Los medios de comunicación han interpretado que con la publicación, el sábado 25 de octubre, de una nueva Orden en el BOE el Ministerio de Hacienda ha corregido el error que cometió el 28 de julio, cuando dejó fuera del consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, una omisión señalada en aquel entonces por Viva Sevilla y que ha tenido como consecuencia el bloqueo del futuro recinto aduanero durante estos tres meses.
Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ayuntamiento dejaron correr la especie de que aquella omisión se había debido a un error u olvido involuntario, el cual sería subsanado de inmediato con la publicación de una nueva disposición en el Boletín Oficial.
En el BOE se han registrado numerosos casos de correcciones de errores, admitidos como tales y resueltos en el plazo de 24 horas o de a lo sumo unos días. ¿Es normal que se haya tardado tres meses en publicar una nueva Orden ministerial para incluir en el consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio?
No parece normal, máxime si se trata de la promesa-estrella de Zoido para su mandato como alcalde, luego debe haber algo más.
UNA COARTADA
¿Y si no se trató realmente de un error? ¿Y si el ‘error’ no fue más que una coartada para encubrir un conflicto de poder?
Vamos a retrotraernos a finales de julio y ver los actos programados para aquellas fechas.
El 29 de julio, martes, estaba convocado un Pleno municipal extraordinario para debatir sobre el estado de la ciudad antes de las vacaciones de verano, probablemente el último debate global previo a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en primavera. Zoido no podía llegar a ese Pleno con las manos vacías en el sentido de que más de tres años después de su investidura como alcalde su proyecto-estrella, la creación de una Zona Franca en el puerto, seguía sin visos de materializarse por falta de andamiaje jurídico, que dependía del Ministerio de Hacienda.
Así pues, el alcalde precisaba con urgencia que el ministro Montoro publicase en el BOE la Orden ministerial que permitiera activar la tramitación administrativa de un proyecto que él había presentado como vital para el futuro de la ciudad y como generador de miles de empleos.
ACTO EMPRESARIAL
El acuerdo ya habría sido pactado con el ministro, hasta el punto de que para la víspera del Pleno municipal, el lunes 28 de julio, los dos iban a comparecer en un acto en el Real Alcázar al que se había invitado a 200 empresarios sevillanos para presentarles conjuntamente la Orden ministerial que días antes o en esa misma fecha, en último extremo, iba a aparecer en el BOE para dar luz verde a la Zona Franca de Sevilla.
Esa Orden era la HAP/1358/2014, de 25 de julio (datada el viernes previo), por la que se autorizaba la constitución del consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprobaban sus estatutos. Podría haberse publicado el sábado 26 de julio, pero no aparece en el BOE hasta el lunes 28, justo el mismo día en que Montoro viajó a Sevilla a anunciar la buena nueva conjuntamente con Zoido a los empresarios convocados al Alcázar, unos empresarios entre los que a partir de ese momento empieza a correrse la voz de que el ministro ha dejado fuera a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio.
El olvido aparente se presenta como error subsanable pero la Orden cumple el objetivo político de salvarle la cara al alcalde durante el Pleno del debate sobre el estado de la ciudad, en que la oposición no puede ya reprocharle el fracaso en su proyecto-estrella porque Zoido puede enseñar el BOE, aunque la tramitación administrativa y jurídica se dilate durante un tiempo, un tiempo que nadie podría imaginar se prolongaría durante tres meses.
COMPARACIÓN
Si se compara la Orden de la supuesta corrección de errores, publicada en el BOE el pasado sábado (25 de octubre), con la original del 28 de julio y analizamos los ‘errores’ corregidos podemos llegar a algunas interesantes conclusiones.
Se modifica el artículo 2 para incluir en el consorcio a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio, que no figuraban en la Orden del 28 de julio.
Bien, pero la clave radica en la modificación del artículo 10, sobre la composición del pleno del consorcio, que ahora queda integrado por: el alcalde; tres representantes del Ayuntamiento elegidos entre concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local; el delegado especial del Gobierno, nombrado por Hacienda; el delegado regional de Aduanas; tres representantes de la Autoridad Portuaria y uno de la Cámara de Comercio (hay también un secretario, con voz pero sin voto, salvo que actúe como tal uno de los anteriores). En total hay 10 miembros (sin contar al secretario).
En la Orden original, la del 28 de julio, sólo había 5: el alcalde, dos concejales y los dos delegados por parte del Estado. Vemos que, aparte de la inclusión de los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara, el Ayuntamiento tiene ahora uno más que antes: cuatro de un total de diez.
OLVIDO REVELADOR
Volvamos a la Orden original, la del 28 de julio, artículo 11. Reza así: “El Consorcio podrá en cualquier momento, mediante acuerdo del Pleno y con al menos nueve votos favorables, proponer la modificación de la forma de representación de las entidades…..”.
¿Nueve votos? ¡Pero si en el artículo 10 sólo aparecen como miembros del Pleno cinco personas: el alcalde, dos concejales y dos delegados del Estado! ¿Cómo se va a adoptar un acuerdo por 9 votos cuando hay sólo 5 posibles?
Saldrían nueve votos si hubiesen aparecido en el artículo anterior como miembros del consorcio los tres representantes de la Autoridad Portuaria y el de la Cámara de Comercio, y por eso en el artículo 11 se habla de 9 votos y no de 5.
¿Qué pudo haber ocurrido? Recordemos: la Orden se redactó un viernes y el acto de presentación de Montoro y Zoido ante los empresarios había sido convocado para el lunes siguiente. Verosímilmente, el Ayuntamiento, que conoció el texto previamente, no estaba dispuesto a quedar en pie de igualdad con la Autoridad Portuaria (tres representantes cada uno), pese a ser ésta la dueña de los terrenos de la Zona Franca. Ese rechazo obligaba a cambiarlo todo, pero con un fin de semana por medio y con los actos programados para el lunes y el Pleno municipal para el martes ya no daba tiempo a rehacer en profundidad la Orden ministerial antes de publicarla tal como estaba redactada.
SOLUCIÓN
La solución de emergencia habría consistido en eliminar de un plumazo la parte final del artículo 10 (donde figuraban los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio), pero con las prisas se olvidaron de corregir la discordancia reveladora de los 9 votos a que hacía referencia el artículo siguiente.
Y para salvar la situación, cuando la omisión fue descubierta se presentó como un error u olvido lo que en realidad era un conflicto de poder que habría planteado el Ayuntamiento por mantener el control del proyecto-estrella del alcalde.
Por eso la nueva Orden no se limita a corregir la mera inclusión de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio: incorpora nueve modificaciones a la anterior del 28 de julio. La principal es que ahora el Ayuntamiento tiene un representante más (cuatro) que la Autoridad Portuaria (tres) y que se cambia en su beneficio la redacción del artículo 11. Si antes debía haber unanimidad (9 votos) en el Pleno del Consorcio para modificar la forma de representación de la entidades integrantes, ahora bastan 6 votos favorables (los que sumarían los 4 del Ayuntamiento más los dos de los delegados del Estado).
EL VOTO DEL ALCALDE
Anteriormente (artículo 15), se especificaba que los acuerdos “podrán ser tomados por mayoría; en caso de empate decidirá el voto del presidente”. Ahora ya no es potestativa sino obligatoria esa mayoría en la nueva redacción, y como en caso de empate decide el voto del presidente, el que en calidad de tal tendrá la última palabra en el consorcio será siempre Zoido mientras sea alcalde. Y para que haya empate, al Ayuntamiento le bastará sumar el apoyo de tan sólo un solo representante a los cuatro suyos.
También se modifica la composición del Comité Ejecutivo, que funcionará como brazo del consorcio. Si antes estaba formado por los dos delegados estatales más dos miembros nombrados por el pleno, ahora éstos se amplían a tres para hacer un hueco a la Autoridad Portuaria, pero siempre quedarán dos más, en la órbita del Ayuntamiento.
En resumen, la nueva Orden ministerial está diseñada para reforzar el control del Ayuntamiento y de Zoido sobre la Zona Franca, aunque ello haya supuesto un retraso de tres meses que ha frustrado el inicio de las obras en 2014 y que por su duración (8 meses para el vallado) se prolongarán probablemente más allá de la fecha límite fijada en el BOE: el 31 de agosto de 2015.
Landa ha calificado esta pretensión de “reivindicación histórica”, ya que todas las viviendas ubicadas en el Patio de Banderas están incluidas en el Plan Especial de Protección del Sector 6 del Conjunto Histórico de la ciudad, el cual, dicho sea de paso, aún sigue pendiente de aprobación a estas alturas del siglo XXI.
Estas viviendas estaban claramente vinculadas a las murallas del palacio real sevillano y el anuncio de subasta por parte del Gobierno central motivó que el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Espadas, recordara el viejo litigio que mantiene la ciudad de Sevilla con el Ejecutivo de la nación, haya sido del color político que haya sido, desde que durante la II República el ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, le cedió mediante un Decreto el Alcázar y sus jardines.
Como un hecho insólito y excepcional, los cuatro alcaldes democráticos citados han remitido una carta a Juan Ignacio Zoido en la que le instan a que solicite al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que ceda de forma gratuita a la ciudad de Sevilla las casas que históricamente estuvieron vinculadas al Alcázar y que incluyó en el mes de julio entre los bienes que se pretende sacar a subasta antes de que acabe el año.
1) No fue capaz en su momento de frenar la inclusión de los inmuebles en las subastas del Ministerio de Hacienda, pese a que el ministro, Cristóbal Montoro, es diputado del PP por Sevilla y el alcalde alardea de tener hilo directo con él.
presentar con sus responsables el proyecto (cuarto ya), que había estado paralizado desde hacía 13 años por los problemas financieros y de otra índole de todos los promotores anteriores.
En el mismo Pleno de septiembre se aprobó por la vía de urgencia el borrador del convenio para la construcción de forma definitiva de la comisaría de Policía en el Polígono Sur, prevista desde el convenio firmado hace años por Monteseirín con el ministro del Interior dentro de un paquete de cinco en distintos distritos de la ciudad y cuya necesidad, evidente desde siempre, se ha demostrado inaplazable después del tiroteo de este verano, en que murió una niña de tan sólo 7 años de edad.
Pues bien, los fondos asignados a Sevilla por el ministro Montoro en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran la escasa fuerza de Zoido a la hora de poner una pica en Madrid, en su doble condición de alcalde de Sevilla y de presidente del PP (A) y la escasa consideración de Montoro a la circunscripción por la que es diputado, ya que al proyecto-estrella de Zoido, la SE-35 para facilitar la apertura del segundo Ikea, sólo ha destinado un millón de euros, y cero euros para la Comisaría de Policía Nacional en el Polígono Sur y en cualquier otro distrito de la ciudad.
modificar previamente el Presupuesto de Urbanismo y detraerle cantidades destinadas inicialmente a obras en los barrios de la ciudad. Más o menos lo mismo que hizo Monteseirín para las Setas de la Encarnación, si bien en este caso en proporciones bastante menores.
Pues bien, pese a este carácter estratégico y los supuestos miles de empleos que va a generar la SE-35, la firma del convenio supuso cero euros en los Presupuestos para 2013 y tan sólo un millón para los de 2014, ¡únicamente el 8% del dinero comprometido por Fomento!, cuando Zoido había dado seguridades a Ikea de que todo estaría listo en 2014 para la apertura de su segunda tienda.
edificio de la Gavidia (para el que no se encuentra uso y cuya vigilancia ha llegado a costar 174.000 euros anuales), a cambio de que el Gobierno construyera cinco nuevas comisarías de Policía en Sevilla Este, Macarena, Nervión-San Pablo, Los Bermejales y el Polígono Sur.
Lo mejor del Presupuesto son los 20 millones de euros para rematar las conexiones con el pantano de Melonares, pero por la amenaza de perder el dinero de Bruselas, y entre lo que el alcalde no valora figuran los escuálidos 40.000 euros para el Cercanías, vital para descongestionar la isla de la Cartuja, y los cero euros para el Museo de Bellas Artes, pese a la cual Zoido ha declarado que las Cuentas para 2014 “recogen las necesidades prioritarias de Sevilla”.
Sevilla ha sido durante abril la segunda provincia española que ha registrado mayor caída del paro (5.891 personas salieron de las listas del Inem) y mayor número de contratos laborales (24.444), si bien el 97% de los mismos tuvieron carácter temporal. Tanto en general como para sectores como la construcción y la industria han sido las mejores cifras en muchos años desde que se llevan este tipo de estadísticas. Y ¿a quién se ha debido este machadiano milagro de la primavera? Las centrales sindicales, libres en este sentido de toda sospecha, lo atribuyen a los hombres de negro enviados por el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, a la Feria de Abril, los cuales obligaron a dar de alta a todo el que pintara algo en una caseta, desde el montaje al desmontaje. Mientras que en el resto del país sube el pan (y los impuestos) cuando don Cristóbal habla con su risa de conejo, aquí resulta que baja el paro. Con este precedente, Sevilla va a ser el único lugar del mundo donde acabemos felicitándonos por que nos metan una inspección de Hacienda.
En medio de la aflicción de los hebreos, los sacerdotes imploran a Yaveh, pero Dios considera justo el castigo por su pecado de vanidad, al haber hecho ostentación de sus tesoros y haber despertado así la codicia del rey extranjero, que en principio no tenía noticia alguna de los mismos y que por arrebatárselos acabó sometiendo a aquéllos a cautiverio.
Con el enorme déficit público existente y la necesidad de recortar gastos y de sacar dinero hasta debajo de las piedras para calmar a Bruselas y a Angela Merkel, Montoro vio el cielo abierto al leer cómo Sevilla alardeaba de su particular tesoro, un tesoro al que nunca antes Hacienda había prestado atención porque las actividades en el campo de Los Remedios carecían de reflejo estadístico al no haberse declarado de manera alguna. Oficialmente era como si no existieran.
Serrano, sino el socialista Emilio Carrillo, el hombre que pudo reinar en Sevilla y al que Monteseirín le segó tanto la hierba bajo los pies que logró hasta su abandono de la política y que hoy transite por los derroteros de la vida contemplativa, la filosofía zen y la meditación trascendental.
Sus magnitudes invitan a una reflexión. Pesa 250.000 kilogramos. Lleva incorporadas 20.000 bombillas para lucir en todo su esplendor. Ha precisado pintura artística para cubrir el equivalente a una superficie de 4.000 m2. La altura de sus torres es de 43 metros. El conjunto tiene un frente de 50 metros longitudinales y ha precisado de 15.500 horas de montaje, con una inversión total en su construcción de 500.000 euros.
especial para soportar el calor sevillano, tiene una altura de 28,50 metros y mide 150 metros de longitud por 75 de anchura. Tiempo de construcción: 6 años. Coste más o menos admitido oficialmente: unos 120 millones de euros.
Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras empresas municipales.
como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.
Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.