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Atrasado a su tiempo

Más de 70.000 personas han participado esta semana en Sevilla en el sorteo de Emvisesa para la adjudicación de 233 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de venta en las antiguas cocheras de Tussam en El Porvenir y de 95 para alquiler en Torrelaguna y San Luis, siendo el 70% de ellas jóvenes. Actualmente, el 57% de los sevillanos con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años no pueden emanciparse de sus padres debido, fundamentalmente, al elevado precio de los pisos pese a las aparentes bajadas por efecto de la crisis.

Según el Observatorio Joven de Vivienda en España, en el hipotético caso de que un joven sevillano decidiera comprarse un piso, tendría que dedicar casi el 65% de sus ingresos a pagar la hipoteca; sólo le quedaría el 35% para afrontar las facturas de la luz, el agua, el gas, el teléfono, la ropa, la comida, el transporte…..Es un sueño prácticamente imposible, pues para realizarlo el joven sevillano medio debería ganar al menos 2.582 euros/mes, cuando sus emolumentos no superan los 1.200 en el mejor de los casos. Se comprende, pues, la avalancha de solicitudes ante cualquier sorteo de VPO como el del Porvenir.

Antes y ahora

Con este panorama social sorprende aún más si cabe que en su comparecencia parlamentaria para explicar el acuerdo con el Gobierno sobre los pormenores de la ‘deuda histórica’, la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, dijera que el hecho de que la mayoría de los suelos cedidos sirvan para levantar, más que VPO (ninguna en Sevilla, ya que aquí se paga con los restos de la Expo) viviendas de renta libre (3.128, el 71% del total), da más valor económico a la operación, puesto que la Junta podrá venderlas sin límite de precio y obtener así más dinero. ¿Cuánto tiempo deberá esperar el Gobierno andaluz a que se reactive, y al alza, el mercado inmobiliario para colocar esos futuribles pisos? El INE revela que en octubre la venta de casas cayó un 21% y el BBVA augura una caída de los precios del 20% en dos años.

La Junta de signo socialista se felicita, pues, de poder construir pisos de renta libre (los más caros) en suelos públicos para los ciudadanos de mayor poder adquisitivo en vez de para los jóvenes sin recursos y los mileuristas, justamente lo contrario de lo que en su momento hizo Monteseirín en las antiguas cocheras de Tussam, por puro oportunismo político en busca de un pacto con IU porque ya no podía soportar más la por entonces vigente coalición con el PA.

Subasta

Recuérdese que Monteseirín sacó a subasta las cocheras del Porvenir con el declarado fin de obtener fondos con los que acabar con el enorme déficit acumulado por Tussam bajo su mandato y aprovechando el traslado de los autobuses al antiguo cuartel de San Fernando. Dada su privilegiada situación en la nueva ‘milla de oro’, varias empresas pujaron por el solar. Umbella 4 presentó la mayor oferta en vísperas de las elecciones municipales de 2004: 43 millones de euros, dinero más que suficiente para haber liquidado la deuda de Tussam.

En una de sus características marchas atrás (el frenazo al edificio de Moneo, en el Prado, inauguró la serie) Monteseirín decidió, sin embargo, anular el proceso de venta para anunciar la construcción de VPO en vez de pisos de renta libre. El caso acabó en un pleito en que el juez impuso una condena mínima al Ayuntamiento en una sentencia que fue todo un varapalo para el alcalde. Dijo el magistrado en su fallo que se había producido “una falta de lealtad y quiebra de la buena fe” por “la ruptura unilateral provocada de forma consciente por la entidad demandada, quien primero quiere acudir al mercado a hacer caja con sus terrenos, convoca a los interesados en la adquisición, y luego modifica las condiciones de la cosa que se ofrece en venta para provocar precisamente el efecto contrario, es decir, su salida del mercado”.

Balance cero

Urbanismo tuvo que salir al rescate del alcalde tras su frenazo y marcha atrás: rediseñó el solar del Porvenir en el PGOU para permitir 233 pisos de VPO y detrajo del Patrimonio Municipal de Suelo unos veintitantos millones de euros (frente a los 43 que pagaba Umbella) para comprarle a Tussam las cocheras, que luego cedió gratis a Emvisesa a fin de que construya las viviendas que se han adjudicado esta semana y que tardarán en entregarse varios años. Si el concurso de venta se hubiera resuelto tal como se planteó, habrían estado ya edificadas el 30% de VPO a que obligaba la ley al promotor privado que lo ganó y las arcas municipales habrían ingresado 43 millones de euros con los que enjugar el déficit de Tussam.

Por el contrario, la habitual improvisación de Monteseirín le ha costado a la ciudad esos veintitantos millones de euros que con una mano hubo que sacar de un organismo municipal (Urbanismo) para entregarlo con la otra a una empresa 100% municipal, Tussam. No se ganó ni se perdió nada con la transacción, porque el dinero simplemente se cambió de un sitio a otro, como en el trile. El balance económico fue cero, como el famoso objetivo de la Expo. Lo que no pudieron conseguir ni Olivencia ni Pellón en la Cartuja lo logró por arte de birlibirloque el alcalde en El Porvenir. Pero en vez de quedar como un adelantado a su tiempo al trocar viviendas de renta libre por VPO, a Monteseirín la jugada le ha salido al revés, ya que la Junta dice ahora, con motivo de la ‘deuda histórica, que lo ortodoxo es construir pisos caros en los suelos públicos con tal de hacer, cuanta más caja, mejor.

La otra ley de dependencia

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El grupo Noga pierde el negocio que podría haber hecho con los suelos de Mercasevilla pese a que su oferta de compra superaba en 62 millones de euros a la de Sando. Sin embargo, cuando la juez Alaya pregunta a su representante por qué ni formó un escándalo ni presentó un recurso, éste, para sorpresa general, contesta: “No tuvimos la percepción de haber sufrido ningún perjuicio”. La juez, con su perspicacia habitual, inquiere: si Noga no alzó la voz ¿fue por temor a represalias municipales, dados sus muchos intereses en la ciudad?. Obviamente, la víctima del concurso de Mercasevilla lo niega todo, pero en el ambiente flota que su señoría ha dado en el clavo. ¿Quiere más pistas? Dragados no es que perdiera un concurso: Monteseirín le quitó directamente por el procedimiento del tirón la obra en marcha del edificio de Moneo en el Prado en 1999. Le exigió 5 millones ante el Juzgado Nº 5 de lo Contencioso, pero el año pasado retiró la demanda sin más, conforme a una ley no escrita: quien pleitea contra una Administración que se despida de nuevos contratos.

El Estado apaga la luz

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Sevilla, tal como analizó Javier Rubio en estas páginas en su artículo ‘La misma moneda’, ha hecho un pésimo negocio con la decisión de la Junta de Andalucía de aceptar el pago de la deuda histórica en solares en cinco provincias y, en nuestro caso, la asunción de Agesa, gestora de los activos de la Expo. La consejera de Economía, Martínez Aguayo, afirma que los bienes de Agesa valen más de 300 millones de euros. ¿Cómo lo sabe, si el primer punto del acuerdo es tratar de ponerse de acuerdo en su valoración? Estado y Junta los tasarán por separado y, en caso de discrepancia, se remiten a un tasador independiente. El proceso llevará tiempo, más el que impliquen los cambios registrales, asignación de activos a los organismos correspondientes y otros trámites, con lo que los hipotéticos fondos que se obtuvieran mediante ventas difícilmente podrán aplicarse ahora a las partidas ‘a priori’ presupuestadas por el Gobierno andaluz a cuenta de la deuda histórica cuando el criterio era el de cobrarla en líquido en vez de en especie.

Los activos de la Expo no valen ni 300 millones, ni los 150 que se ha dicho luego, cuando se ha moderado el oficialista exceso de entusiasmo por esta operación que habría que preguntarse si, por ejemplo, se la hubiera ‘tragado’ Cataluña. El valor neto contable que figuraba en los libros de Agesa antes del cambalache era de 93 millones de euros: tres veces menos de lo pregonado por la consejera de Economía. Y aunque el papel lo soporta todo y se podrán hacer los apuntes que se quiera, el valor real de sus activos será el que marque el mercado en cada momento. Huelga decir que el mercado inmobiliario está hundido. ¿Qué, pues, va a poder venderse o malvenderse de Agesa? Repásense sus bienes y se verá la dificultad de que, como ha dicho Griñán, su contravalor en “dinero contante y sonante” (¿un edificio es dinero contante y sonante o en la actual coyuntura más bien un inmovilizado devaluado, como bien sabe la banca cuando trata de vender sus impagados con rebajas ya de hasta el 50%?) “se reinvertirá en vivienda, salud y educación a lo largo y ancho de las ocho provincias andaluzas”?

Gastos en vez de ingresos

¿A quién le puede interesar comprar el pabellón del Futuro, el de la Navegación, la torre Schindler, la torre panorámica, el helipuerto, el pabellón de España (dentro de Isla Mágica), el teatro Central, la nao Victoria…..Agesa soporta el mantenimiento de esos activos ‘ociosos’ tras la Expo merced a la explotación de sus particulares joyas de la corona, como el edificio Expo, el centro de prensa, el edificio Leonardo, la banda de servicios y, en el futuro, el centro de negocios del Palenque. En el hipotético caso de que la Junta vendiera esos inmuebles rentables para hacer caja con destino a viviendas, hospitales y colegios en toda Andalucía, Agesa entraría en barrena, al quedarse con los ‘marrones’ (Futuro, Navegación…) que no generan rentas y sí gastos de conservación.

Lo más sensato sería mantener el modelo actual, que ha costado perfilar estos 17 años tras las regulaciones de plantilla (quedan 48 trabajadores) y el pago del crédito multidivisas de unos 20.000 millones de pesetas por el ‘agujero’ del 92. Hoy, como dijo Aguayo, Agesa es una sociedad saneada que ha dado beneficios de 6,7 millones al Estado, pero sólo en 2008 y por extraordinarios derivados de la regularización de Isla Mágica. De ordinario los beneficios no superan el millón de euros. Como de los 784,21 millones de deuda histórica la Junta se cobra 300 millones en especie sólo con Agesa, para que las rentas generadas por esta última (ese millón anual) equivalgan en dinero contante y sonante a esa cantidad harían falta ¡300 años!

Si la Junta vende los activos rentables de la Expo para reinvertir en toda Andalucía habrá una transferencia de recursos desde Sevilla al resto de las provincias. Sevilla pierde. Y si se mantiene el ‘statu quo’, o no gana nada, o también pierde, porque se queda sin la presencia del Estado y sin las inversiones que Madrid se sentía moralmente obligada a ejecutar en la isla a través de Agesa, como esos 10 millones de euros en plena crisis en un nuevo museo en el Pabellón de la Navegación cuando Cultura recorta, difiere o rechaza inversiones en la ciudad (véanse si no los casos de la Fábrica de Artillería, el Museo y el Maestranza), 42 millones en el nuevo Palenque y 15 en el Instituto Cartuja.

El mayor error ocurrido tras la Expo fue que el 13 de octubre de 1992 el Gobierno, por las críticas a la inversión realizada, dejara el piloto de la Cartuja en ‘stand by’ y propiciara el ‘síndrome de los jaramagos’. Con el trueque de Agesa por la deuda histórica, la Junta logra que el Estado ‘apague la luz’ y se vaya definitivamente de Sevilla.

Salida para Monteseirín

La asunción de Agesa podría tener un efecto rebote añadido, ya que en el PSOE se empieza a sopesar que esta empresa pública, o en su defecto Sogefinpa –a la que podría ser adscrita- sería una honrosa salida para Monteseirín y su equipo de máxima confianza en caso de que el partido optara por otro candidato para la Alcaldía en las próximas elecciones.

Sería toda una paradoja, ya que Monteseirín acuñó la famosa frase de que Agesa no tenía corazón, sino únicamente cartera, cuando le exigía mayores inversiones en la ciudad, y podría verse en la tesitura de negarle a otros lo que él pedía para sí mismo. ¿Aceptaría Monteseirín ser el Pellón del siglo XXI? De alcalde de Sevilla a alcaide de la Cartuja.

La prueba del nueve

Tablada: el dedo y la Luna

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En su recopilación de cuentos zen, Alejandro Jodorowsky recupera el viejo proverbio oriental que dice que cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo, pero que el dedo y la Luna pertenecen a dos mundos diferentes.. Me viene a la mente la vieja historia a propósito de la Tablada azul. Ya saben, ese proyecto que dicen bienintencionado –debe de serlo, por estar entre sus padrinos mi viejo amigo Francisco Casero- de inundar la antigua dehesa para convertirla en marisma rociera, cual un Doñana a las puertas de Sevilla. De paso se satisfaría uno de los viejos anhelos de Monteseirín, quien quiso hasta rebautizar con el nombre del Parque Nacional el aeropuerto de San Pablo, aunque doña Sole (Becerril) replicó que ni por encima de su cadáver.

Mientras nuestra imaginación se desborda, nunca mejor dicho, viendo ya los patos, los flamencos, la polla (con perdón) de agua, la focha cornuda (lo siento, pero tal es su denominación; la Naturaleza es así de salvaje) y la cerceta pardilla (¿y si los pardillos fuéramos nosotros?) nadando en el nuevo lago artificial, no reparamos ni en los mosquitos ni en la cara oculta de la Luna: los bloques de pisos que se pretende construir al borde del agua para (se dice) financiar el coste del proyecto y (lo que no se dice) que den el pelotazo los promotores que gastaron miles de millones de pesetas al comprar el suelo a las Cajas aun a sabiendas de que era y es no urbanizable en el PGOU, pero en la confianza de que les caerá una recalificación. Y es que en materia de urbanismo la clase política, salvo Torrijos, siempre tira al monte.

No seamos bobos y no miremos sólo los patitos, que detrás de la Tablada azul hay ladrillos, ladrillos camuflados con plumas de ave. ¿No han tenido ya bastante con los dos millones de pisos que sobran en todo el país que aún quieren más? ¿Es ésta la I+D+i para salir de la crisis? El nuevo modelo económico es ¿más de lo mismo? En el congreso que en la UNIA se celebró sobre los ‘150 años con Darwin’ dijo José Luis Sanz (el catedrático de Paleontología, no el alcalde de Tomares) que las aves son dinosaurios que se especializaron para sobrevivir. Y que “las gallinas y las cigüeñas son dinosaurios tras millones de años de adaptarse a los cambios del medio, como los patos que hay en el río, aquí en Sevilla…. El Guadalquivir está lleno de dinosaurios”.

¿De dinosaurios? No, hombre, no, el Guadalquivir lo que está lleno es de tiburones, de tiburones inmobiliarios.

La Carrera particular

Mientras la crisis sigue galopando implacable hacia los 4,5 millones de parados en todo el país –léase al respecto el último informe de Funcas-, en esta Sevilla nuestra seguimos enfrascados en las mismas cuestiones de siempre: las botellonas, los retrasos en las obras (ahora, también las de Fibes) y si han de ser 6.000 en vez de 7.000 las sillas que se sacrifiquen en la Carrera oficial para establecer pasillos de seguridad de al menos 1,20 metros. Nada nuevo bajo el sol sevillano, cuando estos asuntos deberían estar resueltos de oficio, pues no en vano hay una ley antibotellón y normas reguladoras de las medidas de seguridad en los espacios y espectáculos públicos que, obvio es decirlo, no se cumplen.

Ya que sigue el debate sobre las sillas de la Carrera oficial, propongo que se abra otro sobre la Carrera particular. Sí, la que con el beneplácito del Ayuntamiento echan entre sí los hosteleros y hoteleros por ver quién se apropia con sus sillas y veladores de más terreno en nuestras calles. Dice Monteseirín que si peatonaliza tanto es para convertir Sevilla en la ciudad de las personas. ¿De qué sirve si luego privatiza espacios públicos y se los quita a los sevillanos?. Los transeúntes cada día tiene menos sitio por donde moverse en el Centro.

¿Han visto el corralito que el Hotel Eme Fusión se ha montado para su uso particular en Alemanes? El nombre al hotelito tan frecuentado por los mandamases municipales le viene que ni pintado, porque se ha fundido la acera, acotada con macetones y todo, y ahora el peatón se ve obligado a pelearse con los coches para no ser atropellado. Y quien se ríe de los pasillos de seguridad es Robles, que como presidente de los hosteleros debería dar ejemplo. Sus veladores en Argote de Molina también expulsan a los viandantes de la acera al tráfico rodado. Y a estos veladores y mesas hay que unir los que tiene en Plaza de San Francisco, Alvarez Quintero, Placentines… Robles, al igual que Fraga durante la Transición, bien puede decir que en el Centro “la calle es mía”.

¿Será Rumanía en vez de Sevilla?

Recordarán que el presidente de Renault España, Jean Pierre Laurent, alertó de que su empresa está construyendo una nueva fábrica de coches en el puerto autónomo de Tánger, al que es muy costoso exportar las cajas de cambio desde la factoría sevillana porque ahora deben dar un rodeo por Canarias y Casablanca. Si esto sigue así, a Renault le saldrá más barato enviar las cajas desde Rumanía, aunque esté mucho más lejos, de ahí que el señor Laurent pidiera que Sevilla se adelantara a los acontecimientos y que sus empresas logísticas crearan una ‘autovía marítima’ hasta Tánger.

Ha pasado el tiempo y en una reciente entrevista le preguntaron a Laurent si ya se había acercado a Renault alguna empresa logística. Su respuesta: “desde Algeciras, sí; desde Sevilla, no”. Aquí nos creemos que somos el nuevo polo aeronáutico de Europa y el nodo entre Oriente y Occidente y seguimos sin percatarnos de que el futuro pasa por convertirnos en la puerta de entrada al norte de Africa.

Un derecho de 700.000 sevillanos

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Zoido denuncia que se ha silenciado una reunión de la Ejecutiva de Mercasevilla y, maliciándose que hubiera visto la auditoría encargada a Deloitte a raíz del escándalo de las comisiones y la venta de suelo por 56 millones menos de la cuenta, le pide a Monteseirín una copia. Maribel Montaño hace honor a su apelativo de la ‘portacoz’ del gobierno y con cajas destempladas dice que Zoido “no tiene derecho alguno” a exigirla. ¿Cómo que no? Mercasevilla es empresa pública municipal y como tal sus dueños son los sevillanos. El Ayuntamiento, pues, debe rendir cuentas no sólo a Zoido, sino a cualquiera de nosotros y ser una casa de cristal por transparente. Si no tuviera nada que ocultar no tendría reparo incluso en colgar el documento en Internet, pero como es deliberadamente opaco ha dejado fuera de las empresas municipales a la Oposición. Ya puestos, Zoido, que ganó las elecciones, tiene más derecho que la Montaño a ver la auditoría: él fue elegido por los sevillanos mientras que ella fue nombrada a dedo por Monteseirín y se limita a ser ‘la voz de su amo’.

Vacas flacas

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Numerosos proyectos-estrella de Monteseirín basados en el sistema de la concesión administrativa están paralizados o retrasados por la crisis. En este sistema de corte neoliberal, las empresas privadas ejecutan las obras públicas a cambio de su explotación económica durante un tiempo, tras el cual pasan a la Administración. Esta se libra de aportar toda o la mayor parte de la financiación, que indirectamente corre a cargo de los usuarios-contribuyentes, los cuales suelen pagar por el servicio un precio superior al objetivo como compensación al desembolso de la compañía adjudicataria.

Este sistema lo ha utilizado Monteseirín para las ‘setas’ en la Encarnación (aporte en metálico de 25 millones de euros y entrega de la actual sede de la Hacienda municipal y de la nueva plaza para su explotación comercial), la ampliación de Fibes (aportación de 49 millones y de las parcelas anexas), edificio de la Gavidia (cesión de parte del mismo a cambio de su rehabilitación), mercado de la Puerta de la Carne y antigua estación de Cádiz (rehabilitación a cambio de la explotación de un parking subterráneo)…… y ahora ve cómo cuando los alemanes exigen por adelantado el pago de la madera para el revestimiento de las ‘setas’ no hay dinero para pagarles; cómo no puede afrontarse la desviación presupuestaria en Fibes; cómo queda desierto el concurso para la Gavidia y cómo Sando ni siquiera inicia el mercado ni el parking.

Celis dice ahora que la concesión administrativa sólo es adecuada en época de bonanza económica pero no para las de crisis, porque es casi imposible que una empresa pueda costear sola una obra y esperar años para un beneficio. Omite Celis que estos y otros proyectos de Monteseirín ahora paralizados o en demora fueron adjudicados en plena bonanza económica, como la línea 1 del Metro por la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento podría haber tomado buena nota de lo ocurrido con el Metro por el sistema de concesión: tres años de retraso, obras acometidas sin siquiera estudio previo del subsuelo y un sinfín de errores y chapuzas por el objetivo de maximizar el beneficio….hasta el punto de que la Junta ha abjurado de más concesiones para las líneas futuras.

La realidad ha demostrado que las empresas adjudicatarias de los proyectos municipales carecían de suficientes recursos propios para acometerlas y que dependían del crédito bancario tanto como el Ayuntamiento del Estado y de la Junta. Pero eso debió haberse previsto mediante la exigencia de avales u otras garantías que, en todo caso, se han revelado insuficientes. El buen gobernante prevé las vacas flacas tras los siete años de vacas gordas y no piensa que todo el monte va a ser siempre orégano. La cuestión de fondo es también ideológica, ese terreno que tanto le gusta a Monteseirín (la modernidad, lo rancio, etcétera): un Ayuntamiento socialista que se encomienda a la iniciativa privada en vez de a la pública aplica un modelo político thatcheriano. Aún se recuerda en Gran Bretaña cómo Blair tuvo que paliar a costa del contribuyente la falta de mantenimiento de los ferrocarriles y de otros servicios entregados por Margaret Thatcher al sector privado por ese sistema de la concesión administrativa. La historia es la de siempre: privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas.

Números rojos

Como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, el Ayuntamiento deberá presentar a la Junta un plan de estabilidad tras haber sobrepasado el nivel máximo de endeudamiento legal. Y eso que Celis sí supo aprovechar la época de bonanza económica y del dinero barato para renegociar los 420 millones de euros de la deuda municipal y diferir a largo plazo el pago de los créditos, lo cual dio un balón de oxígeno de 42 millones a las arcas municipales. El que venga detrás, ya sea Zoido o el propio Celis, que arree con la “herencia recibida” de Monteseirín: lo que el alcalde no paga ahora deberán pagarlo sus sucesores, como le pasó a su cuñado, Luis Navarrete, cuando le sucedió en la Diputación y las arcas estaban vacías.

Al Ayuntamiento no le salen las cuentas porque con la crisis y la menor recaudación de ingresos, el Estado deja de transferir a Sevilla 53 millones y porque el ‘agujero’ de Tussam roza ya los 60 millones de euros. El transporte público suele ser deficitario por definición (el usuario sólo paga realmente el 50% del precio del billete), pero si el déficit de Tussam ha pasado de 15 millones de euros en la época de Becerril a los 60 millones actuales se debe a la política de ‘barra libre’ aplicada en la empresa municipal durante casi un decenio. Para Monteseirín ha sido más cómodo comprar la paz social en Tussam antes que meter en cintura a unos sindicatos que sólo han reclamado privilegios sin importarles la situación crítica de la empresa. Al final siempre paga Sevilla.

Orden de prioridades

El alcalde, como ha recordado su delegada de Hacienda, ha dicho que si no se pueden cuadrar las cuentas no habrá más remedio que renunciar a la prestación de algunos servicios.

Tussam perderá 60 millones de euros, pero hace unos días tuvo que transferir 450.000 euros de sus fondos para pagar la dirección facultativa de las obras de ampliación del tranvía, y a finales de septiembre el Ayuntamiento lanzó a bombo y platillo Giralda Televisión, con una dotación de 900.000 euros.

Osea, que se recortarán servicios a los sevillanos, pero no faltará dinero para los proyectos electoralistas y el aparato de propaganda del alcalde.

Las 300 de Monteseirín

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La película ‘300’ se inspiró en una novela gráfica en la que el dibujante Frank Miller rindió homenaje a Leónidas, rey de Esparta. Este, junto con los 300 hombres de su guardia, resistió en el desfiladero de las Termópilas el ataque de los 300.000 soldados de Jerjes para dar tiempo al ejército griego a reorganizarse y resistir la invasión persa. Trescientos es también el número de las obras que simultáneamente, o a la misma vez, como diría Lopera, ha llegado a tener el alcalde para convertir parte de Sevilla en otro desfiladero de las Termópilas, con infinidad de calles reducidas a una angostura delimitada por vallas y alambradas, cual si la ciudad hubiera sido declarada en estado de sitio. Prueben a otear el panorama de obras que se divisa desde un autobús de línea circular y cómo cada día supone una odisea griega desplazarse por esta urbe; da igual que sea en coche privado que en transporte público.

Por definición, toda obra debe implicar una mejora sobre la situación preexistente, de ahí que ‘a priori’ se comprenda que el corte de calles sea el precio a pagar por las mejoras urbanísticas. Es el caso, por ejemplo, del paso subterráneo entre la Palmera y Cardenal Bueno Monreal, un proyecto más que necesario y que contribuirá a descongestionar la circulación. La irritación ciudadana, empero, deviene del hecho de que Monteseirín ha puesto buena parte de la ciudad patas arriba simultáneamente y la ha convertido en una ratonera, y por los fallos y los retrasos en la ejecución de los trabajos. Por ejemplo, el levantamiento del carril bici en San Jacinto dos semanas después de su terminación al descubrirse que se encharcaba. Otra chapuza más.

No es la primera vez, pero si en esta ocasión ha colmado la paciencia de los sevillanos, para él puede ser la última. Ya hizo coincidir los trabajos de los aparcamientos de Cristina y Paseo Colón con los de Virgen de Luján. Posteriormente, destruyó los hornos almohades de la Puerta de Jerez (¿verdad, Martínez Salcedo?), al levantar sin miramiento alguno desde el Prado hasta la Plaza Nueva para su tranvía electoralista. Y aunque hizo propósito de enmienda, de nuevo somete a la ciudad a un zafarrancho a año y medio de otras elecciones municipales. Tal como estableció Paracelso, la diferencia entre un remedio que cura y un veneno que mata radica en la dosis. Monteseirín, que se reclama colega de Paracelso cuando le interesa, sigue sin percatarse de que somete Sevilla a una sobredosis de obras. Y la sobredosis puede tener para él un efecto electoral tóxico.

A buenas horas….

En medio de esta vorágine es ahora y no antes cuando se le ocurre al edil Gómez de Celis pedirle a la Universidad un manual de actuación municipal para que los comerciantes y hosteleros no sufran los efectos de las obras. El Consistorio, para el que directamente o a través de sus empresas trabajan cinco mil personas, encarga el trabajo a la Hispalense en vez de a algunos de sus millares de técnicos, esos en los que luego se escuda cuando estalla algún escándalo que pone en solfa la actuación de los concejales. ¿Para qué están entonces los funcionarios municipales?

El avance dado a conocer de esta guía de buenas prácticas es tan obvio que, con todos mis respetos para su autor, lo podría haber suscrito cualquier persona con sentido común, el menos común de los sentidos, tal como cada día demuestran nuestros munícipes. Por ejemplo, aconseja cosas elementales, querido Watson, como mejorar la información pública sobre las obras, aplazar el pago de impuestos (ya se hace, con el IAE) y mejorar las señalizaciones provisionales de tráfico. Y dice que para elaborar un calendario sobre el impacto de los trabajos se preguntará previamente a los comerciantes sobre cuáles son para ellos las fechas más críticas. No hace falta preguntar nada porque es de dominio público: Navidad, Semana Santa, la Feria y la época de rebajas.

Y lo mejor es la propuesta de crear el “interlocutor-mediador” para coordinar la información sobre las obras y escuchar las quejas de los comerciantes. ¿Otra figura más para cobrar de las arcas públicas y para que sirva de pararrayos al Ayuntamiento? Me imagino a Celis preguntando a los comerciantes como a aquel embajador de Gran Bretaña que tenía una manifestación bajo la ventana por el tema de Gibraltar y al que llamó el ministro para preguntarle si le enviaba más policías. Respuesta del diplomático: “Me conformo con que no me mande más manifestantes”.

-¿Le envío más interlocutores-mediadores, señor presidente de Aprocom?, le preguntará Celis a Cañete.

Y Cañete bien podría responderle como aquel embajador al ministro:

-No, señor delegado de Urbanismo, bastaría con que no me cortara más calles con calicatas y vallas.

Digo y Diego

Monteseirín dijo hace unas semanas que Sevilla no necesitaba más aparcamientos porque “los sevillanos no tienen cultura de pagar por aparcar”. El alcalde invocó un estudio de Asepan según el cual sólo el 45% de las plazas de los parkings rotatorios se ocupan en hora punta y el resto del tiempo están vacías.

Ahora, el delegado de (in)Movilidad, Francisco Fernández, rescata el viejo proyecto de parking bajo la glorieta del Cid con el argumento de que es “prioritario” por las carencias de estacionamientos en la corona del Centro.

Ni entre ellos mismos se aclaran. Al igual que a Fernando VII, así se las ponen desde el PSOE a Zoido, para que éste, basándose en sus contradicciones, diga que Monteseirín “no tiene modelo de ciudad”.

¡Es el urbanismo, estúpido!

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El Juzgado de Instrucción Nº 20 de Sevilla está investigando cómo en Burguillos se ha podido construir de forma presuntamente ilegal todo un polígono industrial sobre suelo no urbanizable. Según los primeros indicios, el Ayuntamiento habría concedido licencia de obras pasando olímpicamente de los informes técnicos y jurídicos. Cuando la Justicia ha inquirido sobre el caso, desde el Consistorio se habría argumentado que el polígono se alza sobre ‘suelo urbano consolidado’. Lo que no dice es que se habría consolidado por la vía habitual de los hechos consumados: calificando el terreno como urbano una vez que el polígono se construyó al margen del procedimiento legal.

En este caso, el Ayuntamiento habría sido el presunto cooperador necesario de la ilegalidad por acción directa. En Arahal, anteriores corporaciones lo habrían sido por omisión, pues si no es inconcebible que el nuevo Consistorio comunique a la Consejería de Vivienda la existencia de 5.000 chalés construidos sobre suelo rústico. Es otro caso de urbanizaciones ilegales como las 1.732 que en los años 80 detectó la Oficina del Defensor del Pueblo (359 en la provincia de Sevilla) tras inspeccionar 225 de los 771 municipios de la región y que se han alzado con la complacencia o la vista gorda de los ayuntamientos. ¿Cómo ‘el cuerpo del delito’ (5.000 viviendas) pudo pasar de forma tan inadvertida en Arahal sin que el Ayuntamiento se percatara de lo que ocurría delante de sus narices ni actuara contra los infractores para, tal como exige la ley, restablecer el orden subvertido mediante la demolición a costa de los propietarios?

Mientras quienes han respetado estrictamente la ley no han obtenido beneficio alguno de su ejemplo cívico, quienes la han vulnerado se habrán quedado con los mejores parajes del pueblo a precio irrisorio (un suelo rústico es mucho más barato que el urbano) y a buen seguro tendrán la recompensa de ver cómo pronto sus casas son legalizadas, porque ¿quién va a derribar 5.000 viviendas? Los ayuntamientos se aplican la misma máxima que en la banca: “Si el cliente debe 2.000 euros al banco, el problema es del cliente; si la deuda es de 200.000 euros, el problema es del banco”. En esa lógica perversa, el problema de las 5.000 viviendas ilegales ya no es del ayuntamiento de Arahal, que se confiesa desbordado por su magnitud, sino de la Junta, a la que ahora le traslada esta ‘patata caliente’.

La corrupción

En el debate abierto por El Mundo tras la ola de corrupción que nos invade y que se habría cobrado al menos 4.158 millones de euros en los últimos diez años, la clave la han dado los juristas consultados al subrayar que la capacidad de los ayuntamientos para diseñar planes urbanísticos mueve muchísimo dinero y constituye un poder demasiado grande en manos de una Administración pequeña, sin capacidad de resistencia a las presiones de los constructores y gestionada en muchos casos por funcionarios escasamente profesionales que trabajan alejados del control de otros entes superiores, con un enorme grado de autonomía, un amplio margen de discrecionalidad e insuficiente transparencia.

Sí, tal como habría dicho Bill Clinton en nuestra situación, “¡es el urbanismo, estúpido!” ¿Acaso no coreaban “¡Urbanismo, urbanismo!” los militantes del PSOE en Sevilla en la euforia de una noche electoral cuando vislumbraban que iban a desbancar al PA de las caracolas de la isla de la Cartuja, donde radica la Gerencia? ¿Acaso no es Urbanismo la primera delegación que se piden todos los partidos en las negociaciones por el reparto del poder? Obviamente no es una pretensión idealista. Todos sabemos que el dinero se halla ligado al lápiz con el que se puede cambiar la calificación urbanística de un suelo con un simple trazo en el mapa.

Castilleja de Guzmán

Y mientras alguno de estos juristas propone que se devuelvan las competencias sobre el urbanismo a la Administración central, en Andalucía, la Junta con el hasta ahora sensato Griñán al frente avanza en sentido contrario y prepara la cesión de 29 competencias a los ayuntamientos, entre ellas la autorización de obras en suelo no urbanizable. Error, qué inmenso error. ¿Quiere volver a repetir el fiasco de Castilleja de Guzmán, aunque ahora el Supremo haya anulado la multa de 2,9 millones de euros a la promotora de la urbanización ‘Señorío de Guzmán’ justamente porque la levantó al amparo de una licencia concedida por el Ayuntamiento y anulada posteriormente por el TSJA y el Gobierno autónomo?. Este le había cedido las competencias urbanísticas a este pueblo sito a las puertas de Sevilla, por entonces con tan sólo 600 habitantes, y lo primero que hizo la corporación municipal fue modificar las Normas Subsidiarias para permitir la construcción de 800 viviendas donde sólo estaban previstas 300, y pese a los requerimientos de la Junta de que paralizase la modificación urbanística porque en realidad se trataba de una revisión encubierta del planeamiento.

Los alcaldes andaluces, a través de la FAMP, piden más, mucho más: han exigido que sean liberados de cualquier tipo de tutela por parte de la Junta y tener competencias plenas y exclusivas en ordenación, gestión, ejecución y disciplina (¿?) urbanísticas. Eso equivaldría a crear las condiciones objetivas para convertir el territorio en un coto aún más sin vallar, como han demostrado desde los escándalos en Marbella, Estepona y El Ejido hasta estos de ‘andar por casa’ en Castilleja, Burguillos y Arahal.

Abandonados a su suerte

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El TSJA ha ordenado la reversión a sus antiguos propietarios, más una indemnización de 122.000 euros por el Ayuntamiento, de un solar que les fue expropiado en 1992 en la calle Divina Pastora para construir un colegio. Han pasado 18 años y la Administración ha sido incapaz de levantar el centro educativo.¿Cabe mayor ineficacia? La Junta arguye que el sitio ofrecido no respondía a las dimensiones mínimas exigidas a los colegios. Si no respondía, ¿cómo entonces esa misma Junta aprobó el PGOU de Sevilla que incluía tales criterios en el Plan Especial Alameda-Feria y que dio pie a la expropiación? ¿Y aquí no pasa nada ni se le exigen responsabilidades a nadie? Mientras tanto, los vecinos del Centro, para los que es un drama escolarizar a sus hijos en un colegio público por falta de plazas, deben recurrir a la desesperada a colegios privados. Así, han de afrontar la factura de la escuela particular y, con sus impuestos, la parte alícuota de los 122.000 euros por esta indemnización. En el Centro, los errores por este desgobierno se pagan dos veces.