La Delegación de Urbanismo, por acción u omisión, ha vuelto una vez más a chafarle los titulares al alcalde, que había planificado el inicio del nuevo curso político con la plasmación de su vieja promesa de rebajarles los impuestos a los sevillanos. La otrora área más poderosa del Ayuntamiento, y ahora bajo mínimos por su sobredimensionamiento tras la crisis económica general y el estallido de la burbuja inmobiliaria en particular, anunció una propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales a elevar al Pleno municipal con la misma estrategia que Tussam empleaba cada año con la revisión de las tarifas para el autobús.
La empresa municipal de transportes desviaba la atención de la opinión pública hacia el dato de la subida media del autobús intentando convencer de que se alineaba con la inflación prevista o incluso se situaba por debajo del IPC. Para ello aprobaba subidas mínimas en los títulos de viaje menos utilizados mientras cargaba la mano en los billetes y bonobuses más demandados por los sevillanos. En apariencia, la subida media estaba por debajo del coste de la vida, pero en la práctica los usuarios habituales del autobús pagaban y pagan más cada año.
UN ‘TROYANO’ EN LAS ORDENANZAS
Siguiendo la misma estrategia del bonobús, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, presentó un cuadro de rebajas para 2014 que en puridad sólo se producía en cuatro tasas menores y sin apenas incidencia en el bolsillo de la mayoría de los sevillanos; suponía una ‘congelación’, que no rebaja, en el resto y ocultaba un ‘caballo de Troya’ que, de no haber sido advertida a tiempo antes de su aprobación por el Pleno, habría incrementado hasta en un 100% el coste de las licencias de obras.
El ‘troyano’ de Vílchez era un párrafo que rezaba así: “Se entenderá, en todo caso, que tienen carácter singularísimo y peculiar a estos efectos las obras o instalaciones proyectadas cuyos presupuestos excedan en más de un 25% del valor resultante de la ampliación de las reglas y módulos que se contienen en los artículos 10 y 11”. Hasta ahora, el módulo base fijado por Urbanismo es de 486 euros, pero si se aprobaba este punto y se tomaba como referencia el valor real en un proyecto a un coste de 1.000 euros el m2, la licencia de obras se duplicaría.
La Gerencia de Urbanismo, que ha pasado de nadar en la abundancia a sufrir pérdidas y a conocer que el Ayuntamiento piensa en su disolución y en un recorte salarial del 30% a una plantilla en la que casi la mitad de sus miembros cobra un plus por jefatura de algo, ya intentó el año pasado incrementar sus ingresos con una Ordenanza Fiscal similar a la de este proyecto.
MALESTAR DE LA PATRONAL
Aquel intento fue considerado ‘casus belli’ por la patronal sevillana, la CES, y la sectorial de la construcción, Gaesco, cuyo líder en ambos casos es el constructor Miguel Rus, el cual ha mantenido desde el principio algunos llamativos desencuentros, por decirlo diplomáticamente, con el Gobierno municipal. Zoido, una de cuyas máximas era la de tender alfombras rojas a los inversores, ordenó a Vílchez que retirara la propuesta.
Para salvar la cara ante los empresarios y la opinión pública hubo que lanzar la versión de que se había tratado de un borrador, un documento provisional redactado por los técnicos a espaldas o sin la aprobación del gerente, Alberto de Leopoldo (procedente de Cajasol y sin experiencia conocida en las lides urbanísticas), y del delegado, Maximiliano Vílchez, también sin antecedentes profesionales ligados a esta disciplina tan especializada.
La coartada ponía a los pies de los caballos a ambos responsables políticos, porque era el reconocimiento público de que no controlaban la Delegación y de que los técnicos maniobraban a su antojo. Si a ello se le unían fiascos anteriores como la pérdida de la inversión de Decathlon en la Cartuja y del proyecto de La Caixa en las Atarazanas, más el anuncio sin fundamento del inminente desbloqueo que nunca llega de la segunda tienda de Ikea, más que llovía sobre mojado en las caracolas de la Cartuja, sede de la Gerencia.
Fue el grupo municipal Socialista, liderado por Juan Espadas, el que destapó sobre la marcha que Urbanismo intentaba colar por segunda vez en dos años una Ordenanza Fiscal que le permitiría incrementar en un 100% el coste de las licencias de obras expedidas en la ciudad pese al hundimiento del sector de la Construcción, el cual lleva cinco años sin levantar cabeza. Esta contumacia podía de nuevo al alcalde en la tesitura de enfrentarse al ‘lobby’ del ladrillo y reeditaba el hondo malestar de los empresarios con un Ayuntamiento que no deja de proclamar su apuesta por la iniciativa privada y por la necesidad de rebajar impuestos para reactivar la economía.
SEGUNDO PRETEXTO
En un ‘déjà vu’ del año anterior, Urbanismo ha tenido que buscarse otro pretexto para tratar de justificar su actuación y la retirada, por segunda vez, de la Ordenanza de la discordia. Ahora, la coartada oficial consiste en que se ha producido un “error material” que ha propiciado “la introducción de un párrafo relativo a la tasa por licencia de obras que había quedado anteriormente suprimido del texto, no debiendo, por tanto, haberse reproducido”.
Explícitamente, pues, la Gerencia estaba reconociendo que había volcado el texto suprimido a última hora el año anterior en el de las Ordenanzas Fiscales para 2014, una chapuza informática que hunde aún más la reputación de un organismo que está colocado en el punto de mira de la Delegación de Hacienda por sus costes excesivos y sus números rojos y que da así más argumentos a la dama de hierro municipal, Asunción Fley, para meterle las tijeras de los recortes.
Los frenazos y retrocesos de Urbanismo, que hay que justificar unas veces por el descontrol de sus dirigentes y otras por supuestos errores materiales -como si los ordenadores actuaran autónomamente y al margen de quienes los manejan-, suponen un tiro en el pie de un alcalde que en su toma de posesión anunció la excelencia en la gestión de los Servicios Públicos y que la ciudad funcionaría con la precisión de un reloj suizo.
EN EVIDENCIA
La Gerencia tiene 437 personas en plantilla, la mitad de ellos jefes que en conjunto cobran pluses millonarios por la responsabilidad que asumen en el desempeño de su labor. Pues bien, ninguno de estos 437 empleados municipales se percató del supuesto error motivado por la práctica de reproducir textos antiguos del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2013 y volcarlos en el de 2014 y salir así del paso lo más rápidamente posible. Tampoco se percató el Gobierno local, con sus 20 concejales y su amplio equipo de asesores.
Quien advirtió la supuesta duplicidad o el pretendido “error material” fue el Grupo municipal Socialista, compuesto por once ediles y un número reducido de asesores bajo la dirección de Juan Espadas, que ha dejado así en evidencia a toda la Gerencia y al equipo de Gobierno al demostrar un mayor celo y eficacia en la supervisión de la documentación remitida al Pleno y que la labor de la Oposición no consiste sólo en populistas paseos por los barrios para aparecer en las fotos estrechando las manos de los vecinos, sino también o incluso principalmente en un trabajo mucho más difícil, por su complejidad técnica, oscuro, callado y menos reconocido de pasarse muchas horas en los despachos escudriñando expedientes y haciendo números.
OTRO MÁS
El Gobierno municipal ha fallado y la Oposición no. Esa es la imagen que queda en la opinión pública tras este episodio y es lo que más debe preocupar al alcalde, que ha comprobado que la oposición frontal anunciada por Espadas es mucho más activa y eficaz que antes.
Los fallos en Urbanismo no se limitaban sólo a la Ordenanza que afectaba a las licencias de obras. Obligada por la denuncia/revelación del PSOE a revisar todos los expedientes -ahora sí-, la Gerencia se percató además de que el texto utilizado por supuesto error tampoco recogía unas modificaciones aprobadas por el Pleno y referidas a la Ordenanza Fiscal regulada de la tasa por los documentos que expida o tramite la propia Gerencia a instancia de parte. Corrección de errores sobre corrección de errores, error al cuadrado y en una materia tan delicada como el bolsillo de los ciudadanos.
Definitivamente, Urbanismo se ha convertido por deméritos propios en el reloj averiado de Zoido.
por Sevilla o fueran captados desde el Ayuntamiento y crear las condiciones para favorecer la actividad económica del tejido de pequeñas y medianas empresas de la ciudad con medidas como la puesta a cero del contador de deudas con los proveedores, la rebaja en las tasas y tributos municipales y la eliminación de trabas burocráticas a la creación de empresas y apertura de nuevos negocios.
antes, y de afrontar el pago de intereses por más de 20 millones de euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio de 2012 el gobierno de Zoido había vuelto a las andadas y sólo la corporación municipal, sin sus empresas, tenía operaciones pedientes de pago por valor de 39 millones y con un periodo medio de pago de 83 días.
Según el balance del edil para el primer semestre del año en curso, de los 83 millones de euros existentes para inversiones o transferencias de capital entre el Consistorio y la Gerencia de Urbanismo, se han autorizado gastos o iniciado expedientes por importe de 18 millones (el 21%), pero de este dinero tan sólo se han invertido realmente en la práctica 4,3 millones (el 5%).
El balance que ha realizado el portavoz adjunto socialista es aún más preocupante si se tiene en cuenta que merced a su mayoría absoluta y al trabajo de Asunción Fley en su elaboración, los Presupuestos para este año fueron aprobados con antelación suficiente para que entraran en vigor en enero y, además, no incluían previsiones irreales, como en la etapa de Monteseirín, de vincular inversiones a la venta de inmuebles municipales, como antaño ocurría con el mercado del Arenal.
materia al frente: Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo. La Gerencia sólo habría acometido inversiones por valor de 4,7 millones de euros. Por ende, hasta los distritos de la supuesta desconcentración municipal dependen de lo que se haga o deje de hacer en su sede de las caracolas de la Cartuja, ya que por la falta de capacidad técnica de aquéllos le acaban derivando el presupuesto que tienen asignado.
El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, declaró al cuarto día de iniciada la famosa huelga de Lipasam el pasado 28 de enero, la más larga de su historia, que como en ese tiempo habían ardido 15 contenedores, no negociaría con los huelguistas. Ahora, la dirección de Lipasam divulga el Informe de Gestión 2012, donde revela que el año pasado se destrozaron en la ciudad 6.400 unidades entre contenedores y papeleras, a una media de 17 diarios, cifra calificada oficialmente como “en la tónica habitual de los últimos años”. O sea, que había y hay un vandalismo permanente, pero en aquel entonces interesaba políticamente cargarle el mochuelo al personal de la basura y dejar pudrir la situación para que las iras populares se volvieran contra ellos. Cuando al octavo día de conflicto el Ayuntamiento llamó al comité para sentarse a dialogar habían ardido cerca de 300 contenedores, veinte veces más que el número invocado al principio para no negociar. Y al undécimo día se acabó la huelga. ¿Habría durado tanto si hubieran hablado desde el principio?
La intervención se rematará con la retirada de los plátanos de Indias que, según el alcalde y su delegado, se encuentran muy deteriorados, por lo que serán sustituidos por una especie más resistente y de menor altura, la acacia de Japón (Sophora japonica) que permitirá -atención a lo que expresaron- que se vea la Torre del Oro desde la Puerta de Jerez.
actuación similar a la que ahora proyecta Zoido en la calle Almirante Lobo, si bien en otro sitio cercano, la Avenida de Roma. Todos los grandes plataneros existentes en la acera colindante con el Palacio de San Telmo fueron talados de la noche a la mañana para que luciera más la fachada palaciega con la portada barroca de los Figueroa y, claro, en este caso los árboles impedían, relativamente, ver el bosque artificial de ladrillos y piedras.
En una segunda fase, ya con Monteseirín en la Alcaldía, se trató de darle un toque verde a San Telmo con la plantación de laureles troncopiramidales comprados a precio de oro a un vivero de Valencia. Finalizada la restauración de San Telmo desaparecieron los laureles delante de la fachada (los trasplantaron a la Plaza de España y se perdieron todos, por falta de riego) para que 
ya nada verde obstaculizara la visión de su arquitectura. Se aprovechó el segundo arboricidio para construir una explanada de dureza similar a la tan criticada de Plaza de Armas y que al igual que ésta ha sido ocupada por patinadores.
Sólo ocultan parcialmente la visión de la Torre del Oro algunas ramas de los plataneros más próximos a la misma, que en último extremo podrían podarse, y resubirse las copas. Con el mismo argumento de Zoido de eliminar árboles para que se divise la torre se justificaría la tala de los Jardines de Cristina para que se vea San Telmo; la de los plataneros que ocultan con sus hojas el hotel Alfonso XIII, y los de la Plaza Nueva, amén de las palmeras, para que el Ayuntamiento sea enteramente visible desde el hotel Inglaterra.
Vílchez ha anunciado un ‘lifting’ del PGOU en forma de ‘actualizaciones’ pero que pueden derivar en una completa cirugía estética y, entre sus argumentos, ha afirmado que durante la elaboración del Plan vigente “en ningún caso la oposición -entonces el PP- tuvo acceso a poder participar; nunca se le dio oportunidad para participar”.
áreas de interés en que se dividió la Biblia urbanística de la ciudad. Luego se formaron 14 mesas más en los barrios, se distribuyeron CD entre los sevillanos y se creó una página web específica, por lo que al final los ciudadanos presentaron 7.000 alegaciones. ¡Si hasta el PP votó a favor del Metaplán, aunque al final del proceso lo hiciera en contra!
¿Y quién ha sido el primero en dejar de construir viviendas, en su caso de protección oficial, y ha ralentizado al máximo, incluso con despidos de personal, la actividad de Emvisesa? El propio Ayuntamiento, que alega que no hay demanda o que la escasa existente ya no es para compra, sino para alquiler, debido a que la banca no concede créditos. Vílchez no pretenderá que los promotores privados hagan lo que él tampoco hace como delegado de Urbanismo.
Si mi memoria no me falla, los PGOUs anteriores datan de 1946, 1964, 1987 y 2006. El periodo de vigencia de cada uno ha oscilado entre 18 y 23 años, y si no hubiera mediado la Expo-92 alguno incluso habría durado más tiempo. Habida cuenta de estos precedentes y de que por la crisis nos hallamos en recesión, iniciar un cambio del PGOU por la tesis de su desfase en sólo un septenio es poco convincente.
Vílchez debe cambiar de argumentario. Que diga claramente que en realidad pretende cambiar el modelo de ciudad de PSOE e IU, volver a construir aparcamientos rotatorios en el casco antiguo -como el de la Alameda- y recalificar para uso comercial la Gavidia, pero ni un comercio ni varios parkings más en el Centro van por sí solos a reactivar la economía ni acabar con los 90.000 parados sevillanos como trata de sugerirnos el delegado cuando dice que el PGOU “impide el desarrollo de la ciudad”.
Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras empresas municipales.
como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.
Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.
Cuando Max Vílchez, neófito en política y recién desembarcado en la Delegación de Urbanismo, quiso saltarse unos cuantos trámites para acelerarle el Ikea del aeropuerto a Zoido, Espadas dejó en evidencia su desconocimiento de la legislación urbanística y alardeó de que él sí se la sabía al dedillo por haber sido cocinero antes que fraile: consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Vílchez se mordió la lengua y aprendió la lección. Tanto ha aprendido en estos casi dos años que el otro día, cuando desde el equipillo de guardia del PSOE le instaron a que destinara parte del sobrante de 20 millones de la Gerencia a revitalizar los polígonos industriales, el delegado se dio el gustazo de recordarle en plan ‘profe’ a los Pavones sin Zidanes de Espadas que “el dinero recaudado por la venta de patrimonio municipal de suelo tiene que dirigirse obligatoriamente a retroalimentar el patrimonio municipal de suelo”. Max dejó a Espadas ‘touché’, nunca mejor dicho, y pasó su particular reválida. Zoido ya tiene en Vílchez delegado de Urbanismo.
Paracelso dijo que sólo la dosis determina que una cosa sea o no veneno. Veladores en su justa proporción incrementan el encanto de los espacios públicos. Exceso de veladores producen el efecto contrario. Y los 10.000 autorizados por el Ayuntamiento (más los ilegales) proyectan una imagen de casi zoco medieval. Ahora, Max Vílchez ha recalificado, el verbo más conjugado por los delegados de Urbanismo, una veintena de calles como de categoría especial a efectos del sablazo en el cobro de tasas. Arguye el hombre que proclama su desapego de los campanilleros que se trata de una medida justa, debido al incremento de los servicios de limpieza y seguridad, entre otros. Aparte de ese cajón de sastre vacío llamado ‘entre otros’, ¿alguien ha visto algún policía los fines de semana velando, nunca mejor dicho, por las calles declaradas ahora como integrantes de la Champions League urbana? Pidamos a Max que se deje de eufemismos. El Consistorio, que ha propiciado el negocio dando permisos a mansalva, lo que en realidad quiere es su parte de la tarta. O del velador.
El alcalde y su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, sostienen que si el Consistorio ha iniciado ahora y no antes la modificación puntual del PGOU para permitir en la Cartuja comercios como el ya dejado escapar de la multinacional francesa ha sido por:
En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo. La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.