Dentro de cinco días empieza a correr oficialmente el reloj político para la cita con las elecciones municipales del 24 de mayo, ya a tan sólo veinte días vista, por lo que a falta de un Pleno municipal extraordinario para la concesión de las medallas de la ciudad, el Pleno ordinario celebrado el pasado martes tuvo todo el ambiente de la despedida del mandato en que Zoido logró la mayoría más absoluta –veinte concejales- de un alcalde en la historia de la Democracia en Sevilla.
En ese último Pleno se acabó tratando sobre el mismo tema con el que Zoido inició su trayectoria como alcalde: la segunda tienda de Ikea, proyectada por la multinacional sueca en los terrenos de San Nicolás Oeste, sitos en el entorno del aeropuerto.
Con la fuerza moral y política de su arrolladora victoria en las urnas hace cuatro años, Zoido llegó a la Alcaldía prometiendo resolver poco menos que en un santiamén los problemas pendientes de la ciudad y, especialmente, los grandes proyectos que tenían un componente urbanístico, como el de la tienda de Ikea.
Por eso, de forma temeraria, anunció que en dos meses iba a desbloquear el proyecto de la multinacional nórdica, un bloqueo que achacaba a las disputas internas que hasta entonces habrían mantenido el PSOE e IU durante los últimos gobiernos de la coalición capitaneada por Monteseirín y Torrijos.
SIN VISIÓN TÉCNICA
Fue un craso error por su parte, a consecuencia de un gran desconocimiento del urbanismo y del derecho urbanístico, parcelas fundamentalmente técnicas y sometidas a procedimientos reglados y de lenta tramitación administrativa que no pueden acelerarse introduciendo un reactivo de tipo político.
El urbanismo tiene sus tiempos, máxime en un sistema jurídico garantista como el nuestro, que obliga a someter a información pública cada fase, en línea con el derecho a la participación ciudadana reconocido por nuestra Constitución y que, por la crisis del sistema, los partidos políticos se esfuerzan ahora en incentivar mucho más que antes. Ninguna fuerza osaría cuestionar los procedimientos establecidos.
Por eso resulta aún más sorprendente el desconocimiento mostrado por Zoido sobre el área más esencial de la administración local, que se expresa y desarrolla a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este documento, calificado como ‘la Biblia de la ciudad’, marca y condiciona todo lo que se puede hacer –y no hacer- en la urbe durante su periodo de vigencia.
Esta subestimación del urbanismo no ha sido exclusiva de Zoido, sino proverbial en el PP de Sevilla, como ya demostró Soledad Becerril al dejarlo en manos del PA de Rojas Marcos cuando gobernó en coalición con los andalucistas, que se vieron teniendo entre las manos el gran instrumento de poder municipal.
Zoido, pese a provenir del mundo jurídico, haber sido delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y Andalucía y líder de la oposición municipal en los cuatro años previos, no pareció aprender de la etapa de Soledad Becerril, mantuvo una visión meramente política del urbanismo –como si las cuestiones en esta parcela pudieran acelerarse o ralentizarse por el designio de los gobernantes- y nombró delegado y gerente de Urbanismo a Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, respectivamente, dos personas con buena voluntad pero ajenas por completo a este mundo.
EL PEOR MOMENTO
Además, desembarcaron en las caracolas de la Cartuja en una de sus peores por no decir la peor época reciente. El estallido de la crisis inmobiliaria, con el hundimiento de los ingresos por licencias de obra ante la casi nula actividad constructora, había dejado bajo mínimos las arcas de la Gerencia, ya esquilmadas por la dupla Monteseirín/Marchena, que hasta se gastó el dinero del PGOU para los nuevos desarrollos urbanísticos en obras faraónicas como las Setas de la Encarnación (140 millones de euros).
Por ende, las imputaciones judiciales de la juez Alaya en las diversas ramas del caso Mercasevilla, entre ellas la venta de los suelos a una filial de Sando, causaron un miedo cerval entre los técnicos de Urbanismo a sobrepasar cualquier límite a la hora de mover papeles en el departamento, con lo que se extremaron aún más las exigencias de documentos y el agotamiento de los plazos, sin que dos neófitos como Vílchez y Leopoldo tuvieran la capacidad y los conocimientos precisos para cambiar la dinámica de funcionamiento de la Gerencia.
Frente al optimista anuncio de Zoido en 2011 de que él iba a desbloquear en dos meses el proyecto de Ikea gracias a la existencia de un gobierno local con mayoría absoluta que no tuviera que hacer concesiones a un socio de coalición, como había venido ocurriendo en la ciudad desde hacía veinte años, pronto empezó a imponerse la cruda realidad técnica del urbanismo, mucho más compleja en sus normas, plazos y garantías legales.
JUNGLA POR DESBROZAR
En realidad, el proyecto de Ikea era como una jungla que había que desbrozar a machetazos para avanzar. El alcalde descubrió que la multinacional sueca pretendía dar un pelotazo a la vieja usanza, con una recalificación urbanística a la carta y gracias a la cual, con un exceso de edificabilidad de 41.00 m2 en números redondos, construir un cinturón de tiendas alrededor de la suya como gancho y con cuyas rentas financiar de forma gratuita su segundo proyecto en Sevilla.
Por los terrenos de San Nicolás Oeste cruzaba una vía pecuaria que había que deslindar primero y desafectar después (los problemas de recalificar como urbanos unos suelos rústicos de toda la vida), con todo lo que ello implicaba de informes, exposiciones públicas, alegaciones, procesos de aprobación administrativa, publicación en boletines oficiales…
La propia normativa urbanística imponía sucesivas aprobaciones del preceptivo Plan Parcial, con aportación a los expedientes de los informes sectoriales y alegaciones también de organismos oficiales, alguno de los cuales (Dirección General de Carreteras) fue incluso negativo para los intereses del Ayuntamiento.
Y como guinda del pastel, la supeditación del proyecto a su conexión con una vía rápida de comunicación, la SE-35, pintada sobre una zona verde cual era el parque del Tamarguillo, financiado con fondos europeos, razón por la que Bruselas abrió un dictamen motivado al Gobierno de España, máxime tras el precedente del derribo de la biblioteca de la Universidad por haberse erigido sobre los jardines del Prado.
Y SIGUE
La resolución de toda esta maraña administrativa y urbanística, en la que estaban implicados también el Gobierno de la nación y la Unión Europea y no sólo la Junta de Andalucía, sobre la que siempre ha puesto el foco el Ayuntamiento, le ha ocupado a Zoido los cuatro años de este mandato. La historia, sin embargo, aún no ha terminado, ni mucho menos, porque se estima que todavía le pueden quedar un par de años de trámites urbanísticos (por ejemplo, los proyectos de reparcelación y urbanización), y de otro tipo para la construcción de la conexión alternativa a la SE-35.
El caso de Ikea sería extrapolable a muchos otros proyectos de índole urbanística que el alcalde pensaba se desbloquearían o activarían, según los casos, por la simple formulación de un designio político del gobierno municipal, como si los procedimientos reglados pudieran desvanecerse de la noche a la mañana: la Gavidia, Altadis, Sevilla Park, el Caixaforum en las Atarazanas, el complejo comercial de Decathlon en la isla de la Cartuja, el museo de las Tradiciones junto a la Torre de la Plata, el Paseo de las Artes en Torneo, la Ciudad de la Justicia en el Prado, un nuevo puente en la Cartuja, un nuevo parking al margen del PGOU en la Alameda y en las naves de la calle Becas….
Se comprende, pues, que por el desgaste sufrido durante estos cuatro años, Maximiliano Vílchez, que reconoció que se planteó su dimisión, no repita en la lista de Zoido para las próximas elecciones municipales: de él han dependido las dos áreas en las que el alcalde ha sufrido más sinsabores, el urbanismo y (polémicas por los arboricidios y las podas de árboles a mansalva) y el medio ambiente.
de automóviles en el Casco Antiguo: ‘áreas verdes’ de aparcamiento en la periferia, conectadas con la ciudad por lanzaderas de Tussam, sobre todo en horas-punta y siguiendo el exitoso modelo del Charco de la Pava durante la Feria. A esta zona, que junto con la Banqueta del río permitió estacionar 40.000 coches cuando la Expo-92, se le podría unir, según el CESS, el entorno del estadio de la Cartuja. Esta alternativa redundaría además en beneficio de la cuenta de resultados de la empresa municipal de transportes.
Hay entrevistas que las carga el diablo. El mismo día en que El Mundo publicó el documentado informe marca de la casa de Carlos Mármol sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, le preguntaron en la competencia al alcalde sobre su política en materia de vivienda. Zoido, para tratar de justificar su pobre balance también en este capítulo ya en su ecuador, respondió que el PSOE e IU agotaron todo el suelo disponible, pero que aun así están terminando algunas, comenzando otras y preparando terrenos para más. La ‘minería de datos’ de El Mundo dejó en evidencia al alcalde, porque demuestra que sólo ha construido 46 VPO pese a que dispone de suelo apto para erigir 8.033 VPO y casi 20.000 de renta libre y que con el suelo en desarrollo a punto de concluirse habrá capacidad añadida para 7.448 viviendas de protección y 11.427 de renta libre más. Todo el argumentario del alcalde y de la patronal sobre que como falta suelo para edificar hay que cambiar el Plan General se derrumba. Otra falso mito más. No falta PGOU, falta capacidad para gestionarlo.
Más densidad de viviendas, ésta es una de las claves. Significa más ladrillo y más negocio, obviamente, pensando en que como los altibajos económicos son cíclicos, volverá a producirse otro ‘boom’ inmobiliario, y si para entonces se permite construir más pisos y/o que sean aún más pequeños, los beneficios del sector se multiplicarán. Quienes alientan el cambio del PGOU no están pensando a corto plazo, sino a medio y largo.
Dado que, según la patronal, ya no hay ‘stock’ de viviendas ni suelo desarrollado para construir y, por el contrario, una demanda creciente e insatisfecha, sobre todo de sevillanos desplazados al alfoz que quieren retornar, cabría esperar que las empresas se lanzaran en tromba a aprovechar esta buena oportunidad. Ha ocurrido todo lo contrario: Urbanismo ha tenido ahora que declarar desierto el concurso porque no se ha presentado ninguna oferta.
plazo de diez días acrediten las medidas de seguridad adoptadas. Es una decisión más que acertada y oportuna, ya que en la memoria colectiva se mantiene el recuerdo de la tragedia por el derrumbamiento del muro perimetral del antiguo solar del Bazar España.
Por otra parte, las modificaciones del PGOU para permitir la ejecución de los proyectos promovidos por Zoido, están empezando a levantar ampollas. El alcalde ha incurrido en un enorme patinazo al asegurar que el parking en la Alameda figuraba en su programa electoral, un aserto ajeno a la realidad, y el presidente del Colegio de Aparejadores y el secretario provincial de UGT han mostrado su abierta oposición a ese estacionamiento rotatorio y subterráneo en el bulevar, máxime tras unas obras de remodelación que duraron años y que fueron financiadas con fondos europeos. ¿Podría repetirse aquí la historia de la biblioteca en el Prado?
….los políticos acaban siendo iguales. Lo primero que hicieron el PP y Zoido tras ganar las elecciones municipales de 2011 por mayoría absoluta fue retirar de la página web el programa con las numerosas promesas a los sevillanos, distrito por distrito, no fueran a recordárselas luego. Por deformación profesional tuve la precaución de descargármelo antes de que lo escamotearan. Por éso ahora no salgo de mi asombro al comparar lo que declara el alcalde sobre que el parking de la Alameda figuraba entre sus promesas electorales y lo que realmente dice su programa: “dotación de aparcamientos en el perímetro” del Casco Antiguo. Perímetro, según el Diccionario de la Academia, significa contorno de una cosa; o sea, en este caso concreto, lo que rodea y está fuera del Centro, no dentro del mismo. No hace mucho se cumplió el 300 aniversario del clásico libro de Jonathan Swift o John Arbuthnot (los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la autoría) titulado ‘El arte de la mentira política’. Hay obras que, con conductas como la de Zoido, nunca pierden su vigencia.
Vílchez ha anunciado un ‘lifting’ del PGOU en forma de ‘actualizaciones’ pero que pueden derivar en una completa cirugía estética y, entre sus argumentos, ha afirmado que durante la elaboración del Plan vigente “en ningún caso la oposición -entonces el PP- tuvo acceso a poder participar; nunca se le dio oportunidad para participar”.
áreas de interés en que se dividió la Biblia urbanística de la ciudad. Luego se formaron 14 mesas más en los barrios, se distribuyeron CD entre los sevillanos y se creó una página web específica, por lo que al final los ciudadanos presentaron 7.000 alegaciones. ¡Si hasta el PP votó a favor del Metaplán, aunque al final del proceso lo hiciera en contra!
¿Y quién ha sido el primero en dejar de construir viviendas, en su caso de protección oficial, y ha ralentizado al máximo, incluso con despidos de personal, la actividad de Emvisesa? El propio Ayuntamiento, que alega que no hay demanda o que la escasa existente ya no es para compra, sino para alquiler, debido a que la banca no concede créditos. Vílchez no pretenderá que los promotores privados hagan lo que él tampoco hace como delegado de Urbanismo.
Si mi memoria no me falla, los PGOUs anteriores datan de 1946, 1964, 1987 y 2006. El periodo de vigencia de cada uno ha oscilado entre 18 y 23 años, y si no hubiera mediado la Expo-92 alguno incluso habría durado más tiempo. Habida cuenta de estos precedentes y de que por la crisis nos hallamos en recesión, iniciar un cambio del PGOU por la tesis de su desfase en sólo un septenio es poco convincente.
Vílchez debe cambiar de argumentario. Que diga claramente que en realidad pretende cambiar el modelo de ciudad de PSOE e IU, volver a construir aparcamientos rotatorios en el casco antiguo -como el de la Alameda- y recalificar para uso comercial la Gavidia, pero ni un comercio ni varios parkings más en el Centro van por sí solos a reactivar la economía ni acabar con los 90.000 parados sevillanos como trata de sugerirnos el delegado cuando dice que el PGOU “impide el desarrollo de la ciudad”.
El alcalde y su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, sostienen que si el Consistorio ha iniciado ahora y no antes la modificación puntual del PGOU para permitir en la Cartuja comercios como el ya dejado escapar de la multinacional francesa ha sido por:
En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo. La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.
El neófito delegado de Urbanismo, Max Vílchez, afirma que el PGOU frena el desarrollo “cuando te viene una empresa que necesita tantos metros y tú le tienes que decir que no cabe”. Max confunde el desarrollo con la especulación. En el PGOU cabe un desarrollo digamos civilizado, pero no los pelotazos generalizados (algunos en particular sí se han propiciado) de antaño, cuando todo se sacrificaba al becerro de oro del ladrillo en beneficio de los de siempre y de algunos recién llegados. Por definición, el especulador lo quiere todo y ahora. Si por él fuera no habría cesiones de terreno para parques, escuelas, bibliotecas, equipamientos… ni empresas diversificadas con una volumetría razonable, sino uso exclusivo para él, colmatación del suelo y 100% de edificabilidad que supongan dinero rápido en beneficio únicamente de su bolsillo y traslado de costes a la ciudad. Por éso hay un Plan General, para marcar las reglas. Antes, a Sevilla le cabía todo. El objeto del PGOU, señor delegado, es justamente eso que usted dice sin comprenderlo: que no le quepa todo.
Max Estrella es un personaje de ficción creado por Valle Inclán para ‘Luces de Bohemia’, con la que inauguró un nuevo género teatral: el esperpento. (Max)imiliano Vílchez es un personaje real, para más señas delegado de Urbanismo, que amenaza con convertirse en la estrella mediática de la era Zoido merced a sus esperpénticas observaciones urbanísticas sin haber hecho previamente un cursillo de Urbanismo en siete días. Tampoco es tanto. Recuerden que Jordi Sevilla se comporometió a enseñarle economía a ZP en tan sólo dos tardes. La última de Max, declarar que Espadas aprobó once modificaciones del PGOU en 2006, durante su anterior etapa como consejero de la Junta. Naturalmente, el PSOE no ha perdido la oportunidad de dejarlo en ridículo con un comunicado ‘ad hoc’ en el que, aparte de mentarle sus confusiones sobre las tipologías urbanísticas, le recuerda que Espadas no fue consejero hasta 2008, por lo que no pudo firmar resolución alguna sobre el PGOU. Con el estrellado Max, Zoido se las pone a Espadas como decían que se las ponían a Fernando VII: a huevo.