Fija el 31 de marzo como límite para la venta de filiales participadas por terceros
Aussa, que gestiona la zona azul, es filial de Tussam pero participada por Azvi
El Ayuntamiento tratará de no vender con la tesis del control “exclusivo” de Tussam
La nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda sobre los efectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local coloca al Ayuntamiento de Sevilla ante la tesitura de verse obligado a vender la empresa de Aparcamientos Urbanos de Sevilla S. A. (Aussa), la filial de Tussam a través de la que controla y gestiona los aparcamientos regulados en superficie (zona azul) de la ciudad.
El Ministerio de Hacienda dedica un apartado de su nota explicativa de 28 páginas de extensión sobre la Reforma Local, adelantada por Viva Sevilla, a las entidades directamente dependientes de las entidades locales, o sea, las empresas municipales.
En este sentido, distingue las de primer nivel o propiedad al 100% de los ayuntamientos, como en el caso de Sevilla serían Tussam, Lipasam, Emasesa y Emvisesa, y las de segundo nivel, que dependen o están participadas por empresas englobadas en el primer grupo, como es el caso de Aussa, filial de Tussam.

Hacienda prohíbe, como norma general, que ninguna empresa municipal ya existente pueda constituir otra compañía, con independencia de la situación financiera en que se encuentre. En cuanto a las empresas ya existentes y participadas por sociedades municipales, distingue dos grandes grupos:
1) Las que estén controladas exclusivamente por entidades dependientes directamente de los ayuntamientos, o sea, aquellas en que una empresa municipal posea el 100% de las acciones.
2) Las empresas ya existentes pero que no estén controladas exclusivamente por empresas municipales, o sea, aquellas en las que hay otros accionistas que controlen una parte del capital social.
Según la nota aclaratoria de Hacienda, se deberá proceder a la transmisión de la participación en el capital social por parte de la empresa municipal en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un plazo que expira el 31 de marzo de 2014.
En esta situación se halla Aussa, cuya página web oficial reconoce que se trata de una sociedad mercantil integrada por Tussam (Ayuntamiento de Sevilla) y por Concesiones Intercontinentales (COINTER y grupo Azvi), con 15 años de experiencia en la gestión de aparcamientos públicos, en estacionamiento regulado y en servicio de retirada de vehículos de la vía pública, “destacando -especifica- la gestión de aparcamientos en grandes eventos (hasta 20.000 plazas)”.

No obstante, según fuentes municipales consultadas, el Ayuntamiento, para no desprenderse de Aussa, sostiene la interpretación de que forma parte de las empresas del primer grupo, las controladas en su gestión exclusivamente por entidades dependientes de la corporación municipal, a través de Tussam.
PLAN DE EXPANSIÓN
Aussa informa en su web de que en 2008 inició un plan de crecimiento y expansión geográfica desde Sevilla a otras ciudades de España, gracias a su capacidad de adaptación y a la aplicación de las últimas tecnologías, y que actualmente tiene presencia en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca y Madrid.
Recientemente, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla decidió adjudicarle el contrato de la nueva zona azul de la ciudad a cambio del pago de un canon fijo anual de 1.521.094 euros, con un 12% variable y por un plazo de diez años prorrogables por dos más.
En el pliego de condiciones aparecía como cifra orientativa un número de 7.285 plazas, de las que 3.173 son de nueva creación, si bien su distribución está aún pendiente de acuerdo con los vecinos a través de los Distritos.
La clave está en el Diccionario
¿Qué significa la palabra ‘exclusivamente’? Del significado que se le atribuya al término puede
depender el futuro de Aussa. Hacienda estipula que los ayuntamientos deben vender las empresas que no estén controladas exclusivamente por otras empresas municipales, pero no obliga a vender las que están controladas exclusivamente por una sociedad matriz de índole municipal.
El Ayuntamiento de Sevilla, para no vender Aussa, interpreta que está controlada exclusivamente por Tussam. Según el Diccionario de la Academia, ‘exclusivamente’ significa en su segunda acepción “sola, únicamente”. Y la palabra ‘exclusivo’, en su segunda acepción, significa “único, solo, excluyendo a cualquier otro”. Pues bien, Tussam no está sola y únicamente en Aussa, sino con Azvi como socia y accionista.
Es más, es la propia Aussa la que emitió el 19 de noviembre de 2013 una nota de prensa con el siguiente título: ‘Grupo Azvi se adjudica, a través de Aussa, la gestión de la Zona Azul de Sevilla’.
Zoido confirma la Disposición Adicional
para salvar la Zona Franca
El alcalde confirmó la noticia de Viva Sevilla sobre la redacción de una Disposición Adicional para salvar de los efectos de la Reforma Local la Zona Franca, aunque para ello Zoido incurrió en una
contradicción al sostener que con la legislación actual no hay ningún inconveniente para que el Ayuntamiento no pueda formar parte del consorcio de la misma. Si no hubiera ningún inconveniente, como pone de manifiesto la nota aclaratoria de Hacienda, no habría hecho falta la citada Disposición sobre la marcha.
El Grupo Popular en el Senado ha tenido que añadir una Disposición específica sobre zonas francas durante la tramitación del proyecto de leuy sobre Cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Con esta Disposición incorpora además otra (la número 23) a la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas sobre el régimen patrimonial de los consorcios de zonas francas.
La nota aclaratoria del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, diputado por Sevilla, profundiza en cinco aspectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: 1) Clarificación de competencias, 2) Racionalización de la estructura local; 3) Regímenes de dedicación y retribuciones de los miembros de las corporaciones locales; 4) Racionalización del empleo público; y 5) Control financiero y presupuestario más riguroso e Impulso de la actividad económica.
Dado que Sevilla tiene más de 500.000 habitantes, Juan Ignacio Zoido tendría derecho a percibir como alcalde y por todos los conceptos una retribución máxima de 100.000 euros anuales. Por su parte, Francisco Toscano, como alcalde de la segunda ciudad más poblada, Dos Hermanas, podría cobrar un máximo de 75.000, ya que el municipio nazareno aún no llega a los 150.000 habitantes. Antonio Gutiérrez Limones, como alcalde del tercer municipio más poblado, Alcalá de Guadaíra, tiene derecho a percibir un máximo de 65.000 euros, ya que su ciudad no ha superado aún oficialmente los 75.000 habitantes.
En medio de su intervención sobre la Reforma, Zoido dejó caer la promesa de que el Ayuntamiento va a pagar a sus proveedores como máximo en un plazo de entre 20 y 25 días. En caso de cumplirse, sería de entre 5 y 10 días menor que el ideal establecido para todas las Administraciones Públicas: 30 días.
Sin embargo, el Pleno municipal de diciembre va a dejar en evidencia tanto al interventor como a la delegada de Hacienda, debido a las facturas pendientes de pago que elevan las delegaciones de Cultura (por el ICAS) y de Movilidad. Cultura pide el reconocimiento extrajudicial de créditos por servicios y suministros prestados por empresas y que en conjunto suponen 56.664,43 euros.
Aunque Zoido prometió que la Copa Davis no costaría ni un solo euro a los sevillanos porque se iba a financiar mediante patrocinios privados, las expectativas en este sentido no se cumplieron y el balance arrojó unas pérdidas de un millón de euros en números redondos. Mientras se clarificaban las cuentas de ingresos y gastos y el resultado final ante la opinión pública, hubo que afrontar el ‘agujero’ tenístico pidiendo un crédito de un millón de euros a Cajasol, con un plazo de seis meses (mayo de 2012) y al llamativo interés -por elevado- del 7%, que generaría unos pagos de 35.000 euros. A este coste hubo que añadírsele 3.407 de comisión de apertura, 395 en concepto de caja de seguridad y 348,39 de notaría.
Pero el expediente municipal seguía empantanado y sin aprobarse, ya que sufrió dos grandes parones debido a informes técnicos contrarios, por lo que no acabó aprobándose hasta el pasado mes de octubre. En el ínterim vencía la prórroga del crédito y no había manera de librar el dinero desde la Hacienda municipal para afrontar el pago. ¿Solución? Volver a prorrogar el crédito, ya por segunda vez y, obviamente, con La Caixa. Y también se actuó como si se tratara de un préstamo nuevo, ya que hubo que afrontar 10.000 euros como comisión de apertura y otro corretaje, esta vez de 357,89 euros. Con un interés al 7% anual, el coste se incrementó en 47.022 euros.
La delegada de Hacienda, Asunción Fley, defendió el nuevo salario de Ojeda con el argumento de que asumía también la Dirección General de Recursos Humanos tras la destitución de su antiguo titular, con lo que al fusionar los dos cargos en uno solo el Ayuntamiento se ahorrará en realidad 30.000 euros, ya que el sueldo de la doble directora pasa de sus antiguos 75.000 a 105.000.
En este sentido, la posición defendida por Juan Espadas, el portavoz municipal socialista, es que los 31 directivos y/o altos cargos del Ayuntamiento y sus empresas cobren en 2014 no más que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, cuya retribución ha quedado fijada en 59.831,24 euros anuales.
1) Director-gerente de Fibes 150.000 euros
Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.
Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.
La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.
Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.
Voy a obviar que previamente subió el IBI en un 10%, con lo cual la cuantía de la rebaja se reduce a un 3,41%, para darle la vuelta a la frase. Su decisión, coherente con su promesa electoral de bajar impuestos (ojo, sólo algunos), se produce con 89.000 parados en la ciudad, marco presupuestario que prevé una caída de la inversión municipal en un 40% hasta 2016, paralización o ausencia de grandes y medianos proyectos de inversión privada, cierre del grifo del crédito a empresas y emprendedores por la banca y creciente descapitalización humana por la emigración de personas con talento que aquí se ven en el paro y sin incentivos ni financiación para emprender.
Esta opción significaría reconvertir la frase de Zoido en esta otra: “para que ellos elijan en qué lo quieren invertir y puedan crearse nuevos puestos de trabajo”. Cambiar la palabra “gastar”, que significa emplear el dinero sin más propósito que el de consumir, por “invertir”, que consiste en emplear el dinero con un propósito de rentabilidad.
Como botón de muestra, la última de las citadas ha consolidado 25 empleos en las tecnologías de la información en tan sólo siete años y ya ha abierto delegaciones en Cataluña, País Vasco y Estados Unidos. ¿Cuántas Icinetic más podrían crearse en Sevilla, con la subsiguiente generación de empleo de calidad, si otros jóvenes con talento como sus promotores pudieran disponer de la financiación para su arranque, un crédito que ahora no encuentran en la banca?
la rebaja del IBI por su congelación y destinar ese dinero a constituir un fondo de inversión que sirva para la creación de empresas como paso previo para la generación de empleo en sectores como los que, según la consultora McKinsey, marcarán la economía en los próximos decenios, afectarán a millones de trabajadores y consumidores y propiciarán un negocio billonario: Internet móvil, programas informáticos ‘inteligentes’ (como los desarrollados en Sevilla por Indisys), Internet de las cosas, tecnología en la ‘nube’, robótica, vehículos autodirigidos, genómica, almacenamiento de energía (como hacen nuestras termosolares en Fuentes de Andalucía y Sanlúcar), impresión tridimensional, nuevos materiales, nuevas técnicas para extracción de gas y petróleo y energías renovables.
A efectos de cobro de las tasas, las veladas han sido clasificadas en función de su duración. En las que duran cuatro días, los titulares de casetas de un módulo pasarán a pagar de los actuales 197,04 euros a 216,74 euros (un + 9,99%), y los de dos módulos, de 345,73 a 380,30 euros (otro + 9,99%).
Así, los sevillanos tendrán que pagar 5 euros por la expedición de certificaciones y acreditaciones de las actuaciones que haga la Policía Local para particulares, compañías de seguros, despachos de abogados…. sobre siniestros en bienes materiales (responsabilidad patrimonial) como caídas, lesiones, denuncias, obras, daños, inundaciones….