Si no fuera porque el almanaque marcaba la fecha del 8 de diciembre en vez de la del 28, Día de los Santos Inocentes, las declaraciones del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el pasado domingo durante una entrevista periodística bien habrían podido ser tomadas por una inocentada. El delegado, que reconoció haber pensado en dimitir en más de una ocasión a lo largo de estos dos años y medio de mandato que mañana se cumplen, se lamentaba de que por mor del estallido de la burbuja inmobiliaria no gozaba de la misma largueza presupuestaria que sus predecesores. Cuando le preguntaron que en caso de que hubiera dispuesto de similares fondos en qué los habría empleado, su respuesta fue que en combatir la infravivienda.
A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.
FRENAZO A EMVISESA
A pesar de que había por entonces unos 16.000 demandantes de VPO inscritos en las listas de espera de Emvisesa, el gobierno constituido por Zoido paralizó prácticamente desde sus inicios la construcción de nuevas viviendas públicas con cargo a la empresa municipal Emvisesa, obviando la promesa electoral del alcalde de edificar 4.000 durante su mandato.
Las infraviviendas que sitúa en su punto de mira el delegado de Urbanismo al menos existen e incluso, dada la falta de alternativas, pueden hasta acabar cobijando varias generaciones de una misma familia, pero las VPO que no se construyen, sencillamente no figuran para nada. Es más, puede decirse que la falta de VPO contribuye a consolidar las infraviviendas que hay en las zonas degradadas de la ciudad, ya que se deja sin apenas opción a los jóvenes que pretendan emanciparse.
El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.
Los planes del Ayuntamiento para la empresa municipal se han limitado a administrar la ‘herencia recibida’ (ésa de la que tanto se queja el alcalde) del mandato anterior PSOE-IU para ir entregando gradualmente las 719 VPO iniciadas antes de su llegada al Ayuntamiento y a medida que se vayan terminando las promociones.
SIN BALÓN DE OXÍGENO
Tenemos en torno a 15.000 demandantes de VPO y 9.199 de nuestros 90.740 parados pertenecen al sector de la construcción, por lo que un impulso a la edificación de nuevas viviendas públicas sería un estímulo para nuestra maltrecha economía local, pero el Ayuntamiento ha frenado la actividad y los presupuestos de Emvisesa con el pretexto de la crisis, los recortes y la sequía crediticia. En puridad, el gobierno local sólo ha promovido 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, que supondrían, en caso de materializarse, únicamente el 0,4% de las prometidas por el alcalde.
En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.
Esta deuda lastra sus cuentas, pese a que existe desde 2012 un acuerdo, incumplido aún, de la Junta de Gobierno de transferirle 11,2 millones de euros y parcelas por valor de 14,2 millones. Esta laxitud con Emvisesa contrasta con la celeridad para modificar el Presupuesto de la ciudad si hace falta y transferirle cantidades millonarias a una Tussam en apuros, pero, claro, Emvisesa no tiene 1.000 conductores que puedan paralizar el transporte público en la ciudad en caso de problemas. Por tanto, cuando la oposición habla de que Zoido podría repetir con Emvisesa el mismo caso que con Sevilla Global, halla argumentos sobrados para ello en la actuación de su gobierno.
RETRASOS EN LOS PAJARITOS
En el estandarte de la lucha contra la infravivienda propiamente dicha, la primera etapa de la rehabilitación de Los Pajaritos (herencia del Plan Integral para los Tres Barrios, que el gobierno anterior redactó pero que no impulsó, por centrarse en las Setas de la Encarnación, la Alameda y los carriles-bici) se están incumpliendo los plazos anunciados previamente. En su última visita a las obras del edificio-puente, sito cerca de las cocheras de Tussam y al que deben trasladarse de forma transitoria las familias para poder derruir sus viviendas actuales y construir en su lugar otras más dignas, Zoido prometió que estaría concluido en noviembre.
Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.
Hasta aquí, el Ayuntamiento podría tratar de ampararse en la coartada de los recortes económicos y el cierre del grifo del crédito por la banca para justificar que no ha podido hacer mucho más en estos dos años y medio, pero cuando las palabras del delegado de Urbanismo quedan como un mero brindis al sol es cuando se analiza la política municipal con los recursos que ya tiene.
CORRAL DE TRIANA
Si tanto le preocupa al Ayuntamiento el problema de la infravivienda en nuestra ciudad, menos se comprende aún que haya dado prioridad al intento de ahorrarse 60.000 euros anuales del alquiler de la comisaría de la Policía Local en Santa Fe trasladando su sede a la Casa Tapón, en Pagés del Corro, en un corral en el que existen 13 viviendas municipales, de las que ocho siguen vacías pese a que hay 700 familias en situación tan desesperada que ni siquiera pueden pagar un alquiler y sólo aspiran a un piso social.
Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.
Cabría recordar cómo el gobierno local, que se dice tan preocupado por la infravivienda, desmanteló Otainsa, la oficina creada en el anterior mandato para atender a las personas en riesgo de desahucio, y cómo desde Urbanismo, de la que depende Emvisesa, se dio orden de desahuciar a inquilinos de viviendas municipales en San Jerónimo y otros barrios antes de que tras varios suicidios que conmocionaron el país el alcalde, de forma políticamente oportunista, ordenara paralizar casi en el último minuto los lanzamientos previstos.
LA DEFENSORA DEL PUEBLO
El delegado de Urbanismo expresa su preocupación por la infravivienda, pero lleva dos meses de papeleo en Emvisesa para resolver las decenas de peticiones de inquilinos con escasos recursos que aspiran a un alquiler social, también prometido al hilo de los últimos acontecimientos por el alcalde.
Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.
Por más que Maximiliano Vílchez exprese su inquietud por la infravivienda, la política de Zoido no está contribuyendo precisamente a erradicar el problema. Sus escasas iniciativas en este campo amenazan con convertirse en el mayor capítulo del Debe del alcalde ante la próxima cita con las urnas, para la que ya sólo falta año y medio.
Urbanismo ha dado luz verde a la propuesta de incremento en un 10,84% del número total de viviendas permitidas en esa zona por el Plan General, con lo que se pasaría de 158 a 176. Lo significativo es que todas las nuevas viviendas autorizadas, 18, serían de renta libre, las que reportan mayor beneficio a los promotores privados, mientras que no se incrementa en número de las de protección oficial, que sigue fijado en 80 tras la aplicación de las últimas disposiciones normativas y pese a que Zoido prometió en su campaña electoral que construiría más de mil VPO cada año para los 16.600 sevillanos que están en lista de espera de una vivienda pública.
Por lo que se refiere a Sevilla y su provincia, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el organismo que más bienes liquida, un total de 85 viviendas, de las que la gran mayoría, 67, se encuentran en la ciudad de Sevilla. Su superficie oscila entre 77 y 85 m2. Treinta y ocho están construidas en la calle Navarra; siete, en la calle Salvador Allende, y cinco, en la calle Cerbatana. El resto se distribuye entre vías públicas de nombres con resonancias ferroviarias como TER, Talgo, TAF y Ferrobús.
El segundo gran paquete de viviendas en venta, en este caso propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), está compuesto por 54 inmuebles sitos en San Juan de Aznalfarache, de los construidos históricamente para albergar personal de la Maestranza y del Sector Aéreos de Sevilla por su cercanía a la base de Tablada. La mayoría tienen 71 m2 de superficie, si bien también los hay de más de 80 m2 e incluso de 119 m2. Veintitrés están vacías actualmente y el resto, ocupadas. Aunque en la relación aparece la denominada Muralla Mozárabe de la Barriada Obrera, queda excluida su venta porque probablemente será cedida al Ayuntamiento ribereño.
mercado tres en la calle Miguel Mañara (con 1.733 m2 cada uno), uno en la calle Mariana Pineda (825 m2) y dos en la calle Judería (79 y 148 m2). Ocupadas se venden otras seis viviendas de 1.733 m2 cada una en Miguel Mañara; una de 433 m2 en la Plaza de la Contratación; otra en la calle Vida (272 m2) y una en la calle Judería (79 m2).
militar, el del cuartel de Intendencia, en la carretera de Su Eminencia, que ya sacó a subasta sin éxito el día 4 de julio por más de 8 millones de euros y que mide 46.124 m2 de superficie; restos de tres fincas de la base áerea de Tablada (3.263 m2) y el antiguo Camino de las Huertas, también en Tablada (7.640 m2).
Emvisesa adjudicó en 2005 una VPO al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el cual ha reconocido que la usa de forma tan esporádica (para indignación de Espadas y Torrijos y de los miles de sevillanos en lista de espera de una vivienda pública) que hay vecinos que nunca lo han visto por allí en todos estos años. Tampoco lo localizaron la Jefatura de Tráfico, el Ayuntamiento de La Algaba y, oh paradoja, el Ayuntamiento de Sevilla y su Agencia Tributaria ni aun cuando era ya concejal, por lo que recurrieron once veces al Boletín Oficial de la Provincia para enviarle notificaciones sobre multas, embargos y demás. Pese a tal cúmulo de evidencias, al gobierno de las luces y los taquígrafos y que alardeaba de que no toleraría corruptelas como en la era Monteseirín no se le ocurre otra explicación que ésta: “Es habitual no poder localizarlo en su casa por su elevado ritmo de trabajo”. Si este concejal es, según la versión oficial, tan estajanovista o un ‘workaholic’, entonces lo que necesita no es una VPO, sino que le pongan una litera en el Ayuntamiento.
El 23 de mayo, el director-gerente de Emvisesa, Miguel Contreras Manrique, presentó ante la Comisión Ejecutiva de la sociedad, que lo aprobó al final de su reunión, un Código Ético interno “dirigido a todos los directivos y empleados de la empresa, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación laboral o posición jerárquica que ocupe en el organigrama de la compañía” (artículo III), por lo que también debe someterse al mismo el propio presidente de la empresa, que no es otro que Juan Ignacio Zoido.
Jurídicamente, pues, García Camacho se habría convertido en lo que se denomina ‘nudo propietario’, esto es, dueño de una vivienda de la que no podía disfrutar al no tener ya su posesión por haberla cedido a su exmujer. Sería el mismo caso que el del propietario que alquila un piso: tiene la nuda propiedad, pero el derecho a disfrutarlo lo tiene el inquilino.
Hay entrevistas que las carga el diablo. El mismo día en que El Mundo publicó el documentado informe marca de la casa de Carlos Mármol sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, le preguntaron en la competencia al alcalde sobre su política en materia de vivienda. Zoido, para tratar de justificar su pobre balance también en este capítulo ya en su ecuador, respondió que el PSOE e IU agotaron todo el suelo disponible, pero que aun así están terminando algunas, comenzando otras y preparando terrenos para más. La ‘minería de datos’ de El Mundo dejó en evidencia al alcalde, porque demuestra que sólo ha construido 46 VPO pese a que dispone de suelo apto para erigir 8.033 VPO y casi 20.000 de renta libre y que con el suelo en desarrollo a punto de concluirse habrá capacidad añadida para 7.448 viviendas de protección y 11.427 de renta libre más. Todo el argumentario del alcalde y de la patronal sobre que como falta suelo para edificar hay que cambiar el Plan General se derrumba. Otra falso mito más. No falta PGOU, falta capacidad para gestionarlo.
Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.
Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.
sus efectos no han dejado de sentirse en España y buena parte del mundo. Cuarto barco de inversión norteamericano, con unas deudas declaradas de 613.000 millones de dólares provocó el derrumbe de los mercados y puso el foco sobre la desastrosa situación de las entidades financieras, que en el caso español han pasado de ‘superar’ los test de estrés a precisar un rescate de al menos 62.000 millones de euros, de momento.
no fuera suficiente, no falta una remuneración especial para reducir el absentismo, la cual se suma a un complemento de productividad pagadero “por los principios de eficacia y buen resultado de las tareas encomendadas”. Además, se establecen incentivos que podrán pactarse entre la Dirección y el comité de empresa para remunerar trabajos de carácter especial. Y quienes atienden la caja o transporten dinero perciben un complemento “por razones de quebranto de moneda” de 840 euros anuales.