El dato revelado al finalizar 2013 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de que, conforme a la actualización del Padrón, Sevilla ha perdido 2.186 habitantes a lo largo del pasado año y se queda con 700.169, a tan sólo un paso de bajar de la cifra redonda de los 700.000, ha provocado preocupación general y suscitado todo tipo de comentarios sobre si se trata de un indicador de un declive con consecuencias políticas, económicas y hasta de rango, por el riesgo de perder la calificación como ‘gran urbe’ y de ser adelantada como cuarta de España por Zaragoza.
En efecto, la capital aragonesa es la única de las tres españolas (junto con Las Palmas de Gran Canaria y Málaga) que no pierde población en 2013, queda ahora con 682.004 habitantes y está a tan sólo 18.165 de igualar a Sevilla. Tiene muchas probabilidades de sobrepasarla demográficamente antes de que lleguemos al primer cuarto de este siglo XXI.
Hay que subrayar que, de momento, Sevilla aún se mantiene con más de 700.000 habitantes, pero hay que atender la señal de alarma que avisa de que estamos a punto de caer por debajo de esa cifra. La primera consecuencia sería de índole política. Siempre que supere los 700.000 habitantes la ciudad mantendrá los 33 concejales actuales. Ahora bien, en el momento en que quedase con 700.000 justos o menos de esa cantidad perdería dos ediles (se quedaría con 31), ya que el artículo 179 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que se asignarán 25 concejales por hasta 100.000 habitantes y uno más por cada otros 100.000 o fracción, añadiendo uno más cuando el resultado final fuese par.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
Con la población actual le corresponderían los 25 concejales por hasta 100.000, más 6 por hasta 700.000, más 1 por la fracción de 169, más el último por ser el resultado par, a fin de facilitar la gobernación con un número impar de ediles (33) que permita una mayoría absoluta, ya que con 32 (número par) podría generarse una ingobernabilidad por teóricos empates en las votaciones.
Cabe preguntarse si la configuración política de la corporación actual habría sido diferente con 31 que con 33 concejales. Dicho de otra manera: ¿a qué partido político beneficia y a cuál perjudica electoralmente que Sevilla tuviera 700.000 habitantes o menos y perdiera dos concejales? Es imposible saberlo, porque las circunstancias son distintas en cada elección y los votantes no se comportan de la misma manera.
En un mero ejercicio de política-ficción, si extrapolamos los votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones municipales (mayo 2011) a una corporación con 31 ediles en vez de con 33, paradójicamente la cuota de poder entre los partidos no habría variado pese a que el PP habría perdido dos ediles, pero no su mayoría absoluta. El Ayuntamiento resultante habría sido del mismo color político que el actual, con estos resultados:
PP: 49,3% de los votos y 18 concejales.
PSOE: 29% de los votos y 11 concejales.
IU: 7,1% de los votos y 2 concejales
PA y UPyD no habrían obtenido concejal alguno.
GRAN CIUDAD
Pese a que se ha admitido comúnmente que Sevilla perdería su condición de gran urbe si bajara de los 700.000 habitantes, técnicamente es una falsa creencia, aunque psicológicamente, y máxime si es rebasada por Zaragoza con el tiempo, la ciudad se lo tomaría como una pérdida de rango en la clasificación, máxime en estos tiempos en que se admite cada vez más que son las ciudades y no los países las que compiten en una especie de Liga mundial por la captación de grandes proyectos y la proyección universal de su ‘imagen de marca’.
Legalmente, Sevilla no perdería la condición de municipio de gran población, ya que esta figura se instauró en la Ley 57/2013, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en la misma se define como tales a los municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Y es evidente que Sevilla sigue cumpliendo todos estos parámetros.
FINANCIACIÓN
La tercera gran consecuencia con la que se ha especulado es la económica. A menos habitantes, menos transferencias ‘per cápita’ de recursos por parte de las Administraciones estatal y autonómica. Se ha estimado que de entrada la ciudad va a perder 400.000 euros por esta regresión demográfica, un dinero que no sería nada despreciable, por cuanto equivale casi al coste del alumbrado navideño de un ejercicio, según las cifras oficiales facilitadas en su día al respecto por el Ayuntamiento.
No parece que a tenor de las actuales cifras del padrón, pese a la pérdida de habitantes sufridas, la repercusión económica vaya a ser notable, ya que Sevilla sigue ostentando todas las calificaciones como ciudad que vimos anteriormente.
La financiación en virtud de la Ley de Haciendas Locales sólo se vería significativamente afectada si la población bajara de 75.000 habitantes, para lo cual haría falta literalmente una hecatombe. En cualquier caso, estos parámetros no son fáciles de estimar ‘a priori’, ya que dependen de su regulación en los Presupuestos Generales del Estado, en los de la Comunidad Autónoma, en las liquidaciones de las Cuentas Generales de estas dos administraciones, etcétera, y a partir de la aplicación de unas fórmulas matemáticas.
Las consecuencias prácticas, al menos de momento, de la pérdida de población sufrida no son tan graves como al principio se pensaron, pero no por ello la caída en 2.186 habitantes en tan sólo un año deja de ser preocupante. Esta mengua no se ha producido de la noche a la mañana. Cabe deducir que se ha ido produciendo una acumulación sucesiva de bajas en el padrón y que ‘alguien’ en el Ayuntamiento tendría que haber detectado el fenómeno que se estaba produciendo y reaccionado sobre la marcha con medidas paliativas para evitar o contrarrestar la sangría demográfica. Sin embargo, ya hemos visto que no ha sido así. Nadie se ha percatado de nada hasta que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la cifra revisada y disparado la alarma.
REACCIÓN OFICIAL
¿Y cuál ha sido la reacción oficial del Ayuntamiento? Zoido le ha restado importancia. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que la población empadronada caiga por debajo de la barrera de los 700.000 habitantes, el alcalde señaló que la población de la ciudad lleva dos décadas moviéndose en torno a esa cantidad: “Esa cifra de 700.000 habitantes, arriba o abajo, lleva en la ciudad las últimas dos décadas”.
Sin embargo, muy distinta fue su reacción cuando a final de 2007 se conoció el padrón actualizado y que Sevilla se había quedado en 699.145 habitantes, tan sólo 1.024 menos que ahora. Ocho días después, Zoido, por entonces líder de la oposición, anunciaba el lanzamiento de la campaña ‘Me quedo en Sevilla’, para frenar lo que calificaba como “éxodo de la población”. En una intervención ante el Comité Ejecutivo Regional del PP (A), el hoy alcalde dijo: “Desgraciadamente, en Sevilla se ha producido un éxodo masivo e innecesario que ha dado un mazazo al censo, el cual ha bajado de la barrera psicológica de los 700.000 habitantes. Esto demuestra que mientras en España otras ciudades despegan, Sevilla se ancla, al tiempo que el descenso de habitantes supone menos inversiones para la ciudad….”.
Según Zoido, si en Sevilla vivía menos gente “es porque los sevillanos se van huyendo de una ciudad con más impuestos, con viviendas más caras y con peores servicios. Monteseirín ha conseguido hacer de Sevilla –añadió- una ciudad incómoda, cara y con una vivienda a la que sólo pueden acceder unos pocos”, por lo cual no había que quedarse cruzado de brazos, sino plantear un programa de medidas (su campaña ‘Me quedo en Sevilla’) que propiciara la vuelta de los sevillanos y el freno del éxodo’.
PLAN DE CHOQUE
Zoido anunció que reclamaría a Monteseirín que se dirigiera “a donde corresponda” y trabajara para levantar en Sevilla 20.000 viviendas, con un cupo del 50% para los jóvenes. De estas 10.000, 3.000 tendrían que ser en régimen de alquiler (1.500 con opción a compra) y las 7.000 restantes 
en régimen de compra. También abogó por la creación de centros residenciales destinados a un alquiler temporal, económico y con un tiempo de disfrute máximo de cinco años, “para que puedan rotar y así esta medida pueda llegar al mayor número de sevillanos; estos centros serían como residencias universitarias, que permitirían a los jóvenes emanciparse a bajo precio”.
El hoy alcalde también propugnaba que el Ayuntamiento pusiera en marcha programas de alojamiento compartido entre personas mayores de edad, discapacitados y familias monoparentales: “Así –aseveró- los jóvenes resolverían su problema de residencia pagando un alquiler a bajo precio o gratuito a cambio de su ayuda a esas personas con problemas”.
Zoido ha tenido la oportunidad durante estos dos años y medio como alcalde de llevar a cabo las medidas que propugnaba para frenar el éxodo de población. No ha acometido ninguna, el éxodo ha continuado y ahora, frente al catastrofismo con que describía la situación con Monteseirín, dice que lo normal es que Sevilla pierda o gane habitantes según las épocas. Zoido en estado puro.
Pleno del año 2013 que la Secretaría de Estado de Hacienda aún no ha aprobado de forma previa los estatutos del consorcio que debe gobernar el futuro recinto con un régimen económico especial, y, por otra parte, la nueva ley de Administración Local, publicada ayer mismo en el BOE, exige unos requisitos que hoy por hoy son de dudoso cumplimiento por parte del Ayuntamiento.
El segundo motivo de preocupación es la entrada en vigor de la nueva ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada el 30 de diciembre de 2013 en el BOE, y una de cuyas disposiciones, en concreto la adicional novena, podría afectar directamente al proyecto de Zona Franca sevillana. Tanto es así, que el primer teniente de alcalde también reconoce en su respuesta al Grupo Socialista que el Ayuntamiento ha solicitado a la misma Secretaría de Estado de Hacienda un informe sobre sus posibles efectos y en la participación del Consistorio en el futuro consorcio.
que dirige la onubense Fátima Báñez. Así, Sevilla ciera el año con 88.377 parados, tras un descenso del 2,61%, mientras que en el conjunto de la provincia el paro también baja, al registrarse 3.289 desempleados menos, y queda ahora fijado en 250.799 desocupados.
siendo la gran lacra de la ciudad y el desafío para Zoido, que llegó a la Alcaldía con la promesa de convertirse en el alcalde del empleo. En sus dos años y medio de mandato, el paro ha seguido subiendo hasta afectar a 11.688 personas más (de 76.689 existentes en junio de 2011, el mes en que tomó posesión como alcalde, hasta 88.377).
En el pleno del 27 de diciembre confluyeron el dictamen previo y obligado, aunque no vinculante, del Consejo Económico y Social (CES); los informes del interventor alertando de desequilibrios pasados y de riesgos futuros por excesivo endeudamiento, por lo que pedía hasta dos planes de saneamiento o económico-financieros; y los informes a su vez de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, para contrarrestar a unos y otro.
Zoido, obstinado, atribuyó a los supuestos impagos de la Junta la imposibilidad de diseñar y aplicar un Plan de Empleo municipal (cambio en su discurso; antes sostenía que no tenía competencias), pese a que no condicionó a la presunta deuda autonómica ni su promesa de convertirse en el ‘alcalde del empleo’ cuando aún estaba en la oposición, ni la de formular el nonato Plan a la vuelta del verano en su primer debate sobre el estado de la ciudad como alcalde. Desde entonces han pasado un par de regresos del verano, pero el Plan de Empleo ni existe ni se le espera, mientras que la ciudad ha superado la barrera de los 90.000 parados.
Emvisesa para acometer la ampliación de Fibes pese a no ser su objeto social (otra de las ocurrencias impuestas por Monteseirín para sus megalómanos proyectos, como el desviar a las ‘Setas’ de la Encarnación la ‘hucha’ del PGOU) y que debe subrogarse el Consistorio, máxime tras la creación de una nueva sociedad (Contursa) cuyo fin expreso es la gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones.
¿Y qué ocurre después? Pues que según la estadística del CES, la deuda del Ayuntamiento ha vuelto a crecer bajo el mandato de Zoido y pese a los recortes y el plan de ajuste: 482 millones en 2012 y los citados 495 en 2013, con el miedo del interventor de que haya que contabilizar 580 millones en 2014.
Sin embargo, el Pleno municipal de diciembre va a dejar en evidencia tanto al interventor como a la delegada de Hacienda, debido a las facturas pendientes de pago que elevan las delegaciones de Cultura (por el ICAS) y de Movilidad. Cultura pide el reconocimiento extrajudicial de créditos por servicios y suministros prestados por empresas y que en conjunto suponen 56.664,43 euros.
Sin embargo, por el conjunto de tasas y otros ingresos, el IMD recaudará realmente 2 millones de euros menos en números redondos (pasa de 6,7 millones en 2013 a 4,7 millones en 2014), una caída del 29,57%, debido a la política de privatizaciones de centros deportivos que está llevando a cabo el Consistorio y cuya consecuencia es la obtención de menos recursos (una muestra, el centro deportivo Fundición, en el Casco Antiguo, que reportará casi 400.000 euros menos en 2014).
Mientras la factura telefónica sube en un 474%, la compra de productos de limpieza y aseo baja de los 52.093 euros actuales a tan sólo 6.000, una caída del 868% que no se corresponde con la factura de las tareas de limpieza, que sólo baja en 33.995 euros al pasar de 961.748 a 927.752 euros. En resumen, el IMD va a gastar en teléfono 108 veces más que en productos para mantener limpios los centros deportivos.
debido esencialmente al proyecto de instalación de la cubierta de la Copa Davis en el Parque de Los Príncipes, que cuenta con un presupuesto de 550.000 euros. El desglose de las inversiones es el siguiente:
A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.
En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.
Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.
Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.
Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.
Este año, el contrato principal de la Gerencia asciende a los citados 447.750 euros. A esta cantidad hay que sumar los gastos en alumbrado que se realizan a través de los distritos y de los que hemos podido tener constancia oficial, sin descartar la posibilidad de que existan otras partidas aún no identificadas.
La factura de la Navidad se incrementará con el ‘mapping’ (sólo los costes eléctricos del espectáculo multimedia ascendieron en 2012 a casi 10.000 euros), para el que todavía el Ayuntamiento no ha anunciado un patrocinador oficial, belenes, árboles y actos de todo tipo que sufragan los distritos.
Sólo en la Industria se ha registrado una leve caída del desempleo, ya que los 6.276 parados actuales son 33 menos que los que había en octubre. En el resto de sectores el paro sube en todos, con la siguiente evolución: Agricultura, 1.300 (58 más que en el mes pasado); Construcción, que llevaba al menos un par de meses registrando una tendencia a la baja, experimenta un alza del paro, con 9.199 (+40); el sector Servicios, auténtico talón de aquiles de la economía sevillana por destrucción de empleo, no levanta cabeza y a cada mes que pasa añade nuevas hornadas de desempleados al cerrar noviembre con 61.416 (+250). Por último, también experimenta una subida el colectivo ‘Sin empleo anterior’, quienes aún no han hallado una oportunidad en el mercado laboral: 12.549 personas (150 más que en octubre).
El paro afecta a todos los sectores económicos salvo a la Construcción, donde baja, al contrario de lo que ocurre en la capital, donde ha subido. El desglose de cifras es el siguiente: Agricultura, 14.427 desempleados, con un alza de 463 personas. Industria, 21.110 parados, 47 más que en el mes anterior. Construcción, 35.299 desempleados, 170 menos. Servicios es, al igual que en Sevilla capital, el sector más castigado por la falta de trabajo y donde más se nota el incremento del desempleo en noviembre: 152.845 desempleados, con un alza de 835. Tampoco mejora, sino al contrario, la situación en el colectivo ‘Sin empleo anterior’, donde se registran 30.407 personas que no han podido acceder aún a un puesto de trabajo. Son 202 más que en el mes de octubre.
Aunque Zoido prometió que la Copa Davis no costaría ni un solo euro a los sevillanos porque se iba a financiar mediante patrocinios privados, las expectativas en este sentido no se cumplieron y el balance arrojó unas pérdidas de un millón de euros en números redondos. Mientras se clarificaban las cuentas de ingresos y gastos y el resultado final ante la opinión pública, hubo que afrontar el ‘agujero’ tenístico pidiendo un crédito de un millón de euros a Cajasol, con un plazo de seis meses (mayo de 2012) y al llamativo interés -por elevado- del 7%, que generaría unos pagos de 35.000 euros. A este coste hubo que añadírsele 3.407 de comisión de apertura, 395 en concepto de caja de seguridad y 348,39 de notaría.
Pero el expediente municipal seguía empantanado y sin aprobarse, ya que sufrió dos grandes parones debido a informes técnicos contrarios, por lo que no acabó aprobándose hasta el pasado mes de octubre. En el ínterim vencía la prórroga del crédito y no había manera de librar el dinero desde la Hacienda municipal para afrontar el pago. ¿Solución? Volver a prorrogar el crédito, ya por segunda vez y, obviamente, con La Caixa. Y también se actuó como si se tratara de un préstamo nuevo, ya que hubo que afrontar 10.000 euros como comisión de apertura y otro corretaje, esta vez de 357,89 euros. Con un interés al 7% anual, el coste se incrementó en 47.022 euros.