaboradoras, se exige, en todo caso, la formalización de un convenio de colaboración….Cuando la entidad colaboradora sea de derecho privado, su selección deberá realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad”.
Los artículos 22 y 23 de la ley regulan el procedimiento de concesión de subvenciones, bajo el principio de ‘concurrencia competitiva’, previa convocatoria y bases reguladoras elaboradas por un órgano colegiado: se comparan las solicitudes presentadas y se establece una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados de antemano. Y he aquí el párrafo al que presumiblemente se acoge la Junta: sólo podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública., pero ajustándose a una cuantía económica. La norma habla del carácter excepcional, una excepcionalidad que contrasta con los 25.000 subvencionados, pero no exime de que se conozca públicamente sus beneficiarios, salvo también en circunstancias excepcionales que no parece el caso.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio y mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá necesariamente el siguiente contenido: disposición que establezca las bases reguladoras y diario oficial en que está publicada; créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, objeto, régimen de concurrencia competitiva, requisitos y forma de acreditarlos, plazos, documentación que debe acompañar a la solicitud….
Compárense estas exigencias con el procedimiento seguido por la Junta, donde el IFA, pagador de las subvenciones tras el acuerdo con la Consejería de Empleo, llegó a acumular desfases presupuestarios cercanos a los 30 millones de euros y que hubo que compensar en ejercicios posteriores.
ns/nc
El título evoca las abreviaturas de las encuestas: no sabe/no contesta. Monteseirín es un ns/nc, según su autodefinición ante los periodistas que fueron a la inauguración del centro de limpieza de Lipasam en el telecabina de la Expo. El (sin) se negó a responder a los plumillas que le pusieron la libreta, la alcachofa o la grabadora por delante, y se limitó a decir: “Os tenéis que ir acostumbrando a que no conteste”. No, si ya estábamos. Cada vez que olía a chamusquina, Alfredo salía corriendo o se escondía, dada su natural propensión a tomar las de Villadiego. Y ahora huele a la chamusquina de los EREs sin luz ni taquígrafos, como el sistema opaco que él impuso en el Consejo de Mercasevilla al quitarse del medio a la Oposición. ¿Y por qué le preguntamos, si es un cadáver político desde el teletipo de Europa Press y lo que diga no le importa a nadie? ¿Y para qué vamos a sus actos, si ni habla? A lo largo de 12 años, Monteseirín ha acreditado que no sabe. Ahora, él mismo ha despejado la segunda incógnita. El (sin) alcalde de Sevilla, ni sabe, ni contesta.
Acotaciones
Parafraseando a Wenceslao Fernández Flores, he aquí mis acotaciones como lector y oyente de cuanto se ha venido diciendo estos días sobre los EREs.
–Camuflaje: Al rechazar en el Parlamento una comisión de investigación, Griñán dijo que las ayudas de la Junta han contribuido a mantener la actividad de empresas en crisis. Por su parte, Viera destacó en su rueda de prensa el empeño del Gobierno andaluz por “ayudar a las empresas en dificultades, al objeto de evitar que sus problemas tuviesen “un impacto laboral dramático”. Griñán y Viera reconocen que los 647 millones eran para EREs. Sin embargo, para justificar que ese dinero no pasara por el Consejo de Gobierno ni apareciese en el Boja, la Junta ha sostenido oficialmente que eran ayudas individuales a los trabajadores. Primera contradicción.
–Excepción y regla: Viera, que ha dado varias versiones, defendió el libramiento de estos fondos al amparo de la Ley de Subvenciones y también dijo que las ayudas constituyen “subvenciones excepcionales a trabajadores”. Según algunas fuentes, en diez años se han beneficiado más de 25.000 andaluces, a un promedio de 25.000 euros por cabeza. Veinticinco mil no son una excepción sino una legión.
–Tercera versión: Otra frase de Viera: “Las subvenciones a empresas tenían un recorrido y las ayudas individuales, otro”. Para conceder una ayuda individual, debe haber una solicitud previa. ¿Puede mostrar la Junta las 25.000 solicitudes de auxilio?
Y para dar una subvención a una empresa, se supone que debe mediar también una solicitud, convocatoria pública de ayudas y su publicación en el Boja. ¿Puede acreditar la Junta alguna de las tres circunstancias?
–Paralalelismo: Las familias de las cinco víctimas del Bazar España recibieron cada una de ellas 72.000 euros del Ayuntamiento. Ana Albarrán ha recordado el procedimiento: en el mismo acto de firmar la solicitud, les dieron la ayuda solidaria/subvención. Primera observación: tuvieron que firmar una solicitud. ¿Han firmado los 25.000 subvencionados de los EREs?
Y con el tiempo, como era una ayuda/subvención individual, Hacienda les reclamó el pago del IRPF (¿un 40%?). ¿No habrían estado obligados a ese mismo pago los subvencionados por la Junta? Salvo que lo de la subvención fuera una coartada del Gobierno andaluz para justificar la opacidad del procedimiento.
–Sobreentendido: Empleo y el IFA firmaron un convenio mediante el cual se modificó el sistema por el que la Junta concedía las ayudas a los EREs: de subvenciones excepcionales con publicación en el Boja se convirtieron en transferencias de financiación de explotación. Esta semana, Mar Moreno ha declarado que al tratarse de un convenio con un ente instrumental propio de la Junta, no habría sido necesario el visto bueno de los Servicios Jurídicos, pero dio por sentado que contó con su aprobación.
Aquí no se da nada por sentado ni de pie. O tuvo la aprobación o no la tuvo. Y si la tuvo, ¿por qué la Junta no la enseña? ¿O es que no hubo tal aprobación, sino más bien vista gorda?
–Deducción contraria: Si la consejera da por sentado que hubo un informe positivo de los Servicios Jurídicos, ¿por qué la Intervención General, dependiente de Griñán cuando consejero, lo cuestionó en 2005, 2006 y 2007?
–Cambio de sistema: Si el procedimiento instaurado a raíz del convenio era perfectamente legal, ¿por qué el nuevo consejero, Manuel Recio, lo cambió apenas llegar a la Consejería? ¿Qué necesidad había? ¿O es que el escándalo del ERE de Mercasevilla estaba dejando en evidencia el sistema y había que reaccionar sobre la marcha?
–Demasiadas coincidencias: Viera ha calificado de coincidencia el hecho de que fueran las mismas aseguradoras (Vitalia y Uniter) las que intermediaran en los EREs. Algo que se repite durante diez años es muchísimo más que una coincidencia: es una sospechosa contumacia con pinta de contubernio. ¿Por qué no se sacó a concurso público la prestación de este servicio?
Y si no se trataba más que de ayudas individuales, ¿qué necesidad había de intermediarios? ¿Y por qué aparecieron, si teóricamente no se sabía nada de que se estaban repartiendo 647 millones de euros al no haberse divulgado la concesión de ayudas a través del Boja? ¿Quién los puso sobre la pista del dinero?
–A la calle: Viera ha dicho que confirmó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo por las llamadas de los agentes sociales y económicos, que le dieron magníficas referencias, y ha reclamado para él “la presunción de inocencia, que merece como cualquiera”. Primero lo expulsa del partido y luego va y pide presunción de inocencia (¿?).
–Perejiles: El presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación, Villalobos, ha declarado por su parte que desde el punto de vista administrativo “no hay nada que objetar” al procedimiento de los EREs, pues en su opinión tenían “todos los parabienes y perejiles que deben tener”.
Aun así, ha justificado la expulsión de Guerrero del partido y ha destacado que “nosotros, en menos de 24 horas, ponemos en su casa al presunto culpable”.
Atención a la perversión jurídica y del lenguaje: el presunto inocente según Viera pasa ‘ipso facto’ a ser presunto culpable según Villalobos, y expulsado en 24 horas sin siquiera trámite de audiencia. ¿Cómo sería la vida ordinaria si se trasladasen las prácticas internas del PSOE?
Y si, según Villalobos, el procedimiento tenía “todos los perejiles”, ¿de qué era culpable el exdirector general para su fulminante laminación interna?
A ver si va a resultar que en vez de perejil, el procedimiento cuestionado tanto por la Intervención General como por la Policía Judicial tenía en realidad cicuta, de similar aspecto, pero muy venenosa (causante, por ejemplo, de la muerte de Sócrates).
Tan venenosa que, si no le encuentran un antídoto a tiempo, sus efectos tóxicos pueden ser letales para los socialistas en las próximas citas electorales.
Emasesa
Un lector ha enviado una carta al director en la que cuenta cómo Emasesa, al frente de la cual Monteseirín puso a su valido Marchena con un sueldo de 170.000 euros, lleva un año cobrándole de más al considerar no su consumo de agua, sino que su hogar es unipersonal, cuando lo componen cuatro miembros. A la primera reclamación le contestaron que había pasado el plazo (¿?). A la segunda, tras presentar todo el papeleo, le cascaron 76 euros por cambio de contrato, pero siguieron cobrándole más de la cuenta. A la tercera tampoco fue la vencida: le habían extraviado la documentación. Y siguen cobrándole el recargo. El desesperado usuario concluye la carta planteando si estos cobros abusivos no serán para el sueldo multimillonario de Marchena. También se ha sabido que Emasesa ha emitido al menos 20.000 facturas anómalas, con, por ejemplo, datos de un cliente en el anverso y de otro en el reverso. Según la compañía, nunca había pasado antes. Con Marchena, pues, llegó el escándalo. Y pensar que Monteseirín dijo que su súper sueldo estaba justificado por su eficacia.
Pastores
Reunión de pastores, oveja muerta. Muy mal tiene que estar la cosa ésta de los EREs con su sarta de falsos prejubilados para que a la llamada de Viera se congregaran en el PSOE vieristas y críticos. Dicen que hasta su enemigo íntimo, el (sin) alcalde, se dio una vuelta por la asamblea para hacer el paripé solidario, aunque con lo vengativo que es seguro que fue a ver con sus propios ojos que sus peones de antaño, Celis y Demetrio, estaban en primera fila, de cara al 22-M. Si, según Enrique IV, París bien valía una misa, para Celis y Demetrio, reversibles del sector crítico, Viera bien vale ir en la lista. Tanta gente arropando al secretario general en plan prietas las filas no transmitía una imagen de fortaleza, sino de debilidad. En la Naturaleza sólo se amparan en la manada las hembras, los inmaduros, los enfermos y quienes van camino del cementerio de elefantes, no los machos alfa que se valen por ellos mismos. Pero seguro que Viera no ha leído a Ibsen, el cual dejó escrito en ‘Un enemigo del pueblo’ que el hombre más fuerte del mundo es el que está solo.







