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La Gavidia es invendible

NUEVO PLAZO

El Ayuntamiento de Sevilla pide a Interior otra prórroga para tratar de cumplir el contrato de 2006

EN ESPECIE

Urbanismo no remata el trámite para entregar el solar en la Cruzcampo para una comisaría

PRESUPUESTOS

El PP se queda sin la razón que exigía para apoyar las Cuentas de Espadas para 2017

 

El Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado al Ministerio del Interior una nueva prórroga de seis meses de duración para tratar de cumplir al 100% el contrato de compra-venta de la antigua comisaría de la Gavidia, que ambas partes firmaron el 20 de diciembre de 2006. Desde entonces Interior espera la entrega de un solar en el distrito de Nervión para transmitirle la plena propiedad, condición sin la cual el Consistorio sevillano no puede vender el edificio a un tercero.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo solicitará a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) del Ministerio del Interior una nueva prórroga de seis meses para tratar de culminar la operación de adquisición de la antigua Jefatura de la Policía de la Gavidia.

El contrato de compra-venta se firmó el 20 de diciembre de 2006, en tiempos de Monteseirín como alcalde. Para hacerse con la propiedad del edificio, el Consistorio pagó 9.900.000 euros a Interior y se comprometió además a la entrega de cuatro solares municipales calificados de equipamiento para la construcción de comisarías de Policía en distintas zonas de la ciudad.

Sin embargo, tal como ya informó Viva Sevilla el pasado mes de noviembre, en el Registro de la Propiedad se mantiene una anotación preventiva en favor del Ministerio del Interior y que indica que el Ayuntamiento no es todavía propietario de pleno dominio de la Gavidia porque no ha cumplido todavía el compromiso de pago en especie con uno de los solares acordados.

Este solar se encuentra dentro de los antiguos terrenos de la Cruzcampo, en Nervión, afectados por la quiebra de la empresa que en su día anunció la construcción de un complejo de viviendas de lujo, un proyecto que había encargado a los denominados arquitectos-estrella, como Norman Foster y Guillermo Vázquez Consuegra, los cuales se retrataron con Monteserín en el balcón del Ayuntamiento.

Aunque se ha intentado segregar el solar destinado a la comisaría para entregarlo a Interior, los informes jurídicos han sido contrarios a tal posibilidad y ha de tramitarse el procedimiento de forma ordinaria a través de la Junta de Compensación. Aunque la tramitación se inició en abril de 2015, casi dos años después aún no ha concluido.

Ante esta situación y a la vista de que la última prórroga solicitada a Interior expirará el próximo 21 de febrero, la Gerencia de Urbanismo ha pedido otro periodo de gracia de seis meses, en concreto hasta el 21 de agosto, con lo que para entonces se cumplirán casi once años sin que el gobierno de la ciudad haya sido capaz de cumplir su compromiso con el Ministerio que, por paradojas de la historia, ahora dirige Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla.

La conclusión, por tanto, es que el Ayuntamiento no puede vender la Gavidia porque no es legalmente su propietario y porque se halla atado de pies y manos por la Junta de Compensación de los antiguos terrenos de la Cruzcampo.

Esta situación tiene implicaciones políticas, ya que deja al grupo municipal del PP sin el motivo principal que esgrimió para no apoyar los Presupuestos municipales presentados por Espadas para el año en curso: la venta de la antigua comisaría de la Gavidia para así no tener que pedir nuevos préstamos a los bancos. Aunque quisiera cumplir la exigencia del PP, a Espadas le es legalmente imposible, y ya se verá si la situación varía o no para agosto o entonces hay que pedirle una nueva prórroga a Zoido.

Zoido se convierte en dueño de la Gavidia

Juan Ignacio Zoido vuelve a tener en sus manos el destino de la antigua comisaría de la Gavidia tras su nombramiento como ministro del Interior, porque pese a los ríos de tinta vertidos sobre el futuro uso que debería darle el Ayuntamiento, si centro comercial o equipamiento público (o incluso demolerla), la realidad jurídica es que el Consistorio no es técnicamente aún dueño de pleno dominio del edificio, cuya propiedad sigue ostentando el Ministerio que desde hace unas semanas dirige el ex alcalde de Sevilla.

Diez años después de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla, dirigido entonces por Monteseirín, y el Ministerio del Interior para la adquisición para la ciudad de la antigua comisaría de la Gavidia a cambio de 9,9 millones de euros, el Consistorio sevillano ha sido incapaz de cumplir al 100% los términos del acuerdo, como tampoco el Departamento ahora encomendado a Zoido, por lo que Interior sigue ostentando sus derechos sobre el inmueble.

El convenio establecía que el Ayuntamiento se quedaba con la Gavidia y cedía diversas parcelas en barrios de la ciudad para que con los 9,9 millones de euros ingresados en la transacción el Ministerio edificara sobre aquéllas nuevas comisarías de Policía, entre ellas una en Nervión. Solar de Cruzcampo Sin embargo, al cabo de un decenio el Ayuntamiento todavía no ha podido cumplir el acuerdo de cesión del terreno en el solar de la antigua Cruzcampo para esa comisaría y se ha visto obligado a pedir año tras año a Interior una prórroga que le exima de tal compromiso hasta que se den las circunstancias urbanísticas para ello.

Mientras que la corporación municipal hispalense no entregue el solar en la Cruzcampo seguirá sin poder levantar la anotación existente en el Registro de la Propiedad sobre el edificio de la Gavidia, en que se hace constar que no se ha pagado en especie (suelo) una parte del precio acordado por ambas Administraciones.

Así pues, si un potencial inversor acudiera al Registro a verificar la situación real del inmueble en la Gavidia para adquirirlo y transformarlo en un hipotético centro comercial o en un hotel, comprobaría que la propiedad no es todavía plenamente del Ayuntamiento o, dicho de otro modo, que sigue hipotecada por el incumplimiento de la condición de la entrega del suelo en la antigua Cruzcampo y que por lo tanto Interior sigue ostentando unos derechos sobre el edificio y tendría que dar su visto bueno a cualquier posible operación sobre el futuro del mismo.

El Consistorio se comprometió a entregar al Ministerio una parcela de unos 2.000 m2 en la antigua fábrica cervecera de la avenida de Andalucía, parcela valorada en unos 613.000 euros, pero tras el estallido de la crisis económica, la quiebra de la compañía vasca que compró los terrenos y un recurso de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía contra la aprobación definitiva, en septiembre de 2012, del Plan de Reforma Interior (PERI) de la Cruz del Campo, la había sido imposible cumplir ese compromiso.

Ha habido que esperar todo un decenio para que se aprobara el proyecto de reparcelación de la Cruzcampo que permita realizar una nueva división de las fincas existentes en la Unidad de ejecución conforme al Plan de Reforma Interior y de manera que el Ayuntamiento pueda adjudicarse alguna de las parcelas resultantes y ofrecerla al Ministerio del Interior para la construcción de la futura comisaría de Nervión.

Sin embargo, tras esa aprobación inicial, acordada hace año y medio, ni en los archivos de la Gerencia ni en ningún otro departamento municipal, según las fuentes consultadas, aparece un acuerdo definitivo ni el cumplimiento del trámite de cesión del suelo a Interior, por lo que la situación, siempre conforme a la versión recibida, se mantiene en el mismo impasse de los últimos años.

Barandas

Con la coartada de la crisis,  el Ayuntamiento ha convertido las barandas de los puentes en soporte publicitario durante la Feria. Dice que en estricto cumplimiento de la Ordenanza, que prohíbe cualquier tipo de anuncio que no forme parte del mobiliario urbano tanto en el Real como en las vías públicas de acceso al campo de Los Remedios en un radio de un kilómetro. A ojo de buen cubero, me pregunto si el puente de las Delicias, uno de los incluidos en la lista, está o no a la distancia prohibida. Al igual que en Madrid el clásico teatro Calderón de toda la vida es ahora el de los helados Häagen-Dazs que lo patrocina, y en Londres el campo del Arsenal ya no se conoce por Highbury sino como el Emirates Stadium, por los petrodólares que lo publicitan, en Sevilla el puente de San Telmo es en estos días el de la Cruzcampo, y el de Los Remedios, el puente Movistar. A este paso, una vez rotos todos los tabúes, la Feria dejará un día de ser de Abril y de Sevilla para llamarse conforme al nombre de la marca que más puje por ella. Al tiempo.

¡Se mueven!

Forges-Urbanismo1El urbanismo suele ser la madre de la mayoría de las corrupciones, corruptelas e irregularidades políticas, según demostré en plan protomártir con un ‘dossier’ elevado al Defensor del Pueblo, aunque sólo sirviera para demostrar que aquí no pasa nada: ‘Formas en que las Administraciones Públicas vulneran la ley y se amparan en la ilegalidad’. Al tratarse de una materia para iniciados, es vital que haya, como en el franquismo, arquitectos que tengan el valor de salirse del ‘lado oscuro’ en defensa del interés general. Va a ser verdad que algunos están abandonando la clandestinidad, como acaban de demostrar ahora varios de ellos al denunciar que en los suelos de la Cruzcampo uno de sus colegas, otrora ‘senador de los claveles rojos’, quiere colar con el silencio cómplice de las Administraciones afines (osea, todas) una torre ocho veces más grande de lo que permite el PGOU. Y lo han denunciado tras detectar las triquiñuelas administrativas que escapan al común de los mortales. Más vale tarde que nunca, señores arquitectos. Bienvenidos a este minoritario club.

Y en eso llegó la Junta

Monteseirín ha entregado el premio Emasesa Sostenible a Cruzcampo por la construcción de una nueva depuradora. Ya era hora. Lo de la depuradora, no lo del premio. La cervecera se ha resistido como gato panza arriba desde 2006 a adecuar sus vertidos a la normativa vigente, hasta que ha sufrido dos sentencias judiciales en contra y un expediente sancionador de la Junta. A la fuerza ahorcan. Alegando que sus vertidos eran aguas residuales urbanas se ha estado ahorrando su tratamiento como industriales, hasta el punto de que le resultaba más rentable pagarle a Emasesa, que le aplicaba una normativa doméstica mucho menos exigente, un canon de 2.279 euros diarios por permitirle arrojar sus porquerías químicas a un colector de la ciudad. Pese a que las estaciones de tratamiento urbanas no están preparadas para este tipo de residuos, Emasesa también se hacía la loca porque anteponía la pasta que ingresaba a los efectos de estos contaminantes en su red. Así entiende Marchena la economía sostenible. El premio debió ser para la Junta. Fue ella la que mandó parar.